Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio

Al menos siete muertos dejaron tres balaceras efectuadas por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes, contra normalistas rurales de Ayotzinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay tres estudiantes, un joven futbolista del equipo ‘Las Avispas’,  junto con su director técnico, así como una ama de casa y el chofer de un taxi.

En los hechos hubo por lo menos seis heridos de bala, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), Alfredo Ramírez García, y su chofer, quienes recibieron varios impactos en brazos y piernas.

Aunque a la cabecera municipal de Iguala se trasladó el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaky Blanco Cabrera, este se ocultó de los reporteros que se le acercaron en las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

Mientras el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, condenaban los hechos y se pronunciaban por la aplicación de la ley contra los responsables, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, guardó silencio pero anunció una conferencia de prensa que se desarrollaría durante la jornada del sábado, día en que tenía programado su segundo informe de labores.

Boteo desencadenó la violencia

Desde la mañana del viernes 26 de septiembre, alrededor de 150 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la cabecera de Iguala para realizar una actividad boteo, tenían la intención de reunir dinero para financiar la marcha del 2 de octubre, cuando se cumplan 46 años de la masacre de estudiantes y obreros en Tlatelolco.

Ese mismo día, rindió su segundo informe de labores como presidenta del DIF la señora María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del alcalde, José Luis Abarca.

Al terminar el evento, casi de manera simultánea con la retirada de los normalistas que avanzaban sobre la avenida Juan N. Álvarez rumbo a la carretera federal que comunica con Chilpancingo, varias patrullas de la Policía Preventiva Municipal interceptaron la caravana integrada por tres autobuses, una urvan y un chevy, los policías marcaron el alto pero los jóvenes se resistieron a detenerse.

Entonces los municipales abrieron fuego contra las unidades, lo que provocó que un par de unidades de la Policía del Estado y la Federal, que les acompañaban, se retiraran del lugar, como una forma de deslindarse del hecho.

En el primer ataque, los dirigentes de Ayotzinapa reportaron cinco heridos, cuatro con rozones de bala y uno con una ojiva alojada en la cabeza, quien fue hospitalizado de urgencia en condiciones graves.

Esta persona murió en el transcurso de la noche.

A los pocos minutos, los preventivos, respaldados por civiles armados, interceptaron sobre la carretera federal que comunica con Chilpancingo un autobús particular de la empresa Castro Tours.

Este segundo hecho se registró a la altura de Santa Teresa, los policías y presuntos delincuentes se percataron de que la unidad era ocupada por decenas de jóvenes, por ello dedujeron que se trataba de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.

En ese hecho ya no se marcó el alto, hubo un ataque directo que provocó la volcadura de la unidad sobre el costado derecho de la carretera, quedando con todos los cristales despedazados.

Entrada la madrugada se supo que en el hecho murió el director técnico del equipo de tercera división ‘Los Avispones´ de Chilpancingo Pedro Rentería y el jugador David García Evangelista, de solo 15 años.

Permanece en calidad de desaparecido Jorge León Saenz, asistente del director técnico.

Como una camioneta cerró el paso al camión las ráfagas alcanzaron otras unidades que detuvieron su marcha atropelladamente, ahí murió un ama de casa que viajaba en un taxi colectivo y el chofer del mismo.

Abatidos mientras denunciaban

Aproximadamente a las 00:00 horas del sábado 27, los estudiantes de Ayotzinapa convocaron a una rueda de prensa en el lugar en que se suscitó la primera agresión, ahí preservaron la zona con piedras acordonadas para evitar que se perdieran las ojivas y cascajos abandonados por los policías municipales.

Hablaban con reporteros de varios medios informativos cuando un grupo de civiles se apostó en la acera de enfrente y disparó varias ráfagas de armas de diferentes calibres.

Estudiantes y reporteros se dispersaron rápidamente para ponerse a salvo, después se darían cuenta que en el lugar quedaron tirados dos alumnos de nuevo ingreso del plantel ubicado en el municipio de Tixtla.

La segunda agresión arrojó por lo menos otros cuatro heridos que se trasladaron al hospital general del sector salud.

Los cuerpos de los dos jóvenes caídos permanecieron tirados hasta las 03:00 de la mañana.

Llovía cuando llegaron al lugar elementos del Ejército nacional, después personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y al final los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todos custodiaron al Servicio Médico Forense (Semefo) en el levantamiento cadavérico.

Hasta entonces se reportaron 40 estudiantes desaparecidos, aunque estos poco a poco se fueron concentrando en las instalaciones del Ministerio Público, la mayoría llegaron resguardados por la Policía Ministerial y elementos de la Fuerza Estatal.

El procurador se oculta

Aproximadamente a las 04:00 se tuvo a la vista al procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera dentro del MP, los reporteros se le acercaron pero este se escabulló para encerrarse en la oficina del fiscal regional, no salió hasta que los comunicadores fueron desalojados “amablemente” del área.

El encargado de liberar la dependencia de comunicadores fue el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales Víctor Jorge León Maldonado.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó el hecho en su cuenta de Twitter y ofreció que se hará justicia contra los responsables.

En la misma sintonía difundió mensajes el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien reconoció la conmoción que hay en la población de la capital de Guerrero por la muerte de los integrantes de su equipo de tercera división.

Mientras, el ayuntamiento de Iguala preparaba su versión de los hechos y mantenía firme el evento en que se desarrollaría el segundo informe de labores del alcalde José Luis Abarca Ávila.

Alexandro Hernández y Jonathan Nácar | Octubre 6, 2014 5:05 PM

El operativo conformado por este cuerpo se encargará de la seguridad pública, y realizará tareas de investigación para ubicar a los 43 normalistas desaprecidos



Elementos de la División de Gendarmería asumieron hoy las tareas de seguridad en el municipio de Iguala, Guerrero y sus inmediaciones con la finalidad de ubicar a los 43 normalistas desaparecidos, así lo confirmó el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García.

Fuentes se la CNS señalaron a 24 HORAS que son al menos 300 los elementos desplegados en la entidad.

En conferencia de prensa, Rubido García indicó que estos se suman a los trabajos de seguridad que realizan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de los que se encuentra el desarme de policías municipales aún en activo y que además fueron trasladados para su capacitación a la Sexta Región Militar en Tlaxcala.

Informó que la Sedena realiza la revisión de la licencia colectiva para el uso de armas de fuego, así como estudios de balística por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), para investigar si armas oficiales han sido utilizadas en la comisión de actos delictivos.

Aseguró que los elementos de la PF vigilarán los distintos accesos a Iguala y realizarán recorridos en sus inmediaciones bajo una óptica de prevención y protección ciudadana.

El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, ya se encuentra en Iguala coordinando la estrategia y logística del operativo que se llevara a cabo en los próximos días.

Este operativo se da luego de los ataques ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que dejó un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.

AH

Luis Hernández Navarro


Son jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de una normal rural. Por eso los desaparecieron de manera forzada. Defienden la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al servicio de los más necesitados, la transformación social del país. Por eso les dispararon y los secuestraron.

La desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa fue obra conjunta de la policía municipal y de sicarios al servicio del cártel Guerreros Unidos. No hay diferencia entre unos y otros. De día, los criminales trabajan con uniforme; de noche lo hacen vestidos de civil. En el estado delincuencial que reina en vastas zonas de Guerrero, narcotraficantes y gendarmes son las dos caras de una misma moneda.

A los muchachos de Ayotzinapa los secuestraron y les dispararon porque quienes lo hicieron podían hacerlo. No les costaba nada quitarles la vida o llevárselos al margen de la ley. El clima de satanización a los normalistas, impunidad generalizada y estado delincuencial los hizo creer que nada les pasaría, que tenían licencia para matar.

De por sí, desde antes del 26 de septiembre, a los normalistas rurales los han demonizado en la región y en el país. De ellos se ha dicho cualquier cantidad de calumnias, sin necesidad de demostrarlas. Lo han hecho los comerciantes del estado, los empresarios encabezados por Claudio X. González y sus Mexicanos Primero, los funcionarios educativos en turno, los políticos de todos los partidos.

En Guerrero, impunidad es el nombre del juego. Las víctimas de las matanzas de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1995) siguen esperando justicia. Armando Chavarría, líder del Congreso de Guerrero y aspirante a la gubernatura de la entidad, fue ultimado en 2009. Su crimen sigue sin resolverse. En diciembre de 2011 diversas policías asesinaron a dos estudiantes de Ayotzinapa. Los homicidas están libres. Muchas regiones de la entidad están llenas de cementerios clandestinos que albergan las osamentas de difuntos sin nombre.

Acapulco, Iguala, Eduardo Neri y muchos otros municipios más del estado son territorio del narcotráfico. Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia y sus desprendimientos disputan el negocio de la siembra de mariguana y amapola, las rutas y los mercados de estupefacientes, la industria del secuestro y la extorsión. Por eso han brotado como hongos policías comunitarias y autodefensas. Apenas el pasado 12 de septiembre un comando de 100 hombres encapuchados irrumpió en la comunidad de Carrizalillo, donde opera una enorme mina de la canadiense Goldcorp, disparando contra civiles al tiempo que aseguraban que el poblado les pertenece.

Como muestran los casos de Iguala y Olinalá, entre otros muchos, esos cárteles gozan de la protección y el apoyo de políticos y policías en los municipios y en el gobierno estatal. Cuando José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, fue señalado como responsable del asesinato de tres opositores a su gobierno, la denuncia fue frenada. El alcalde fue protegido por el Congreso local, por funcionarios del gobierno estatal y por al menos un diputado federal. Nestora Salgado, la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, fue encarcelada en agosto de 2013 en un penal de alta seguridad porque publicó un comunicado de prensa en el que señaló el involucramiento del alcalde de su municipio y de otros funcionarios gubernamentales con el tráfico de drogas.

Esas redes de complicidad obligan a desaparecer los poderes en la entidad. Con ellas no hay forma de que se haga justicia. La administración de Ángel Aguirre Rivero se inauguró con el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa. El nuevo crimen contra ellos perpetrado el pasado 26 de septiembre hace necesaria su salida. De por sí, es un mandatario ausente.

El gobernador Aguirre no lleva las riendas del gobierno en Guerrero. Para todo efecto práctico, sobre todo en asuntos de seguridad, quien conduce la administración de la entidad es su sobrino, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, primero coordinador de Proyectos Estratégicos de la administración estatal y ahora asesor externo, con oficinas en Casa Guerrero y personal bajo su mando.

Antes de convertirse en el superoperador del gobierno de su tío, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez era un funcionario de medio pelo en el Issste, de donde salió ( La Jornada Guerrero, 16/5/09), acusado de desviar recursos millonarios de la institución para respaldar la campaña de su primo hermano, Ángel Aguirre Herrera, como candidato del PRI a diputado federal por el distrito 8 de la Costa Chica.

Aguirre Gutiérrez tiene en sus manos la relación con la prensa, con actores políticos y poderes fácticos claves de todo tipo en la entidad, decide en materia de compras, educación y turismo. En los hechos es la mano que mece la cuna del gobierno del estado. Con ese poder no puede ser ajeno a lo sucedido en Iguala.

Fueron policías los que dispararon contra los estudiantes de Ayotzinapa y los arrestaron. Fue el director de seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detenerlos. Los muchachos fueron sacados en vehículos oficiales. Para todo fin práctico, las autoridades estatales permitieron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el director de seguridad pública huyeran. El PRD tardó ¡una semana! en expulsar de sus filas al presidente municipal y, a pesar de las graves denuncias que existían en su contra desde que fue designado su candidato, en 2012, siempre lo protegió y avaló. Y aún ahora sigue defendiendo a Ángel Aguirre Rivero.

Si en la región campea el poder del narcotráfico es porque los tres niveles de gobierno lo permiten. Por donde se le vea, Ayotzinapa es un crimen de Estado, pero es también un crimen de lesa humanidad, tal como está estipulado en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal. No hay otra forma de nombrar el homicidio de seis personas a manos de policías (tres de ellas estudiantes), la tortura y la desaparición forzada de 43 jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. ¡Vivos de los llevaron, vivos los queremos!

por Redacción AN octubre 6, 2014 9:19 am



Se reproduce el artículo publicado este lunes en el diario La Jornada, en el que Imanol Ordorika y Adolfo Gilly analizan los crímenes cometidos en el estado de Guerrero y la responsabilidad de las autoridades gubernamentales.

”Ayotzinapa, crimen de Estado”

Por Imanol Ordorika y Adolfo Gilly

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre 2014

La desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen de Estado, cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos. Están ya confirmados el asesinato de tres estudiantes y cuatro ciudadanos y la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Las víctimas son jóvenes estudiantes que, en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de la educación pública en medio de las difíciles condiciones de las Escuelas Normales Rurales, objeto de acoso estatal y federal durante décadas.

Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Se produjeron con la complicidad activa del gobierno municipal encabezado por José Luis Abarca, ahora prófugo, y la pasividad total, cuando menos, del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Las familias y compañeros de las víctimas han rechazado con indignación las explicaciones del gobernador y sus colaboradores, a quienes consideran responsables y cómplices de los ejecutores de este crimen.

Las autoridades federales, el Presidente y sus secretarios de Gobernación y de Educación, frente a una tragedia de esta envergadura, hasta ahora no han informado ni dado razones a la ciudadanía, abrumada por la ola de crímenes, desapariciones, violaciones y torturas que se abaten sobre la nación mexicana.

En la matanza de estudiantes de Ayotzinapa la represión gubernamental contra una movilización social ha puesto también a su servicio la violencia del crimen organizado. Se trata de un crimen de Estado. La actitud omisa del Poder Ejecutivo federal y el autismo de la clase política en su conjunto le dan además la dimensión de una crisis de Estado.

Es responsabilidad del gobierno federal la presentación con vida de los estudiantes secuestrados y el castigo penal de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos. Es su responsabilidad encontrar y decir la verdad. A cuarenta y seis años de la masacre del 2 de octubre podemos impedir que se repitan las mentiras y la impunidad de los gobiernos, sus funcionarios y sus cómplices.

Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero, señalan.

Guerrero: el gobernador se tambalea
07 de octubre del 2014

Ángel Aguirre. Foto: EspecialÁngel Aguirre Rivero será recordado como el gobernador de Guerrero al que la narco política lo exhibió maniatado, sujeto a los designios del paramilitarismo y del poder del crimen organizado incrustado en varios palacios de gobierno de municipios de la entidad. El caso Iguala es emblemático, no solo por el contexto, sino por la abierta protección oficial que exhibió hasta qué grado la máxima “autoridad” municipal de extracción perredista era en realidad un testaferro del crimen organizado. El hallazgo de 28 cuerpos quemados hasta la noche del pasado domingo 5 de octubre en tres fosas a las afueras de Iguala, de los que se asegura forman parte de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, hablan ya de lo que será de aquí en adelante—así como para el PRI es el 2 de octubre del 68—la huella de sangre por la que serán recordados el PRD y su “tribu” predominante “Nueva Izquierda”.

México, 7 de octubre.- Nicolás Mendoza Villa recordaba que eran como las 4.30 de la tarde del 30 de mayo del 2013, cuando en compañía de siete personas todos miembros de la organización Unión Popular, iban en el vehículo de Arturo Hernández Cardona, uno de los dirigentes del colectivo que aglutina, bajo ese nombre, a siete diferentes agrupaciones sociales del estado de Guerrero. Pasaban por la caseta de cobro de Iguala y el crucero de Tuxpan cuando fueron interceptados por dos camionetas, una Cherokee gris y una Explorer roja en la que viajaban hombres armados y una mujer. De la primera descendieron seis individuos, mientras que la mujer y el hombre aguardaron en la otra. Los obligaron a descender bajo amenazas y se los llevaron sometidos a un paraje lejos de la carretera. Al llegar los bajaron a golpes mientras un hombre se paró frente a ellos y comenzó a interrogarlos. Preguntaba sus nombres, direcciones y los de sus familias, los cuales anotaba en unas hojas en blanco. Esa noche fueron golpeados con un machete largo, un látigo de alambre y una tabla que tenía forma de paleta.

Fue una noche agónica. Al día siguiente arribaron al lugar 10 hombres quienes lucían armas largas y con amenazas e insultos de nuevo los golpearon. Al caer la tarde les ordenaron cavar una fosa. Ya era de noche cuando llegaron otras tres personas. Los rostros de dos de ellos eran conocidos. Uno era José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y el otro su secretario de seguridad pública, a quien no identificó por nombre, pero después se sabría que se trataba de Felipe Flores Velázquez. El tercero también de forma posterior se supo era Crisóforo Tinoco, director de la policía municipal.

El presidente municipal dio la orden que los siguieran golpeando y torturando. Entonces se encaminó a donde tenían al dirigente principal de la organización, Arturo Hernández Cardona, su correligionario de partido, pues también era militante del PRD.

—¿Qué tanto estás chingando con el abono?—recuerda que dijo—Me voy a dar el gusto de matarte. En medio de recriminaciones por las protestas de su organización en los últimos meses, ordenó que lo siguieran golpeando. Más tarde lo llevaron hasta una de las fosas, ahí el presidente municipal “le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa, comenzó a llover y no lo taparon”.

Hubo un momento en que otro de los integrantes de la organización, Félix Rafael Bandera Román, intentó escapar y fue asesinado. Siguieron con los interrogatorios, amenazas y más tarde los hombres armados que los tenían secuestrados recibieron una llamada. Entonces desenterraron los cuerpos de Hernández Cardona y levantaron el de Bandera Román, los echaron en una camioneta y se dirigieron al río Mezcala. En ese lugar, recordaba Mendoza Villa, “nos tiraron a todos, ahí matan a Ángel Román Ramírez”, y dos pistoleros les dispararon a los demás quienes pudieran escapar. Entre los sobrevivientes estaba él, quien narró aquel episodio ante el Notario Público 47 de la Ciudad de México en noviembre pasado, cuando integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, denunciaron los hechos en conferencia de prensa.

En esa ocasión María Magdalena López, Yosahdara Vega y Erika Zamora Pardo —quien estuvo presa acusada de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) tras el asesinato, en 1997 de 11 indígenas en la comunidad serrana del Charco, en Guerrero—, exigieron que la PGR atrajera las denuncias pues había funcionarios municipales implicados en la muerte de los tres líderes sociales.

Los casos eran parte de un contexto de represión contra organizaciones y luchadores sociales, quienes durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero sumaban hasta noviembre pasado 13 asesinatos. “Todos ellos con las mismas características de violencia extrema que aparenta ser provocada por el crimen organizado”, denunció Zamora Pardo.

El “fantasma” del perredista Hernández Cardona rondó la noche del pasado sábado 4 de octubre ante el pleno del noveno Consejo Nacional del PRD, efectuado en conocido hotel de la ciudad de México. René Bejarano, el cuestionado líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), denunció que en su momento se solicitó a la PGR que atrajera la indagatoria por el triple crimen que involucraba al hoy prófugo alcalde perredista de Iguala, expulsado del partido en días pasados. Abarca era miembro de “Nueva Izquierda”, la corriente perredista que con Carlos Navarrete se reeligió ese día.

“Se pidió hasta en dos ocasiones que la PGR atrajera las indagatorias, por unanimidad se aprobó que fuera la PGR que atrajera la investigación y tuve la oportunidad después de esas dos solicitudes de hablar con el procurador en persona. Le dije lo que me habían dicho los sobrevivientes, porque hubo tres testigos de esa masacre. Me narraron lo que vivieron, las torturas y la manera en que murió Arturo (Hernández Cardona). Nicolás Mendoza Villa dijo ‘me atrevo a declarar porque no confío en las autoridades locales’, y la PGR no quiso atraer la investigación por motivos políticos”.

“Me vi con Osorio Chong y le pedí que iniciara el juicio de procedencia. Nicolás dijo que cuando ejecutaron a Arturo llegó el director de la Policía de Iguala y el presidente José Luis Abarca y le dijo ‘me voy a dar el gusto de matarte, que tanto me estabas chingando con los fertilizantes’, y ahí lo mató”, denunció Bejarano.

¿Días contados para el “gobernador”?

Ángel Aguirre Rivero se le veía muy preocupado. La presión política por el crimen del secretario estatal del PAN, Braulio Zaragoza, ocurrido el pasado domingo 28 de septiembre, quedó rebasada por las protestas, denuncias y acusaciones en su contra por la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

El gobernador de Guerrero, a quien la prensa nacional identifica como “el gran ausente”, enfrenta la peor crisis de su gestión después de que el pasado domingo 5 de octubre por medio del procurador de justicia del estado Iñaky Blanco Cabrera, su gobierno reconociera que en tres fosas clandestinas localizadas a las afueras de Iguala, se habían encontrado hasta ese momento 28 cuerpos, presumiblemente de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 27 de septiembre, los cuales habían sido rociados con algún liquido inflamable antes de ser enterrados.

El funcionario precisó, durante una conferencia ante medios locales, nacionales e internacionales, que la identidad de las osamentas quedará comprobada de manera plena después de los exámenes de ADN, lo cual podría tardar al menos 15 días. Las investigaciones realizadas sobre los ataques contra los estudiantes y los miembros del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, ocurridos el último fin de semana de septiembre, arrojaron que policías municipales y pistoleros pertenecientes a la organización criminal “Guerreros Unidos”, participaron en la balacera ocurrida en el crucero de Santa Teresa, en el periférico de Iguala, donde murió un futbolista, el chofer del autobús donde viajaba con sus compañeros, y una mujer que conducía un auto particular.

El hallazgo de las fosas, encontradas en la zona rural de la colonia Las Parotas, al pie del Cerro Gordo al noreste de Iguala, se dio tras las declaraciones de más de 30 detenidos, entre ellos los 22 policías municipales consignados, quienes aportaron detalles sobre la acción armada que realizaron esa noche. Informó que existe orden de aprehensión contra el director de seguridad pública del municipio, Francisco Salgado, quien es señalado por haber dado la orden de detener a los estudiantes la noche del viernes 26 de septiembre, después de que se apoderaron de tres autobuses de pasajeros.

Junto a las fosas se encontró también 10 rifles AK.47, seis fusiles M-16, similares a los que usa el ejército, y otros de diferentes calibres además de cargadores abastecidos. En la zona elementos de la marina aseguraron también una camioneta Cherokee de la que no se dieron mayores características.

A raíza de este hecho Aguirre Rivero aglutinó el rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, en un episodio que fue considerado como “crisis humanitaria”, ante la dimensión que representa que 43 personas permanezcan como “desaparecidas”. Una reunión que iba a tener con familiares de las víctimas, fue suspendida después de que se supo del hallazgo de los cuerpos el pasado sábado 4 de octubre. El millón de pesos que ofreció por información que llevara a su localización, fue considerada “propaganda burda” por los estudiantes de la normal de Ayotzinapa quienes anunciaron, tras bloquear la autopista del sol por varias horas, que esta semana incrementarían sus acciones de protesta hasta que renuncie el mandatario perredista.

Reaparece el EPR

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reapareció el pasado domingo 5 de octubre mediante un comunicado al que tituló “Juventud de Ayotzinapa”. En el mensaje señaló que era “grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la “delincuencia organizada”. Esta aseveración, dijo, es una “burda maniobra para diluir la responsabilidad del Estado y garantizare impunidad a los criminales materiales e intelectuales”.

Para la guerrilla, mermada en los últimos años al grado de suspender las operaciones de alto impacto como atentados a instalaciones estratégicas, la idea del “estado fallido”, de forma independiente de “su modalidad con la que se pretende “justificar” la supuesta violencia generalizada, por la “delincuencia organizada” y el narcotráfico, se encuentra circunscrita dentro de la doctrina de guerra contrainsurgente dictada desde el imperialismo norteamericano”.

El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, es para el EPR según el comunicado, “la expresión fiel del grado de terrorismo de estado con el cual se trata de imponer de forma incuestionable la criminalización de la protesta popular”. La captura de los 22 policías municipales acusados de participar en los asesinatos de tres estudiantes y de apoyar el secuestro masivo, es vista por la organización guerrillera como una “maniobra recurrente para administrar y prolongar la impunidad, porque enseguida salen libres, como es el caso de los policías federales que asesinaron el 12 de diciembre de 2011, a dos normalistas también de Ayotzinapan (sic), esos criminales hoy gozan de libertad y completa impunidad”.

La reaparición del EPR se da en las horas en que las autoridades de Guerrero seguían con las excavaciones a las afueras de Iguala, donde la contabilidad sumaba 28 osamentas hasta el domingo 5 de octubre.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

¿Qué hacemos con tanta indignación?
07 de octubre del 2014

México, 7 de octubre.- Cuando Acteal el costo político fue altísimo, incluida la salida del titular de Gobernación, frente a un país muy distinto. Hoy los muertos y los desaparecidos en Iguala amenazan con marcar el sexenio del presidente Peña Nieto.

La indignación popular, totalmente justificada, rebasa cualquier calificativo. Ante el descubrimiento de fosas clandestinas donde presuntamente estarían los cuerpos de estudiantes desaparecidos, nos convertimos en una sociedad profundamente enferma, descompuesta.

Es un genocidio por donde quiera analizarse. Hayan sido policías municipales exclusivamente, o hayan participado sicarios de cualquier grupo criminal, lo que confrontamos es una complicidad suicida de las autoridades. Todas. Porque si en Iguala mandaba un grupo de narcotraficantes, la autoridad federal, del CISEN a la policía federal, tuvieron que enterarse. A tiempo.

Dejar pasar, dejar hacer, permitir que un gobernador como Ángel Aguirre, siga administrando el horror cotidiano es, también, una omisión imperdonable.

Sucedió en Michoacán, y cualquiera hubiese apostado que el gobierno de la República había aprendido la lección, porque el tiempo no compone en automático la realidad, al contrario la empeora.

Ahora resulta que todos sabían que el Alcalde de Iguala, prófugo, estaba coludido con narcotraficantes.

¿Por qué el gobierno de la República, que tiene la obligación de salvaguardar la integridad territorial y la seguridad de todos, absolutamente todos los mexicanos, no hizo nada?

Resulta abominable que un grupo de policías sin ninguna verificación oficial, trogloditas al servicio de delincuentes, puedan asesinar sin que ninguna autoridad federal lo haya previsto. ¿Cuántas policías municipales como las de Iguala existen en el país?

Ángel Aguirre no debió, bajo ninguna circunstancia, ignorar lo que pasaba en Iguala. A no ser que sea cómplice de estos criminales y no hablemos de omisión sino de complicidad intencional.

Esa noche desapareció un número de estudiantes que, aparentemente, son más de 40. ¿Quiénes pudieron detenerlos, secuestrarlos, y llevarlos por las calles de la Ciudad sin que ninguna persona viera o denunciara?

De igual manera ante el hallazgo de las fosas surgen testimonios de que se trataba, y todos los sabían, de un “cementerio” de criminales y que todas las noches pasaban camiones con cadáveres, que había un “olor horrible”. ¿Por qué la autoridad federal no hizo nada?

¿Cuál es el papel del CISEN frente a estas realidades?

Tal parece que todas las instancias de seguridad del Estado fallaron en Iguala, Guerrero.

O que decidieron hacerse de la “vista gorda”.

El primer mandatario está obligado a responder. De la manera que sea, pero contundente, con medidas que permitan de inmediato el regreso al Estado de Derecho, a la seguridad, a la paz social que nunca debieron perderse. Respuesta que debe romper el círculo maldito de impunidad criminal.

Ángel Aguirre no está capacitado para gobernar Guerrero. La ignominia de sus declaraciones politizando el descubrimiento de las fosas y los cadáveres es absolutamente incalificable. Es una burla sobre todas sus omisiones y errores. Para mal de ellos mismos el PRD, en voz de Jesús Zambrano, lo defiende. Lo que habrán de pagar en las próximas elecciones.

A millones de mexicanos indignados no les importa de qué partido es el gobernador o el Presidente Municipal prófugo, sino su responsabilidad ante el asesinato de estudiantes y ciudadanos.

Estamos frente al peor retroceso en materia de seguridad, de confiabilidad en las instituciones, que haya sucedido este sexenio. Si no hay una corrección, inmediata, fuerte, el gobierno de Peña Nieto no podrá remontar la cuesta de inseguridad y desconfianza. Lo que ocasionará que el balance al final de su sexenio sea el peor de la historia moderna del país.

Fosas, cadáveres, estudiantes asesinados por policías, participación abierta de sicarios criminales, corrupción de autoridades estatales, una sociedad que no denuncia, autoridades federales omisas, en Guerrero ya no puede deteriorarse más la realidad.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor

WkTex escribió:

por Redacción AN octubre 6, 2014 9:19 am



Se reproduce el artículo publicado este lunes en el diario La Jornada, en el que Imanol Ordorika y Adolfo Gilly analizan los crímenes cometidos en el estado de Guerrero y la responsabilidad de las autoridades gubernamentales.

”Ayotzinapa, crimen de Estado”

Por Imanol Ordorika y Adolfo Gilly

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre 2014

La desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen de Estado, cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos. Están ya confirmados el asesinato de tres estudiantes y cuatro ciudadanos y la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Las víctimas son jóvenes estudiantes que, en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de la educación pública en medio de las difíciles condiciones de las Escuelas Normales Rurales, objeto de acoso estatal y federal durante décadas.

Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Se produjeron con la complicidad activa del gobierno municipal encabezado por José Luis Abarca, ahora prófugo, y la pasividad total, cuando menos, del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Las familias y compañeros de las víctimas han rechazado con indignación las explicaciones del gobernador y sus colaboradores, a quienes consideran responsables y cómplices de los ejecutores de este crimen.

Las autoridades federales, el Presidente y sus secretarios de Gobernación y de Educación, frente a una tragedia de esta envergadura, hasta ahora no han informado ni dado razones a la ciudadanía, abrumada por la ola de crímenes, desapariciones, violaciones y torturas que se abaten sobre la nación mexicana.

En la matanza de estudiantes de Ayotzinapa la represión gubernamental contra una movilización social ha puesto también a su servicio la violencia del crimen organizado. Se trata de un crimen de Estado. La actitud omisa del Poder Ejecutivo federal y el autismo de la clase política en su conjunto le dan además la dimensión de una crisis de Estado.

Es responsabilidad del gobierno federal la presentación con vida de los estudiantes secuestrados y el castigo penal de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos. Es su responsabilidad encontrar y decir la verdad. A cuarenta y seis años de la masacre del 2 de octubre podemos impedir que se repitan las mentiras y la impunidad de los gobiernos, sus funcionarios y sus cómplices.

Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero, señalan.

http://www.aristeguinoticias.com/0610/mexico/ayotzinapa-crimen-de-estado-articulo-de-imanol-ordorika-y-adolfo-gilly/

Es responsable de la muerte de tres dirigentes de la UPEZ, acusa una de las viudas
"Desde 2013 se denunció que el alcalde de Iguala era asesino, pero lo dejaron suelto"
Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Martes 7 de octubre de 2014, p. 9

Al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo, no se le detuvo a tiempo. Desde junio de 2013 hay denuncias contra él por su responsabilidad directa en el asesinato de tres dirigentes de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPEZ), y ninguna autoridad estatal o federal intervino para someterlo a la justicia. Mucho menos su partido, el PRD.

Hoy se vive con violencia inusitada la consecuencia de esa impunidad. "La brutalidad que se desplegó en la masacre de estudiantes de Ayotzinapa es el resultado de haberlo dejado suelto. Esto pasó por no habernos hecho caso a tiempo. Lo advertimos. El alcalde es un asesino, pero nadie le marcó el alto. Y volvió a matar", señaló en entrevista Sofía Mendoza, viuda del agrarista Arturo Hernández Abarca, secuestrado, torturado y ejecutado en mayo del año pasado junto con dos compañeros más, Ángel Román y Rafael Bandera.

Un sobreviviente de la agresión, Nicolás Mendoza, ha declarado ministerialmente ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), ya que al alcalde se le atribuyen desde antes vínculos con el crimen organizado.

En las declaraciones que constan en los expedientes PGJ HID/FC/01/769/2013 de la justicia estatal y PGR/SEIDO/BEDMF/439/2014 del fuero federal, se ratifica lo que Mendoza había afirmado desde el inicio, en una declaración levantada ante un notario público en el Distrito Federal, en junio de 2013: que José Luis Abarca ordenó la ejecución de los tres y que él personalmente disparó contra Hernández Cardona.

La vulnerabilidad de Sofía Mendoza es extrema. Ella es la única regidora del ayuntamiento de Iguala que se atrevía a disentir de frente al presidente municipal. Y no sólo eso: lo señalaba como autor material de la muerte de su esposo. Perredista como Hernández Carmona, como el edil, como el mismo gobernador de Guerrero, la funcionaria fue aislada del aparato del partido. Los demás regidores también le dieron la espalda.

"Siempre estuve sola, a merced de lo que quisieran hacerme. Nadie me apoyó. Ni René Bejarano, que era de la corriente dentro del PRD a la que pertenecía mi esposo. Varias veces acudí a él. Salía a dar declaraciones públicas, puede que hasta fuera sincero cuando decía que le dolía su muerte. Pero en concreto nunca hizo nada".

Los únicos apoyos con lo que contó Sofía fueron la Red Solidaria y el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien en enero de este año llevó el caso de Arturo Carmona y sus compañeros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Para ella, además de la aparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala la semana pasada, este también es un momento clave para el esclarecimiento de la muerte de los tres líderes de la UPEZ. Y considera que la huida de Abarca y sus colaboradores más cercanos no es fortuita. “No dudo que detrás de su fuga esté la mano de Ángel Aguirre. Ahora lo que tienen que hacer es encontrarlo, detenerlo y procesarlo, no sólo por los crímenes contra los muchachos normalistas sino también por la ejecución de mi esposo”.

Arturo Hernández Cardona, ingeniero agrónomo, asesor agropecuario, fundador del PRD local como parte del grupo bejaranista Izquierda Democrática Nacional (IDN), fue secuestrado junto con siete compañeros de la organización el 30 de mayo de 2013, después de un bloqueo de la caseta de entrada a la ciudad de Iguala, donde reclamaban la entrega de fertilizantes. Un día antes, durante una audiencia, el alcalde Abarca lo había amenazado: "Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajito."

Cuatro de los secuestrados salieron vivos; los otros tres aparecieron en el servicio forense de la ciudad, sin que nadie explicara cómo habían llegado ahí. De los sobrevivientes, sólo uno, Nicolás Mendoza Villa, ha permanecido en Iguala, amenazado y protegido por fuertes medidas cautelares.

La supuesta suegra del Alcalde de Iguala dice en VIDEO: “él recibía 2 millones de pesos al mes del narco”

Por: Redacción / Sinembargo - octubre 7 de 2014 - 6:45
DE REVISTA, MÉXICO, TIEMPO REAL, Video - 13 comentarios


Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– Leonor Villa Ortuño, supuesta suegra del Alcalde Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, afirmó en una grabación difundida a través de las redes sociales que su yerno protegía al grupo criminal “Guerreros Unidos” a cambio de recibir un pago mensual de dos millones de pesos.

Maniatada y con la cara cubierta, Villa Ortuño es cuestionada en el video sobre la relación entre José Luis Abarca Velázquez y los “Guerreros Unidos”, a lo que responde: “Mi yerno los protege a cambio de una cuota mensual de dos millones de pesos. Manejan a su antojo a todos los comandantes y policías municipales de Iguala”.

De acuerdo con la información que acompaña a la grabación, Leonor Villa Ortuño es madre de María De Los Ángeles Pineda Villa, esposa del Presidente Municipal de Iguala, y de Alberto Pineda Villa “El Borrado”, ex operador del extinto capo Arturo Beltrán Leyva, y hermana mayor de Salomón Pineda “El Molón”, actual jefe de una célula al servicio del grupo “Guerreros Unidos”.

“Guerreros Unidos” es una escisión del cártel de los Beltrán Leyva. La agrupación es señalada como la responsable, con el apoyo de agentes municipales, del secuestro de los 43 normalistas ocurrido el 26 de septiembre. Además está relacionada con la muerte de las 28 personas halladas en seis fosas clandestinas en Iguala.

Este fin de semana, ante el pleno del lX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), René Bejarano Martínez acusó de no intervenir a tiempo en Iguala, Guerrero, y dejar crecer la impunidad, cuando en 2013 un testigo denunció al Alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, por ejecutar al perredista Arturo Hernández Cardona.

Bejarano aseguró que él personalmente se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y le pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) tomara el caso del asesinato de Hernández Cardona e investigara al Presidente Municipal.

“Se pidió hasta en dos ocasiones que la PGR atrajera las indagatorias, por unanimidad se aprobó que fuera la PGR que atrajera la investigación y tuve oportunidad después de esas dos solicitudes de hablar con el Procurador en persona. Le dije lo que me habían dicho los sobrevivientes, porque hubo tres testigos de esa masacre. Me narraron lo que vivieron, las torturas y la manera en que murió Arturo. Nicolás Mendoza Villa dijo ‘me atrevo a declarar porque no confío en las autoridades locales’ y la PGR no quiso atraer la investigaciones por motivos políticos”, dijo.

Bejarano prosiguió: “me vi con Osorio Chong y le pedí que iniciara el juicio de procedencia, Nicolás dijo que cuando ejecutaron a Arturo llegó el director de la Policía de Iguala y el presidente José Luis Abarca y le dijo ‘me voy a dar el gusto de matarte, que tanto me estás chingando con los fertilizantes’, y ahí lo mató”.

El perredista aseguró que no hubo disposición del gobierno federal y que ante un notario público tomó la declaración del testigo. Después el obispo Raúl Vera leyó en la plaza principal de Iguala la declaración del testigo y la presentó al Congreso Local.

Bejarano acusó que algunos diputados del PRD se negaron a darle curso al juicio de procedencia en contra del Alcalde y acusó a una de las corrientes de protegerlo. Aunque no dijo el nombre de la “tribu”, José Luis Abarca era “Chucho”.

“Esa situación permitió que siguiera la impunidad y ahora ahí está la masacre. El Alcalde está prófugo”, dijo.

En tanto, este martes la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) solicitó al Congreso local un juicio de procedencia en contra de José Luis Abarca, Presidente Municipal con licencia de Iguala.

José Luis Abarca actualmente se encuentra prófugo, por lo que tras separarlo del fuero que lo protege se procederá penalmente en su contra por la desaparición de los normalistas y los actos violentos del pasado 26 de septiembre, que incluyen seis personas asesinadas, tres de ellos normalistas y más de 20 heridos.

Abarca, de quien actualmente se desconoce su paradero, tras la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, podría ser destituido permanentemente de su cargo como edil el día de hoy a las 11:00 horas, cuando se lleve a cabo la sesión del Pleno del Congreso local.

El padre Solalinde pide a la sociedad unir fuerzas y exigir la renuncia de Ángel Aguirre

Por: Laura Cordero - octubre 7 de 2014 - 19:46
MÉXICO, TIEMPO REAL - 10 comentarios

El padre Alejando Solalinde del albergue Hermanos en el Camino. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

El padre Alejando Solalinde, defensor de derechos humanos y fundador del Albergue “Hermanos en el Camino”. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– El padre Alejandro Solalinde, del Albergue “Hermanos en el Camino”, en Oaxaca, dijo que la sociedad mexicana debe unir fuerzas para exigir justicia a las autoridades por los crímenes en Iguala, Guerrero, así como la renuncia del Gobernador perredista de esa entidad, Ángel Aguirre Rivero.

El sacerdote defensor de los derechos humanos condenó la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de otros tres asesinados, además del homicidio de dos civiles y un futbolista menor de edad en Iguala. También dijo que debe esclarecerse y encontrar a los culpables del asesinato de 28 personas, encontradas el fin de semana pasado en fosas clandestinas en ese mismo municipio.

Al término de un foro sobre personas Migrantes Centroamericanas en detención organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el padre Solalinde aseguró que “es necesario que nos unamos todos para que ese señor renuncie [Ángel Aguirre Rivero] y que sirva de escarmiento y antecedente para que en México se instituya la revocación de mandato”.

Sin embargo, reconoció que el Gobernador no va a renunciar por dos razones: porque no quiere aceptar que por sus “venas corre sangre priista, por más que quiera aparentar otro partido, él ya se tragó el y ya lo tiene hasta los tuétanos” y porque “es un Gobernador represor, porque no solamente son estos jóvenes, hemos tenido otros acontecimientos también y está que varios de los líderes que han estado así, como Nestora Salgado, han recibido una represión sistemática”.

También dijo que el próximo jueves viajará a Iguala, Guerrero, junto con el padre Pedro Pantoja de Coahuila, el fraile franciscano Tomás González y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro para dar apoyo a las familias de normalistas desaparecidos.

“Vamos a ir a expresarles a nombre de la Iglesia y de nuestro colectivo, nuestro dolor nuestro profundo dolor, nuestra rabia, nuestra indignación y a decirles que estamos con ellos, que no tengan miedo, que no es tiempo de tener miedo. Vamos a escucharlos y ponernos a sus órdenes”, dijo.

El defensor de migrantes dijo sobre la revocación de mandato que los poderosos “tienen mucho miedo de eso”. Solalinde aseguró que no hay “una transparencia, una rendición de cuentas, tal pareciera que los políticos burlan la transparencia y se mueven en la opacidad, en la administración de todo, en la justificación”.

Aseguró que “es neceara la revocación de mandato, es necesario que la ciudadanía, que todas las personas conscientes, nos movamos en incidencia política en ese sentido y no sólo para el Gobernador, sino para Peña Nieto y para quien sea para que no nos gobiernen con sus intereses”.

El padre dijo que no bastaba con la renuncia del Gobernador, también exigió una investigación sobre la cadena de mandos. Recordó el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde un grupo de militares abatió a un grupo de personas, presuntamente delincuentes, pues Solalinde asegura que en la línea de mandos, es prácticamente imposible que los subalternos se dicten órdenes a sí mismos “Eso no lo hacen, ni los policías, menos los militares. Si no vienen órdenes de arriba, no lo hacen”.

También resaltó que la sociedad de ahora, no va a permitir que este tipo de crímenes sigan ocurriendo impunemente.

“La sociedad de ahora no es la misma del 68 o del 71, la gente está más consciente, tenemos redes sociales, no tenemos miedo. Ahora creo que nos podemos organizar mejor”, dijo.

El padre Solalinde finalizó diciendo: “Gracias a Dios yo no tengo compromisos institucionales con el gobierno, ni manejo una agenda de cúpula compartida, soy libre y por eso digo que tenemos que organizarnos para buscar la justicia”.

Navarrete se disculpa, pero Bejarano acusa: “Los Chuchos” sabían quién era el Alcalde

Por: Shaila Rosagel - octubre 7 de 2014 - 17:15
DE REVISTA, MÉXICO, TIEMPO REAL - 18 comentarios

Iguala, hoy, hasta el tope de federales. Foto: Antonio Cruz, enviado, SinEmbargo

Iguala, hoy, hasta el tope de federales. Foto: Antonio Cruz, enviado, SinEmbargo

Iguala, 7 de octubre (SinEmbargo).– Los perredistas de la corriente que lidera Jesús Ortega Martínez, Nueva Izquierda (NI) o “Los Chuchos”, fueron omisos sobre los nexos del Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien pertenecía a su “tribu” en ese momento, dijo René Bejarano Martínez.

Bejarano denunció en 2013 al Presidente municipal por asesinato.

“Hubo omisión. No se nos creyó, no se hizo caso, se dudó. A lo mejor se pensó que se trataba de un ataque político o algo así. No se midieron las consecuencias, y tuvo un costo en vidas que no puede dejar de lamentarse”, contestó el perredista a SinEmbargo a pregunta expresa de si hubo o no protección a José Luis Abarca.

Bejarano y todo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estuvieron hoy aquí, en Iguala. Ofrecieron disculpas a la población por el comportamiento del Alcalde que hoy está prófugo.

Iguala, que todavía llora la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de otros tres, escuchó en el Museo de la Bandera a Carlos Navarrete:

“No fuimos lo suficientemente cuidadosos y aceptamos que un candidato externo, que no era miembro del PRD, fuese candidato a la Presidencia municipal de Iguala y que permitiera, o incluso, dirigiera la cooptación de la policía municipal por parte de la delincuencia organizada”, señaló.

Pero Bejarano fue más allá. Hizo ver hacia “Los Chuchos”, la corriente a la que pertenece el nuevo dirigente nacional del PRD.

“Es insólito que no se hizo nada. Quizás porque a lo mejor yo no gozo de la credibilidad que otras personas y fueron organizaciones de derechos humanos quienes dieron la cara, como el obispo Raúl Vera, quien leyó un testimonio notariado ahí en Iguala y como si no hubiera pasado nada, como si le hablara a la pared. Parece increíble pero sucedió”, dijo.

Bejarano Martínez acusó el sábado ante el pleno del lX Consejo Nacional del PRD al gobierno federal de no intervenir a tiempo en Iguala y dejar crecer la impunidad, cuando un testigo denunció al Alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, de ejecutar personalmente al perredista Arturo Hernández Cardona.

Bejarano aseguró que él personalmente se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y le pidió que la Procuraduría General de la República (PGR), tomara el caso del asesinato de Hernández Cardona e investigara al Presidente Municipal.

“Se pidió hasta en dos ocasiones que la PGR atrajera las indagatorias, por unanimidad se aprobó que fuera la PGR que atrajera la investigación y tuve oportunidad después de esas dos solicitudes de hablar con el Procurador en persona. Le dije lo que me habían dicho los sobrevivientes, porque hubo tres testigos de esa masacre. Me narraron lo que vivieron, las torturas y la manera en que murió Arturo. Nicolás Mendoza Villa dijo ‘me atrevo a declarar porque no confío en las autoridades locales’ y la PGR no quiso atraer la investigaciones por motivos políticos”, dijo.

Bejarano prosiguió: “Me vi con Osorio Chong y le pedí que iniciara el juicio de procedencia, Nicolás dijo que cuando ejecutaron a Arturo llegó el director de la Policía de Iguala y el presidente José Luis Abarca y le dijo ‘me voy a dar el gusto de matarte, que tanto me estás chingando con los fertilizantes’, y ahí lo mató”.

El perredista aseguró que no hubo disposición del gobierno federal y que ante un notario público tomó la declaración del testigo. Después el obispo Raúl Vera leyó en la plaza principal de Iguala la declaración del testigo y la presentó al Congreso Local.

Bejarano acusó que algunos diputados del PRD, se negaron a darle curso al juicio de procedencia en contra del Alcalde y acusó a una de las corrientes de protegerlo. Aunque no dijo el nombre de la “tribu”, José Luis Abarca era “Chucho”.

“Esa situación permitió que siguiera la impunidad y ahora ahí está la masacre. El Alcalde está prófugo”, dijo.

EL RECLAMO DE ENCINAS

En tanto, en la Ciudad de México, durante su intervención de hoy en el Senado, el perredista Alejandro Encinas Rodríguez fue directo en la crítica a su partido por los sucesos de Iguala.

El legislador lamentó la situación de los normalistas, aludiendo que es un hecho muy grave y profundamente delicado, además de condenable e inaceptable. También dijo que todos los órdenes de gobierno –incluido su partido– tienen que asumir su responsabilidad y en el caso de haber sido omisos o tolerantes a este tipo de prácticas, deberán asumir las consecuencias.

En alusión al Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero –quien pertenece al PRD–, planteó que “si es necesario que se separe del cargo para que la investigación avance, debe separarse”.

A través de su cuenta de Twitter [‏@A_Encinas] insistió: “No sólo hay una responsabilidad de la autoridad federal y local, también hay de los partidos políticos en la selección de candidatos y financiamiento de sus campañas, debemos asumir autocríticamente los errores que hemos cometido cuando teniendo la idea de obtener votos, recursos y triunfos fáciles, abramos la puerta a la delincuencia”.

Antes, el Senador ya había manifestado la exigencia de que el Gobernador Aguirre Rivero responda por la violencia contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa: “El Gobernador tendrá que dar una respuesta clara y contundente, y no sólo deslindar responsabilidades… el PRD no puede ser tapadera de nadie”.

Este martes, desde la tribuna del Senado de la República, donde pronunció el posicionado del Grupo Parlamentario del PRD, con motivo del 101 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, el Senador perredista Zoé Robledo Aburto, expuso que, ante la tragedia que invade al país, “no podemos continuar en este juego de espejos señalando los errores de mis adversarios, pero omito señalar los de mis correligionarios, o el juego de espejos para evitar que estos señalen a los míos y señalar los errores de mis correligionarios”.

El legislador chiapaneco afirmó que esa actitud sería hoy reprobada por Belisario Domínguez: “Esta actitud nos deshonra y deshonra 101 años después la memoria del médico chiapaneco”.

Por esa razón llamó a todos los integrantes del Senado “a un examen de conciencia, a analizar con seriedad lo que no está funcionando y lo que es necesario renovar en gobiernos, en partidos políticos, en instituciones pero sobre todo compañeras y compañeros en el fuero interno de cada uno de nosotros”.

Washington demanda una investigación “completa y transparente” en Iguala

Por: Redacción / Sinembargo - octubre 7 de 2014 - 15:13
DESTACADAS, MÉXICO, TIEMPO REAL - 14 comentarios

El pasado viernes fueron halladas varias fosas clandestinas cerca de donde desaparecieron los normalistas. Foto: EFE

El pasado viernes fueron halladas varias fosas clandestinas cerca de donde desaparecieron los normalistas. Foto: EFE

Washington, 7 oct (EFE).- Estados Unidos consideró hoy que la “preocupante” desaparición de 43 estudiantes mexicanos supuestamente a manos de policías y criminales en México exige una investigación “completa y transparente” y confió en que la pesquisa anunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto avance en ese sentido.

La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el Gobierno estadounidense ha seguido el caso de los 43 estudiantes, que fueron vistos por última vez en la ciudad de Iguala (estado de Guerrero) la noche del 26 de septiembre pasado y el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas cerca de la localidad.

“Este es un preocupante crimen que exige una investigación completa y transparente y los responsables deben ser llevados ante la Justicia. Entendemos que las autoridades mexicanas han comenzado una investigación”, señaló Psaki en su conferencia de prensa diaria.

“Nuestros pensamientos y compasión están con las familias y amigos de los desaparecidos”, añadió la portavoz.

La Fiscalía de Guerrero confirmó el domingo el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas que podrían corresponder a algunos de los jóvenes que desaparecieron después de que policías y miembros del crimen organizado atacaran a tiros a alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa que se habían apoderado de unos autobuses.

Aunque las autoridades esperarán los resultados de las pruebas genéticas para determinar la identidad de los 28 cuerpos, algo que podría tardar semanas, tres detenidos por los hechos del 26 de septiembre confesaron haber asesinado a 17 estudiantes en la comunidad donde fueron halladas las fosas.

Los indicios de que el grupo criminal Guerreros Unidos participó en los hechos llevaron a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) a asumir el fin de semana la investigación de los hechos violentos y de la desaparición de los 43 estudiantes.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, calificó esos actos de “indignantes, dolorosos e inaceptables”, y dio la razón a los familiares de los jóvenes desaparecidos que demandan el “esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia”, por lo que ordenó a su gabinete de seguridad tomar medidas.

Entre ellas, está el despliegue en Iguala de miembros de la Gendarmería, una nueva división de la Policía Federal, para que realicen labores de seguridad con el “acompañamiento” del Ejército en condiciones especiales. EFE

Caso Iguala: Todos lo sabían…todos lo permitieron
08 de octubre del 2014

México, 8 de octubre.- La tragedia de Iguala pudo evitarse si la autoridad federal, si el gobernador de Guerrero, si los dirigentes del PRD hubiesen hecho su parte.

Todos, absolutamente todos, supieron por una y otra fuente confiable, por testimonios notariales, por investigaciones del CISEN, por la realidad incuestionable que José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, estaba ligado a un grupo criminal encabezado por su cuñado.

Todos, estos mismos todos que tienen poder, mando y obligaciones legales, supieron que había indicios fuertes para investigarlo por el asesinato en 2013 de un líder local.

Y, también estos todos, autoridades incluidas, supieron que el señor Abarca utilizaba a la policía municipal como “brazo armado” de sus tropelías y crímenes.

¿Por qué no lo detuvieron?

¿Cómo puede suceder esto en el país?

¿Cuántas autoridades locales están vinculadas con criminales y no se hace nada?

La esposa del señor Abarca, ahora también prófuga de la justicia, tiene tres hermanos, dos muertos y uno que cumplió su condena por narcotráfico antes de convertirse en jefe de “Guerreros Unidos”, abiertamente reconocidos como criminales. Quería ser candidata, por el PRD obvio, a suceder a su marido en el puesto.

Y todo comenzó porque los normalistas querían llegar al parque central de Iguala, frente a donde la señora Abarca encabezaría su informe de labores. De esta realidad partió la orden del alcalde para detenerlos. A como diera lugar.

Por eso los disparos contra los autobuses, los seis muertos de esa noche infernal, por eso los subieron a las patrullas y los llevaron (al menos a una parte de los desaparecidos) a las instalaciones de la policía municipal. Por eso de ahí los llevaron a un cerro, frente a fosas clandestinas que eran reconocidas por los lugareños como tales, a “ultimarlos”.

¿En qué momento desapareció todo Estado de Derecho, todo apego a la legalidad en Iguala frente a la mirada de toda la autoridad federal y estatal?

Abarca tuvo siempre el apoyo de “Los Chuchos”, de los líderes del PRD que se han apurado en salir en defensa del gobernador Ángel Aguirre. Y de acuerdo a las declaraciones de un tipo nefasto, conocido como “el señor de las ligas”, René Bejarano, los testimonios de la participación de éste en un asesinato llegaron a las más altas autoridades del país sin respuesta alguna.

¿En qué momento se privilegió la razón política, la necesidad de fortalecer una alianza con dirigentes del PRD protectores de criminales, por encima de la obligación legal?

¿Por qué si todos sabían, si el CISEN tenía elementos suficientes para vincular al presidente municipal de Iguala con criminales, no se procedió como ordena la Ley?

De tanto malo, de tanto inadmisible, eso es lo peor. Que todos supieran. Y que no se actuara en su momento.

Toda la policía municipal, una institución legal que tendría que dedicarse a proteger a la ciudadanía, estaba al servicio de criminales y nadie hizo nada. La Sedena sabía y no retiró la licencia colectiva de armas de Guerrero. Los responsables de evaluar federalmente a las policías del país no hicieron nada. ¿Cómo puede un grupo de delincuentes, sus jefes incluidos, ser criminales y que el Estado Mexicano lo permita?

La omisión cómplice tiene muchos protagonistas. El gobernador de Guerrero, con su cinismo extremo que lo hace politizar su realidad, el primero de tantos. Porque es, justamente, el gobernador. Es el responsable de lo que sucede en la entidad federativa que gobierna. No pudo ignorar hechos tan contundentes, no pudo no ver la realidad de Abarca.

Hoy tenemos una tragedia nacional que marca al Gobierno de la República, que nos hace avergonzarnos a millones de mexicanos, que obliga a medidas extraordinarias que solamente vendrán a esclarecer legalmente lo que ya

sabemos.

El Gobierno federal está volcado en Iguala, la policía municipal está detenida o sujeta a investigación después de haber sido desarmada, el mismo procurador está en funciones de Ministerio Público, el nuevo líder del PRD está presente. Es tarde. Todo pudo haber sido diferente.

Y esto nos hace reflexionar sobre lo que pudo haber sucedido en Michoacán si no se hubiese enviado un “Comisionado” que ha tenido el talento para una contabilidad en contrario.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor

“Nos cazaron como perros”, dice un estudiante que logró escapar de sus captores
Seguir a @PedroMatias8
Pedro Matías
7 de octubre de 2014
Estados
Estudiantes protestan por desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Foto: AP / Félix Márquez
Estudiantes protestan por desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
Foto: AP / Félix Márquez

OAXACA, Oax. (apro).- “Los disparos eran a matar. Nos cazaron como perros, como si fuéramos peor que unos delincuentes”, relató un estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

El compañero de estudios de Christian Tomás Colón Garnica, de 18 años, quien se encuentra en la lista de los 43 normalistas desaparecidos, recuerda la pesadilla que vivió el 26 de septiembre, cuando fueron sometidos a balazos por policías municipales de Iguala, Guerrero.

El delito de Christian, dice, “fue ir a pedir cooperación”, y por ese motivo “fuimos sometidos a balazos el día viernes. El primer atraco fue a las ocho y media de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando regresábamos de ir a botear para sostener las prácticas docentes y demás cosas que en la escuela nos hacen falta, ya que por parte del gobierno de Guerrero no es suficiente”.

Esa noche, cuenta, “varios compañeros quedaron heridos y los policías se llevaron a otros en sus patrullas”.

Cerca de las 11 y media de la noche, cuando se daba la conferencia de prensa, vino el segundo ataque, donde quedó herido gravemente el indígena huave Edgar Andrés Vargas, originario de San Francisco del Mar, Oaxaca. Una bala le impactó en la boca, quedando gravemente lesionado.

En ese segundo ataque murieron dos jóvenes, y un tercero, apodado El Chilango, fue encontrado degollado al otro día, cerca del lugar donde sucedieron los hechos.

Entre los estudiantes que los policías se llevaron se encuentra Christian Tomás Colón Garnica, quien continúa desaparecido, junto con otros 42 normalistas.

“Cómo puede ser posible que no se sepa dónde están los estudiantes, si los policías municipales se los llevaron. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Seguimos con la fe de que los 28 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas no sean de ninguno de los estudiantes y mucho menos el de Christian”, dice el muchacho, quien prefirió omitir su nombre.

Por otra parte, el gobernador Gabino Cué Monteagudo sostuvo que su gobierno brindó apoyo económico a la señora Lucina Garnica, madre de Christian, para que se traslade al estado de Guerrero con el fin de que le realicen los estudios de ADN para compararlos con las muestras de los cadáveres localizados en las fosas en Guerrero.

El mandatario estatal también adelantó que brindarán asesoría legal a la madre del joven oaxaqueño desaparecido en Ayotzinapa.

EU y OEA exigen castigar matanza en Guerrero
Marcos Muedano| El Universal
Miércoles 08 de octubre de 2014
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Video. De acuerdo a la versión de los sobrevivientes que viajaban a bordo de los autobuses rumbo a Chilpancingo, los policías se colocaron en posición de tiro y comenzaron a dispararles sin advertencia alguna.
EU y OEA exigen castigar matanza en Guerrero

ACCIONES. El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, encabezó una reunión con autoridades federales y estatales sobre las investigaciones que se realizan para determinar quiénes son los responsables de los hechos en Iguala. (Foto: PATRICIA JUAREZ / EL UNIVERSAL )
Notas Relacionadas:



El gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos exigieron ayer, por separado, el esclarecimiento de la desaparición y el posible asesinato de 43 normalistas en el estado de Guerrero

marco.muedano@eluniversal.com.mx

El gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) demandaron al gobierno de México que realice una profunda investigación para esclarecer la desaparición y posible homicidio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y que los culpables sean llevados ante la justicia. Es un signo de la consternación que ha causado internacionalmente este incidente.

A partir de la instrucción presidencial de que el gobierno federal atrajera el expediente, ayer el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se trasladó a Iguala, Guerrero, para conducir las pesquisas, luego de que el 26 de septiembre los normalistas fueron agredidos a tiros por policías municipales, y días después se localizaron seis fosas clandestinas cuyas víctimas están en proceso de identificación para determinar si entre los cuerpos están algunos de los estudiantes.

Entre los avances de la investigación, de acuerdo con autoridades federales, una de las líneas apunta a los nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de Los Beltrán Leyva. Se indaga al edil como posible prestanombres al servicio de esta organización.

Reacción internacional. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, confirmó que Washington está siguiendo de cerca el “preocupante” caso de estos estudiantes. Y pidió que se realice una indagatoria “completa y transparente” de los hechos.

“Nuestros pensamientos están con las familias y amigos de los desaparecidos, a los que expresamos nuestras condolencias”, señaló la vocera, quien se mostró confiada de que la investigación que han iniciado las autoridades mexicanas permita esclarecer los hechos. “Los culpables deben ser llevados ante la justicia”, añadió.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, aseguró que la desaparición y posible matanza de los 43 estudiantes “enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas”, aunque oficialmente el gobierno de México aún no ha confirmado el crimen de los jóvenes.

Insulza expresó su profunda consternación por los hechos. Recordó mediante un comunicado que, según declaración de sicarios confesos, algunos de los estudiantes desaparecidos habrían sido ejecutados por orden del crimen organizado en los alrededores de Iguala, por lo que el máximo representante de la OEA pidió el esclarecimiento de “un asesinato tan inhumano como absurdo”.

Manifestó su apoyo al gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto en su decisión de no permitir que “este brutal crimen quede sin el castigo de la justicia”.

Destacó además “la urgencia de alcanzar mecanismos de trabajo conjunto por parte de los gobiernos de la región para luchar contra el poder del narcotráfico, capaz de asesinar, corromper y aterrorizar a los pueblos del continente”.

Tras la pista del edil. Autoridades federales indicaron que la PGR investiga al alcalde Abarca, como supuesto prestanombres del cártel de Los Beltrán Leyva. Se indagan sus bienes: el centro comercial Galerías Tamarindos, farmacias, pizzerías, inmuebles y terrenos que estarían registrados como de su propiedad y sus familiares; aunque también existen indicios de que administraba el Centro Joyero de la ciudad.

Reportes de inteligencia federales indican que desde su candidatura para ser alcalde, ya se tenía información sobre sus vínculos con la delincuencia.

De gustos refinados y vestuario lujoso, al asumir el poder la vida del edil cambió y comenzó a ser visible a través de automóviles Mercedes Benz, Volvo o camionetas blindadas, vehículos que eran escoltados por dos sujetos a bordo de motos, refirieron autoridades federales.

Aunque la violencia y la venta de droga es algo habitual en la zona, las ejecuciones, extorsiones y secuestros comenzaron a ser notables en los últimos años a través de la desaparición y homicidio de personas, como el del síndico Justino Carvajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio, ex alcalde de Acapulco, asesinado en marzo de 2013. Carvajal fue ultimado al salir de un departamento en marzo de 2013. Previo a su muerte, fue amenazado en distintas ocasiones.

La información del gobierno federal refiere que la seguridad pública del municipio era controlada por el crimen organizado a través de elementos pagados que vigilaban los movimientos de los soldados y federales adscritos a la zona. DPA

por Redacción AN octubre 8, 2014 9:41 pm



El líder moral del PRD y ex jefe de Gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fue abucheado y agredido la tarde del miércoles 8 de octubre, durante la marcha para exigir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Adolfo Gilly, quien lo acompañaba, fue descalabrado por uno de los objetos que fueron lanzados.

De inmediato, en redes sociales fue condenada la agresión y se lanzaron alertas contra este tipo de provocaciones.

Un grupo de personas lanzó al ex jefe de Gobierno capitalino agua, refresco y piedras cuando ingresó al Zócalo, después de haberse sumado al recorrido que partió del Ángel de la Independencia.

Hubo gritos de “asesino, asesino, cobarde y traidor” en contra del ingeniero Cárdenas, a quien los agresores orillaron a salir de la periferia de la Plaza de la Constitución, tomar la calle de Pino Suárez, rodeado por algunas personas que intentaron resguardarlo, y que pedían “no a la violencia”.

El chofer de Cárdenas logró poner a resguardo al ingeniero entre las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, cercanas al edificio del gobierno capitalino.

(Con información de La Jornada)

Algunos de los tuits emitidos después de la agresión a Cárdenas

Diego Valadés ‏@dvalades

Debe esclarecerse la injusta agresión a Cuauhtémoc Cárdenas; debe evitarse el riesgo de provocaciones en un momento difícil para el país.



Alvaro Delgado Gómez ‏@alvaro_delgado

La indignación por la barbarie de Iguala, y de todo el país, no justifica –insisto– la agresión a Cuauhtémoc Cárdenas y a Adolfo Gilly.



epigmenio ibarra ‏@epigmenioibarra

Condeno enérgicamente la agresión a @c_cardenas_s. Los culpables agredieron no solo al Ingeniero. Nos agreden a todxs con esa provocación.


https://youtu.be/RE66ORI3QQg


https://youtu.be/LRR9ZqXQG4Y
Adolfo Gilly, quien lo acompañaba, fue descalabrado por uno de los objetos que les lanzaron en las cercanías del Zócalo.

Bejarano no entregó pruebas contra Abarca: PGR; sí las tuvo en marzo: Bejarano
Luego de que Jesús Murillo Karam dijo que René Bejarano no entregó pruebas contra el Alcalde de Iguala, Bejarano dijo que si bien él no las dio en 2013, la PGJ de Guerrero lo hizo en marzo de 2014.
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Señaló que el campo mexicano ha sido abandonado.
René Bejarano, líder de Izquierda Democrática Nacional. (Aldo Cháirez)

Alejandro Domínguez 08/10/2014 12:28 PM

Ciudad de México

El procurador Jesús Murillo Karam dijo que René Bejarano sí le comentó que tenía pruebas contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por homicidio, pero nunca se las entregó.

"Quedó de entregármelas, pasó un tiempo bastante largo, cuando lo volví a ver yo le pedí la información, que no me la había mandado, y me dijo que no, que él ya lo había visto", dijo el procurador esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

En mayo de 2013 tres militantes perredistas y miembros de la organización de la Unión Popular entre ellos su dirigente, Arturo Hernández Cardona, fueron encontrados muertos luego de que habían sido levantados por un comando armado. Los sobrevivientes que narraron lo sucedido, en un principio, a René Bejarano aseguraron que el asesino era el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Los sobrevivientes no querían declarar ante autoridades locales, sólo ante un Ministerio Público Federal.

El titular de la PGR dijo que Bejarano acudió a la PGR, le comentó el asunto y quedó en entregarle pruebas del asesinato de Arturo Hernández y los otros dos perredistas en 2013, pero no regresó.

Posteriormente le preguntó a Bejarano sobre las acusaciones contra el alcalde de Iguala, y éste le respondió que ya se había encargado del asunto y la averiguación la tenía la Procuraduría de Guerrero.

"Chequé, y efectivamente, en la Procuraduría de Guerrero había ya una averiguación por estos hechos, y como eran hechos, señalamientos de homicidio, son del fuero común, me fue suficiente que lo estuviera ya investigando el fuero común desde ese tiempo", dijo Murillo.

Bejarano responde a Karam

MILENIO buscó a René Bejarano quien dijo que en marzo de 2014 la Procuraduría de Guerrero informó de los hechos a la PGR y no actuó.

"(Le informaron) que se trataba de un asunto de su competencia y le hizo un desglose. Por lo que en 2014 (PGR) ya las tuvo (las pruebas) y no hizo nada tampoco. Ya había una declaración ministerial y se le turnó".

Bejarano dijo que si en 2013 no entregó a PGR las pruebas contra el Alcalde de Iguala fue porque el procurador se negó a atraer el caso en ese momento.

En 2013 no entregó más pruebas porque unos meses después de su reunión con el procurador, Murillo Karam declaró que la PGR no atraería el caso, aseguró.

"El 15 de agosto de 2013, en declaraciones que él hizo en Acapulco. Dijo que esos asuntos eran del fuero común. Dijo que no lo iba a hacer (atraer la investigación) por eso ya no se le entregaron (las pruebas), si no hubieran ido los sobrevivientes a declarar al Ministerio Público", dijo.

Confirmó que cuando se reunió con Murillo Karam solo contó lo qué sabía de manera verbal y dijo que presentaría las pruebas una vez que la PGR atrajera el caso.

"En esa reunión estuvieron los dos juntos, la subprocuradora, estuvo Murillo y la diputada Aleida Alavez. Ahí se dio toda la información verbal. Yo le dije que no estaba autorizado a entregar la información porque las víctimas sobrevivientes tenían miedo pero que en el momento en que se atrajera la investigación se podía declarar ante PGR", dijo.

Como PGR no atrajo el caso, recordó, la declaración de uno de los sobrevivientes se hizo ante un notario y se hizo pública.

"En ese momento la PGR pudo haber atraído el caso y tampoco lo hizo. Porque la se hizo la declaración, no se mantuvo secreta. El obispo Raúl Vera la presentó ante los medios de comunicación (en Iguala) y tampoco en ese momento el procurador lo atrajo", dijo.

El padre de María de los Ángeles Pineda colaboró con Beltrán Leyva hasta 2009
La PGR investiga a la esposa de Abarca por sus vínculos con Guerreros Unidos

El actual líder del grupo criminal es Santiago Mazari Hernández, según inteligencia militar
Gustavo Castillo y Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 9 de octubre de 2014, p. 8

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a María de los Ángeles Pineda Villa (hija de Salomón Pineda Bermúdez, uno de los colaboradores de los hermanos Beltrán Leyva hasta 2009), esposa del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Datos obtenidos por inteligencia militar refieren que el actual líder del grupo criminal Guerreros Unidos es identificado como Santiago Mazari Hernández, El Carrete o El señor de los caballos, sobrino del diputado Alfonso Miranda Gallegos, del Partido del Trabajo (PT).

También encabeza ese grupo criminal Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian, quien junto con Mazari ha logrado formar una red de alcaldes y policías municipales que permiten el tráfico de drogas y otros delitos en varios municipios guerrerenses, de acuerdo con los informes de inteligencia.

En ese contexto, presuntamente María de los Ángeles Pineda y José Luis Abarca formarían parte del grupo delictivo Guerreros Unidos, que surgió de una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, y por los nexos que su cónyuge tiene con El Chucky, identificado como el líder criminal que en días pasados ordenó a los policías de Iguala, Guerrero, y sicarios que ejecutaran a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, indicaron funcionarios federales.

Las indagatorias del Ministerio Público Federal contra Guerreros Unidos se podrían extender a otros municipios de Guerrero, Morelos y el estado de México, señalaron los entrevistados.

El grupo Guerreros Unidos surgió tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, líder de la organización Beltrán Leyva, y su primer jefe era Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, ex escolta de varios operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Antes, los hermanos Mario y Alberto Villa Pineda, junto con su padre, controlaban la zona de Guerrero.

Salomón Pineda Bermúdez, Don Salo (está recluido en un penal de máxima seguridad procesado por delincuencia organizada), en tanto que sus hijos José Alberto Pineda Villa, El Borrado, y Marco Antonio y/o Mario Pineda Villa, El MP, fueron asesinados en 2009.

El Molón, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala

Entre los hermanos Villa Pineda que están en libertad y han sido identificados como operadores o líderes de Guerreros Unidos se encuentra Salomón Pineda Villa, El Molón, identificado como jefe de plaza de esa organización criminal en Iguala, Guerrero.

El grupo tiene áreas de operación en Cuernavaca, Morelos, y en los estados de México y Guerrero, “su actividad primordial es el trasiego de narcóticos, así como llevar a cabo levantones, ejecuciones y secuestros”.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró en una entrevista radiofónica que la institución a su cargo indagará el homicidio del líder campesino de filiación perredista Arturo Hernández Cardona, en el que presuntamente está involucrado el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, así como a la esposa de éste por sus nexos con grupos delictivos.

Tras rechazar que el dirigente perredista René Bejarano le haya entregado pruebas del involucramiento del alcalde en el homicidio, Murillo Karam reconoció que Bejarano entregó las evidencias a las autoridades del estado de Guerrero y se inició una averiguación previa en el fuero común.

El titular de la PGR sostuvo que lo ocurrido en Iguala, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, es "un caso indignante; no podemos permitir que se repita una cosa similar. Llegaremos hasta donde tendremos que llegar".

Policías comunitarios buscan a normalistas "cerro por cerro"
Foto
Miles de personas se manifestaron ayer en la ciudad de México para exigir a los gobiernos federal y del estado de Guerrero que presenten con vida a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, además de la renuncia del gobernador Ángel AguirreFoto Roberto García Ortiz
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 9 de octubre de 2014, p. 7

Iguala, Gro., 8 de octubre.

La caravana tarda en salir y, cuando al fin lo hace, se extravía en los caminos, va y viene al parecer sin rumbo, en los alrededores del cerro donde fue encontrada una fosa con restos humanos el pasado sábado 4.

El convoy está formado por unos 50 vehículos en los que viajan alrededor de 500 guardias comunitarios, miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Han llegado a Iguala desarmados, condición que les puso el gobierno estatal, y han pernoctado en una escuela preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero.

"Vamos a rastrear cerro por cerro y a buscar a los normalistas y todos los nuestros que han desaparecido durante años", dice Bruno Plácido, principal dirigente de la Upoeg (todo el tiempo, por radio, se habla de "Bruno quiere" o "Bruno dice").

Método campesino de rastreo

Luego de un tanteo camino del cerro donde aún se encuentran las fosas abiertas, el convoy se divide en dos. Un grupo rodea el Cerro Gordo y se divide en brigadas de tres integrantes para "peinar" la zona. A machete limpio, entre huizaches y yerbas, con un calorón del demonio, la Upoeg cumple el cometido cuando algunos de sus integrantes llegan a la cima. Es el "método campesino" de rastreo. "Los policías nomás andan por las veredas, nunca se meten a monte", dice un muchacho que reconoce que en su municipio de origen, Tecoanapa, han logrado mayor seguridad desde el nacimiento de la policía comunitaria, pero aún no pueden decir que acabaron con la delincuencia organizada.

Los comunitarios de la Costa Chica viajan acompañados de lo que llaman "información confidencial, pero segura".

"La gente no confía en la policía, pero a nosotros sí nos cuenta", dice el comandante Miguel Ángel Jiménez, mientras el jardín de niños cercano da por terminadas las labores antes del horario habitual y los pequeños salen en grupos, rodeados de sus madres.

El comandante informa también que un grupo de avanzada "ubicó una casa" de la cual "salieron corriendo unos cabrones". No detuvieron a nadie porque no vienen armados –machetes y algunas varillas son sus únicas armas. Pero que ya volverán, con armas, si la delincuencia organizada se atreve a atacarlos.

No hay ataque, aunque sí vigilancia. La experiencia de los comunitarios les permite reconocer rápidamente a los halcones (vigilantes) de la delincuencia, que los siguen en su camino. Personajes similares a los que toman fotografías con sus teléfonos a los nutridos grupos de reporteros que cubren la tragedia.

Tras el "peinado" del cerro, los comunitarios retornan al camino que conduce a las fosas, pero se encuentran con que la vigilancia se ha reforzado –ahora a cargo de la policía estatal– y les impiden el paso.

El otro grupo agarra camino a Cocula. En un retén, donde hay estatales y marinos, le dan paso libre.

El sábado 4, la prensa conoció, por filtraciones, del hallazgo de fosas clandestinas. Lo primero fueron rumores. Se hablaba de varios lugares. Uno de ellos, el municipio de Cocula, cuya cabecera se encuentra a sólo 22 kilómetros de Iguala.

Hacia allá parte uno de los grupos, que toma la desviación que conduce a Tecomatlán y atraviesa un largo vado, en un punto que el letrero de la Conagua identifica como Las Juntas. Ahí usan palas en un sitio donde hay tierra suelta, pero no encuentran nada.

Unos metros adelante hay varias propiedades semiabandonadas. En una de ellas, los comunitarios rompen candados y revisan todos los objetos. Encuentran unos cuantos cartuchos, un perro, dos caballos y un burro que protesta por la incursión.

Un anciano de a caballo pasa por ahí y es retenido para que diga a quién pertenecen la casa y los animales. "Las bestias son de Poli Peralta; la casa de Tobías Jaimes, que iba y venía del norte y ya falleció".

La fecha de la muerte del migrante queda clara en los recibos de sus envíos de dinero: el último, por 11 mil pesos, de mediados de 2011.

Otra de las propiedades está formada por una construcción muy lujosa para estar en medio de la nada. Una parte es una casa erigida sobre pilotes que la alzan del suelo. Otra, lo que parece ser tres enormes tanques de un criadero de truchas.

El anciano convertido en informante asegura que esa propiedad fue abandonada seis meses atrás porque su dueño, Roberto Sánchez, recibió amenazas de criminales.

–¿Allá en Tecomatlán los amenazan?

–A nosotros no. Sembramos milpa. No tenemos nada.

A la espera de refuerzos, la caravana se dirige a la cabecera municipal, donde los comunitarios compran agua y pan, nada más, aunque ya es hora de la comida.

En una casa al lado de la tiendita, un letrero inusual: "Se venden videos de las Fiestas Patrias". Todos los años, el 16 de septiembre, la plaza principal es escenario de una escenificación de la Guerra de Independencia, informa un vecino.

Recargadas las baterías y reforzada la caravana, la Upoeg agarra camino para seguir la búsqueda en unas cuevas cercanas a Tecomatlán.

El grueso de los habitantes de Iguala, famosa por su queso de cincho y sus joyas de oro, ve pasar los sucesos que conmueven fuera como si ocurriesen sólo en las pantallas de la televisión.

Otros hablan con timidez sobre el asunto. En un transporte colectivo que va de Cocula a Iguala, varios pasajeros opinan luego de ver el paso de la caravana de los comunitarios.

–Está muy raro, acá no hay nada.

–Pues dicen que se llevaron a todos los policías.

–Sí, desde ayer.

–Este alcalde sí había hecho obra, lástima.

Los normalistas fueron aprehendidos por policías municipales la noche del viernes 26 de septiembre. Desde el domingo siguiente, padres de familia acompañados por profesores de la versión guerrerense de la CNTE iniciaron la búsqueda por las calles de Iguala. Toparon con pared. Uno de los participantes contó que incluso en las colonias populares los comerciantes les cerraban las cortinas y que más de uno les sugirió que "ya ni buscaran".

Los municipales, a capacitación

En Iguala, la morisqueta quiere ser pozole verde. Sólo falta el comisionado-virrey para completar el cuadro.

Como hicieron en Apatzingán y otros lugares de la Tierra Caliente michoacana, la respuesta federal es hacerse cargo de la seguridad municipal y enviar a todos los policías locales a "capacitación" a la sexta región militar, en Tlaxcala. Hoy es el turno de los agentes de tránsito y de algunos de seguridad pública que no se presentaron ayer.

"¡Morales Díaz Ericka Herlinda!", grita el policía federal, y la aludida se abre paso penosamente, con maletas para 45 días, entre las apretadas filas de sus compañeros que han sido formados a las afueras de la presidencia municipal.

"Ayúdenle, señores, sean caballerosos", dice el federal. Nadie la ayuda. Nadie se ríe.

Hay madres angustiadas y padres preocupados.

–Dios quiera, hija, que sea para bien y que regresemos con bien. Me voy por la derecha, voy a hacer todo como marca la ley. Y regresando me voy (de la corporación).

–El que nada debe nada teme, papá.

Ya sin municipales en las calles, los comunitarios han prometido que su búsqueda continuará, casa por casa, cerro por cerro.

Es Iguala lo peor desde Tlatelolco: HRW
09 de octubre del 2014

México, 9 de octubre (Reforma).- Los hechos de Iguala son el asunto más grave que ha ocurrido en México en materia de derechos humanos desde la matanza de Tlatelolco en 1968, consideró José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.

“No conozco de un hecho similar al que estamos lamentando en Iguala. Creo que tenemos que remontarnos lamentablemente a Tlatelolco a fines de los años 60, donde se dieron hechos tan macabros”, denunció.

En rueda de prensa, Vivanco presentó una carta dirigida al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que señala la desidia y negligencia del Gobierno federal para afrontar las miles de desapariciones registradas en México y aportar soluciones concretas.

También recordó que miles de personas siguen desaparecidas en el País sin que se hayan producido condenas, ni avances significativos para localizar su paradero o castigar a los responsables.

En su misiva, demandó que el Gobierno mexicano publique al menos los nombres de los más de 22 mil desaparecidos registrados.

“En vez de aclarar el problema, el Gobierno de Peña Nieto ha emitido una serie de anuncios contradictorios que han suscitado más interrogantes de los que han respondido”, reprochó.

Asimismo, pidió que los esfuerzos del Gobierno no se queden sólo en promesas y discursos que después no se cumplen.

“Hay desidia y negligencia del Gobierno actual y creo que eso queda en evidencia a pesar de los anuncios, las promesas y los discursos”, reclamó.

“Hay una enorme improvisación, los derechos humanos son un tema secundario y sólo se reacciona frente a escándalos mayores cuando la opinión pública exige respuestas, cuando los medios provocan”.

Vivanco dijo esperar una respuesta del Gobierno de México, a quien recriminó que se muestre molesto cuando se denuncian abusos que requieren atención internacional y que no pueden ser tratados como un simple asunto doméstico.
Ángel Villarino

Van policías de Iguala a penal federal
09 de octubre del 2014

México, 9 de octubre (Reforma).- Los 22 policías de Iguala acusados de homicidio calificado fueron trasladados del penal de Acapulco a uno federal, revelaron fuentes de Seguridad estatal.

Aproximadamente a las 18:00 horas, a través de un operativo de seguridad, fueron llevados hasta el aeropuerto internacional de este Municipio para luego trasladarlos vía aérea a otro centro penitenciario.

Los agentes fueron acusados por el Ministerio Público estatal de participar en hechos de violencia, en los que murieron seis personas y en la desaparición de 43 normalistas, de los cuales supuestamente confesaron matar a 17 en Iguala, entre el 26 y 27 de septiembre.

Desde su puesta a disposición, a los agentes los trasladaron de Iguala a Acapulco para luego encarcelarlos.
Las fuentes consultadas por REFORMA indican que los policías estarían en el penal federal número 5 en Tepic, Nayarit.

Alfonso Juárez