Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio

Al menos siete muertos dejaron tres balaceras efectuadas por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes, contra normalistas rurales de Ayotzinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay tres estudiantes, un joven futbolista del equipo ‘Las Avispas’,  junto con su director técnico, así como una ama de casa y el chofer de un taxi.

En los hechos hubo por lo menos seis heridos de bala, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), Alfredo Ramírez García, y su chofer, quienes recibieron varios impactos en brazos y piernas.

Aunque a la cabecera municipal de Iguala se trasladó el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaky Blanco Cabrera, este se ocultó de los reporteros que se le acercaron en las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

Mientras el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, condenaban los hechos y se pronunciaban por la aplicación de la ley contra los responsables, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, guardó silencio pero anunció una conferencia de prensa que se desarrollaría durante la jornada del sábado, día en que tenía programado su segundo informe de labores.

Boteo desencadenó la violencia

Desde la mañana del viernes 26 de septiembre, alrededor de 150 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la cabecera de Iguala para realizar una actividad boteo, tenían la intención de reunir dinero para financiar la marcha del 2 de octubre, cuando se cumplan 46 años de la masacre de estudiantes y obreros en Tlatelolco.

Ese mismo día, rindió su segundo informe de labores como presidenta del DIF la señora María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del alcalde, José Luis Abarca.

Al terminar el evento, casi de manera simultánea con la retirada de los normalistas que avanzaban sobre la avenida Juan N. Álvarez rumbo a la carretera federal que comunica con Chilpancingo, varias patrullas de la Policía Preventiva Municipal interceptaron la caravana integrada por tres autobuses, una urvan y un chevy, los policías marcaron el alto pero los jóvenes se resistieron a detenerse.

Entonces los municipales abrieron fuego contra las unidades, lo que provocó que un par de unidades de la Policía del Estado y la Federal, que les acompañaban, se retiraran del lugar, como una forma de deslindarse del hecho.

En el primer ataque, los dirigentes de Ayotzinapa reportaron cinco heridos, cuatro con rozones de bala y uno con una ojiva alojada en la cabeza, quien fue hospitalizado de urgencia en condiciones graves.

Esta persona murió en el transcurso de la noche.

A los pocos minutos, los preventivos, respaldados por civiles armados, interceptaron sobre la carretera federal que comunica con Chilpancingo un autobús particular de la empresa Castro Tours.

Este segundo hecho se registró a la altura de Santa Teresa, los policías y presuntos delincuentes se percataron de que la unidad era ocupada por decenas de jóvenes, por ello dedujeron que se trataba de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.

En ese hecho ya no se marcó el alto, hubo un ataque directo que provocó la volcadura de la unidad sobre el costado derecho de la carretera, quedando con todos los cristales despedazados.

Entrada la madrugada se supo que en el hecho murió el director técnico del equipo de tercera división ‘Los Avispones´ de Chilpancingo Pedro Rentería y el jugador David García Evangelista, de solo 15 años.

Permanece en calidad de desaparecido Jorge León Saenz, asistente del director técnico.

Como una camioneta cerró el paso al camión las ráfagas alcanzaron otras unidades que detuvieron su marcha atropelladamente, ahí murió un ama de casa que viajaba en un taxi colectivo y el chofer del mismo.

Abatidos mientras denunciaban

Aproximadamente a las 00:00 horas del sábado 27, los estudiantes de Ayotzinapa convocaron a una rueda de prensa en el lugar en que se suscitó la primera agresión, ahí preservaron la zona con piedras acordonadas para evitar que se perdieran las ojivas y cascajos abandonados por los policías municipales.

Hablaban con reporteros de varios medios informativos cuando un grupo de civiles se apostó en la acera de enfrente y disparó varias ráfagas de armas de diferentes calibres.

Estudiantes y reporteros se dispersaron rápidamente para ponerse a salvo, después se darían cuenta que en el lugar quedaron tirados dos alumnos de nuevo ingreso del plantel ubicado en el municipio de Tixtla.

La segunda agresión arrojó por lo menos otros cuatro heridos que se trasladaron al hospital general del sector salud.

Los cuerpos de los dos jóvenes caídos permanecieron tirados hasta las 03:00 de la mañana.

Llovía cuando llegaron al lugar elementos del Ejército nacional, después personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y al final los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todos custodiaron al Servicio Médico Forense (Semefo) en el levantamiento cadavérico.

Hasta entonces se reportaron 40 estudiantes desaparecidos, aunque estos poco a poco se fueron concentrando en las instalaciones del Ministerio Público, la mayoría llegaron resguardados por la Policía Ministerial y elementos de la Fuerza Estatal.

El procurador se oculta

Aproximadamente a las 04:00 se tuvo a la vista al procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera dentro del MP, los reporteros se le acercaron pero este se escabulló para encerrarse en la oficina del fiscal regional, no salió hasta que los comunicadores fueron desalojados “amablemente” del área.

El encargado de liberar la dependencia de comunicadores fue el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales Víctor Jorge León Maldonado.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó el hecho en su cuenta de Twitter y ofreció que se hará justicia contra los responsables.

En la misma sintonía difundió mensajes el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien reconoció la conmoción que hay en la población de la capital de Guerrero por la muerte de los integrantes de su equipo de tercera división.

Mientras, el ayuntamiento de Iguala preparaba su versión de los hechos y mantenía firme el evento en que se desarrollaría el segundo informe de labores del alcalde José Luis Abarca Ávila.

Le dijimos a Aguirre y al PRD que Guerrero iba a estallar. No hicieron caso: Coparmex

Por: Shaila Rosagel - octubre 17 de 2014 - 0:03
DE REVISTA, MÉXICO, TIEMPO REAL - 7 comentarios

Foto: Cuartoscuro

El líder de la Coparmex en Chilpancingo, Jaime Nava Romero, exigió al PRD que los reciba, pues desde hace un año quieren denunciar violencia y no les han dado respuesta. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– Los empresarios de Guerrero denunciaron ayer en el Senado de la República que, desde el año pasado, denunciaron al gobierno de Ángel Aguirre Rivero que eran secuestrados, extorsionados y cercenados.

Y lo que parece una constante en Guerrero: nadie les hizo caso.

Ahora, Jaime Nava Romero, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Chilpancingo y del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero, reunió junto con otras organizaciones, cinco mil firmas para solicitar la desaparición de poderes en la entidad, pues aseguró que ni Aguirre y ni el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero, los atendió.

“El 14 de agosto de 2013 se le entregó al Presidente Enrique Peña Nieto un documento titulado Chilpancingo al borde de estallido social, luego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH] y al Gobernador Ángel Aguirre. Todos los documentos que hemos entregado se les ha hecho caso omiso. El 17 de diciembre del 2013, la Comisión emitió un informe de 116 páginas y se lo envían al Gobernador, al cual hizo caso omiso”, acusó.

Nava Romero indicó que el informe detalla que se tuvo conocimiento de centenares de personas que prefirieron abstenerse de compartir información, debido al patente temor y amenazas de posibles represalias de la delincuencia y autoridades estatales.

“Este Consejo proporcionó la información de decenas de ciudadanos secuestrados, extorsionados y cercenados de algún miembro de su cuerpos. Se minimizó una respuesta”, denunció.

Nava Romero, acompañado de otros líderes empresariales y sociales de la entidad, entregó las firmas a senadores del Partido Acción Nacional (PAN) durante una conferencia de prensa en el recinto. Cuando concluyeron, llegó el turno de Carlos Navarrete Ruiz, presidente nacional del PRD, quien declaró que la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero, era una un claro “artificio de un partido” para sacar raja política.

“Sólo puedo decir al respecto, que mal hacen quienes quieren recuperar viejas facultades del presidencialismo arcaico de México, mal hacen quienes pretendan especular o tratar de beneficiare de la tragedia guerrerense, mal hacen quienes quieran aprovechar las circunstancias para beneficiares políticamente o electoralmente”, dijo, sin aclarar si también se refería a los empresarios que unos minutos antes denunciaban al Gobernador Ángel Aguirre de omiso y pedían la desaparición de poderes en Guerrero, en el mismo espacio.

SinEmbargo se lo preguntó y no quiso contestar, debido a que ya había dado por terminada la sesión de preguntas y respuestas.

Cuando Navarrete terminó su conferencia de prensa, el presidente de la Coparmex de Chilpancingo lo abordó y le solicitó agendar una cita en ese momento.

“Pedimos la atención del grupo parlamentario del PRD, puesto que no hemos sido atendidos por sus representantes en el estado”, le dijo Nava Romero al dirigente nacional de la fuerza política.

“Ya te entendí, ¿tú eres del grupo parlamentario?”, le contestó Navarrete.

Cuando el empresario le contestó que no era de ningún grupo parlamentario, la respuesta fue: “Ahorita platicamos” y siguió su camino.

Es decir, volvió a ignorarlo.

Nava Romero aseguró en entrevista que su solicitud de desaparición de poderes en Guerrero no tenía nada que ver con un partido político aunque, aseguró que el PRD en esa entidad nunca los recibió ni escuchó.

LA ECONOMÍA SE HUNDE

El representante de la Comparmex dijo que la mayoría de los empresarios han sido víctimas de la delincuencia que aqueja a Guerrero y que las pérdidas se calculan en miles de millones de pesos.

“De acuerdo con el Inegi [Instituto Nacional de Estadística y Geografía] 80 por ciento de las empresas han sido hostigadas. Se ha venido una zozobra porque se están recibiendo llamadas al por mayor de extorsión generando más miedo a los empresarios. La situación es muy grave”, dijo.

El empresario detalló que no sólo el sector servicios, como los hoteleros y restauranteros, se ve mermado por la inseguridad, también el sector minero.

“Los empresarios en general; grandes, micro y medianos, están sintiendo la contracción económica, se está estrangulando a los empresarios. Hay una pérdida de confianza, las empresas están cerrando y se están yendo del estado”, expuso.

Adrián Alarcón Ríos, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana del municipio de Chilpancingo, reconoció que no podían acusar al Gobernador Ángel Aguirre de delincuente y criminal, pero sí de omiso y negligente.

“Podemos sostener que se le acusa por omiso y negligente, aún con las responsabilidades que hoy tienen las autoridades de Iguala, es cierto que la policía de Iguala estaba bajo la tutela y responsabilidad del gobierno del estado bajo un convenio que firmó con los municipios más importantes de Guerrero, como Iguala”, dijo.

Carlos Navarrete Ruiz sugirió al Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, evaluar y valorar “hora a hora y día a día la situación por la que atraviesa el Ejecutivo de Guerrero y que esté dispuesto a tomar decisiones pronto”.

“Espero que el Gobernador esté valorando y evaluando hora a hora y día a día la situación por la que atraviesa el Ejecutivo de Guerrero y que esté dispuesto a tomar decisiones pronto”, dijo durante su intervención en el Senado.

El líder del Sol Azteca agregó que Ángel Aguirre “tiene la obligación política con la ciudadanía de Guerrero, con quienes lo eligieron, de estar evaluando permanentemente la situación por la que atraviesa su Gobierno”.

También prometió que el PRD estaría cerca de los guerrerenses y que los escucharía: “Nosotros vamos a estar haciendo las consultas pertinentes con los actores guerrerenses y nacionales para ir acompañando decisiones [...] No nos vamos a quedar cruzados de brazos y cualquier decisión se tomará en un breve plazo de días

Gobierno de Aguirre supo del ataque a normalistas en Iguala cuando ocurría
Por Enrique Méndez y Roberto Garduño mié, 15 oct 2014 16:33
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Integrantes de la Ceteg tomaron este miércoles las casetas de la autopista del Sol, en Guerrero. Foto: Víctor Camacho

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El gobierno de Guerrero reconoció ante la Comisión especial de diputados que investiga la agresión armada contra los normalistas de Ayotzinapa que sí se enteró del hecho en el momento en que ocurría, pero que no intervino con la policía estatal porque el alcalde de Iguala con licencia, José Luis Abarca, no le respondió el teléfono.

Durante la reunión que mantienen en Guerrero con Ángel Aguirre y un grupo de colaboradores, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que él se trató de comunicar con Abarca y que éste le respondió hasta la 1:00 de la madrugada del 27 de septiembre, y que si no envió a la fuerza estatal se debió a que tenía que cumplir con los protocolos de colaboración de la alcaldía.

También los legisladores quisieron saber por qué la procuraduría del estado no aplicó protocolos para evitar que José Luis Abarca se fugara después de la sesión de cabildo que le autorizó la licencia para ausentarse del cargo.

El procurador Inaki Blanco les respondió: “no sabemos cómo se nos escapó”.

Durante el encuentro también los diputados preguntaron al gobernador su opinión respecto de las voces que exigen su renuncia, piden la desaparición de poderes o juicio político, como una forma de evitar que continúe la crisis en la entidad.

Aguirre Rivero les respondió que detrás de esas voces existe una carga política que trata de perjudicar al estado y sostuvo: “la violencia está focalizada en Iguala”.

El gobierno desestimó cifras sobre homicidios dolosos en Iguala
Fabiola Martínez y Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2014, p. 10

Iguala, Guerrero, tiene uno de los índices más altos en esta entidad en homicidios dolosos, sólo por debajo de Chilpancingo y Acapulco.

A pesar de que esta ciudad –ahora en la mira nacional e internacional por el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa– reportó en 2013 una baja general en incidencia delictiva, el número de asesinatos sigue siendo alto respecto del tamaño de su población.

El municipio –presidido por José Luis Abarca Velázquez, ahora alcalde con licencia y presuntamente vinculado a la delincuencia organizada– no fue incluido en el programa federal para la prevención del delito.

En cambio, Zihuatanejo sí está en la lista de los principales focos rojos del país, pese a que en 2013 en Iguala fueron integradas 107 averiguaciones previas por homicidio doloso, y en Zihuatanejo 65.

Un documento de análisis interno de la Secretaría de Gobernación revela también la lista de los 10 municipios de Guerrero más violentos, según el número de asesinatos dolosos, uno de los principales indicadores para medir el grado de violencia e inseguridad.

En primer sitio está Acapulco, con casi 800 mil habitantes y 883 homicidios dolosos en 2013; le sigue Chilpancingo, con una población de poco más de 240 mil habitantes, y con 164 denuncias de asesinato. Como se mencionó, en tercer sitio está Iguala, con 73 mil 460 habitantes.

En cuarto lugar está Coyuca de Benitez (67 homicidios en el periodo referido), luego le siguen Zihuatanejo de Azueta (65), Atoyac de Alvarez (60), Ometepec (49), Chilpa de Álvarez (46) y Teloloapan (45 homicidios dolosos).

Funcionarios de Gobernación consultados señalaron, acerca de la situación en Iguala, que buscarán incluir a este municipio en el plan de prevención del delito; argumentaron que en el resto de delitos había regiones con mayor incidencia.

De Iguala, Gobernación precisó que "no se observa un incremento exponencial de algún delito en el municipio". El mayor aumento se da en robo con y sin violencia. Incluso asegura que la incidencia delictiva del fuero común se redujo en 2013, respecto del año anterior.

La población de iguala es apenas 4 por ciento del total de Guerrero, con un nivel de escolaridad mayor (en 1.8 años) que en el resto de la entidad. Además, dobla la escala estatal en cuanto a trabajadores con empleo formal.

El documento de Gobernación ofrece detalles del contexto social de Iguala: los hogares con jefatura de familia masculina son mayoría, e incluso tiene un nivel de pobreza menor al promedio estatal: 44.6 municipal, contra 67.6 de Guerrero.

Sin embargo, el porcentaje de población que se encuentra en situación de "vulnerabilidad por carencia social" es de 34.4, mayor que el 23.2 por ciento del estatal, lo mismo que en carencia por acceso a la salud.

En tanto, el Observatorio Nacional Ciudadano registró a escala nacional un aumento de 6.67 por ciento en las denuncias que se presentaron entre julio y agosto pasados por los delitos de secuestro y homicidio doloso, al tiempo que Guerrero, sumido actualmente en una crisis de gobernabilidad, se ha mantenido como una de las entidades con mayor cantidad de homicidios dolosos.

En conferencia de prensa, Francisco Rivas, director del observatorio, informó que de enero a agosto pasados se registraron mil 29 casos de homicidios dolosos (intencionales), "siendo Guerrero la segunda entidad del país con mayor cantidad de averiguaciones previas y de víctimas de ese tipo de delitos en el octavo mes de este año". En materia de secuestro, esa entidad registró el mayor número de averiguaciones previas por esta causa.

PGR: restos de 5 fosas no son de normalistas
Doris Gómora| El Universal
Miércoles 15 de octubre de 2014


Los 28 cuerpos hallados en las primeras cinco fosas clandestinas no corresponden a las muestras genéticas de los 43 normalistas desaparecidos, confirmó Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República

doris.gomora@eluniversal.com.mx

La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a 14 policías del municipio de Cocula, Guerrero, quienes participaron en la detención, traslado y entrega de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Aunque suman casi 50 detenidos por los hechos, hasta el momento el gobierno federal mantiene bajo el estatus de “no localizados” a los normalistas, y confirmó que ninguno de ellos corresponde a los 28 cuerpos hallados en cinco fosas clandestinas en Iguala.

En conferencia de prensa, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, detalló que los cuerpos que se encontraron en las primeras fosas ninguno concuerda con las muestras genéticas (ADN) que los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos han proporcionado. Por ello, expuso que hoy “la prioridad es encontrarlos”.

“Independientemente de tener cerca de 50 detenidos, lo que tenemos hasta este momento son los operadores que se encargaron de la detención y el traslado hasta entregarlos al grupo delictivo Guerreros Unidos, la intención de la Procuraduría es consignarlos porque la ley nos obliga a hacerlo de inmediato y continuar con la averiguación para detener a los que nos falten de autores materiales, o de participantes en la operación, pero fundamentalmente a los autores intelectuales”, agregó.

Hasta el momento suman 45 detenidos: 22 policías de Iguala, que ya fueron consignados por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero por el delito de homicidio, ante la agresión perpetrada el 26 de septiembre pasado contra los normalistas.

Otros 14 policías del municipio de Cocula, un empleado administrativo del ayuntamiento, así como ocho presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que están a disposición de la PGR.

Con excepción del presidente municipal César Peñaloza (quien rinde declaración como testigo), y contra quien no existen evidencias de su implicación; el resto están confesos de haber participado en la detención y en el traslado de los normalistas, de usar sus patrullas oficiales. Por ello, se les consigna por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, explicó Murillo Karam.

Caen en operativo. El pasado lunes por la mañana en un operativo de fuerzas federales fueron detenidos los 14 policías municipales de Cocula, tras lo cual fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Al respecto, el procurador Murillo precisó que César Peñaloza, presidente municipal de Cocula, se presentó en calidad de testigo, al igual que Salvador Bravo, director de Seguridad Publica.

También confirmó el hallazgo de una nueva fosa clandestina, aunque no precisó cuántos cuerpos más se localizaron, pero los peritos ya trabajarán en la zona.

Anunció que está solicitando una orden de aprehensión contra José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y contra Felipe Flores, director de Seguridad Pública de ese municipio por la desaparición de los estudiantes normalistas. Aunque también al edil, a quien se le vincula con el cártel de Los Beltrán Leyva, se le investigará por el crimen del regidor Antonio Hernández, un caso que también atrajo el Ministerio Público de la Federación.

Los entregaron a delincuentes. Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, detalló que los 14 policías municipales de Cocula detenidos confesaron su implicación en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre pasado.

Aceptaron “su participación en estos hechos al admitir que recibieron al grupo de estudiantes y posteriormente los entregaron entre los municipios de Iguala y de Cocula al grupo delincuencial que opera en la zona y que se autodenomina Guerreros Unidos”.

Sobre el grado de participación de cada uno de los detenidos, se indicó que “unos eran halcones, que vigilan, otros participaron en el momento de la detención; ninguno de ellos nos dice que haya participado en el homicidio, pero confiesan ya haber trasladado a estos estudiantes y entregarlos en los límites de Iguala y Cocula a los grupos de la delincuencia organizada que me queda claro que estaban al mando de esta situación y de los propios policías que intervinieron”, destacó por su parte el procurador.

Murillo agregó que se está consignando a los policías por delincuencia organizada, porque trabajaron conjuntamente con los miembros de Guerreros Unidos en la detención, traslado y desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala.

Por ahora, dijo, aún no se tiene el móvil, pero se espera que con las investigaciones se detenga a los autores intelectuales para conocer la razón de la desaparición de los normalistas.

Zerón de Lucio señaló que en este momento se realizan labores de investigación y seguimiento por parte de corporaciones federales con el fin de lograr la detención de nuevos objetivos ya identificados y vinculados directamente con la desaparición de los estudiantes.

Con las nuevas detenciones se abrieron otras líneas de investigación, las cuales son utilizadas para dar con el paradero de los estudiantes, de otros responsables y con los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, explicó.

Brigadas de búsqueda. Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), insistió en que el objetivo prioritario es la localización de los 43 normalistas, por lo cual se ha establecido un despliegue en Iguala y municipios limítrofes con 896 elementos de la Policía Federal, incluyendo elementos de la división de Gendarmería, en Iguala.

“De este total 300 están abocados exclusivamente a la búsqueda de los normalistas, el resto se dedica a realizar funciones de seguridad pública y a tener el monitoreo del C4”, explicó.

En la búsqueda de los normalistas se han realizado 252 patrullajes por parte de elementos de la Policía Federal en los municipios de Iguala, Cocula, Cuitzala, Tixtla y Huitzuco. Además, en compañía de familiares y afectados se han integrado cuatro brigadas de localización en las cuales también participan Ministerios Públicos de la PGR.

Suman 18 puntos en los que se ha realizado la búsqueda de los estudiantes. Mientras que la Policía Federal ha establecido seis filtros de revisión para localizar a los normalistas; diariamente se realizan vuelos de reconocimiento en toda la región.

En tanto, 56 elementos en 16 equipos de inteligencia trabajan en la localización de los estudiantes, con apoyo de 16 binomios caninos, seis helicópteros y una aeronave de reconocimiento. [imghttp://www.eluniversal.com.mx/graficos/imagenes/interior_16a_normalistas_430.gif[/img

Los jefes de jefes en Guerrero…y Aguirre bien, gracias…
17 de octubre del 2014

México, 17 de octubre.- El misterio y, también, el número de muertos, aumentaron en Guerrero al descubrirse que los 28 cadáveres encontrados en las primeras fosas no pertenecen a los normalistas desaparecidos. De igual forma en que se desconoce el motivo para “desaparecer” a los jóvenes que protestaban en Iguala, no existe pista sobre quiénes eran o por qué fueron asesinados.

¿Puede una sociedad encontrar, así como pateando un bote, fosas clandestinas a reventar de cuerpos de “desconocidos” y no pasar nada?

Porque independientemente de la investigación que encabeza el procurador Jesús Murillo Karam no hemos visto acciones contundentes de parte del Gobierno y de la sociedad.

Las órdenes de aprehensión giradas son insuficientes para la indignación, para el agravio inmenso que significa esta masacre. Y las que se acumulen según vaya la autoridad federal avanzando en sus averiguaciones.

Ni las fosas ni los asesinatos ni la violencia ni la complicidad de las autoridades han resultado de meses y meses de indagaciones, estaban tan a flor de tierra que era imposible no verlo. ¿Qué hacía el procurador de Justicia de Guerrero, qué hicieron los presidentes municipales y el gobernador?

Porque, además, ahora tenemos que hablar en plural ya que Murillo Karam descubrió que la policía municipal de Cocula participó en el secuestro de los normalistas. O sea que “Guerreros Unidos” que presuntamente ordenó el “levantón” controlaba por lo menos dos policías municipales completas, la de Iguala y la de Cocula. Dos instituciones de seguridad abiertamente al servicio del crimen organizado, con todos los recursos públicos.

El municipio es la instancia de organización social más cercana a la sociedad, su gobierno tiene posibilidad y doble obligación de estar en contacto con sus gobernados. En las pequeñas poblaciones todo se sabe, toda acción se convierte en tema público. Dice Murillo Karam que no hay pruebas de que el titular de la policía y el presidente municipal de Cocula estuviesen coludidos en esta acción criminal. Entonces, tenemos que preguntar, estaban desmayados, ciegos, enfermos de la mente…a

¿Cómo puede gobernar alguien sin enterarse de lo que pasa a su alrededor?

Las patadas de ahogado de Ángel Aguirre, coincidentes con estos descubrimientos suben en su tono patético. Tanto como el rechazo, ahora ya público, de su partido. No es suficiente. En nuestras leyes existe una figura conocida como “omisión” que hace responsable a las autoridades.

Y las comisiones internacionales de derechos humanos hablan de “crímenes de humanidad” cuando toda la autoridad institucional los permite. México y el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto están en esa tesitura por la estupidez supina del todavía gobernador de Guerrero que decidió ignorar la realidad, cerrar los ojos frente a lo que sucedía en su entidad.

Junto con Aguirre otro tanto hicieron sus colaboradores. Ahora tienen que pagar por sus acciones, por sus pecados de “omisión”. Y no son suficientes renuncias ni declaraciones ni arrepentimientos. Lo cierto es que en Guerrero se asesinó impunemente y se utilizó a las fuerzas públicas con absoluta impunidad. Y quién sabe con qué resultados nefastos porque faltan fosas por encontrar.

No es admisible. Porque no estamos frente a un grupo criminal que esté conformado por superhombres, por prodigios de inteligencia, los señores de “Guerreros Unidos” que, presuntamente están detrás de estos crímenes, no son los “jefes de jefes” simplemente les permitieron utilizar a la autoridad pública, son parte del gobierno, son socios de aspirantes políticos, son el brazo armado de la ambición de unos cuantos.

Son, si me apuran, unos cuantos campesinos armados que hicieron de la muerte un buen negocio amparados por la autoridad local, con total complacencia del Gobierno estatal y peor ignorancia del Gobierno federal.

Es una monstruosidad que esto pudiese suceder. Y alguien, muchos tienen que pagar por estos crímenes. Lo que no resuelve ni la investigación ni el dolor de los familiares, pero nos regresa en alguna medida al camino de la legalidad…

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor

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Localizar a Normalistas es la prioridad: CNS
17 de octubre del 2014

Monte Alejandro Rubido GarcíaMéxico, 17 de octubre.- El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, realizó una gira de trabajo por el estado de Guerrero, para supervisar las labores de búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y reunirse con familiares y compañeros de los jóvenes. A su llegada, refrendó que el compromiso y la prioridad del gabinete de seguridad es localizar a los normalistas, lo cual se hace de manera decidida y sin menoscabo de esfuerzos. “Estamos trabajando por aire, tierra y agua; la instrucción presidencial es canalizar todos los esfuerzos”, enfatizó.

Informó que en los recorridos de búsqueda participan padres, familiares, condiscípulos y amigos de los desaparecidos. “Atendemos todos los comentarios”, dijo Rubido García. “El objetivo es que sientan una gran cercanía del trabajo del Gobierno de la República en esta situación difícil”, sostuvo.

El Titular de la CNS informó de un despliegue de 1,200 elementos de las diferentes divisiones de la Policía Federal -cada una con tareas específicas y todos abocados a la búsqueda de los normalistas, se sumó ya un equipo de buzos que recorre, en lancha, junto con familiares de los normalistas, los cuerpos de agua de las zonas inspeccionadas.

Destacó que a las tareas de búsqueda se incorporó, asimismo, personal a caballo de la División de Gendarmería, cuya labor es acceder a sitios inaccesibles para las unidades motrices de la corporación.

Rubido García detalló que se efectuó un par de recorridos por aire, en los cuales participaron, junto con elementos de la División de Gendarmería, familiares de los desparecidos.

Precisó que los trabajos de búsqueda se realizan en los municipios de Iguala, Huitzico, Cocula, Eduardo Neri, Tixtla, Mártir de Cuilapan y Buenavista de Cuéllar, entre otros.

También, dio a conocer que se reunió en Chilpancingo con familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, en la sede de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, a fin de intercambiar puntos de vista, enterarles de avances en las investigaciones y establecer nuevos recorridos para proseguir con la búsqueda, que es, revalidó, la prioridad.

Así mismo, el Comisionado Nacional de Seguridad supervisó las labores de la Policía Federal en Iguala y Cocula.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

Caso Ayotzinapa, “una parada en el carrusel de los horrores”: The Washington Post
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J. Jesús Esquivel
16 de octubre de 2014
Nacional
Estudiantes exigen la aparición de normalistas de Ayotzinapa en la PGR. Foto: Octavio Gómez
Estudiantes exigen la aparición de normalistas de Ayotzinapa en la PGR.
Foto: Octavio Gómez

WASHINGTON, (proceso.com.mx).- El diario estadunidense The Washington Post calificó de “una parada en el carrusel de los horrores” que los 28 cuerpos encontrados en fosas de Iguala no correspondan a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y que éstos continúen sin ser hallados.

“De verdad, no debe ser tomado como una sorpresa que los 28 cuerpos encontrados en las fosas a las afueras de Iguala no correspondan a ninguno de los 43 estudiantes que se manifestaron y desaparecieron hace tres semanas”, cita la nota del diario en su edición de este jueves.
El periódico sostiene que los cerros que rodean a Iguala, Guerrero, son ampliamente conocidos por los lugareños como los sitios predilectos de las organizaciones criminales para abrir fosas comunes y enterrar a sus víctimas, ejecutadas en otros lugares o incluso para aniquilarlos en el mismo sitio donde serán enterrados de manera clandestina.

“El anuncio que hicieron esta semana los fiscales mexicanos de que los 28 cuerpos parecen pertenecer a otras víctimas descorazonó a los familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos… para ellos fue un nuevo hilo de esperanza que los 43 (estudiantes) podrían estar vivos”, apuntó el artículo del rotativo estadunidense.

Con la excepción del periódico The New York Times, la prensa de Estados Unidos ha dado poca cobertura al caso de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, los despachos de la prensa estadunidense han sido devastadores en sus críticas a la aparente incapacidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para responder a la exigencia de los familiares de los normalistas desaparecidos y de investigar a fondo el caso, capturar y castigar a los responsables.

“Para el resto de México”, agrega la nota del Washington Post, “fue otra parada en el carrusel de los horrores, la profundización del sentido de que hay más fosas clandestinas en todo el país, dentro de las cuales podría estar un numero inimaginable de mexicanos que se han desvanecido. Rascando un poco la superficie de la tierra, emergen los horrendos secretos”, concluye el Washington Post.

Orillan a Aguirre a decidir renuncia
17 de octubre del 2014

México, 17 de octubre (Reforma).- Perredistas y opositores urgieron al Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a tomar una decisión inmediata sobre su permanencia en el cargo.

“Espero que el Gobernador esté valorando y evaluando hora a hora y día a día la situación por la que atraviesa el Ejecutivo de Guerrero y que esté dispuesto a tomar decisiones pronto”, pidió ayer públicamente el presidente del PRD, Carlos Navarrete.

“No es nada personal. Es por el País. Lo ocurrido en Guerrero ha trascendido a niveles internacionales y todo lo que se ha hecho en el Congreso y en el país con las reformas estructurales ha quedado aplastado, hundido”, le expresó la diputada Ruth Zavaleta al Gobernador durante un encuentro de una comisión legislativa el miércoles en Acapulco.
Mientras tanto, al interior del PRD inició una fuerte pugna.

Por la mañana, durante una reunión de senadores de ese partido, Navarrete dijo sobre la renuncia de Aguirre que era importante conocer la opinión del legislador Armando Ríos Piter, a quien -dijo- le benefician las preferencias electorales para buscar la Gubernatura de Guerrero el próximo año.

Según asistentes al encuentro, el senador Sofío Ramírez, se molestó y pidió respeto a sus aspiraciones como precandidato.

“Sofío reprochó la falta de compromiso de la dirigencia para defender al Gobernador y les recordó a todos que Aguirre gobierna con el partido, porque todas las corrientes presentes en la mesa tenían funcionarios cobrando en el Gobierno del Estado”, señaló uno de los senadores asistentes.

Después de esa reunión, el Gobernador Aguirre anunció en Acapulco que había despedido a su Secretario de Salud, Lázaro Mazón, por sus nexos con el Alcalde perredista prófugo de Iguala, José Luis Abarca.

Anoche, perredistas de la corriente Izquierda Progresista Guerrerense, encabezada por Sofío Ramírez y ligado a Aguirre, expresaron su inconformidad por el desaire de Navarrete a la gestión de Aguirre, y anunciaron que hoy renunciarían al partido del sol azteca.

En tanto, ayer en Guerrero, normalistas tomaron cuatro alcaldías y bloquearon la autopista del Sol. Para hoy anunciaron que se intensificarán las protestas en todo el estado.
‘Renuncie ya, Gobernador’


“Renuncie Gobernador, es lo mejor”, le dijo la diputada Ruth Zavaleta a Ángel Aguirre en la reunión que una comisión de legisladores federales tuvo con el Mandatario en Acapulco.

Aguirre no respondió. Ya había hecho un amplio alegato en favor de su permanencia. Sin pregunta expresa de los legisladores aseveró que él no veía razón para retirarse. Presumió un apoyo popular, sobre todo en Acapulco.

“Ya presenté mi renuncia a mi partido (PRD) y a los otros partidos que me apoyaron en coalición (PT y MC)”, explicó. “Si ellos consideran que eso resuelve el problema, me voy”, insistió. Pero, reiteró, “no creo que eso solucione”.

Fue una reunión de cuatro horas que abrió Aguirre con un amplio alegato como si estuviera en un banquillo de un juicio oral.

Replicó versiones sobre su alcoholismo: “Hace mucho que no tomo ni una copa. No tomo”. Aseguró que desde que llegó a la Gubernatura había ayudado a los normalistas de Ayotzinapa con becas y apoyos económicos.

Comentó que medios de comunicación habían difundido que él tenía una relación cercana con el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y con su esposa, María Pineda. “No tengo ninguna relación cercana sino institucional de Gobernador con un Alcalde”.

Incluso dijo que él no era novio ni amante de la señora Pineda. “Por ahí dicen que yo salía con ella. Nunca salí con esa mujer”, dijo serio.

María Pineda es integrante de una familia donde madre y hermanos estaban vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, según averiguaciones oficiales federales.

Expresó Aguirre que no detuvo al Edil de Iguala porque el fuero de que gozaba se lo impidió. Uno de sus funcionarios interrumpió para decir que la noche de la matanza, el 26 de septiembre, intentaron hablar con Abarca, “pero nunca contestó el teléfono”.

En algún momento, el Gobernador expresó su preocupación por la situación y soltó: “De haber sabido lo que iba a pasar, hubiera preferido que Manuel Añorve fuera Gobernador”, dijo teniéndolo frente a él. “Nunca es tarde”, le replicó el diputado priista.

Ruth Zavaleta habló al final del encuentro, tras escuchar a Aguirre. “Le dije que debía renunciar”, confirmó la legisladora del Partido Verde.

“Por experiencia conocía un caso igual por el que llegó una vez a la gubernatura. Él sabía que la salida de su antecesor si bien no era la solución, era necesario que estuviera alguien distinto para enfrentar la problemática. Le subrayé que no era un asunto personal”, refirió Zavaleta.

La diputada, oriunda de Tepeocoacuilco, Municipio del centro de Guerrero, perdió hace tres años a un sobrino en un retén puesto por delincuentes en Iguala.

Cuando el muchacho viajaba con su padre por calles de Iguala, se les cerró un auto con hombres armados, quienes, tras ver que no descendían de su vehículo les dispararon.

“Lamentablemente, mi sobrino saca la cabeza y le dan un balazo. Agonizó cuatro días; me lo entregaron muerto justo cuando cumplía 19 años de edad”, recuerda.
Admiten ‘decisión tomada’

Senadores del PRD aseguraron que la renuncia del Mandatario es cuestión de horas.

Por la mañana, los legisladores tuvieron una reunión privada con el presidente de su partido, Carlos Navarrete.

Según testimonio de varios de los presentes, tanto Navarrete como el coordinador de la bancada, Miguel Barbosa, les informaron que la salida de Aguirre “ya es una decisión tomada”, pero por el Gobierno federal.

“Lo que nos dijeron los dos fue que la salida de Aguirre es una decisión que no vamos a tomar nosotros, porque esa decisión ya la tomó el Gobierno federal”, relató uno de los senadores.

“El tema es si esperamos a que el Gobierno federal lo ejecute o intervenimos, pero la decisión ya está tomada, así lo dijeron y hay que ser realistas”, agregó.

En tanto, el senador Alejandro Encinas informó que el pasado miércoles, en la reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la PGR informó que tiene listos los expedientes de “muchos políticos” guerrerenses investigados por sus presuntos nexos con la delincuencia.

Más tarde, en conferencia, el dirigente del sol azteca aseguró que su partido está dispuesto a apoyar el fincamiento de responsabilidades que determinen las autoridades, al margen de si son militantes de ese partido, políticos en funciones o ex Gobernadores.

Claudia Guerrero, Jesús Guerrero y Roberto Zamarripa

Señales cruzadas sobre acción penal contra Abarca
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2014, p. 3

La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal en contra de José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, Guerrero, y contra quien fue su jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, por ilícitos relacionados con delincuencia organizada, informaron este jueves fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Sin embargo, funcionarios de comunicación social de la PGR aseguraron anoche que hasta el cierre de esta edición no se tenía noticia oficial de que algún funcionario de esa dependencia hubiera solicitado la orden de aprehensión contra Abarca.

Al mediodía de ayer, en una entrevista radiofónica, el procurador Jesús Murillo Karam aseguró: ‘‘Ya hemos planteado que será consignado (Abarca) y será solicitada orden de aprehensión del presidente municipal y del jefe de la policía (de Iguala)’’.

De su lado, funcionarios del PJF aseguraron que este jueves se recibió un pliego de consignación integrado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), en el que se ejercitó acción penal contra Abarca y Flores.

Añadieron que un juez federal estudiará la petición de medidas cautelares que hizo la PGR.

De acuerdo con informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Abarca Velázquez tiene estrechos vínculos con grupos del crimen organizado que opera en la zona norte del estado de Guerrero.

Según la información, gracias a los nexos de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa; de su suegra y de dos de sus cuñados con el extinto Arturo Beltrán, ex jefe del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, Abarca Velázquez logró configurar una red de empresarios y políticos que apoyaron su campaña electoral para alcalde de Iguala.

Además, uno de sus cuñados, de nombre Salomón Pineda Villa, El Molón, estuvo preso en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas, donde enfrentó cargos por delitos contra la salud. Otros dos de sus cuñados, Alberto Pineda Villa, El Borrado, y Mario Pineda Villa, El MP, fueron operadores de los Beltrán Leyva durante varios años; ambos fueron ejecutados tras un distanciamiento con Arturo Beltrán.

En tanto, la PGR inició una averiguación previa en contra de quien resulte responsable por los daños que sufrieron las instalaciones de esa dependencia el pasado miércoles, durante un mitin que realizaron jóvenes cubiertos del rostro, quienes lanzaron piedras y otros objetos contra el inmueble de Paseo de la Reforma y destrozaron algunos cristales.

Sobre el caso Abarca, los funcionarios ministeriales consultados indicaron que se mantiene abierta una averiguación previa en la que se investiga a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez, como presunta partícipe (autora intelectual) de diversos delitos vinculados con delincuencia organizada.

Las fuentes no precisaron si las imputaciones contra Abarca y Flores son a título de autores y/o partícipes de la desaparición de 43 normalistas. Añadieron que en las próximas horas se solicitarán cateos en diversos domicilios donde se presume se encuentra escondido el alcalde con licencia de Iguala.

Ya comenzaron

El Presidente se reúne en Los Pinos con integrantes del gabinete de seguridad
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2014, p. 5

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió ayer con los integrantes del gabinete de seguridad, encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos, donde se analizaron las acciones que se llevan a cabo para localizar a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, quienes continúan desaparecidos.

El cónclave se inició alrededor de las 15:30 horas y duró aproximadamente dos horas y media. La Presidencia de la República no ofreció detalles sobre lo tratado en el encuentro; solamente difundió por la noche fotografías de la reunión convocada por el mandatario federal.

Hallarlos, prioridad

Peña Nieto había adelantado desde el mediodía de ayer, durante una gira por el estado de Morelos, que se reuniría este jueves con el gabinete de seguridad nacional, porque la prioridad en este momento es encontrar a los jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en la ciudad de Iguala desde el pasado 26 de septiembre.

Acudieron al encuentro con Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Jesús Murillo Karam, procurador general de la República; los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), general Salvador Cienfuegos Zepeda y almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente, así como otros funcionarios del gobierno federal.

Urge EPN acelerar solución a crisis en Guerrero
Francisco Reséndiz| El Universal
Viernes 17 de octubre de 2014
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Urge EPN acelerar soluci�n a crisis en Guerrero

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El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete de seguridad a acelerar los trabajos para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero

francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, “acelerar” sus trabajos a fin de dar con el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero.

Ayer por la tarde, el jefe del Ejecutivo Mexicano se reunió en privado, durante casi tres horas en Los Pinos, con el gabinete de seguridad que integran los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa, general Salvador Cienfuegos; de Marina, almirante Francisco Soberón, y el procurador Jesús Murillo Karam.

En el encuentro, el mandatario escuchó los avances de las investigaciones para la localización de los jóvenes desaparecidos en Iguala en septiembre pasado.

Además participaron el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda; el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño.

Por la noche, a través de su cuenta de Twitter, el Presidente ratificó que en este momento la prioridad del gobierno federal “es buscar a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa”.

“Que sus familiares, amigos y el pueblo de México sepa: seguiremos trabajando sin descanso en esta búsqueda. Mi solidaridad está con sus padres, con el dolor que les embarga, con la consternación y la indignación que compartimos todos los mexicanos”, indicó.

Desafío institucional. Horas antes, en Xochitepec, Morelos, el presidente advirtió que la principal tarea que tiene en estos momentos el gabinete federal de seguridad es la búsqueda y la localización de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

Dijo que este caso es un gran reto para el Estado, pues a partir de estos hechos deberá definir los mecanismos, las políticas y el marco legal que se impulse para asegurar que los municipios cuenten con mayor fortaleza institucional en materia de seguridad.

“Este es un tema que habrá de ocupar la tarea, el debate de quienes son parte del Estado mexicano, pero hoy estamos en una tarea prioritaria que es buscar y encontrar a los jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y dar con su paradero”, indicó.

Durante la inauguración del foro internacional “Alternativas Verdes”, que encabezó el Presidente de la República, el gobernador Graco Ramírez subrayó: “Como lo dijimos con claridad en la Conferencia Nacional de Gobernadores, frente a la situación que se vive en el estado vecino de Guerrero: tiene usted todo el apoyo, la solidaridad. Y el desafío al Estado de derecho tiene como respuesta la unidad de todos y de todas en este asunto. Adelante, Presidente”.

En su intervención, Peña Nieto respondió al pronunciamiento del gobernador morelense. Indicó que ese mensaje es muestra de la solidaridad de todos los mexicanos, “como se ha expresado de distintas maneras”, para los familiares de los estudiantes que hoy están desaparecidos.

“Y sin duda lo que representa la tarea más importante y a la que he convocado a todo el gabinete de seguridad, en este momento, que es encontrar a los jóvenes estudiantes”.

Ante los gobernadores de Morelos, Puebla e Hidalgo y el jefe del gobierno del Distrito Federal, Peña Nieto subrayó que este asunto además representa “un gran reto para el Estado mexicano en su conjunto”.

Explicó que México deberá definir, a partir del caso de la desaparición de los normalistas, cuáles serán los mecanismos, las políticas, el marco normativo que se impulsen para asegurar que los municipios cuenten con mayor fortaleza institucional en materia de seguridad pública.

Guerrero un “modelo” de narco-estado
20 de octubre del 2014

Ángel Aguirre. Foto: EspecialSon 13 municipios de la región norte y Tierra Caliente de Guerrero donde el gobierno federal asumió el control de las policías a partir del domingo 19 de octubre. Días antes varios alcaldes de estos lugares fueron señalados como “sospechosos” de brindar protección al narco. La decisión de la entrada de fuerzas federales era esperada desde días atrás, después de que se anunció la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, considerado líder del grupo criminal al que se le acusa de haber autorizado el plagio que mantiene desaparecidos a 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. La añeja estructura de protección política al servicio del narco, exhibida por sus torpezas criminales, marca un hito a nivel nacional al mostrar que arropados por la impunidad, seguirán al frente del estado con o sin la figura decorativa del gobernador.

México, 20 de octubre.- La mañana del 5 de abril pasado las alertas sonaron en las comandancias de las policías municipales de Iguala y Teloloapan. Primero fue un llamado de auxilio, después otro más y al paso de las horas no se veía alguna movilización en ninguno de los dos lados. Las peticiones de ayuda venían de un grupo de familias de los pasajeros de un autobús de línea, quienes habían sido secuestrados cuando fueron detenidos en un retén instalado en la vía que comunica ambos municipios a la altura del crucero hacia la comunidad de Ixcateopan.

El retén era de un grupo de pistoleros identificados con la organización “guerreros unidos”, quienes se llevaron a 20 personas, entre profesionistas, estudiantes y comerciantes, cuyas familias demandaban ayuda. Al paso de los días algunos fueron liberados, tras el pago de cierta cantidad después de que los parientes de las víctimas habían sido contactados, de otros no se supo nada sino tiempo después, cuando reportes de la prensa local informaron del hallazgo de cadáveres en caminos cercanos a donde se había instalado el retén.

El episodio era uno de tantos que la población de las comunidades cercanas a los municipios de Telolopan y Apaxtla de Castrejón, habían denunciado a la policía estatal sin que tuvieran respuesta. Cada denuncia tenía un elemento en común, en todas aparecía la policía municipal de Iguala con efectivos o con algunas de sus unidades, presentes en los retenes que por esos días los grupos armados tenían instalados en las vías que comunicaban éste municipio con los de la Tierra Caliente guerrerense.

Por esos días la 35 zona militar, con cuartel general en Chilpancingo y jurisdicción en parte de la Montaña, norte del estado y Tierra Caliente, había girado instrucciones a los batallones 27 de Iguala y 40 de Ciudad Altamirano, que incrementaran los patrullajes pero evitando hacer “contacto” con grupos armados, señala un oficial que estuvo adscrito hasta hace unos meses al estado mayor de ese cuartel. La razón fue que toda la policía municipal de varias comunidades del norte y de la región calentana de Guerrero, trabajaba para el narcotráfico y algunos de los presidentes municipales estaban en la lupa de las autoridades federales.

Poco tiempo después la PGR anunció la detención del alcalde de Cuetzala del Progreso, el perredista Feliciano Álvarez Mesino, quien era investigado desde diciembre del 2013 ya que como máxima autoridad del municipio enclavado en la zona serrana colindante con Apaxtla, formaba parte de un grupo delictivo al que se le acusó al menos de 15 secuestros en municipios distantes de su zona como Arcelia y Tecpan, y otros más próximos como Teloloapan.

Golpe a estructura de protección policiaca

Primero fue una manta aparecida el jueves 16 de octubre al oriente de Iguala donde se señalaba a siete alcaldes de la zona norte y Tierra Caliente al servicio del grupo autodenominado “guerreros unidos” junto con el delegado federal de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el estado de Guerrero.

El mensaje acusaba a los hermanos Adán, Ángel y Sidronio Casarrubias Salgado, fundadores de la organización que en otro tiempo fue un apéndice del grupo Beltrán Leyva, de estar detrás junto con una banda apodada “los Peques”, de la desaparición de los normalistas. Y remataban con señalamientos a quienes acusaban de cómplices.

“¿Señor presidente, quiere nombres? Taxco: Salomón Majul González y Eruviel Salado Sánchez; Ixtapan de la Sal: Ignacio Ávila Navarrete y Efraín Pedroza Flores; Iguala José Luis Abarca Velázquez y Francisco Valladares; Huitzuco: Héctor Vicario Castrejón, Norberto Figuera Almozo, Javier Duarte Núñez y Marcelo Villalba Adame; Tepecoacuilco: Antonio Galarza Zavaleta; Cocula: César Miguel Peñaloza; Teloloapan: Ignacio Valladares; Apaxtla: Efraín Peña Damasio. Estos son el grupo que conforma Guerreros Unidos”, decía el mensaje.

Salvo Huitzuco y Tepecoacuilco, al resto de municipios señalados en el mensaje se les sumó Arcelia, Buena Vista de Cuellar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlapehuala y en el Estado de México, Ixtapan de la Sal, donde este domingo fuerzas federales tomaron el control de la seguridad pública.

Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, anunció el domingo pasado que el ejército y la policía federal asumieron labores de vigilancia en estos 13 municipios donde se sospecha que la policía está infiltrada por la delincuencia organizada. Todos los agentes de la policía municipal, fueron llevados a la zona militar de Tlaxcala, donde serán sometidos a pruebas de confianza. Es el mismo lugar donde se encuentran desde hace días los policías de Iguala y desde hace un mes los efectivos de los nueve municipios de la Tierra Caliente mexiquense.

Oscar Chávez Pineda, síndico de Iguala fue detenido por la PGR para que declarara sobre el caso de los seis asesinatos de la madrugada del sábado 26 de septiembre, además de que será interrogado sobre la desaparición de los normalistas, añadió en la conferencia el titular de la CNS.

Sobre la búsqueda de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, explicó que se han desplegado 16 equipo de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, 6 buzos, cuatro laboratorios móviles y hasta el domingo 19 se habían efectuado 500 recorridos de búsqueda, así como 70 sobrevuelos de reconocimientos para revisar cuevas, pozos, cerros, túneles, minas, ríos, lagunas y presas. Todo este despliegue hasta la fecha, ha resultado infructuoso.

Un gobernador de papel

Ángel Aguirre Rivero, el priista reconvertido en perredista, dejó de ser un interlocutor válido de cara a la sociedad guerrerense, no solo frente a los estudiantes, pues ya no tiene ninguna legitimidad ante otros actores en la entidad. Las palabras del senador del PRD Alejandro Encinas, desentonaron con el dicho de sus correligionarios agrupados en “Nueva Izquierda”, quienes refrendaron su apoyo al hombre que al que se acusa de “negligencia criminal” y de estar “coludido con el narcotráfico”.

Encinas dijo ante varios medios de comunicación que hizo la petición junto a otros perredistas durante la celebración del Consejo Nacional que el gobernador presente a la brevedad su renuncia, la cual sería un factor de distensión en el estado.

Sin embargo varios analistas y actores políticos han señalado que la ingobernabilidad que se prevé crezca en los siguientes días, ante el anuncio de marchas, paros, plantones y bloqueos, podría continuar aunque Aguirre deje la gubernatura. Hay una confluencia de factores donde el descontento, el hartazgo social y la demanda de que aparezcan los 43 jóvenes con vida, se unen para crear un escenario donde la radicalización puede ir de la mano con la ingobernabilidad, señalaron.

Pese a la declaraciones del senador Encinas, la cúpula perredista copada por el grupo de “Nueva Izquierda”, conocidos como “los Chuchos”, quienes apoyaron a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala prófugo y acusado de formar parte de la delincuencia organizada, refrendaron su apoyo al aun mandatario.

“Es evidente que el gobernador Aguirre ya no es un interlocutor válido, no con los estudiantes normalistas, sino con muchos sectores de la sociedad guerrerense. Hay una situación de ingobernabilidad. Ya no es la desaparición de los 43 muchachos normalistas o los 6 homicidios que se presentaron esa noche de terror en Iguala. Es el surgimiento todos los días de fosas con cadáveres y muertos que dan cuenta de un clima de ingobernabilidad en el estado y una vez que prácticamente el estado sea ocupado por la autoridad federal, pues el gobernador ya no tiene las riendas del estado. (…) También hay que decirlo con toda claridad y no veo por qué incurrir en una simulación cuando hay que tomar decisiones fuertes, firmes, para enfrentar de cara al pueblo de Guerrero la investigación, rendir cuentas pero también generara espacios que permitan un mínimo de normalidad democrática en la entidad”, concluyó Encinas.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

Toman 13 alcaldías por ligas con narco
20 de octubre del 2014

México, 20 de octubre (Reforma).- Ante la presunción de nexos entre el crimen organizado y policías municipales, el Gobierno federal asumió ayer las funciones de seguridad en 13 municipios, como ya ocurría en Iguala y Cocula.

Se trata de localidades ubicadas en las regiones de Tierra Caliente y norte en Guerrero, como Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto A. Nerie e Ixcateopan de Cuauhtémoc.

Además de Pungarabato, Pilcaya, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Tlapehuala y Teloloapan en Guerrero, así como Ixtapan de la Sal, en sur del Estado de México.

En esas demarcaciones suman ya unos mil 500 agentes municipales cesados por el Gobierno federal, al igual que sus mandos.

Durante la jornada de ayer, el Ejército desarmó a los policías de esas localidades para revisar si sus fusiles y pistolas cuentan con el permiso oficial correspondiente.

En tanto, la Policía Federal asumió las labores de patrullaje con elementos de la Gendarmería y la Marina.

Investigaciones federales refieren que el crimen organizado se infiltró en las corporaciones de seguridad de esos municipios.

Ello, a través de pagos mensuales a sus mandos para la protección de actividades ilícitas, entre ellas, el secuestro, la extorsión y el narcomenudeo, así como el cobro de piso al transporte y comercios.

En Taxco, que cuenta con unos 140 policías, los elementos del turno matutino fueron sorprendidos por los militares, quienes solicitaron la entrega de las armas.

Los agentes municipales fueron “concentrados” en las instalaciones de la Policía, mientras que los soldados patrullaron esa localidad en coordinación con elementos de la Policía Federal.

Erubiel Salado Chávez, jefe de la Policía de Taxco, huyó de este Municipio luego de que el Ejército arribó al cuartel para revisar el armamento de sus elementos, aseguraron fuentes castrenses.

Salado Chávez ha sido señalado en repetidas ocasiones de otorgar protección a la organización criminal Guerreros Unidos.

Luego de la desaparición de 43 normalistas el pasado 26 de septiembre en Iguala, la Federación ha reforzado la seguridad en Guerrero.

En esa entidad, de acuerdo con investigaciones, opera Guerreros Unidos, que mantiene una rivalidad con Los Rojos, lo que ha derivado en una escalada de violencia y ejecuciones.

Benito Jiménez

Piden justicia por Ayotzinapa en París
20 de octubre del 2014

México, 20 de octubre (Reforma).- Por segunda ocasión en una semana, mexicanos residentes en Francia salieron este domingo a las calles de París para manifestar su solidaridad con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

La participación aumentó y en esta ocasión se contaron 160 manifestantes, de acuerdo con los organizadores y la Policía francesa que abrió paso a la marcha.
“Hay una inquietud creciente de los mexicanos que viven en Francia y cada vez son más los que quieren manifestarse”, aseguró a REFORMA uno de los organizadores del evento, Sergio Ávalos.

La creciente movilización también se observó en la página de Facebook de Mexicanos en París, que había registrado 40 confirmaciones para el primer evento y en esta ocasión recabó más de 200.

“Hay más manifestantes porque cada día la situación es peor. Ya han descubierto 26 fosas repletas y los 43 normalistas no estaban ahí, entonces ¿quiénes son todas esas personas?”, comentó Ávalos.

Los manifestantes se reunieron en la explanada de los Derechos Humanos, situada en la Plaza del Trocadero frente a la Torre Eiffel, para marchar hacia la Embajada de México en esta capital, a menos de 500 metros de distancia.

“En México siempre hemos manifestado contra la violencia y la injusticia. Como mexicanas, queríamos estar hoy aquí”, señaló Nathalie, que acudió con Gaëlle, Silve y Anaïs, todas ellas mexicanas de 18 años de edad y estudiantes en preparatorias o universidades parisinas.

David, originario de Chihuahua e ingeniero en la industria automotriz francesa, explicó, que en su trabajo le han preguntado sobre el caso de Ayotzinapa como en otra época le preguntaban sobre el de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez.

“Da dolor, pena, y estamos aquí para mostrar nuestro descontento, nuestra solidaridad”, dijo.

Los manifestantes leyeron una carta que entregarán en los próximos días a la Embajada de México en Francia y que ya ha recabado cerca de 100 firmas.

Las intervenciones terminaron con la lectura de los nombres de los 43 normalistas desaparecidos.

A la marcha también acudieron algunos peruanos, que quisieron mostrar su fraternidad latinoamericana; algunos franceses de asociaciones de derechos humanos, así como militantes y un Edil del Parti de Gauche (Partido de Izquierda) que pretenden movilizar a los parlamentarios de su partido para enviar una carta al Presidente francés François Hollande.

“Es un caso que me conmueve, se trata de estudiantes que representan el futuro de un País, y hoy están desaparecidos, quizás muertos”, explicó a REFORMA Fethi Chouder, Edil del Parti de Gauche de la ciudad de Aubervilliers, en la periferia noreste de París.

“Por eso quise estar aquí, para manifestar mi solidaridad y explicar que queremos movilizar a los parlamentarios franceses, pedir al Gobierno francés que proteste ante el Gobierno mexicano”, precisó el Edil.

Los organizadores anunciaron que se llevarán a cabo diferentes eventos en los próximos días o semanas, entre los cuales está prevista una nueva manifestación ante la Embajada de México.

Mónica Delgado

Apoyo a familias de Ayotzinapa en su petición a la CIDH: Rubido
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 20 de octubre de 2014, p. 9

El Estado mexicano avaló la petición de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el apoyo a los ofendidos y víctimas de esos hechos, informó este domingo el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García.

Añadió que el Ejército Mexicano y la Policía Federal tomaron el control de 12 municipios de Guerrero y uno del estado de México, pues se presume que policías están vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

También anunció la detención del síndico de Iguala, Óscar Chávez Pineda, quien era el encargado del despacho de esa alcaldía guerrerense, tras la ausencia de José Luis Abarca.

Al dar lectura a un comunicado, Rubido indicó que los municipios en los que las autoridades federales tomaron el control son: Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pungarabato, Pilcaya, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Tlapehuala y Teloloapan en Guerrero, así como Ixtapan de la Sal, en el estado de México.

Señaló que los elementos municipales de estas localidades serán trasladados a la sexta región militar, en Tlaxcala, para ser evaluados mediante exámenes de confianza.

El comisionado puntualizó que en Guerrero hay 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros y una brigada de 3 buzos para localizar a los 43 estudiantes.

No es necesario un comisionado para Guerrero: Aguirre
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Desapariciones y denuncias

El gobierno federal tomó el control de 12 municipios de la zona Norte y Tierra Valiente del estado. AFP / R. Schemidt
Comisionado de ONU y diputados hablan del caso Iguala
Dan a padres de normalistas detalles de pesquisas
Solalinde lleva a la PGR denuncia por caso Iguala
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Lamenta que la CNDH lo haya sacado de las mesas de diálogo

El gobernador considera positiva la llegada de fuerzas federales a la entidad

ACAPULCO, GUERRERO (20/OCT/2014).- El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dijo que no es necesario que haya un comisionado de seguridad para la entidad como en Michoacán, luego que el gobierno federal tomó el control de 12 municipios de la zona Norte y Tierra Caliente.

"No es que yo me oponga a que venga o no un comisionado, pero yo creo que acciones como las que están desplegando y con una expresa coordinación, pues no veo el caso", dijo el mandatario guerrerense.

Entrevistado al término de la entrega de 193 nombramientos a egresados normalistas de nueve instituciones públicas y privadas, consideró "muy positiva" la llegada de fuerzas federales a 12 municipios de Guerrero y reconoció que la zona donde ingresaron es donde existe mayor presencia de grupos delictivos en la entidad.

Señaló que en estos momentos la prioridad del estado es encontrar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace 24 días luego de la masacre en Iguala, cuando policías municipales y sicarios mataron a seis personas, entre estas tres estudiantes.

El gobernador guerrerense lamentó que organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, lo hayan sacado de las mesas de diálogo con la federación.

No obstante dijo que diario, incluso más de una vez al día, mantiene contacto directo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y reiteró que es muy respetuoso de las opiniones diversas que piden su salida, "(...) que no se pierda que es lo prioritario, (...) es muy triste y lamentable que lo prioritario para algunos sea la renuncia es el gobernador, cuando lo más prioritario es encontrar a los jóvenes".

Comisionado de ONU y diputados hablan del caso Iguala
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La reunión es en el Palacio legislativo de San Lázaro. NTX / ARCHIVO
Dan a padres de normalistas detalles de pesquisas
Solalinde lleva a la PGR denuncia por caso Iguala
La Segob, PGR y padres de normalistas cambian sede de reunión
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Este martes se reunirán con el titular de la CNDH

La Comisión Especial se reúne a puerta cerrada con el representante de las Naciones Unidas

CIUDAD DE MÉXICO (20/OCT/2014).- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga los hechos de Iguala, Guerrero, se reúne la tarde de este lunes, a puerta cerrada, con el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios.

En esta reunión, celebrada en las instalaciones del Palacio legislativo de San Lázaro, los diputados intercambiaran puntos de acuerdo respecto a esta tragedia que dejó como resultado seis muertos y 43 alumnos normalistas desaparecidos.

El presidente de la Comisión Especial, el panista Guillermo Anaya, explicó que los representantes de la ONU pidieron que la reunión fuera privada, por lo que al final se espera que los legisladores den un resumen.

El panista informó que mañana martes irán los legisladores a las oficinas del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, con quien abordarán las acciones que dicho organismo ha realizado en este caso de Iguala.

Citan a titular de Sedena por Guerrero

Nacional Lun 20 octubre 2014 11:01
El Universal

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que preside el senador Alejandro Encinas Rodríguez, citó al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, a comparecer para abordar el tema de Iguala y la situación que hay en la zona de la Tierra Caliente de Guerrero.

Encinas Rodríguez informó que los legisladores de la bicameral buscarán un segundo encuentro con secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

“Una próxima será una reunión muy privada con el secretario de la Defensa y espero que a más tardar la semana que entra tengamos un segundo encuentro con el secretario de Gobernación y el procurador general de la República para conocer los avances de la investigación”, dijo el perredista en el Monumento a la Revolución.

Explicó que los legisladores tienen interés en conocer la opinión que tiene la Sedena sobre lo que está aconteciendo en esa región del estado y del país, no sólo es el asunto de Iguala, sino como puede conjugarse este problema en toda la zona de Tierra Caliente.

Encinas Rodríguez detalló que desde la década de los 70 se estableció el 27 Batallón de Infantería en Tierra Caliente, para combatir al narcotráfico y a la guerrilla.

“Hay que recordar que muchos de los fenómenos de la ‘guerra sucia’ se dieron por el enfrentamiento de la zona naval de Acapulco y este batallón de Iguala contra los grupos guerrilleros, por supuesto que esta experiencia negativa también puede ayudar hoy a identificar muchos de los problemas que están presentes en la región”.

Comentó que ningún caso que se investiga en Guerrero es competencia de la Defensa Nacional, porque son temas de Seguridad Pública y le corresponden a la autoridad civil, pero “de todos modos queremos conocer el punto de vista de las Fuerzas Armadas, hay que ver el conjunto de autoridades, porque en primer lugar, muchos de los delitos son del fuero común y competen a la autoridad local, por ejemplo, el secuestro y homicidio de militantes perredistas, como Hernández Cardona y otros compañeros”.

El pasado 15 de octubre, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sesionó en el Senado de la República, en comparecencia con los titulares de Gobernación, PGR, Cisen y Comisión Nacional de Seguridad, para conocer los avances en las investigaciones sobre el caso Guerrero.

Por separado, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tuvo un segundo encuentro privado con los senadores del grupo de trabajo para el caso Iguala, Guerrero, que coordina el senador Omar Fayad (PRI).

En el encuentro, explicó a los legisladores que hasta ese momento se habían encontrado en cinco fosas los restos de 28 personas, cuyo ADN era estudiado por peritos adscritos a la PGR y de Argentina.

Sobre la probable responsabilidad de los policías municipales de Iguala y Cocula, el procurador dijo que han sido detenidos 36 elementos de ambas corporaciones, cuya responsabilidad en los hechos había sido comprobada.

Refirió que incluso la Interpol está colaborando en este caso para la detención de otros posibles responsables.

México, en una narcocrisis más grave de la que acepta Peña: The New York Times
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J. Jesús Esquivel
19 de octubre de 2014
Nacional
La nota publicada por The New York Times.
La nota publicada por The New York Times.

WASHINGTON (proceso.com.mx).- La desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero y los fracasos del gobierno por localizarlos, demuestra que México pasa por una crisis de decadencia en materia de derechos humanos más grave de la que reconoce la presidencia de Enrique Peña Nieto, según el diario estadunidense The New York Times.

“El presidente Peña Nieto declaró que la búsqueda de los estudiantes desaparecidos es la prioridad de su gobierno”, establece un amplio artículo de primera plana en la edición dominical de The New York Times.

“Pero si algo ha confirmado la búsqueda, es que la crisis del crimen organizado en México, es que las miles de personas que han sido asesinadas recientemente en la guerra contra las drogas puede estar peor de lo que aceptan las autoridades”, remata el reportaje de primera plana de The New York Times.

Titulado “México encuentra muchos cuerpos, pero no los de los 43 perdidos”, la nota del rotativo estadunidense destaca que el descubrimiento de más de una docena de fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, con decenas de restos humanos en los infructuosos esfuerzos por localizar a los normalistas, dejan en claro un hecho todavía más escalofriante: “El extenso saldo en el número de víctimas a manos del crimen organizado en esta nación”.

Como ya lo había hecho notar en otros artículos sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el periódico más importante de Nueva York y uno de los más influyentes del mundo, enfatiza que el descubrimiento de fosas clandestinas con cadáveres de personas desconocidas, ya no sorprende ni al gobierno ni a la población de México.

No obstante, la nueva nota del diario neoyorquino inicia con un relato que desnuda el sentimiento de impotencia que sienten los padres de los normalistas desaparecidos, ante el fracaso del gobierno de Peña Nieto por responder a esta crisis humana.

“Alguien sabe los que le pasó a mi hijo y a los otros… alguien tiene que regresárnoslos”, declaró a The New York Times Eleucadio Ortega, padre de Mauricio, uno de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

“En sus primeros dos años de gobierno, Peña Nieto se ha concentrado en renovar la economía y en atraer capitales extranjeros… pero sus críticos argumentan que en este proceso, el presidente ha ignorado ampliamente a los pueblos sin ley como éste (Iguala) que se encuentra a sólo 193 kilómetros al sur de la Ciudad de México. La evidencia de esto, literalmente se asienta justo debajo de su superficie”, concluye de manera irónica, por el hecho del descubrimiento de las fosas clandestinas el artículo de primera plana de The New York Times.

El gobierno ve a la guerrilla detrás de movilizaciones en Guerrero
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Ezequiel Flores Contreras
18 de octubre de 2014
Reportaje Especial
Marchan en silencio por normalistas desaparecidos en Guerrero. Foto: Germán Canseco
Marchan en silencio por normalistas desaparecidos en Guerrero.
Foto: Germán Canseco

Las manifestaciones en Guerrero a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa crecen en número y, en algunos casos, en violencia. Estudiantes, maestros y la sociedad han salido a las calles a gritar su ira contra una administración estatal corrupta, señalada desde todos lados como aliada del crimen organizado. Pero esas protestas no son vistas por los servicios de inteligencia del gobierno federal como el resultado del hartazgo social, sino como un movimiento liderado por las guerrillas del EPR y el ERPI.

CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre dio pie en Guerrero al surgimiento de un movimiento, la Asamblea Nacional Popular (ANP), que ha comenzado a aglutinar a diversas organizaciones radicales, advierten los órganos de seguridad e inteligencia del gobierno federal, los cuales han identificado a los grupos que dan forma a las acciones de protesta y presión.

Un informe de inteligencia federal obtenido por este semanario enlista al menos 11 grupos detrás de las protestas, varios de ellos vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Según el reporte fechado el miércoles 15, las protestas podrían aumentar su impacto con bloqueos de las principales carreteras de la entidad, de los accesos a Acapulco, Iguala y Chilpancingo y toma de hoteles y centros comerciales en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, así como de los aeropuertos internacionales de estas dos últimas. Además se considera la posible ocupación de bancos, edificios públicos y estaciones de radio en las principales urbes guerrerenses.

La mayoría de estas acciones ya han sido propuestas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), encabezada por Reyes Ramón Guerrero, y por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de Oaxaca, que ya ha desplazado contingentes a Guerrero y tiene “fuerte vínculos con el EPR”, dice el reporte.

Con ese grupo armado también relaciona al Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, al Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y al Frente de Izquierda Revolucionaria.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1981, ya en circulación)

Ayotzinapa: ni Peña ni Segob actuaron, aunque sabían lo que venía
Gloria Leticia Díaz
18 de octubre de 2014
Reportaje Especial
Normalistas causan destrozos en la sede del gobierno de Guerrero. Foto: AP / Félix Márquez
Normalistas causan destrozos en la sede del gobierno de Guerrero.
Foto: AP / Félix Márquez

Mientras el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, en particular el procurador Jesús Murillo Karam, se enmarañan en su discurso exculpatorio sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el diputado perredista Carlos de Jesús Alejandro declara a Proceso: por lo menos desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero. Incluso en ese marco se formó la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero no prosperó. Y reventó la violencia en Iguala…

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde su arribo a Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto lo supo: buena parte del territorio guerrerense estaba sometido por células del narco. En algunas regiones, le dijeron sus allegados, no podían entrar ni los representantes de las dependencias federales.

Los sucesos del pasado 16 de septiembre en Iguala, donde murieron varios estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus compañeros, exacerbaron la crisis. Y aunque al principio el gobierno federal intentó reducir el problema a una crisis local, Peña Nieto terminó por asumir su responsabilidad, acicateado por la presión de los medios y organismos internacionales.

Para el diputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el descubrimiento de una veintena de fosas clandestinas en Iguala, así como la declaración del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, de que los restos de 28 personas encontradas no corresponde a los jóvenes agredidos el 26 y 27 de septiembre, ponen en evidencia omisiones que el gobierno federal no puede eludir.

Oriundo de Guerrero y consejero nacional de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), De Jesús Alejandro comenta a Proceso que por lo menos desde el primer trimestre de 2013 un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales alertaron al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de los municipios y de las afectaciones directas al desarrollo de la entidad gobernada por el perredista Ángel Aguirre Rivero.

Fueron integrantes de esa organización quienes descubrieron algunas de las fosas en su búsqueda de los 43 normalistas, y en su momento advirtieron a la Secretaría de Gobernación acerca de la ola criminal que azota a la entidad, dice a la reportera el también fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB).

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1981, ya en circulación)

Osorio Chong y Murillo Karam se reúnen con familiares de estudiantes de Ayotzinapa
21 de octubre del 2014

México, 21 de octubre.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se reunieron con los familiares de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

El encargado de la política interior del país destacó como una prioridad del Gobierno de la República la búsqueda y localización de los normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, en el municipio de Iguala.

Durante más de dos horas, los padres de familia de los estudiantes plantearon diversas inquietudes e hicieron cuestionamientos sobre el tema.

Ambas partes convinieron en continuar con estas reuniones informativas.

Asistieron los subsecretarios de Gobierno y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda y Lía Limón García, así como la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Iliana García Laguna.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

Conmina PRD a ediles para declarar ante PGR por caso Iguala
El CEN del sol azteca exhortó a los 12 presidentes municipales de Guerrero y a uno del Estado de México a que informen sobre la situación de sus municipios
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20/10/2014 19:57 Redacción
El CEN del PRD exhortó a los 12 presidentes municipales de Guerrero y a uno del Estado de México a que se presenten ante la PGR
El CEN del PRD exhortó a los 12 presidentes municipales de Guerrero y a uno del Estado de México a que se presenten ante la PGR (Foto especial)

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre.- El CEN del PRD exhortó a los 12 presidentes municipales de Guerrero y a uno del Estado de México a que se presenten ante la PGR. La decisión se toma un día después de que la Comisión Nacional de Seguridad presumiera que las corporaciones policiales de esas alcaldías tienen nexos con el crimen organizado.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD, desde el momento en que asumió su responsabilidad, y desde el municipio de Iguala, a donde acudió a expresar su solidaridad y su pesar a la población agraviada, exigió la intervención inmediata del Gobierno Federal; demandó, desde el primer momento, la presencia en Guerrero del Ejército, de la Gendarmería y de la PGR”.

La Dirección Nacional del PRD subrayó además que, ante la gravedad de los hechos, nadie, ningún poder y ninguna fuerza política puede ser omisa y expresó su decisión de empezar a tomar medidas internas.

Se trata de un blindaje ante las elecciones de 2015 para impedir que la delincuencia influya en la elección de candidatos, y empezar, desde ahora, con los gobiernos municipales del PRD”, puntualizó.

Federales toman control:

Apaxtla,
Arcelia,
Buenavista de Cuéllar,
Coyuca de Catalán,
Canuto Neri,
Ixcateopan,
Piltaya,
Pungarabato,
San Miguel Totolapan,
Taxco,
Teloloapan y
Tlapehuala,
Ixtapan de la Sal (en Edomex).

Precisa que “el CEN del PRD resolvió por unanimidad en su sesión de este lunes veinte, conminar a los presidentes municipales de Apaxtla, Teloloapan, Gral. Canuto Neri, Ixcateopan de Cuahtémoc, Coyuca de Catalán en Guerrero, e Ixtapan de la Sal, Estado de México en donde ha sido tomada la seguridad municipal por la Policía Federal y el Ejército a que se presenten y se pongan a disposición de las autoridades correspondientes para declarar e informar sobre la situación de sus municipios y contribuir así con las investigaciones que se están llevando a cabo”.

El CEN del PRD llama a las dirigencias del PRI, del PAN y del PT para que también convoquen a sus presidentes municipales que se encuentran en las mismas condiciones en Guerrero, como son los de Taxco, Arcelia, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Pilcaya y Buenavista de Cuéllar para que se presenten y contribuyan con las investigaciones.

Al Gobierno Federal le corresponde evaluar rigurosa y profesionalmente la actuación de los gobiernos municipales mencionados y al mismo tiempo salvaguardar su integridad y brindar protección a quienes contribuyan con sus declaraciones y a sus familias.

asc

Iguala empaña avances en seguridad: EPN
Francisco Reséndiz Enviado| El Universal
Martes 21 de octubre de 2014
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Video. Para frenar la corrupción en fuerzas de seguridad locales, el presidente anunció que autoridades federales actuarán en municipios donde se compruebe la infiltración del crimen organizado
Iguala empa�a avances en seguridad: EPN

DECLARACIÓN. "Y como hoy lo hacemos en Guerrero, lo hemos acreditado y seguiremos trabajando, para que, junto con los gobiernos locales, pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones encargadas familias mexicanas" Enrique Peña Nieto, presidente de la República. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
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El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el esfuerzo del gobierno y la sociedad sobre seguridad se empañó por los hechos violentos en Iguala, Guerrero, en que desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa

francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

Poza Rica, Ver.— El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el esfuerzo emprendido por los tres niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto —ya sea a través de organizaciones o alzando la voz en demanda de justicia y mayor seguridad—, se ha empañado por los hechos violentos registrados en Iguala, Guerrero.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que “como hoy se hace en Guerrero”, su administración seguirá trabajando para que, junto con los gobiernos locales, “pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones, sobre todo, encargadas de darles seguridad a las familias mexicanas”.

Tras afirmar que para el gobierno federal es fundamental llegar al fondo en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó que ha instruido el despliegue de fuerzas federales en municipios infiltrados por grupos criminales.

“Recién instruí y ya ha ocurrido ayer (domingo) que las fuerzas del orden federal tuvieran participación en aquellos municipios en los que hay, de acuerdo a las investigaciones, evidencias de infiltración del crimen”, dijo.

Al encabezar en este municipio veracruzano acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dijo que por lo anterior, las fuerzas federales se ocupan de la seguridad en 13 municipios del estado de Guerrero.

Explicó que su administración trabaja “en equipo, en coordinación, en cooperación y colaboración” con los gobiernos estatales y municipales para cumplir en todos los frentes, entre ellos, la seguridad, que permitan desarrollo y progreso para los mexicanos.

“Y como lo hemos, o ustedes lo han conocido a través de los medios de comunicación, todo este esfuerzo colectivo que estamos llevando a cabo, todo este compromiso que asumimos los órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, que también participa a través de distintas organizaciones o como ciudadanos, alzando la voz y demandando justicia y mayor seguridad pública, todo este esfuerzo lamentablemente se ha visto empañado por los hechos ocurridos, como lo han sabido ustedes, en el municipio de Iguala, Guerrero.

“Y como hoy lo hacemos en Guerrero, lo hemos acreditado y seguiremos trabajando, para que, junto con los gobiernos locales, pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones encargadas de darles seguridad a las familias mexicanas”, señaló el primer mandatario.

El presidente Peña Nieto recordó que hoy entrará en operación la Fuerza Civil de Veracruz, un nuevo cuerpo de seguridad pública que estará al servicio de los habitantes.

Detalló que México es un gran país y que sus ciudadanos, con su júbilo y entusiasmo, “acreditan lo que somos y lo que anhelamos ser: una mejor sociedad y tener un mejor país”.

“Recojo en ustedes lo que, sin duda, es fundamental para alcanzar este objetivo, mostrar siempre una actitud constructiva, propositiva y positiva.

“Estar del lado de las soluciones, estar del lado de todo lo que permita resolver los grandes retos, los grandes desafíos que tenemos como sociedad”, comentó el jefe del Ejecutivo.

El Presidente de la República indicó que su administración tiene claro cuáles son los retos y cuáles son los compromisos que tiene asumidos con la sociedad mexicana.

Hasta noviembre se debatirá sobre desaparición de poderes en Guerrero

Las bancadas del PAN y del PRI en el Senado anunciaron que será hasta el 4 de noviembre cuando se presente el dictamen para dar tiempo de hacer una investigación
Por: Milenio

martes, 21 de octubre del 2014

Foto: Archivo

México.- Las bancadas del PAN y del PRI en el Senado acordaron posponer hasta el 4 de noviembre la presentación del dictamen respecto a la desaparición de poderes en Guerrero a fin de dar espacio a que la Comisión de Gobernación y el Subgrupo de Seguimiento viajen a esa entidad para recabar pruebas sobre la gobernabilidad.

El coordinador panista Jorge Luis Preciado dijo que aún cuando hoy vencen los 5 días que define la ley para que el Senado se pronuncie, se emitirá una moción suspensiva que daría tiempo a esta investigación.

"Nuestra posición es a ver, a ver a ver, ¿cómo nos vas a dar la respuesta en cinco días si se tiene que hacer una investigación?, esto implica que tenemos que ir al estado de Guerrero, platicar con los poderes constitucionales, platicar con la población de Guerrero, organizaciones, la CNDH, como se hizo en el caso de Oaxaca", aseguró Preciado.

El senador panista señaló que ya está acordado que la presentación del dictamen ante el pleno será hasta el 4 de noviembre.

Dijo que hoy se pidió a la Comisión de Gobernación no concluir que, por el envío de cartas que hicieron los poderes Legislativo y Judicial, sí están funcionando los poderes en Guerrero.

"¡Claro que van a decir que sí funcionan, porque si se van ya no van a poder cobrar!", comentó.

Por su parte, el priista Omar Fayad, quien coordina los trabajos del Subgrupo de Trabajo, dijo que todavía habrá modificaciones a este acuerdo para ver qué facultades tendría el Subgrupo de Trabajo porque en estos momentos es de seguimiento y no de investigación.

Esposa de Edil, sin cargos: PGR
22 de octubre del 2014

México, 22 de octubre (Reforma).- La PGR y la Procuraduría de Justicia del DF informaron a un juez federal que no han girado hasta este momento ninguna orden de presentación ni obtenido una de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Alcalde de Iguala y presuntamente vinculada con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

En razón de lo anterior, José Alfonso Montalvo Martínez, Juez Décimo Primero de Distrito en Amparo Penal del DF, le retiró hoy a la pareja de José Luis Abarca Velázquez la suspensión que la protegía contra una eventual captura por parte de dichas autoridades, señala la lista de acuerdos del juzgado.

En caso de que dichas Procuradurías ordenen a partir de este momento su localización y presentación, o consigan una orden de aprehensión, la esposa de José Luis Abarca no tendrá la posibilidad de evitar su retención o captura porque ya no cuenta con una suspensión.

La esposa de Abarca es hermana de Mario, Alberto y Salomón Pineda Villa, los dos primeros asesinados, en su momento operadores de alto nivel del Cártel de los Beltrán Leyva y después jefes de la organización Guerreros Unidos, a la que se atribuyen las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
José Alfonso Montalvo Martínez, Juez Décimo Primero de Distrito en Amparo Penal del DF, dejó sin efectos la suspensión concedida el 14 de octubre a Pineda Villa y le negó la suspensión definitiva, al no existir hasta ahora una orden ministerial o judicial que la prive de su libertad.

Dentro del amparo 985/2014, la PGR informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Unidad Antisecuestros, sus Direcciones de Control de Averiguaciones Previas, la de Mandamientos Judiciales y de Investigación Policial, no tienen ningún mandato contra la mujer.

Al mismo tiempo, la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública del DF también reportaron al juez que no tienen en sus manos ninguna orden para presentar a declarar o aprehender a Pineda Villa.

El amparo de la esposa del ex Edil no ha sido desechado debido a que decenas de juzgados federales y locales del DF y Guerrero, así como la Procuraduría de Justicia y la Policía Ministerial de dicho estado, aún no han informado si están en su búsqueda.

Abel Barajas

Maestros y alumnos de Ayotzinapa ya habían sido víctimas de cárteles
Foto
La marcha de ayer para exigir justicia para los normalistas se llevó a cabo en Tixtla, GuerreroFoto Lenin Ocampo Torres
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2014, p. 10

Chilpancingo, Gro., 21 de octubre.

Antes de Iguala, Ayotzinapa había tenido otros encuentros con la delincuencia organizada.

La madrugada del 15 de noviembre de 2012, un grupo armado atacó un autobús donde viajaban tres normalistas, el chofer y su esposa. Volvían de Atoyac, adonde habían llevado a un grupo que participó en una marcha para exigir justicia en el caso de los dos estudiantes asesinados en la Autopista del Sol en diciembre de 2011 (en aquella ocasión, los gobiernos de Ángel Aguirre y Felipe Calderón se culparon mutuamente, y la justicia sigue pendiente).

A la altura de Tierra Colorada, según el relato de los normalistas recogido por el corresponsal Sergio Ocampo, desde una camioneta Ram negra con vidrios oscurecidos dispararon al aire y obligaron al chofer a detener la unidad.

El grupo armado “agredió a los compañeros Omar Barrientos Pino, Gilberto Román Hernández y Yassaed Iván Montalvo Pineda… el chofer les reclamó porque lo iban golpeando, y le respondieron que iban a quemarlos vivos a él y a los normalistas ‘por andar haciendo esas chingaderas’” (secuestrar un autobús de la empresa Estrella Blanca).

El gobierno de Ángel Aguirre dio entonces la versión de que el autobús se volcó como resultado de "un incidente vial".

Amenazas

El otro hecho ocurrió este año. A principios de septiembre, el "habilitado" de la escuela (se llama así al profesor que se encarga de ir por los cheques de todos a la Secretaría de Educación) comenzó a recibir amenazas telefónicas: le exigían que entregara la nómina de la escuela para poder determinar la "cuota" que cada docente o empleado debía pagar.

El 15 de septiembre no hubo labores en la escuela. El director, José Luis Hernández Rivera, cuenta que él y otros profesores esperaban a un ingeniero encargado de algunas obras, pero éste les avisó que no llegaría y se retiraron de la escuela a las 11 horas.

Poco después, dos individuos se presentaron a las puertas del plantel y le dijeron a la única empleada que quedaba que "venían por lo de la cuota". "Incluso se sentaron a esperar un buen rato", pero al ver que era cierto que el director no volvería, se retiraron.

Una versión indica que las amenazas provenían del grupo delincuencial conocido como Los Ardillos, pero el profesor Hernández Rivera asegura que "nunca dijeron a qué grupo pertenecían".

Los trabajadores fueron informados de lo ocurrido; el "habilitado" pidió ser relevado del cargo y, tras tomar algunas "medidas de seguridad", no han vuelto a recibir amenazas.

El director de Ayotzinapa habla cerca de la puerta donde los familiares de los 43 desaparecidos celebran su enésima reunión. Les informan que el comité estudiantil está rindiendo declaración en Chilpancingo, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Los padres aprovechan la presencia de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, para informar un acuerdo tomado en asamblea:

"Antropólogo, ¿se acuerda que nos dijo que había un sacerdote que quería venir a darnos una información?"

Barrera asiente con un gesto. Los padres se refieren, claro, al sacerdote y defensor de migrantes Alejandro Solalinde, quien ha manejado la versión de que los desaparecidos están muertos y fueron "quemados vivos".

Retoma la voz el padre que hizo la pregunta: "Pues acordamos que no queremos que venga, que si tiene alguna información, la entregue a la PGR".

"Sí, que la entregue en la PGR", dice fuerte, desde las gradas, una de las madres, como si alguien no hubiera escuchado.

Apoyo armado

La jornada de protestas de hoy arranca antes del amanecer. No han dado las seis de la mañana cuando miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC), armados, bloquean todos los caminos que pasan por Tixtla. Las camionetas de transporte colectivo no se dan abasto para llevar a la gente que cruza los bloqueos a pie para tratar de llegar a Chilapa y a la Montaña.

En el crucero que va hacia Tlapa, el mando lo lleva una mujer treintañera, en cuya familia hay normalistas de Ayotzinapa: "Nosotros tenemos presos (Nestora Salgado y Gonzalo Molina, entre otros), pero están vivos. En cambio los normalistas tienen desaparecidos, que no sabemos si están vivos o muertos. Es escalofriante", va contando, mientras se levanta la capucha para dar sorbos a su vaso de café.

Mientras la fila de autos y camiones crece, la comandante reseña la historia de su organización, las divisiones, el acoso del gobierno, la prisión de Nestora "por misoginia", aunque vuelve siempre a "lo que importa hoy": hallar a los normalistas.

Mientras la CRAC-PC mantiene el bloqueo, la marcha nuestra de todos los días tiene lugar en Tixtla. Unas 3 mil personas, entre pobladores, maestros de la Ceteg y normalistas de todas partes del país, hombres y mujeres que ahora se acomodan en los dormitorios de una sola escuela.

El desfile concluye con un mitin bajo los monumentos consagrados a Vicente Guerrero e Ignacio Manuel Altamirano, dos ilustres tixtlecos (la frase del segundo, "Antes que la compasión está la justicia", es la escenografía de la protesta).

Se anuncia, para terminar, la toma "indefinida" del ayuntamiento, que funciona en una casa donde vivió el general Guerrero.

El rector y el incendio

No han regresado todos a la escuela cuando Ayotzinapa recibe la visita del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña, a quien se ha mencionado –a la michoacana– como posible interino en caso de que Ángel Aguirre deje el cargo.

Saldaña es acompañado por un nutrido grupo de colaboradores y por los dirigentes de los dos sindicatos de la institución. Han traído despensas y artículos de higiene personal, además de alguna donación en efectivo.

En la puerta, Omar García, uno de los dirigentes de la normal, le espeta: "Aquí, fuera protagonismos". Se prohíbe entonces tomar fotos.

El estudiante también reprocha al rector que se hayan suspendido clases cuando los normalistas marchan. "Para desmovilizar" a los universitarios que quieren apoyar, dice (sólo ocurrió una vez, dice un colaborador del rector; han sido como cinco, reclama un normalista).

Ya dentro de la escuela, Saldaña y sus acompañantes se reúnen con un grupo de familiares de los desaparecidos. El rector evoca sus orígenes humildes ("que me causaron una gastritis que no me permite ni comer"), el apoyo que Ayotzinapa dio a la lucha por la autonomía universitaria en 1960 y su intervención para que tres estudiantes de la UAG secuestrados en la Tierra Caliente fueran liberados por sus captores.

También se declara católico. Poco antes, se ha informado que la universidad, la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y la escuela normal convocan a una "marcha-peregrinación" este jueves, de Ayotzinapa a la catedral de la capital guerrerense (más o menos unos 20 kilómetros).

Ya entrado en un apoyo "de todo corazón", el rector se ofrece como mediador entre los familiares y el gobierno federal.

"¿Mediador? Si tenemos interlocución directa", dice un dirigente estudiantil, quien refiere que los primeros contactos con el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron dos reuniones con el subsecretario de Gobernación, pero que después ha sido "con puros de arriba".

El 10 de octubre, dice, los recibieron en la sede de la PGR el titular de esa dependencia, Jesús Murillo Karam, además del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En esa reunión, agrega, estuvieron también el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, y el secretario particular del Presidente, Aurelio Nuño.

La jornada concluye con el incendio de la sede estatal del PRD, a cargo de normalistas y maestros. Además de la quemazón, dejan su huella sobre el amarillo peerredé de una pared: “Traidores narcogobiernos”.

La PGR, sin grandes resultados sobre la desaparición de los 43 normalistas
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2014, p. 11

A 25 días de ocurrida la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) ha detenido a más de 30 personas presuntamente relacionadas con los hechos, pero no ha dado a conocer el móvil que llevó a policías de los municipios de Iguala y Cocula a detenerlos y entregarlos a miembros del cártel Guerreros Unidos.

Asimismo, la dependencia no ha acusado a ninguno de los detenidos de falsedad en declaraciones por haber señalado que en las primeras cuatro fosas clandestinas que se han localizado en Iguala se habían depositado los restos de estudiantes y, según los peritajes, ninguno de los 28 restos pertenecen a los normalistas.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo el pasado 17 de octubre: "de los desaparecidos yo siempre me he referido, y lo quiero insistir con contundencia, como desaparecidos; mientras yo no tenga evidencia de otra cosa, para mí están desaparecidos simplemente".

Sin embargo, el pasado 9 de octubre, durante una conferencia de prensa realizada en el edificio sede de la PGR en la ciudad de México, Murillo Karam anunció que "a partir del día de ayer tenemos cuatro detenidos, cuatro nuevos detenidos, cuya identificación está confirmándose, por eso todavía no les doy los nombres, pero la relevancia de estas detenciones radica en que nos llevaron a un lugar donde encontramos cuatro fosas en las que, a decir de estos detenidos, a decir de ellos, fueron ahí también depositados los restos de estudiantes asesinados. No podemos confirmar todavía que esto sea real hasta que no hayamos hecho un levantamiento adecuado de éstos y poder identificar mediante procedimientos periciales serios si esta revelación es cierta".

Los nombres de los detenidos no han sido dados a conocer por la PGR.

Normalistas desaparecidos

Piden indagar posible omisión de militares
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2014, p. 11

Las fuerzas armadas están obligadas a intervenir en casos de flagrancia, es decir, en el momento en que tengan conocimiento de que ocurre un ilícito, por lo que existen elementos para que se investigue la actuación de los integrantes del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, por no prestar ayuda oportuna a los estudiantes de Ayotzinapa cuando fueron agredidos por la policía municipal, por no haber auxiliado a los heridos y por informar a las autoridades civiles seis horas después de ocurridos los hechos.

Fuentes castrenses consultadas señalaron lo anterior, al afirmar que si bien no existen protocolos de actuación para que elementos del Ejército Mexicano actúen cuando tienen conocimiento de algún ilícito en agravio de civiles, es práctica común que los soldados actúen "inmediatamente" cuando son testigos de un ilícito.

Los entrevistados precisaron que deben revisarse las circunstancias de los hechos para establecer si el mando castrense incurrió en alguna omisión.

De acuerdo con versiones periodísticas, el 28 de septiembre pasado el comandante del 27 batallón de infantería, coronel José Rodríguez Pérez, se entrevistó con un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos, a quienes les aseguró que en el cuartel militar no sabían nada de los estudiantes.

El coronel deslindó a los soldados del ataque y la detención de los normalistas, y agregó que tuvieron conocimiento de esos hechos "al último. Cuando el Ejército salió fue porque nos habían manifestado que había gente civil en el área".

La comitiva de padres le había reprochado al militar no haber actuado, pese a que el cuartel estaba cerca del lugar donde ocurrió la agresión contra los jóvenes y porque se negaron a auxiliar a los heridos.

Los funcionarios castrenses entrevistados señalaron que hay elementos para considerar que los soldados no actuaron a tiempo o que fueron omisos en el cumplimiento del deber, pero eso sólo se podrá determinar con una investigación seria.

¿Por qué policías desaparecen estudiantes en México? Porque pueden, dice Financial Times

Por: Redacción / Sinembargo - octubre 21 de 2014 - 17:31
DE REVISTA, MÉXICO, MUNDO, TIEMPO REAL - 24 comentarios

PGR ofrece recompensas por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Foto: Cuartoscuro

Es probable que hayan sido secuestrados y asesinados por policías corruptos trabajando con bandas criminales y con el Alcalde, asegura el diario Financial Times. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 21 de Octubre (SinEmbargo).– El influyente diario británico Financial Times se sumó hoy a la ola de críticas internacionales que ha recibido el gobierno mexicano por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero.

“No se sabe aún qué pasó con los estudiantes desparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala (…) Es probable que hayan sido secuestrados y asesinados por policías corruptos trabajando con bandas criminales y con el Alcalde. Lo que sí sabemos es por qué las desapariciones ocurrieron: porque los perpetradores pensaron que no tendrían consecuencias”, dice el artículo publicado en la sección de opinión del medio británico.

“Este es un cálculo generalizado dado el estado de la impunidad en México. El año pasado, por ejemplo, sólo .5 por ciento de los crímenes registrados en México recibieron algún castigo. Dado esto, es incluso notable que la criminalidad no sea más alta”, agrega el artículo.

Este posicionamiento se suma a otros publicados en los últimos días por medios internacionales que, a propósito de la crisis en Iguala, también han cuestionado al gobierno de Enrique Peña Nieto.

En coincidencia, publicaciones como The New York Times, The Economist o The Independent han advertido que la criminalidad evidenciada con la desaparición de los estudiantes contrasta con la imagen de modernización económica que trató de proyectar Peña Nieto en sus primeros dos años en la Presidencia.

“Desde que asumió la presidencia, Peña Nieto dejó de hacer énfasis en la narrativa de su predecesor sobre una guerra de México contra el crimen organizado. En su lugar, se enfocó en empujar, a menudo con habilidad política considerable, un paquete de reformas económicas históricas. Este cambio en la marca redondeó la imagen de México en el exterior, y deleitó a los inversionistas que vieron en el país un caso raro –junto con India e Indonesia- de cambios económicos radicales”, dice el artículo de FT.

“Pero tristemente –continúa el texto- las viejas realidades se han inmiscuido. La desaparición de 43 estudiantes el mes pasado a sólo 125 kilómetros de la capital se ha convertido en un potente recordatorio de la anarquía mexicana y ha provocado clamor público. La forma en la que Peña Nieto lidie con este asunto puede muy bien definir su presidencia”, agrega.

FT advierte también que, si bien la debilidad del Estado de Derecho en México no ha detenido a la fecha las inversiones, la crisis de Iguala sí tiene repercusiones económicas.

“Ha cristalizado la inquietud de los mexicanos acerca del aumento en la inseguridad. De acuerdo con una encuesta mensual del Banco Central, analistas privados consideran ahora que la seguridad es el problema número uno de México. Hace dos años, se encontraba en el octavo lugar”, dice el artículo.

“Una razón puede ser la falla de Peña Nieto para empujar la incipiente reforma judicial, tal vez porque podría haber destacado las deficiencias legales que podrían haber impedido las inversiones. Sin embargo, el Estado de Derecho necesita estar en el centro de la agenda económica si se quiere que ésta sea exitosa, y no un ‘lindo’ elemento adjunto”, agrega.

Financial Times cuestiona también el hecho de que Peña Nieto se haya referido a la crisis de Iguala como un problema local en un principio, y que no haya acudido a la zona de los hechos, lo cual, dice, agrega otro grado de incertidumbre a la política interna del país de cara a las elecciones federales intermedias del año que viene.

Al final, el artículo alude al refrán porfiriano que dice “pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios”, para señalar que, si bien el vecino del norte tiene registros de abuso policiaco, el secuestro de estudiantes por un grupo armado en un país rico en petróleo pero sin seguridad y con una tradición de corrupción, más bien, recuerda las acciones del grupo islamista radical Boko Haram en Nigeria.

“Es una comparación que Peña Nieto, un presidente con mayor conciencia de cómo las percepciones pueden moldear la realidad, necesita cambiar”, cierra el artículo, titulado “México batalla en su lucha por el Estado de Derecho”.

Senado debate ingobernabilidad en Guerrero, mientras la sociedad exige justicia

Por: David Martínez Huerta - octubre 22 de 2014 - 0:02
DE REVISTA, MÉXICO, TIEMPO REAL - 1 comentario

Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

El Senado de la República debate sobre la ingobernabilidad en Guerrero, mientras los días pasan sin saber de los normalistas desaparecidos. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Han pasado 26 días desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron levantados por policías municipales de Iguala, Guerrero, sin que hasta el momento autoridades estatales o federales tengan indicios de su paradero. En ese contexto, el Senado de la República convirtió en el epicentro de debate la responsabilidad del Gobernador Ángel Aguirre Rivero en los hechos y la posible ingobernabilidad en que ha sumido a la entidad.

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se convirtieron en el fiel de la balanza que determinará la permanencia o la salida del Gobernador, debido a que la postura de Acción Nacional (PAN) es clara e insiste en desaparecer los poderes en la entidad porque es evidente que Aguirre no ha podido resolver la crisis por la que atraviesa la entidad.

Los priistas dieron un cambio radical a su postura inicial sobre la gobernabilidad el Guerrero al pronunciarse por primera vez en la tribuna de una de las cámaras del Congreso sobre la salida del Gobernador Ángel Aguirre.

“Reprobamos profundamente las omisiones irresponsables en que ha caído el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y sostenemos que no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución mientras éste permanezca en el cargo”, afirmó el vicepresidente del Senado, Arturo Zamora Jiménez, a nombre de la bancada priista.

Sólo pocas horas antes, los priistas se habían pronunciado por mantener intacto al gobierno en Guerrero, al rechazar la solicitud panista para desaparecer los poderes en Guerrero, aunque miles de guerrerenses han salido a las calles para exigir la renuncia del Gobernador Ángel Aguirre Rivero por su incompetencia para encontrar a los jóvenes desaparecidos.

A pesar de los reclamos ciudadanos contra la forma en que Aguirre Rivero ha manejado la situación, que incluso han traspasado las fronteras, la Comisión de Gobernación resolvió que no se puede declarar ingobernabilidad en la entidad debido a que los diputados locales y los jueces trabajan con normalidad en la entidad.

El dictamen para rechazar la desaparición de Guerrero se construyó con base en los testimonios de Lambertina Galeana Marín, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, así como de la Diputada local Laura Arizmendi Campos, Presidenta del Congreso de Guerrero, quienes alegaron que ambos poderes trabajan normalidad.

El Poder Legislativo, también presentó pruebas documentales de que sesiona periódicamente en la sede del Congreso. A pesar de algunas manifestaciones que han terminado en actos vandálicos, dijo el Congreso estatal no ha sido necesario cambiar de sede, ni se ha interrumpido ninguna de las sesiones.

“No se encuentra en el caso del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ellos entregaron pruebas documentales públicas, certificadas ante un Notario. La actividad, por ejemplo, del Poder Judicial se desarrolla con normalidad, no se ha visto interrumpida, los juzgados están abiertos”, dijo en entrevista la Senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación.

“[En el caso del Legislativo] mostraron sus actas. Inclusive me llamó la atención, porque viene un acta, que entregaron un reconocimiento “Neri”, un reconocimiento cívico a un ciudadano. Y la última que vi, fue que envió el Ejecutivo, el estado, su paquete fiscal”, agregó la priista.

Sin embargo, Acción Nacional nunca estuvo de acuerdo con la versión priista de que en Guerrero no pasa nada malo.

“El abandono, la ausencia de las autoridades políticas a lo largo del tiempo que ha motivado, entre otras cosas, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año de 2012 y 2013, y el evidente estado de deterioro institucional que tiene la entidad federativa”, reconoció el Senador panista Roberto Gil Zuarth.

Por lo que pidió a la Comisión de Gobernación declarar un receso para analizar la posibilidad de ganar tiempo para que se introdujera en el dictamen las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos en Iguala.

El líder de los senadores panistas señaló que el Senado no ha realizado ninguna investigación de campo en Guerrero para reconocer si hay ingobernabilidad o no. Dijo que tampoco tomó en cuenta las cinco mil firmas de todos los sectores productivos guerrerenses, incluyendo organizaciones sociales y empresariales, que se quejan de la falta de gobernabilidad en la entidad.

“Lo que nosotros le pedimos a la Comisión de Gobernación es que no podíamos concluir, a través de intercambio de cartas, donde se le pide al Presidente del Congreso que venga o a la Presidenta del Supremo Tribunal que diga si están funcionado los poderes. Pues claro que van a decir que sí [funcionan los poderes], pues la desaparición de poderes implica que ellos se vayan y dejen de cobrar”, sostuvo el líder parlamentario.

Tras un día completo de negociaciones entre las tres principales fuerzas políticas, en donde hasta el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, se presentó al Senado para participar de los acuerdos, el Senado d aprobó ampliar hasta el 30 de octubre la fecha para que la Comisión de Gobernación entregue el dictamen final sobre la posibilidad de decretar la desaparición de poderes en Guerrero, a fin de realizar la investigación sobre el estado de gobernabilidad en la entidad.

PRD INSISTE EN GOBERNABILIDAD
Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

PRD insiste en que la separación de Ángel Aguirre del cargo es un asunto político. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Mientras tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió en que existe gobernabilidad en la entidad y sostuvo que la solicitud para separar al Gobernador Ángel Aguirre se trata de un debate político que aleja a la opinión pública del verdadero objetivo por el que deben trabajar todas las instituciones en el país, que es dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

“Resulta inexplicable que después de tres semanas no hay sido posible encontrar 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados y trasladados como lo muestran los videos en las patrullas de la policía municipal de Iguala y también de Cocula”, reviró el perredista Alejandro Encinas.

Encinas Rodríguez, aclaró que el Gobernador de Guerrero no puede “renunciar” porque los cargos de elección popular son “irrenunciables”. Lo que sí puede ser, dijo, es que puede solicitar licencia, para si es que ésta sirve para avanza en las investigaciones.

Respecto al argumento del PRI basado en el artículo 80 de la Constitución de Guerrero para solicitar la renuncia de Aguirre, el legislador perredista sostuvo que no se puede anteponer una constitución local a la federal para normar el actuar de los servidores públicos.

“[Aguirre] tiene que presentar una licencia al Congreso del estado, y estas licencias hay veces que son por varias u son definitivas, las licencias todas son temporales y es facultad del Congreso otorgarla al gobernador en turno”, precisó.

Aunque en todo momento evitó defender personalmente al mandatario, el Senador perredista, quien ha sido muy crítico con la defensa que la dirigencia nacional del PRD ha dado a Ángel Aguirre, sostuvo que existe un clima de incertidumbre y de ingobernabilidad, pero no solo en Guerrero, sino en todo el país.

“La indignación y la irritación social que han levantado estos hechos rebasan por mucho el ámbito de esa entidad y hay una indignación nacional que exige respuestas en las que urge tomar de inmediato decisiones y dar resultados”, recalcó.

Aunque se pronunció a favor de dar más tiempo a la Comisión de Gobernación para que emita un dictamen sobre la posibilidad de declarar la desaparición de poderes en Guerrero, Encinas lamentó que al dilatar la discusión se obstaculiza más la investigación para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas Ayotzinapa que fueron secuestrados y trasladados en las patrullas de la policía municipal de Iguala y Cocula.

En este punto, el también presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Pública subrayó que los lamentables acontecimientos en Iguala ponen al descubierto la crisis del Estado mexicano, así como el proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de garantizar la responsabilidad pública en todo los órdenes de gobierno.

“Porque el primer dato indudablemente que sale a la luz pública es la colusión de la autoridad municipal con grupo delictivos en donde se presume hoy no solamente hubo omisiones, sino complicidad de distintas autoridades que no actuaron a tiempo para evitar estos hechos”, dijo.

Alejandro Encinas mencionó que además de Iguala, la crisis del Estado mexicano se evidencia por las ejecuciones que el ejército habría realizado contra 22 civiles en el municipio mexiquense de Tlatlaya, a la que sumó el incremento en los índices de secuestro, extorsión y homicidio en distintos estados del país, que evidencian, dijo, la falta de una estrategia integral de seguridad pública.

Por lo que se pronunció por esclarecer las responsabilidades en que incurrieron diversas autoridades federales y estatales por omisión o por complicidad, las cuales pudieron evitar la tragedia si hubieran actuado a tiempo, y hoy han sido incapaces de encontrar a los normalistas.

“Ya que teniendo información la SEGOB, la PGR, el Cisen, el Gobierno del Estado, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y el Congreso del Estado de Guerrero, no actuaron de manera inmediata, atendiendo las denuncias de los presuntos vínculos con el crimen organizado ni en la participación en el secuestro y asesinato de militantes del Partido de la Revolución Democrática del alcalde hoy con licencia en Iguala”, apuntó.

PERREDISTAS GUERRERENSES APOYAN A AGUIRRE

El Senador por Guerrero, Armando Ríos Piter, uno de los mejores posicionados dentro del PRD para suceder al Gobernador de Guerrero, sostuvo que quienes piden la renuncia del mandatario lo hacen por intereses partidistas o para beneficiar a unos cuantos. Por lo que pidió que antes de lanzar ese tipo de solicitudes se cuente con pruebas contundentes que la sostengan.

En este caso, dijo el único que puede decidir si el Gobernador se va o se queda es el propio Ángel Aguirre, con base en lo que sea más conveniente para los guerrerenses.

“Yo creo que es una posición que hoy tiene que reflexionar con profundidad el Gobernador Ángel Aguirre Rivero; el PRD ha sido enfático y puntual desde el principio de buscar que la investigación se conduzca con la mayor de las diligencias”, sostuvo.

Para el Senador Sofío Ramírez Hernández, muy cercano al Gobernador Ángel Aguirre, se trata de un debate falso en donde el PRI lanzó una serie de acusaciones infundadas, ya que dijo, “el mandatario tiene un fuerte respaldo social en el pueblo de Guerrero”, por lo que corresponde solo a los guerrerenses decidir su futuro.

El manotazo de Peña Nieto será épico…no va a permitir que su proyecto se desbarate
22 de octubre del 2014

México, 22 de octubre.- Cada día, van más de veinticinco, desde que se conoció la tragedia de Iguala el rostro del Presidente suma líneas y rabia, una indignación tan grande que enmarca su mirada con muchos años más. Es obvio que no puede dormir, que cada hora del día está volcado en la peor crisis de su gobierno.

Quien lo conoce sabe que no va a permitir que su proyecto, que va mucho más de lo inmediato, de un sexenio, del poder temporal se destruya por la impunidad criminal, por la complicidad atroz de autoridades.

Por eso hay que esperar, de un momento a otro, un manotazo épico. Una salida legal-política que va a dejar historia.

Sus tiempos, sus caminos son diferentes. Enrique Peña Nieto es experto en dejar que la realidad se asiente, en escuchar, analizar, encerrarse a ver todas las opciones con un gran número de voces. Y lo está haciendo. No hay que equivocarse.

Si alguna cualidad define al Presidente por encima de cualquier otra es su lucidez mental, que tiene mucho de frialdad.

En estas largas horas de análisis Peña Nieto tiene a su lado a otro hombre igual de enfurecido, que ya no tiene espacio para las arrugas, para las bolsas bajo los ojos de tanto insomnio, pero que sabe mucho de leyes, de investigación, de política: Jesús Murillo Karam.

El binomio es interesante. Han pasado, juntos, muchas crisis. Y, también, juntos han encontrado soluciones plenas de imaginación.

En eso están. Y de estos esfuerzos sabremos pronto.

Por lo tanto, porque el problema es de fondo y la solución debe serlo también, es que la “renuncia” o la “desaparición de poderes” en Guerrero ha pasado a segundo plano. No va terminar ahí, no van a optar por la misma respuesta del sistema político mexicano.

Ya en Michoacán, que en su momento despertó tantas críticas, Peña Nieto encontró una opción que a la distancia se admite invaluable para detener la espiral de violencia.

A la luz de los hechos sucedidos en Iguala, habrá que erigir una estatua al comisionado Castillo y concederle todas las condecoraciones que tiene el Gobierno a disponibilidad.

Baste imaginar en esa entidad gobernada por “La Tuta” desde las entrañas de Palacio de Gobierno y la misma casa del gobernador, qué pudo haber sucedido si no se rompe el círculo de impunidad, si no llega Castillo como un elemento con capacidad de romper la complicidad criminal que en los hechos dejaba sin Estado de derecho a Michoacán.

Sin Castillo en Michoacán hoy habría muchas muertes que lamentar, muchos secuestros, muchas extorsiones, mucho miedo y una parálisis económica irreversible.

La figura del “Comisionado” no existía, y vaya que le ha dado resultado al primer mandatario. Contra todos los dichos, resultó que Alfredo Castillo era la persona idónea para ese trabajo.

De idéntica manera habrá un camino, una solución, un cambio de dirección, un manotazo brutal en Guerrero.

Las soluciones a “botepronto” han resultados nefastas en nuestra historia reciente, así hayan estado justificadas en la realidad como sucedió con la detención de los presidentes municipales de Michoacán el sexenio pasado. En este sentido Jesús Murillo es una garantía de que no habrá improvisación en la parte jurídica.

Hoy el país está agraviado por la desaparición de 43 muchachos en manos de policías convertidos en sicarios. Para que esa tragedia sucediese tuvieron que sumarse muchas omisiones, tanto del gobierno federal como del estatal. Pero hay un responsable, uno solo por encima de todo, y es el gobernador Ángel Aguirre. Así lo dice la Constitución. Así lo ordenan las leyes que nos rigen.

Aguirre es responsable moral, político, pero sobre todo legal. La omisión de la autoridad tiene un costo. No solamente para el presidente municipal, ni para los jefes policíacos. En Guerrero gobierna Aguirre.

Habrá que tener certeza de lo que sucedió con los desaparecidos, habrá que avanzar en la parte legal que está tan empantanada como la peor pesadilla, habrá que desear que el ofrecimiento de recompensas millonarias ayude a descubrir la verdad. Y a partir de ahí vendrá el reparto de responsabilidades, vendrá la respuesta presidencial.

No hay que equivocarse, Peña Nieto no es tonto ni manco… Al tiempo.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor
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Se escapa José Luis Abarca, ex-edil de Iguala

Publicado el 23/oct/2014 - 6:25pm  Por Notimundo


Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) detuvieron a un hombre y una mujer, la madrugada de este jueves, durante un operativo en la zona habitacional Lomas de Angelópolis que tenía el propósito de ubicar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, sin embargo a él no lo encontraron.

Los vigilantes del lugar refirieron que los marinos ingresaron alrededor de las 2:45 horas y les quitaron los radios de comunicación, así como sus teléfonos celulares, mientras duraron las diligencias.

Aproximadamente a las 4:10 horas, los marinos se fueron del fraccionamiento por el lado de Santa Clara Ocoyucan y se llevaron detenidos a un hombre y una mujer, de quienes en el resto del día no se dieron a conocer sus identidades.

Cabe mencionar que los policías municipales de San Andrés Cholula se acercaron a ellos para saber de qué se trataba el operativo, pero por el sigilo de las indagatorias los efectivos se negaron a brindarles información y les pidieron que se retiraran.

Buscaban a edil de Iguala

El operativo efectuado por fuerzas federales la madrugada de este martes en Puebla tuvo como propósito la captura de José Luis Abarca Velásquez, ex edil de Iguala, Guerrero y a su esposa María de los Ángeles Pineda, ambos identificados este miércoles como responsables de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, publicó el periodista Fernando Maldonado.

Sin embargo las personas detenidas, de acuerdo con sus fuentes consultadas, no fueron el edil y su esposa, sino dos personas de origen colombiano vinculadas con la organización Guerreros Unidos, que mantiene control en los municipios de Iguala y Cocula, cuyos policías son señalados del levantamiento de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Karam desconoce presencia de edil en Puebla

La Procuraduría General de la República carece de algún informe que confirme la presencia del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en el estado de Puebla o que hubiera estado a punto de ser capturado o asesinado en la entidad.

Así lo refirió el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, la tarde de este miércoles al ofrecer una conferencia de prensa para informar de los avances en las investigaciones sobre las desaparición de normalistas de Ayotzinapa.

Desde el pasado lunes el diario Milenio publicó que hace unos días las fuerzas federales estuvieron cerca de capturar en Puebla a José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda; sin embargo, el círculo de seguridad del edil facilitó su escape.

El Incauto será juzgado por las autoridades competentes, por lo que pronto conoceremos el resultado de esta investigación. Esperemos que sea condenado por los actos criminales que cometió.

Esperamos que se esclarezcan enormemente estos hechos maléficos que realizó y que se haga justicia ante este horrible crimen que ha paralizado al país, o más bien dicho del mundo.

Se hará Justicia de lo que José Luis Abarca Velázquez cometió ante estos jóvenes normalistas de Ayotzinapa, no quedará impune el delito gravemente cometido por este hombre, quitándole la vida a estas personas, y por su causa sus familiares están sufriendo.

Hombres armados intimidan a maestros de Iguala

MARCELA TURATI
23 DE OCTUBRE DE 2014
NACIONAL


MÉXICO, D.F. (apro).- Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), sección Iguala, denunciaron que esta noche a las 19:20 horas hombres armados con metralletas, a bordo de una camioneta, se presentaron a la delegación de servicio regional a intimidarlos y que temen que se desate la represalia por sus protestas.

“Se viene una embestida contra nosotros, ya nos andan buscando”, denunció uno de los líderes locales del magisterio que se comunicó a Proceso y quien pidió no ser identificado por cuestión de seguridad. En la llamada señaló que los acosadores eran dos hombres que portaban metralletas y pistolas, acompañados de otros más que no pudieron contar, que viajaban en una camioneta blanca sin placas y preguntaron quién era el líder de la CETEG. Los desconocidos no se identificaron.

“Hay temor por las represalias que se vienen contra nosotros por los destrozos de ayer al palacio municipal, nosotros marcamos la ruta de la marcha que estuvo pesadita, y también en venganza por la renuncia del gobernador Angel Aguirre”, expresó el entrevistado.

Cuando se le preguntó si identificó a qué grupo pertenecían los hombres armados, respondió: “Pueden ser ministeriales o narcos. Pero los dos son lo mismo. Aquí ya no se es narco o político, aquí gobierna la narcopolítica”.

Luego señaló que a pesar de la presencia de la Gendarmería en esa ciudad, entre los maestros existe un ambiente de terror que les impide recurrir a ellos, ya que durante la cacería de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa las fuerzas federales y estatales se mantuvieron al margen y no evitaron la masacre.

“Estamos convencidos de que vamos a morir”, alertó en la llamada telefónica.

“Estamos responsabilizando al gobierno estatal y municipal de lo que pase a los compañeros de la CETEG que dirigimos la ruta de ayer en Iguala, que damos la lucha, hicimos la denuncia pública de los hechos del 26 de septiembre y por qué calles mataron a los estudiantes. Hay compañeros que tienen miedo y están preocupados”, explicó.

El maestro que se comunicó con Proceso es uno de los que acudió la noche del viernes 26 de septiembre al llamado de auxilio de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando ya habían caído en la primera balacera y, después de presenciar la segunda balacera, de la que fue sobreviviente, huyó con unos 30 jóvenes para pedir auxilio médico.

Video: Así hablan de México en Argentina, por la desaparición de estudiantes



Redacción AN octubre 20, 2014 1:40 pm
En CN23, de Argentina, el programa televisivo "La historia en debate" analizó lo que ocurre con los 43 estudiantes reportados como desaparecidos, tras hechos violentos el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero. (Video: Eduardo Anguita)

En marcha, “control de daños” ante la Unión Europea por caso Ayotzinapa

JESUSA CERVANTES
23 DE OCTUBRE DE 2014
NACIONAL


MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto inició un control de daños ante la Unión Europea (UE) por el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y lo puso en marcha a través de la Cámara de Diputados.

Luego de conocerse la “condena” europea emitida hoy, la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro, que encabeza el priista Eloy Cantú Segovia, anunció que elaborará un “pronunciamiento en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, luego de la resolución emitida por el Parlamento Europeo”.

Mediante un comunicado de prensa, Cantú Segovia informa que la comisión se reunió y consideró “necesario que sus correligionarios” en Europa se enteren “que todos los grupos parlamentarios (en México) son solidarios con el gobierno federal para que se esclarezcan los hechos y se encuentre a los responsables” de la violencia contra los normalistas.

Lo que no se aclara en el comunicado es que representantes de partido, como Movimiento Ciudadano, del PT o el propio PRD, han detallado que las desapariciones forzadas no son exclusivas de Guerrero, pues también ocurren en Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Sinaloa y otras entidades; o que por ejemplo han sostenido que en México se vive un “narco-Estado”.

Curiosamente, el diputado priista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cantú Segovia, dijo que enviar un mensaje donde todos los partidos “se solidarizan” con Enrique Peña Nieto “es positivo”, pero sobre todo “cuando el Parlamento de la Unión Europea ha tomado resoluciones que lastiman a nuestro país, como frenar la actualización de un convenio con ellos, mientras este asunto no se resuelva”.

Resulta curioso porque el Parlamento nunca resolvió o condicionó la firma del convenio que hay entre México y la Unión Europea, o por lo menos no se hizo público. Lo que sí ocurrió, según los reportes de prensa, es que “condenó” por mayoría, es decir, cuatro de los siete grupos políticos que integran esa instancia legislativa regional.

En tanto, dos de los partidos que no firmaron el documento, el Verde Europeo, e Izquierda Unitaria Europea, consideraron que en la resolución se ubica al gobierno mexicano como “víctima del narcotráfico, y se soslaya el contexto de crisis de derechos humanos que existe en el país desde hace tiempo”.

Y ellos sí pidieron que la Corte Penal Internacional de La Haya examine los crímenes ocurridos en México y se interrumpa el proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE, se suspendan los pactos de seguridad y la cooperación en armamento con México hasta que se restablezca el estado de derecho en todo el territorio mexicano.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que también se elaborará un documento para dirigirlo al Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

“Si enviamos a los eurodiputados nuestro posicionamiento, como comisión, será un buen mensaje para darles a conocer que nos sumamos al esfuerzo del gobierno federal para no dejar impune este crimen, ya que es algo que ofende a los mexicanos y nos une a buscar una solución”, admite en su comunicado el priista Eloy Cantú.

También reconoció que “estos temas nos unen (a todos los partidos político mexicanos) en la defensa de nuestro país para que se haga justicia, se llegue al fondo de la investigación y no quede impune este crimen”.

En el mismo comunicado se establece que la panista Adriana González Carrillo dijo que la Comisión de Relaciones Exteriores debe dar una respuesta institucional frente al caso Ayotzinapa.

“Las instituciones y el Estado mexicano están trabajando. Nos gustaría que éste fuera mucho más eficaz, rápido, pero hay que dar los tiempos necesarios para armar expedientes y no se caiga en el camino el proceso judicial”. Y añadió que la comisión “ha sido comprensiva en moderar posiciones radicales que no abonan al esclarecimiento de los hechos ni al deseo de México de que aparezcan los 43 normalistas”.

Renuncia Archundia Barrientos a la SEIDO
La Redacción
23 de octubre de 2014
Nacional
Rodrigo Archundia, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, y Tomás Zerón, director de la AIC. Foto: Octavio Gómez
Rodrigo Archundia, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, y Tomás Zerón, director de la AIC.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- En medio de la conmoción que ha generado la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia Barrientos, presentó su renuncia al cargo, supuestamente para asumir la dirección de la primera fiscalía regional de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con información difundida en Noticias MVS, tras su renuncia al cargo con carácter de irrevocable, Archundia comenzó a vaciar su oficina y a preparar la entrega-recepción de todas las unidades y áreas de la SEIDO.

Colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam revelaron que el movimiento de Archundia forma parte de la reestructuración de la PGR para convertirse en Fiscalía General de la República.

Según dijeron, la dependencia se dividirá en fiscalías regionales con estructuras operativas que acortarán los tramos de control en términos de mando para que de manera regional se combatan los delitos y se atiendan de manera integral todas las denuncias que se presenten.

Con ello desaparecerían las subprocuradurías que actualmente tiene la PGR, entre ellas las de Derechos Humanos, la de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, y de Delitos Federales.

Rodrigo Archundia Barrientos fue designado titular de la SEIDO en noviembre de 2012, en sustitución de José Cuitláhuac Salinas Martínez, y antes participó como fiscal en el proceso penal que se le instruyó por delitos contra la salud y delincuencia organizada al general Jesús Gutiérrez Rebollo.

Además, formó parte del área de Investigaciones Especiales y fungió como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro.

También fue coordinador general en la Unidad Especializada en Investigación y Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, y director general de investigación y análisis.