Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
+9
phanter
WkTex
Don Cachas Flojas
Lanceros de Toluca
ivan_077
ORAI
belze
kibalion777
ogmios03
13 participantes
Página 3 de 12.
Página 3 de 12. • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
Recuerdo del primer mensaje :
Al menos siete muertos dejaron tres balaceras efectuadas por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes, contra normalistas rurales de Ayotzinapa.
De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay tres estudiantes, un joven futbolista del equipo ‘Las Avispas’, junto con su director técnico, así como una ama de casa y el chofer de un taxi.
En los hechos hubo por lo menos seis heridos de bala, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), Alfredo Ramírez García, y su chofer, quienes recibieron varios impactos en brazos y piernas.
Aunque a la cabecera municipal de Iguala se trasladó el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaky Blanco Cabrera, este se ocultó de los reporteros que se le acercaron en las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).
Mientras el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, condenaban los hechos y se pronunciaban por la aplicación de la ley contra los responsables, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, guardó silencio pero anunció una conferencia de prensa que se desarrollaría durante la jornada del sábado, día en que tenía programado su segundo informe de labores.
Boteo desencadenó la violencia
Desde la mañana del viernes 26 de septiembre, alrededor de 150 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la cabecera de Iguala para realizar una actividad boteo, tenían la intención de reunir dinero para financiar la marcha del 2 de octubre, cuando se cumplan 46 años de la masacre de estudiantes y obreros en Tlatelolco.
Ese mismo día, rindió su segundo informe de labores como presidenta del DIF la señora María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del alcalde, José Luis Abarca.
Al terminar el evento, casi de manera simultánea con la retirada de los normalistas que avanzaban sobre la avenida Juan N. Álvarez rumbo a la carretera federal que comunica con Chilpancingo, varias patrullas de la Policía Preventiva Municipal interceptaron la caravana integrada por tres autobuses, una urvan y un chevy, los policías marcaron el alto pero los jóvenes se resistieron a detenerse.
Entonces los municipales abrieron fuego contra las unidades, lo que provocó que un par de unidades de la Policía del Estado y la Federal, que les acompañaban, se retiraran del lugar, como una forma de deslindarse del hecho.
En el primer ataque, los dirigentes de Ayotzinapa reportaron cinco heridos, cuatro con rozones de bala y uno con una ojiva alojada en la cabeza, quien fue hospitalizado de urgencia en condiciones graves.
Esta persona murió en el transcurso de la noche.
A los pocos minutos, los preventivos, respaldados por civiles armados, interceptaron sobre la carretera federal que comunica con Chilpancingo un autobús particular de la empresa Castro Tours.
Este segundo hecho se registró a la altura de Santa Teresa, los policías y presuntos delincuentes se percataron de que la unidad era ocupada por decenas de jóvenes, por ello dedujeron que se trataba de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.
En ese hecho ya no se marcó el alto, hubo un ataque directo que provocó la volcadura de la unidad sobre el costado derecho de la carretera, quedando con todos los cristales despedazados.
Entrada la madrugada se supo que en el hecho murió el director técnico del equipo de tercera división ‘Los Avispones´ de Chilpancingo Pedro Rentería y el jugador David García Evangelista, de solo 15 años.
Permanece en calidad de desaparecido Jorge León Saenz, asistente del director técnico.
Como una camioneta cerró el paso al camión las ráfagas alcanzaron otras unidades que detuvieron su marcha atropelladamente, ahí murió un ama de casa que viajaba en un taxi colectivo y el chofer del mismo.
Abatidos mientras denunciaban
Aproximadamente a las 00:00 horas del sábado 27, los estudiantes de Ayotzinapa convocaron a una rueda de prensa en el lugar en que se suscitó la primera agresión, ahí preservaron la zona con piedras acordonadas para evitar que se perdieran las ojivas y cascajos abandonados por los policías municipales.
Hablaban con reporteros de varios medios informativos cuando un grupo de civiles se apostó en la acera de enfrente y disparó varias ráfagas de armas de diferentes calibres.
Estudiantes y reporteros se dispersaron rápidamente para ponerse a salvo, después se darían cuenta que en el lugar quedaron tirados dos alumnos de nuevo ingreso del plantel ubicado en el municipio de Tixtla.
La segunda agresión arrojó por lo menos otros cuatro heridos que se trasladaron al hospital general del sector salud.
Los cuerpos de los dos jóvenes caídos permanecieron tirados hasta las 03:00 de la mañana.
Llovía cuando llegaron al lugar elementos del Ejército nacional, después personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y al final los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todos custodiaron al Servicio Médico Forense (Semefo) en el levantamiento cadavérico.
Hasta entonces se reportaron 40 estudiantes desaparecidos, aunque estos poco a poco se fueron concentrando en las instalaciones del Ministerio Público, la mayoría llegaron resguardados por la Policía Ministerial y elementos de la Fuerza Estatal.
El procurador se oculta
Aproximadamente a las 04:00 se tuvo a la vista al procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera dentro del MP, los reporteros se le acercaron pero este se escabulló para encerrarse en la oficina del fiscal regional, no salió hasta que los comunicadores fueron desalojados “amablemente” del área.
El encargado de liberar la dependencia de comunicadores fue el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales Víctor Jorge León Maldonado.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó el hecho en su cuenta de Twitter y ofreció que se hará justicia contra los responsables.
En la misma sintonía difundió mensajes el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien reconoció la conmoción que hay en la población de la capital de Guerrero por la muerte de los integrantes de su equipo de tercera división.
Mientras, el ayuntamiento de Iguala preparaba su versión de los hechos y mantenía firme el evento en que se desarrollaría el segundo informe de labores del alcalde José Luis Abarca Ávila.
ogmios03- Comisario General [Policía Federal]
- Cantidad de envíos : 1147
Fecha de inscripción : 17/01/2014
La matanza de Iguala
La matanza de Iguala es un acto de barbarie que dista de haberse explicado. Podemos calificarlo por sus terribles consecuencias; inferir las causas más profundas que lo originan en el orden desigual e injusto que prevalece en Guerrero y señalar las notorias responsabilidades atribuibles a autoridades de todos los niveles, presas de la corrupción o amparadas por la impunidad como garantía de su dominio. Pero aún ignoramos lo más elemental: el móvil de los asesinos, el hilo que nos permitirá saber no sólo qué pasó sino por qué pasó. Precisamos conocer cómo la decisión (política) de reprimir a los estudiantes disparando contra ellos balas reales se convierte en el infierno letal de las desapariciones, ese ritual innombrable de muerte y odio que pretende negar a las víctimas incluso el derecho a serlo.
Sabemos ya que la presidencia municipal y los cuerpos de seguridad eran uno y lo mismo que las bandas del crimen organizado, cuya ley se impone en amplias regiones del estado, pero la dimensión de la tragedia obliga a reflexionar sobre las posibles complicidades de muchos de quienes tenían la responsabilidad de vigilarlos.
Ni el gobierno estatal ni el Congreso guerrerense respondieron a tiempo ante las gravísimas señales procedentes de Iguala. Cerraron los ojos ante el asesinato de tres dirigentes populares hace unos meses, no obstante las evidencias que implicaban al alcalde ahora prófugo y, evidentemente, a sus cuerpos de seguridad, brazos ejecutores de esos crímenes. No es un secreto para nadie que las policías locales –y estatales– son la vía de acceso de la delincuencia organizada para poner bajo control a las comunidades, de modo que ellos son los que dan las órdenes y de hecho gobiernan, como se demostró en Michoacán en los últimos tiempos.
Todo el mundo, al parecer, lo sabe, pero a pesar de los riesgos que conlleva para la sociedad, el modelo funciona, aprovechando incluso los espacios electorales para condicionar la voluntad ciudadana. Iguala es a querer o no un símbolo de la perversión del orden democrático puesto al servicio de los peores intereses. Por eso es que, mas allá de la infinita e inconcebible tragedia que enluta a decenas de familias guerrerenses, entre ellas algunas de las más pobres, el caso de Iguala muestra la profunda crisis de un régimen que no acaba de reformarse para ser más justo. Asegurar elecciones libres no basta cuando prevalecen los cacicazgos y los poderes locales, los compadrazgos dentro y fuera de los partidos, la impunidad que favorece todos los medios para obtener recursos, comprar el voto y así vivir en la fantasía del estado de derecho mientras por abajo se saquea, expolia y asesina a los que obstaculizan el funcionamiento del orden establecido.
El alcalde de Iguala no es un delincuente porque lo postuló el PRD, como insinúan algunas voces que buscan sacar raja de la situación, pero el partido y el gobierno de Guerrero sí tienen una responsabilidad política por no oponerse a tiempo a los frívolos juegos de poder de una camarilla local con una trayectoria de sospechosa cercanía a la delincuencia. Está visto que la pretensión de poner por delante la figura del candidato cacha votos por encima de los códigos éticos y políticos que deberían definir a una fuerza política crea indeseables compañías y en extremo empuja hacia complicidades inadmisibles que bajo ningún concepto pueden tolerarse en ningún partido.
Mientras el Estado mexicano sea incapaz de asegurar la gobernabilidad mediante la justicia y la ley, la delincuencia seguirá colonizándolo, aprovechando para sí misma el orden legal. No podemos pasar por alto el hecho de que estas matanzas involucran a los más débiles, a esos ciudadanos cuya desaparición no perturba –porque no existen para ellas– la vida cotidiana de las élites, lo cual muestra no sólo el filo irracional, demencial, de la violencia criminal, sino su siniestro clasismo, su carácter instrumental.
Nada será igual después de la matanza de Iguala. La imagen construida por el gobierno para demostrar que México ya era otro país ha estallado como una pompa de jabón. Las declaraciones de gobiernos e instituciones internacionales (incluyendo al Departamento de Estado de Estados Unidos) son contundentes. La exigencia de que se investiguen y aclaren los hechos pone a prueba –y en crisis– la lentitud de las autoridades nacionales y afecta directamente la credibilidad del presidente Peña Nieto ante el entorno global.
Para la sociedad mexicana, que ha pagado con muchos sacrificios y sangre cada paso hacia la democracia, no habrá futuro mínimamente creíble si este caso se deja impune, si los arreglos politicos en las cúpulas suplantan al legítimo sentimiento de justicia que emerge entre la ciudadanía. El Estado tiene que responder. Frente al proceso electoral que comienza se eleva el fantasma de la violencia y tras el de la ingobernabilidad. Con el fuego, dice el dicho, no se juega.
AnteriorSiguiente
Subir al inicio del texto
fuente : http://www.jornada.unam.mx/2014/10/09/opinion/022a2pol
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
El terror del narcoestado
MÉXICO, D.F. (apro).- El golpe en el ánimo social que ha provocado la desaparición y posible asesinato de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ha sido terrible. Va de la tristeza y la impotencia, al hartazgo y la rabia de una buena parte de la ciudadanía, que se siente frágil y desamparada ante los grupos del crimen organizado que se han fusionado con funcionarios de todos los niveles hasta convertirse en un cogobierno.
El asesinato de los estudiantes, en su mayoría campesinos e indígenas pobres, es otro ejemplo para mostrar que la gobernabilidad en México pasa por las manos del crimen organizado.
Al igual que en Michoacán, en Guerrero se ha formado esta nueva figura del cogobierno entre el grupo político predominante y los grupos del crimen organizado, que han entrado en un proceso de simbiosis para erguirse como un solo cuerpo que todo lo domina y todo lo controla dentro del propio sistema de instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales.
Si en el caso de Michoacán se descubrió que los Caballeros Templarios habían llevado al poder al priista Fausto Vallejo, invirtiendo en su campaña e inhibiendo el voto a la oposición, en Guerrero el caso del perredista Ángel Aguirre Rivero no es tan diferente con sus vínculos con los grupos del crimen organizado del estado, como Guerreros Unidos o el cártel de Acapulco, donde aparecen algunos de sus familiares.
La formación del “narcoestado” significa que el crimen organizado –con el nombre que tiene en cada entidad– tiene el control de una parte del territorio, la imposición de las autoridades y las policías locales, el dominio de las leyes del mercado y la negociación y alianza con los grupos de poder del estado o de la región.
En esta nueva entidad en la que cohabitan políticos y jefes de los cárteles, el grupo criminal impone su ley mediante el terror, amenazas, ejecuciones o desapariciones de todos aquellos que les estorban. Su control es absoluto y pasa por encima de los derechos humanos, de los medios de comunicación y de los movimientos sociales cuyos líderes son perseguidos y sojuzgados por la fuerza de las armas.
Eso es quizá lo que pasó con los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Les mandaron un mensaje de poder desde el estado, usando a los policías municipales, haciéndoles ver que son ellos los que mandan y tienen en sus manos los destinos de Guerrero.
Hay zonas enteras en esa entidad donde no entran las fuerzas federales porque son controladas por alguna banda del crimen organizado en alianza con los grupos o familias de caciques que desde hace décadas ya tenían una predominancia en la región y que ahora están bajo el mando de alguno de los cárteles de la droga.
En Iguala, por ejemplo, desde hace tiempo el gobierno federal sabía que el presidente municipal perredista, José Luis Abarca, pertenecía a Guerreros Unidos, que a su vez hacían trabajo para el cártel de los Beltrán Leyva.
Gobernante narco, Abarca y su familia se comportaban como lo que son: un grupo criminal doblemente peligroso, porque además de ejercer el poder político, hacían los trabajos de mafia como lavadores de dinero, narcotraficantes y protectores de negocios ilegales.
Así actuaron cuando Abarca ejecutó a su compañero de partido Arturo Hernández Cardona, el 3 de junio de 2013.
René Bejarano, el denostado perredista, reveló el sábado 4 que en una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y en otra con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, les dijo que había tres testigos que presenciaron la ejecución de Hernández Cardona a manos del presidente municipal de Iguala.
“Tuve oportunidad de hablar con el procurador en persona. Le dije lo que me habían dicho los sobrevivientes, porque hubo tres testigos de esa masacre. Me narraron lo que vivieron, las torturas y la manera en que murió Arturo. Nicolás Mendoza Villa dijo: ‘Me atrevo a declarar porque no confío en las autoridades locales’, y la PGR no quiso atraer las investigaciones por motivos políticos.
“Me vi con Osorio Chong y le pedí que iniciara el juicio de procedencia. Nicolás dijo que cuando ejecutaron a Arturo, llegó el director de la Policía de Iguala y el presidente José Luis Abarca y le dijo: ‘Me voy a dar el gusto de matarte, qué tanto me estás chingando con los fertilizantes’. Y ahí lo mató”.
Antes ya había antecedentes de la connivencia del presidente municipal de Iguala con el crimen organizado y, aun así, desde el gobierno federal dejaron que las cosas siguieran igual.
Cuando encontraron en las fosas clandestinas los cuerpos de 28 de los 43 normalistas desaparecidos, el gobierno estatal aseguró que el crimen organizado había ordenado la acción. Hoy se sabe por informes de inteligencia del gobierno federal que fue una orden de José Luis Abarca para darles una lección a los estudiantes de Ayotzinapa que querían realizar una movilización en Iguala, mientras su esposa María de los Ángeles Pineda Villa daba un informe como presidenta del DIF.
No fue una acción concertada o planeada desde el gobierno ni tampoco del grupo Guerreros Unidos, fue la estúpida e irrisoria voluntad de un presidente municipal enloquecido por el poder de las drogas el que ordenó la matanza únicamente para que no molestaran a su esposa.
En el “narcoestado” la locura y el terror son las leyes máximas. El presidente municipal de Iguala, representante de este nuevo orden de gobierno, aplicó estas leyes con la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero lo hizo porque hay un contexto de impunidad en el cual los principales responsables son el gobernador Ángel Aguirre Rivero, ahora acusado de haber ganado la elección con dinero del cartel de los Beltrán Leyva, y el presidente Enrique Peña Nieto, quien sigue en su narcisismo de verse en el espejo de la reforma energética sin mirar la violencia que hunde todos los días al país.
Twitter: @GilOlmos
fuente : http://www.proceso.com.mx/?p=384154
El asesinato de los estudiantes, en su mayoría campesinos e indígenas pobres, es otro ejemplo para mostrar que la gobernabilidad en México pasa por las manos del crimen organizado.
Al igual que en Michoacán, en Guerrero se ha formado esta nueva figura del cogobierno entre el grupo político predominante y los grupos del crimen organizado, que han entrado en un proceso de simbiosis para erguirse como un solo cuerpo que todo lo domina y todo lo controla dentro del propio sistema de instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales.
Si en el caso de Michoacán se descubrió que los Caballeros Templarios habían llevado al poder al priista Fausto Vallejo, invirtiendo en su campaña e inhibiendo el voto a la oposición, en Guerrero el caso del perredista Ángel Aguirre Rivero no es tan diferente con sus vínculos con los grupos del crimen organizado del estado, como Guerreros Unidos o el cártel de Acapulco, donde aparecen algunos de sus familiares.
La formación del “narcoestado” significa que el crimen organizado –con el nombre que tiene en cada entidad– tiene el control de una parte del territorio, la imposición de las autoridades y las policías locales, el dominio de las leyes del mercado y la negociación y alianza con los grupos de poder del estado o de la región.
En esta nueva entidad en la que cohabitan políticos y jefes de los cárteles, el grupo criminal impone su ley mediante el terror, amenazas, ejecuciones o desapariciones de todos aquellos que les estorban. Su control es absoluto y pasa por encima de los derechos humanos, de los medios de comunicación y de los movimientos sociales cuyos líderes son perseguidos y sojuzgados por la fuerza de las armas.
Eso es quizá lo que pasó con los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Les mandaron un mensaje de poder desde el estado, usando a los policías municipales, haciéndoles ver que son ellos los que mandan y tienen en sus manos los destinos de Guerrero.
Hay zonas enteras en esa entidad donde no entran las fuerzas federales porque son controladas por alguna banda del crimen organizado en alianza con los grupos o familias de caciques que desde hace décadas ya tenían una predominancia en la región y que ahora están bajo el mando de alguno de los cárteles de la droga.
En Iguala, por ejemplo, desde hace tiempo el gobierno federal sabía que el presidente municipal perredista, José Luis Abarca, pertenecía a Guerreros Unidos, que a su vez hacían trabajo para el cártel de los Beltrán Leyva.
Gobernante narco, Abarca y su familia se comportaban como lo que son: un grupo criminal doblemente peligroso, porque además de ejercer el poder político, hacían los trabajos de mafia como lavadores de dinero, narcotraficantes y protectores de negocios ilegales.
Así actuaron cuando Abarca ejecutó a su compañero de partido Arturo Hernández Cardona, el 3 de junio de 2013.
René Bejarano, el denostado perredista, reveló el sábado 4 que en una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y en otra con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, les dijo que había tres testigos que presenciaron la ejecución de Hernández Cardona a manos del presidente municipal de Iguala.
“Tuve oportunidad de hablar con el procurador en persona. Le dije lo que me habían dicho los sobrevivientes, porque hubo tres testigos de esa masacre. Me narraron lo que vivieron, las torturas y la manera en que murió Arturo. Nicolás Mendoza Villa dijo: ‘Me atrevo a declarar porque no confío en las autoridades locales’, y la PGR no quiso atraer las investigaciones por motivos políticos.
“Me vi con Osorio Chong y le pedí que iniciara el juicio de procedencia. Nicolás dijo que cuando ejecutaron a Arturo, llegó el director de la Policía de Iguala y el presidente José Luis Abarca y le dijo: ‘Me voy a dar el gusto de matarte, qué tanto me estás chingando con los fertilizantes’. Y ahí lo mató”.
Antes ya había antecedentes de la connivencia del presidente municipal de Iguala con el crimen organizado y, aun así, desde el gobierno federal dejaron que las cosas siguieran igual.
Cuando encontraron en las fosas clandestinas los cuerpos de 28 de los 43 normalistas desaparecidos, el gobierno estatal aseguró que el crimen organizado había ordenado la acción. Hoy se sabe por informes de inteligencia del gobierno federal que fue una orden de José Luis Abarca para darles una lección a los estudiantes de Ayotzinapa que querían realizar una movilización en Iguala, mientras su esposa María de los Ángeles Pineda Villa daba un informe como presidenta del DIF.
No fue una acción concertada o planeada desde el gobierno ni tampoco del grupo Guerreros Unidos, fue la estúpida e irrisoria voluntad de un presidente municipal enloquecido por el poder de las drogas el que ordenó la matanza únicamente para que no molestaran a su esposa.
En el “narcoestado” la locura y el terror son las leyes máximas. El presidente municipal de Iguala, representante de este nuevo orden de gobierno, aplicó estas leyes con la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero lo hizo porque hay un contexto de impunidad en el cual los principales responsables son el gobernador Ángel Aguirre Rivero, ahora acusado de haber ganado la elección con dinero del cartel de los Beltrán Leyva, y el presidente Enrique Peña Nieto, quien sigue en su narcisismo de verse en el espejo de la reforma energética sin mirar la violencia que hunde todos los días al país.
Twitter: @GilOlmos
fuente : http://www.proceso.com.mx/?p=384154
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
La Guerrilla podría estar detrás de la desaparición de normalistas
POR: ARTURO ÁNGEL | 24 HORAS
CREADO: 10 OCTUBRE 2014
El experto en temas de seguridad nacional y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. (CCSPJP), José Antonio Ortega, señaló que en el secuestro y homicidio de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la guerrilla podría ser uno de los factores tras este hecho.
Ortega recordó que la normal es fuente ideológica y política de grupos guerrilleros, entre ellos el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), los cuales son vistos como enemigos por organizaciones del narcotráfico.
“No podemos ignorar que hay grupos de la guerrilla que también han intervenido en temas de narcotráfico. Es posible y es algo que las autoridades deben esclarecer, que la saña con que fueron atacados los normalistas sea un mensaje de Guerreros Unidos en contra del ERPI y otros grupos”, advirtió Ortega.
Cabe recordar que en la última semana otros grupos guerrilleros como el EPR (del que se desprendió el ERPI) o el FARP-LP han emitido sendos comunicados en los que condenan la desaparición de normalistas y acusan a las autoridades de Guerrero de estar coludidas con grupos criminales como Guerreros Unidos.
El ataque que vinculan a Guerreros Unidos, apuntó Ortega, pudo ser un mensaje a la guerrilla.
ERPI declara guerra a Guerrros Unidos
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) declaró la guerra a la organización criminal Guerreros Unidos por los hechos del 26 de septiembre en Iguala, según un comunicado difundido en internet.
El ERPI también declara a la corriente del PRD Nueva Izquierda como cómplice de la muerte de civiles y de la desaparición de estudiantes normalistas.
La organización guerrillera llama a la conformación de una "brigada de ajusticiamiento de 26 de septiembre" y pide a sus militantes y al pueblo en general hacerle llegar todo tipo de información sobre el cártel.
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/temas-de-interes/impunidad/1103-la-guerrilla-podria-estar-detras-de-la-desaparicion-de-normalistas#.VDgFZJMls38.facebook
WkTex- Staff
- Cantidad de envíos : 633
Fecha de inscripción : 25/08/2010
Mataremos inocentes si no liberan a policías: “Guerreros Unidos”
CHILPANCINGO, Gro., (apro). El grupo delictivo Guerreros Unidos volvió a tapizar Iguala con narcomantas para reiterar su exigencia de liberar a los policías municipales detenidos por el caso Ayotzinapa, y advirtieron que matarán a inocentes si su petición no es escuchada.
Por otra parte, un reporte sobre personas detenidas por parte de sujetos armados en el municipio de Tepecoacuilco provocó una movilización de normalistas de Ayoztinapa y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos.
No obstante, la caravana no llegó al sitio indicado ante la falta de seguridad, y se acordó que mañana reanudarán las labores de búsqueda y verificación de la información que recibieron.
Normalistas y miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) informaron a Apro que les llegó una alerta sobre un grupo armado que mantenía retenidas a varias personas en una iglesia del poblado de Mayanalán, municipio de Tepecoacuilco.
El lugar está ubicado en la zona norte de la entidad, cerca del crucero de Santa Teresa, municipio de Iguala. El área es considerada bastión del grupo delictivo Guerreros Unidos, al que se atribuye la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de tres más.
Los normalistas y familiares decidieron regresar a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para planear una estrategia y llegar a la zona donde presuntamente hay personas retenidas.
Sobre los narcomensajes, autoridades locales informaron que esta tarde fueron encontradas al menos cinco mantas en distintos puntos de la ciudad de Iguala, con el siguiente mensaje, textual: “Gobierno corrupto, regresen a nuestros policías municipales sino lo asen vamos a empezar a matar jente inocente y del gobierno, no porque se anden haciendo pendejos aquí en Iguala nos van a agarrar, nos pelan la v&#!@ junto con nuestro presidente y directores porque ellos son nuestra jente, gobierno iluso que por eso tenemos plazas en Taxco, Huitzuco, Ixtapan de la sal, Teloloapan, Apaxtla. p^%#$ mugrosos, la guerra comienza. Atte. Los Pilos y GU”.
Las mantas fueron retiradas por policías federales de la división Gendarmería, quienes asumieron el control de la seguridad pública de esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.
El pasado lunes 6 fueron colocadas otras narcomantas, también firmadas por Guerreros Unidos, que amenazó con revelar los nombres de los políticos que los apoyan, y exigieron la liberación de los 22 policías municipales detenidos por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
fuente : http://www.proceso.com.mx/?p=384433
Por otra parte, un reporte sobre personas detenidas por parte de sujetos armados en el municipio de Tepecoacuilco provocó una movilización de normalistas de Ayoztinapa y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos.
No obstante, la caravana no llegó al sitio indicado ante la falta de seguridad, y se acordó que mañana reanudarán las labores de búsqueda y verificación de la información que recibieron.
Normalistas y miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) informaron a Apro que les llegó una alerta sobre un grupo armado que mantenía retenidas a varias personas en una iglesia del poblado de Mayanalán, municipio de Tepecoacuilco.
El lugar está ubicado en la zona norte de la entidad, cerca del crucero de Santa Teresa, municipio de Iguala. El área es considerada bastión del grupo delictivo Guerreros Unidos, al que se atribuye la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de tres más.
Los normalistas y familiares decidieron regresar a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para planear una estrategia y llegar a la zona donde presuntamente hay personas retenidas.
Sobre los narcomensajes, autoridades locales informaron que esta tarde fueron encontradas al menos cinco mantas en distintos puntos de la ciudad de Iguala, con el siguiente mensaje, textual: “Gobierno corrupto, regresen a nuestros policías municipales sino lo asen vamos a empezar a matar jente inocente y del gobierno, no porque se anden haciendo pendejos aquí en Iguala nos van a agarrar, nos pelan la v&#!@ junto con nuestro presidente y directores porque ellos son nuestra jente, gobierno iluso que por eso tenemos plazas en Taxco, Huitzuco, Ixtapan de la sal, Teloloapan, Apaxtla. p^%#$ mugrosos, la guerra comienza. Atte. Los Pilos y GU”.
Las mantas fueron retiradas por policías federales de la división Gendarmería, quienes asumieron el control de la seguridad pública de esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.
El pasado lunes 6 fueron colocadas otras narcomantas, también firmadas por Guerreros Unidos, que amenazó con revelar los nombres de los políticos que los apoyan, y exigieron la liberación de los 22 policías municipales detenidos por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
fuente : http://www.proceso.com.mx/?p=384433
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
La crisis de Iguala se convierte en una tormenta política en México
La cuenta atrás se ha acelerado en México. El descubrimiento de otras cuatro fosas clandestinas en Iguala y las nuevas confesiones de sicarios van despejando las últimas dudas sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Todo está listo para estallar. Solo falta la confirmación oficial de que los cadáveres calcinados y enterrados de mala manera en las afueras de la pequeña ciudad de Guerrero pertenecen a los alumnos de magisterio detenidos por la Policía Municipal la noche del 26 al 27 de septiembre tras una salvaje persecución que acabó con seis muertos y 17 heridos. Pocos dudan de este desenlace, pero mientras llega, el país asiste a una oleada de consternación sin precedentes en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto.
A las multitudinarias manifestaciones de los padres y compañeros de los estudiantes, amparadas en una fortísima marea de solidaridad, han seguido las exigencias de organizaciones internacionales, entre ella la propia ONU , para que se resuelva con celeridad el caso. Los nubarrones han adquirido un color político oscuro. Intelectuales y empresarios se han sumado al malestar. Y han apuntado al corazón del problema: la incapacidad de las fuerzas de seguridad de domar la violencia, lentas y torpes a la hora de detener a criminales que se permiten secuestrar y hacer desaparecer estudiantes por decenas.
El Gobierno, consciente del terremoto que se avecina, se ha puesto manos a la obra. El pasado lunes el propio Peña Nieto, en un mensaje televisado, se mostró “indignado” por los hechos y anunció que no dejaría el más mínimo resquicio a la impunidad. Acto seguido, envió a la Gendarmería, la nueva fuerza de choque contra el narco, a tomar el control de Iguala. El mismo camino siguió el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, el hombre que capturó a El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del planeta. Pero estas medidas no han logrado calmar los ánimos.
El presidente, una figura que en México suele planear por encima de los vendavales cotidianos, ha tenido que insistir otra vez en que los culpables caerán y que nada le torcerá el pulso en su persecución. “Tenemos que ir en profundidad y, paso a paso, llegar hasta los responsables, aquellos que por negligencia o por su actuación permitieron que esto ocurriera y que lamentablemente, de confirmarse, permitieron que perdieran la vida jóvenes estudiantes. Se trata de un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie, que no puede distinguir a México”, ha declarado Peña Nieto. A sus palabras se han sumado, en rigurosa cadena, las más altas instancias de la seguridad mexicana. Uno tras otro, han intervenido para mostrar el denuedo gubernamental en la resolución del caso.
MÁS INFORMACIÓN
Ayotzinapa espera en vilo a los suyos
Todos bajo sospecha en Iguala
Camino a la muerte
Peña Nieto envía a la Gendarmería a tomar el control de la ciudad de Iguala
Normalistas, la piedra en el zapato de los gobiernos mexicanos
Halladas cuatro fosas más en Iguala
El volcán, pese a esta movilización oficial, no ha dejado de humear. La onda expansiva generada por la desaparición de los muchachos, de extracción humilde, las imágenes de sus padres destrozados y la cólera de numerosos intelectuales y amplios sectores sociales amenaza con traspasar los diques de contención y alcanzar la fibra más sensible y mimada del Ejecutivo: la economía. Hasta el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, poco dado a tratar sobre cuestiones de seguridad, ha advertido públicamente que cualquier percepción negativa sobre México puede afectar la atracción de capital, el principal empeño de esta Administración.
El escándalo por el secuestro y más que posible asesinato de los normalistas no nace solo, sino que recoge un malestar previo, difuso, pero amplio, del que ya dio aviso la llamada matanza de Tlatlaya. Una operación militar contra el narco, en la que a finales de junio murieron 22 personas. La sangría se presentó a la opinión pública con una inverosímil versión, que sostenía que las muertes habían sido fruto de un enfrentamiento a tiros. El relato fue avalado, pese a sus innumerables contradicciones, por la escala completa de autoridades encargadas de la investigación oficial. Toda esta defensa saltó por los ares cuando, gracias al testimonio de una superviviente, se descubrió que los militares habían matado a sangre fría a 21 de los supuestos narcos. Este brutal episodio de la guerra sucia, aunque fue sancionado con una fulminante reacción presidencial, que condujo al encarcelamiento de los militares implicados, abundó en la erosión que sufren los responsables de la seguridad. A esta desconfianza se ha añadido la raquítica reacción política en el propio estado de Guerrero, gobernado por Ángel Aguirre, un dinosaurio de modos caciquiles durante cuyo mandato el territorio ha caído bajo el imperio del narco, convirtiéndose en el más violento de México. Su resistencia a abandonar el cargo ha aumentado la tensión, enlodado a su propio partido, el PRD (izquierda), y catapultado la sensación de que nada ha cambiado.
En esta olla a presión, las investigaciones avanzan con exasperante lentitud. De momento, la procuraduría ha detenido bajo la acusación de homicidio a 34 personas, entre policías municipales y sicarios (indistinguibles en muchos casos). Pero ninguno de los arrestados dejan de ser más que peones de un juego mayor y oscuro. Los autores intelectuales siguen libres. Tanto el alcalde de Iguala como el jefe de la Policía Municipal están en paradero desconocido. En el caso del regidor, cuyos vínculos familiares con el narcotráfico emergen día a día con más claridad, se ha descubierto, para mayor escándalo, que goza de un blindaje judicial, concedido por un magistrado federal a los dos días de los hechos. Esta salvaguarda reafirma su aforamiento e impide detenerle hasta nueva orden. Tampoco ha caído ningún cabecilla del sanguinario cartel de los Guerreros Unidos, la organización que controla Iguala y cuyos sicarios, en connivencia con la Policía Municipal, dieron muerte, según las confesiones de dos detenidos, a los estudiantes, que simplemente se habían apoderado de tres autobuses y reventado un acto de la esposa del alcalde. Una demostración de poder enloquecida y criminal que aún no ha sido sancionada. La cuenta atrás no ha terminado.
fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/11/actualidad/1412983552_310335.html
A las multitudinarias manifestaciones de los padres y compañeros de los estudiantes, amparadas en una fortísima marea de solidaridad, han seguido las exigencias de organizaciones internacionales, entre ella la propia ONU , para que se resuelva con celeridad el caso. Los nubarrones han adquirido un color político oscuro. Intelectuales y empresarios se han sumado al malestar. Y han apuntado al corazón del problema: la incapacidad de las fuerzas de seguridad de domar la violencia, lentas y torpes a la hora de detener a criminales que se permiten secuestrar y hacer desaparecer estudiantes por decenas.
El Gobierno, consciente del terremoto que se avecina, se ha puesto manos a la obra. El pasado lunes el propio Peña Nieto, en un mensaje televisado, se mostró “indignado” por los hechos y anunció que no dejaría el más mínimo resquicio a la impunidad. Acto seguido, envió a la Gendarmería, la nueva fuerza de choque contra el narco, a tomar el control de Iguala. El mismo camino siguió el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, el hombre que capturó a El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del planeta. Pero estas medidas no han logrado calmar los ánimos.
El presidente, una figura que en México suele planear por encima de los vendavales cotidianos, ha tenido que insistir otra vez en que los culpables caerán y que nada le torcerá el pulso en su persecución. “Tenemos que ir en profundidad y, paso a paso, llegar hasta los responsables, aquellos que por negligencia o por su actuación permitieron que esto ocurriera y que lamentablemente, de confirmarse, permitieron que perdieran la vida jóvenes estudiantes. Se trata de un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie, que no puede distinguir a México”, ha declarado Peña Nieto. A sus palabras se han sumado, en rigurosa cadena, las más altas instancias de la seguridad mexicana. Uno tras otro, han intervenido para mostrar el denuedo gubernamental en la resolución del caso.
MÁS INFORMACIÓN
Ayotzinapa espera en vilo a los suyos
Todos bajo sospecha en Iguala
Camino a la muerte
Peña Nieto envía a la Gendarmería a tomar el control de la ciudad de Iguala
Normalistas, la piedra en el zapato de los gobiernos mexicanos
Halladas cuatro fosas más en Iguala
El volcán, pese a esta movilización oficial, no ha dejado de humear. La onda expansiva generada por la desaparición de los muchachos, de extracción humilde, las imágenes de sus padres destrozados y la cólera de numerosos intelectuales y amplios sectores sociales amenaza con traspasar los diques de contención y alcanzar la fibra más sensible y mimada del Ejecutivo: la economía. Hasta el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, poco dado a tratar sobre cuestiones de seguridad, ha advertido públicamente que cualquier percepción negativa sobre México puede afectar la atracción de capital, el principal empeño de esta Administración.
El escándalo por el secuestro y más que posible asesinato de los normalistas no nace solo, sino que recoge un malestar previo, difuso, pero amplio, del que ya dio aviso la llamada matanza de Tlatlaya. Una operación militar contra el narco, en la que a finales de junio murieron 22 personas. La sangría se presentó a la opinión pública con una inverosímil versión, que sostenía que las muertes habían sido fruto de un enfrentamiento a tiros. El relato fue avalado, pese a sus innumerables contradicciones, por la escala completa de autoridades encargadas de la investigación oficial. Toda esta defensa saltó por los ares cuando, gracias al testimonio de una superviviente, se descubrió que los militares habían matado a sangre fría a 21 de los supuestos narcos. Este brutal episodio de la guerra sucia, aunque fue sancionado con una fulminante reacción presidencial, que condujo al encarcelamiento de los militares implicados, abundó en la erosión que sufren los responsables de la seguridad. A esta desconfianza se ha añadido la raquítica reacción política en el propio estado de Guerrero, gobernado por Ángel Aguirre, un dinosaurio de modos caciquiles durante cuyo mandato el territorio ha caído bajo el imperio del narco, convirtiéndose en el más violento de México. Su resistencia a abandonar el cargo ha aumentado la tensión, enlodado a su propio partido, el PRD (izquierda), y catapultado la sensación de que nada ha cambiado.
En esta olla a presión, las investigaciones avanzan con exasperante lentitud. De momento, la procuraduría ha detenido bajo la acusación de homicidio a 34 personas, entre policías municipales y sicarios (indistinguibles en muchos casos). Pero ninguno de los arrestados dejan de ser más que peones de un juego mayor y oscuro. Los autores intelectuales siguen libres. Tanto el alcalde de Iguala como el jefe de la Policía Municipal están en paradero desconocido. En el caso del regidor, cuyos vínculos familiares con el narcotráfico emergen día a día con más claridad, se ha descubierto, para mayor escándalo, que goza de un blindaje judicial, concedido por un magistrado federal a los dos días de los hechos. Esta salvaguarda reafirma su aforamiento e impide detenerle hasta nueva orden. Tampoco ha caído ningún cabecilla del sanguinario cartel de los Guerreros Unidos, la organización que controla Iguala y cuyos sicarios, en connivencia con la Policía Municipal, dieron muerte, según las confesiones de dos detenidos, a los estudiantes, que simplemente se habían apoderado de tres autobuses y reventado un acto de la esposa del alcalde. Una demostración de poder enloquecida y criminal que aún no ha sido sancionada. La cuenta atrás no ha terminado.
fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/11/actualidad/1412983552_310335.html
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Iguala: entre el valor de los familiares de los desaparecidos y la normalidad de los políticos
Iguala, Gro., 10 de octubre.
Cuatro autobuses de pasajeros llegan a las inmediaciones de esta ciudad cargados de valor y esperanza: viajan en ellos estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, con padres y madres de los 43 muchachos desaparecidos.
Antes de llegar a Iguala, el convoy –que completan miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) a bordo de vehículos pequeños– se desvía y agarra camino hacia Acaquila, donde les han dicho que existe un templo abandonado, donde les han dado esperanzas de encontrar a sus hijos, a sus hermanos.
Se detienen a fuerza en Acayahualco, municipio de Tepecoacuilco . Los autobuses tienen que hacer pesadas maniobras porque la calle principal está cerrada: meten los tubos del drenaje.
Algunos jóvenes bajan de los camiones y buscan la sombra. Uno abre un libro, lo abre en una página marcada con un doblez y sigue en la tarea de subrayar cuidadosamente, con lápiz, el poema Desaparecidos, de Mario Benedetti: Están en algún sitio / nube o tumba / están en algún sitio / estoy seguro / allá en el sur del alma / es posible que hayan extraviado la brújula / y hoy vaguen preguntando / preguntando dónde carajo queda el buen amor / porque vienen del odio.
A los normalistas de Ayotzinapa les sobra determinación pero les falta brújula.
No traen guía ni un plan coherente. Los jefes de la Upoeg van a cargo, supuestamente. Pero ponen sus mapas de Google en la cajuela de un coche y se rascan las cabezas, perdidos. En los mentados mapas no se divisa ningún punto con claridad.
Los vecinos terminan con el plan de llegar al templo abandonado: los autobuses no pueden con ese camino. Sólo podrían llegar a Mayanalán y de ahí tendrían que caminar al menos dos horas.
Eso es ir otra vez al matadero, dice un joven normalista, luego de una fuerte discusión entre los padres de familia y los comunitarios.
Los criminales, hasta en el rincón de la cocina
La zona a la que quieren irse a meter los normalistas es conocida por los lugareños como “escondite de la maña”.
Un hombre que acompaña la caravana cuenta que muchos igualtecos solían venir a estos lares a atrapar langostinos en los arroyos. Yo dejé de venir desde una noche que nos tocó ver a unos cabrones armados que vinieron a tirar bolsas. Apagamos la vela y nos quedamos calladitos. Luego leí en los periódicos que habían encontrado unos cuerpos por acá.
Todos sabemos que por acá son lugares para tirar descuartizados, dice una vecina que pela tamaños ojotes ante la presencia de los estudiantes. “Allá para Rincón de la Cocina –así se llama la comunidad, en serio– y también para Acaquilpa.”
Los taxistas cuentan que hasta hace poco cualquiera de sus compañeros que venía a dar aquí desaparecía para siempre.
Es la corriente donde la debilidad institucional manda.
Los comunitarios de la Upoeg regresan a Iguala y dejan atrás a los normalistas y las familias.
La agrupación de la Costa Chica está aquí en solidaridad con los familiares de 17 muchachos desaparecidos que provienen de su zona de influencia.
–¿Cómo ve al gobernador? –se pregunta a Miguel Ángel Jiménez, quien coordina el operativo por la Upoeg.
–Mal. Se debe ir. Hay que estarle dando como cuchillito de palo.
Sin embargo, ayer, el principal dirigente de la Upoeg se reunió con el gobernador, cuya oficina de prensa insertó hoy en los periódicos locales una foto donde el líder aparece con Ángel Aguirre. Según el pie de grabado, la junta tuvo por objeto dar seguimiento a los proyectos y obras que habrán de incluirse en el presupuesto 2015. Eso es visión de futuro.
La normalidad según los políticos
Las nuevas fosas –del hallazgo anunciado por el procurador Jesús Murillo Karam– están donde estuvieron las viejas fosas. En abril y mayo pasados, en la zona que ahora las autoridades federales sellan a piedra y lodo, fueron halladas varias fosas y sacados de ahí 19 cuerpos. El gobierno del estado no ha informado de resultados de las investigaciones, ni siquiera ahora que está necesitado de demostrar su compromiso en la lucha contra la delincuencia.
Los reporteros que intentan burlar el cerco por las veredas se topan con un infranqueable muro de marinos que protege la caótica y hostil investigación –Amnistía Internacional dixit– del gobierno mexicano.
Según los vecinos de la zona, desde temprano ingresaron tres camionetas del forense, pero ninguna con los peritos internacionales cuya participación demandan los familiares de los desaparecidos.
Ya entrada la tarde, un vocero de la PGR dice a la prensa que se trata de tres fosas y que están trabajando en una cuarta.
Los vecinos de la zona cuentan que era frecuente el paso de hombres con armas largas, así como escuchar gritos de dolor y balazos, que allá arriba sembraban mariguana y que el año pasado el gobierno tumbó por ahí un narcolaboratorio.
Los diarios están llenos de declaraciones de los políticos locales que juran que Iguala ha vuelto a la normalidad y conminan a los ciudadanos a acudir al ayuntamiento a hacer las gestiones de costumbre.
Informe legislativo
Mientras el PRD, en su errático control de daños y con la mira puesta en 2015, considera necesario un acuerdo político entre gobierno federal y partidos políticos para que los candidatos sean investigados y se descarten nexos con el crimen, el senador perredista Sofío Ramírez, un dechado de sensibilidad política, llena Iguala de pendones que anuncian su informe legislativo.
Pasan bajo la propaganda los cada vez más visibles gendarmes que han sustituido a la policía local.
El Congreso del estado, por su parte, ha formado ya una comisión especial para dar seguimiento al caso.
Para no dejar dudas sobre la convicción de la clase política guerrerense de llegar hasta las últimas consecuencias, el joven y muy beligerante diputado Rubén Figueroa Smutny, cuya familia estuvo vinculada a la guerra sucia de los 70 y a la masacre de Aguas Blancas, es integrado a la flamante comisión.
fuente : http://www.jornada.unam.mx/2014/10/11/politica/007n1pol
Cuatro autobuses de pasajeros llegan a las inmediaciones de esta ciudad cargados de valor y esperanza: viajan en ellos estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, con padres y madres de los 43 muchachos desaparecidos.
Antes de llegar a Iguala, el convoy –que completan miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) a bordo de vehículos pequeños– se desvía y agarra camino hacia Acaquila, donde les han dicho que existe un templo abandonado, donde les han dado esperanzas de encontrar a sus hijos, a sus hermanos.
Se detienen a fuerza en Acayahualco, municipio de Tepecoacuilco . Los autobuses tienen que hacer pesadas maniobras porque la calle principal está cerrada: meten los tubos del drenaje.
Algunos jóvenes bajan de los camiones y buscan la sombra. Uno abre un libro, lo abre en una página marcada con un doblez y sigue en la tarea de subrayar cuidadosamente, con lápiz, el poema Desaparecidos, de Mario Benedetti: Están en algún sitio / nube o tumba / están en algún sitio / estoy seguro / allá en el sur del alma / es posible que hayan extraviado la brújula / y hoy vaguen preguntando / preguntando dónde carajo queda el buen amor / porque vienen del odio.
A los normalistas de Ayotzinapa les sobra determinación pero les falta brújula.
No traen guía ni un plan coherente. Los jefes de la Upoeg van a cargo, supuestamente. Pero ponen sus mapas de Google en la cajuela de un coche y se rascan las cabezas, perdidos. En los mentados mapas no se divisa ningún punto con claridad.
Los vecinos terminan con el plan de llegar al templo abandonado: los autobuses no pueden con ese camino. Sólo podrían llegar a Mayanalán y de ahí tendrían que caminar al menos dos horas.
Eso es ir otra vez al matadero, dice un joven normalista, luego de una fuerte discusión entre los padres de familia y los comunitarios.
Los criminales, hasta en el rincón de la cocina
La zona a la que quieren irse a meter los normalistas es conocida por los lugareños como “escondite de la maña”.
Un hombre que acompaña la caravana cuenta que muchos igualtecos solían venir a estos lares a atrapar langostinos en los arroyos. Yo dejé de venir desde una noche que nos tocó ver a unos cabrones armados que vinieron a tirar bolsas. Apagamos la vela y nos quedamos calladitos. Luego leí en los periódicos que habían encontrado unos cuerpos por acá.
Todos sabemos que por acá son lugares para tirar descuartizados, dice una vecina que pela tamaños ojotes ante la presencia de los estudiantes. “Allá para Rincón de la Cocina –así se llama la comunidad, en serio– y también para Acaquilpa.”
Los taxistas cuentan que hasta hace poco cualquiera de sus compañeros que venía a dar aquí desaparecía para siempre.
Es la corriente donde la debilidad institucional manda.
Los comunitarios de la Upoeg regresan a Iguala y dejan atrás a los normalistas y las familias.
La agrupación de la Costa Chica está aquí en solidaridad con los familiares de 17 muchachos desaparecidos que provienen de su zona de influencia.
–¿Cómo ve al gobernador? –se pregunta a Miguel Ángel Jiménez, quien coordina el operativo por la Upoeg.
–Mal. Se debe ir. Hay que estarle dando como cuchillito de palo.
Sin embargo, ayer, el principal dirigente de la Upoeg se reunió con el gobernador, cuya oficina de prensa insertó hoy en los periódicos locales una foto donde el líder aparece con Ángel Aguirre. Según el pie de grabado, la junta tuvo por objeto dar seguimiento a los proyectos y obras que habrán de incluirse en el presupuesto 2015. Eso es visión de futuro.
La normalidad según los políticos
Las nuevas fosas –del hallazgo anunciado por el procurador Jesús Murillo Karam– están donde estuvieron las viejas fosas. En abril y mayo pasados, en la zona que ahora las autoridades federales sellan a piedra y lodo, fueron halladas varias fosas y sacados de ahí 19 cuerpos. El gobierno del estado no ha informado de resultados de las investigaciones, ni siquiera ahora que está necesitado de demostrar su compromiso en la lucha contra la delincuencia.
Los reporteros que intentan burlar el cerco por las veredas se topan con un infranqueable muro de marinos que protege la caótica y hostil investigación –Amnistía Internacional dixit– del gobierno mexicano.
Según los vecinos de la zona, desde temprano ingresaron tres camionetas del forense, pero ninguna con los peritos internacionales cuya participación demandan los familiares de los desaparecidos.
Ya entrada la tarde, un vocero de la PGR dice a la prensa que se trata de tres fosas y que están trabajando en una cuarta.
Los vecinos de la zona cuentan que era frecuente el paso de hombres con armas largas, así como escuchar gritos de dolor y balazos, que allá arriba sembraban mariguana y que el año pasado el gobierno tumbó por ahí un narcolaboratorio.
Los diarios están llenos de declaraciones de los políticos locales que juran que Iguala ha vuelto a la normalidad y conminan a los ciudadanos a acudir al ayuntamiento a hacer las gestiones de costumbre.
Informe legislativo
Mientras el PRD, en su errático control de daños y con la mira puesta en 2015, considera necesario un acuerdo político entre gobierno federal y partidos políticos para que los candidatos sean investigados y se descarten nexos con el crimen, el senador perredista Sofío Ramírez, un dechado de sensibilidad política, llena Iguala de pendones que anuncian su informe legislativo.
Pasan bajo la propaganda los cada vez más visibles gendarmes que han sustituido a la policía local.
El Congreso del estado, por su parte, ha formado ya una comisión especial para dar seguimiento al caso.
Para no dejar dudas sobre la convicción de la clase política guerrerense de llegar hasta las últimas consecuencias, el joven y muy beligerante diputado Rubén Figueroa Smutny, cuya familia estuvo vinculada a la guerra sucia de los 70 y a la masacre de Aguas Blancas, es integrado a la flamante comisión.
fuente : http://www.jornada.unam.mx/2014/10/11/politica/007n1pol
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
La huida de Abarca incluyó archivos y hasta ‘‘sus espejos’’
uro Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2014, p. 5
Iguala, Gro., 9 de octubre.
¿Qué encontrarán las autoridades que siempre actúan oportuna y diligentemente –todas– cuando al fin decidan, como se rumora a lo largo del día, catear el palacio municipal de la cuna de la Bandera Nacional? Probablemente nada. O nada importante. Porque en los días que siguieron a los asesinatos, las detenciones convertidas en desapariciones forzadas, al horror pues, el presidente municipal, José Luis Abarca –y luego sus colaboradores, cuando él puso pies en polvorosa– tuvieron tiempo de sacar archivos, computadoras, muebles que consideraron valiosos e incluso ‘‘unos espejos de 15 mil pesos cada uno que estaban en la oficina del edil, porque a él le gustaba mucho mirarse’’, según cuenta un empleado.
La coartada fue que se esperaba que, como ocurrió tras el asesinato de los líderes de la Unión Popular el año pasado, una protesta derivara en la toma del palacio municipal y en subsecuentes destrozos. ‘‘Pues es que decían que iban a venir los ayotzinapos’’, se duele un policía municipal, quien por estar de licencia médica no se marchó con sus compañeros a la ‘‘capacitación’’ en Tlaxcala.
Otro policía –en rigor, un empleado administrativo, aunque adscrito a la corporación a sus casi 70 años– cuenta que lo mismo ocurrió en el depósito de la secretaría de seguridad pública: ‘‘Sacamos las armas que están a resguardo con el coronel, pero también los archivos y las computadoras’’. Así que las Beretta y los fusiles HK están en la zona militar.
Trámites de igualtecos
Los igualtecos siguen viniendo al ayuntamiento a realizar todo tipo de trámites. La rutina sólo la rompen la ausencia de policías y la llegada constante de empleados que vuelven con las computadoras y cajas de archivos que se llevaron a saber dónde.
El policía primero Carlos Manuel Díaz es el encargado de despacho en ausencia de jefes. Es amable, pero jura no tener información cuando se le preguntan datos como las edades de los agentes y las fechas de su ingreso a la corporación.
Sólo conoce los datos de los que se fueron a capacitar a Tlaxcala: 104 el miércoles y 114 el martes, sin contar los 85 agentes de tránsito, que se manejan aparte. Eliminando de la lista a los detenidos y a los enfermos, el policía primero calcula, porque no lo sabe de cierto, que unos 20 policías no se presentaron nunca, por miedo o precaución. ‘‘Entiéndanme, estamos empezando de cero, porque sacaron toda la información del ayuntamiento’’.
–¿Qué veía usted allá en la comandancia? –se pregunta al policía anciano.
–Nada, uno no preguntaba. Sólo a veces que veíamos que se pasaban en los golpes, sí les decíamos que le pararan.
Nadie preguntaba, aunque todos sabían que caer en manos de la policía municipal, por un simple borrachazo, por ejemplo, implicaba golpizas y mil pesos.
Un joven estudiante cuenta que eran comunes las detenciones sin razón alguna: ‘‘Te decían: junta 10 mil pesos o te llevamos al Sol Azteca’’, en referencia a una colonia pegada a los cerros donde los municipales solían ir a botar a sus víctimas.
Nada de eso pasaba por el escritorio del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien se ufana tras la tragedia presente: ‘‘Mi gobierno, por los hechos en la ciudad de Iguala, no fue omiso; hemos actuado en el momento inmediato en que se requería nuestra presencia’’.
La versión macabra de ‘‘yo no fui, fue Teté’’, en que los gobiernos federal y estatal y sus expresiones partidistas han convertido los asesinatos de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas se pone, cosa que parecía imposible, cada día peor.
La pulsada de fuerzas se estrella, entrada la tarde, con el anuncio del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo, de que se hallaron nuevas fosas en las proximidades de esta ciudad. Las primeras versiones indican que se encuentran a sólo 60 metros de las encontradas con anterioridad.
Vecinos de las colonias Guadalupe, Chapultepec y Loma del Zapatero informan de mañana sobre un vasto despliegue que incluye a policías ministeriales y marinos, además de un helicóptero de la Armada que aterriza en la primera de las colonias mencionadas. Los cuerpos en las nuevas fosas fueron encontrados calcinados, igual que los del primer hallazgo, según informa el procurador.
Mientras eso ocurre, el gobernador Ángel Aguirre se empecina en no bajarse del ring al que se subió desde el principio de la crisis: ‘‘Nadie puede decir que el gobernador en alguna situación ha sido omiso. Es momento de cerrar filas, no nos vamos a dejar los guerrerenses’’, escribió el 6 de octubre.
Hoy pone sobre la mesa su última carta: que los guerrerenses decidan, en las urnas, si se queda o se va. La revocación de mandato es posible debido a una reforma a la Constitución local aprobada hace apenas unos meses. En el contexto de la crisis política actual viene a ser la forma moderna del viejo adagio priísta de ‘‘si el pueblo me lo pide’’.
El presidente de la República aprieta desde Guanajuato y muda la postura de su gobierno. Ya no se trata de ‘‘estudiantes afectados’’ o de ‘‘señas de debilidad institucional’’ en algunos lugares del país, sino de un acto de ‘‘barbarie’’ que se esclarecerá ‘‘tope donde tope’’.
La dirección nacional del PRD respalda en pleno a su gobernador y se suma a la consigna de que ‘‘el pueblo de Guerrero decida’’. La ley ‘‘no es negociable y no está sujeta a referendo’’, escribió en su red social el hijo de Rubén Figueroa Alcocer, el gobernador caído por la matanza de Aguas Blancas.
En marzo fue un diputado cercano al gobernador, Alejandro Arcos Catalán, quien insistió en que la figura de revocación se incluyera en la reforma que incorporaba a la Constitución local el referendo. Eso sí, aclaró que la ley reglamentaria acotaría el nuevo mecanismo con la finalidad de que no se prestara a la ‘‘desestabilidad política o social y nadie abuse de la figura’’. Atendiendo a los ciudadanos, dijo también el diputado, el mandatario estatal podría ‘‘desactivar cualquier conflicto político o social’’.
Por la tarde, casi al mismo tiempo que se anuncia la detención en Cuernavaca de un cuñado del alcalde Abarca, uno de sus asistentes informa que la familia del edil, su madre y sus hermanos, harán llegar una carta ‘‘donde expresan su posición’’. Cae la noche y el documento no llega. ‘‘Cancelaron hasta nuevo aviso’’, se disculpa el asistente mientras en un cerro la tierra sigue siendo removida.
fuente : http://www.jornada.unam.mx/2014/10/10/politica/005n1pol
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2014, p. 5
Iguala, Gro., 9 de octubre.
¿Qué encontrarán las autoridades que siempre actúan oportuna y diligentemente –todas– cuando al fin decidan, como se rumora a lo largo del día, catear el palacio municipal de la cuna de la Bandera Nacional? Probablemente nada. O nada importante. Porque en los días que siguieron a los asesinatos, las detenciones convertidas en desapariciones forzadas, al horror pues, el presidente municipal, José Luis Abarca –y luego sus colaboradores, cuando él puso pies en polvorosa– tuvieron tiempo de sacar archivos, computadoras, muebles que consideraron valiosos e incluso ‘‘unos espejos de 15 mil pesos cada uno que estaban en la oficina del edil, porque a él le gustaba mucho mirarse’’, según cuenta un empleado.
La coartada fue que se esperaba que, como ocurrió tras el asesinato de los líderes de la Unión Popular el año pasado, una protesta derivara en la toma del palacio municipal y en subsecuentes destrozos. ‘‘Pues es que decían que iban a venir los ayotzinapos’’, se duele un policía municipal, quien por estar de licencia médica no se marchó con sus compañeros a la ‘‘capacitación’’ en Tlaxcala.
Otro policía –en rigor, un empleado administrativo, aunque adscrito a la corporación a sus casi 70 años– cuenta que lo mismo ocurrió en el depósito de la secretaría de seguridad pública: ‘‘Sacamos las armas que están a resguardo con el coronel, pero también los archivos y las computadoras’’. Así que las Beretta y los fusiles HK están en la zona militar.
Trámites de igualtecos
Los igualtecos siguen viniendo al ayuntamiento a realizar todo tipo de trámites. La rutina sólo la rompen la ausencia de policías y la llegada constante de empleados que vuelven con las computadoras y cajas de archivos que se llevaron a saber dónde.
El policía primero Carlos Manuel Díaz es el encargado de despacho en ausencia de jefes. Es amable, pero jura no tener información cuando se le preguntan datos como las edades de los agentes y las fechas de su ingreso a la corporación.
Sólo conoce los datos de los que se fueron a capacitar a Tlaxcala: 104 el miércoles y 114 el martes, sin contar los 85 agentes de tránsito, que se manejan aparte. Eliminando de la lista a los detenidos y a los enfermos, el policía primero calcula, porque no lo sabe de cierto, que unos 20 policías no se presentaron nunca, por miedo o precaución. ‘‘Entiéndanme, estamos empezando de cero, porque sacaron toda la información del ayuntamiento’’.
–¿Qué veía usted allá en la comandancia? –se pregunta al policía anciano.
–Nada, uno no preguntaba. Sólo a veces que veíamos que se pasaban en los golpes, sí les decíamos que le pararan.
Nadie preguntaba, aunque todos sabían que caer en manos de la policía municipal, por un simple borrachazo, por ejemplo, implicaba golpizas y mil pesos.
Un joven estudiante cuenta que eran comunes las detenciones sin razón alguna: ‘‘Te decían: junta 10 mil pesos o te llevamos al Sol Azteca’’, en referencia a una colonia pegada a los cerros donde los municipales solían ir a botar a sus víctimas.
Nada de eso pasaba por el escritorio del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien se ufana tras la tragedia presente: ‘‘Mi gobierno, por los hechos en la ciudad de Iguala, no fue omiso; hemos actuado en el momento inmediato en que se requería nuestra presencia’’.
La versión macabra de ‘‘yo no fui, fue Teté’’, en que los gobiernos federal y estatal y sus expresiones partidistas han convertido los asesinatos de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas se pone, cosa que parecía imposible, cada día peor.
La pulsada de fuerzas se estrella, entrada la tarde, con el anuncio del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo, de que se hallaron nuevas fosas en las proximidades de esta ciudad. Las primeras versiones indican que se encuentran a sólo 60 metros de las encontradas con anterioridad.
Vecinos de las colonias Guadalupe, Chapultepec y Loma del Zapatero informan de mañana sobre un vasto despliegue que incluye a policías ministeriales y marinos, además de un helicóptero de la Armada que aterriza en la primera de las colonias mencionadas. Los cuerpos en las nuevas fosas fueron encontrados calcinados, igual que los del primer hallazgo, según informa el procurador.
Mientras eso ocurre, el gobernador Ángel Aguirre se empecina en no bajarse del ring al que se subió desde el principio de la crisis: ‘‘Nadie puede decir que el gobernador en alguna situación ha sido omiso. Es momento de cerrar filas, no nos vamos a dejar los guerrerenses’’, escribió el 6 de octubre.
Hoy pone sobre la mesa su última carta: que los guerrerenses decidan, en las urnas, si se queda o se va. La revocación de mandato es posible debido a una reforma a la Constitución local aprobada hace apenas unos meses. En el contexto de la crisis política actual viene a ser la forma moderna del viejo adagio priísta de ‘‘si el pueblo me lo pide’’.
El presidente de la República aprieta desde Guanajuato y muda la postura de su gobierno. Ya no se trata de ‘‘estudiantes afectados’’ o de ‘‘señas de debilidad institucional’’ en algunos lugares del país, sino de un acto de ‘‘barbarie’’ que se esclarecerá ‘‘tope donde tope’’.
La dirección nacional del PRD respalda en pleno a su gobernador y se suma a la consigna de que ‘‘el pueblo de Guerrero decida’’. La ley ‘‘no es negociable y no está sujeta a referendo’’, escribió en su red social el hijo de Rubén Figueroa Alcocer, el gobernador caído por la matanza de Aguas Blancas.
En marzo fue un diputado cercano al gobernador, Alejandro Arcos Catalán, quien insistió en que la figura de revocación se incluyera en la reforma que incorporaba a la Constitución local el referendo. Eso sí, aclaró que la ley reglamentaria acotaría el nuevo mecanismo con la finalidad de que no se prestara a la ‘‘desestabilidad política o social y nadie abuse de la figura’’. Atendiendo a los ciudadanos, dijo también el diputado, el mandatario estatal podría ‘‘desactivar cualquier conflicto político o social’’.
Por la tarde, casi al mismo tiempo que se anuncia la detención en Cuernavaca de un cuñado del alcalde Abarca, uno de sus asistentes informa que la familia del edil, su madre y sus hermanos, harán llegar una carta ‘‘donde expresan su posición’’. Cae la noche y el documento no llega. ‘‘Cancelaron hasta nuevo aviso’’, se disculpa el asistente mientras en un cerro la tierra sigue siendo removida.
fuente : http://www.jornada.unam.mx/2014/10/10/politica/005n1pol
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Se unen guerrillas contra el narco en Guerrero
MARÍA IDALIA GÓMEZ I @Gosimai La guerrilla en Guerrero encontró un enemigo en común que prácticamente unificó su discurso y dio pie para el inicio de una ofensiva militar, en la búsqueda de funcionarios y narcotraficantes que consideran responsables del asesinato y desaparición de estudiantes y civiles.
El ataque a normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y las 22 personas asesinadas por militares en Tlatlaya, estado de México, removió las más importantes fuerzas subversivas del país que se decidieron modificar su estrategia y comenzar con una “ofensiva generalizada” y “responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales”. Incluso abrió paso a la aparición de una nueva organización que, en apariencia, pretende convertirse en aglutinador de la movilización político-subversiva, que se autodenominó “Milicias Populares ¡Basta ya!”, que emitió su primer comunicado el pasado 6 de octubre. A partir de junio de este año, las distintas organizaciones comenzaron a tener una presencia un poco más visible a través de sus comunicados, después de varios meses de silencio. Sin embargo, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en sólo seis días, se pronunciaron con un discurso bélico el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) y las Milicias Populares ¡Basta ya!. EPR es el grupo más antiguo de todos ellos, que se instituyó en 1994 y que se presentó públicamente el 28 de junio de 1996, en el aniversario de la masacre de campesinos de Aguas Blancas, pero que tiene como antecedentes el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP-PDLP) y algunos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, grupos surgidos en los años 60. Desde entonces, el EPR, logró documentar el especialista Jorge Luis Sierra, ha mostrado que se integra por un mando estratégico y que tiene capacidad política, militar y un frente de masas, que le ha permitido tener presencia social, política y llevar a cabo acciones de hostigamiento militar y siguiendo unas estrategia de guerra popular prolongada.
El ERPI, por su parte, surgió de una escisión del EPR en 1995, generada por diferencias sobre la estrategia de combate, pero fue hasta 1998 cuando se documentó su actividad y con presencia en Guerrero, San Luis Potosí, Distrito Federal y Oaxaca.
Este grupo ha mantenido una estrategia de apariciones públicas, de acciones de hostigamiento militar y acciones sociales, que les permite amplificar su respaldo comunitario.
De las FAR-LP se conoce menos, apenas se dio a conocer con una aparición formal y a través de comunicados a finales de 2013, pero como lo establece el especialista Jorge Lofredo, aún falta por determinar la “legitimidad de sus reclamos o la veracidad de sus posicionamientos”.
Se ha detectado la presencia del EPR en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, estado de México e Hidalgo
Este grupo también asume sus antecedentes desde el PROCUP-PDLP, posteriormente en el EPR y finalmente en el ERPI, organización a la que abandonaron para constituirse en una nueva organización por lo que parecerían diferencias estratégicas en las formas de lucha.
Esas tres organizaciones parten de una misma estructura y en los tres casos coinciden en la necesidad de la vía de las armas como forma de lucha. Veinte años después de la integración de EPR y de las escisiones sufridas, por primera vez los grupos coinciden en iniciar una ofensiva militar y esta vez es contra los narcotraficantes del Guerreros Unidos y funcionarios vinculados con ellos.
ARRANQUE ARMADO
El comunicado más preciso sobre el inicio de las acciones armadas y que constituye una brigada de ajusticiamiento, fuerza que se crea en este tipo de grupos como un comando militar destinado a perseguir y someter a quienes consideran los traidores o enemigos, en este caso son narcotraficantes y funcionarios que participaron en el ataque a normalistas y civiles en Iguala, Guerrero, por eso le colocaron la fecha de 26 de septiembre:
“Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cartel de sicarios del Estado, mal llamado ‘Guerreros Unidos’”.
Además de declarar a la Corriente Nueva Izquierda del PRD como cómplices del ataque a normalistas, el ERPI también envió el mensaje a sus militantes en todos sus frentes, tanto políticos como células armadas, que recaben “toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.
Las FAR-LP en su comunicado fechado el primero de octubre, hace responsable de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala, al presidente municipal con licencia José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ambos, sostiene, vinculados al Cártel de Guerreros Unidos.
El mensaje a sus simpatizantes y militantes es también muy claro: “preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte”.
El grupo exige la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, porque “traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder”.
Y el comunicado firmado por la comandancia general de las FAR-LP cierra con una advertencia: “pronto sabrán de nosotros”.
El EPR fue el primero en lanzar sus comunicados, dos en total el mismo 30 de septiembre, en uno de ellos se refiere a la desaparición forzada de sus compañeros Raymundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y en general de este tipo de actos como un método del Estado contra los líderes sociales.
En su segundo comunicado, convoca a la unidad “cada cual en su trinchera y forma de lucha. Al terrorismo de Estado se le enfrenta con la unidad popular, constituye una necesidad la generalización en el plano nacional de las acciones políticas de masas, la acción popular combativa, la acción múltiple de solidaridad en todo el país y la estructuración de la autodefensa del pueblo para que se ejerza la justicia popular”.
Y acusa que la desaparición de los normalistas no es producto de la acción de los narcotraficantes, sino de “elementos activos de las fuerzas policiaco-militares realizando acciones de paramilitarismo”.
“Es grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la ‘delincuencia organizada’, dicha afirmación constituye una burda maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los criminales materiales e intelectuales. Especulaciones dolosas promovidas por el Estado mexicano y difundidas perversamente por ‘sesudos analistas’ y funcionarios públicos”, sostiene el Comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y la Comandancia General del Ejercito Popular Revolucionario (CG-EPR).
NUEVO GRUPO, MISMAS DEMANDAS
Las Milicias Populares lanzaron su primer comunicado el pasado 6 de octubre, “ante la violencia del brutal neoliberalismo que en México se mantiene mediante el narcogobierno, hoy, más que nunca, necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales”.
Hace un recorrido por histórico de matanzas y abusos de autoridades y gobiernos, menciona las reformas recién aprobadas, hasta llegar a Tlatlaya y Ayotzinapa “que se parece mucho a Tlatelolco, en medio de un discurso oficial conciliador, la masacre, como advertencia y escarmiento que intenta frenar la inconformidad de los de abajo”.
“Y claro, se culpará al crimen organizado, posiblemente encarcelarán a un ‘Chucky’, hasta podrían sacrificar al camaleónico gobernador Aguirre para simular que el crimen organizado actuó por la libre. La detención del último de los Beltrán Leyva como respuesta inmediata después de los asesinatos y desaparición de estudiantes nos muestra que el gobierno ya sabía dónde localizarlo y lo agarró en el momento en que les estorbó, cuando ya no les sirvió para mantener el control del estado de Guerrero. Y si, los sicarios son los asesinos materiales, pero el crimen es de Estado”, sostiene.
En su comunicado fechado en Guerrero, llama a sumarse a la lucha e insiste: “hoy más que nunca necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales o fuera de esta legalidad sin ética que intentan imponernos los de arriba. Al fin que ellos son los primeros en violar la legalidad”.
fuente :http://www.ejecentral.com.mx/guerrilla-contra-narco/
El ataque a normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y las 22 personas asesinadas por militares en Tlatlaya, estado de México, removió las más importantes fuerzas subversivas del país que se decidieron modificar su estrategia y comenzar con una “ofensiva generalizada” y “responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales”. Incluso abrió paso a la aparición de una nueva organización que, en apariencia, pretende convertirse en aglutinador de la movilización político-subversiva, que se autodenominó “Milicias Populares ¡Basta ya!”, que emitió su primer comunicado el pasado 6 de octubre. A partir de junio de este año, las distintas organizaciones comenzaron a tener una presencia un poco más visible a través de sus comunicados, después de varios meses de silencio. Sin embargo, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en sólo seis días, se pronunciaron con un discurso bélico el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) y las Milicias Populares ¡Basta ya!. EPR es el grupo más antiguo de todos ellos, que se instituyó en 1994 y que se presentó públicamente el 28 de junio de 1996, en el aniversario de la masacre de campesinos de Aguas Blancas, pero que tiene como antecedentes el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP-PDLP) y algunos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, grupos surgidos en los años 60. Desde entonces, el EPR, logró documentar el especialista Jorge Luis Sierra, ha mostrado que se integra por un mando estratégico y que tiene capacidad política, militar y un frente de masas, que le ha permitido tener presencia social, política y llevar a cabo acciones de hostigamiento militar y siguiendo unas estrategia de guerra popular prolongada.
El ERPI, por su parte, surgió de una escisión del EPR en 1995, generada por diferencias sobre la estrategia de combate, pero fue hasta 1998 cuando se documentó su actividad y con presencia en Guerrero, San Luis Potosí, Distrito Federal y Oaxaca.
Este grupo ha mantenido una estrategia de apariciones públicas, de acciones de hostigamiento militar y acciones sociales, que les permite amplificar su respaldo comunitario.
De las FAR-LP se conoce menos, apenas se dio a conocer con una aparición formal y a través de comunicados a finales de 2013, pero como lo establece el especialista Jorge Lofredo, aún falta por determinar la “legitimidad de sus reclamos o la veracidad de sus posicionamientos”.
Se ha detectado la presencia del EPR en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, estado de México e Hidalgo
Este grupo también asume sus antecedentes desde el PROCUP-PDLP, posteriormente en el EPR y finalmente en el ERPI, organización a la que abandonaron para constituirse en una nueva organización por lo que parecerían diferencias estratégicas en las formas de lucha.
Esas tres organizaciones parten de una misma estructura y en los tres casos coinciden en la necesidad de la vía de las armas como forma de lucha. Veinte años después de la integración de EPR y de las escisiones sufridas, por primera vez los grupos coinciden en iniciar una ofensiva militar y esta vez es contra los narcotraficantes del Guerreros Unidos y funcionarios vinculados con ellos.
ARRANQUE ARMADO
El comunicado más preciso sobre el inicio de las acciones armadas y que constituye una brigada de ajusticiamiento, fuerza que se crea en este tipo de grupos como un comando militar destinado a perseguir y someter a quienes consideran los traidores o enemigos, en este caso son narcotraficantes y funcionarios que participaron en el ataque a normalistas y civiles en Iguala, Guerrero, por eso le colocaron la fecha de 26 de septiembre:
“Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cartel de sicarios del Estado, mal llamado ‘Guerreros Unidos’”.
Además de declarar a la Corriente Nueva Izquierda del PRD como cómplices del ataque a normalistas, el ERPI también envió el mensaje a sus militantes en todos sus frentes, tanto políticos como células armadas, que recaben “toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.
Las FAR-LP en su comunicado fechado el primero de octubre, hace responsable de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala, al presidente municipal con licencia José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ambos, sostiene, vinculados al Cártel de Guerreros Unidos.
El mensaje a sus simpatizantes y militantes es también muy claro: “preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte”.
El grupo exige la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, porque “traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder”.
Y el comunicado firmado por la comandancia general de las FAR-LP cierra con una advertencia: “pronto sabrán de nosotros”.
El EPR fue el primero en lanzar sus comunicados, dos en total el mismo 30 de septiembre, en uno de ellos se refiere a la desaparición forzada de sus compañeros Raymundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y en general de este tipo de actos como un método del Estado contra los líderes sociales.
En su segundo comunicado, convoca a la unidad “cada cual en su trinchera y forma de lucha. Al terrorismo de Estado se le enfrenta con la unidad popular, constituye una necesidad la generalización en el plano nacional de las acciones políticas de masas, la acción popular combativa, la acción múltiple de solidaridad en todo el país y la estructuración de la autodefensa del pueblo para que se ejerza la justicia popular”.
Y acusa que la desaparición de los normalistas no es producto de la acción de los narcotraficantes, sino de “elementos activos de las fuerzas policiaco-militares realizando acciones de paramilitarismo”.
“Es grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la ‘delincuencia organizada’, dicha afirmación constituye una burda maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los criminales materiales e intelectuales. Especulaciones dolosas promovidas por el Estado mexicano y difundidas perversamente por ‘sesudos analistas’ y funcionarios públicos”, sostiene el Comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y la Comandancia General del Ejercito Popular Revolucionario (CG-EPR).
NUEVO GRUPO, MISMAS DEMANDAS
Las Milicias Populares lanzaron su primer comunicado el pasado 6 de octubre, “ante la violencia del brutal neoliberalismo que en México se mantiene mediante el narcogobierno, hoy, más que nunca, necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales”.
Hace un recorrido por histórico de matanzas y abusos de autoridades y gobiernos, menciona las reformas recién aprobadas, hasta llegar a Tlatlaya y Ayotzinapa “que se parece mucho a Tlatelolco, en medio de un discurso oficial conciliador, la masacre, como advertencia y escarmiento que intenta frenar la inconformidad de los de abajo”.
“Y claro, se culpará al crimen organizado, posiblemente encarcelarán a un ‘Chucky’, hasta podrían sacrificar al camaleónico gobernador Aguirre para simular que el crimen organizado actuó por la libre. La detención del último de los Beltrán Leyva como respuesta inmediata después de los asesinatos y desaparición de estudiantes nos muestra que el gobierno ya sabía dónde localizarlo y lo agarró en el momento en que les estorbó, cuando ya no les sirvió para mantener el control del estado de Guerrero. Y si, los sicarios son los asesinos materiales, pero el crimen es de Estado”, sostiene.
En su comunicado fechado en Guerrero, llama a sumarse a la lucha e insiste: “hoy más que nunca necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales o fuera de esta legalidad sin ética que intentan imponernos los de arriba. Al fin que ellos son los primeros en violar la legalidad”.
fuente :http://www.ejecentral.com.mx/guerrilla-contra-narco/
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Iguala es una ciudad de halcones, dicen periodistas; los persiguen y toman fotos
Iguala, Guerrero, 11 de octubre de 2014 (SinEmbargo).- En Iguala los halcones están por todas partes y persiguen reporteros, les toman fotografías, los siguen en motos, los siguen a pie. Varios reporteros de distintos medios nacionales e internacionales son presas en este momento, del monitoreo constante en Iguala y en Chilpancingo, en Guerrero, a pesar de la fuerte presencia policiaca de la Gendarmería Nacional y el Ejército. Ayer salió de Iguala un reportero de una cadena nacional independiente cuando se percató de que un taxista le tomó una fotografía de frente. “Yo iba con él, se para el taxi y ¡pum! de frente le toma la foto. Me dijo: ‘yo me voy’”, expresó otro reportero que lo acompañaba. Un periodista aseguró que ayer fue un restaurante, con otros fotógrafos y había un grupo de hombres vigilándolos y tomándoles fotos. Hay reporteros que aseguran que son seguidos en motocicletas durante su trayecto por la ciudad de Iguala. “Es muy evidente, nosotros nos paramos a preguntar por una dirección y la moto se paró enseguida”, dijo. EL DISFRAZ DE LOS HALCONES Los halcones son personas utilizadas por el crimen organizado para avisar a sus superiores lo que esta pasando en la ciudad y para alertarles en caso de que se detecte movimiento de cuerpos policiacos o de las fuerzas castrenses. El halconeo se esconde generalmente en otra actividad productiva. En 2012, SinEmbargo publicó que los cárteles se habían dado cuenta de que los taxistas resultan ser unos estupendos halcones, ya que su trabajo les permite situarse en puntos clave para ver la entrada o salida de vehículos en los territorios dominados por el narco. Su trabajo es fundamental a la hora del trasiego de la droga, del narcomenudeo, los secuestros, atracos y asesinatos. Al taxista elegido le entregan un equipo de comunicación y de 3 mil a 5 mil pesos semanales. Entre abril de 2011 y abril de 2012, en Nuevo León habían sido asesinados 25 taxistas; también fueron encontrados cinco taxistas decapitados en Acapulco, Guerrero. Los vigilantes utilizan equipo de visión de largo alcance, teléfonos celulares y radios digitales encriptados radios para comunicarse con los jefes de la banda. Este año, autoridades federales y de los estados de Arizona y Ohio, en Estados Unidos detectaron, en dos operativos realizados sin aparente vinculación, que criminales mexicanos, posiblemente relacionados con los mayores cárteles, han replicado allá las tácticas que han resultado exitosas en México. Ambos operativos fueron realizados en zonas rurales. Uno de ellos, el de Ohio, reveló un cambio de perfil de los narcotraficantes: ahora se han mezclado en zonas habitacionales de alto nivel socioeconómico, como sucede en Nuevo León, Sinaloa, Jalisco o Chihuahua, por citar. Pero en Arizona la sorpresa fue mayor. Un operativo reveló el uso de los llamados “halcones” o vigilantes que dan aviso a sus jefes sobre operaciones policiacas, para garantizar el tráfico de drogas o migrantes.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/11-10-2014/1140946. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
fuente: http://www.sinembargo.mx/11-10-2014/1140946
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/11-10-2014/1140946. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
fuente: http://www.sinembargo.mx/11-10-2014/1140946
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.proceso.com.mx/?p=384335
Capturan a “El Molón”, cuñado del alcalde de Iguala
Seguir a @revistaproceso
La Redacción
9 de octubre de 2014
Narcotráfico
MÉXICO, D.F. (apro).- Salomón Pineda Villa, El Molón, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos y cuñado del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue detenido este jueves en Cuernavaca, Morelos.
Elementos de la Secretaría de Marina capturaron al hermano de María de los Ángeles Pineda Villa y a tres personas más en un operativo que supuestamente duró apenas 10 minutos.
Se trata de los cuatro detenidos que participaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado, según dio a conocer esta misma tarde la Procuraduría General de la República (PGR).
En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, señaló que con los testimonios de los indiciados se logró obtener información de otras cuatro fosas con restos humanos calcinados, igual que las descubiertas la semana pasada, donde se encontraron 28 cuerpos.
No obstante, dijo que es prematuro afirmar que se trate de los normalistas, a pesar de que las personas capturadas así lo aseguraron.
“No podemos confirmar si es cierto que se trate de los restos de los estudiantes”, dijo Murillo Karam, quien también comentó que la PGR emitió una orden de presentación y localización contra el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el jefe de la Policía municipal para que declaren ante el Ministerio Público Federal.
Abarca obtiene suspensión provisional
Horas más tarde se dio a conocer que el Juzgado 1 de Distrito en Materia penal del Distrito Federal concedió la suspensión provisional a José Luis Abarca para impedir su captura y presentación a declarar ante las autoridades.
El juez fijó una fianza por 35 mil pesos al alcalde con licencia, quien inició el trámite de amparo el pasado martes 6.
El expediente quedó asentado con el número 979/2014, pero si las acusaciones contra Abarca son por delitos graves, deberá comparecer ante las autoridades y lo único que podría evitar es ser arraigado.
De acuerdo con el expediente, el alcalde, prófugo de la justicia, solicitó que se le proteja contra 46 autoridades de Guerrero, Ciudad de México y federales, y pidió al juez que lo proteja de cualquier “orden de localización, búsqueda, presentación y la pretendida detención (privación de la libertad) y su ejecución”.
El pasado miércoles 7, en un interrogatorio subido a Youtube, Leonor Villa Ortuño, supuesta suegra de José Luis Abarca Hernández, aseguró que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue patrocinado por el cártel de los Beltrán Leyva.
La mujer aseguró que sus hijos pertenecen al crimen organizado y que su yerno, el alcalde con licencia, protege al grupo criminal Guerreros Unidos.
Mario Pineda Villa y Alberto El Borrado Pineda, operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y hermanos de la esposa de Abarca, fueron ejecutados en 2009 por traicionar a Arturo Beltrán Leyva.
En el video del interrogatorio se le pregunta a la madre de los hermanos Pineda si conoce al gobernador Ángel Aguirre Rivero, y responde: “Sí lo conozco, porque mis hijos patrocinaron en su campaña de diputado a gobernador”.
También asegura que su yerno protege al grupo delincuencial Guerreros Unidos a cambio de una cuota mensual de 2 millones de pesos. “Maneja a su antojo a todos los comandantes y policía municipal de Iguala”, afirma.
–¿Quién dio la orden de patrocinar la campaña del gobernador Ángel Aguirre Rivero? –le preguntan a la mujer.
–Arturo Beltrán Leyva –responde.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/10/politica/010n1pol
Llama el ERPI a crear una brigada de ajusticiamiento contra Guerreros Unidos
El grupo rebelde pide informes para combatir la nueva afrenta del narcoestado mexicano
Foto
Fotograma del video difundido por el Ejército Revolucionario del Pueblo InsurgenteFoto La Jornada
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2014, p. 10
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) convocó a formar la Brigada popular de ajusticiamiento 26 de septiembre.
En su comunicado número 21, difundido en el estado de Guerrero desde el pasado 6 de octubre, el ERPI señala: “Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada popular de ajusticiamiento 26 de septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del estado, mal llamado Guerreros Unidos”.
Agregó: “Recábese toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía, pública o secreta”.
Además, el ERPI advirtió que la Corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática es "cómplice de los hechos del 26 de septiembre de 2014", que dejaron seis muertos y 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/hallan-otras-cuatro-fosas-en-iguala-47185.html
Hallan otras cuatro fosas en Iguala
Doris Gómora, Elena Michel, Carina García y Justino Miranda| El Universal
Viernes 10 de octubre de 2014
Tweet
Video. La detención de cuatro personas condujo a las autoridades a las nuevas fosas descubiertas, en las que también hay cuerpos de jóvenes que están calcinados
Hallan otras cuatro fosas en Iguala
BÚSQUEDA. Policías federales resguardan los caminos que dan a las cuatro fosas clandestinas encontradas ayer en Iguala, luego de que cuatro nuevos detenidos revelaran su ubicación. Aún no se puede determinar si los cadáveres son de normalistas desaparecidos. (Foto: JORGE SERRATOS / EL UNIVERSAL )
Notas Relacionadas:
Acusan falta de coordinación para localizar a normalistas 2014-10-10
Aguirre ofrece consulta para revocar su mandato 2014-10-10
UE pide a México castigo a los responsables de desaparición 2014-10-10
Urge limpieza de policías y clase política: Buscaglia 2014-10-10
Sitios Relacionados:
Video Hallan nuevas fosas en Iguala, detienen a cuatro
Video ´Tope donde tope´ se llegará a los responsables: EPN
Fotogalería Hallan cuatro nuevas fosas en Iguala
Audio Oficial, búsqueda de pareja imperial: PGR
PGR gira orden de presentación a edil, su esposa y al secretario de Seguridad del municipio. El 6 de octubre pasado, el alcalde obtuvo un amparo contra localización
politica@eluniversal.com.mx
Las autoridades localizaron en Iguala, Guerrero, cuatro nuevas fosas clandestinas —con las que suman nueve las descubiertas hasta el momento—, aunque todavía no es posible determinar el número de víctimas ni su identidad, confirmó Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, quien reconoció que no se puede descartar todavía que pudiera tratarse de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en aquella entidad. El móvil de estos hechos se desconoce todavía.
Reveló que ayer fueron capturadas cuatro personas que indicaron la ubicación de las nuevas fosas, cerca de Iguala, donde se encontraron cuerpos calcinados y en cuya identificación están trabajando peritos de la dependencia. Autoridades federales revelaron que podría tratarse de integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Como parte de la investigación en torno a la agresión armada contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de los 43 jóvenes, la PGR giró órdenes de presentación para que rindan su testimonio José Luis Abarca, presidente municipal con licencia de Iguala, su esposa María de los Ángeles Pineda, así como Felipe Flores Velázquez, secretario de seguridad publica municipal, de quienes se desconoce su paradero.
Asimismo, la PGR dio a conocer anoche que invitó a comparecer al perredista René Juvenal Bejarano Martínez, para que testifique ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ya que en días recientes ha hecho declaraciones a los medios de comunicación en torno al homicidio del ex regidor de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y la supuesta implicación del alcalde Abarca en ese crimen perpetrado en mayo de 2013.
Caen más implicados. En conferencia, Murillo Karam reveló que se logró la aprehensión de cuatro personas más [presuntos integrantes de la delincuencia]. Con estas capturas suman 34 las personas aprehendidas a la fecha, relacionadas con el caso Ayotzinapa. De esa cifra, 22 policías municipales ya están recluidos en un penal federal.
De hecho, ayer, alrededor de las 12:00 horas en el Zócalo de Cuernavaca, Morelos, sobre la avenida Vicente Guerrero, infantes de la Secretaría de Marina vestidos de civil detuvieron a dos sujetos, entre ellos a Salomón Pineda Villa, hermano de la esposa del presidente municipal de Iguala.
El reporte preliminar indica que eran cuatro sujetos los que caminaban por este corredor comercial de Cuernavaca cuando los marinos practicaron el operativo para detenerlos, pero sólo lograron capturar a dos de ellos.
El operativo fue reforzado por soldados de la 24 Zona Militar y un helicóptero de la Policía de Mando Único de Morelos, que sobrevoló a baja altura la zona centro de Cuernavaca para localizar a los fugados.
Se consultó a la PGR si Salomón Pineda es uno de los cuatro nuevos detenidos en este caso, pero no lo confirmó, aunque el procurador adelantó que tenían a uno de los líderes del grupo criminal.
Hallazgo. Los cuatro nuevos detenidos llevaron a las autoridades a ubicar otras cuatro fosas clandestinas, con lo cual suman nueve las encontradas cerca de Iguala. En estas inhumaciones ilegales se han ubicado cuerpos calcinados, con lo cual se dificulta la identificación, pero se cuenta con material genético para hacer una comparación, agregó el procurador Murillo Karam.
“Con sus declaraciones se ubicaron cuatro fosas en donde, a decir de ellos, fueron depositados restos humanos”, expresó el funcionario.
Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dijo que en Iguala se instalaron cuatro mesas de trabajo, una de las cuales es estratégica de alto nivel, otra de análisis de información y de investigación, así como de operación.
“Hemos definido objetivos. Llevamos 34 detenidos relacionados con este hecho. De manera pericial tenemos varias diligencias y 35 peritos que están trabajando en la zona, hoy reforzamos con 10 que están trabajando en las fosas”, agregó el mando policiaco.
En el lugar se cuenta con la colaboración de la Policía Federal, así como de elementos del Ejército mexicano, por lo que las investigaciones continuarán, detalló Zerón de Lucio.
Edil busca amparo. Aunque el presidente municipal de Iguala obtuvo el 6 de octubre pasado una suspensión provisional contra una posible orden de localización o privación de la libertad ante el Juzgado Primero de Amparo del Distrito Federal, la PGR busca que comparezca.
“Tengan la seguridad de que el objetivo es detener a todas las personas relacionadas, incluyendo que se presenten como testigos José Luis Abarca, presidente municipal, su esposa y otros funcionarios municipales. La intención es hacer la investigación bien hecha, el móvil no se puede aún precisar”, explicó Murillo Karam.
El Ministerio Público de la Federación giró orden de localización para que el presidente municipal con licencia, su esposa y el jefe de la policía de Iguala comparezcan ante la SEIDO. Aunque también hay una línea de investigación en este caso, que apunta a delincuencia organizada, por lo que se indaga la posible relación del edil con el cártel de los Beltrán Leyva.
Informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que dio a conocer EL UNIVERSAL, indican que el gobierno federal tiene documentados los nexos de José Luis Abarca con la organización.
De hecho, entre 2011 y 2012 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) estuvo al tanto de versiones de supuestos vínculos de Abarca con el crimen organizado, pero la Secretaría de Gobernación garantizó que no había indagatoria ni señalamiento alguno en su contra, dijo ayer Jesús Zambrano, ex líder nacional del partido.
“Solicité personalmente a Alejandro Poiré, entonces titular de Gobernación, información al respecto, y la respuesta fue que sobre tal persona no tenían ninguna investigación ni señalamiento alguno en ese sentido”, aseguró el político perredista.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
"Los Peques" al servicio de "GUERREROS UNIDOS" agresores de NORMALISTAS
Guerrero.- Los conocen como "Los Peques", las autoridades federales los ubican como una pandilla al servicio del grupo delictivo "Guerreros Unidos", que mantienen el control del narcomenudeo en la zona de Iguala donde policías municipales y sicarios atacaron y se llevaron a 43 normalistas de Ayotzinapa durante la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre.
Informes oficiales consultados por proceso.com indican que este grupo de sicarios salió de la ciudad de Iguala con el respaldo de autoridades de los tres niveles y del Ejército, y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde permanecen escondidos desde hace dos semanas cuando al menos 100 delincuentes se posesionaron del poblado.
Reportes oficiales consultados por este medio señalan que los hermanos Víctor El Oso; Mateo El Gordo y Salvador El Chava Benítez Palacios, propietarios del autolavado Los Peques, ubicado sobre la calle Juan N. Álvarez, participaron junto policías municipales en el ataque y detención de normalistas.
Los informes refieren que esta pandilla está al servicio de los hermanos Ángel, Adrián y Sidronio Casarrubias Salgado, hermanos de Mario Casarrubias, el fundador del grupo delictivo Guerreros Unidos, afincado en Mérida, Querétaro, Iguala y Estado de México.
Mario Casarrubias, oriundo de Teloloapan, fue detenido a mediados de este año y de acuerdo al comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, el control de la organización fue asumido por Salomón Pineda Villa El Molón, cuñado del alcalde perredista de Iguala, que se encuentra prófugo, José Luis Abarca Velázquez.
Pineda Villa fue detenido esta semana tras la masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
A pesar de que las autoridades federales tienen conocimiento de que sicarios al servicio del fundador de Guerreros Unidos se refugiaron en Carrizalillo, hasta el momento no han realizado ninguna rotación en esta zona que se localiza en el denominado “Cinturón de oro” de la región centro de la entidad donde se encuentra afincada la empresa minera Gold Corp, resguardada por militares y policías federales.
La pandilla de Los Peques es señalada por testigos como los responsables de la agresión en contra de normalistas de Ayotzinapa, donde fueron asesinados dos estudiantes, tras un ataque inicial realizado por policías municipales de Iguala.
En ese momento, sicarios y policías municipales se llevaron por la fuerza a decenas de normalistas, quienes hasta el momento siguen desparecidos, refieren los informes oficiales.
fuente: http://www.notinfomex.net/2014/10/los-peques-al-servicio-de-guerreros.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+NotinfomexNarcoviolencia+%28Notinfomex+%7C+Narcoviolencia%29
Informes oficiales consultados por proceso.com indican que este grupo de sicarios salió de la ciudad de Iguala con el respaldo de autoridades de los tres niveles y del Ejército, y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde permanecen escondidos desde hace dos semanas cuando al menos 100 delincuentes se posesionaron del poblado.
Reportes oficiales consultados por este medio señalan que los hermanos Víctor El Oso; Mateo El Gordo y Salvador El Chava Benítez Palacios, propietarios del autolavado Los Peques, ubicado sobre la calle Juan N. Álvarez, participaron junto policías municipales en el ataque y detención de normalistas.
Los informes refieren que esta pandilla está al servicio de los hermanos Ángel, Adrián y Sidronio Casarrubias Salgado, hermanos de Mario Casarrubias, el fundador del grupo delictivo Guerreros Unidos, afincado en Mérida, Querétaro, Iguala y Estado de México.
Mario Casarrubias, oriundo de Teloloapan, fue detenido a mediados de este año y de acuerdo al comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, el control de la organización fue asumido por Salomón Pineda Villa El Molón, cuñado del alcalde perredista de Iguala, que se encuentra prófugo, José Luis Abarca Velázquez.
Pineda Villa fue detenido esta semana tras la masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
A pesar de que las autoridades federales tienen conocimiento de que sicarios al servicio del fundador de Guerreros Unidos se refugiaron en Carrizalillo, hasta el momento no han realizado ninguna rotación en esta zona que se localiza en el denominado “Cinturón de oro” de la región centro de la entidad donde se encuentra afincada la empresa minera Gold Corp, resguardada por militares y policías federales.
La pandilla de Los Peques es señalada por testigos como los responsables de la agresión en contra de normalistas de Ayotzinapa, donde fueron asesinados dos estudiantes, tras un ataque inicial realizado por policías municipales de Iguala.
En ese momento, sicarios y policías municipales se llevaron por la fuerza a decenas de normalistas, quienes hasta el momento siguen desparecidos, refieren los informes oficiales.
fuente: http://www.notinfomex.net/2014/10/los-peques-al-servicio-de-guerreros.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+NotinfomexNarcoviolencia+%28Notinfomex+%7C+Narcoviolencia%29
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
Lo que no queda claro aun es el movil
ORAI- Miembro Honorario
- Cantidad de envíos : 1176
Fecha de inscripción : 02/08/2010 Edad : 37
'Busquen en Carrizalillo a normalistas'
Saltillo/Guerrero.- El aterrador viaje de los 43 normalistas de Ayotzinapa pudo haber tenido su final en algún lugar de la comunidad Carrizalillo, del municipio de Eduardo Neri, en Guerrero, advierten a VANGUARDIA quienes se identificaron como fuentes cercanas a grupos inconformes con el todavía gobernador Ángel Aguirre.
"Sin que signifique nada seguro, pero los agentes federales y militares deberían buscar a los normalistas secuestrados por policías municipales en algún lugar de Carrizalillo. Nos han dicho que unas dos horas después de que sucedió el secuestro en esa zona hubo un movimiento inusual, que de pronto llegaron muchas camionetas sospechosas, muchas negras y típicas de las que usa el crimen organizado, además de algunas pick up", expresó el informante anónimo.
"Eso se supone que ocurrió poco después, entonces por la distancia del lugar y la hora del levantón a los estudiantes, pues podría suponerse que está relacionado. Deben buscar por allí, es en el municipio de Eduardo Neri. Vivos o... pero podrían estar en esa zona".
Aunque ya algunos medios han informado incluso que "Los Peques", un grupo de sicarios al servicio de los "Guerreros Unidos", pueden ser los responsables de la desaparición de los normalistas y que se habrían refugiado en Carrizalillo, hasta el momento ninguna autoridad ha detallado operativos en esa zona.
"Hay algunos lugares en que pueden estar los estudiantes, en cualquier condición en que se encuentren. Carrizalillo es una zona que desde hace mucho tiempo sabemos que es el refugio o la base de esos sicarios", expresó el informante.
"No entendemos por qué entonces no los buscan allí, sobre todo luego de los reportes de que llegaron al lugar muchas camionetas y coinciden con el tiempo del secuestro de los normalistas. Creo que la autoridad está obligada a dar una explicación, sobre todo con lo que acaba de ocurrir en las últimas horas con el Palacio de Gobierno y el paro nacional de estudiantes al que están llamado".
fuente: http://www.vanguardia.com.mx/busquenencarrizalilloanormalistas-2186770.html#.VD1qQdU6_Ps.twitter
"Sin que signifique nada seguro, pero los agentes federales y militares deberían buscar a los normalistas secuestrados por policías municipales en algún lugar de Carrizalillo. Nos han dicho que unas dos horas después de que sucedió el secuestro en esa zona hubo un movimiento inusual, que de pronto llegaron muchas camionetas sospechosas, muchas negras y típicas de las que usa el crimen organizado, además de algunas pick up", expresó el informante anónimo.
"Eso se supone que ocurrió poco después, entonces por la distancia del lugar y la hora del levantón a los estudiantes, pues podría suponerse que está relacionado. Deben buscar por allí, es en el municipio de Eduardo Neri. Vivos o... pero podrían estar en esa zona".
Aunque ya algunos medios han informado incluso que "Los Peques", un grupo de sicarios al servicio de los "Guerreros Unidos", pueden ser los responsables de la desaparición de los normalistas y que se habrían refugiado en Carrizalillo, hasta el momento ninguna autoridad ha detallado operativos en esa zona.
"Hay algunos lugares en que pueden estar los estudiantes, en cualquier condición en que se encuentren. Carrizalillo es una zona que desde hace mucho tiempo sabemos que es el refugio o la base de esos sicarios", expresó el informante.
"No entendemos por qué entonces no los buscan allí, sobre todo luego de los reportes de que llegaron al lugar muchas camionetas y coinciden con el tiempo del secuestro de los normalistas. Creo que la autoridad está obligada a dar una explicación, sobre todo con lo que acaba de ocurrir en las últimas horas con el Palacio de Gobierno y el paro nacional de estudiantes al que están llamado".
fuente: http://www.vanguardia.com.mx/busquenencarrizalilloanormalistas-2186770.html#.VD1qQdU6_Ps.twitter
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Crímenes de Estado no se resuelven con un simple perdón: EPR
MÉXICO, D.F., (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) rechazó el “perdón” del PRD tras la muerte de tres normalistas y la desaparición de 43 más en Iguala, Guerrero, y criticó la consulta ciudadana para determinar la permanencia en el cargo del gobernador Ángel Aguirre.
“Los crímenes de Estado no se resuelven con un simple ‘perdón’, ni mucho menos con ‘consultas ciudadanas’ para decidir si renuncia o se queda el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Eso no es más que demagogia pura y retórica barata, un manotazo de desesperación ante la creciente ira y protesta popular”, precisó el grupo guerrillero en un comunicado.
De acuerdo con el EPR, la sola renuncia de Aguirre resulta insuficiente ante los hechos de violencia en Guerrero, por lo que planteó la necesidad de aplicar de manera urgente protocolos internacionales para la investigación de los hechos en Iguala, a los que calificó como “homicidios de lesa humanidad”.
Los sucesos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala no fueron una “confusión”, sino un “crimen de Estado” que requiere respuestas y no discursos políticos, puntualizó.
Prosiguió: Es “equivocada” la tesis de que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el homicidio de otros se debiera a una “confusión” del crimen organizado.
“Los estudiantes normalistas de todo el país y particularmente los de Ayotzinapa Guerrero no son ni podrían ser delincuentes, ni confundirse con miembros del crimen organizado. Sus tradicionales formas de protesta son inconfundibles para propios y extraños. En Iguala todos sabían que eran estudiantes los que se trasladaban en los autobuses”.
Y recordó que hechos como el homicidio de dos estudiantes en diciembre de 2011 y la masacre de Aguas Blancas en 1995 continúan impunes.
En su comunicado fechado en Guerrero, el EPR reiteró la “exigencia categórica de la presentación con vida de los 43 normalistas” y de otras personas desaparecidas.
“Izamos nuestra voz para decirle al Estado burgués mexicano, sus personeros y apologistas que no les sorprenda cuando el pueblo se haga justicia por cuenta propia, dado que se le viene orillando a ello desde hace décadas”, sentenció el grupo guerrillero.
fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=384707
“Los crímenes de Estado no se resuelven con un simple ‘perdón’, ni mucho menos con ‘consultas ciudadanas’ para decidir si renuncia o se queda el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Eso no es más que demagogia pura y retórica barata, un manotazo de desesperación ante la creciente ira y protesta popular”, precisó el grupo guerrillero en un comunicado.
De acuerdo con el EPR, la sola renuncia de Aguirre resulta insuficiente ante los hechos de violencia en Guerrero, por lo que planteó la necesidad de aplicar de manera urgente protocolos internacionales para la investigación de los hechos en Iguala, a los que calificó como “homicidios de lesa humanidad”.
Los sucesos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala no fueron una “confusión”, sino un “crimen de Estado” que requiere respuestas y no discursos políticos, puntualizó.
Prosiguió: Es “equivocada” la tesis de que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el homicidio de otros se debiera a una “confusión” del crimen organizado.
“Los estudiantes normalistas de todo el país y particularmente los de Ayotzinapa Guerrero no son ni podrían ser delincuentes, ni confundirse con miembros del crimen organizado. Sus tradicionales formas de protesta son inconfundibles para propios y extraños. En Iguala todos sabían que eran estudiantes los que se trasladaban en los autobuses”.
Y recordó que hechos como el homicidio de dos estudiantes en diciembre de 2011 y la masacre de Aguas Blancas en 1995 continúan impunes.
En su comunicado fechado en Guerrero, el EPR reiteró la “exigencia categórica de la presentación con vida de los 43 normalistas” y de otras personas desaparecidas.
“Izamos nuestra voz para decirle al Estado burgués mexicano, sus personeros y apologistas que no les sorprenda cuando el pueblo se haga justicia por cuenta propia, dado que se le viene orillando a ello desde hace décadas”, sentenció el grupo guerrillero.
fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=384707
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Localizan otras cuatro fosas clandestinas en Guerrero
Iguala, Gro.- Policías comunitarios miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) reportaron el hallazgo de cuatro fosas más en el Cerro de la Parota, a cinco kilómetros de Iguala, Guerrero.
El diario Novedades de Acapulco indicó que los policías comunitarios encontraron de fragmentos óseos en las cuatro fosas, continúan con la búsqueda en otros puntos de Iguala.
Indicó que un grupo del gobierno estatal y de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) arribaron a hacer las investigaciones.
Cabe recordar que los policías comunitarios de la UPOEG se unieron la búsqueda a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre.
fuente: http://www.vanguardia.com.mx/localizanotrascuatrofosasclandestinasenguerrero-2186883.html
El diario Novedades de Acapulco indicó que los policías comunitarios encontraron de fragmentos óseos en las cuatro fosas, continúan con la búsqueda en otros puntos de Iguala.
Indicó que un grupo del gobierno estatal y de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) arribaron a hacer las investigaciones.
Cabe recordar que los policías comunitarios de la UPOEG se unieron la búsqueda a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre.
fuente: http://www.vanguardia.com.mx/localizanotrascuatrofosasclandestinasenguerrero-2186883.html
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
“Esto no va a parar, que sepan lo que se viene encima”
La venganza está llamando a las puertas de Guerrero. La desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes de magisterio en Iguala ha desencadenado una oleada de furia de sus compañeros cuyas consecuencias pocos se atreven a prever. Más de 2.000 normalistas procedentes de la vecina Michoacán llegaron este martes a la Escuela Rural de Ayotzinapa para apoyar a sus compañeros en la "lucha" que mantienen abierta para dar con el paradero de los compañeros desaparecidos el pasado 26 de septiembre tras un salvaje enfrentamiento con la policía y sicarios.
Estos refuerzos, aupados por una cadena de solidaridad y de huelgas universitarias, se presentan en vísperas del temido miércoles, la fecha límite dada por los estudiantes a las autoridades para que encuentren a sus camaradas. Si entonces no se ha avanzado, amenazan con desatar su furia. Un anticipo de esta cólera se vio el lunes por la tarde, cuando asaltaron y quemaron sin contemplaciones el Palacio de Gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, la capital. "Lo hicimos para que supieran lo que va a venir. Esto no va a parar hasta que no demos con nuestros amigos. Han pasado 18 días y no sabemos nada de ellos", afirmó a este periódico uno de los líderes normalistas.
Ante esta bomba de relojería, cuya onda expansiva amenaza con salpicar al propio Gobierno federal, las autoridades respondieron con un pretendido golpe de efecto, abatiendo por la noche a tiros a Benjamín Mondragón, un supuesto cabecilla del cartel de Guerreros Unidos, la organización criminal que controla Iguala y cuyos sicarios, infiltrados hasta la médula en las fuerzas de seguridad municipal, participaron en la matanza y secuestro de estudiantes.
La estocada policial, nimia en comparación con la magnitud de la tragedia, apenas tuvo efecto en Chilpancingo. En la desangelada ciudad, hundida bajo un sol de plomo, toda la tensión se concentraba en la inminente demostración de fuerza de los normalistas. A lo largo de las avenidas y edificios principales se apostaban agentes antidisturbios. Pero no era un despliegue de músculo policial, sino más bien de vigilancia a distancia. Con un paso atrás, los agentes evitaban su exhibición. En el caso del Palacio de Gobierno, blanco de la iras de los normalistas, los antidisturbios, entretenidos comiendo fruta, incluso se habían encerrado dentro del recinto, un complejo de siete edificios, de cristales rotos y en cuya fachada principal, como un signo de los tiempos, era bien visible la mordedura del fuego.
Afuera se arremolinaban algunos trabajadores que habían acudido a echar un vistazo, recoger sus papeles o simplemente departir con sus colegas. “Pues ya ve, hoy aquí no se trabaja”, decía un empleado que, como otros, evitaba dar su opinión sobre las desapariciones. Nada extraño en un estado donde el crimen es casi tan común como el mal tiempo. “Y yo qué le voy a decir”, comentaba otro.
El miedo y el silencio. Dos tumores que en los últimos años han avanzado a pasos agigantados en Guerrero. Y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, ven amenazado su imperio. La movilización emprendida por estudiantes y padres, junto al espanto general detonado por las atrocidades de Iguala, han puesto a las autoridades del Estado, el más violento de México, frente a un incendio que difícilmente se apagará. De nada han servido los continuos llamamientos a la calma del gobernador, Ángel Aguirre, ni sus extemporáneas declaraciones señalando que los cadáveres hallados en las fosas no correspondían a normalistas. La incapacidad para identificar con rapidez los cuerpos descubiertos o para aportar una respuesta clara y contundente a un enigma que lleva más de dos semanas hundiendo en el dolor a los padres y compañeros, han hecho estallar la olla a presión. Las consecuencias son difícilmente calculables.
Ya no se trata solo de nuevos ataques, sino de que los estudiantes emprendan una senda de violencia estructurada y continua que hace años abandonaron. De ideología radical, los normalistas han sido durante décadas el principal semillero de las guerrillas del sur. Una tradición venerada, pero que había quedado como un vestigio del pasado, hasta que la muerte y desaparición de sus compañeros les han movilizado como nunca en años. Y si en los primeros días, mientras acompañaban a los padres de las víctimas en las tareas de búsqueda, sus “acciones” no pasaron de cortar carreteras y tomar puestos de peaje; ahora, han escalado en la selección del objetivo y elegido un primer blanco político: el Palacio de Gobierno, el símbolo de los males que para ellos aquejan a Guerrero. Al gobernador le acusan, cuando no de connivencia con el narco, sí de lenidad en su persecución.
Aguirre, llamado El Cacique de la Costa Chica, representa como pocos la adherencia al cargo de ciertos políticos mexicanos. Durante 30 años militó en el PRI, donde disfrutó, como senador, diputado federal y hasta gobernador interino, de las mieles del poder. Pero la decisión de su partido de descartarle como candidato en las pasadas elecciones de 2011, le llevó a pasar con todo su bagaje al PRD (izquierda). Un salto del que, haciendo gala de su enorme conocimiento del terreno, resultó vencedor. Desde entonces, la acelerada descomposición que ha vivido Guerrero ha erosionado fuertemente su figura. Una degradación que la matanza de Iguala ha llevado al extremo.
El propio Aguirre, consciente de que está sentado sobre un polvorín que cualquier mal gesto puede prender, ha evitado verse las caras con los normalistas. Sus declaraciones han adoptado un tono conciliador y atribuido la culpa a otros, concretamente al alcalde de Iguala y su esposa, fugados tras los hechos. Pero su cabeza, es un secreto a voces, es pedida dentro y fuerza de su partido. Él, de momento, se resiste, pese a que la situación se degrada día a día y, en la calle, miles de jóvenes enfurecidos se preparan para tomar venganza.
fuente : http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/14/actualidad/1413250883_179321.html
Estos refuerzos, aupados por una cadena de solidaridad y de huelgas universitarias, se presentan en vísperas del temido miércoles, la fecha límite dada por los estudiantes a las autoridades para que encuentren a sus camaradas. Si entonces no se ha avanzado, amenazan con desatar su furia. Un anticipo de esta cólera se vio el lunes por la tarde, cuando asaltaron y quemaron sin contemplaciones el Palacio de Gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, la capital. "Lo hicimos para que supieran lo que va a venir. Esto no va a parar hasta que no demos con nuestros amigos. Han pasado 18 días y no sabemos nada de ellos", afirmó a este periódico uno de los líderes normalistas.
Ante esta bomba de relojería, cuya onda expansiva amenaza con salpicar al propio Gobierno federal, las autoridades respondieron con un pretendido golpe de efecto, abatiendo por la noche a tiros a Benjamín Mondragón, un supuesto cabecilla del cartel de Guerreros Unidos, la organización criminal que controla Iguala y cuyos sicarios, infiltrados hasta la médula en las fuerzas de seguridad municipal, participaron en la matanza y secuestro de estudiantes.
La estocada policial, nimia en comparación con la magnitud de la tragedia, apenas tuvo efecto en Chilpancingo. En la desangelada ciudad, hundida bajo un sol de plomo, toda la tensión se concentraba en la inminente demostración de fuerza de los normalistas. A lo largo de las avenidas y edificios principales se apostaban agentes antidisturbios. Pero no era un despliegue de músculo policial, sino más bien de vigilancia a distancia. Con un paso atrás, los agentes evitaban su exhibición. En el caso del Palacio de Gobierno, blanco de la iras de los normalistas, los antidisturbios, entretenidos comiendo fruta, incluso se habían encerrado dentro del recinto, un complejo de siete edificios, de cristales rotos y en cuya fachada principal, como un signo de los tiempos, era bien visible la mordedura del fuego.
Afuera se arremolinaban algunos trabajadores que habían acudido a echar un vistazo, recoger sus papeles o simplemente departir con sus colegas. “Pues ya ve, hoy aquí no se trabaja”, decía un empleado que, como otros, evitaba dar su opinión sobre las desapariciones. Nada extraño en un estado donde el crimen es casi tan común como el mal tiempo. “Y yo qué le voy a decir”, comentaba otro.
El miedo y el silencio. Dos tumores que en los últimos años han avanzado a pasos agigantados en Guerrero. Y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, ven amenazado su imperio. La movilización emprendida por estudiantes y padres, junto al espanto general detonado por las atrocidades de Iguala, han puesto a las autoridades del Estado, el más violento de México, frente a un incendio que difícilmente se apagará. De nada han servido los continuos llamamientos a la calma del gobernador, Ángel Aguirre, ni sus extemporáneas declaraciones señalando que los cadáveres hallados en las fosas no correspondían a normalistas. La incapacidad para identificar con rapidez los cuerpos descubiertos o para aportar una respuesta clara y contundente a un enigma que lleva más de dos semanas hundiendo en el dolor a los padres y compañeros, han hecho estallar la olla a presión. Las consecuencias son difícilmente calculables.
Ya no se trata solo de nuevos ataques, sino de que los estudiantes emprendan una senda de violencia estructurada y continua que hace años abandonaron. De ideología radical, los normalistas han sido durante décadas el principal semillero de las guerrillas del sur. Una tradición venerada, pero que había quedado como un vestigio del pasado, hasta que la muerte y desaparición de sus compañeros les han movilizado como nunca en años. Y si en los primeros días, mientras acompañaban a los padres de las víctimas en las tareas de búsqueda, sus “acciones” no pasaron de cortar carreteras y tomar puestos de peaje; ahora, han escalado en la selección del objetivo y elegido un primer blanco político: el Palacio de Gobierno, el símbolo de los males que para ellos aquejan a Guerrero. Al gobernador le acusan, cuando no de connivencia con el narco, sí de lenidad en su persecución.
Aguirre, llamado El Cacique de la Costa Chica, representa como pocos la adherencia al cargo de ciertos políticos mexicanos. Durante 30 años militó en el PRI, donde disfrutó, como senador, diputado federal y hasta gobernador interino, de las mieles del poder. Pero la decisión de su partido de descartarle como candidato en las pasadas elecciones de 2011, le llevó a pasar con todo su bagaje al PRD (izquierda). Un salto del que, haciendo gala de su enorme conocimiento del terreno, resultó vencedor. Desde entonces, la acelerada descomposición que ha vivido Guerrero ha erosionado fuertemente su figura. Una degradación que la matanza de Iguala ha llevado al extremo.
El propio Aguirre, consciente de que está sentado sobre un polvorín que cualquier mal gesto puede prender, ha evitado verse las caras con los normalistas. Sus declaraciones han adoptado un tono conciliador y atribuido la culpa a otros, concretamente al alcalde de Iguala y su esposa, fugados tras los hechos. Pero su cabeza, es un secreto a voces, es pedida dentro y fuerza de su partido. Él, de momento, se resiste, pese a que la situación se degrada día a día y, en la calle, miles de jóvenes enfurecidos se preparan para tomar venganza.
fuente : http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/14/actualidad/1413250883_179321.html
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Detienen al alcalde de Cocula elementos de la Marina y PF en Guerrero
Elementos de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de la Marina (Semar) detuvieron este lunes al alcalde de Cocula, Guerrero; municipio de la región Norte del estado César Peñaloza Santana, la información fue confirmada esta mañana por el gobernador, Ángel Aguirre Rivero en entrevista con MVS.
De acuerdo a la información en el operativo también fue detenido su secretario de Seguridad Pública, Salvador Bravo Bárcenas, por sus presuntos vínculos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, al que se le adjudica los hechos de violencia de Iguala, de la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre con un saldo de 6 muertos, 25 lesionados y 43 normalistas desaparecidos.
En una entrevista con medios en Chilpancingo, el 2 de mayo del 2014 el vocero del Ejecutivo del estado José Villanueva Manzanárez anticipó que se llevarían a cabo detenciones, porque el gobierno federal había iniciado investigaciones contra alcaldes de los 81 municipios del estado por sus posibles nexos con la delincuencia organizada.
Villanueva Manzanares, afirmó que la investigación que en febrero anunció que el gobierno federal realizaría contra los 81 alcaldes de Guerrero por sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, que incluía también a funcionarios de los tres niveles de gobierno y legisladores.
De acuerdo a fuentes gubernamentales, el alcalde de Cocula va en calidad de testigo, para que aporte elementos en torno a la información que conoce sobre el grupo. Fueron detenidos en el operativo, otros 13 elementos policiacos municipales.
fuente : http://www.notinfomex.net/2014/10/detienen-al-alcalde-de-cocula-elementos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+NotinfomexNarcoviolencia+%28Notinfomex+%7C+Narcoviolencia%29
De acuerdo a la información en el operativo también fue detenido su secretario de Seguridad Pública, Salvador Bravo Bárcenas, por sus presuntos vínculos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, al que se le adjudica los hechos de violencia de Iguala, de la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre con un saldo de 6 muertos, 25 lesionados y 43 normalistas desaparecidos.
En una entrevista con medios en Chilpancingo, el 2 de mayo del 2014 el vocero del Ejecutivo del estado José Villanueva Manzanárez anticipó que se llevarían a cabo detenciones, porque el gobierno federal había iniciado investigaciones contra alcaldes de los 81 municipios del estado por sus posibles nexos con la delincuencia organizada.
Villanueva Manzanares, afirmó que la investigación que en febrero anunció que el gobierno federal realizaría contra los 81 alcaldes de Guerrero por sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, que incluía también a funcionarios de los tres niveles de gobierno y legisladores.
De acuerdo a fuentes gubernamentales, el alcalde de Cocula va en calidad de testigo, para que aporte elementos en torno a la información que conoce sobre el grupo. Fueron detenidos en el operativo, otros 13 elementos policiacos municipales.
fuente : http://www.notinfomex.net/2014/10/detienen-al-alcalde-de-cocula-elementos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+NotinfomexNarcoviolencia+%28Notinfomex+%7C+Narcoviolencia%29
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
La policía de Cocula, como la de Iguala, también servía a “Guerreros Unidos”
Confesaron su participación en los hechos del 26 de septiembre; aceptaron que recibieron al grupo de estudiantes y posteriormente los entregaron en los límites entre los municipios de Iguala y de Cocula, al grupo delincuencial de la zona.
A 15 minutos de Iguala, la policía municipal de Cocula también servía al grupo criminal Guerreros Unidos.
El martes, fueron detenidos 14 elementos de dicha corporación, quienes confesaron haber participado en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.
Asimismo, el alcalde de ese municipio César Miguel Peñaloza declaró en calidad de testigo, al igual que el director de Seguridad Pública de esa localidad.
Otro detenido ayer es un empleado administrativo de la policía de Cocula, quien falsificó las bitácoras de las patrullas para ocultar que los elementos habían ido a Iguala; para ello cambió la cromática de los números a los vehículos oficiales para que no fueran identificados.
Con las recientes detenciones, suman casi 50 detenidos por los hechos del 26 de septiembre; 22 de ellos policías de Iguala y 14 de Cocula, así como el referido empleado de este último municipio.
“Independientemente de tener ya cerca de 50 detenidos, lo que tenemos hasta este momento son: los operadores que se encargaron de la detención y del traslado hasta entregarlos al grupo delictivo… se dicen Guerreros Unidos. La intención de la procuraduría es consignarlos, porque la ley nos obliga a hacerlo de inmediato, y continuar con la averiguación para detener a los que nos falten de autores materiales o participantes en la operación pero fundamentalmente a los que son los autores intelectuales. Las líneas de investigación que nos abren estas detenciones nos acercan mucho más a esta posibilidad. El propósito central y fundamental es encontrar a los hoy desaparecidos, pero junto con esto y de manera importante se trata de encontrar también a los autores intelectuales de un acto que nos lastima a todos”, dijo el procurador Jesús Murillo Karam.
“Yo creo que aquí y esa es la idea por la que estamos consignando por delincuencia organizada a estos policías hay una conjunción, vamos a determinar si es coordinación, si es de subordinación, el tipo de relación existente, pero para mí es claro que trabajaron conjuntamente”, agregó.
Por su parte, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, detalló: “Se identificó a más participantes de estos hechos, logrando en el transcurso de este día (martes) la detención de 14 personas, mismas que han confesado su participación en estos hechos, al aceptar que recibieron al grupo de estudiantes y posteriormente los entregaron entre los límites entre los municipios de Iguala y de Cocula, al grupo delincuencial que opera en la zona y que se autodenomina Guerreros Unidos.
“En este momento se están realizando las labores de investigación y seguimiento por parte de las corporaciones federales con el fin de lograr la detención de nuevos objetivos ya identificados y vinculados directamente a dicho evento. Al momento de estas detenciones se abrieron nuevas líneas de investigación, las cuales están siendo utilizadas para dar con el paradero de los hoy no localizados, así como de los demás restantes responsables y sobre todo de los autores intelectuales. Como resultado de las labores de inteligencia se logró acreditar la intervención de policías del municipio de Cocula, mismos que comparecieron a declarar en su calidad de indiciados y después de confesar su participación dentro del evento, además de otros elementos, se logró comprobar su participación, por los cuales serán consignados en las próximas horas”, adelantó.
Las primeras investigaciones arrojaron que la policía de Iguala era una especie de brazo operativo -”halcones”- del grupo de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos es una escisión del cártel de los Beltrán Leyva y mantienen una disputa por el control territorial de Guerrero con el grupo conocido como Los Rojos.
fuente : http://aristeguinoticias.com/1510/mexico/la-policia-de-cocula-como-la-de-iguala-tambien-servia-a-guerreros-unidos/
A 15 minutos de Iguala, la policía municipal de Cocula también servía al grupo criminal Guerreros Unidos.
El martes, fueron detenidos 14 elementos de dicha corporación, quienes confesaron haber participado en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.
Asimismo, el alcalde de ese municipio César Miguel Peñaloza declaró en calidad de testigo, al igual que el director de Seguridad Pública de esa localidad.
Otro detenido ayer es un empleado administrativo de la policía de Cocula, quien falsificó las bitácoras de las patrullas para ocultar que los elementos habían ido a Iguala; para ello cambió la cromática de los números a los vehículos oficiales para que no fueran identificados.
Con las recientes detenciones, suman casi 50 detenidos por los hechos del 26 de septiembre; 22 de ellos policías de Iguala y 14 de Cocula, así como el referido empleado de este último municipio.
“Independientemente de tener ya cerca de 50 detenidos, lo que tenemos hasta este momento son: los operadores que se encargaron de la detención y del traslado hasta entregarlos al grupo delictivo… se dicen Guerreros Unidos. La intención de la procuraduría es consignarlos, porque la ley nos obliga a hacerlo de inmediato, y continuar con la averiguación para detener a los que nos falten de autores materiales o participantes en la operación pero fundamentalmente a los que son los autores intelectuales. Las líneas de investigación que nos abren estas detenciones nos acercan mucho más a esta posibilidad. El propósito central y fundamental es encontrar a los hoy desaparecidos, pero junto con esto y de manera importante se trata de encontrar también a los autores intelectuales de un acto que nos lastima a todos”, dijo el procurador Jesús Murillo Karam.
“Yo creo que aquí y esa es la idea por la que estamos consignando por delincuencia organizada a estos policías hay una conjunción, vamos a determinar si es coordinación, si es de subordinación, el tipo de relación existente, pero para mí es claro que trabajaron conjuntamente”, agregó.
Por su parte, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, detalló: “Se identificó a más participantes de estos hechos, logrando en el transcurso de este día (martes) la detención de 14 personas, mismas que han confesado su participación en estos hechos, al aceptar que recibieron al grupo de estudiantes y posteriormente los entregaron entre los límites entre los municipios de Iguala y de Cocula, al grupo delincuencial que opera en la zona y que se autodenomina Guerreros Unidos.
“En este momento se están realizando las labores de investigación y seguimiento por parte de las corporaciones federales con el fin de lograr la detención de nuevos objetivos ya identificados y vinculados directamente a dicho evento. Al momento de estas detenciones se abrieron nuevas líneas de investigación, las cuales están siendo utilizadas para dar con el paradero de los hoy no localizados, así como de los demás restantes responsables y sobre todo de los autores intelectuales. Como resultado de las labores de inteligencia se logró acreditar la intervención de policías del municipio de Cocula, mismos que comparecieron a declarar en su calidad de indiciados y después de confesar su participación dentro del evento, además de otros elementos, se logró comprobar su participación, por los cuales serán consignados en las próximas horas”, adelantó.
Las primeras investigaciones arrojaron que la policía de Iguala era una especie de brazo operativo -”halcones”- del grupo de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos es una escisión del cártel de los Beltrán Leyva y mantienen una disputa por el control territorial de Guerrero con el grupo conocido como Los Rojos.
fuente : http://aristeguinoticias.com/1510/mexico/la-policia-de-cocula-como-la-de-iguala-tambien-servia-a-guerreros-unidos/
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Los memorandos de Peña
La película de Guerrero ya la vimos en México, en 1968. Comenzó el 22 de julio en la Ciudadela, cuando los granaderos abusaron de su fuerza para aplacar una gresca entre estudiantes después de un partido de futbol. La de Guerrero empezó la noche del 26 de septiembre pasado, cuando la policía municipal disparó contra normalistas de Ayotzinapa –mataron a tres de ellos y a otras tres personas–, y desde entonces no aparecen 43 estudiantes. En 1968 la descomposición creció durante 72 días y terminó con la represión militar en Tlatelolco. En Guerrero, en 15 días pasó de crisis estatal, a problema nacional, y a escándalo internacional. En todos estos 46 años, el Estado mexicano no aprendió las lecciones de la historia.
En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz recibió información de Gobernación y de la Defensa. Los informes del secretario de Gobernación, Luis Echeverría –que aprovechó la coyuntura para amarrar la candidatura presidencial, y descarrilar a su principal adversario, el secretario de la Presidencia, Emilio Martínez Manatou–, lo inclinó por la solución de la fuerza sobre la negociación. Díaz Ordaz no tuvo información completa y confiable para tomar las decisiones más adecuadas a la solución del conflicto, y se manchó las manos de sangre con la muerte de decenas de personas el 2 de octubre.
El movimiento estudiantil de 1968 es una película en cámara lenta al proyectarse en Guerrero. Un asesinato en Iguala fue manejado torpemente por la autoridad estatal, sumida en la negación de su responsabilidad, pero apoyada por su partido ante la mirada pasiva –en los hechos– del Ejecutivo federal. La lentitud del Ejecutivo para intervenir frontalmente en la solución jurídica y pacífica por la desaparición de 43 normalistas, contrasta con la velocidad con la que crece la oposición a las instituciones. En unos cuantos días, las universidades se sumaron con paros y manifestaciones, los grupos sociales están movilizados, los más radicales desataron la violencia, y la presión internacional le cayó al presidente Enrique Peña Nieto. No existe el factor de la sucesión, pero tampoco le están informando sus colaboradores todo lo que necesita para tomar decisiones.
El presidente está aislado en el Palacio, con información dosificada, incorrecta y descontextualizada. Entre la información falsa está lo relacionado a los hallazgos de las fosas comunes. Le han informado que los cuerpos están calcinados, y que para determinar si su ADN corresponde al de los normalistas, se necesitan casi dos meses de análisis. En primer lugar, no todos los cuerpos están calcinados o descompuestos, como se aprecia en las fotografías de su exhumación. En segundo lugar, la Policía Científica, que depende de la Policía Federal, tiene la tecnología para determinar el ADN en dos horas. La demora en conocer quiénes están en las fosas ha provocado frustración, polarización y violencia.
El presidente recibe todos los días memorandos de una página en donde se describe el estatus del conflicto, los riesgos, las implicaciones, y se hacen recomendaciones. Esos memorandos carecen de información de inteligencia, pues el Cisen, responsable de entregar los insumos a la Oficina de la Presidencia, está obteniendo su información de los periódicos. Todos los días, a las siete de la mañana, los directores de Análisis, Inteligencia, Escuchas, Currículas (las fichas de todas las figuras públicas) y Subversión, se reúnen con el secretario general del Cisen para elaborar el Informe Ejecutivo Diario, conocido como IED.
Lo que revisan es la información de los periódicos de la ciudad de México y a partir de lo que se publica, se determina qué información se incorpora en el reporte para el memorando del presidente. Uno de estos informes fue publicado la semana pasada por El Universal, que contenía lo que se había publicado en la prensa de Guerrero y de la ciudad de México en los 18 últimos meses, sin ningún análisis adicional que diera valor agregado a lo entregado en Los Pinos. Esa información es pública y el material entregado al presidente carece de contexto y adolece, más grave aún, de una jerarquía que dé dimensión al insumo.
Una de las variables que demuestran esa debilidad analítica de los órganos de inteligencia, por ejemplo, es la relacionada a las guerrillas. No existe en ninguno de los reportes un análisis sobre los comunicados de la guerrilla sobre Iguala. Desde el 30 de septiembre al 12 de octubre, son seis comunicados, provenientes de cuatro grupos armados diferentes –incluso rivales entre sí–, cuya frecuencia no se daba desde 2007, cuando el EPR (tres de los actuales están firmados por ellos), giró instrucciones a través de ellos a sus cuadros para colocar explosivos en oleoductos de Pemex por la desaparición de dos de sus dirigentes en Oaxaca. Si al presidente no le han hablado del factor guerrillero en Iguala, menos aún sobre lo que la frecuencia significa.
Los memorandos entregados al presidente no sirven para nada. Si el presidente lee un solo periódico, puede encontrar más información y análisis que lo que le proporcionan sus órganos de inteligencia. Es evidente que si Peña Nieto está tomando decisiones sobre lo que le están informando, van a ser equivocadas y, como en el caso de Díaz Ordaz, serán totalmente fallidas en la solución pacífica del conflicto. Mucho han pagado los gobiernos mexicanos por las malas decisiones de Díaz Ordaz. Cuando menos esto, Peña Nieto no puede soslayar.
fuente : http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-memorandos-de-pena.html?utm_campaign=opinion&utm_source=twitter&utm_medium=raymundo-riva-palacio
En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz recibió información de Gobernación y de la Defensa. Los informes del secretario de Gobernación, Luis Echeverría –que aprovechó la coyuntura para amarrar la candidatura presidencial, y descarrilar a su principal adversario, el secretario de la Presidencia, Emilio Martínez Manatou–, lo inclinó por la solución de la fuerza sobre la negociación. Díaz Ordaz no tuvo información completa y confiable para tomar las decisiones más adecuadas a la solución del conflicto, y se manchó las manos de sangre con la muerte de decenas de personas el 2 de octubre.
El movimiento estudiantil de 1968 es una película en cámara lenta al proyectarse en Guerrero. Un asesinato en Iguala fue manejado torpemente por la autoridad estatal, sumida en la negación de su responsabilidad, pero apoyada por su partido ante la mirada pasiva –en los hechos– del Ejecutivo federal. La lentitud del Ejecutivo para intervenir frontalmente en la solución jurídica y pacífica por la desaparición de 43 normalistas, contrasta con la velocidad con la que crece la oposición a las instituciones. En unos cuantos días, las universidades se sumaron con paros y manifestaciones, los grupos sociales están movilizados, los más radicales desataron la violencia, y la presión internacional le cayó al presidente Enrique Peña Nieto. No existe el factor de la sucesión, pero tampoco le están informando sus colaboradores todo lo que necesita para tomar decisiones.
El presidente está aislado en el Palacio, con información dosificada, incorrecta y descontextualizada. Entre la información falsa está lo relacionado a los hallazgos de las fosas comunes. Le han informado que los cuerpos están calcinados, y que para determinar si su ADN corresponde al de los normalistas, se necesitan casi dos meses de análisis. En primer lugar, no todos los cuerpos están calcinados o descompuestos, como se aprecia en las fotografías de su exhumación. En segundo lugar, la Policía Científica, que depende de la Policía Federal, tiene la tecnología para determinar el ADN en dos horas. La demora en conocer quiénes están en las fosas ha provocado frustración, polarización y violencia.
El presidente recibe todos los días memorandos de una página en donde se describe el estatus del conflicto, los riesgos, las implicaciones, y se hacen recomendaciones. Esos memorandos carecen de información de inteligencia, pues el Cisen, responsable de entregar los insumos a la Oficina de la Presidencia, está obteniendo su información de los periódicos. Todos los días, a las siete de la mañana, los directores de Análisis, Inteligencia, Escuchas, Currículas (las fichas de todas las figuras públicas) y Subversión, se reúnen con el secretario general del Cisen para elaborar el Informe Ejecutivo Diario, conocido como IED.
Lo que revisan es la información de los periódicos de la ciudad de México y a partir de lo que se publica, se determina qué información se incorpora en el reporte para el memorando del presidente. Uno de estos informes fue publicado la semana pasada por El Universal, que contenía lo que se había publicado en la prensa de Guerrero y de la ciudad de México en los 18 últimos meses, sin ningún análisis adicional que diera valor agregado a lo entregado en Los Pinos. Esa información es pública y el material entregado al presidente carece de contexto y adolece, más grave aún, de una jerarquía que dé dimensión al insumo.
Una de las variables que demuestran esa debilidad analítica de los órganos de inteligencia, por ejemplo, es la relacionada a las guerrillas. No existe en ninguno de los reportes un análisis sobre los comunicados de la guerrilla sobre Iguala. Desde el 30 de septiembre al 12 de octubre, son seis comunicados, provenientes de cuatro grupos armados diferentes –incluso rivales entre sí–, cuya frecuencia no se daba desde 2007, cuando el EPR (tres de los actuales están firmados por ellos), giró instrucciones a través de ellos a sus cuadros para colocar explosivos en oleoductos de Pemex por la desaparición de dos de sus dirigentes en Oaxaca. Si al presidente no le han hablado del factor guerrillero en Iguala, menos aún sobre lo que la frecuencia significa.
Los memorandos entregados al presidente no sirven para nada. Si el presidente lee un solo periódico, puede encontrar más información y análisis que lo que le proporcionan sus órganos de inteligencia. Es evidente que si Peña Nieto está tomando decisiones sobre lo que le están informando, van a ser equivocadas y, como en el caso de Díaz Ordaz, serán totalmente fallidas en la solución pacífica del conflicto. Mucho han pagado los gobiernos mexicanos por las malas decisiones de Díaz Ordaz. Cuando menos esto, Peña Nieto no puede soslayar.
fuente : http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-memorandos-de-pena.html?utm_campaign=opinion&utm_source=twitter&utm_medium=raymundo-riva-palacio
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
De 28 cuerpos hallados, ninguno es de jóvenes normalistas: PGR
Gustavo Castillo; Rubicela Morelos y Sergio Ocampo
Reportero y corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2014, p. 3
Peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que ninguno de los 28 cuerpos localizados en las primeras cinco de las 14 fosas clandestinas que se han localizado en el municipio de Iguala, Guerrero, corresponde a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el pasado 27 de septiembre.
‘‘Les puedo decir que (de) las primeras fosas encontradas ya tenemos algunos resultados; les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han dado’’, dijo en conferencia de prensa el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Resaltó que el hecho de que los restos encontrados en las primeras fosas no correspondan a los estudiantes da cuenta del grado de peligrosidad de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Al mismo tiempo, también dijo que el resultado del estudio científico confirma la calidad de secuestrados o no localizados que hasta hoy tienen los estudiantes normalistas.
Acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García; el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y por Rodrigo Archundia, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Murillo Karam dio a conocer avances de las investigaciones que se realizan para localizar a los 43 estudiantes normalistas.
En su turno, Zerón de Lucio informó que fueron aprehendidos 14 elementos de la policía municipal de Cocula, Guerrero, y que éstos reconocieron haber participado en la detención de estudiantes y en su entrega a integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Al día siguiente del secuestro de los normalistas, un funcionario administrativo de la policía de Cocula cambió las bitácoras de operación de las patrullas y actividades de los agentes, además de que se modificaron los números de las unidades para tratar de ocultar su participación en esos hechos.
El procurador Murillo Karam aseguró que en breve los 14 agentes municipales mencionados serán consignados por el delito de secuestro. Detalló que el presidente municipal de Cocula, el priísta César Miguel Peñaloza, y el director de seguridad pública municipal, Salvador Bravo, se encuentran declarando en instalaciones de la PGR, pero no están detenidos.
Ya han sido detenidas 46 personas: 22 son policías del municipio de Iguala, 14 del ayuntamiento de Cocula y 10 civiles, entre ellos varios halcones (vigilantes) de Guerreros Unidos.
El funcionario consideró que ya han sido detenidos la mayoría de quienes llevaron a cabo la privación ilegal de la libertad de los 43 estudiantes, y posteriormente los entregaron (en los límites de los municipios de Iguala y Cocula) a los integrantes de Guerreros Unidos. ‘‘El reto es encontrar a los autores intelectuales de este hecho que nos lastima’’, dijo el procurador.
También informó que el Ministerio Público federal ya prepara una solicitud de orden de aprehensión en contra del alcalde de Iguala (con licencia y prófugo), José Luis Abarca, y el jefe de la policía municipal de ese ayuntamiento, Felipe Flores Velázquez, por delincuencia organizada, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Precisó que se sigue investigando a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes.
Durante la conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones de la procuraduría, se preguntó al procurador acerca del hallazgo realizado por integrantes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg), quienes localizaron la tarde-noche del pasado lunes otras cuatro fosas clandestinas en el punto conocido como La Parota, cerca de Pueblo Viejo, lugar donde se encontraron las primeras (nueve) fosas con cadáveres.
El abogado Manuel Vázquez Quintero, asesor jurídico de los policías comunitarios, indicó que los pobladores de Iguala que han colaborado en la búsqueda de los 43 normalistas fueron quienes les dieron la ubicación de las nuevas fosas clandestinas de La Parota.
Murillo Karam dijo que ya están trabajando en esos entierros ilegales, pero todavía se desconoce el resultado de los primeros trabajos periciales.
En ese contexto, dio a conocer que la PGR ya atrajo la investigación del homicidio de Arturo Hernández Cardona, una vez que se obtuvieron datos que vinculan ese hecho con la delincuencia organizada, aunque no informó si también se ejercitará acción penal en contra del alcalde con licencia de Iguala.
En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que la Policía Federal ha desplegado –incluyendo personal de la Gendarmería– 896 elementos en el estado de Guerrero, los cuales llevan a cabo labores de inteligencia, investigación, seguridad pública y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Del total de agentes federales, 300 son los que participan directamente en acciones de búsqueda de los estudiantes ausentes, y para ello se han integrado cuatro brigadas en las que también colaboran personal de la Procuraduría General de la República, ciudadanos y autoridades locales.
La búsqueda se llevará a cabo en municipios como Iguala, Ixtla, Cuetzala, Tixtla y Huitzuco. De igual manera, se han llevado a cabo 252 patrullajes en esos municipios.
fuente : http://www.jornada.unam.mx/2014/10/15/politica/003n1pol
Reportero y corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2014, p. 3
Peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que ninguno de los 28 cuerpos localizados en las primeras cinco de las 14 fosas clandestinas que se han localizado en el municipio de Iguala, Guerrero, corresponde a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el pasado 27 de septiembre.
‘‘Les puedo decir que (de) las primeras fosas encontradas ya tenemos algunos resultados; les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han dado’’, dijo en conferencia de prensa el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Resaltó que el hecho de que los restos encontrados en las primeras fosas no correspondan a los estudiantes da cuenta del grado de peligrosidad de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Al mismo tiempo, también dijo que el resultado del estudio científico confirma la calidad de secuestrados o no localizados que hasta hoy tienen los estudiantes normalistas.
Acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García; el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y por Rodrigo Archundia, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Murillo Karam dio a conocer avances de las investigaciones que se realizan para localizar a los 43 estudiantes normalistas.
En su turno, Zerón de Lucio informó que fueron aprehendidos 14 elementos de la policía municipal de Cocula, Guerrero, y que éstos reconocieron haber participado en la detención de estudiantes y en su entrega a integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Al día siguiente del secuestro de los normalistas, un funcionario administrativo de la policía de Cocula cambió las bitácoras de operación de las patrullas y actividades de los agentes, además de que se modificaron los números de las unidades para tratar de ocultar su participación en esos hechos.
El procurador Murillo Karam aseguró que en breve los 14 agentes municipales mencionados serán consignados por el delito de secuestro. Detalló que el presidente municipal de Cocula, el priísta César Miguel Peñaloza, y el director de seguridad pública municipal, Salvador Bravo, se encuentran declarando en instalaciones de la PGR, pero no están detenidos.
Ya han sido detenidas 46 personas: 22 son policías del municipio de Iguala, 14 del ayuntamiento de Cocula y 10 civiles, entre ellos varios halcones (vigilantes) de Guerreros Unidos.
El funcionario consideró que ya han sido detenidos la mayoría de quienes llevaron a cabo la privación ilegal de la libertad de los 43 estudiantes, y posteriormente los entregaron (en los límites de los municipios de Iguala y Cocula) a los integrantes de Guerreros Unidos. ‘‘El reto es encontrar a los autores intelectuales de este hecho que nos lastima’’, dijo el procurador.
También informó que el Ministerio Público federal ya prepara una solicitud de orden de aprehensión en contra del alcalde de Iguala (con licencia y prófugo), José Luis Abarca, y el jefe de la policía municipal de ese ayuntamiento, Felipe Flores Velázquez, por delincuencia organizada, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Precisó que se sigue investigando a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes.
Durante la conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones de la procuraduría, se preguntó al procurador acerca del hallazgo realizado por integrantes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg), quienes localizaron la tarde-noche del pasado lunes otras cuatro fosas clandestinas en el punto conocido como La Parota, cerca de Pueblo Viejo, lugar donde se encontraron las primeras (nueve) fosas con cadáveres.
El abogado Manuel Vázquez Quintero, asesor jurídico de los policías comunitarios, indicó que los pobladores de Iguala que han colaborado en la búsqueda de los 43 normalistas fueron quienes les dieron la ubicación de las nuevas fosas clandestinas de La Parota.
Murillo Karam dijo que ya están trabajando en esos entierros ilegales, pero todavía se desconoce el resultado de los primeros trabajos periciales.
En ese contexto, dio a conocer que la PGR ya atrajo la investigación del homicidio de Arturo Hernández Cardona, una vez que se obtuvieron datos que vinculan ese hecho con la delincuencia organizada, aunque no informó si también se ejercitará acción penal en contra del alcalde con licencia de Iguala.
En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que la Policía Federal ha desplegado –incluyendo personal de la Gendarmería– 896 elementos en el estado de Guerrero, los cuales llevan a cabo labores de inteligencia, investigación, seguridad pública y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Del total de agentes federales, 300 son los que participan directamente en acciones de búsqueda de los estudiantes ausentes, y para ello se han integrado cuatro brigadas en las que también colaboran personal de la Procuraduría General de la República, ciudadanos y autoridades locales.
La búsqueda se llevará a cabo en municipios como Iguala, Ixtla, Cuetzala, Tixtla y Huitzuco. De igual manera, se han llevado a cabo 252 patrullajes en esos municipios.
fuente : http://www.jornada.unam.mx/2014/10/15/politica/003n1pol
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
FORENSES argentinos refutan a la PGR: No identifican aún cuerpos de fosas de Iguala
Iguala, Guerrero.- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas.
“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador (Jesús Murillo Karam), pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias”, informó un portavoz de la organización internacional que trabaja en las identificaciones de restos por invitación de las familias de los jóvenes desaparecidos, los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan.
El experto señaló que, “posiblemente dentro de tres semanas”, puedan dar sus resultados.
Esta información se da luego de que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero –descubierto gracias a la búsqueda de policías comunitarias– apenas iniciaron los trabajos de excavación.
En tanto, el portavoz de la organización mencionó que el equipo de 11 expertos de distintos países (compuesto por antropólogos, arqueólogos, médicos forenses, criminalistas y balísticos) mencionó que todavía no se procesan los restos tomados a los cuerpos.
“Hemos tomado muestras a las familias, estamos todavía en análisis de los restos y el laboratorio con el que trabajamos ese es el tiempo que tiene”, señaló en entrevista telefónica.
El laboratorio que el equipo utiliza está en Virginia, Estados Unidos.
“Somos peritos independientes y las familias están informadas de que ese es el tiempo que tenemos para dar resultados. Eso lo hemos hablado con ellos. Nosotros no vamos a abandonar todo y no nos iremos sin concretar”, dijo.
El portavoz no es identificado por cuestión de seguridad, ya que el equipo está trabajando en Guerrero, pero a nombre del grupo informó que únicamente tuvieron acceso a las muestras de los 28 cadáveres encontrados en las primeras cinco fosas descubiertas el sábado 4.
Cabe destacar que la Fiscalía de Guerrero había informado que eran seis fosas, pero seis días después la PGR desmintió la información y mencionó que eran cinco. Nunca explicaron la confusión.
El equipo de expertos internacionales, sin embargo, nunca tuvo acceso a los cuerpos del segundo grupo de cuatro fosas, cuyo hallazgo fue anunciado ante la prensa por Murillo Karam –antes de informar a las familias–, quien hasta detalló que los cuerpos fueron calcinados por lo que compartían el modus operandi de los 28 encontrados previamente.
Los reporteros y fotógrafos que hicieron guardia afuera del segundo grupo de fosas pudieron notar cierto nerviosismo de personal de PGR, que parecía no encontrar las fosas como las había descrito el procurador y ni siquiera podían ubicar la cuarta fosa anunciada. En esa ocasión bloquearon el acceso a los peritos de la Procuraduría estatal. Los peritos argentinos tampoco pudieron tener acceso a la zona.
El EAAF no quiso calificar las declaraciones de Murillo Karam descartando por completo que los restos analizados sean de los normalistas.
“Las noticias nos llegan medio cortadas hasta este lugar. El procurador habló únicamente de los 28 y nuestro tiempo sería ese (las tres semanas). Sabemos lo que ha dicho, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y no queremos que las familias crean que vamos a abandonar”, ofreció.
“Las otras (fosas) las descartó el propio gobierno antes de que nosotros pudiéramos saber nada, nosotros en ésas no trabajamos”.
Consultado sobre las denuncias que hicieron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de que el gobierno mexicano ha obstaculizado la participación del equipo argentino, el entrevistado mencionó: “Está mejor (la relación), mucho mejor, siempre hay como cierta animosidad pero sí ha estado mejor”.
El sábado anterior, proceso.com.mx había informado que a la misma hora que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presumía su colaboración con el EAAF, los expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran excluidos de una reunión con el gobierno federal.
“Ha habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó entonces el abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, en entrevista. “No se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo haciendo los trabajos”.
El equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos humanos en países donde han ocurrido violaciones masivas a derechos humanos, como Argentina en tiempos de la dictadura, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Perú, Bosnia, Kosovo, Croacia, Sierra Leona, Irak y, en años recientes en México, por los asesinatos de mujeres en Juárez, Chihuahua, y en las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Según el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo argentino en la identificación de cadáveres, en realidad impidieron a los extranjeros hacer su trabajo.
“No se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia, y cuando se destrabó el punto no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”, dijo.
“Fueron dos días de martirio y complicaciones, y hasta el tercer día se normalizó” la situación, explicó.
Por esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No tuvieron oportunidad de participar en eso”.
“El obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.
El viernes 10 Amnistía denunció a través de un comunicado que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.
Según la información recabada por AI, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el comunicado.
fuente: http://www.notinfomex.net/2014/10/forenses-argentinos-refutan-la-pgr-no.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+NotinfomexNarcoviolencia+%28Notinfomex+%7C+Narcoviolencia%29
“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador (Jesús Murillo Karam), pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias”, informó un portavoz de la organización internacional que trabaja en las identificaciones de restos por invitación de las familias de los jóvenes desaparecidos, los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan.
El experto señaló que, “posiblemente dentro de tres semanas”, puedan dar sus resultados.
Esta información se da luego de que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero –descubierto gracias a la búsqueda de policías comunitarias– apenas iniciaron los trabajos de excavación.
En tanto, el portavoz de la organización mencionó que el equipo de 11 expertos de distintos países (compuesto por antropólogos, arqueólogos, médicos forenses, criminalistas y balísticos) mencionó que todavía no se procesan los restos tomados a los cuerpos.
“Hemos tomado muestras a las familias, estamos todavía en análisis de los restos y el laboratorio con el que trabajamos ese es el tiempo que tiene”, señaló en entrevista telefónica.
El laboratorio que el equipo utiliza está en Virginia, Estados Unidos.
“Somos peritos independientes y las familias están informadas de que ese es el tiempo que tenemos para dar resultados. Eso lo hemos hablado con ellos. Nosotros no vamos a abandonar todo y no nos iremos sin concretar”, dijo.
El portavoz no es identificado por cuestión de seguridad, ya que el equipo está trabajando en Guerrero, pero a nombre del grupo informó que únicamente tuvieron acceso a las muestras de los 28 cadáveres encontrados en las primeras cinco fosas descubiertas el sábado 4.
Cabe destacar que la Fiscalía de Guerrero había informado que eran seis fosas, pero seis días después la PGR desmintió la información y mencionó que eran cinco. Nunca explicaron la confusión.
El equipo de expertos internacionales, sin embargo, nunca tuvo acceso a los cuerpos del segundo grupo de cuatro fosas, cuyo hallazgo fue anunciado ante la prensa por Murillo Karam –antes de informar a las familias–, quien hasta detalló que los cuerpos fueron calcinados por lo que compartían el modus operandi de los 28 encontrados previamente.
Los reporteros y fotógrafos que hicieron guardia afuera del segundo grupo de fosas pudieron notar cierto nerviosismo de personal de PGR, que parecía no encontrar las fosas como las había descrito el procurador y ni siquiera podían ubicar la cuarta fosa anunciada. En esa ocasión bloquearon el acceso a los peritos de la Procuraduría estatal. Los peritos argentinos tampoco pudieron tener acceso a la zona.
El EAAF no quiso calificar las declaraciones de Murillo Karam descartando por completo que los restos analizados sean de los normalistas.
“Las noticias nos llegan medio cortadas hasta este lugar. El procurador habló únicamente de los 28 y nuestro tiempo sería ese (las tres semanas). Sabemos lo que ha dicho, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y no queremos que las familias crean que vamos a abandonar”, ofreció.
“Las otras (fosas) las descartó el propio gobierno antes de que nosotros pudiéramos saber nada, nosotros en ésas no trabajamos”.
Consultado sobre las denuncias que hicieron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de que el gobierno mexicano ha obstaculizado la participación del equipo argentino, el entrevistado mencionó: “Está mejor (la relación), mucho mejor, siempre hay como cierta animosidad pero sí ha estado mejor”.
El sábado anterior, proceso.com.mx había informado que a la misma hora que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presumía su colaboración con el EAAF, los expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran excluidos de una reunión con el gobierno federal.
“Ha habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó entonces el abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, en entrevista. “No se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo haciendo los trabajos”.
El equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos humanos en países donde han ocurrido violaciones masivas a derechos humanos, como Argentina en tiempos de la dictadura, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Perú, Bosnia, Kosovo, Croacia, Sierra Leona, Irak y, en años recientes en México, por los asesinatos de mujeres en Juárez, Chihuahua, y en las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Según el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo argentino en la identificación de cadáveres, en realidad impidieron a los extranjeros hacer su trabajo.
“No se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia, y cuando se destrabó el punto no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”, dijo.
“Fueron dos días de martirio y complicaciones, y hasta el tercer día se normalizó” la situación, explicó.
Por esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No tuvieron oportunidad de participar en eso”.
“El obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.
El viernes 10 Amnistía denunció a través de un comunicado que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.
Según la información recabada por AI, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el comunicado.
fuente: http://www.notinfomex.net/2014/10/forenses-argentinos-refutan-la-pgr-no.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+NotinfomexNarcoviolencia+%28Notinfomex+%7C+Narcoviolencia%29
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
“Aguirre me pidió ligar a los normalistas con el EPR, para ir por ellos”, acusa ex Secretario
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Pioquinto Damián Huato, ex Secretario de Educación de Guerrero, dijo que Ángel Heladio Aguirre Rivero le pidió, cuando era Gobernador interino del estado, que acusará a los normalistas de Ayotzinapa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de ser guerrilleros para poder encarcelarlos “por el odio que les tiene”. Aguirre fue Gobernador sustituto entre 1996 y 1999, luego de que el Congreso estatal destituyera a Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas, cuando 17 campesinos fueron ejecutados por policías. Figueroa Alcocer y Aguirre aparecieron juntos en una cena de gala el año pasado. “El Gobernador me pidió una vez que acusara ante la Procuraduría a los normalistas de ser guerrilleros de la EPR, me pidió que los encarcelara y que les fundara delitos. Ese odio lo ha permeado a toda la sociedad”, dijo Damián Huato en entrevista para la primera emisión de Noticias MVS que conduce Carmen Aristegui. El ex titular de Educación Pública también habló sobre la probable responsabilidad del Aguirre Rivero en el caso Iguala. ”No tengo duda, no puedo comprobarlo, pero es una hipótesis por el conocimiento que tengo” que él ordenó la desaparición y ataques contra normalistas.
Damián Huato dijo que el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ”seguramente recibió la orden y la ejecutó. Si son miembros de un cártel, actúan hasta recibir orden”. Refirió que al Edil se le dejó ir “porque sabe muchísimo”. A inicios de este año, Pioquinto Damián Huato, ex representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, fue atacado por sujetos armados luego de asistir a una reunión con policías comunitarios. En la agresión falleció su nuera, Laura Rosas, y su hijo Valter Damián fue herido. El ex representante empresarial dijo en ese entonces que el Alcalde priista de esa ciudad, Mario Moreno Arcos, fue el responsable del atentado. Damian Huato ha dicho en reiteradas ocasiones que esto se debió porque el Edil tiene vínculos con el crimen organizado. Ayer el Gobernador Aguirre Rivero reconoció que en varios municipios del estado el crimen organizado está coludido con las autoridades. Al respecto, el ex funcionario estatal dijo que el mandatario tiene facultades legales para intervenir en cualquier Ayuntamiento donde halla una crisis de inseguridad o una crisis de funcionamiento.
fuente : http://www.sinembargo.mx/15-10-2014/1143729
Damián Huato dijo que el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ”seguramente recibió la orden y la ejecutó. Si son miembros de un cártel, actúan hasta recibir orden”. Refirió que al Edil se le dejó ir “porque sabe muchísimo”. A inicios de este año, Pioquinto Damián Huato, ex representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, fue atacado por sujetos armados luego de asistir a una reunión con policías comunitarios. En la agresión falleció su nuera, Laura Rosas, y su hijo Valter Damián fue herido. El ex representante empresarial dijo en ese entonces que el Alcalde priista de esa ciudad, Mario Moreno Arcos, fue el responsable del atentado. Damian Huato ha dicho en reiteradas ocasiones que esto se debió porque el Edil tiene vínculos con el crimen organizado. Ayer el Gobernador Aguirre Rivero reconoció que en varios municipios del estado el crimen organizado está coludido con las autoridades. Al respecto, el ex funcionario estatal dijo que el mandatario tiene facultades legales para intervenir en cualquier Ayuntamiento donde halla una crisis de inseguridad o una crisis de funcionamiento.
fuente : http://www.sinembargo.mx/15-10-2014/1143729
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Hallan 6 fosas MÁS en IGUALA
El líder de la Upoeg, Crisóforo Díaz, informó que fueron localizadas seis fosas en diversas colonias de Lomas de Zapatero a unos cinco kilómetros de la cabecera municipal, al poniente del municipio de Iguala.
En entrevista, el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) dio a conocer que dos de ellas estaba nuevas y cuatro más tenían restos humanos, aunque no precisó el número de cadáveres.
"El día hoy encontramos seis, cuatro tapadas y dos para uso reciente, es decir nuevas, apenas las iban a utilizar", mencionó.
El grupo de búsqueda integrado por 37 personas, destapó tres tumbas. En una de ellas se sustrajo cabello humano y huaraches. En la segunda se sacó un hueso y un guante. En estas dos, el olor era muy fuerte, por lo que presumieron que en el lugar fueron enterrados cuerpos durante este año o tal vez años atrás.
En la tercera excavación no se localizó ningún resto, sin embargo, los trabajos no fueron detallados como en las dos primeras, debido a que no contaban con el equipo adecuado.
Otros dos hoyos clandestinos fueron localizados, pero estos se encontraban vacíos listos para ser utilizados. La sexta fosa no fue abierta, por lo que se espera regresen mañana para continuar con las excavaciones.
Este hallazgo se suma a las cuatro fosas que fueron localizadas el día de ayer en las que se localizaron restos óseos y ropa de niña.
fuente: http://www.notinfomex.net/2014/10/ultimahora-hallan-6-fosas-mas-en-iguala.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+NotinfomexNarcoviolencia+%28Notinfomex+%7C+Narcoviolencia%29
En entrevista, el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) dio a conocer que dos de ellas estaba nuevas y cuatro más tenían restos humanos, aunque no precisó el número de cadáveres.
"El día hoy encontramos seis, cuatro tapadas y dos para uso reciente, es decir nuevas, apenas las iban a utilizar", mencionó.
El grupo de búsqueda integrado por 37 personas, destapó tres tumbas. En una de ellas se sustrajo cabello humano y huaraches. En la segunda se sacó un hueso y un guante. En estas dos, el olor era muy fuerte, por lo que presumieron que en el lugar fueron enterrados cuerpos durante este año o tal vez años atrás.
En la tercera excavación no se localizó ningún resto, sin embargo, los trabajos no fueron detallados como en las dos primeras, debido a que no contaban con el equipo adecuado.
Otros dos hoyos clandestinos fueron localizados, pero estos se encontraban vacíos listos para ser utilizados. La sexta fosa no fue abierta, por lo que se espera regresen mañana para continuar con las excavaciones.
Este hallazgo se suma a las cuatro fosas que fueron localizadas el día de ayer en las que se localizaron restos óseos y ropa de niña.
fuente: http://www.notinfomex.net/2014/10/ultimahora-hallan-6-fosas-mas-en-iguala.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+NotinfomexNarcoviolencia+%28Notinfomex+%7C+Narcoviolencia%29
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.proceso.com.mx/?p=384584
Denuncian bloqueo a labor de forenses argentinos en fosas de Iguala
Seguir a @marcelaturati
Marcela Turati
12 de octubre de 2014
Estados
Una de las fosas clandestinas halladas en Iguala, Guerrero. Foto: AP / Eduardo Verdugo
Una de las fosas clandestinas halladas en Iguala, Guerrero.
Foto: AP / Eduardo Verdugo
TIXTLA, Gro. (proceso.com.mx).- El sábado, a la misma hora que el gobernador Ángel Aguirre Rivero escenificaba en Iguala, ante la prensa, una teatral reunión con su gabinete en crisis por la desaparición de los 43 normalistas y presumía su colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran excluidos de una reunión con el gobierno federal que a partir de ayer tomó el mando de la búsqueda.
El equipo conformado por expertos independientes llegados de varios países a petición de los estudiantes normalistas y las familias de los desaparecidos, ha tenido que enfrentar diversos obstáculos por parte de autoridades estatales y federales, como había denunciado Amnistía Internacional y ahora denuncia el centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
“Ha habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó el abogado Vidulfo Rosales, de “Tlachinollan”, quien menciona que el último incidente ocurrió ayer.
El bloqueo fue al mediodía, cuando el gobernador anunciaba en el Museo de la Bandera que se inauguraba una segunda etapa de búsqueda de los jóvenes y daba la palabra a los miembros de su gabinete para que informaran el trabajo realizado hasta el momento.
“Tengo fe de que a nuestros jóvenes los encontraremos con vida y esa es y sigue siendo mi prioridad. No descansaremos hasta que regresen cada uno a sus hogares (…) Tengo esperanza y fe que algunos de los cuerpos encontrados en esas fosas no pertenezcan a esos jóvenes”, dijo el gobernador ante los medios.
Al final de la reunión que duró 15 minutos, y para no recibir preguntas de la prensa, sus colaboradores cerraron las cortinas del auditorio, como se hace al final de una función de teatro.
“Estuvo bueno el show”, se escuchó el grito de algún periodista. “Ya se acabó la función de títeres”, gritó uno más. “Qué bueno que ya acabó el circo”, fue otro de los gritos.
Este domingo, un día después de la escenificación, el abogado Montes, en entrevista con Proceso, informó lo que sobre terreno ocurría en realidad.
“No se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo haciendo los trabajos”, dijo en entrevista con Proceso. El EAAF no ha querido dar declaraciones al respecto.
El equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos humanos en países donde han ocurrido violaciones a derechos humanos masivas, como Argentina en tiempos de la dictadura, Bosnia y en años recientes en México, por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Según el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo argentino en la identificación de cadáveres, en realidad les han impedido hacer su trabajo.
“No se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia y cuando se destrabó no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”, dijo.
“Fueron dos días de martirio y complicaciones, hasta el tercer día se normalizó”.
Por esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No tuvieron oportunidad de participar en eso”.
El defensor señaló que el gobierno estatal perdió mucho tiempo para comenzar la búsqueda de los estudiantes. Primero se enfocó en detener a los policías municipales acusados de los asesinatos y la desaparición, y en sus declaraciones, luego encabezó un operativo de búsqueda en la que puso a los padres a preguntar, casa por casa, por el paradero de sus hijos y después mandó a todos los burócratas –desde el barrendero hasta el director de área y los secretarios— a hacer lo mismo.
Pero la búsqueda nunca fue seria, coordinada y con labores de inteligencia. Y a partir del hallazgo de las primeras cinco fosas el gobierno se dedicó a la identificación de cadáveres y dejó la búsqueda en vida. En ese tiempo el gobierno federal se mantuvo omiso.
“Fue su estrategia política anunciar: ‘Ya se encontraron los cuerpos para acabar con la inconformidad de las familias, para decir ‘se acabó el tema Ayotzinapa, se acabó el problema’, pero es una válvula de escape. Ni el gobierno federal ni el estatal saben si los restos son de ellos o no”, dijo en la entrevista.
Criticó también que algunos ministerios públicos no fueron sensibles con la gente. Mencionó el caso de Elizabeth López Peña, titular dentro del estado del área encargada de búsqueda de desaparecidos, por su insensibilidad con la gente –por ejemplo, les negó copia de sus propias declaraciones– y por haber hecho los trámites más tardados para extender el tiempo de la toma de muestras.
“El obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.
El 10 de octubre pasado, Amnistía Internacional denunció a través de un comunicado que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.
Según la información recabada por Amnistía Internacional, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el comunicado.
Aunque la desaparición de los estudiantes ocurrió la noche del 26 de septiembre, el día de hoy un enviado de la Secretaría de Gobernación anunció a las familias reunidas en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que el gobierno federal empezó a hacerse cargo de las investigaciones para dar con el paradero de sus hijos. La tardanza de 16 días desató la indignación de los familiares.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.milenio.com/df/Fosas_Iguala-normalistas_de_Ayotzinapa-Ayotzinapa_Guerrero-alcalde_de_Iguala_0_389961274.html
Alcalde de Iguala será detenido si está en la ciudad: PGJDF
Pese a que el edil cuenta con un recurso que impide su captura, será arrestado porque "los delitos por los que se le busca son graves", dijo el procurador Rodolfo Ríos Garza.
Relacionadas
Noticia Juez otorga suspensión que impide captura de Abarca
Noticia Aprueban juicio para desaforar a alcalde de Iguala
Noticia Dictan orden de presentación contra alcalde de Iguala
Más de CD. de México
Suspensión de actividades.
Escenificación de 'La Llorona' pirata desata la violencia
Los grandes conjuntos habitacionales también tienen problemas por la falta de cajones de aparcamiento.
Administración fraudulenta en 75% de los condominios
Aproximadamente cien personas participan en la marcha.
Familiares de militares piden juicio justo en caso Tlatlaya
Tren rehabilitado del Metro.
Llega Cri-Cri en tren al Metro
Rodolfo Ríos Garza, procurador General de Justicia del DF.
Rodolfo Ríos Garza, procurador General de Justicia del DF. (José Antonio Belmont)
Notimex 13/10/2014 04:39 PM
Ciudad de México
La Policía de Investigación capitalina cuenta con los datos del alcalde con licencia de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y en caso de ser ubicado, será detenido y consignado ante las autoridades que lo requieren, informó el titular de la PJGDF, Rodolfo Ríos Garza.
En conferencia de prensa, explicó que les fue remitida una notificación de suspensión de amparo en favor del presidente municipal con licencia, pero "hay que recordar que los delitos por los que se le buscan son graves".
Si se tuviera conocimiento de la estadía en la ciudad de José Luis Abarca, su esposa o el director de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores Velázquez, serían arrestados y se pondrían a disposición de las autoridades, enfatizó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Cuando se trata de delitos graves, por supuesto que se les detiene y pone a disposición de la autoridad que ordenó su aprehensión y en este caso la suspensión de amparo no es un motivo por el que no se le pueda detener, precisó Ríos Garza.
"Si la Policía de Investigación que está pendiente y tiene los datos de esta persona llegase a localizarlo, por supuesto se daría la detención y la correspondiente puesta a disposición ante la autoridad", abundó el procurador capitalino.
Por último, destacó que no se ha suspendido en la capital la búsqueda en el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Por caso Ayotzinapa, se opone red a firma de acuerdo de seguridad México-Alemania
http://www.proceso.com.mx/?p=384664
Por caso Ayotzinapa, se opone red a firma de acuerdo de seguridad México-Alemania
Seguir a @Yetla33
Yetlaneci Alcaraz
13 de octubre de 2014
Nacional
BERLÍN (apro).- La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exhortó al Parlamento alemán a votar en contra del acuerdo de seguridad que pretenden firmar los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Angela Merkel a finales de este año, luego de considerar que “la cooperación entre las fuerzas de seguridad (mexicanas) y el crimen organizado es directa, y queda ilustrada en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero”.
La red, integrada por 15 organizaciones alemanas, condenó en un comunicado la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y, en ese contexto, consideró inviable la cooperación en materia de seguridad y policial entre ambos países.
“El gobierno alemán se encuentra actualmente en la etapa final de la negociación de un acuerdo de seguridad con México. Éste habrá de firmarse a finales del año por los gobiernos, y el próximo año será decidido por el Parlamento alemán. Este acuerdo incluye que Alemania estaría obligada, bajo determinadas condiciones, a la transmisión de datos personales. Estos datos serían transmitidos a los organismos de seguridad, quienes como puede probarse utilizan métodos de tortura en las cárceles.
“También está planeada, como resultado del acuerdo de seguridad, la cooperación policial entre Alemania y México. Dada la cooperación directa entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, ilustrada una vez más en los hechos ocurridos en Iguala, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos de México rechaza la cooperación en virtud de un acuerdo” en la materia, señala el documento.
De esta forma la red alemana se suma a la condena lanzada el viernes 10 por un grupo de 16 eurodiputados, y el domingo 12 por la delegación de la Unión Europea en México por la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de seis personas el viernes 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.
“Lo que se reprocha es que no se ha cumplido el procedimiento necesario para la búsqueda de los desaparecidos. La Procuraduría General (de la República) no realizó la investigación inmediatamente, sino después de algunos días de lo ocurrido, a pesar de que de acuerdo con la legislación mexicana y en el artículo 28 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, México está obligado a una investigación inmediata. Asimismo, el presidente Peña Nieto comentó lo ocurrido el lunes 6 de octubre, 10 días después de los hechos, en vez de reaccionar inmediatamente con la mayor determinación y utilizando todos los medios de un estado de derecho”, destacó la red de organizaciones.
La Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, además de apoyar a organizaciones mexicanas con iniciativas que difunden su trabajo en Europa, también funciona como interlocutora y realiza tareas de cabildeo tanto en Alemania, dentro del Parlamento alemán, como en Europa, en el Parlamento europeo.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/vive-guerrero-otra-jornada-violenta-47236.html
Guerrero: queman Palacio de Gobierno
Vania Pigeonutt Corresponsal| El Universal
Martes 14 de octubre de 2014
Tweet
En lo que fue una jornada larga y violenta, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y maestros de la CETEG vandalizaron ayer varios edificios públicos e incendiaron el ayuntamiento y parte del Palacio de Gobierno, reteniendo por más de cinco horas a los 3 mil 800 trabajadores y 600 personas que realizaban trámites
politica@eluniversal.com.mx
Chilpancingo, Gro.— La jornada fue larga y violenta. En diferentes momentos, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre, respaldados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) realizaron quemas, pintas y destrozos en edificios públicos; el más afectado fue el Palacio de Gobierno, cuyos trabajadores permanecieron retenidos por más de cinco horas.
No hubo lesionados, y los daños ocasionados aún están pendientes de cuantificarse, dijo el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien anunció que hoy llegará a Chilpancingo un “número importante” de policías estatales del sector antimotín, para reforzar la seguridad.
Mientras, peritos de la Fiscalía General del Estado, acompañados de notarios del gobierno estatal evalúan los daños. De los seis edificios que conforman el sector central del gobierno estatal, que llevan el nombre de cada una de las regiones de Guerrero: Montaña, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Norte y Tierra Caliente, éste último fue el más afectado, en donde todavía a las 21:20 horas cuando inició la conferencia de prensa, bomberos y personal de Protección Civil removía escombros.
Durante la toma del Palacio de Gobierno que duró desde las 11:00 hasta las 17:05 horas, había tres mil 800 trabajadores de la sede y 600 personas que realizaban trámites.
Estallan contra el gobierno. Las protestas comenzaron en el Congreso local, cuando maestros de la CETEG, alrededor del mediodía, mientras se desarrollaban sesiones en la sede legislativa, intentaron entrar al edificio.
Decenas de policías antimotines del estado los esperaban en la explanada; los dos grupos se lanzaron piedras y de la sede sobresalía el humo de dos mantas y documentos que los maestros disidentes habían quemado.
Los profesores, cubiertos del rostro y con los fierros de una carpa que estaba en la explanada, golpearon los escudos de los policías estatales. Con su camioneta derribaron la puerta principal. El humo negro del fuego que prendieron los cetegistas se confundió con el blanco que salía de los extintores que accionaron los policías.
La gresca no duró más que unos diez minutos, y luego los cetegistas protestaron en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), a la que acusan de no hacer nada para resolver el caso.
En la sede del Palacio Legislativo los cetegistas lanzaron su coraje contra los policías antimotines, mientras los diputados instalaban la Comisión de Seguimiento del Caso Iguala, aunque al final salieron por una puerta secreta.
De forma casi simultánea, alrededor de las 11:15 horas, estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia de los desaparecidos, apoyados de carritos de un supermercado, bloquearon los tres accesos al Palacio de Gobierno.
Protestan con fuego. Las consignas no pararon; los ocho autobuses en los que llegaron los papás y normalistas cubiertos en todo momento del rostro, estuvieron estacionados en el Palacio hasta las 18:06 horas, cuando se fueron después de realizar destrozos.
Alrededor de dos mil 500 trabajadores permanecieron retenidos hasta las 14:45 horas, cuando ante la presencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, los normalistas dejaron salir de la sede a mujeres embarazadas, niños, personas discapacitadas y mujeres trabajadoras en general; los hombres permanecieron retenidos hasta las 17:00 horas.
Todo parecía tranquilizarse. Los normalistas y papás estaban alrededor del Palacio de Gobierno, que alberga la mayor parte de las oficinas del sector central, como la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la oficina particular del gobernador; sin embargo, alrededor de las 17:05 horas los hombres que permanecían retenidos intentaron salir y se pelearon con piedras y palos con los normalistas.
Los estudiantes, ante la presencia de policías antimotines y ya sin trabajadores dentro de la sede, lanzaron piedras a los uniformados y quemaron una camioneta de la empresa Bimbo que estaba estacionada frente al Tecnológico de Estudios Superiores de Chilpancingo, mientras grupos de normalistas lanzaban artefactos explosivos y rompían vidrios de los siete edificios que conforman la sede.
El edificio Tierra Caliente, que alberga entre otros al Archivo General del Estado, y el periódico oficial quedaron prácticamente hechos un esqueleto a causa de los cohetones y vidrios rotos lanzados por los normalistas.
Los policías se replegaron y un helicóptero de la Fiscalía General del Estado sobrevoló el área donde bomberos del estado y elementos de Protección Civil tardaban en apagar el fuego.
Poco más de una hora después, los maestros disidentes, que mantienen su “plantón” en la plancha del Zócalo, realizaron destrozos en el Palacio Municipal, accionaron un artefacto explosivo y quemaron parte de los archivos del Registro Civil y de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, llamó a los normalistas a la paz y que no se pierda de vista que el objetivo primordial de la sociedad es encontrar a los estudiantes que se encuentran desaparecidos.
quieren justicia o quieren una excusa para salir con sus mamadas?
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://estadomayor.mx/47804
Guerrero primeros avisos ¿prendió la mecha?
14 de octubre del 2014
Queman Palacio. Foto: EspecialLas imágenes donde aparece la sede del congreso del estado de Guerrero, y el palacio municipal de Chilpancingo, atravesados por llamas y humaredas, dan la vuelta al mundo desde la tarde del lunes 13 de octubre. La protesta de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, por la desaparición de 43 de sus compañeros, frente a la inacción del gobierno que encabeza el perredista Ángel Aguirre Rivero, ya encendió la mecha y activó todas las alertas en el gabinete de seguridad nacional. Los destrozos y quema de varias oficinas alcanzaron la sede de dos poderes cuyos representantes han sido acusados de tener vínculos con el narco.
México, 14 de octubre.- El rostro y la voz de Omar García se volvieron tendencia en redes sociales y en Internet en todo el país, y algunas ciudades de Estados Unidos, desde la segunda semana de octubre. El joven estudiante de primer año de la normal rural de Ayotzinapa, uno de los sobrevivientes del macro secuestro de la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, fue entrevistado por una cadena de televisión estadounidense donde narró cómo logró escapar con otros de sus compañeros después de que asesinaran a tres, y otros 43 fueran plagiados por policías municipales y un comando armado.
En una parte de su relato señala que cuando huían se encontraron con varios militares que realizaban un rondín por la zona centro de Iguala, mientras en la orilla por el rumbo de la carretera que conecta la ciudad con el centro del estado, el grupo armado baleaba otro camión donde viajaban futbolistas y se llevaba en camionetas patrulla a sus compañeros.
Los militares los retuvieron, narró Omar, y los obligaron a no moverse y en caso de recibir llamadas a su teléfono celular, les indicaron que dijeran que estaban bien. El testimonio contradijo la versión que dio el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del batallón 27 con sede en Iguala, quien aseguró al día siguiente que sus hombres no habían participado en los hechos.
“Cuando llegamos a las inmediaciones de la plaza, huyendo de los balazos, el ejército ya estaba patrullando. Nos jalan y nos retienen. Nos decían: ‘Cállense, cállense, ustedes se lo buscaron. Quería ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle, éntrenle y aguántense’. Teníamos miedo, y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no pudimos ni recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero, nos iba diciendo lo que teníamos que decir, básicamente como que encubriéndose. Si podía recibir llamadas para que no se dieran cuenta que los tenemos pero no digas que te tienen los militares, tu di que estas bien, algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas”.
“A partir de ahí, ellos llamaron una ambulancia, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, incluso al compañero que estaba herido, dijeron, le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteando la gravedad del asunto, esa ambulancia nunca llego. Entonces de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a un maestro a cargo del compañero a riesgo de que nos mataran pues por las calles. Porque entre muchos no sabíamos, éramos dos, tres y ya pudimos llegar al hospital general como a las dos y media o tres de la mañana”.
Mensajes a otros “sospechosos”
El presidente municipal de Chilpancingo el priista Mario Moreno Arcos no imaginó que podría tener un día como el del pasado lunes 13 de octubre. Tampoco su colega, el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la comisión de gobierno del congreso del estado. El primero porque un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), irrumpió en palacio municipal causando destrozos y quemando algunos inmuebles. El segundo porque la sede del congreso del estado quedó con los cristales rotos y destrozos y daños diversos por las llamas del incendio. Casualmente ambos han sido vinculados en diferentes momentos, en meses recientes a raíz de la ola violenta que sacude al estado, de tener vínculos con el narco.
A finales de enero pasado en asamblea pública en la comunidad del Ocotito, a las afueras de Chilpancingo, Moreno Arcos fue acusado por el líder de los comerciantes de la capital del estado, el empresario Pioquinto Damián Huato, de proteger a los criminales mientras extorsionan comerciantes y favorecer con permisos ilegales a mafias que venden productos robados en la ciudad.
El día que hizo la denuncia de regreso a la capital del estado, fue atacado a tiros en su vehículo por un comando armado, presuntamente enviado por Moreno Arcos. En el atentado murió Laura Rosas Brito, esposa de Walter Damián Bautista, hijo del dirigente de la Canaco en Chilpancingo.
Bernardo Ortega Jiménez, legislador perredista y ex presidente municipal en Quechultenango, una comunidad en la zona centro sur del estado, encabeza la comisión de gobierno pese a que ha sido señalado de provenir de una familia relacionada al crimen organizado en la región serrana.
El diputado Ortega Jiménez, al igual que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, forma parte de Nueva Izquierda, la corriente conocida como “los Chuchos”, reelecta a principios de mes con Carlos Navarrete en la dirigencia del partido. El legislador es hijo de Celso Ortega Rosas, un individuo al que conocían como “la Ardilla”, y que fuera detenido en el año 2008 acusado de secuestro y asesinato de dos agentes federales, quienes realizaban operaciones encubiertas contra las redes del narco en la zona centro de Guerrero. Obtuvo su libertad pocos años después y en enero del 2011, cuando se encontraba a las afueras de su domicilio en el poblado de Tlanicuilulco, fue asesinado a tiros por hombres armados que llegaron en una camioneta.
Al grupo que fundó su padre los conocen como “los Ardillos”, y son considerados acérrimos enemigos de “los Rojos”, con quienes disputan el corredor que viene de la sierra de Tlapa, pasa por Quechultenango, en dirección a Chilpancingo. Se acusó al diputado perredista Ortega Jiménez, que cuando fue alcalde utilizó a las policías del municipio para labores relacionadas al narco.
La alerta de tiempo atrás
Fue una tarde agitada la del lunes 13 en Chilpancingo. Desde temprano comenzaron las movilizaciones de normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quienes junto a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), marcharon y tomaron las instalaciones del palacio de gobierno y el congreso del estad para exigir la presencia con vida de sus 43 compañeros desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Medios locales informaron que los manifestantes incendiaron también la oficina de finanzas de gobierno, la secretaría de seguridad pública y uno de los edificios del palacio de gobierno. Más tarde un contingente de maestros se dirigió al palacio municipal donde irrumpieron de manera violenta. Antes los inconformes habían incendiado un camión de la empresa Marinela el cual dejaron a mitad de la avenida frente al Tecnológico de Chilpancingo.
La alerta por los disturbios se sumó a la crisis que se vive por la inseguridad en diferentes partes del estado de Guerrero. Mientras el caso de los 43 jóvenes desaparecidos no se ha resuelto, los asesinatos en el puerto de Acapulco siguen en a la alza. El pasado fin de semana se reportó el atentado contra un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey a manos de policías ministeriales. En el ataque resultó herido un joven alemán quien viajaba con el resto de sus compañeros. El hecho desató la condena de la institución que exigió se aclarara el suceso. Horas después la Procuraduría de Justicia de Guerrero anunció la detención “entre 15 y 20” agentes vinculados al caso.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
Mas y mas fosas pero de los estudiantes aun nada
ORAI- Miembro Honorario
- Cantidad de envíos : 1176
Fecha de inscripción : 02/08/2010 Edad : 37
Desaparece escolta de antropólogos argentinos por el caso Iguala
Chilpancingo, Gro., octubre 16 de 2014 (IRZA).-Un escolta de antropólogos forenses de Argentina que participan en la investigación del Caso Iguala, desapareció misteriosamente en esta ciudad capital.
La desaparición del escolta motivó un operativo policiaco para dar con su paradero.
Pero únicamente se logró la localización de la camioneta donde se transportan los antropólogos forenses argentinos.
La camioneta Suburban color azul marino con placas 607-WJH del Distrito Federal, estaba abandonada en la céntrica avenida Álvarez, a unos metros del restaurante La Corte, cerca de la esquina con la calle 18 de Marzo.
Pero cabe señalar que la desaparición del escolta de los antropólogos forenses, se registró desde la noche del miércoles.
Al mediodía de este jueves, el delegado de la dependencia en Guerrero, Salvador Anaya del Carmen, acudió al lugar donde estaba estacionada la Suburban, a constatar las diligencias y, luego, se retiró sin dar ninguna información. (www.agenciairza.com)
fuente: http://www.agenciairza.com/2014/10/desaparece-escolta-de-antropologos-argentinos-por-el-caso-iguala/
La desaparición del escolta motivó un operativo policiaco para dar con su paradero.
Pero únicamente se logró la localización de la camioneta donde se transportan los antropólogos forenses argentinos.
La camioneta Suburban color azul marino con placas 607-WJH del Distrito Federal, estaba abandonada en la céntrica avenida Álvarez, a unos metros del restaurante La Corte, cerca de la esquina con la calle 18 de Marzo.
Pero cabe señalar que la desaparición del escolta de los antropólogos forenses, se registró desde la noche del miércoles.
Al mediodía de este jueves, el delegado de la dependencia en Guerrero, Salvador Anaya del Carmen, acudió al lugar donde estaba estacionada la Suburban, a constatar las diligencias y, luego, se retiró sin dar ninguna información. (www.agenciairza.com)
fuente: http://www.agenciairza.com/2014/10/desaparece-escolta-de-antropologos-argentinos-por-el-caso-iguala/
kibalion777- Señalero
- Cantidad de envíos : 2692
Fecha de inscripción : 24/06/2013
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.proceso.com.mx/?p=384901
Senadores panistas piden formalmente desaparecer poderes en Guerrero
Seguir a @JenaroVillamil
Jenaro Villamil
15 de octubre de 2014
Nacional
El coordinador panista Jorge Luis Preciado y su homólogo priista Emilio Gamboa. Foto: Miguel Dimayuga
El coordinador panista Jorge Luis Preciado y su homólogo priista Emilio Gamboa.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Por unanimidad, los 32 senadores del PAN presentaron este miércoles la solicitud formal para que se decrete la “desaparición de poderes” en Guerrero, en los términos del artículo 76 constitucional y el artículo 2 de su ley reglamentaria.
Al mismo tiempo, los titulares de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República (PGR), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Consejo Nacional de Seguridad Pública, sostuvieron dos encuentros en privado con la Comisión Bicameral y con el grupo plural formado en el Senado para investigar los sucesos en Guerrero.
Antes de iniciar la reunión encabezada por el procurador Jesús Murillo Karam, el coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, hizo pública la solicitud formal de la desaparición de poderes en Guerrero. El documento propone que se someta al pleno del Senado esa posibilidad, basándose en la fracción III del artículo 2 de la ley reglamentaria del artículo 76 constitucional.
Según esa fracción, el Senado puede decretar la desaparición de poderes cuando los titulares de alguno de éstos “estuvieran impedidos físicamente para el ejercicio de sus funciones inherentes al cargo o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”.
El senador del PRI, Omar Fayad, quien encabeza la comisión de investigación, afirmó que ellos no descartan “ninguna posibilidad” sobre los escenarios de Guerrero, incluyendo la desaparición de poderes.
“Estamos a favor de que se llegue al fondo. Somos enemigos de la impunidad”, sentenció el hidalguense, momentos antes de sostener la reunión con sus paisanos Jesús Murillo Karam; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Monte Alejandro Rubido, titular del Consejo Nacional de Seguridad, y Eugenio Imaz, director del Cisen.
Este mismo grupo de funcionarios federales se reunió durante casi tres horas con los legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, encabezada por el senador del PRD, Alejandro Encinas. Por ley, todos los asuntos tratados en este tipo de reuniones son reservados.
Al finalizar el encuentro, Encinas afirmó que hubo un “intercambio de puntos de vista”, que el PAN reiteró su petición sobre la desaparición de poderes y que también se mencionó la petición de que se investigue a los partidos vinculados con el narcotráfico.
Cuestionado sobre la solicitud de desaparición de poderes presentada por el PAN, Encinas consideró que no existe tal desaparición porque hay “un escenario de control federal” en Guerrero, donde la PGR atrajo la investigación de los 43 normalistas desaparecidos, y 900 elementos de la Gendarmería Nacional asumieron el control de Iguala, junto con la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y la Marina.
Por su parte, Monte Alejandro Rubido precisó que durante los últimos 19 días, los elementos de las fuerzas federales han realizado 324 recorridos en busca de los normalistas desaparecidos en Iguala. Y afirmó que, de ser necesario, incrementará el número de elementos de la Gendarmería.
A TODO QUIEN LEA ESTO: esto es una oportunidad unica en nuestra historia: es la oportunidad que estabamos esperando para hacer todo bien NO HABRÁ UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/16/987161
PGR ofrece recompensa; Interpol colabora en el caso Iguala
Intensifican búsqueda de policías implicados en desaparición de normalistas; cae operador financiero de Guerreros Unidos
16/10/2014 06:23 Leticia Robles de la Rosa
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre.- La PGR anunció a legisladores que ofrecerá “recompensas fuertes” para encontrar a los policías municipales prófugos del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con Omar Fayad, presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado, el procurador Jesús Murillo Karam también informó que la Interpol colabora con las autoridades federales, y les señaló que se reforzarán acciones en la zona limítrofe entre Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, identificada como foco rojo de violencia.
Ayer, integrantes del gabinete de seguridad, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunieron a puerta cerrada con senadores y diputados de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para informar sobre avances del caso.
En tanto, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, informó de la detención en Acapulco de Raúl Núñez Salgado, operador financiero del grupo Guerreros Unidos, relacionado con autoridades de Iguala.
Guerreros Unidos quedó disminuído con la muerte de 'El Benjamón'. Aquí toda la imformación
Darán recompensa por caso Iguala
Aseguran que la Interpol ya opera en zona de conflicto.
Integrantes del gabinete de seguridad informaron a senadores y diputados federales que la zona de Tierra Caliente, donde colindan Guerrero, Michoacán y Estado de México, y su cercanía con Morelos, se convirtió en el mayor foco rojo de inseguridad, que la Interpol ya coadyuva en la zona y que la Federación ofrecerá recompensas para localizar a los policías municipales coludidos con el crimen.
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam anunció que la Interpol ya está colaborando para detener a policías vinculados a la delincuencia organizada.
Incluso, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reveló a los legisladores federales que “la hipótesis más evidente es que esto está relacionado con el homicidio de Arturo Hernández Cardona, que era el líder del grupo de normalistas, de varias normales. Que fue asesinado y se dijo siempre que fue el presidente municipal de Iguala”.
Ayer, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, integrantes del Gabinete de Seguridad, se reunieron con los senadores y diputados integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para informarles de los avances en torno a las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Dadas las reglas de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, ninguno de los legisladores federales está autorizado a hacer declaraciones abiertas en torno a lo discutido a puerta cerrada; por eso, el presidente de la Comisión, el perredista Alejandro Encinas, se limitó a decir que esta reunión cumplió con el objetivo por el cual fue convocada.
Además de Osorio Chong, estuvieron el comsionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido; el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz.
Momentos antes de ingresar a la reunión privada, Monte Alejandro Rubido informó que hasta ayer que “como Policía Federal, en la búsqueda de los muchachos, de los estudiantes, hasta el momento nosotros llevamos 324 recorridos hechos y, bueno, seguimos trabajando en eso. La instrucción del Presidente de la República es que el objetivo prioritario es localizar a los muchachos”.
Interrogado sobre el control que tiene la Federación de la seguridad en Iguala, informó que en “el municipio de Iguala, el servicio de Seguridad Pública lo está prestando la Policía Federal, la división de Gendarmería, que ha llegado con un convenio con el cabildo. Hasta el momento, no hemos tenido afortunadamente ningún problema, ningún delito en el municipio de Iguala.
Añadió que “se están siguiendo todas la líneas de investigación. No hemos desechado ninguna de las hipótesis, estamos haciendo recorridos; en algunos casos con familiares, con estudiantes de la propia Normal de Ayotzinapa. Estamos viendo todas las opciones”.
Consultados en torno a lo ocurrido en la reunión privada, legisladores federales explicaron a Excélsior que a pregunta expresa sobre las zonas de mayor riesgo de inseguridad en el país, los integrantes del gabinete de seguridad les precisaron que hay varios, pero que están con el control generado de la coordinación entre la Federación, los gobernadores y los presidentes municipales
Aceptaron, sin embargo, que la zona de Tierra Caliente se convirtió en un foco rojo de mayor prioridad, pues ahí se concentra el mayor nivel de violencia.
También les hablaron de la colaboración que tienen con la población civil, con los padres de familia de los desaparecidos y con organismos de protección de derechos humanos para lograr la localización de los jóvenes, incluso les adelantaron el plan de ofrecer recompensas.
La indagatoria
Al concluir la reunión de la Bicameral de Seguridad Nacional con los integrantes del gabinete de seguridad, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, comió con los senadores que integran el grupo de trabajo formado en el interior de la Comisión de Gobernación del Senado, presidido por Omar Fayad y donde están el perredista Armando Ríos Piter, el panista Fernando Yunes; el verdeecologista Carlos Alberto Puente, la petista Ana Gabriela Guevara, y Mónica Arriola, única senadora de Nueva Alianza.
En entrevista, Omar Fayad confirmó que Tierra Caliente y su cercanía con Morelos es prioridad para el gobierno federal.
—Tengo entendido que uno de los puntos que les planteó Jesús Murillo fue que la Tierra Caliente es la zona de mayor riesgo de seguridad, se le preguntó.
—“Sí. Nos comentó, se comentó en la reunión con el procurador, que esa zona limítrofe entre Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, esta zona de límites de las entidades federativas, pues es un punto importante por parte de la PGR. Nos habló de que están haciendo un esfuerzo importante en esta área; que consideran muy relevante hacer el reforzamiento en el tema de la seguridad y en el despliegue de las autoridades en materia de procuración de justicia.”
Vínculos con criminales
Reveló también que sobre los policías municipales, señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, Murillo afirmó que “ya los estamos deteniendo y son miembros de la delincuencia organizada, y estamos persiguiendo a otros más. Incluso la Interpol está colaborando para esto. Y el día de mañana vamos a ofrecer recompensas fuertes para quienes colaboren a encontrar a quienes estamos buscando”.
Por medio de un comunicado, Fayad dijo que el procurador les dijo que “la hipótesis más evidente es que eso está relacionado con el homicidio de Arturo Hernández, quien era el líder del grupo de normalistas, de varias normales, que fue asesinado, y se dijo siempre que fue el presidente municipal de Iguala”.
Rubido García: la prioridad es localizar a los muchachos
La prioridad nacional y la instrucción presidencial es “localizar a los muchachos” y por ello, hasta este mediodía ya se habían realizado 324 recorridos en el municipio de Iguala y colindantes, con el objetivo de hacer realidad esta meta.
Hay destacados casi 900 elementos de la Policía Federal, de la Gendarmería, pero “si fuera necesario y nos lo instruyen”, aumentará la última cifra, dijo el comsionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García.
Interrogado, previo al inicio de los trabajos de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en donde acompaña al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el funcionario destacó que la Gendarmería se está haciendo cargo de la seguridad pública en Iguala y no se ha tenido ningún delito en esa demarcación. Es más, destacó, “hubo la liberación de una persona secuestrada y cuatro detenidos”.
Monte Alejandro Rubido García ratificó que en el caso Ayotzinapa “se están siguiendo todas las líneas de investigación. No hemos desechado absolutamente ninguna de las hipótesis”.
Recalcó que los recorrridos hasta ahora practicados por la zona —72 en las últimas 24 horas— se han dado con la presencia de familiares y de los mismos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. “Estamos viendo todas las opciones”.
Al final, Rubido García dijo que la instrucción del Presidente de la República es que el “objetivo prioritario es localizar a los muchachos”.
Demandan detalles a Aguirre
En Acapulco la comisión de diputados que investigan el caso Iguala se reunió con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, para que les proporcionara toda la información sobre este tema.
El diputado Guillermo Anaya, quien encabeza la comisión, aseguró que se les entregó todo el material que tiene la procuraduría del Estado, y también se les dio un informe verbal por parte del secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, y por el fiscal general Iñaky Blanco.
De acuerdo con la agenda de trabajos los diputados se reunirán con los padres de familia de los normalistas desaparecidos y también con los deudos. También se entrevistaran con la comisión del Congreso del estado que lleva el caso. La reunión con el gobernador y los funcionarios duró un poco más de cuatro horas.
Aguirre Rivero les mostró las acciones que su gobierno, en coordinación con la Federación, lleva a cabo para encontrar a los normalistas desaparecidos y esclarecer este hecho. El mandatario estatal ratificó que la prioridad en este momento es la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.
En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Guillermo Anaya reconoció en el caso de Iguala hay muchas preguntas en el aire, donde la comunicación con los testigo se ha hecho difícil debido a que desconfían de todo.
El presidente de la Comisión de Seguimiento del caso Ayotzinapa aseguró el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por localizar a los 43 normalistas desaparecido y encontrarlos vivos.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/16/politica/013n1pol
La desaparición de 43 normalistas y la guerra sucia de los 70, crímenes irreparables: Comverdad
Proponen retirar placa conmemorativa de Ejército, pues fue el ejecutor de los delitos
Foto
Telegrama del primero de diciembre de 1971 con la orden del secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, de "exterminar" la guerrilla en Guerrero. El documento es parte del informe de la Comverdad sobre la guerra sucia
Blanche Petrich
Enviada
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2014, p. 13
Chilpancingo, Gro., 15 de octubre.
Por su magnitud, hay crímenes contra el derecho humanitario –como la desaparición de los 43 muchachos de Iguala hace 19 días; como las desapariciones, asesinatos, tortura, "vuelos de la muerte" y militarización de poblados enteros hace 40 años, en Guerrero– donde la reparación del daño a la que el Estado está obligado es imposible de cubrir. "Simplemente no hay modo por la profundidad del daño causado a las víctimas y a la sociedad", afirmó hoy el presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad) para este estado, Enrique González Ruiz, en el informe final del organismo.
En la sala del Tribunal Superior de Justicia, ante representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial –y en ausencia del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que prefirió no asistir–, González Ruiz reclamó que en una entidad como esta, en vilo por la desaparición de 43 estudiantes hoy ya hace 19 días y los hallazgos de numerosas fosas ilegales llenas de cuerpos humanos de desconocidos, no está reconocida como un delito la desaparición forzada.
Por eso los comisionados de Comverdad demandaron que el Congreso estatal se aboque "con urgencia" a reformar el Código Penal local y crear un marco legal para la tipificación del delito de desaparición forzada. Estas modificaciones del Código Penal local deberán ajustarse a los criterios de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que incluye decretar la imprescriptibilidad del delito; la prohibición de incinerar cuerpos de personas que se sospeche puedan estar relacionadas con un caso de desaparición; la sanción a policías que no pongan de inmediato a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas. Prácticas que, según la información que fluye sin cesar en esos días, parecen ser pan de cada día en algunas regiones.
Una vez concluida la labor de la Comverdad, según la ley orgánica de la institución, los organismos de procuración de justicia del Estado deben ejercer acción penal sobre los responsables de los hechos denunciados.
A la sesión asistieron decenas de familiares, principalmente viudas, de desaparecidos de la década de los 70. También varios ex presos en cárceles clandestinas, a quienes el informe aborda como víctimas de desaparición temporal. El informe abordó 409 testimonios de pobladores de comunidades localizadas en 18 rutas identificadas donde se desarrolló el conflicto armado. Se denuncian 512 casos de violaciones al derecho humanitario, "pero no son todas. Faltan muchos que no han hablado. Y faltó mucho trabajo por hacer, que no se pudo agotar por la suspensión del financiamiento", apuntó otro comisionado, Nicomedes Fuentes.
Sobre la reparación del daño posible y concreta, Comverdad señala que las instituciones del Estado responsables de esos hechos está obligadas a aplicar los criterios de la justicia universal para una reparación de las víctimas y la preservación de la memoria histórica.
González Ruiz insistió en que debe hacerse una clara distinción ante la sociedad de quiénes fueron las víctimas y quiénes los victimarios, y demandó que el Congreso del estado guerrerense retire la placa conmemorativa del Ejército mexicano, en virtud de que fue ejecutor de la mayor parte de los casos de violaciones a los derechos humanos. La placa está exhibida en un muro de honor de la sede del Poder Legislativo estatal.
El ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero añadió que "es inaceptable" que existan monumentos y vialidades con los nombres de ex presidentes y gobernadores de ese periodo claramente vinculados con las políticas antisubversivas. El lapso investigado corresponde a las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez y a las gubernaturas de Israel Nogueda Otero y Rubén Figueroa.
El diputado Bernardo Ortega, presente en el acto, se retiró casi inmediatamente después. Abordado por los reporteros sobre la posibilidad de que en efecto sea retirada la placa conmemorativa –que sin duda generaría malestar en el sector castrense– dijo que "se analizará". Y se escabulló. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos guerrerense no asistió a la sesión. Los que sí acudieron fueron numerosos familiares de desaparecidos de aquellas épocas y sobrevivientes, personas que fueron presos en cárceles clandestinas y se salvaron de las desapariciones forzadas.
Otra recomendación reclama que las autoridades expresen una reivindicación pública de las víctimas, ya fallecidas o presentes. Se requiere, mediante documentos y reconocimientos públicos, "devolver su dignidad a miles de personas, no todos guerrilleros, que hasta la fecha cargan con el estigma".
Por su parte, Hilda Navarrete, también comisionada y defensora histórica de los derechos humanos en Coyuca, recordó que lo que sucedió en Guerrero en el pasado “no fue una guerra sucia; ese es un término acuñado por el gobierno. Lo que hubo fue una represión generalizada contra el pueblo pobre, campesino y urbano, del estado”.
Las políticas antisubversivas del Estado, dijo, tampoco terminaron en 1979, sino que continuaron hasta principios de los 80. "Al fallar la justicia y encubrirse los hechos las heridas siguen supurando. Esto ha incubado una gran desconfianza, esa misma desconfianza que llevó a los guerrerenses de aquellos años a tomar las armas por su sed de justicia, una justicia que aun hoy no se conoce".
Comentario
si no fuera por los soldados, ustedes ni siquiera tendrian libertad de expresion, idiotas.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/16/politica/010n2pol
De 22 policías de Iguala detenidos, sólo 2 fueron sujetos al control de confianza
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2014, p. 10
De los 22 policías municipales de Iguala, Guerrero, detenidos como presuntos responsables del ataque y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, sólo dos habían sido sometidos a exámenes de control de confianza.
Los demás uniformados –todos consignados por homicidio– no fueron sometidos a esas pruebas, cuyo propósito es retirar de las corporaciones, o por lo menos relevarlos de funciones estratégicas de seguridad, a quienes no aprueben cinco exámenes: médicos, toxicológicos, sicológicos, de entorno social y polígrafo.
Sin embargo, la mayoría de los policías de Iguala que participaron en los hechos del 26 de septiembre estaban en activo sin haber pasado por las pruebas de control de confianza, que es obligatorio para todos los grupos policiacos y de seguridad del país.
Fuentes del gobierno local consultadas por La Jornada indicaron que Guerrero tiene un índice de 97 por ciento en la evaluación de sus policías. Sin embargo, los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en Iguala ponen en evidencia el grave rezago en la materia.
Incluso, los únicos dos policías evaluados (entre los 22 detenidos por homicidio) sí aprobaron los exámenes y, pese a ello, son probables delincuentes, integrantes de una corporación infiltrada por el crimen organizado, de acuerdo con los resultados preliminares de investigación a cargo de la fiscalía general de Guerrero y de la Procuraduría General de la República.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, informó hace varios días que las autoridades de Iguala, encabezadas por el alcalde José Luis Abarca, no aceptaron someterse al mando único estatal, es decir, quedar bajo las órdenes del secretario de seguridad del estado.
El martes pasado, personal de la PGR, que encabeza Jesús Murillo Karam, detuvo a 14 policías de Cocula, municipio contiguo a Iguala, quienes –precisó el funcionario federal– confesaron haber participado en el secuestro de los normalistas de Ayotzinapa para entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos.
Hasta ayer las fuentes consultadas no tenían información acerca de la evaluación de los policías de Cocula, aunque admitieron que es posible encontrar deficiencias de este tipo no sólo en Guerrero, sino en otras entidades del país.
"El control de confianza es necesario para identificar a quienes no aprueben y, eventualmente, darlos de baja o trasladarlos a otras actividades, por ejemplo, como agentes de tránsito o para cuidar parques y jardines. No se puede correr de un plumazo a todos los reprobados; es necesario analizar cada caso, porque puede haber personal resentido, delincuentes en potencia", añadió el funcionario.
Los estados deben evaluar a todos sus policías a más tardar el 30 de octubre próximo, según los acuerdos nacionales en la materia.
Actualmente hay 39 centros de control de confianza en el país (36 estatales y tres federales). Según las cifras oficiales, casi todos los locales están próximos al ciento por ciento, aunque cada dos o tres años el personal policiaco debe ser revaluado para lograr una depuración efectiva en las corporaciones.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/16/politica/010n1pol
El Ceav pide a PGR conservar lo mejor posible los cadáveres hallados en Iguala
Grupos de peritos argentinos y mexicanos trabajan en la identificación de los restos hallados
Foto
Estudiantes de la Universidad Iberoamericana efectuaron un acto para solidarizarse con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y realizaron un pase de lista de los 43 alumnos desaparecidosFoto @PrensaIbero
Fabiola Martínez y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2014, p. 10
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) aplicar un protocolo especializado para la máxima conservación de los cadáveres hallados en fosas de Guerrero, con la finalidad de cruzar datos genéticos y esclarecer la identidad de las víctimas.
Sin embargo, reconoció Julio Hernández Barros, responsable del comité de personas desaparecidas de la Ceav, México carece de un banco de datos en materia forense. La situación se complica, agregó, porque el rezago es considerable en Guerrero, una de las entidades de mayor retraso en cuanto a la aplicación de la Ley General de Víctimas. "Es una entidad que está en falta", dijo.
El martes pasado, la PGR aseveró que los 28 cuerpos hallados en la primera fosa clandestina, descubierta en Iguala tras el ataque contra normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, no son de los estudiantes desaparecidos.
"No existe una base de datos genéticos en el país, de manera que hay dos graves problemas: por un lado, familiares buscando y, por otro, cuerpos sin reconocer". Son miles de cuerpos no identificados, subrayó Hernández Barros.
Comentó que urge crear una base de datos genéticos y poner en marcha otros mecanismos, como las encuestas elaboradas con metodología de la Cruz Roja Internacional, ante y posmortem, una forma de identificación de cadáveres mediante estudios antropométricos, odontográficos y otros de medicina legal, para un eficaz cruce de datos entre los que buscan con los que son encontrados.
Señaló que es necesario crear "almacenes forenses" con medidas estrictas de preservación; por ejemplo, ubicarlos en subterráneos, protegidos de la luz y no meter los cadáveres en bolsas de plástico, como se hace en la actualidad.
Hernández Barros dijo que independientemente de quiénes sean las víctimas (cadáveres hallados en fosas clandestinas) es necesario identificar de quién se trata y entregarlos a sus familiares.
"A nosotros no nos importa que no sean los estudiantes; para los familiares de los normalistas hay una esperanza de vida, pero en este caso ello no alivia el dolor que significa encontrar esas fosas clandestinas", comentó en entrevista al término de una reunión con funcionarios de la PGR.
Precisó que los familiares de los normalistas no han aceptado el apoyo de la comisión, porque su única preocupación es hallar a los jóvenes.
PGR integra grupos de trabajo
La PGR integra equipos con especialistas argentinos y mexicanos para trabajar en la identificación de los restos que se han encontrado y los que se localicen en las fosas que se hallaron en el municipio de Iguala, Guerrero.
La dependencia también indagará la identidad de los 28 restos inhumados de manera clandestina en cinco fosas, señalaron colaboradores del procurador Murillo Karam.
Los entrevistados mencionaron que integrantes del Equipo Argentino de Antrpología Forense sostuvieron reuniones con mandos de la PGR para establecer mecanismos de trabajo conjunto con los especialistas mexicanos de la Dirección de Servicios Periciales que encabeza la química Sara Mónica Medina Alegría.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.proceso.com.mx/?p=384778
Piden diputados juicio político contra Aguirre; “su gobierno se dedica a balear ciudadanos”: PT
Seguir a @jesusaproceso
Jesusa Cervantes
14 de octubre de 2014
Nacional
Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. Foto: Óscar Alvarado
Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero.
Foto: Óscar Alvarado
MÉXICO, D.F. (apro).- En el ataque, desaparición y muerte a normalistas de Ayotzinapa participaron sicarios y, frente a ese hecho, la PGR “no se ha pronunciado”, reclamaron diputados de la comisión especial establecida para coadyuvar en las investigaciones; además, los legisladores solicitarán juicio político contra Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero.
En rueda de prensa, Lilia Aguilar, integrante de la comisión y diputada por el PT, anunció que someterán a votación la demanda de juicio político contra Aguirre Rivero, no sólo por el atentado contra los normalistas, sino también por la quema de los edificios de gobierno de Guerrero la tarde del lunes 13.
La legisladora detalló que si la comisión no alcanza la mayoría para el juicio político, ella y Manuel Huerta, también del PT, entregarán la solicitud ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
En el caso de los hechos de violencia ocurridos el 26 y 27 de septiembre, y que han sido condenados por diversos países, Lilia Aguilar dijo que en el informe entregado por la comisión ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, a cargo de Jaime Rochín del Rincón, se estableció “que hay sicarios en la desaparición de los estudiantes, está por escrito y la PGR ni siquiera se ha pronunciado sobre el tema”.
La diputada consideró que las policías locales tendrán que ser controladas por el Consejo Nacional de Seguridad “y tomar una determinación de cómo se manejará la seguridad en Guerrero… porque el gobierno del estado definitivamente ya no tiene control ni de la seguridad, y ahora se dedica a balear ciudadanos”.
“Los disturbios que se dan en el Palacio de Gobierno y en el Congreso del estado demuestran que en la entidad no sólo no hay gobernabilidad, sino que además el mandatario ya no puede controlar el estado”, acusó.
También anunció que este miércoles 15 la comisión se reunirá con el gobernador de Guerrero en una “especie de comparecencia”, aunque el lugar, acotó, aún no se ha determinado por seguridad.
Y mientras en el Senado la fracción del PAN solicitó la desaparición de poderes en Guerrero, en San Lázaro el coordinador de los diputados panistas, Isabel Trejo, rechazó la propuesta, pues ello implicaría acabar por desaparecer al Congreso y el Poder Judicial locales.
Trejo dijo que está de acuerdo con la remoción únicamente del gobernador y que se nombre a un interino que concluya los nueve meses que le restan de gestión a Ángel Aguirre Rivero.
Además, definió, ante “el agravamiento de la situación en Guerrero”, el gobierno federal debe actuar pero no con más fuerza bélica, “sino con más inteligencia”.
“Porque es urgente conocer la verdad y que regrese la paz a esa entidad. El pueblo de México quiere saber qué pasó con los estudiantes y qué está sucediendo en materia de seguridad en el estado; las escenas han cimbrado la sensibilidad aquí y en otras partes del mundo”, advirtió el panista Isabel Trejo.
Por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, “canceló” su reunión con la comisión especial para el caso de Ayotzinapa “por motivos de agenda”, por lo que se espera que el lunes 20 se concrete el encuentro con los diputados.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://estadomayor.mx/47852
La indignidad política de Aguirre. Patadas de ahogado contra la Federación
15 de octubre del 2014
México, 15 de octubre.- El primer mandatario no envió a Jesús Murillo Karam a “coadyuvar” con la investigación, para llamarla generosamente, de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, al contrario, fue contundente al afirmar que se harían cargo. Por lo tanto, sentido común, corresponde a esta institución dar a conocer cualquier avance.
Lo menos que puede hacer el todavía gobernador Ángel Aguirre es dejar el espacio correspondiente. En lugar de ello se ha dedicado a dar declaraciones que enturbian todavía más la realidad. De tal forma que el sábado pasado, 11 de octubre, afirmó que algunos de los cuerpos encontrados en las fosas no corresponden a los estudiantes de la Normal.
Y de inmediato fue desmentido por Murillo Karam, con elegancia, asegurando que no tenía remota idea de dónde pudo haber sacado esa versión.
Obvio citar que estas aseveraciones irresponsables agravian todavía más a las familias de los “desaparecidos”. No hay forma de que estén vivos, cada día que pasa es más contundente la presunción de que hayan sido asesinados. Sin embargo, Murillo Karam ha privilegiado la seriedad de la investigación encima de cualquier otro razonamiento o conveniencia política.
Más vale cruzar esta gran crisis del gobierno del presidente Peña con honestidad y verdad, de otra manera sería todavía más grande el costo político. Por lo que Murillo insiste, con total responsabilidad, en no dar a conocer ningún resultado sobre la identidad de los cadáveres que han sido encontrados en diversas fosas. Dado que la mayoría de los cuerpos están calcinados encontrar un resultado confiable de ADN es complicado y lleva tiempo.
Frente a esto, el gobernador hace mucho daño, además de su permanente situación de ridículo, su magnificación como un viejo priísta trasnochado que sigue creyendo que la salida es demagógica y política. Cuando su falta de capacidad para gobernar está detrás de la inmensa tragedia del asesinato y desaparición de los estudiantes y las otras víctimas de Iguala.
El secretario Videgaray, con esa sensibilidad nula que viene de tanto tiempo pegado a los números, se apresuró a declarar, sin que fuese el tema del momento, que lo sucedido en Iguala ya está afectando las inversiones. Lo que era obvio, pero que adquiere otro valor por su afirmación.
Lo cierto es que hay una cadena de atrocidades y complicidades criminales, de omisiones por parte de todas las autoridades, que están agraviando a la sociedad y que la indignación, las protestas, no bajan de tono. No importa la concordancia, intencional o no, de las detenciones de importantes criminales, del mismo cuñado de la esposa del presidente municipal y presuntamente líder de “Guerreros Unidos”, el grupo criminal que habría participado en el secuestro y asesinato de los estudiantes.
El paso siguiente, no hay de otra, es la identificación plena, confiable, por parte de peritos federales e incluso internacionales, de los cadáveres que ya han sido hallados. Y, tan importante como esto, la detención de la pareja Abarca que tanta responsabilidad tenga aunque legalmente solamente puede existir, por el momento, un citatorio como “indiciados” en la investigación.
Castigar a los culpables no va a sanar el dolor ni a remediar la indignación, pero sería gravísimo, de consecuencias espantosas para este Gobierno, no hacerlo.
El presidente Peña Nieto confía plenamente en Jesús Murillo Karam, y millones de mexicanos tendríamos que hacerlo también. A final de cuentas es la autoridad, es quien está haciendo seriamente su trabajo, es quien se ha comprometido con la verdad. Y quienes los conocemos de hace muchos años advertimos en sus gestos, en su voz, una gran indignación que en este caso ayuda.
Los priístas ya dijeron que Ángel Aguirre debe seguir siendo gobernador para afrontar su responsabilidad, corresponde a los perredistas callarlo, para un beneficio común. De otra forma habrá de llevar todavía mayor cantidad de miasma a ese partido.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Re: Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/16/politica/010n3pol
Amparan a la esposa del alcalde de Iguala
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2014, p. 10
Un juez federal concedió este miércoles una suspensión de amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, que impide ejecutar cualquier orden de detención, comparecencia o aprehensión, siempre y cuando sea por delitos no graves.
El juzgado decimoprimero de distrito en materia de amparo otorgó la suspensión a la mujer, que es investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) y es hermana de dos ex integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La suspensión no le serviría a Pineda en caso de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) emita una orden de comparecencia contra ella, debido a que esa instancia de la PGR integra averiguaciones por delitos graves.
El próximo 11 de noviembre, a las 9:05 horas, se efectuará la audiencia constitucional que tiene por finalidad que el juez de amparo dicte sentencia.
María de los Ángeles Pineda es hermana de Mario Pineda Villa y Alberto El Borrado Pineda, operadores del cártel de los Beltrán Leyva, quienes fueron ejecutados en 2009.
En octubre de 2013, miembros de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional entregaron al gobierno federal el testimonio de un sobreviviente de las torturas y ejecuciones ordenadas por el alcalde con licencia de Iguala.
ivan_077- Staff
- Cantidad de envíos : 7771
Fecha de inscripción : 14/11/2010
Página 3 de 12. • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Temas similares
» Detienen a ex mando de Iguala ligado a masacre de normalistas 7 mayo 2015
» Expediente: Ayotzinapa
» Políticos y empresarios son los pilares del narco en México, advierte Buscaglia
» Levantan y asesinan a uno en Camargo, Chihuahua
» Van 253 muertos después de Ayotzinapa
» Expediente: Ayotzinapa
» Políticos y empresarios son los pilares del narco en México, advierte Buscaglia
» Levantan y asesinan a uno en Camargo, Chihuahua
» Van 253 muertos después de Ayotzinapa
Página 3 de 12.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.