Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio

Al menos siete muertos dejaron tres balaceras efectuadas por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes, contra normalistas rurales de Ayotzinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay tres estudiantes, un joven futbolista del equipo ‘Las Avispas’,  junto con su director técnico, así como una ama de casa y el chofer de un taxi.

En los hechos hubo por lo menos seis heridos de bala, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), Alfredo Ramírez García, y su chofer, quienes recibieron varios impactos en brazos y piernas.

Aunque a la cabecera municipal de Iguala se trasladó el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaky Blanco Cabrera, este se ocultó de los reporteros que se le acercaron en las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

Mientras el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, condenaban los hechos y se pronunciaban por la aplicación de la ley contra los responsables, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, guardó silencio pero anunció una conferencia de prensa que se desarrollaría durante la jornada del sábado, día en que tenía programado su segundo informe de labores.

Boteo desencadenó la violencia

Desde la mañana del viernes 26 de septiembre, alrededor de 150 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la cabecera de Iguala para realizar una actividad boteo, tenían la intención de reunir dinero para financiar la marcha del 2 de octubre, cuando se cumplan 46 años de la masacre de estudiantes y obreros en Tlatelolco.

Ese mismo día, rindió su segundo informe de labores como presidenta del DIF la señora María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del alcalde, José Luis Abarca.

Al terminar el evento, casi de manera simultánea con la retirada de los normalistas que avanzaban sobre la avenida Juan N. Álvarez rumbo a la carretera federal que comunica con Chilpancingo, varias patrullas de la Policía Preventiva Municipal interceptaron la caravana integrada por tres autobuses, una urvan y un chevy, los policías marcaron el alto pero los jóvenes se resistieron a detenerse.

Entonces los municipales abrieron fuego contra las unidades, lo que provocó que un par de unidades de la Policía del Estado y la Federal, que les acompañaban, se retiraran del lugar, como una forma de deslindarse del hecho.

En el primer ataque, los dirigentes de Ayotzinapa reportaron cinco heridos, cuatro con rozones de bala y uno con una ojiva alojada en la cabeza, quien fue hospitalizado de urgencia en condiciones graves.

Esta persona murió en el transcurso de la noche.

A los pocos minutos, los preventivos, respaldados por civiles armados, interceptaron sobre la carretera federal que comunica con Chilpancingo un autobús particular de la empresa Castro Tours.

Este segundo hecho se registró a la altura de Santa Teresa, los policías y presuntos delincuentes se percataron de que la unidad era ocupada por decenas de jóvenes, por ello dedujeron que se trataba de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.

En ese hecho ya no se marcó el alto, hubo un ataque directo que provocó la volcadura de la unidad sobre el costado derecho de la carretera, quedando con todos los cristales despedazados.

Entrada la madrugada se supo que en el hecho murió el director técnico del equipo de tercera división ‘Los Avispones´ de Chilpancingo Pedro Rentería y el jugador David García Evangelista, de solo 15 años.

Permanece en calidad de desaparecido Jorge León Saenz, asistente del director técnico.

Como una camioneta cerró el paso al camión las ráfagas alcanzaron otras unidades que detuvieron su marcha atropelladamente, ahí murió un ama de casa que viajaba en un taxi colectivo y el chofer del mismo.

Abatidos mientras denunciaban

Aproximadamente a las 00:00 horas del sábado 27, los estudiantes de Ayotzinapa convocaron a una rueda de prensa en el lugar en que se suscitó la primera agresión, ahí preservaron la zona con piedras acordonadas para evitar que se perdieran las ojivas y cascajos abandonados por los policías municipales.

Hablaban con reporteros de varios medios informativos cuando un grupo de civiles se apostó en la acera de enfrente y disparó varias ráfagas de armas de diferentes calibres.

Estudiantes y reporteros se dispersaron rápidamente para ponerse a salvo, después se darían cuenta que en el lugar quedaron tirados dos alumnos de nuevo ingreso del plantel ubicado en el municipio de Tixtla.

La segunda agresión arrojó por lo menos otros cuatro heridos que se trasladaron al hospital general del sector salud.

Los cuerpos de los dos jóvenes caídos permanecieron tirados hasta las 03:00 de la mañana.

Llovía cuando llegaron al lugar elementos del Ejército nacional, después personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y al final los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todos custodiaron al Servicio Médico Forense (Semefo) en el levantamiento cadavérico.

Hasta entonces se reportaron 40 estudiantes desaparecidos, aunque estos poco a poco se fueron concentrando en las instalaciones del Ministerio Público, la mayoría llegaron resguardados por la Policía Ministerial y elementos de la Fuerza Estatal.

El procurador se oculta

Aproximadamente a las 04:00 se tuvo a la vista al procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera dentro del MP, los reporteros se le acercaron pero este se escabulló para encerrarse en la oficina del fiscal regional, no salió hasta que los comunicadores fueron desalojados “amablemente” del área.

El encargado de liberar la dependencia de comunicadores fue el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales Víctor Jorge León Maldonado.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó el hecho en su cuenta de Twitter y ofreció que se hará justicia contra los responsables.

En la misma sintonía difundió mensajes el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien reconoció la conmoción que hay en la población de la capital de Guerrero por la muerte de los integrantes de su equipo de tercera división.

Mientras, el ayuntamiento de Iguala preparaba su versión de los hechos y mantenía firme el evento en que se desarrollaría el segundo informe de labores del alcalde José Luis Abarca Ávila.

Dispuesto a acudir a la PGR, el director de la normal de Ayotzinapa
La Redacción
28 de enero de 2015
Estados

MEXICO, D.F. (apro).- José Luis Hernández, director de la Normal de Ayotzinapa, se dijo dispuesto a acudir a declarar a la PGR sobre las imputaciones realizadas por Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, en el sentido de que envió a los desaparecidos a armar “desmadres” en Iguala, Guerrero.

Ayer, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dio a conocer presuntas declaraciones de El Cepillo, donde éste asegura que un operador de la banda criminal de Los Rojos “pagó” a Hernández Rivera por enviar a los normalistas a realizar “desmadres” a Iguala el pasado 26 de septiembre.

Luego de calificar de “ilógicos e incoherentes” los dichos de El Cepillo, el director de la Normal de Ayotzinapa sostuvo que no es la primera vez que buscan difamarlo.

Además, subrayó que los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos han alcanzado tal nivel de autonomía que el nivel directivo no tiene injerencia en las formas que los propios jóvenes determinan para “avanzar en sus demandas”.

Por ello, Hernández Rivera descartó que tanto él como la Normal Rural tengan algún vínculo con algún grupo delincuencial, o que “la escuela se dedique a situaciones de asesinar o esas cosas”.

La PGR va ahora por los integrantes de 'Los Rojos'
El titular de la Procuraduría General de la República dijo que hay una indagatoria en curso que les ha permitido identificar a los miembros de esa organización que opera en Morelos.


Redacción 29/01/2015 02:52 AM

México

La Procuraduría General de la República investiga al grupo criminal Los Rojos y la intervención que pudo tener en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que está punto de detener a algunos de sus integrantes.

Jesús Murillo, titular de la PGR, dijo que hay una indagatoria en curso que les ha permitido identificar a los miembros de esa organización.

En entrevista con Carlos Marín en El asalto a la razón, que se transmite por MILENIO Televisión, y que ayer difundió la primera de dos partes de la conversación, al procurador se le cuestionó por qué solo han detenido a delincuentes de Guerreros Unidos y no de Los Rojos.

Murillo respondió: "Estamos en esa investigación, estamos a punto de detener".

En las declaraciones ministeriales de Felipe Rodríguez, El Cepillo, relató que entre los normalistas había infiltrados de Los Rojos, ya que así lo confesó uno de los estudiantes, cuando estaba a punto de ser ejecutado en Cocula.

El procurador dijo que en la muerte de los estudiantes se conjugaron dos móviles: uno el interés político del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de evitar que los jóvenes cometieran desmanes en la alcaldía, como ocurrió en meses pasados.

Mientras que Guerreros Unidos creyeron que los normalistas estaban ligados con Los Rojos. "Y entonces se combinan las dos cosas, esto es lo que se deduce de las declaraciones de los grupos (de ex policías, sicarios y ex funcionarios) a quienes se interroga", explicó.

Subrayó que la confesión de los delincuentes está sustentada con dictámenes periciales y testigos. "Aquí sobra el sustento. Están desaparecidos, fueron detenidos por policías", los uniformados los entregaron a Guerreros Unidos y los llevaron a un basurero. "Ahí los mataron" y sus restos los echaron al río San Juan.

El funcionario reconoció al Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual ha trabajado con mucha responsabilidad, y puntualizó que también se solicitó la participación de expertos en distintas especialidades para llegar a "la verdad histórica de los hechos".

Mencionó que va acusar de desaparición forzada a los policías que participaron en el asunto, a José Luis Abarca, así como a todos aquellos funcionarios que hayan tenido que ver con el asunto.

Dejó claro que por el momento los ha responsabilizado por el delito de secuestro agravado que se castiga con 140 años de prisión para garantizar que no haya impunidad.
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Fija CIDH fechas de primera reunión por Ayotzinapa
Los cinco expertos independientes se reunirán el 11 y 12 de febrero en Washington para elaborar un plan de acción y definir las fechas de su primera visita a México.
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Los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala.
Los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala.

Milenio Digital y AP 30/01/2015 05:12 PM

Ciudad de México

El 11 y 12 de febrero se llevará a cabo en Washington la primera reunión de los cinco expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado.

En un comunicado se informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se reunirán en la sede de la CIDH, en Washington, D.C, con el objetivo de "plantear y adoptar las reglas y los procedimientos internos y adoptar un plan de acción para el cumplimiento de su misión".

Durante el encuentro, el equipo compuesto por Carlos Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa determinará las fechas de su primera visita a México.

En noviembre de 2014, la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los normalistas desaparecidos firmaron un acuerdo en el que se determinaron las actividades principales que desarrollará el equipo de expertos.

Los cinco expertos tendrán como tarea "la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Victimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014".

A partir de ello, la Comisión Interamericana emitirá sus recomendaciones con el fin de fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como para la investigación de otros casos de desaparición forzada.

Un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa están desaparecidos desde el 26 de septiembre tras ser reprimidos por la policía municipal de Iguala y Cocula, en Guerrero, por participar en una protesta.

El Estado de México y los representantes de los estudiantes víctimas de desaparición forzada y sus familias pidieron en octubre a la Comisión asistencia técnica para la búsqueda, investigación y el apoyo a las familias.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo esta semana que esa dependencia concluyó que tras ser detenidos los 43 estudiantes fueron entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos que los asesinaron e incineraron en un basurero y luego sus restos fueron arrojados en bolsas a un río cercano.

Familiares de los estudiantes y organizaciones internacionales de derechos humanos rechazaron la versión de Murillo ante varias interrogantes aún por esclarecer.

A principios de octubre la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes desaparecidos, facultad de este organismo para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.

La Comisión es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos cuyo mandato es promover la observancia de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia.

Posible, acusar de homicidio sin el cadáver, dicen expertos
Liliana Alcántara, Elena Michel y Marcos Muedano | El Universal
Jueves 29 de enero de 2015
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Posible, acusar de homicidio sin el cad�ver, dicen expertos

BÚSQUEDA. Familiares de los normalistas de Ayotzinapa han encontrado varias fosas con restos humanos, durante las jornadas de búsqueda a las afueras de Iguala. (Foto: ARCHIVO. EL UNIVERSAL )
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Hay antecedentes en la justicia de este país de consignaciones por ese delito. En Ayotzinapa, ven necesario que la acción legal sea por desaparición forzada

politica@eluniversal.com.mx

En la justicia mexicana existen antecedentes de consignaciones por homicidio sin que exista el cadáver. Ese fue el caso del joven estudiante de la UNAM, Jesús Israel Moreno, quien desapareció a los 17 años cuando vacacionaba en las lagunas de Chacahua, en Oaxaca.

El abogado y consultor en derechos humanos, Juan Carlos Gutiérrez, explicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca consignó a tres presuntos responsables por homicidio sin que los familiares recibieran el cuerpo de Jesús. “Dos de ellas dijeron que confesaron bajo tortura que sí lo mataron y la Procuraduría realizó sus diligencias y la necropsia sin el cuerpo de la víctima”, explicó.

Indicó que supuestamente un grupo de pescadores agredieron al joven y lo mataron para quedarse con sus pertenencias y lo aventaron al agua para borrar cualquier evidencia.

Gutiérrez señaló que de acuerdo con el artículo 303 numeral 3 del Código Penal Federal, se puede acreditar el homicidio sin que se localice el cuerpo o no se pueda realizar la autopsia, cuando las declaraciones del inculpado apunten a que las lesiones provocaron la muerte y sea avalado por peritos.

Indicó, sin embargo, que es complicado comprobar un hecho así, por lo que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se debe consignar a los responsables por el delito de desaparición forzada, en lugar de otros de difícil comprobación.

Piden sustentación. Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, explicó que la consignación por homicidio sin la existencia del cuerpo se puede realizar siempre y cuando la presunción sea razonable y haya un sustento suficientemente creíble.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que aún revisan los expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa con el fin de saber si las consignaciones son por homicidio o por secuestro con la agravante del asesinato, pero aclaró que en cualquiera de los dos casos se debe acreditar la preexistencia de la vida humana y la supresión de la vida humana. “Sin embargo, en el caso de los estudiantes sólo hay evidencias de la supresión de una víctima, no en los demás”.

Julio Mata, director de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, no han tenido antecedentes de consignaciones por homicidio sin el cuerpo presente en los casos de desaparición forzada que han documentado.

Se requieren pruebas. El abogado penalista Juan Velázquez explicó que la ley procesal penal establece “expresamente” que cuando un cadáver no se puede encontrar, la existencia del delito de homicidio se comprobará por otras pruebas, como lo son testigos, confesiones y dictámenes periciales, entre otros.

“Todas esas pruebas producen la comprobación del delito de homicidio sin necesidad de que se requiera el cadáver”, dijo en entrevista telefónica.

Agregó que toda vez que existen las cenizas de los cuerpos y los dictámenes que refieren que se produjo este hecho, es absolutamente contradictorio intentar acusar también del delito de desaparición forzada.

El penalista con 45 años de experiencia refirió que en la sucesión de los hechos hubo una privación ilegal de la libertad o secuestro y probablemente tortura, pero el delito que más pesa es el de privación de la vida.

“En el tema jurídico, el Código Penal federal no exige que aparezcan los cuerpos físicos de las personas que perdieron la vida para poder formular una acusación en contra de quienes las privaron de la vida, así que estaría en condiciones de llegar a un proceso de carácter penal”, comentó Cipriano Sotelo, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos y penalista.

Coincidió en que el artículo 303 del Código Penal Federal, fracción II menciona que una persona puede ser acusada de homicidio “cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas”.

Considera que las pruebas dadas a conocer hasta el momento por la PGR son muy apresuradas, ya que la dependencia cuenta con tiempo de sobra para poder continuar con las investigaciones mientras el delito no prescriba.

“Mientras los delitos que se investigan no prescriban, el Ministerio Público puede tener abierta la investigación y recabar elementos que pudieran ir ayudando a la investigación. La versión dada a conocer por la PGR es prematura al tratar de cerrar el caso porque la ley le otorga 30 años para seguir investigando”, detalló.

En tanto, Rogelio Romero, presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León, considera que “sería arriesgado decir que los jóvenes fueron asesinados si no hay una evidencia científica, desafortunadamente al no existir una evidencia física no podemos considerar que fueron calcinados, pero había que ver la versión o contenido científico que arrojen los dictámenes de criminalística porque sólo se logra encontrar evidencia de la muerte de uno de los jóvenes en ese mismo contexto”.

Caso Iguala, de los peores crímenes.-EU


César Martínez
Cd. de México (03 febrero 2015).- La agresión a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, es uno de los crímenes más repugnantes en la historia humana, afirmó William Brownfield, subsecretario para Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Sin embargo, consideró que en retrospectiva, a poco más de siete años de que se aplica la Iniciativa Mérida, se han obtenido resultados positivos en materia de seguridad, aunque siguen existiendo problemas graves.

"(La imagen que tenemos de los últimos siete años) presenta evidencias de tasas de homicidios reducidas, de menos delincuencia en las comunidades, de más colaboración, de instituciones y policías más profesionales, capaces y transparentes, entonces el mensaje es positivo", comentó en teleconferencia desde Washington.

"No quiero minimizar uno de los crímenes más repugnantes y repulsivos en la historia de la raza humana, el asesinato masivo en Iguala sin duda alguna merece el repudio de toda la raza humana civilizada en este planeta".

El funcionario advirtió también que hay comunidades específicas donde ha empeorado la inseguridad y que se necesitarán décadas para que estos problemas en la región puedan ser solucionadas.

"En este momento, no solamente en México, en toda América Central, se puede apuntar a comunidades individuales donde el problema no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado en los últimos años", dijo.

Esto, explicó, debido a organizaciones criminales que se aprovechan por razones socioeconómicas y geográficas de las comunidades.

En este sentido, Brownfield agregó que desde hace tres años la Iniciativa Mérida se ha enfocado a pasar de una colaboración entre los Gobiernos federales y nacionales de México y Estados Unidos a una coordinación al nivel estatal o municipal entre ambas naciones.

"Porque la conclusión de ambos Gobiernos es que para tener impacto en una república federal como México o Estados Unidos, donde 90 por ciento de la criminalidad se hace a nivel de estado o municipal, es necesaria una colaboración directa a ese nivel", sostuvo.

El subsecretario recordó que la Iniciativa Mérida tiene cuatro ejes: reforzar la lucha contra las organizaciones criminales, fortalecer instituciones del Estado, modernizar las fronteras y fortalecer la cohesión social.
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"Estamos en el tercer año de la Administración del Presidente Peña Nieto y aún mantenemos los cuatro pilares, hemos puesto enfoque o prioridad distinta en los últimos dos años, pero las tendencias van en dirección positiva".

El funcionario estadunidense dejó entre ver que la evaluación en materia de derechos humanos que haga su Gobierno en el marco de la Iniciativa Mérida podría ser favorable para México.

"No voy a decir exactamente lo que vamos a reportar (al Congreso de EU), pero diría que todo lo que he leído, he oído, he visto, es que el Gobierno de México está tomando medidas casi heroicas para tratar de resolver este caso (el de Igual)", expresó.

"Imagino que estas impresiones, eventualmente, van a encontrarse en nuestra respuesta al Congreso de los Estados Unidos".
Hora de publicación: 12:18 hrs

Exigen no aprobar acuerdo de seguridad México-Alemania

Piden no apoyar a autoridades inplicadas en violación de derechos
Pl

Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 6

Berlín.

Decenas de personas se manifestaron hoy frente al Ministerio del Interior de Alemania contra un previsto acuerdo de seguridad entre este país y México.

Los activistas entregaron a representantes del ministerio listas con casi 8 mil firmas de personas que rechazan el apoyo de Berlín a las autoridades policiacas y judiciales de México.

Los participantes en la manifestación ratificaron que seguirán su campaña contra el convenio para apoyar a instituciones que, según organizaciones de la sociedad civil, están involucradas en violaciones de derechos humanos.

Además, los activistas mencionaron, sobre todo, la agresión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que a finales de septiembre del año pasado fueron atacados en Iguala, Guerrero, y desde entonces hay 43 desaparecidos.

En la protesta estuvo presente una delegación mexicana, formada por el obispo Raúl Vera e integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad.

Después de la manifestación frente al ministerio, aproximadamente 40 activistas se reunieron con los funcionarios de esa dependencia Peter Steck y Siegfried Helmut Mueller.

El obispo Vera les entregó las listas con las firmas contra el controvertido convenio de seguridad. Además, el clérigo –conocido por su compromiso social en el estado sureño de Guerrero– destacó la situación de impunidad y los vínculos entre la policía y el crimen organizado en México.

Los demás miembros de la delegación mexicana explicaron a los representantes del Ministerio del Interior alemán la situación trágica que viven los parientes de víctimas de la violencia en el dicho estado.

Peter Steck prometió a los activistas transmitir las informaciones para que sean consideradas en las negociaciones sobre el convenio de seguridad.

No salimos regañados de Ginebra: PGR
Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 12

La subprocuradora de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez, destacó ayer que la reunión que sostuvieron los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa en Ginebra con el Comité de Desapariciones Forzadas fue una revisión sobre esta situación en el país.

El comité tomó nota de las observaciones y comentarios que se vertieron de ambos lados, tanto de los padres de familia, como de la delegación oficial encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo; la subprocuradora para Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"A esa reunión fuimos a exponer los retos que tenemos como país, pero también los avances que se han efectuado en el campo legislativo y en el fortalecimiento institucional".

La subprocuradora Benítez refirió que "el gobierno mexicano no salió regañado de ese encuentro; el gobierno mexicano planteó con honestidad lo que está haciendo. Por ejemplo, se habló de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para impulsar protocolos de actuación únicos en materia de desaparición forzada y de impulsar una legislación única en la materia".

Hallan argentinos fallas en caso Iguala

En dos diligencias los argentinos no estuvieron presentes pese a que había sido un acuerdo entre las autoridades ministeriales Foto: Archivo
En dos diligencias los argentinos no estuvieron presentes pese a que había sido un acuerdo entre las autoridades ministeriales Foto: Archivo
En dos diligencias los argentinos no estuvieron presentes pese a que había sido un acuerdo entre las autoridades ministeriales Foto: Archivo

REFORMA/Redacción
Cd. de México (07 febrero 2015).- El equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló inconsistencias en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso Iguala.
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A través de un escrito titulado "Documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan", enumeran siete situaciones que consideran irregularidades dentro de las diligencias.

"En opinión del EAAF, los peritajes de PGR deben ser evaluados por peritos independientes, estableciendo su rigor científico.

"El envío de 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con problemas que no permiten su utilización, la interpretación del sitio del basurero como un solo evento de fuego cuando es posible comprobar que no lo es.

"La recolección de evidencia fuera de los acuerdos de trabajo conjunto establecidos con el EAAF, el abandono de la custodia del basurero, sitio clave en la investigación de este caso, entre otros serias dificultades, así lo atestiguan", concluyen.

Y es que en dos diligencias los argentinos no estuvieron presentes pese a que había sido un acuerdo entre las autoridades ministeriales.

Ante esta situación, según el EAAF, el Procurador resolvió que la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR informara al laboratorio de Innsbruck que sólo tomara como válidos los perfiles de los familiares de los normalistas desaparecidos provenientes de las muestras procesadas por el equipo argentino.

Y también que la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR presentara en la Averiguación Previa correspondiente un dictamen rectificando los perfiles genéticos con errores.

"A la fecha de hoy, el EAAF no tiene certeza de que ambos compromisos se hayan cumplido plenamente y esto puede afectar futuras comparaciones que pudieran realizarse si se enviaran nuevas muestras de restos al laboratorio de Innsbruck", indica el boletín.

También se señala que las imágenes satelitales del basurero en llamas presentadas ante medios de comunicación son del 12 de octubre del 2010, 28 de octubre del 2013 y 16 de noviembre del 2013.

"Las imágenes satelitales prueban la multiplicidad de fuegos ocurridos en el basurero de Cocula. Otros elementos, como los estratos del subsuelo de la zona de quema también muestras distintos eventos de fuego", señalan.

Señalan que el basurero, área considerada por la PGR como escena de un crimen, no fue preservada y fue contaminada por la presencia de diversas personas, incluidas las autoridades, familiares y representantes de medios de comunicación.

El EAAF confirmó que algunos de los restos hallados en el basurero de Cocula no son de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre, pues explicaron que entre los restos hallados habían prótesis dentarias, lo que no corresponde con las características de ninguno de los 43 estudiantes.

"Es decir, estas piezas, las prótesis parciales, el diente y el fragmento de mandíbula, confirman la presencia de restos humanos de un individuo, que no corresponde a los restos de ninguno de los normalistas", indica el boletín.

"El EAAF desea manifestar que esto no excluye la posibilidad de que algunos de los normalistas hayan corrido la suerte señalada por la PGR", agrega.

El EAAF aclara que hasta el momento aún no tienen evidencia científica para establecer que en el basurero de Cocula existan restos humanos que correspondan a los normalistas.

En tanto, sugieren a las autoridades federales no considerar el cierre de esta investigación pues existen cabos sueltos que no han podido resolver.

Asimismo, solicitan acceso a todos los dictámenes forenses que se encuentran en la Averiguación Previa correspondiente al caso y garantizar la continuidad del trabajo de peritos independientes en la investigación.
Hora de publicación: 22:31 hrs

Se cae verdad histórica de PGR.- Padres

Los padres de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 dijeron temer por la integridad de los forenses argentinos. Foto: César Martínez
Los padres de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 dijeron temer por la integridad de los forenses argentinos. Foto: César Martínez
Los padres de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 dijeron temer por la integridad de los forenses argentinos. Foto: César Martínez

César Martínez
Cd. de México (09 febrero 2015).- La verdad histórica del Gobierno federal sobre el caso Iguala se cae a pedazos, consideraron familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

"Con el informe de los compañeros argentinos para nosotros nos queda claro que la verdad histórica cae a pedazos por parte del Gobierno federal. Hoy, nosotros, con certeza, y en verdad no nos equivocamos desde el primer momento cuando decíamos que no confiábamos en la versión del Gobierno federal", afirmó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia.

En conferencia, recordó que desde el inicio de las investigaciones dijeron que si se comprobaba científicamente la muerte de los jóvenes lo aceptarían.

"Hoy, el equipo argentino de forenses nos demuestra con pruebas científicas que este caso no puede ser cerrado", advirtió en referencia al documento difundido el sábado pasado en el que los expertos extranjeros critican la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR).

De la Cruz aseguró que temen por la seguridad de los integrantes del Equipo Argentino de Medicina Forense (EAAF), por lo que responsabilizaron al Gobierno mexicano de cualquier daño que pudieran sufrir.

En tanto, Omar García, estudiante que sobrevivió al ataque perpetrado el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fijó cuatro puntos sobre la postura de los familiares.

Respaldan al equipo argentino; la verdad histórica sobre el caso no ha sido establecida; demandan la apertura a la opinión pública de todos los peritajes y consideran que mientras no haya un grupo independiente en México, las investigaciones del Gobierno no tendrán credibilidad.

Al llegar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los familiares colocaron 11 montones de documentos, los cuales, dijeron, son los tomos de las investigaciones que les han entregado.

"En su conferencia, el Procurador (Jesús) Murillo Karam dijo que nos habían entregado 80 tomos de la indagatoria, cuando éstos son todos los que tenemos", sostuvo De la Cruz.

Mario César González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, desmintió lo que la PGR dijo esta mañana en respuesta a las críticas del EAAF.


"Dicen que no tienen perfiles físicos de nuestros hijos, lo cual es mentira, porque nos tomaron tres veces esas declaraciones, primero la Procuraduría de Chilpancingo, después los peritos argentinos y los de la Procuraduría. Y si no los tienen, es su culpa", aseguró.

Melitón Ortega, padre de otro estudiante cuyo paradero se desconoce, aseguró que no aceptan la versión de la PGR porque consideran que no está sustentada científicamente.

"Sabemos que la Procuraduría tiene un historial de fabricar pruebas. (...) Y los peritos argentinos no están haciendo una labor política, sino estudios científicos".

En otros posicionamientos, familiares y alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos pidieron que ahora la Procuraduría cumpla con la transparencia que está presumiendo.

El vocero Felipe de la Cruz también advirtió que no han olvidado el acuerdo que alcanzaron de revisar los cuarteles militares.

"Desde el principio (las autoridades) no han tomado con seriedad las investigaciones", lamentó García.
Hora de publicación: 15:00

Se cae verdad histórica de PGR.- Padres

Los padres de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 dijeron temer por la integridad de los forenses argentinos. Foto: César Martínez
Los padres de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 dijeron temer por la integridad de los forenses argentinos. Foto: César Martínez
Los padres de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 dijeron temer por la integridad de los forenses argentinos. Foto: César Martínez

César Martínez
Cd. de México (09 febrero 2015).- La verdad histórica del Gobierno federal sobre el caso Iguala se cae a pedazos, consideraron familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

"Con el informe de los compañeros argentinos para nosotros nos queda claro que la verdad histórica cae a pedazos por parte del Gobierno federal. Hoy, nosotros, con certeza, y en verdad no nos equivocamos desde el primer momento cuando decíamos que no confiábamos en la versión del Gobierno federal", afirmó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia.

En conferencia, recordó que desde el inicio de las investigaciones dijeron que si se comprobaba científicamente la muerte de los jóvenes lo aceptarían.

"Hoy, el equipo argentino de forenses nos demuestra con pruebas científicas que este caso no puede ser cerrado", advirtió en referencia al documento difundido el sábado pasado en el que los expertos extranjeros critican la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR).

De la Cruz aseguró que temen por la seguridad de los integrantes del Equipo Argentino de Medicina Forense (EAAF), por lo que responsabilizaron al Gobierno mexicano de cualquier daño que pudieran sufrir.

En tanto, Omar García, estudiante que sobrevivió al ataque perpetrado el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fijó cuatro puntos sobre la postura de los familiares.

Respaldan al equipo argentino; la verdad histórica sobre el caso no ha sido establecida; demandan la apertura a la opinión pública de todos los peritajes y consideran que mientras no haya un grupo independiente en México, las investigaciones del Gobierno no tendrán credibilidad.

Al llegar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los familiares colocaron 11 montones de documentos, los cuales, dijeron, son los tomos de las investigaciones que les han entregado.

"En su conferencia, el Procurador (Jesús) Murillo Karam dijo que nos habían entregado 80 tomos de la indagatoria, cuando éstos son todos los que tenemos", sostuvo De la Cruz.

Mario César González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, desmintió lo que la PGR dijo esta mañana en respuesta a las críticas del EAAF.


"Dicen que no tienen perfiles físicos de nuestros hijos, lo cual es mentira, porque nos tomaron tres veces esas declaraciones, primero la Procuraduría de Chilpancingo, después los peritos argentinos y los de la Procuraduría. Y si no los tienen, es su culpa", aseguró.

Melitón Ortega, padre de otro estudiante cuyo paradero se desconoce, aseguró que no aceptan la versión de la PGR porque consideran que no está sustentada científicamente.

"Sabemos que la Procuraduría tiene un historial de fabricar pruebas. (...) Y los peritos argentinos no están haciendo una labor política, sino estudios científicos".

En otros posicionamientos, familiares y alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos pidieron que ahora la Procuraduría cumpla con la transparencia que está presumiendo.

El vocero Felipe de la Cruz también advirtió que no han olvidado el acuerdo que alcanzaron de revisar los cuarteles militares.

"Desde el principio (las autoridades) no han tomado con seriedad las investigaciones", lamentó García.
Hora de publicación: 15:00

Falta seriedad al caso Iguala: ex ombudsman
Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Miércoles 11 de febrero de 2015, p. 8

El ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) José Luis Soberanes Fernández consideró que hoy en día México atraviesa por una crisis en materia de garantías fundamentales, la cual tiene origen en la corrupción.

Entrevistado tras su participación en el Seminario de derechos humanos y Estado laico, organizado por la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el ex ombudsman nacional aceptó que dos casos recientes que reflejan la actual crisis de derechos humanos son la ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya, estado de México, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

El también investigador del IIJ se pronunció por que las autoridades de justicia cumplan con su obligación en las indagatorias sobre ambos hechos, y "no sólo se estén tapando unos a otros. Parece que estamos en un Estado alcahuete y no en un estado de derecho".

Sobre las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa –cuya tesis, calificada por el procurador Jesús Murillo Karam de "verdad histórica", es que los normalistas fueron ejecutados e incinerados por elementos del crimen organizado–, Soberanes Fernández subrayó que la investigación debe ser "irreprochable".

Agregó: "No pueden presentar unas conclusiones que sean impugnadas inmediatamente. Debe haber una seriedad en el trabajo ministerial".

Pruebas cuestionadas

Desde su perspectiva, la PGR debería tener la disposición a que sus indagatorias sean analizadas por otros expertos, para que sean confrontadas. Por el contrario, lamentó que esa dependencia haya calificado de "especulaciones" los señalamientos del Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual criticó el sábado pasado los resultados de la investigación y cuestionó la validez de las pruebas que el Ministerio Público Federal recabó en el basurero de Cocula, Guerrero.

“Es una reacción (de la PGR) de defensa. No es decir ‘vamos a buscar la verdad’, sino que intentan defenderse de la contraparte, como si fuera una competencia. La investigación tendría más validez si hubiera un análisis de la misma, y creo que finalmente lo habrá, pues es una exigencia de la sociedad”.

El ex titular de la CNDH afirmó que la crisis de derechos humanos en el país tiene su origen en la corrupción, pues "corruptores y corruptos se van tapando unos a otros en sus fallas".

Por: Noticieros Televisa Fuente: Noticieros Televisa 28. Ene. 2015

10 razones para no cerrar caso Ayotzinapa: padres de normalistas

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Ayotzinapa

Vidulfo Rosales vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Foto: FOROtv

'A cuatro meses de los hechos, faltan detenciones clave, como la de Felipe Flores y de personajes políticos de Guerrero'. Asegura Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 27, 2015.- Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, rechaza las pruebas periciales presentadas por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que "los 43 normalistas fueron asesinados" y dice 10 razones por las que no pueden cerrar el caso:



1) No hay certeza científica de peritajes de la PGR.-

El expediente no se puede cerrar, no es concluyente, porque no hay certeza científica que indique claramente que hayan sido asesinados en Cocula. Existen peritajes que ya mencionó el procurador como biológico tierra maleza y con ese pretende dar certeza a la muerte de nuestros compañeros. Lo dijimos esos peritajes deben ir acompañador por peritajes de personas y expertos independientes solicitaremos que esos peritajes estén avalados por los argentinos para que puedan cotejarse con la objetividad y la contundencia de esos peritajes hay largo historial y todo el MP de modificación a modo de determinados peritajes razón por la cual no aceptamos esos peritajes que los corroboren expertos independiente los argentinos.



2) La declaración de El Cepillo no es concluyente en el caso Ayotzinapa.-

Tampoco puede ser concluyente y ser clave la declaración de El Cepillo, él nunca estuvo todo el tiempo durante el desarrollo de los eventos no dice que estuvo desde la detención hasta las 15 horas en la tarde del día 27 que supuestamente concluyeron los eventos en Cocula. No está establecido así en su declaración, sólo que ordenó no refiere hora y momentos en que permaneció ahí su declaración es hueca y no del todo completa.



3) Hay denuncias de coacción en algunas declaraciones en el caso Ayotzinapa.-

Tampoco puede darse por concluida porque la información donde de las declaraciones de las personas de los cuatro detenidos de ahí exclusivamente depende toda la investigación, toda la tesis y la teoría, para nosotros los declaraciones de los detenidos sobre todo las personas con ese grado delincuencial no pueden tener toda la veracidad en términos probatorios.



4) No hay una sola mención del asesinato de Julio César Mondragón.-

No puede cerrarse porque dentro del conjunto hay un punto que no ha investigado es el homicidio de Julio César Mondragón Fuentes, no ha merecido la investigación, no se sabe quién, en qué momento, por qué razones. Es cabo suelto, no se puede decir cerramos el caso y esa ejecución sin investigación, se tiene que indagar y esa averiguación pude ser pauta para esclarecer.



5) Todavía hay implicados de relevancia sin detener en el caso Ayotzinapa.-

Faltan detenciones claves dentro de toda indagatoria Felipe Flores, Francisco Salgado Valladares, El Cabo Gil y una persona más que supuestamente operaron en el basurero de Colcula. Si no están detenidas pudieran cambiar rumbo de la averiguación, el rumbo de la teoría. No puede decretarse un cierre.



6) No existen juicios por desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.-

Tampoco se puede cerrar cuando no hay un sólo proceso penal, ni un juicio por desaparición forzada a los servidores, se les va a dejar sin castigar cuando esa es la figura delictiva más idónea si no se les acusa para nosotros eso es permanecer abierto, susceptible de investigar. La última consignación en diciembre fue negada la orden en contra de Abarca y Pineda, por lo tanto, no se puede cerrar si hay investigación pendiente por desaparición forzada.



7) Hay versiones encontradas sobre el lugar de ejecución y donde fueron calcinados los estudiantes del caso Ayotzinapa.-

Hay inconsistencia en el expediente porque hay conjunto de personas por lo menos 20 de los 99 que declaran que los compañeros habrían sido asesinados y enterrados en Cocula. Dos conjuntos de investigaciones que no han sido confrontadas necesitarían confrontar esas investigaciones por que existen las fosas de Cerro Viejo, Cerro de la Parota y luego Cocula. Se necesita esclarecimiento pleno, si no es incertidumbre para las víctimas. Primero se les dice una cosa a través de declaraciones formales quieren hacer como si eso se olvida, sale una nueva teoría. Qué pasa con la anterior en términos judiciales se tiene que dilucidar y contrastar el primer conjunto con el segundo.



8) No se investiga la participación del Ejército en el caso Ayotzinapa.-

Al día de hoy sólo hay certeza científica de que uno habría fallecido no hay certeza que fuera en el basurero, si hay certeza que le corresponden los restos. Nos parece grave que la PGR esté hablando de que van a consignar por homicidio, ¿cómo si no hay evidencia de que los 42 compañeros fallecieron?, ¿cuál sería la prueba técnica? Nos lleva a que va a ser débil esa consignación porque el cuerpo del delito no estaría acreditado por no haber una prueba científica, la única que existe es la de Alexander Mora.



9) Sólo se habla con certeza de la muerte de uno de los estudiantes levantados en el caso Ayotzinapa.-

Hay dos líneas pendientes de corroborarse dentro de la investigación y esa línea es con el Ejército y el ex gobernador respecto a que no hay evidencia sobre participación del Ejército, el policía Salvador Bravo que declaró que en 2013 el ejército le habría dado información de que estaría operando Guerreros Unidos con la policía y el ejército protegió a Guerreros Unidos mientras permanezcan esas líneas investigación.



10) Coexisten en el expediente dos versiones de los hechos que no han sido aclaradas.-

No se ha empezado a deslindar la responsabilidad sobre el entorno político de corrupción. Están pendientes de investigar: el ex gobernador, ese entorno político de toda una clase política que sostuvo al presidente municipal y a Guerreros Unidos. Es objeto de investigación. Por eso insistimos que la investigación debe permanecer abierta.



Vidulfo Rosales precisó que el 2 y 3 de febrero acudirán al Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar el caso.

La OEA examinará el caso de los normalistas desaparecidos: Insulza

Lo hará a través de la CIDH, indica el titular del organismo


Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Martes 17 de febrero de 2015, p. 3
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, informó que este organismo, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), trabajará en el análisis del caso de los normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada. Y se hará –enfatizó– no para hacer una denuncia más, sino para examinar la situación.

Entrevistado tras la presentación de su libro Estrategias y procesos de política exterior en Estados Unidos 1981-1991, que se realizó ayer en el salón El Generalito, del antiguo Colegio de San Ildefonso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Insulza agregó que si bien es cierto que el caso generó ‘‘una indignación especial’’, desde el exterior ‘‘no existe una opinión negativa’’ en torno a la actuación del el gobierno federal mexicano, por lo que confió en que las investigaciones den claridad al asunto.

‘‘Ciertamente Ayotzinapa generó una indignación especial por la cantidad de personas de que se trataba (tres estudiantes asesinados y 43 más desaparecidos), por la forma como se cometió el crimen y por la actuación de funcionarios locales. Eso provocó una alarma especial, pero creo que en general no existe una opinión negativa respecto de la forma en que se ha llevado el tema. Sí, la esperanza de que realmente se dé claridad al asunto y se concluya la investigación, es lo que todos queremos.’’

Destacó que la CIDH y el gobierno mexicano llegaron a un acuerdo para que un grupo de investigadores de esa comisión se instale en México para realizar una indagatoria sobre el caso. ‘‘Los expertos (de la CIDH) examinarán la forma en que se han llevado los procedimientos y entregarán un informe y una asesoría al gobierno. Vamos a esperar resultados’’.

Al ser interrogado en torno a los problemas ligados al narcotráfico, Insulza indicó que se trata de un conflicto que no sólo afecta a México, sino a toda la región.

‘‘Nosotros emitimos un informe sobre esto hace tiempo, afirmando que era necesario no sólo enfrentar la oferta, sino también la demanda de droga, y que todos los países deben poner de su parte proponiendo incluso medidas alternativas para evitar que las cárceles estén llenas de pequeños infractores y que la acción del Estado se concentre en los criminales mayores.’’

Según el secretario general de la OEA, para alcanzar la disminución de la violencia se tienen que usar métodos distintos al represivo, pues ‘‘la guerra contra las drogas fracasó hace mucho tiempo’’.

Previamente, durante la presentación de su libro, refirió que en la actualidad la administración de Estados Unidos sigue manteniendo el tema del ‘‘destino manifiesto’’ y con base en ello realizan sus políticas globales.

El libro de Insulza fue comentado por el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Sergio Alcocer, y por el rector de la UNAM, José Narro Robles. Ambos destacaron el contenido de los capítulos de la obra.

Alcocer resaltó el análisis que se hace de la relación entre Estados Unidos y América Latina, sobre todo porque hace unos días se publicó una encuesta levantada entre académicos estadunidenses en la que se identifica a China como el país con mayor prioridad para los intereses de ese país, con 40 por ciento; Medio Oriente y África, con 37 por ciento; Europa Occidental, 10 por ciento; Rusia y las ex repúblicas soviéticas –excluyendo a los países bálticos–, 5 por ciento, y en último lugar de prioridad para Washington, de acuerdo con los académicos, estaría América Latina con sólo 2 por ciento.

En tanto, el rector Narro Robles indicó que la obra aborda asuntos y temas fundamentales para el orbe, para México y América Latina, con enorme calidad. ‘‘Los artículos escritos (en la década de los 80) tienen vigencia y validez por el rigor con el que fueron elaborados’’, concluyó.

Abrirán cuarteles este mes, asegura vocero de padres de normalistas
17/02/15 | 10:12 | Por: Vanguardia

Felipe de la Cruz asegura que se revisarán las instalaciones castrenses, porque no creen en versión de la PGR


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Abrirán cuarteles este mes, asegura vocero de padres de normalistas


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Aunque aún no han definido qué cuarteles militares solicitarán sean abiertos para que los padres de los 43 normalistas desaparecidos realicen la búsqueda, será en éste febrero cuando se dé la apertura de las instalaciones castrenses, informó Felipe de la Cruz, vocero del movimiento de los padres de los jóvenes desaparecidos.

Entrevistado en la entrada de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, De la Cruz adelantó que el próximo 1 de marzo se reunirán en Ayotzinapa con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes auxiliarán en las investigaciones de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Se insistirá en abrir una línea para investigar la participación de elementos del Ejército en los hechos ocurridos el 26 de septiembre, y revisar los cuarteles castrenses, es una demanda ante quienes suponen tener información de que los militares participaron en los hechos y que en el cuartel podrían estar los jóvenes.

El vocero del movimiento comentó que se está en la etapa de planeación para definir qué cuarteles revisarán, entre ellos, el 27/o. Batallón de Infantería de Iguala.

Cabe aclarar que el gobierno federal ha señalado que la única solicitud que tienen para realizar la búsqueda precisamente en las instalaciones de Iguala; sin embargo, los padres de los normalistas solicitarán el ingreso a más instalaciones.

“Se tiene que seguir con la búsqueda. Seguimos con la insistencia y no creemos en la verdad histórica del procurador [general de la República, Jesús Murillo Karam]”, enfatizó.

Felipe de la Cruz mencionó que este lunes tenían una reunión con Manelich Castilla Craviotto, comisario de la Gendarmería Nacional, para reanudar las búsquedas de los normalistas, “pero se canceló porque están con el tema de Oaxaca”, en ese sentido agregó que podría ser este martes el encuentro.

Ve cardenal ‘cierta manipulación política’

Para Alberto Suárez Inda, el nuevo cardenal mexicano, existe una “cierta manipulación política de los hechos de Ayotzinapa, cuyo objetivo es provocar una insurrección que no traería nada con el eventual desconocimiento del principio de autoridad o descalificando a quienes pueden tener alguna responsabilidad, pero no directamente”.

Esto lo dijo enfáticamente en una conferencia de prensa en la que habló de su nombramiento y otros temas que aquejan a México, la corrupción en particular.

“Creo que hay instrumentos para denunciar la corrupción, sobre todo ahora que viene el tiempo delicado de las elecciones, durante el cual se debe cuidar muy bien que los candidatos sean gente que no arrastre compromisos con otros intereses, sino que sea gente dispuesta a servir al pueblo de una manera justa y honesta”, dijo Suárez Inda.

Sin concretar clases en la normal rural

Dennis A. García, enviado

TIXTLA, GRO.- Sin acuerdos concluyó ayer lunes el intercambio entre autoridades y padres de familia para comenzar las clases en línea en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, con el propósito de que los estudiantes no pierdan el ciclo escolar.

Por la mañana, el director de Ayotzinapa, José Luis Hernández, informó que el propósito del programa en línea era que los docentes estuvieran en contacto con los alumnos vía correo electrónico y en ocasiones de manera presencial.

A casi cinco meses de suspender las clases por la desaparición forzada de los 43 normalistas, el director de la institución expresó su intención de querer comenzar con el proyecto para salvar el semestre.

Para formalizar la nueva forma de evaluar el ciclo escolar, tanto el director como alumnos, autoridades de gobierno y una comisión de padres de los jóvenes desaparecidos tenían que estar de acuerdo.

Por eso, ayer por la mañana el director acudió a la Escuela Normal Rural para formalizarlo, pues ya se tenía un pacto previo para que todas las partes estuvieran presentes, pero no ocurrió así.

En ese sentido, se esperaba que llegara una comisión de los padres de los normalistas, encabezados por Vidulfo Rosales, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para formalizar la apertura de clases en línea.

Entrevistado afuera de la escuela, José Luis Hernández puntualizó que con la nueva forma de evaluar el semestre, cada docente aplicaría su forma de trabajo, estando en contacto con los alumnos por correo electrónico, y en ocasiones se verían en la escuela. Luego de esperar más de una hora, el director se retiró de la escuela, ya que el abogado Vidulfo Rosales no llegó.

Para comenzar con esta modalidad de clases se tenía que acordar entre los distintos grupos involucrados, como los estudiantes, el director y los padres de los normalistas desaparecidos; sin embargo, no fue posible.

Peña Nieto exculpa a militares en caso Ayotzinapa
Seguir a @jesusaproceso
Jesusa Cervantes
17 de febrero de 2015
Nacional
Cienfuegos y Peña, titulares de la Sedena y el Ejecutivo, respectivamente. Foto: Eduardo Miranda
Cienfuegos y Peña, titulares de la Sedena y el Ejecutivo, respectivamente.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto eximió de toda culpa a elementos de la Marina, Ejército y Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, e insistió que se trató de un hecho cometido por “el crimen organizado en colusión con autoridades locales”.

En respuesta a las preguntas sobre el tema que enviaron diputados federales al Ejecutivo el pasado 6 de noviembre, como parte de su segundo informe, el mexiquense aclaró que las fuerzas federales actuaron 10 días después de los hechos, cuando el gobierno de Guerrero solicitó su ayuda.

“La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado”, respondió Peña a través de la Secretaría de Gobernación.

En el segundo párrafo del texto sostiene que los hechos “realizados por el crimen organizado en colusión con autoridades locales” han generado indignación entre los mexicanos, y “en respuesta el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para garantizar la plena vigencia del estado de derecho”.

Una de las medidas, recuerda, es crear policías estatales únicas, “lo que permitiría pasar de más de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal”.

En el documento, Peña Nieto también destaca que envió una iniciativa “para facultar” al Congreso a expedir una “ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”. Lo que se busca con ella es actuar “de manera oportuna y temporal” cuando existan indicios sólidos de que existen autoridades locales involucradas con el crimen, apunta.

Luego destaca la inexistencia de una ley sobre la desaparición forzada: “Debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala, sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en cuanto a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas”.

Con esas declaraciones el Ejecutivo federal pretende convencer a los legisladores de que su gobierno no ha tenido descuidos en cuanto a la falta de protocolos aplicados sobre desaparición forzada, “por lo tanto no se considera que exista omisión alguna”.

A la vez que llegó la respuesta de Peña Nieto a los legisladores, el pleno de la Cámara exhortó a la Comisión de Justicia para que inicie el análisis y discusión de diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada se han presentado en la actual legislatura.

Niegan información Tlatlaya

En el segundo caso más grave de violaciones a los derechos humanos ocurrido en 2014, la PGR rechazó informar sobre ese tema a la comisión especial que indaga la ejecución sumaria de al menos ocho personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.

El director de Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la dependencia, Jorge Nader, se negó a proporcionarle información a Margarita Tapa Fonllenm, presidenta de la comisión e integrante del PRD, quien solicitó información sobre los militares que participaron en los hechos.

El funcionario estableció que las investigaciones sobre el caso Tlatlaya “son de carácter no sólo confidencial, sino reservado”.


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Expediente Abarca, un caso fabricado
Anabel Hernández y Steve Fisher
21 de febrero de 2015
Reportaje Especial
El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Foto: Especial
El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.
Foto: Especial

A casi cinco meses de ocurrida, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa está más turbia que nunca debido a una razón fundamental: la desastrosa y, más aún, sospechosa actuación de la Procuraduría General de la República en relación con esos hechos, los cuales pretende archivar. En lo que concierne al expediente judicial del exalcalde José Luis Abarca y su esposa, a quienes la dependencia responsabiliza de los ataques de septiembre de 2014 contra los estudiantes de esa Normal Rural, el proceso exhibe en sus distintas etapas acusaciones plagadas de contradicciones y basadas en versiones de testigos desprestigiados…

MÉXICO, D.F. (Proceso).- De acuerdo con diversos datos contenidos en las causas penales seguidas a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, el caso contra la pareja como presunta responsable principal del ataque contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de 43 de ellos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados, se basa en evidencias contradictorias y en desprestigiados testigos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

A Abarca se le acusa de “delincuencia organizada” en la modalidad “contra la salud con fines de fomento” (sic), por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

En la causa penal 1/2015, iniciada el pasado 3 de enero en el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, la PGR solicitó orden de aprehensión contra el exalcalde por el delito de “secuestro” contra los 43 estudiantes desaparecidos, sin que el Ministerio Público presentara nuevas pruebas, sólo los mismos testimonios que muestran inconsistencias entre sí.

Estas y otras irregularidades afloraron a raíz de una investigación efectuada por Proceso en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.

Respecto a Pineda Villa, luego de 40 días de arraigo sin encontrar elementos para incriminarla, en diciembre de 2014 la SEIDO recurrió a Sergio Villarreal Barragán, Mateo (alias que se le adjudicó como testigo colaborador; antes usaba el de El Grande), extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012, para que la incriminara tras más de cuatro años de no haberla mencionado en sus declaraciones ministeriales sobre los Beltrán Leyva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa.

El testimonio de último momento de Mateo sirvió para que se abriera la causa penal 105/2014 y el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México girara contra ella orden de aprehensión por delincuencia organizada. Por el mismo cargo, pero en su modalidad “contra la salud”, la PGR también solicitó orden de aprehensión en su contra en la causa penal 1/2015, y ya se dictó auto de formal prisión sin que haya sido notificada.

La PGR le imputa al exalcalde el homicidio de Justino Carvajal Salgado, síndico de Iguala, en marzo de 2013. También se le responsabiliza del secuestro de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular (UP), y otras seis personas el 30 de mayo de 2013.

Según las declaraciones ministeriales presentadas por la PGR al juzgado, la acusación se basa en testimonios “de oídas” y de presuntas víctimas que dicen haber atestiguado los mismos hechos pero dieron versiones diferentes.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1999, ya en circulación)

Forense del INAH: la pira de Cocula, imposible
Patricia Dávila
21 de febrero de 2015
Reportaje Especial
El sitio donde supuestamente quemaron a los normalistas en Cocula, Guerrero. Foto: AP / Alejandrino González
El sitio donde supuestamente quemaron a los normalistas en Cocula, Guerrero.
Foto: AP / Alejandrino González

La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Es falso que en el basurero de Cocula, Guerrero, hayan sido incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues no existe evidencia científica de ello. En ese lugar, la Procuraduría General de la República (PGR) montó un “show” con el fin de apaciguar a los padres de familia y acallar su protesta. Incluso es posible que los restos óseos de Alexander Mora, identificados por la Universidad de Innsbruck, Austria, hayan sido sembrados por esa dependencia.

Jorge Arturo Talavera, integrante del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), resume: El gobierno privilegió el aspecto político en lugar del humano y no consideró el dolor de las víctimas. Este antropólogo físico también califica como una burla para los familiares de los estudiantes la “versión histórica” que dio el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, acerca del caso.

En su opinión, la falta de certezas científicas puede tumbar jurídicamente el caso Ayotzinapa y dejar en libertad a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala; a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y a los policías que supuestamente participaron en la desaparición.

Con 35 años de experiencia en esta materia, el investigador es contundente: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes. Si así ocurrió, las autoridades deben mostrarnos científicamente que hay grasa humana en el suelo, y de eso la Procuraduría no ha dicho nada. Además, entre las muestras óseas la PGR presentó una corona dental que corresponde a una persona de más de 50 años, no a jóvenes de 18 a 20 años”.

De esta manera el antropólogo coincide con Alfonso Palacios Blanco, experto en incendios y explosivos, quien en noviembre pasado declaró a este semanario que en el cerro de Cocula no existió ninguna incineración /(Proceso 1979).

Talavera, quien desde 1998 está encargado de desarrollar el proyecto Estrategia Bioarqueológica para el Estudio del Resto Óseo Modificado Culturalmente, es especialista en analizar la violencia en el México prehispánico. Ha encontrado huellas de decapitación, sacrificio humano, desollamiento, manufactura de artefactos y adornos con huesos humanos. Él y su programa analizan la muerte violenta en el pasado.

En 2011, Talavera fue invitado por la PGR para investigar el caso de Rosendo Radilla, campesino desaparecido en Guerrero durante la “guerra sucia”: “En ese momento instauramos un simulacro de fosas clandestinas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Con participación del equipo argentino (de forenses) recreábamos desde cómo hacer la prospección, la localización de una fosa, cómo excavarla, cómo registrarla, cómo hacer el embalaje, la cadena de custodia y, al final, cómo hacer el análisis científico de los restos óseos, o sea, interpretar el hecho: si se trataba de un caso de secuestro, violación o lo que fuera”. Trabajó con esqueletos reales para establecer la edad, el sexo y las fracturas de los restos.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1999, ya en circulación)

Expediente Abarca, un caso fabricado

ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
21 DE FEBRERO DE 2015
REPORTAJE ESPECIAL


A casi cinco meses de ocurrida, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa está más turbia que nunca debido a una razón fundamental: la desastrosa y, más aún, sospechosa actuación de la Procuraduría General de la República en relación con esos hechos, los cuales pretende archivar. En lo que concierne al expediente judicial del exalcalde José Luis Abarca y su esposa, a quienes la dependencia responsabiliza de los ataques de septiembre de 2014 contra los estudiantes de esa Normal Rural, el proceso exhibe en sus distintas etapas acusaciones plagadas de contradicciones y basadas en versiones de testigos desprestigiados…


MÉXICO, D.F. (Proceso).- De acuerdo con diversos datos contenidos en las causas penales seguidas a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, el caso contra la pareja como presunta responsable principal del ataque contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de 43 de ellos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados, se basa en evidencias contradictorias y en desprestigiados testigos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

A Abarca se le acusa de “delincuencia organizada” en la modalidad “contra la salud con fines de fomento” (sic), por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

En la causa penal 1/2015, iniciada el pasado 3 de enero en el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, la PGR solicitó orden de aprehensión contra el exalcalde por el delito de “secuestro” contra los 43 estudiantes desaparecidos, sin que el Ministerio Público presentara nuevas pruebas, sólo los mismos testimonios que muestran inconsistencias entre sí.

Estas y otras irregularidades afloraron a raíz de una investigación efectuada por Proceso en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.

Respecto a Pineda Villa, luego de 40 días de arraigo sin encontrar elementos para incriminarla, en diciembre de 2014 la SEIDO recurrió a Sergio Villarreal Barragán, Mateo (alias que se le adjudicó como testigo colaborador; antes usaba el de El Grande), extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012, para que la incriminara tras más de cuatro años de no haberla mencionado en sus declaraciones ministeriales sobre los Beltrán Leyva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa.

El testimonio de último momento de Mateo sirvió para que se abriera la causa penal 105/2014 y el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México girara contra ella orden de aprehensión por delincuencia organizada. Por el mismo cargo, pero en su modalidad “contra la salud”, la PGR también solicitó orden de aprehensión en su contra en la causa penal 1/2015, y ya se dictó auto de formal prisión sin que haya sido notificada.

La PGR le imputa al exalcalde el homicidio de Justino Carvajal Salgado, síndico de Iguala, en marzo de 2013. También se le responsabiliza del secuestro de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular (UP), y otras seis personas el 30 de mayo de 2013.

Según las declaraciones ministeriales presentadas por la PGR al juzgado, la acusación se basa en testimonios “de oídas” y de presuntas víctimas que dicen haber atestiguado los mismos hechos pero dieron versiones diferentes.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1999, ya en circulación)

Tras ataque, padres buscaron a sus hijos en cuartel de Iguala
El 28 de septiembre, menos de 48 horas después de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, una comitiva de estudiantes y padres de familia entró al cuartel acompañados de la Fiscalía de Guerrero.
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Juan Pablo Becerra- Acosta M. y Carlos Puig 26/02/2015 01:41 AM

México

El Ministerio Público de Guerrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una comitiva de estudiantes y padres de familia de la normal rural de Ayotzinapa sí ingresaron al cuartel del 27 Batallón de Infantería para buscar a los jóvenes que habían desaparecido el 26 y 27 de septiembre pasado.

Eso ocurrió menos de 48 horas después de que los normalistas fueron agredidos a balazos y levantados por policías de Iguala, Cocula y sicarios de los Guerreros Unidos. A las 12 del día del 28 de septiembre.

Un día después, debido a una llamada anónima que alertaba sobre la supuesta presencia de los estudiantes desaparecidos en el cuartel, la fiscalía realizó una nueva búsqueda, pero ya sin acompañantes. La primera inspección se había hecho a solicitud de los padres, de los estudiantes y de sus asesores.

Así se establece en documentos de la fiscalía de Guerrero en poder de MILENIO.

Desde diciembre pasado la principal demanda política de familiares, estudiantes y asesores del movimiento de Ayotzinapa ha sido ingresar —ahora se puede decir que nuevamente— a ese cuartel y a otras instalaciones militares en diferentes entidades.

A las primeras diligencias ministeriales que se llevaron a cabo en las instalaciones militares para buscar a 57 estudiantes (ese era el número de jóvenes no ubicados inicialmente) acudieron "integrantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, su abogado Vidulfo Rosales y algunos familiares de los jóvenes", se lee en documentos de la Fiscalía General de Guerrero sobre el caso.

También estuvo presente "personal de la Comisión de los Derechos Humanos" local, que "dio fe de los recorridos y actuaciones realizadas" no solo en las instalaciones militares, sino en posteriores recorridos en los edificios de la fiscalía, la Policía Ministerial, la Policía Municipal, así como en dos hospitales.

Las actividades concluyeron por la noche: "Este operativo coordinado culminó a las 19:45 horas con el regreso de los familiares y estudiantes a las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa", se explica en una tarjeta informativa sobre lo sucedido ese día.

***

Fue el comandante del 27 Batallón, coronel de infantería José Rodríguez Pérez, quien recibió a los funcionarios y a la comitiva de estudiantes y padres de familia el 28 de septiembre. Y fue él quien los acompañó en el recorrido y durante los peritajes que realizó el Ministerio Público del fuero común Elmer Rosas Asunción y su perito "en materia de criminalística de campo y fotografía forense, Daniel Mota Sotelo", de acuerdo con lo que se asienta en el expediente ministerial HID/SC/AA/03/0683/2014 y a la averiguación previa AEBPNL/049/2014.

Los estudiantes, padres de familia y su abogado no estuvieron presentes en las actuaciones ministeriales: permanecieron en los patios del cuartel, confirmaron a MILENIO funcionarios de la fiscalía.

La visita no incluyó la totalidad de las instalaciones militares, por decisión del coronel Rodríguez Pérez, quien invocó obediencia a la "superioridad":

"(...) Manifestando que por motivos de seguridad nacional no se pueden mostrar todas las instalaciones, que para dichos efectos se deberá dirigir la petición a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, o a la novena Región Militar con sede en Acapulco, para que autoricen la inspección general", asentó en el acta de sus diligencias el agente del Ministerio Público.

MILENIO fue informado por uno de los funcionarios que participó en la inspección que los sitios que no recorrieron fueron "la armería", "las oficinas" de la comandancia y oficiales, las áreas de comunicaciones, así como la zona de cocina, comedores y atención médica.

Ante la petición de estudiantes y padres de familia de visitar "las celdas de detenidos" del cuartel, el también comandante del 41 Batallón de Infantería les informó que en dicho cuartel no hay tales instalaciones:

"(...) Señalando que las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad de detenidos, ya que al momento de que llegan a detener a individuos estos son canalizados directamente a las diferentes dependencias adonde correspondan", se lee en el acta.

Lo que sí informó el coronel es que el cuartel cuenta con un baño habilitado como "área de seguridad con puerta de celda" dentro del área que ocupa la sala de guardia y prevención. Ahí, en ese baño con barrotes, se guarda droga decomisada: "Dicha área es utilizada únicamente como depósito de enervantes, la cual se encuentra cerrada con candado y sellada con etiquetas de papel", redactó el agente Elmer Rosas Asunción, quien procedió a tomar fotografías del lugar. En ese sitio restringido no había nadie detenido.

En los documentos ministeriales, acompañados de fotos y croquis con imágenes satelitales, se hace una descripción de todas las zonas del cuartel que fueron revisadas (habitaciones, baños, depósito de enervantes, sala de guardia). Por ejemplo, lo que se entiende que son los barracones de los soldados:

"Se trata de una construcción de concreto armado pintado de color verde y blanco con techo de loza de dos aguas, el cual mide del lado oeste veintitrés metros, siendo esta su fachada. Por su lado sur diez metros. Por el lado este, veintitrés metros y por el lado norte diez metros. Se observa sobre la fachada un acceso de puerta de aluminio y cristal. Al ingresar se observan dos habitaciones. Dentro de la primera se encuentran varias literas con sus respectivos colchones, las cuales se encuentran alineadas con dirección al norte".

También se describe otra zona restringida, donde tampoco había nadie capturado:

"Por su lado oeste se observa un acceso con una puerta de reja de estructura de herrería pintado de color negro, observándose que dicha reja se encuentra cerrada con un candado y tres sellos de papel de color blanco pegados en la parte superior, en la parte media cubriendo el candado, y en la parte baja dichos sellos contienen una leyenda: 'Campo Militar número 35-C, Iguala, Guerrero, a 24 de septiembre 2014. Prohibido el paso. Zona restringida. Solo personal autorizado por orden del Coronel de Infantería del Batallón. El Mayor de Infantería Jefe de la S110 (...)', observándose en su interior a través de la reja muebles de estantería y sobre estos una caja de cartón cerrada y una cubeta de plástico de color blanco con azul".

La diligencia en el cuartel militar inició a las 12:00 horas y terminó menos de una hora después, "concluyendo la visita sin ninguna información relevante", sintetiza una tarjeta informativa.

***

El Ejército también fue conminado por la fiscalía el mismo 28 de septiembre para que respondiera ministerialmente si había detenido a los estudiantes hasta ese momento desaparecidos. Y para que entregara las bitácoras del cuartel.

Se trata de otro documento relevante sobre la búsqueda de normalistas: es el oficio "urgente" 7341 elaborado por el mismo agente del Ministerio Público, Elmer Rosas Asunción, el cual forma parte de la averiguación previa HID/SC/AA/03/0683/2014, dirigido al comandante del 27 Batallón de Infantería. Cita los artículos 21 de la "Constitución Política Federal", 77 de la Constitución local, así como los artículos 1, 4, 36, 54, 58 y 63 del Código Penal de Guerrero y ordena:

"Solicito a usted que informe por escrito a esta representación social de las bitácoras que están bajo su cargo de los días 26, 27 y 28 de septiembre del año en curso y, si detuvieron personas, que proporcionen números de ellas así como nombres y apellidos completos de esas personas, y las faltas o delitos que cometieron, y si salieron bajo fianza o pagaron su multa de algún arresto administrativo, toda vez que en esta representación social se inició la presente indagatoria por el delito de desaparición de personas, cometido en agravio de...", y el Ministerio Público enlista los 57 nombres de los estudiantes que hasta ese momento estaban desaparecidos.

El comandante, supo MILENIO, previa autorización de la superioridad, entregó las bitácoras y respondió que no: que los soldados no habían detenido a nadie.

Ve aquí el acta ministerial de diligencias realizadas por peritos dentro del cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala.

Ve aquí fotografías de los sitios en los que se buscó a los estudiantes normalistas.

¿Quién aconseja a Cienfuegos?…La Sedena sin “cuarto de guerra” para enfrentar daños en medios de comunicación
26 de febrero del 2015

México, 26 de febrero.- Cuando existe un problema de medios tan serio como el que atraviesa la Sedena lo que se hace, desde una empresa que fabrica tuercas hasta un gobierno, es reunirse en un “cuarto de guerra” para definir las estrategias pertinentes hacía un “control de daños”.

Esto es lo que ha venido faltando en la Sedena, no se diga en la oficina del general Cienfuegos.

Los militares parecen aconsejados por su peor enemigo. La idea de “soltar” información e imágenes sobre lo que “sucedió” la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala es pésima desde cualquier ángulo.

Baste medir el rechazo que está provocando “enterarse” de que el Ejército sí se enteró, si estuvo en las calles, sí recibió la información de los estudiantes que sobrevivieron al ataque de los policías municipales.

Porque, pregunta inmediata que se hacen millones de mexicanos, si de acuerdo a las fotografías publicadas por Milenio el 25 de febrero del 2015, en primera página además, los soldados tomaron testimonio y fotografías de los estudiantes en los pasillos de los hospitales donde esperaban por sus compañeros, nada justifica que no hayan actuado.

Es decir, oficialmente, los mismos militares, están dando a conocer imágenes que demuestran que estuvieron enterados de lo que pasaba en Iguala la noche del 26 de septiembre A TIEMPO DE RESCATAR A LOS SECUESTRADOS QUE TODAVÍA ESTABAN CON VIDA.

Es obvio que los testimonios que recibieron, así lo muestran documentos y fotografías, partes internos que han dado a conocer a través de Milenio, fueron un grito de auxilio para que salvaran a los que estaban en manos de policías que ya habían disparado contra ellos. Nada justifica, frente a esta realidad, su omisión.

¿Qué esperaban, Cienfuegos y su alto mando, dando a conocer esto?

La estrategia de comunicación es, otra vez, la más errónea a imaginar. Por eso tienen que aguantar el sapo inmenso de que en supuestos reconocimientos, como hicieron los empresarios la semana pasada, les digan que “actúan contra las leyes y la Constitución”.

De igual forma dar a conocer que admitieron al ministerio público en el Cuartel del 27 Batallón de Infantería es más que contraproducente. Supuestamente los familiares de los estudiantes desaparecidos iban con las autoridades locales, pero los dejaron en el patio. Con lo que se aumenta el “sospechosísmo” de que había algo que debía permanecer oculto.

Y no se diga el ridículo, ver el diario Milenio del 26 de febrero del 2014, de que el ministerio público dio fe legal de que en un baño, con sellos de papel, se guarda en cubetas la droga que se confisca… ¿Qué sentido tiene exhibir esta vulnerabilidad?

Ni cuarto de guerra ni asesores ni sentido común…

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor
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Cae policía por ataque a normalista desollado en Iguala
La Redacción
26 de febrero de 2015
Estados

MEXICO, D.F. (apro).- Luis Francisco Martínez Díaz, policía de Iguala, fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de Julio César Mondragón, el joven normalista que murió tras ser desollado el 26 de septiembre pasado en el ataque perpetrado en ese municipio guerrerense.

Elementos de la Policía Federal también señalaron al uniformado de 42 años por su presunta responsabilidad en el ataque al autobús en el que viajaban los jugadores del equipo de futbol Los Avispones.

Además, la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer que el titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Federales del estado de Tamaulipas giró una orden de aprehensión en contra de diversos exfuncionarios de Iguala.

También informó que Martínez Díaz será ingresado al Centro Federal de

Marchas, bloqueos y detenidos durante la jornada de Acción por Ayotzinapa
La Redacción
26 de febrero de 2015
Nacional
A cinco meses de Iguala, miles marchan en el DF. Foto: AP / Eduardo Verdugo
A cinco meses de Iguala, miles marchan en el DF.
Foto: AP / Eduardo Verdugo

MÉXICO, D.F. (apro).- Bloqueos en aeropuertos, vialidades, comercios y edificios públicos, marchas y algunos detenidos enmarcaron la novena jornada de Acción por Ayotzinapa en varios puntos del país y del mundo al cumplirse cinco meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

En Oaxaca maestros y estudiantes marcharon, realizaron bloqueos y toma de autobuses para exigir justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos por la policía el 26 de septiembre del año pasado.

Los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) realizaron una marcha de la Fuente de las Ocho Regiones al zócalo de la ciudad en la que también denunciaron la “brutal” represión a integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

A cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, los maestros volvieron a salir a las calles a cuestionar al gobierno federal por las desapariciones forzadas y los montajes oficiales para contener la movilización social.

Víctor Manuel Reyes, integrante de la Comisión Política de la Sección 22, afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha declarado la guerra a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y como respuesta está la movilización.

Por su parte, la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) realizó otra marcha que salió del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) y concluyó con un mitin frente al Parque el Llano donde atravesaron los autobuses que momentos antes retuvieron.

Leyendas como “Tu voz, mi voz. Tú lucha, mi lucha. Ayotzi vive” y “En México es más peligroso ser estudiante que narcotraficante”, sobresalieron en las lonas que fueron colocadas en autobuses que retuvieron los normalistas para sumarse a la Acción Global y demandar respuestas a su pliego petitorio en el que demandan plazas automáticas, becas y material escolar entre otros puntos.

En ambas acciones también se pronunciaron por la abrogación de las 11 Reformas estructurales promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto, la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos.

En Chiapas, maestros de la CNTE, estudiantes normalistas y miembros de organizaciones sociales y campesinas, se movilizaron en las ocho regiones de la entidad, durante la mañana y la tarde de este jueves.

Realizaron bloqueos de carreteras, marchas y tomas de plazas y presidencias municipales, en los municipios de Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Arriaga, Ocosingo, Palenque, Cintalapa, Motozintla y otras ciudades sedes de las ochos regiones magisteriales.

Los maestros dejaron los salones de clases y salieron a las calles y carreteras de Chiapas para protestar también contra la represión policiaca en Guerrero donde falleció un maestro jubilado, decenas más fueron encarcelados por varias horas y otros hospitalizados.

José Luis Escobar Pérez, uno de los oradores del mitin en Tuxtla responsabilizó al gobierno federal y al gobierno del estado de Guerrero de la muerte del maestro Claudio Castillo.

En Sonora, en las ciudades de Nogales, Guaymas, Ciudad Obregón y Hermosillo maestros de la CNTE bloquearon la garita Dennis DeConcini que comunica a Sonora con Arizona.

En solidaridad con la novena acción global por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, los manifestantes realizaron tres mítines informativos y de concientización sobre la carretera internacional México 15.

El primero se registró frente al monumento contra la ignorancia, mejor conocido como el “Mono Bichi”.
Después, tomaron la plaza Miguel Hidalgo para denunciar las arbitrariedades cometidas por el Estado mexicanos contra los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del 26 de septiembre anterior y la madrugada del 27.

Minutos más tarde, montaron un templete sobre la plaza Internacional, a unos 100 metros de la garita, donde informaron a los presente sobre las inconsistencias en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).

En el destino turístico de Cancún, Quintana Roo, activistas sorprendieron a la Policía Federal (PF) al ingresar a las instalaciones del Aeropuerto Internacional, el segundo en operaciones del país. Se colocaron frente a la puerta principal de la Terminal 2 y desplegaron una manta en la que se leía: “Ayotzinapa Vive. Nos Faltan 43. Fue el estado”.

José Luis Pech Tzec, vocero de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación, afirmó que la intención era manifestarse de manera pacífica por lo que la PF se limitó a observar. Sin embargo, la jornada terminó con la detención de 13 activistas.

Las detenciones se registraron tras una marcha de unos 80 activistas durante tarde-noche por la el centro de la ciudad. Enfrente del Palacio Municipal se presentó un enfrentamiento con granaderos que resguardaban el inmueble.

“Elementos de la policía municipal detuvieron en flagrancia a 13 personas que con conductas violentas pusieron en riesgo la integridad de trabajadores, turistas, niños y familias que transitaban por la avenida Tulum, ya que tras escudarse en una manifestación atacaron vías de comunicación, golpearon automóviles, causaron daños a bienes muebles e inmuebles, así como agredieron sin motivo a ciudadanos”, informó la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPT).

De acuerdo con la SMSPT los detenidos son: Mario Coo, de 40 años; Jorge Castellanos, de 19; Gabriel Kumul, de 19; Ingrid Torres, de 20; Josefina Ramírez, de 58; Jared Rojas, de 19; José Villarroel; Joaquín Camal, de 19 años; Itzel Bravo, de 27; Emmanuel Básullta, de 31; Jonathan León, de 25; Atziri Bravo, de 26, y Cesar Villarroel de 33 años.

En Michoacán, desde la mañana de este jueves normalistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en Morelia por las represiones contra sus compañeros registradas el martes pasado en Guerrero, así como por los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.

Salvador Almanza Hernández, secretario regional de la CENTE en Morelia, informó que los profesores de esa coordinadora tomaron 83 de los 113 ayuntamientos y dos casetas: la de Santa Casilda, en la autopista siglo 21 que conduce de Pátzcuaro a Lázaro Cárdenas y en Panindícuaro, en la de occidente México-Guadalajara, que fueron liberadas pasadas las 15:00 horas.

Los inconformes también realizaron bloqueos en el complejo comercial de La Huerta y posteriormente marcharon hacia el Centro Histórico de Morelia y se plantaron frente al Congreso del Estado, donde continuaron con sus protestas.

Al final entregaron un pliego petitorio a los diputados, en el que les piden mediar para frenar los abusos en contra de sus colegas guerrerenses.

En Guadalajara, Jalisco, un contingente se concentró en el monumento Los Arcos y marchó por avenida Vallarta hasta el edificio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Organizaciones de estudiantes Universitarios Libres se manifestaron en San Luis Potosí para apoyar la jornada de protestas de la novena Acción por Ayotzinapa, mientras que en Monterrey, Nuevo León habitantes marcharon a la Plaza de Colegio Civil en donde lanzaron 43 globos de cantoya para recordar a los normalistas desaparecidos.

En Mérida, Yucatán, Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, sostuvo que aunque han transcurrido cinco meses no pierden la esperanza de encontrarlos con vida y advirtió que no permitirán la celebración de las elecciones en aquel estado hasta que el gobierno les entregue a los jóvenes.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el normalista Felipe de Jesús Rodríguez Estrada, López Patolzin insistió en que el Ejército tiene a los jóvenes desaparecidos pero no han podido entrar a los cuarteles a buscarlos “porque nos matan”.

Además, confió en que sigan con vida y recordó que todas las versiones que les ha dado el gobierno para convencerlos de que están muertos han sido desmentidas por especialistas y los peritos argentinos.

“Nos piden que hagamos nuestras marchas sin violencia, que nada ganamos, pero qué hizo el gobierno el 26 de septiembre sino violencia y nos desapareció a nuestros hijos”, resaltó.

Y recalcó que “vamos a seguir hasta encontrarlos”.

“Lo que pasa en México es preocupante… ya no quiero más violencia, más desapariciones, más muertes, quiero que el país cambie, por todos, unidad, no a la violencia, que tratemos que el mundo cambie”, expresó.

“Ya no dormimos ni comemos, y ahora reprimieron a los maestros, yo llevaba una lona, pero no llegué porque tenía miedo que me la quitaran; no iba a venir porque mi sobrino estaba desaparecido, pero gracias a Dios ya lo liberaron, ya hasta se hablaba de que estaba muerto”, dijo.

E insistió: “Ya paremos esta violencia, si no nos va a ir peor”.

“No traje a mi esposa, ando solo, si me va a pasar algo, que me pase a mí nomás… ustedes que son estudiantes, que son inteligentes a ver qué se puede hacer para cambiar todo esto”.

No obstante, advirtió: “Que sepa el gobierno de una vez que no vamos a permitir las elecciones en Guerrero”.

También dijo que están pidiendo a la gente apoyo para que “dejemos las urnas si es que va el Ejército”.

“¿Por quién vamos a votar? ¿Por nuestros verdugos?, ¿Por quienes nos van a matar?, ¿Por quienes nos van a matar de hambre?, ¡Ya no vamos a permitir eso!”, afirmó.

López Catarino y Rodríguez Estrada participaron hoy aquí en la Segunda Jornada de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Por la noche, grupos de ciudadanos en Mérida, Campeche y Ciudad del Carmen participaron en manifestaciones apoyo a los padres de los estudiantes desaparecidos para exigir justicia por lo ocurrido en Ayotzinapa.

También se registraron movilizaciones en Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Veracruz y Estado de México.

Protestas en el mundo

La novena jornada de Acción por Ayotzinapa también tuvo eco en algunas ciudades del mundo, como Nueva York, donde mexicanos y latinos se congregaron por la tarde en el consulado y alzaron la voz contra el presidente Enrique Peña Nieto y exigieron su renuncia.

Además se registraron protestas en otras ciudades estadunidenses como Texas, Oregon, California, Nevada, Chicago y Washington.

Otro grupo de mexicanos se manifestó frente a la embajada mexicana en Bélgica para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo el embajador Juan José Gómez Camacho y sus colaboradores se encontraban en el Festival Internacional del Cine de Amor de la ciudad de Mons, a 64 kilómetros de distancia.

En Canadá un contingente se reunió en la Plaza Emilie Gamelin, en Montreal, donde se sumaron a la exigencia de justicia y presentación con vida de los normalistas.

También se registraron movilizaciones es Costa Rica, Italia, Grecia, Alemania y España.

Con información de Sergio Caballero, Francisco Castellanos J., Isaín Mandujano, Rosa Santana, Milton Martínez y Pedro Matías.

Con el tiempo en contra, grupo de la CIDH ofrece dar claridad al caso Ayotzinapa
Ezequiel Flores Contreras
2 de marzo de 2015
Nacional
Integrantes de la CIDH visitan la normal rural de Ayotzinapa. Foto: Miguel Dimayuga
Integrantes de la CIDH visitan la normal rural de Ayotzinapa.
Foto: Miguel Dimayuga

TIXTLA, Gro. (apro).- “Vamos a tratar de hacer las cosas con orden y criterios para aumentar el nivel de claridad de lo que ha pasado”, ofreció Carlos Martín Beristain, miembro del equipo de especialistas contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso de la masacre y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

No obstante, el doctor en Psicología reconoció que llegan tarde para conocer la verdad de los hechos, debido a que los procesos de búsqueda, advirtió, deben ser inmediatos, pero anunció que van a tratar de dar una respuesta sobre el tema de la desaparición.

Por ello, confío en que las recomendaciones que van a emitir sobre el caso Ayotzinapa deriven en la puesta en marcha de medidas y políticas de búsqueda de desaparecidos en el país y la atención de víctimas de este tipo de barbarie.

Cerca de las 15:35 horas, los cinco integrantes del equipo de especialistas arribaron a la Normal de Ayotzinapa, a bordo de dos camionetas Suburban y encabezados por una comisión integrada por padres de los jóvenes desaparecidos y abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan.

Enseguida, en un encuentro privado, los estudiantes organizaron un acto cívico en la explanada del casco de la exHacienda de Ayotzinapa para recibir a Carlos Martín Beristain, de España; los colombianos Ángela María Buitrago y Alejandro Valencia, así como Francisco Cox, de Chile, y la guatemalteca Claudia Paz y Paz.

Hora y media después el equipo ofreció una conferencia en el auditorio de la Normal Rural, donde informaron que por la mañana habían sostenido reuniones con funcionarios de la Cancillería, Secretaría de Gobernación y PGR, quienes dieron la bienvenida a los expertos a nombre del Estado mexicano.

En estos encuentros se delinearon acuerdos básicos de trabajo con las áreas gubernamentales implicadas en el caso Ayotzinapa, indicó Carlos Martín Beristain.

También explicó que son un grupo con mandato amplio que pretende evaluar lo que han realizado las autoridades mexicanas sobre el caso Ayotzinapa, con el propósito de establecer recomendaciones e implementar medidas que puedan llevar a resultados positivos, sobre todo en el tema de los desaparecidos.

Luego señaló que no tienen un diagnóstico preestablecido sobre el caso Ayotzinapa y sólo han analizado parte de la información difundida en medios de comunicación.

“Lo que vamos a tratar de hacer es estudiar el expediente y, con base en nuestra evaluación, a partir de ahí tendremos un criterio sobre el caso. Mientras tanto preferimos mantenernos sin una definición concreta porque nos hacen falta muchos elementos; no vamos a dar declaraciones sobre cosas de las que no tengamos convicción para no generar confusión en este caso sometido a tantas vicisitudes”, acotó el académico español.

Beristain admitió que su llegada es a destiempo, aunque dijo que la perspectiva del tiempo les permite analizar lo que ha pasado en estos cinco meses, sobre todo cuáles son las medidas que se han desarrollado y, en ese sentido, poder tener una evaluación mas estructurada, indicó.

“Obviamente ha pasado tiempo, ya es tarde en los procesos de búsqueda que deben ser inmediatos, pero vamos a tratar de dar una respuesta sobre ese tema”, concluyó.

Durante el transcurso de la tarde sostuvieron un encuentro privado con padres de los normalistas desaparecidos.

El equipo contratado por la CIDH regresa mañana a la Ciudad de México para seguir con las reuniones con funcionarios federales y miembros de organizaciones sociales en el contexto de su plan de trabajo, el cual prevé seis meses de estancia en el país.

Se ampara Edil de Cocula contra arresto
24 de febrero del 2015

México, 24 de febrero (Reforma).- César Miguel Peñaloza Santana, el Alcalde de Cocula indagado por la implicación de su Policía Municipal en la desaparición de los 43 normalistas, presentó una nueva demanda de amparo contra cualquier intento de la Procuraduría General de la República (PGR) para detenerlo.

El Presidente Municipal, quien ya fue consignado y liberado en diciembre, presentó su demanda de garantías ante el Juzgado Primero de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, la cual quedó registrada con el número 157/2015.

A la titular del juzgado, Sandra Leticia Robledo Magaña, le solicitó suspender cualquier orden de detención, arresto, arraigo, aprehensión, reaprehensión o de cualquier tipo de restricción a su libertad, por parte de la autoridad federal.

La juzgadora le concedió la suspensión provisional y le impuso el pago de una garantía de 3 mil pesos, para poder gozar de esa protección momentánea.

La medida dictada por la juez no le servirá en caso de que exista una orden de aprehensión o presentación contra Peñaloza por un delito grave, ya que los mandatos judiciales o ministeriales por delitos de gravedad no pueden ser suspendidos.

El Edil de Cocula fue retenido el 19 de diciembre por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para interrogarlo sobre su Policía Municipal, la cual participó en la entrega de los 43 normalistas de Ayotzinapa a la banda de Guerreros Unidos.

Cuatro días más tarde, la SEIDO consignó a Peñaloza Santana por el delito de delincuencia organizada, pero el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros le dictó la libertad, al calificar de ilegal su detención, ya que no ocurrió como parte de un caso urgente o en flagrancia.

Abel Barajas

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Padres de los normalistas de Ayotzinapa dicen que el Gobierno les “negó” el acceso a cuarteles militares
Redacción MundoFOX
Marzo 2, 2015
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Padres de los normalistas de Ayotzinapa dicen que el Gobierno les “negó” el acceso a cuarteles militares
Getty Images
El abogado Vidulfo Rosales indicó este lunes que el Gobierno de México le negó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el ingreso a los cuarteles militares, pese a que el pasado enero se llegó a un acuerdo para poder hacerlo.

La noticia fue confirmada por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, durante un encuentro con los familiares de los estudiantes el pasado viernes.

“Fue un no rotundo por parte del subsecretario, ya hay una decisión tomada del Estado que no es posible una visita de los cuarteles”, dijo el abogado.

En la reunión, los padres dijeron que “era un compromiso ya asumido por las autoridades”, sin embargo el Gobierno no permitirá el acceso.

El Gobierno argumentó que el cambió de decisión se realizó ya “que había polarización” y una serie de acusaciones de los padres de familia contra el Ejército.

El caso Ayotzinapa llegó a Downing Street
Agencias

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de marzo de 2015, p. 4

Mientras se espera que el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, exprese al presidente Enrique Peña Nieto su inquietud por la situación de los derechos humanos en la reunión que sostendrán este miércoles, decenas de manifestantes protestaron en las inmediaciones de Downing Street –donde se ubica la residencia oficial del premier británico– para señalar que el mandatario mexicano ‘‘no es bienvenido’’ en este país.

Algunos de los manifestantes llevaban carteles en los que se leía ‘‘México, líder mundial en violaciones de derechos humanos’’ y ‘‘Paren de matar maestros’’. Otros más desplegaron fotografías de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa ‘‘desaparecidos por el Estado’’.

El grupo de manifestantes envió previamente una carta a la reina Isabel II de Inglaterra, exigiendo una investigación independiente sobre el secuestro y supuesto asesinato de 43 de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en septiembre pasado.

Fue el portavoz del primer ministro Cameron quien adelantó que durante su encuentro de este miércoles el político conservador se referiría al tema de los derechos humanos y al sistema judicial en México. ‘‘Lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo en espíritu de colaboración’’, dijo.

Definen CNDH y grupo de la CIDH colaboración por caso Ayotzinapa
Gloria Leticia Díaz
4 de marzo de 2015
Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analizará el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, se reunirá este jueves 5 con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

Tras participar como orador en la presentación del III Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, González Pérez apuntó que la reunión responde a una solicitud hecha por el organismo público semanas atrás.

“Tenemos una reunión, la pedí desde hace tiempo –narró el ombudsman ante los medios—, di cuenta que yo saludaba y me congratulaba de que la CIDH, que este grupo de expertos estuviera en México, y de inmediato hice contacto”.

Al señalar que la interlocución con los expertos ha sido positiva, explicó que el encuentro del jueves tendrá como objeto “definir la colaboración que habrá entre las dos instancias”.

González Pérez señaló que la CNDH dará “todas las facilidades” para que los expertos enviados por la CIDH realicen su trabajo, que derivará en recomendaciones al Estado mexicano sobre la búsqueda avanzada de los desaparecidos, así como sobre el manejo de las investigaciones.

Además de mantener abierta una investigación, de otorgar medidas cautelares a las víctimas y a sus abogados, la CNDH abrió una oficina especializada en Iguala para atender el caso.

Los expertos independientes se reunieron el lunes pasado con los familiares de los 43 jóvenes víctimas de desaparición forzada en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El GIEI fue creado mediante un Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado mexicano, la CIDH, las familias y sus representantes, como parte de las medidas cautelares otorgadas por el organismo, el 3 de octubre de 2014.

El mandato del grupo será analizar el caso con base en la búsqueda con vida, la investigación penal y la atención brindada a las víctimas, revisión de la que surgirán recomendaciones para que el Estado atienda de mejor manera el caso Ayotzinapa.

La defensa de los Abarca pide careo con el testigo El Grande

Sergio Villarreal Barragán se encuentra preso en Estados Unidos
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 13 de marzo de 2015, p. 4

María de los Ángeles Pineda Villa y su esposo José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, vinculados al grupo criminal Los rojos, han solicitado en diversas ocasiones que se efectúe un careo con el testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) Sergio Villarreal Barragán, El Grande, pero el Ministerio Público Federal ha puesto infinidad de pretextos para que no se realice la diligencia, informaron abogados de los detenidos y funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF).

De acuerdo con los litigantes entrevistados, quienes pidieron no mencionar sus nombres, al menos en dos ocasiones la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales de la PGR ‘‘ha puesto trabas burocráticas’’ para que el consulado de México en Estados Unidos no reciba los oficios de colaboración que ha girado el juzgado tercero de distrito de procesos penales, donde la pareja es procesada por lavado de dinero y delincuencia organizada. Villarreal se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos.

Funcionarios de la PGR interrogaron a El Grande el 11 de diciembre pasado en el centro carcelario de Joe Corley, Texas; ahí, el detenido aseguró a los funcionarios mexicanos que Pineda Vila conoció a Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, informaron los abogados y funcionarios entrevistados.

Según los dichos del testigo protegido de la PGR, la mujer administraba las ganancias de sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, mejor conocidos como El MP y El Borrado, extintos operadores de Beltrán Leyva.

Villarreal afirmó que María de los Ángeles Pineda iba a fiestas de los líderes del cártel de los Beltrán y que era prestanombres de El Borrado en una inmobiliaria con la que adquirió varios bienes raíces en la zona de Tres Palos, Acapulco.

El Grande ha sido utilizado por la PGR en varios casos de alto impacto. Por ejemplo, en 2013 la propia procuraduría indicó a un juzgado federal que no podía probar las acusaciones que hizo ese testigo en contra del general Tomás Ángeles Dauahare y otros militares a quienes vinculó con el narcotráfico, y quienes ya fueron absueltos de todos los cargos que les imputó la dependencia.

Además, en los juicios contra los funcionarios federales detenidos como parte de la llamada Operación Limpieza, jueces y magistrados también calificaron de inverosímiles y faltos de probidad los dichos de Villarreal, razón por la que casi todos los acusados quedaron en libertad.

El juicio por lavado de dinero contra Pineda Villa descansa en informes de la Secretaría de Hacienda, los cuales refieren que de 2009 a 2014 habría lavado 17 millones 9 mil 490 pesos del narcotráfico. Sergio Villarreal declaró que María de los Ángeles coincidió al menos en dos ocasiones con Arturo Beltrán.

6 dudas de la “verdad histórica” de Ayotzinapa
Las versiones oficiales ofrecidas los últimos meses sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentan inconsistencias en las horas, en las confesiones de los testigos y qué acciones realizaron algunos de los detenidos
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Las dudas de la verdad histórica (La Silla Rota)
(Especial)
Paris Alejandro Salazar | Especiales LSR | 2015-02-04 00:00:00

“La verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) el 27 de enero de 2015 contiene inconsistencias en peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos.

El relato de la reconstrucción de hechos leído por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el jefe de la Agencia Criminal, Tomás Zerón de Lucio, no coincide con las declaraciones de los detenidos; la hora en que habrían sido quemados los normalistas difiere de la confesión de unos de los autores materiales; el reconocimiento del procurador de que los forenses argentinos no participaron en el hallazgo de los restos en el basurero de Cocula y en los márgenes del río San Juan; además existen testimonios que indican que el Ejército si pudo enterarse del ataque armado que sufrieron los normalistas.

A partir de las declaraciones y testimonios La Silla Rota encontró 6 elementos que no concuerdan en la investigación de la PGR.



I. Restos óseos en el basurero de Cocula

La única evidencia que une los restos óseos encontrados por la PGR en los márgenes del río San Juan y en el basurero de Cocula es esencialmente testimonial.

El Equipo Argentino de Antropología Forense aseguró en un comunicado en diciembre de 2014 “que no fue testigo del hallazgo del fragmento que culminó en la identificación” de Alexander Mora Venancio, sino que lo proporcionó la propia PGR.

Los expertos argentinos señalaron que fueron convocados “por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza”.

Y afirmaron que “no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan por peritos de PGR y en parte por el EAAF, correspondan a aquellos retirados del basurero de Cocula, como indicaron los inculpados por PGR”.

En la conferencia de prensa del 27 de enero de 2014, el procurador Jesús Murillo Karam reconoció que no sabía si los forenses argentinos participaron o no en el hallazgo de los restos óseos, y afirmó que sólo estuvieron en las videoconferencias para decidir qué evidencia se enviaba a la Universidad de Innsbruck.

“Tengo los videos de las videoconferencias donde están determinando con los laboratorios y determinando cuáles son los restos, de muchísimos, cuáles son los que mejores condiciones tienen. Yo no sé si habrán llegado antes o no, aquí están los peritos que podrían decirlo, al río en el momento que ya habían sacado las bolsas o no, no sé si lo habrán hecho o no, no podría afirmarlo, lo que sí sé es que había un número enorme de peritos y para mí son también muy respetables los peritos de la procuraduría y los mexicanos”, explicó el procurador.

Y apuntó que 120 personas de distintas dependencias de gobierno estuvieron presentes en el hallazgo de los restos, pero no los forenses argentinos, “si tal vez no estuvieron en el momento que se hallaron las bolsas y dicen que no estuvieron, yo no puedo decir que no tengan razón, no sé, lo que sí puedo asegurarle es que a la hora de escoger los restos estaba la química, jefa de peritos nuestra y estaba la jefa del equipo de argentinos y están grabadas las videoconferencias donde se están determinando cuáles son las que más posibilidades tienen”.





II. ¿Quién dio la orden “El Gil”, “El Fercho”, José Luis Abarca o Sidronio Cassarubias?

Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo” o “El Terco” es el detenido clave en la investigación de la PGR porque sus confesiones corroboran la versión de que los normalistas fueron secuestrados, asesinados, quemados y arrojadas sus cenizas al río San Juan.

Sin embargo, el mismo 27 de enero de 2015 durante la conferencia de prensa un extracto de la declaración de “El Terco” que expuso Tomás Zerón de Lucio no coincide con la del propio inculpado difundida en video.

Otro ingrediente de duda es que una declaración hecha el 7 noviembre de 2014, donde el procurador Murillo Karam aseguró que las órdenes se secuestrar, asesinar y calcinar a los estudiantes las dieron José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala y Sidronio Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos.

El director de la Agencia de Investigación Criminal señaló que “El Gil” dio la orden de recoger las cenizas para tirarlas al río; mientras que “El Terco” relató que recibió la instrucción de “El Fercho”.

Zerón de Lucio indicó:

“Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor:

"...me dan la orden de Gil que fuera a recoger las cenizas para tirarlas en el río, por lo que ordene al Pato que fuera a comprar unas bolsas de plástico y nos regresamos al basurero a recoger las cenizas con una pala que llevaba en la camioneta estaquitas y recogimos la ceniza y la echamos en las bolsas y entre CHEQUEL, WEREKE, WASA, PATO, PRIMO, y el de la voz, fuimos a tirar las bolsas al río San Juan..." Fin de la cita.

Por su parte, Felipe Rodríguez Salgado “El Terco”, en el video de su declaración afirmó que:

“…de ahí recibo otra llamada, mensaje, que me dicen que juntara las cenizas. -¿Quién le habla? Le pregunta un agente de la PGR- El Fercho me dice que juntara las cenizas, y de ahí este, las llevara a para el tirar al río, donde ahí fui y junte las cenizas con palas y ya de ahí las juntamos y las fuimos a tirar. -¿Quiénes estaban ahí metiendo las cenizas? Cuestiona la agente- Estaba El Duvalin, El Wereke y El Wasa, El Pato, El Jona, estaba yo, El Chereje, uno que le Bimbo y otro chavo y el otro no sé cómo le dicen, ya nomás llegamos a un río que se llama San Juan y ahí los tiramos”.

En este testimonio también se puede apreciar cómo cambia la narrativa del detenido de una declaración ministerial a otra, en la versión leída dice “el de la voz” y en el video indica “estaba yo”.

Además en la declaración ministerial leída por Zerón de Lucio participan menos personas integrantes recogiendo cenizas que en el video difundido por la PGR, el funcionario leyó seis apodos y el implicado señaló a nueve, es decir, que al funcionario federal o la declaración ministerial les faltaron incluir a El Duvali, El Bimbo y “otro chavo”.

[Fotos de los detenidos]

En la conferencia de prensa del 7 de noviembre se preguntó directamente al procurador quién dio la orden de aprehender, asesinar e incinerar a los normalistas de Ayotzinapa y respondió que José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala y Sidronio Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos.

“Hay dos (órdenes) claras, una del presidente municipal cuando por radio se transmite su orden, no es una orden de secuestrar ni de matar pero es una orden clara de actuar en ese sentido, y la otra cuando se le avisa al jefe del grupo este de Guerreros Unidos (Sidronio Casarrubias) de lo que está sucediendo y el da su aval para que, entre comillas lo digo, no invadan su territorio”, aseguró.





III. ¿Quién hizo las ‘entrevistas’ o los interrogatorios?

En el relato de los hechos que hizo Tomás Zerón de Lucio el 27 de enero de 2015 no dejó claro quién realizó las “entrevistas” o los “interrogatorios” a los normalistas en el basurero de Cocula, en un momento señaló a Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo” o “El Terco” y en la lectura de la declaración ministerial de este presunto autor material indica que se lo encargaron a Patricio Reyes Landa “El Pato”.

“Esta detención (la de “El Cepillo”) ha sido clave dentro de la investigación, no solamente porque todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas; sino porque él mismo confiesa su participación, corroborando los hechos narrados previamente por sus cómplices”, indicó Zerón de Lucio.

Minutos después leyó un extracto de la declaración ministerial del Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo” o “El Terco” donde se contradice.

“Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor:

"...llegando al basurero de Cocula bajamos a los estudiantes de la camioneta percatándome que unos ya estaban muertos creo que por asfixia, siendo los que iban hasta abajo y quedaban vivos aproximadamente de 15 a 18 estudiantes".

"...le encargué al Pato que se hiciera cargo de todo, de entrevistas y de darles piso, y que destruyera todo, que quemara celulares y pertenencias de los detenidos ya que esa había sido la instrucción..."



"...el Pato ya había acostado a cuatro detenidos y les disparó en la nuca, con su arma corta...". Fin de las citas”.

No es claro quién realizó los interrogatorios, Zerón de Lucio indica que fue “El Terco”, mientras en la declaración detenidos señala que se los encargaron a “El Pato”.





IV. Hora de incineración

El horario en el que los presuntos delincuentes habrían quemado los cuerpos de los 43 normalistas en el basurero de Cocula no concuerda con la declaración de uno de los autores materiales.

Durante la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam, aseguró que “el fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre”.

Dicho que no concuerda con la declaración de uno de los presuntos autores materiales que participó en la muerte e incineración de los normalistas, la PGR presentó el video de la declartación de Agustín García Reyes "El Chereje", quien relató que el Patricio Reyes Landa “El Pato” pasó por él a las 2 o 3 de la mañana.

“Pasaron como a las 2 de la mañana, dos o tres, yo estaba cuidando, nomás me dijeron súbete y me subía a la camioneta. Era una camioneta Nissan chica. Me dijo mi comandante Pato” para dirigirse al basurero de Cocula, indicó el presunto autor material.

[Fotos captura de pantalla Chereje]

Murillo Karam aseguró que se comenzó con la incineración de los cuerpos a la media noche, lo que no concuerda con la declaración ministerial de “El Chereje”, uno autor materiales y de los testimonios claves de la PGR para la reconstrucción de los hechos que afirmó que pasaron por él a las “2 de la mañana”.

En el relato y reconstrucción de los hechos realizada por otros de los autores materiales y difundida por la PGR, se dice que el basurero de Cocula estaba a 7 kilómetros, donde hicieron las “entrevistas”, asesinaron, prepararon el diesel y las piedras para la hoguera en la que incinerarían los restos de los jóvenes estudiantes, hechos en los que participó “El Chereje”, con lo que el fuego habría iniciado después de las 2 de la mañana y no a la media noche.





V. Hoguera en el basurero de Cocula

El 11 de diciembre de 2014 especialistas e investigadores de la UNAM y la UAM señalaron que la hipótesis de la PGR sobre la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula “es imposible de probar científicamente”.

“Si los cadáveres se hubiesen quemado con puras llantas, para reducirlos a los restos mostrados por la PGR, se hubiesen necesitado alrededor de 995 llantas de autos de pasajeros para cremar 43 cuerpos… Esta hipótesis implicaría no solo una columna de humo visible desde la ciudad de Cocula sino que dejaría de residuos charcos de llantas derretidas y casi mil rollos de alambre acero que en total pesarían 2.5 toneladas,”, indicaron.

Sin embargo, el procurador Murillo Karam aseguró que se generaron todas las condiciones en un área de 140 metros cuadrados para una hoguera que alcanzó una temperatura de mil 600 grados centígrados en un espacio abierto, por el tipo de topografía del lugar, los vientos dominantes del área y de las condiciones de la barranca se consiguió “un efecto óptimo en la oxigenación del fuego, lo que permitió la combustión por tiempo prolongado”.

“Una vez alcanzada la ignición, las llantas utilizadas alcanzaron hasta 1600 grados centígrados, dificultando que el fuego se extinguiera por medios mecánicos y prolongando su combustión.

“De acuerdo con las características físicas de los restos óseos y dentales localizados en el foco del incendio, se alcanzó a determinó que ese tipo de daño en esa parte de los huesos tuvo la necesidad de llegar a los 1600 grados”, precisó el funcionario federal.

Pero, ni Murillo Karam ni Zerón de Lucio tiene claro las características de la barranca en el basurero de Cocula, entre ellos se contradicen.

“El lugar de los hechos, conocido como Basurero de Cocula, se trata de una hondonada de 800 metros cuadrados de área afectada, con una pendiente de 60 grados, que alcanza en su punto más profundo, 40 metros”, aseguró el procurador.

Por su parte, Zerón de Lucio dijo que “el lugar de los hechos es una hondonada de 800 metros cuadrados, de área afectada y entre 20 y 30 metros de profundidad dependiendo del lugar de medición”.

Hay una diferencia entre de entre 10 y 20 metros entre la barranca de uno y otro funcionario federal en las declaraciones las hicieron el 27 de enero de 2015.







VI. Participación u omisión del Batallón 27

Jesús Murillo Karam aseguró que no hay elementos en la investigación para inculpar o presumir la participación de elementos del Batallón 27 del ejército mexicano en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas.

El 27 de enero de 2015 el titular de la PGR señaló que “no hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola, las mismas declaraciones de los que hoy dicen que el Ejército fue lo acusaban de omisión, las mismitas, no hay una sola, una sola, de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo”, dijo.

De acuerdo con versiones periodísticas, el 28 de septiembre el comandante del 27 batallón de infantería, coronel José Rodríguez Pérez, se entrevistó con un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos, a quienes les aseguró que en el cuartel militar no sabían nada de los estudiantes.

Una fotografía en poder de La Silla Rota revela que el comandante del 27 batallón de infantería, coronel José Rodríguez Pérez, asistió el 26 de septiembre de 2014 al informe de DIF Iguala que encabezaba María de los Ángeles Pineda Villa, ya que aparece sentado junto a José Luis Abarca minutos antes del mitin.

Cuando terminó el informe de Pineda Villa, los estudiantes de Ayotzinapa ya se encontraban en Iguala a unas cuadras en la terminal de autobuses, además el primer enfrentamiento se registró a unos 100 metros del evento del DIF, por lo al regresar a su casa el coronel José Rodríguez Pérez pudo enterarse de la movilización de los estudiantes.

Además el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, admitió ante la comisión especial de legisladores que investiga la desaparición de los normalistas que el entonces secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez engañó a la comandancia del 27 batallón cuando ésta se comunicó para preguntarle si los policías municipales habían disparado contra los estudiantes la noche del 26 de septiembre, el cual respondió que “no”. Entonces el Ejército si supo que sucedía algo anormal en Iguala.

El 7 de noviembre de 2014, el procurador Jesús Murillo Karam dejó ver que el Ejército fue omiso y no salió la noche del 26 de septiembre a las calles de Iguala.

“El Ejército, como todos los ejércitos del mundo se mueve sólo con órdenes, y que bueno, nada más le quiero hacer una pregunta –le dijo a una reportera-: ¿qué hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento, a quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida, hubiera sido un problema mucho mayor, que bueno que no salieron, y la Policía Federal tenía un pequeño destacamento muy pequeño que estaba fundamentalmente donde está la caseta”, señaló.

Padres de los 43 pedirán al INE suspender comicios en Guerrero
La Redacción
24 de marzo de 2015
Nacional
Normalistas y maestros retiran propaganda electoral en Chilpancingo. Foto: Miguel Dimayuga
Normalistas y maestros retiran propaganda electoral en Chilpancingo.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares de los normalistas desaparecidos solicitarán formalmente a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) la suspensión de los comicios en el estado de Guerrero.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Melitón Ortega, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace ya casi seis meses, dijo que entregarán un escrito al INE el próximo jueves 26 en el que exigirán que se limpie la clase política en Guerrero porque si no “vamos a vivir lo mismo del 26 de septiembre”.

“No permitiremos que haya elecciones en Guerrero. Primero están los 43. No hay condiciones para llevar las elecciones”, puntualizó.

Ninguno de los partidos políticos, dijo, se interesó o pronunció por los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, por lo que, advirtió, no creen en ellos.

“No hay confianza en los partidos políticos. No les importa (el movimiento). No queremos plática con los partidos políticos”, reiteró.

Desplegó la PGR 312 servidores públicos para investigar desaparición de normalistas

La dependencia no solventó los gastos del Equipo Argentino de Antropología Forense, aclara
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 25 de marzo de 2015, p. 10

En la investigación del llamado caso Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) movilizó a 312 servidores públicos y destinó casi 7 millones de pesos para alimentos y hospedaje del personal policiaco, ministerial y pericial, y el equivalente a 16 mil 830 euros para pagar a la Universidad de Innsbruck, de Austria, la realización de análisis genéticos a los restos humanos encontrados en el río San Juan, que presuntamente correspondían a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

De acuerdo con información dada a conocer públicamente por la PGR, en respuesta a la solicitud de un ciudadano, la dependencia que dirigió Jesús Murillo Karam y que ahora encabeza Arely Gómez envió a la zona de Iguala y Cocula, Guerrero, a 140 elementos de la Policía Federal Ministerial para realizar labores de "investigación, protección, resguardo y auxilio en la preservación de la zonas señaladas por la autoridad competente".

Se gastaron 5.5 millones en el traslado y estancia de federales

El traslado y estancia de los agentes federales representó una erogación de 5 millones 525 mil 166 pesos por hospedaje y alimentación. De acuerdo con la dependencia federal, "dicha cantidad comprende todas las atribuciones que para tal efecto se confieren a los agentes de la Policía Federal Ministerial desplegados en el territorio de la entidad federativa".

Asimismo envió 52 agentes del Ministerio Público y 33 auxiliares ministeriales para llevar a cabo labores de investigación y persecución de probables comisiones de delitos, lo que representó un costo de 738 mil 275 pesos.

En cuanto a los peritos que envió la PGR, en total sumaron 87 especialistas que llevaron a cabo "actividades de apoyo y auxilio a los agentes del Ministerio Público de la Federación, aportando conocimientos técnico-científicos en las labores de investigación que aquellos desarrollan", y para ello se requirió de 345 mil 825 pesos.

Los datos proporcionados por la PGR señalan que tanto la oficialía mayor como la coordinación general de servicios periciales indicaron que hasta el 26 de diciembre de 2014 el costo que debió cubrir la dependencia mexicana al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck, por "concepto de análisis de las muestras de ADN que fueron enviadas ascendió a la cantidad de 16 mil 839 euros".

En Iguala y Cocula fueron privados ilegalmente de su libertad 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa por policías de esos municipios y posteriormente –de acuerdo con las investigaciones de la PGR– los jóvenes fueron entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, quienes privaron de la vida a los alumnos, incineraron los cuerpos y tiraron las cenizas al río San Juan.

De ese río los peritos mexicanos obtuvieron dos bolsas con restos óseos, de los cuales 17 fragmentos que se consideró podrían servir para la obtención de ADN que permitiera identificar a las víctimas fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, donde sólo en uno de ellos se obtuvieron resultados positivos.

En sus respuestas, la PGR precisa que los gastos del Equipo Argentino de Antropología Forense no fueron cubiertos por las autoridades mexicanas.

Fox a los padres de Ayotzinapa: “Ya tienen que aceptar la realidad”

El expresidente ofreció una entrevista en la que habló de la desaparición de los normalistas y sobre la periodista Carmen Aristegui
Martes, 17 de marzo de 2015 a las 16:43
Fox a padres de Ayotzinapa: Ya acepten la realidad

El presidente Vicente Fox aseguró en una entrevista que el gobierno debe seguir investigando la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa (Cuartoscuro/Archivo).

El presidente Vicente Fox aseguró en una entrevista que el gobierno debe seguir investigando la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa (Cuartoscuro/Archivo).

"No estoy de acuerdo con Aristegui": Vicente Fox

(CNNMéxico) — El expresidente Vicente Fox aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue “una tragedia” que los padres de los jóvenes "ya tienen que aceptar”, en medio de protestas de los familiares quienes han señalado que no creen que sus hijos fueron asesinados.

“Fue una verdadera tragedia, que hasta donde puedo entender se ha hecho lo posible por aclararla; no se ha aclarado, se tiene que seguir trabajando en aclararla”, aseguró Fox en entrevista con el periodista Antonio Guillén de la cadena estadounidense Univisión.

“Pero también a los padres de familia, (envío) un mensaje de un padre de familia: No pueden vivir eternamente con ese problema en su cabeza, la vida sigue adelante, qué bueno que quieren tanto a sus hijos, qué bueno que los extrañen y los lloren tanto, pero ya tienen que aceptar la realidad, y el país tiene que seguir caminando y ellos también con el resto de su familia”, agregó, según se observa en el video de la entrevista publicado este martes por el periodista en redes sociales.

Las declaraciones del exmandatario federal se dan a conocer al mismo tiempo que familiares de los 43 estudiantes desaparecidos iniciaron una gira por 43 ciudades de Estados Unidos, donde pretenden hacer visible su situación.

El 20 de marzo, los familiares de las víctimas tienen previsto un encuentro en Nueva York con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y después acudirán a Washington para hacer un planteamiento a Amnistía Internacional, a casi seis meses de que ocurriera la desaparición de los jóvenes.

El gobierno mexicano ha dicho que, de acuerdo con sus investigaciones, basadas en los testimonios de presuntos participantes en la desaparición, los jóvenes fueron secuestrados y asesinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Restos hallados, y que supuestamente pertenecen a los jóvenes, fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria donde son analizados, aunque en una primera etapa no se obtuvo resultados concluyentes.

Los padres han dicho que no aceptarán la versión del gobierno a menos que esté comprobada científicamente y que continuarán buscando a sus hijos.

La salida de Aristegui

Vicente Fox también habló en la entrevista sobre la periodista Carmen Aristegui, cuya relación laboral con MVS fue finalizada por la propia radiodifusora por “haber comprometido recursos y marcas de la empresa”, al afiliarse a la plataforma Méxicoleaks, según indicó la compañía.

“Yo no estoy de acuerdo en las filtraciones que no se prueban, yo no estoy de acuerdo con Carmen Aristegui, con andar buscando donde está el prietito en el arroz solo para ella tener su programa con la audiencia”, aseguró Fox en la entrevista.

Aristegui y su equipo de trabajo dieron a conocer en 2014 que Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, compró una casa con facilidades a un contratista de la administración federal, un caso de posible conflicto de interés.

Respecto del tema, Fox aseguró que “se tiene que aclarar”, aunque hizo un llamado a la calma.

“Se tiene que aclarar, no tienes porque acusar, ni tú ni nadie, hasta que no se pruebe que fue algo fuera de la ley. Hoy nos ha dado a la oposición en México movilizar en las calles para entorpecer la marcha del país, es muy triste para mí haber dado paso a la alternancia junto con la inmensa mayoría de mexicanos y que hoy terminemos en estas luchas estériles, en estos conflictos entre perros y gatos”, dijo.