Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio

Al menos siete muertos dejaron tres balaceras efectuadas por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes, contra normalistas rurales de Ayotzinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay tres estudiantes, un joven futbolista del equipo ‘Las Avispas’,  junto con su director técnico, así como una ama de casa y el chofer de un taxi.

En los hechos hubo por lo menos seis heridos de bala, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), Alfredo Ramírez García, y su chofer, quienes recibieron varios impactos en brazos y piernas.

Aunque a la cabecera municipal de Iguala se trasladó el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaky Blanco Cabrera, este se ocultó de los reporteros que se le acercaron en las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

Mientras el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, condenaban los hechos y se pronunciaban por la aplicación de la ley contra los responsables, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, guardó silencio pero anunció una conferencia de prensa que se desarrollaría durante la jornada del sábado, día en que tenía programado su segundo informe de labores.

Boteo desencadenó la violencia

Desde la mañana del viernes 26 de septiembre, alrededor de 150 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la cabecera de Iguala para realizar una actividad boteo, tenían la intención de reunir dinero para financiar la marcha del 2 de octubre, cuando se cumplan 46 años de la masacre de estudiantes y obreros en Tlatelolco.

Ese mismo día, rindió su segundo informe de labores como presidenta del DIF la señora María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del alcalde, José Luis Abarca.

Al terminar el evento, casi de manera simultánea con la retirada de los normalistas que avanzaban sobre la avenida Juan N. Álvarez rumbo a la carretera federal que comunica con Chilpancingo, varias patrullas de la Policía Preventiva Municipal interceptaron la caravana integrada por tres autobuses, una urvan y un chevy, los policías marcaron el alto pero los jóvenes se resistieron a detenerse.

Entonces los municipales abrieron fuego contra las unidades, lo que provocó que un par de unidades de la Policía del Estado y la Federal, que les acompañaban, se retiraran del lugar, como una forma de deslindarse del hecho.

En el primer ataque, los dirigentes de Ayotzinapa reportaron cinco heridos, cuatro con rozones de bala y uno con una ojiva alojada en la cabeza, quien fue hospitalizado de urgencia en condiciones graves.

Esta persona murió en el transcurso de la noche.

A los pocos minutos, los preventivos, respaldados por civiles armados, interceptaron sobre la carretera federal que comunica con Chilpancingo un autobús particular de la empresa Castro Tours.

Este segundo hecho se registró a la altura de Santa Teresa, los policías y presuntos delincuentes se percataron de que la unidad era ocupada por decenas de jóvenes, por ello dedujeron que se trataba de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.

En ese hecho ya no se marcó el alto, hubo un ataque directo que provocó la volcadura de la unidad sobre el costado derecho de la carretera, quedando con todos los cristales despedazados.

Entrada la madrugada se supo que en el hecho murió el director técnico del equipo de tercera división ‘Los Avispones´ de Chilpancingo Pedro Rentería y el jugador David García Evangelista, de solo 15 años.

Permanece en calidad de desaparecido Jorge León Saenz, asistente del director técnico.

Como una camioneta cerró el paso al camión las ráfagas alcanzaron otras unidades que detuvieron su marcha atropelladamente, ahí murió un ama de casa que viajaba en un taxi colectivo y el chofer del mismo.

Abatidos mientras denunciaban

Aproximadamente a las 00:00 horas del sábado 27, los estudiantes de Ayotzinapa convocaron a una rueda de prensa en el lugar en que se suscitó la primera agresión, ahí preservaron la zona con piedras acordonadas para evitar que se perdieran las ojivas y cascajos abandonados por los policías municipales.

Hablaban con reporteros de varios medios informativos cuando un grupo de civiles se apostó en la acera de enfrente y disparó varias ráfagas de armas de diferentes calibres.

Estudiantes y reporteros se dispersaron rápidamente para ponerse a salvo, después se darían cuenta que en el lugar quedaron tirados dos alumnos de nuevo ingreso del plantel ubicado en el municipio de Tixtla.

La segunda agresión arrojó por lo menos otros cuatro heridos que se trasladaron al hospital general del sector salud.

Los cuerpos de los dos jóvenes caídos permanecieron tirados hasta las 03:00 de la mañana.

Llovía cuando llegaron al lugar elementos del Ejército nacional, después personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y al final los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todos custodiaron al Servicio Médico Forense (Semefo) en el levantamiento cadavérico.

Hasta entonces se reportaron 40 estudiantes desaparecidos, aunque estos poco a poco se fueron concentrando en las instalaciones del Ministerio Público, la mayoría llegaron resguardados por la Policía Ministerial y elementos de la Fuerza Estatal.

El procurador se oculta

Aproximadamente a las 04:00 se tuvo a la vista al procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera dentro del MP, los reporteros se le acercaron pero este se escabulló para encerrarse en la oficina del fiscal regional, no salió hasta que los comunicadores fueron desalojados “amablemente” del área.

El encargado de liberar la dependencia de comunicadores fue el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales Víctor Jorge León Maldonado.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó el hecho en su cuenta de Twitter y ofreció que se hará justicia contra los responsables.

En la misma sintonía difundió mensajes el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien reconoció la conmoción que hay en la población de la capital de Guerrero por la muerte de los integrantes de su equipo de tercera división.

Mientras, el ayuntamiento de Iguala preparaba su versión de los hechos y mantenía firme el evento en que se desarrollaría el segundo informe de labores del alcalde José Luis Abarca Ávila.

ndagatoria sobre Ayotzinapa, apegada a derecho, dice PGR
Gustavo Castillo

Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2015, p. 11

La Procuduraduría General de la República (PGR) afirma que a seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, la dependencia ‘‘ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho’’. Indica que ya suman 104 los detenidos como presuntos responsables y todos tienen auto de formal prisión.

Sin señalar si se han abierto nuevas líneas de investigación tras el cambio de titular en la dependencia, la PGR sostiene que ha iniciado un total de ‘‘25 averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y Cocula, Guerrero, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron detenidos ilegalmente por policías de esos municipios, luego entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos y –según las indagatorias– privados de la vida e incinerados; posteriormente, según la versión oficial, sus restos habrían sido tirados al río San Juan’’.

Ya hay autos de formal prisión

‘‘A la fecha se ha logrado la detención de 104 personas, 48 de ellas pertenecientes a la policía municipal de Iguala, 16 a la misma corporación de Cocula y 40 civiles vinculados a una organización delictiva con presencia en el estado de Guerrero’’, mencionó la PGR en un comunicado al cumplirse seis meses de estos acontecimientos.

Explicó que a todos los acusados ‘‘se les ha dictado auto de formal prisión, entre otros por la comisión del delito de homicidio, secuestro y delincuencia organizada’’. Según la institución que encabeza Arely Gómez, estas consignaciones y situación de la indagatoria ‘‘demuestra el compromiso (...) por sancionar de manera contundente estas conductas delictivas’’.

La procuraduría no reconoce haber perdido en tribunales de primera instancia la posibilidad de juzgar a los inculpados por desaparición forzada. Sin embargo, señala que en relación con las consignaciones por ese delito, ‘‘esta procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están ya siendo valorados por la autoridad jurisdiccional’’, lo que significaría que el Ministerio Público ya apeló de la negativa de jueces a librar órdenes de aprehensión por este ilícito.

Explicó que ‘‘además se cuenta con nueve órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar’’, entre ellas las que fueron libradas en contra de Felipe Flores, ex jefe de la policía de Iguala, y Gildardo López Astudillo, El Gil, sujeto identificado como El Chucki, además de los policías Alejandro Tenescalco Mejía y Luis Francisco Martínez Díaz.

En cuanto al estado que guarda la indagatoria, ‘‘se han recabado 415 declaraciones ministeriales, 510 dictámenes periciales en cerca de 26 especialidades y, con autorización judicial, se ha extraído información de 93 equipos de comunicación’’.

Entre los 104 detenidos ya se encuentran sujetos a proceso penal el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes fueron identificados por las autoridades como autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes, así como el presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado.

Como parte de la identificación de los restos óseos encontrados en el río San Juan, provenientes del basurero de Cocula, la Universidad de Innsbruck, en Austria, realiza un tercer estudio de ADN (secuencial) por un método diferente –del cual se está en espera de los resultados–, y hasta el momento solamente uno de los restos ha dado positivo para identificación coincidente con el ADN de los padres de un normalista.

Finalmente, la procuraduría señala que ‘‘ha apoyado y reconoce el trabajo realizado por el grupo interdisciplinario, en atención al acuerdo de asistencia técnica suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos’’, con quienes deberá compartir la investigación del caso para que establezca si ésta se ha realizado de manera profesional.

Exigen ONG al gobierno apoyar a los especialistas de la CIDH
Fernando Camacho Servín y Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2015, p. 12

Seis meses después de la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, muchas interrogantes siguen sin respuesta mientras las autoridades ignoran o deslegitiman las observaciones de organismos internacionales sobre la persistencia de violaciones graves en el país, afirmaron en un comunicado Amnistía Internacional, la Fundación para el Debido Proceso y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Hicieron un llamado al gobierno mexicano a dar "completo apoyo" al grupo de especialistas independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Iguala y a implementar sus recomendaciones, y advirtieron que el gobierno de México sigue intentando "deslegitimar" e ignorar las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, como los informes del relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, y del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

Recordaron que el grupo de expertos enviados por la CIDH publicó un informe de sus primeras actividades en el país, en el que solicitan a las autoridades que continúen la búsqueda de los estudiantes, juzguen el caso como desaparición forzada y aseguren la preservación de las evidencias.

En tanto, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia, se sumó a la petición de que el caso sea juzgado por desaparición forzada y no sólo como secuestro y homicidio.

Por otra parte, católicos, evangélicos, pentecostales, presbiterianos, anglicanos e integrantes de agrupaciones de creyentes y alumnos de la Universidad Pontifica de México criticaron que el gobierno persista en su versión de los hechos y demandaron justicia en el caso Iguala y para "los más de 22 mil desaparecidos en el país".

Reunidos en la Estela de Luz, efectuaron una ceremonia ecuménica antes de sumarse a la marcha hacia el Monumento a la Revolución. En esta actividad participaron integrantes del Observatorio Eclesial, de Iglesias por la Paz y Comunidades por la Justicia y Paz.

Exigieron la "presentación inmediata y con vida de los estudiantes víctimas de desaparición forzada", la aplicación "de protocolos eficientes de búsqueda, apegados a los más altos estándares internacionales, la acción coordinada e investigaciones exhaustivas que involucren a todas las instancias competentes", y llamaron a "no cerrar" el caso.

Fray Julián Cruzalta, asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, precisó que "la fe debe ser actuante, no puede permanecer ajena al asunto de la justicia" y exigió que se esclarezca el caso de los normalistas.

Señaló que, como iglesias, no "los convence lo que ha dicho la Procuraduría General de la República. Queremos justicia, y justicia es acceso a la verdad".

Cae otro implicado en la desaparición de los 43 normalistas

LA REDACCIÓN
11 DE ABRIL DE 2015
ESTADOS

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Elementos de la Policía Federal detuvieron en la Ciudad de México a un hombre presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que se trata de Miguel Ángel Landa Bahena, identificado como integrante del círculo cercano a Gildardo López Astudillo, prófugo de la justicia y acusado de ser jefe de la organización criminal Guerreros Unidos.

Cuatro de las personas detenidas en octubre de 2014 y una más, capturada en noviembre de ese mismo año, señalaron a Landa Bahena como uno de los responsables de las agresiones cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Miguel Ángel Landa Bahena cuenta con una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal en la delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal.

La CNS indica que al momento de su aprehensión, el sujeto traía en su poder un arma abastecida con municiones útiles.

El detenido y el arma de fuego quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Ven en PRD que crimen impuso a Abarca

José David Estrada
Cd. de México (06 mayo 2015).-
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La Comisión Especial del PRD para investigar cómo fue postulado José Luis Abarca como candidato a Presidente Municipal de Iguala sugiere en su informe final que dicha candidatura pudo surgir por una imposición del crimen organizado.

"¿Por qué se prefirió a un candidato externo cuando en la historia del PRD en Iguala no se había presentado ese esquema?", se pregunta la comisión que presidió Pablo Gómez.

"Cualesquiera que fueran las posibles respuestas a estas interrogantes o dudas respecto a la sucesión de decisiones que llevaron a José Luis Abarca a la Presidencia Municipal de Iguala, quedaría abierta la más inquietante de todas, la cual consiste en una posible intervención del grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos como factor en la candidatura de Abarca".

El informe relata sucesos considerados inusuales durante la definición de la candidatura.

"¿Por qué Sebastián de la Rosa y sus compañeros de Iguala decidieron apoyar a José Luis Abarca al grado de llevarlo a la Presidencia Municipal con el único argumento de que promovía apoyos de la clase media de Iguala, los cuales eran, se decía, indispensables para reconquistar el Ayuntamiento?", señala el documento.

"¿Qué motivos tuvo el Grupo Guerrero, encabezado por David Jiménez Rumbo, para apoyar a Abarca y no a Díaz Bello cuando su candidato natural, Mario Castrejón, ya no estaba en la competencia a la luz de la encuesta realizada?".

La Comisión Especial no encontró mayor responsabilidad de los dirigentes nacionales en la postulación del ex perredista, salvo tangencialmente del ex presidente Jesús Zambrano, quien, afirma, recibió en 2012 el mismo expediente sobre las relaciones de Abarca con el crimen organizado que el entonces candidato Díaz Bello entregó a Andrés Manuel López Obrador, sin hacer nada al respecto.

Zambrano reconoció ante la Comisión que Sebastián de la Rosa, líder de la corriente Nueva Izquierda-Coduc, le pidió investigar si el ex Edil tenía nexos con la delincuencia organizada y que su intervención se limitó a una consulta verbal con el entonces Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien no le habría informado que había una averiguación previa abierta por la PGR.

El informe final de la Comisión Especial se construyó a partir de entrevistas con la mayor parte de los dirigentes perredistas de Guerrero e incluyó una visita a Abarca en el penal del Altiplano.

"José Luis Abarca afirma que antes de la decisión final, él mismo había expresado ante varios dirigentes perredistas que si se nombraba a Díaz Bello como candidato a Presidente Municipal, él no aceptaba ser el candidato a diputado", indica el texto sobre el encuentro en el centro penitenciario.

"Entonces se postularía como candidato del PAN a Alcalde, ya que no estaría de acuerdo con serlo por el PRI a pesar de que Rubén Figueroa Alcocer se lo había ofrecido".

En cuanto al repentino interés de Abarca por la política, el informe apunta que éste pudo surgir como una petición del grupo criminal "Guerreros Unidos".

También se pudo deber a que quería destrabar permisos para el centro comercial Galerías Tamarindos que construía en Iguala.

El ahora preso afirmó que lo que motivó fue poner orden en el gobierno municipal y sanear sus finanzas.

La Comisión dedica un apartado a reconstruir los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y concluye que la Procuraduría General de la República utilizó datos falsos y deformó los hechos para llegar a la llamada "verdad histórica", que expuso el ex Procurador Jesús Murillo Karam.

"En síntesis, estamos frente a una versión de la PGR que, en lugar de clarificar y explicar, tiende a ocultar y confundir", sostiene.

Cae ex subdirector de Policía de Iguala

Abel Barajas y César Martínez
Cd. de México (07 mayo 2015).- La Policía Federal detuvo en Morelos a Francisco Salgado Valladares, el ex subdirector de la Policía de Iguala presuntamente implicado con la banda de los Guerreros Unidos y la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con funcionarios del Gobierno Federal, Valladares fue detenido hace apenas unas horas y aun no ha sido puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero de Guerreros Unidos, en sus primeras declaraciones señaló a Salgado Valladares como el responsable de recibir los sobornos de 600 mil pesos mensuales para que la policía protegiera a su organización criminal.

El ex mando policiaco tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales de Matamoros.
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El ahora detenido es un personaje importante en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, cuando policías entregaron a los 43 normalistas a los narcotraficantes, quienes luego los ejecutaron y calcinaron.

A Salgado se le atribuye apoyar directamente en la detención de los estudiantes en Iguala y participar en el traslado hacia una brecha conocida como Loma del Coyote, donde fueron entregados a los Guerreros Unidos, que a su vez los llevaron al basurero de Cocula.

"El director (de la Policía de Iguala) Francisco Salgado Valladares le pidió al subdirector (de la Policía de Cocula) César Nava González que lo apoyara a trasladar a los jóvenes que se encontraban en el interior de la comandancia a la misma dirección que es entrada a la Loma de los Coyotes en Iguala, Guerrero, y que ahí se los entregara a las unidades que estaban esperándolos, por lo que subimos a los jóvenes", declaró Ignacio Aceves Rosales, comandante de la Policía Municipal de Cocula.

Salgado Valladares se dio a la fuga desde el 27 de septiembre y durante 7 meses y una semana había logrado evadir a las fuerzas federales, hasta hoy que fue aprehendido en Morelos.

Por otra parte, aún permanece prófugo Felipe Flores, ex jefe de Seguridad Pública de Iguala, quien también está vinculado a los hechos del 26 de septiembre.

Ayotzinapa: las aberraciones de la investigación

Anabel Hernández y Steve Fisher
16 de mayo de 2015

En enero el procurador Murillo Karam dio la “verdad histórica” de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: fueron incinerados en el basurero de Cocula hasta dejarlos irreconocibles. Un trabajo de Proceso con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley permite afirmar que esa “verdad histórica” se sustentó en declaraciones contradictorias -presumiblemente obtenidas mediante tortura-, que se dieron por buenas sólo para apuntalar una versión prefigurada por la SEIDO desde octubre.

El 8 de octubre del año pasado los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez viajaron a Cuernavaca; fueron a comprar ropa barata para surtir su pequeña tienda, en Iguala.

El dueño del comercio era Osvaldo; Miguel Ángel lo ayudaba para ganar más dinero pues su esposa, Viridiana, estaba embarazada.

Pero ese día fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) con el apoyo de la Marina. Confundieron a Osvaldo con Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala.

En helicóptero se llevaron a los hermanos a Iguala y en el trayecto amenazaron a Miguel Ángel con lanzarlo desde el aire; después les ordenaron asumir la responsabilidad por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre.

Luego -como consta en los expedientes de la PGR que los reporteros consultaron- los marinos llevaron a los hermanos al paraje La Parota, en Iguala. Los obligaron a cavar una fosa en la cual “iban a quedar”, les dijeron. Después vino la tortura para ambos: asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, toques eléctricos, golpes y más golpes.

Así se lo contó Miguel Ángel -preso en el penal federal de Tepic- a su esposa. “Los federales”, dice Viridiana en entrevista, querían que firmaran una declaración que ya llevaban hecha. “Firmaron, pero fue a base de tortura”, señala.

El caso de los hermanos Ríos Sánchez es muestra de cómo la Procuraduría General de la República (PGR) investigó la desaparición de los 43 normalistas.

Declaraciones contradictorias

A casi ocho meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el caso es un rompecabezas donde las piezas no encajan. Después del ataque de Iguala la PGR detuvo a 99 personas. Los reporteros revisaron las declaraciones de 27 de ellas (incluidas en el expediente de la causa penal 100/2014), rendidas entre octubre de 2014 y el pasado enero: en ellas hay numerosas versiones e incluso narraciones completamente distintas de quienes confesaron haber participado en los hechos.

Al menos 17 de esas 27 personas, según los dictámenes médicos de la PGR, estaban golpeadas. Pero al margen de esas declaraciones, desde mediados de octubre la procuraduría ya sabía cómo iba a acabar la historia: a los estudiantes los encontrarían “totalmente calcinados” y sería “imposible identificarlos”.

En la foja 293 del tomo XIII de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, la SEIDO asentó: “Al parecer fueron quemados hasta su total calcinación, por lo que posiblemente si se llegaran a encontrar dichos restos, sea imposible identificarlos”. Esta afirmación surgió de testimonios y declaraciones rendidas ante la PGR hasta el 17 de octubre.

De entre esas, sólo la de Sidronio Casarrubias insinuaba que 17 de los normalistas “ya se habían ido al agua”; es decir, los habían quemado y las cenizas habían sido tiradas al río.

En una revisión del expediente destaca que las primeras declaraciones de algunos de los presuntos culpables fueron cambiando hasta decir que en vez de haber matado a los estudiantes en Pueblo Viejo, Iguala, fueron llevados a “un lugar” de Cocula. Es decir que los testimonios se ajustaron al desenlace que la PGR tenía previsto.

Versión Pueblo Viejo

De presuntos miembros de Guerreros Unidos que confesaron su participación o dijeron tener conocimiento de lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala, se revisaron las declaraciones ministeriales de Marco Antonio Ríos Berber, Martín Alejandro Macedo Barrera, Luis Alberto José Gaspar, Osvaldo Ríos Sánchez, Miguel Ángel Ríos Sánchez, Ramiro Ocampo Pineda, Raúl Núñez Salgado y Sidronio Casarrubias Salgado.

También las de Patricio Reyes Landa, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Gómez y Felipe Rodríguez Salgado, recogidas de conferencias de prensa de la PGR y notas periodísticas.

Once policías de Cocula declararon haber participado en los eventos del 26 de septiembre: Ignacio Aceves Rosales, Nelson Román Rodríguez, Jesús Parra Arroyo, José Antonio Flores Train, Juan de la Fuente, Roberto Pedrote Nava, Arturo Reyes Barrera, Alberto Aceves Serrano, Joaquín Lagunas Franco, Óscar Veleros Segura y Julio César Mateos Rosales.

De Iguala declararon David Cruz Hernández -identificado por el exprocurador Jesús Murillo Karam como operador de radio de la policía de Iguala, pero que en realidad es bombero- y los policías Honorio Antúnez, Verónica Bahena y Alejandro Mota Román.

De sus dichos se desprenden historias totalmente distintas… y en vez de que la PGR deseche algunas de las declaraciones por sus contradicciones con la “verdad histórica” -la dada el 27 de enero por Murillo Karam-, se siguen tomando todas como ciertas, aunque la verdad de una excluya automáticamente la de las otras.

Ríos Berber, Macedo Barrera, José Gaspar y Antúnez fueron detenidos entre el 3 y el 4 de octubre de 2014. Rindieron su primera declaración ministerial en la procuraduría guerrerense el 5 de octubre y ese día fueron puestos a disposición de la SEIDO. Inmediatamente todos confesaron pertenecer al crimen organizado.

Antúnez dio el nombre de varios de sus compañeros que supuestamente trabajaban para Guerreros Unidos y fue el primero en implicar al entonces alcalde igualteco, José Luis Abarca, con ese grupo criminal, pero no aportó pruebas de ello.

Ríos Berber y Macedo Barrera detallaron su participaron en el ataque. El segundo dijo que trabajaba para El Choky, de Guerreros Unidos. Aseguró que el 26 de septiembre dispararon contra los normalistas, de los cuales afirma que estaban armados. Agregó que unos estudiantes murieron ahí y que a 17 se los llevaron a una casa de seguridad en “la Loma”, donde a unos los mataron a tiros y a otros, a golpes.

Ríos Berber también dijo que su jefe era El Choky y dio varios nombres y apodos de otros miembros de Guerreros Unidos: Vero, El Gaby, Chaky, El Chino y La Mente. Afirmó que cuando los estudiantes llegaron al centro de Iguala iban armados y dispararon; agregó que en la calle Juan Álvarez la Policía Municipal detuvo a 20 normalistas y los llevaron a la “comandancia”, sin especificar a cuál. Luego declaró que la policía los había liberado en Chilpancingo.

Aseguró que El Choky se llevó a tres estudiantes. Según su dicho, entre la medianoche y las 01:00 horas del 27 de septiembre trasladaron a los normalistas “al cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo”. Le ordenaron llevar diésel a ese punto y, cuando llegó, vio que ya habían matado a los tres.

“Al rato llegaron también al cerro El Gaby (…) y llevaba a 10 de los ayotzinapos. (…) La Mente los estaba esperando abajo y bajaron a los 10. (…)El Choky ordenó que matáramos a los 10, yo le disparé a dos en la cabeza”, dijo Ríos Berber.

Ramiro Ocampo fue detenido el 9 de octubre. Dos días después dijo ser “encargado de halcones” de Guerreros Unidos.

Aseguró que un sujeto apodado El Capu, de Guerreros Unidos, le dijo el 27 de septiembre que “había estado muy cabrona la noche” porque de la terminal de autobuses de Iguala se habían robado dos camiones. “Que el día de la balacera de Ayotzinapa El Choky, El Chaky y La Mente habían sido los que habían efectuado los levantones”. Que había entre 20 y 30 jóvenes en un autobús robado de la central camionera y les había reportado que eran estudiantes, pero venían con gente armada del grupo contrario: Los Rojos.

“Me enteré (…) que se los llevaron por el camino que va por la brecha que va para la comunidad de Pueblo Viejo (…) y tengo conocimiento que fueron ellos (la gente del Choky) quienes privaron de la vida a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y quienes inclusive los rociaron con diésel y les prendieron fuego”, señaló.

Se le hicieron tres exámenes médicos a Ocampo en la PGR: uno el día de la detención, en Iguala, y otros dos en la sede de la PGR en la Ciudad de México. En los dos primeros no presentaba lesiones; en el último, fechado el 10 de octubre, presentaba muchas.

El 16 de octubre, en una nueva declaración ante la PGR, Ríos Berber cambió su versión. Ya no dijo que hubiera participado en los hechos.

David Cruz Hernández, detenido el 10 de octubre, cambió radicalmente sus declaraciones. Ese día dijo que mediante amenazas fue obligado a trabajar como halcón para un sujeto al cual identificó como Berlín, quien fue sustituido por El Choky. No dijo nada sobre los hechos del 26 de septiembre ni contra Abarca. Un día después -muy golpeado, según el dictamen médico- declaró que fue testigo de lo ocurrido esa noche.

La Parota o Cocula

Según el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014, firmado por tres suboficiales de la PFM y tres efectivos de la Marina, el 8 de octubre detuvieron en Cuernavaca a los hermanos Ríos Sánchez porque a la distancia vieron que de la mochila de uno de ellos se asomaba la punta de un arma larga. Según el oficio, ambos declararon inmediatamente ser miembros de Guerreros Unidos y saber dónde habían sido asesinados y enterrados los estudiantes: en el paraje La Parota. Nada se menciona de que marinos y policías habrían confundido a Osvaldo Ríos con Salomón Pineda Villa.

Por supuestas fallas mecánicas en los vehículos no fueron presentados ante la SEIDO sino hasta un día después. De acuerdo con los dictámenes médicos realizados por la PGR ese 9 de octubre, Miguel Ángel presentaba al menos 10 lesiones y Osvaldo 14.

El 13 de octubre 24 policías de Cocula fueron detenidos por federales ministeriales y rindieron su declaración ante la PGR el 14 y el 15 de octubre. Según el dictamen médico, 16 presentaban golpes y lesiones.

Once declararon haber ido a Iguala la noche del 26 de septiembre en tres pick up para apoyar a la policía en una balacera; los comandaba Ignacio Aceves Rosales. Los testimonios coinciden en que llegaron a Periférico y Juan Álvarez donde estaban tres de los cinco camiones en los cuales viajaban los normalistas. De ahí en adelante los testimonios son contradictorios.

Algunos aseguran que de ahí se fueron directamente a Metlapa y luego a Cocula; los más, que fueron a la base de la policía de Iguala. Algunos, como Aceves Rosales, refieren que cuando llegaron había 13 estudiantes en el patio; otros dicen que, cuando ellos estaban en la comandancia, llegaron patrullas igualtecas con 30 estudiantes, a quienes bajaron en la calle.

Aceves Rosales dijo también que en dos patrullas de Cocula se llevaron a jóvenes, seis en cada una, a Loma de los Coyotes y ahí los entregaron a policías igualtecos, quienes a su vez se los dieron a un sujeto apodado El Pato, que se los llevó en un camión de redilas. Aceves Rosales era uno de los declarantes más golpeados, según los dictámenes.

Mateos Rosales afirmó que cuando llegaron a la base de Iguala entró una patrulla de Cocula y salió con ocho o 10 personas a bordo, y que otra patrulla de la misma corporación que estaba en la calle metió otro tanto de normalistas. Dice que los llevaron a Loma de los Coyotes, donde los entregaron a policías igualtecos.

La esposa de Mateos Rosales, Minerva Ochoa, afirma en entrevista que no es posible que su marido haya participado en los hechos, pues ese 26 de septiembre no trabajó y hay testigos de eso. Informa además que desde principios de abril a todos los policías de Cocula les retiraron el derecho a un defensor de oficio.

El gobierno federal detuvo a finales de octubre a Patricio Reyes Landa (a quien la PGR adjudica el apodo de El Pato), Agustín García Reyes y Jonathan Osorio Gómez, supuestos miembros de Guerreros Unidos. Sus testimonios fueron mostrados por la PGR en una conferencia de prensa el 7 de noviembre.

El rostro de Reyes Landa mostraba las huellas de una golpiza. García Reyes declaró que quemaron a 44 personas. “Dicen que eran 44, yo oí; así que los haya contado uno por uno, no”, dijo en un video presentado por la PGR.

“Las declaraciones vertidas por los detenidos y que fueron corroboradas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones… dejan clara la dimensión y profundidad de la investigación”, dijo Murillo Karam el pasado 27 de enero en la conferencia de prensa durante la cual dejó asentada la “verdad histórica” de la institución. Pero desde mediados de octubre de 2014 la PGR ya sabía cómo iba a concluir su investigación.

Finalmente, en abril, el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga el caso Ayotzinapa, recomendó a la PGR abrir nuevas líneas de investigación y completar la información oficial sobre los escenarios en los cuales se dio el ataque en Iguala.

Ayotzinapa: se caen piezas clave de la versión oficial

Anabel Hernández y Steve Fisher
13 de junio de 2015

Reportaje Especial
Una pieza clave en la versión que la PGR ha difundido tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es que los estudiantes fueron detenidos y llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala antes de ser entregados al cártel de Guerreros Unidos. Pero el juez de barandilla que debería haberlos recibido asegura que no fue así. En esta sexta entrega del reportaje realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, documentos y testimonios fortalecen la versión del juzgador, quien actualmente está solicitando asilo en Estados Unidos y teme por su vida.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ulises Bernabé García era juez de barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se perpetró la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En entrevista exclusiva revela lo que pasó esa noche.

En esta sexta entrega de la investigación realizada con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, García asegura en entrevista –desde una ciudad mexicana fronteriza, y a punto de cruzar a Estados Unidos– que los estudiantes jamás fueron llevados a esa base y que tampoco llegaron policías municipales de Cocula, tal como asienta la versión oficial.

Su testimonio y documentos obtenidos para esta investigación revelan que la peor parte de los ataques contra los normalistas ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal estaban operando en las calles de Iguala.

Una de las partes principales de la versión oficial es que, a las 11:30 de aquella noche, policías de Iguala se llevaron a estudiantes de la calle Juan Álvarez –donde ocurrió una de las agresiones contra los normalistas– a la base de la policía municipal. En una versión, la PGR asienta que fueron los 43 y, en otra, que sólo 10 o 15. De ahí, en dos patrullas de la Policía Municipal de Cocula se los llevaron al paraje Loma de los Coyotes, donde los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente los asesinó y quemó a la media noche de ese día en un basurero.

En contraste, García afirma que, en las horas que la Procuraduría General de la República (PGR) dice que los estudiantes fueron llevados a la base, un militar conocido como el “Capitán Crespo”, del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando de un grupo de 12 soldados uniformados y armados realizó una minuciosa inspección en toda la comandancia por más de 15 minutos. Poco después, señala García, llegó al mismo sitio el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, y tomó control de la base por el resto de la noche y hasta las 8 de la mañana del día siguiente.

(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2015 de la revista Proceso, ya en circulación)

Caso Ayotzinapa: CNDH presenta recomendación

Piden a PGR y la Fiscalía Estatal practicar peritajes necesarios para esclarecer el caso como georeferenciación de líneas, mensajes y llamadas telefónicas

23/07/2015 13:23 Juan Omar Fierro


La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un primer informe sobre la investigación del caso Iguala, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el cual se advierte que la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Guerrero, han dejado de practicar diversas diligencias y peritajes que son necesarios para esclarecer este caso.

Entre los peritajes y declaraciones ministeriales que la PGR y la Fiscalía Estatal no han practicado, se encuentran la georeferenciación de líneas, mensajes y llamadas telefónicas, realizadas por desconocidos a los familiares de los estudiantes desaparecidos, un día después de que fueran secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes presuntamente los entregaron a integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos".

Además, es necesaria la ampliación de declaraciones ministeriales de policías federales y militares que se encontraban destacamentados, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, de los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero.

"En el seguimiento a la dinámica de comparecencias de personal militar en ese asunto, se estima que, respecto de 4 elementos cuya actividad estaba enfocada a la recepción de información sobre el acontecer cotidiano en la vía pública relacionado con la seguridad, sería conveniente su comparecencia porque, a través de sus testimonios, podría precisarse el contenido de los reportes generados en la sucesión de los hechos que se investigan", señala la recomendación previa.

En total, se solicitan los testimonios de 8 militares y 4 buzos de la marina; en el primer caso, relacionados con la actuación del ejército el día de los hechos, mientras que en el caso de la marina, se solicita la ampliación de la declaración de los buzos que participaron en el hallazgo de restos óseos en el río Colula, para corroborar o descartar la información sobre la recuperación de evidencias en el lugar.

Además, se solicita a la Sedena, aclarar si alguno de los 43 normalistas desaparecidos pertenecen o pertenecieron al ejército mexicano.

"Es necesario solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, información sobre quiénes de los 43 desaparecidos en los hechos de Iguala pertenecen o han pertenecido al ejército. Los datos que se proporcionen podrán ser útiles en la integración de las fichas de identificación de los estudiantes, fundamentales en cualquier acción de búsqueda", señala el documento.

La presentación del documento la realiza el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, con apoyo de José Larrieta, titular de la Oficina Especial para la Investigación del Caso Iguala.

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Investigación sobre los 43 de Ayotzinapa está incompleta: CNDH

Ómbudsman señala que faltan al menos ocho peritajes en las indagatorias del caso

24/07/2015 05:00 Juan Omar Fierro


politica@eluniversal.com.mx

La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa —ocurrida los días 26 y 27 de septiembre de 2014— está incompleta y no se puede dar por cerrada, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al presentar un informe preliminar sobre el avance de las investigaciones que realiza la PGR, la CNDH reveló que la dependencia a cargo de Arely Gómez González no ha agotado todas las líneas de investigación planteadas por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y familiares de las víctimas, además de subrayar que todavía no existe ninguna sentencia definitiva sobre el caso.

El informe denominado Estado de la Investigación del Caso Iguala, elaborado por el ex zar anticrimen, José Larrieta Carrasco, señala que en las indagatorias de la PGR faltan por practicarse al menos ocho peritajes en distintas materias, interrogatorios complementarios y nuevas comparecencias de policías federales y militares que estuvieron destacamentados en Iguala el día de los hechos; así como la identificación plena de todos los implicados, ya que al menos 13 de los involucrados sólo aparecen en las averiguaciones previas por sobrenombres y apodos.

El documento que realizó el actual encargado de la Oficina Especial para el caso Iguala, agrega que se deben agotar todas las líneas de investigación que han surgido a lo largo del año, incluyendo las versiones de que algunos estudiantes han regresado vivos a sus comunidades, los rumores de que podrían estar “autosecuestrados” y la posibilidad de que fueran víctimas de una disputa territorial entre los grupos criminales que operan en esa región : Los Rojos y Guerreros Unidos.

“Vemos la necesidad imperiosa de que también se haga una investigación referente a cómo pudo incidir el grupo del crimen organizado autodenominado Los Rojos, porque ha habido distintas referencias a éste, e incluso que se pudiera dilucidar si la disputa territorial entre ambos grupos criminales tuvo o no injerencia en la desaparición de los estudiantes, detalló José Larrieta.

En lo que se refiere a más comparecencias y declaraciones ministeriales, el ómbudsman nacional advirtió que son necesarios nuevos interrogatorios de la PGR a policías estatales, ministeriales y federales que estuvieron en Iguala y Cocula, Guerrero, el día de los hechos, con el fin de ampliar sus declaraciones vertidas ante el Ministerio Público Federal y también para conocer los actos y órdenes de servicio que se les asignaron los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

En el caso de los militares, González Pérez dijo que 38 elementos del Ejército han rendido declaración ministerial ante la PGR, destacando que es indispensable recabar la información de cuatro elementos militares del 27 Batallón de Iguala, Guerrero, los cuales se dedicaban a la recepción de informes sobre el acontecer cotidiano en ese municipio, para precisar la sucesión de hechos que se investigan a raíz del secuestro y desaparición de los normalistas.

Además, la CNDH solicitó a la PGR que programe la comparecencia de tres militares que de forma posterior a la agresión sufrida por los 43 estudiantes acudieron a verificar lo que estaba sucediendo en las calles de Iguala, incluyendo la esquina conformada por Juan N. Álvarez y Periférico, ya que en dicho lugar se dió el secuestro de los estudiantes, quienes después fueron presuntamente entregados al crimen organizado.

Por considerar que pueden aportar más elementos para la investigación, se pide que otros dos elementos del Ejército comparezcan sobre el entorno imperante en Iguala el día de los hechos y otras circunstancias tangenciales relacionadas con la indagatoria. En total, la CNDH estima necesaria la declaración o ampliación de nueve elementos pertenecientes a la milicia.

De igual forma, en el documento que la CNDH entregó a la PGR y a los padres de los normalistas desaparecidos, se pide que los cuatro buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la recolección de evidencia en el Río Cocula, comparezcan ante el Ministerio Público Federal, para verificar en qué condiciones recuperaron las bolsas con restos óseos y cenizas que estaban depositadas en una de las riberas de ese afluente.

“Esa diligencia resulta relevante para corroborar o descartar información sobre el segmento de la ‘Ruta de la Desaparición’ que tiene que ver con la incineración y la disipación de los restos de acuerdo a lo sostenido por la versión oficial. Podría contribuir a atender las inquietudes generadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense sobre la recuperación de las evidencias”, sostiene el informe de la CNDH.

Respecto a los peritajes que la Comisión considera indispensables para dar más certeza a la investigación, el organismo advierte que la PGR no realizó pruebas de perfil genético en ocho playeras, suéteres y accesorios que presentaban restos de sangre, cabellos y secreciones, ropa que fue recolectada en las inmediaciones de los autobuses que usaban los normalistas para desplazarse el día de los hechos. Dichos análisis servirían para relacionar las prendas con los jóvenes desaparecidos.

Otro peritaje que no aparece en las investigaciones es la prueba de balística forense a los casquillos y cartuchos que se encontraron en el basurero de Cocula, con el fin de confrontarlos con los elementos recuperados en Iguala, tras la agresión a los normalistas que dejó un saldo global de 43 desaparecidos, seis muertos y 33 lesionados, uno de los cuales permanece hospitalizado en estado de coma. El objeto de dicha prueba sería relacionar las armas usadas en ambos eventos.

Por último, la CNDH solicitó a la PGR realizar dictámenes periciales comparativos entre la tierra hallada en el basurero de Cocula y la que estaba contenida en las bolsas con cenizas y restos óseos, recabar indicios biológicos en las patrullas, autobuses y vehículos que se usaron en la desaparición de los normalistas, comparar los restos calcinados hallados en el basurero con otros encontrados en el lugar y elaborar un informe definitivo sobre todo lo encontrado en ambas partes, ya que existen contradicciones entre la presencia de huesos de animales y humanos.

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Errores y omisiones en la autopsia del normalista desollado

Peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, aseguran. Piden que las autoridades no obstaculicen las investigaciones y que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice la exhumación de Julio César Mondragón.


Redacción AN
agosto 18, 2015 8:27 am


Familiares de Julio César Mondragón -normalista asesinado el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero- denunciaron que “los trabajos realizados durante las diligencias de levantamiento de cadáver y necropsia de ley fueron parciales y omitieron señalar, estudiar evidencia y datos que se tenían a la vista”.

“Los peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, esto atenta contra los principios que rigen la labor de las instituciones que procuran justicia, principios como honestidad y apego a la verdad, profesionalismo, imparcialidad y legalidad. Resultado de esta ineficacia y falta de autonomía es la necesidad de realizar exámenes forenses post mortem, con la conducente revictimización de una familia golpeada por la represión de Estado“, señalaron sobre el trabajo realizado por la Fiscalía del Estado de Guerrero.

Ante ello, manifestaron que “es necesaria una nueva autopsia y para ello la exhumación del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes. Queremos poner fin a la especulación, a las preguntas sin respuesta o respuesta parcial y malamente respondidas”, pero en lugar de que se encarguen peritos locales, que sean los argentinos.

“La falta de ética y profesionalismo de los peritos cuyos dictámenes forenses están contenidos en el expediente de Julio César Mondragón Fontes son muestra clara de la nula voluntad que desde el principio han tenido las autoridades de Guerrero para resolver las ejecuciones extrajudiciales, lesiones, desaparición forzada y tortura cometidas por agentes del Estado Mexicano”, sostuvieron.

Para los familiares, la Fiscalía de Guerrero ha fallado en investigar conforme a derecho los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero; la Procuraduría General de la República (PGR) por su parte, no atrajo el caso de Julio César Mondragón Fontes, “a pesar de las graves irregularidades que ya hemos denunciado y que desde el primer momento lo solicitamos”.

“Ha sido tal el desaseo en la investigación que hoy, con los datos contenidos en el expediente, no es posible establecer la causa de muerte de Julio César Mondragón Fontes“, sostuvieron.

“Por estas razones hemos solicitado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que nos asista para obtener una opinión fundamentada, con los elementos que la ciencia y la técnica pueden permitir para esclarecer la verdad a casi un año de lo sucedido. Nuestra confianza y nuestras esperanzas se encuentran en el trabajo del EAAF”, indicaron los familiares del normalista de Ayotzinapa.

Para lograr ese objetivo, solicitaron a la autoridad judicial del fuero común en Iguala, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Procuraduría General de la República que permitan y faciliten que los especialistas forenses independientes puedan trabajar “sin obstáculos, con los mecanismos adecuados que salvaguarden su participación en la cadena de custodia del material extraído y que impidan la contaminación de muestras, la pérdida de pruebas o fallas en la manipulación de los restos”.

Reconocieron que la “operación de re-autopsia es difícil y compleja, por lo que también solicitamos sean proporcionadas las instalaciones e instrumentos idóneos para su realización”.

Confiaron en que al fin se pueda identificar el número de personas que participaron en su ejecución y contribuya como prueba jurídica al enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales del crimen.

La “verdad histórica” al basurero; no hubo incendio en Cocula, concluye el GIEI

GLORIA LETICIA DÍAZ
7 DE DICIEMBRE DE 2015
NACIONAL


Peritos argentinos en el basurero de Cocula.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, DF (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmintió, una vez más y con evidencias científicas, la “verdad histórica” sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa para informar sobre el avance de las indagatorias, ahora a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Aljandro Valencia, integrantes del grupo, insistieron en que es innecesaria la realización de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, como lo sostiene la dependencia.

Menos aún, tras la recepción de “un estudio de un centro especializado en meteorología” y de “registros o fotografías satelitales”.

Tras señalar que trabajan con el nuevo equipo de investigación en la selección de expertos, el plan de trabajo y la metodología para un tercer peritaje, los expertos detallaron que a petición suya la PGR solicitó estudios especializados, mismos que se realizaron el pasado 30 de septiembre.

Los análisis concluyeron que “sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”.

Ángela Buitrago apuntó que el estudio fue realizado por una “institución de metodología reconocida”, de la que se reservó el nombre. Con ello, dijo, “está reforzándose el expediente con la garantía de ser una institución muy seria y además fue efectivamente una prueba solicitada por la PGR”.

La exfiscal de Colombia resaltó que la confirmación de que no ocurrió la “verdad histórica” no implica la “absolución” de los presuntos implicados en el caso, en el cual se preserva lo esencial: que “los muchachos fueron tomados el 26 y 27 de septiembre de 2014, llevados por la policía y desaparecidos”.

En todo caso, agregó, el desmoronamiento de la “verdad histórica”, implicaría a “dirigir la iniciativa de búsqueda a otros lugares”. Basta recordar, dijo, que “la multiplicidad de posibilidades de lugares estaba dada en la investigación desde el principio y la multiplicidad de número de estudiantes ultimados o asesinados estaba dada”.

El interrogatorio al 27 Batallón

Carlos Beristain, integrante del Grupo, advirtió que además de esta “prueba científica más” en el expediente “no hay ninguna declaración por parte de ninguno de los inculpados de que ahí hubiera sido llevado un grupo más reducido de normalistas (como lo han dicho algunos funcionarios de la PGR) y eso significaría una quinta versión de los hechos que no tiene nada que ver con las declaraciones y con una investigación seria”.

Sobre la insistencia de interrogar a miembros del 27 Batallón de Infantería del ejército mexicano radicado en Iguala, Beristain apuntó que aunque la PGR consignó la ampliación de declaración de 11 elementos –de los 27 que los expertos le pidieron–, éstas no responden a las interrogantes del GIEI.

El especialista comentó que tras leer las actas ministeriales, “se necesitan profundizar, no sabemos si se preguntaron muchas cosas porque son narrativas de una historia, no se incluyen las preguntas”.

El GIEI, agregó, “no quita el dedo del renglón” para estar presente si se dan los interrogatorios a militares ante agentes ministeriales, considerando que al menos 27 soldados señalados “fueron testigos de hechos ocurridos en al menos cuatro escenarios que son clave para esclarecer los hechos y ojalá den elementos de búsqueda”.

Incluso, comentó que “por lo menos uno” de ellos tomó fotografías y un video de los hechos, aunque nada de eso ha sido incorporado al expediente.

El experto español confirmó también que el GIEI no asistirá a la reunión que sostendrán los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en Acapulco, programado para este jueves 10 de diciembre.

Los expertos anunciaron que han propuesto algunas diligencias de búsqueda y están en espera de que se realicen las expediciones con base en los resultados de la investigación.

Alejandro Valencia, otro integrante del Grupo, descartó que la nuevas propuestas de búsqueda del GIEI correspondan a las anunciadas por funcionarios federales — como acudir a Puebla y al Estado de México, pues son exploraciones “que se hicieron el año pasado, no son búsquedas recientes”–, sino que forman parte de las 667 búsquedas realizadas por la Policía Federal.

Sin definir los puntos a revisión, Valencia puntualizó que los sitios propuestos por el GIEI obedecen “a líneas de investigación con este nuevo equipo, con quienes hemos acordado que lo que se vaya a realizar sea de manera prudente y obedezca a los indicios y resultados preliminares que arroje la investigación”.

En la conferencia los expertos dieron a conocer que la PGR realizó una reconstrucción de hechos en la carretera a Santa Teresa, donde fue atacado un camión en el que viajaban los integrantes de equipo de futbol “Los Avispones” y murieron tres personas.

Agregó que en la reconstrucción –hecha 14 meses después–, la PGR reportó hallazgos, como casquillos de bala, que pretende integrar en el expediente. Ante ello, el Grupo solicitó que dichos elementos sean procesados de forma independiente, toda vez que en dos exploraciones anteriores no se habían reportado esos elementos y que pudieran corresponder a hechos distintos.

Trabas con cuerpo de un estudiante

Sobre la segunda autopsia realizada el pasado 5 de noviembre al estudiante Julio César Mondragón –a quien le quitaron la piel del rostro–, en la que intervinieron integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los especialistas del GIEI resaltaron que el cuerpo presentaba “una gran cantidad de traumatismos (…) mucho más de los referidos en la primera autopsia”. Luego, recomendaron agilizar los trámites administrativos de devolución de los restos a sus familiares para inhumarlo.

Presentes en la conferencia, familiares de Mondragón Fontes denunciaron que a pesar de que ya se le realizaron las pruebas más importantes al cadáver, no se le han tomado los restos de ADN, debido a trámites burocráticos de los juzgados Tercero Penal en Tepic, Nayarit, y Primero Penal en Jalancingo, Veracruz.

Marisa Mendoza, viuda del joven estudiante, denunció que tras un mes de que el cuerpo de Julio César permanece en un refrigerador, se corre el riesgo de que la diligencia de toma de muestras sanguíneas para el cotejo de ADN no se realice antes del 18 de diciembre, justo cuando los juzgados federales suspenden labores por las fiestas de fin de año.

La “verdad histórica” termina en montaje histórico: el satélite desmiente incendio en Cocula

Por Shaila Rosagel diciembre 7, 2015 - 10:30h

El GIEI aclaró que se debe agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia hecha a Julio César Mondragón, y aclaró que el normalista Aldo Gutiérrez se encuentra en estado vegetativo y no de muerte cerebral como se ha manejado.


El Grupo de Expertos de la CIDH en la conferencia de prensa de esta mañana. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) reveló hoy que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014 .

La evidencia fue otorgada por una institución metereológica, de la cual no dieron el nombre por reserva de información en el expediente, a solicitud de la misma Procuraduría.

Angela Buitrago, del Grupo de Expertos reveló que las imágenes satelitales, entregadas el 30 de septiembre de este año, indican que entre la 1:00 y 4:00 de la madrugada del 27 llovió en la zona con una precipitación de 21.8 milímetros.

“El hecho de que no sea en el basurero de Cocula, no genera la liberación automática de los presuntos responsables. No quita la desaparición de los muchachos, que fueron tomados y llevados por policías. La desaparición existe”, dijo Carlos Beristain sobre los más de 100 detenidos por la PGR en torno a la “verdad histórica”.
El GIEI enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de militares del 27 Batallón. Luego de una revisión de los últimos tomos del expediente, los expertos se percataron de que entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre declararon varios militares, sin que el Grupo fuera informado.

Destacaron la necesidad de que se amplien las declaraciones, pues lo que hay en el expediente no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.

Los militares estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la noche de la desaparición. El GIEI indicó que hay nuevos lugares de búsqueda para la PGR, sin mencionar los nombres por confidencialidad de la investigación.

El Grupo aclaró que se deben agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia hecha a Julio César Mondragón, y aclaró que el normalista Aldo Gutiérrez se encuentra en estado vegetativo y no de muerte cerebral como se ha manejado.

En cuanto a la nueva evidencia científica de lo ocurrido en el basurero, los expertos de la CIDH dijeron que a raíz de la petición de la PGR de realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, se tomó el acuerdo conjunto de establecer las características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo dictamen.

En la actualidad, la PGR trabaja con el GIEI en dicho proceso de selección, definición de la metodología y de los tiempos de trabajo. “Se están traduciendo al inglés los insumos para el nuevo dictamen, entre ellos el material de José Torero y de los peritajes de la PGR, y una síntesis de las declaraciones de los inculpados, que serán enviados previamente para su estudio a los expertos en fuego que participen”, informó el GIEI.

El Grupo señaló que no hay ninguna constancia en el expediente, ni en declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, “de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho basurero”, por lo que pidió no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados.

Dijo que la PGR, a petición del GIEI, pidió un estudio a un centro especializado en meteorología sobre la situación en la zona de Cocula-Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

El estudio, realizado el 30 de septiembre de 2015 por dicho centro, tras la publicación del informe del GIEI, señala en sus conclusiones que la estación meteorológica de Iguala tuvo una precipitación acumulada de 21.8 mm de la 1 am a las 4 am del 27 de septiembre de 2014. Aunque no se consiguieron registros sobre Cocula, el informe señala que los pronósticos e imágenes de nubes muestran un perfil similar.

En el estudio citado, el monitoreo satelital muestra un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula. Dicho informe concluye que: “sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”.

El GIEI consideró que este análisis apoya totalmente las revelaciones incluidas en su informe y que debe ser aportado como un material fundamental en la realización de cualquier estudio.

Además, reiteró que quieren participar en las entrevistas los soldados del Batallón 27 de Infantería, asentado en Iguala, y denunció que no fueron invitados por la PGR a la toma de declaración de 11 militares el 26 de agosto y el 11 de septiembre pasados.

Los expertos ofrecieron la rueda de prensa en el marco de su segundo mandato de seis meses sobre el caso, que expira en abril de 2016, luego de que la CIDH y el gobierno sellará una segunda etapa de trabajo sobre la base de 10 compromisos, entre ellos el cambio de la oficina que lleva la investigación del caso.

Sube la PGR a Internet la segunda parte de la averiguación previa del caso Iguala
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 12 de abril de 2016, p. 4
La Procuraduría General de la República (PGR) puso este lunes en su portal de Internet la segunda parte de la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala-Ayotzinapa. En esta segunda etapa de la indagatoria, encabezada por la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la dependencia, destaca que los funcionarios ministeriales efectuaron medio centenar de peritajes en diversas materias, fundamentalmente uno en materia de fuego, además de que entre octubre de 2015 y enero de 2016 volvieron a interrogar a varios sobrevivientes, testigos y a presuntos responsables de los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La integración de esta segunda parte del expediente consta de 48 mil 583 fojas divididas en 69 tomos y 14 anexos, y en su elaboración la PGR requirió alrededor de 2 meses, con la participación de poco más de 30 servidores públicos. En uno de los tomos que integra la indagatoria se puede leer el resultado de un tercer estudio solicitado a un grupo colegiado de peritos en materia de fuego, del que tenían conocimiento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la propia dependencia, cuyos peritos determinaron, en un informe parcial, que en el basurero de Cocula sí hubo un incendio controlado, pero no precisa fecha.

Ricardo Damián Torres, integrante del grupo de expertos de fuego contratados por la procuraduría, señaló que en ese basurero hubo un incendio, pero no precisó cuándo. El estudio confirma que se hallaron restos óseos de 17 personas, pero no afirma que correspondan a los normalistas.

Otro elemento novedoso que se desprende de esta segunda etapa de la investigación (lo que se encuentra en el último de los 69 tomos) es que la Dirección General de Servicios Periciales de la PGR realizó aclaraciones a dictámenes de estudio post mortem realizados a una veintena de cadáveres que permanecen en calidad de desconocidos en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Los cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en los días posteriores a los hechos de Iguala (septiembre de 2014), pero en los resultados de esos dictámenes se descarta por completo que alguno de esos cadáveres corresponda a alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que permanecen en calidad de desaparecidos.

Este lunes, en un comunicado, la PGR informó que ‘‘con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la información y el derecho a la verdad, a partir de este día se podrá consultar (el expediente del caso) a través de Internet; así lo instruyó la procuradora Arely Gómez González a la Unidad de Apertura Gubernamental’’.

La versión pública de la segunda parte de la indagatoria.

La documentación que ha hecho pública la PGR está desprovista de datos personales como nombres, domicilios, números telefónicos y de cuentas bancarias, entre otros.

La PGR dijo que el testado de datos fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), con el fin de garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y acusados.

La totalidad de la segunda parte de la versión pública está disponible para su descarga en formato PDF. En caso de que se requiera acceder al expediente de forma física, o solicitar copia simple o certificada del mismo, la persona interesada puede realizar una solicitud de acceso a la información a través del sistema Infomex.
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/12/politica/004n1pol

Informe del GIEI, acusación a la justicia de México: NYT
De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2016, p. 12
En un editorial encabezado México huye de la verdad, el New York Times considera que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se tiene que interpretar como una acusación al sistema judicial notoriamente corrupto y frecuentemente brutal de México.

Resumiendo las tareas del GIEI y sus experiencias en sus investigaciones, el editorial recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Guerrero en diciembre de 2014, donde pocos meses atrás habían desaparecido los 43 normalistas, para pedir que México superara esta fase y siguiera adelante. Peña Nieto, comenta, tendría que haberse engañado al pensar que podría dar la vuelta a una atrocidad contra los derechos humanos que enfureció a la nación, cuando el gobierno no tenía respuestas sobre quién cometió el crimen ni por qué.

Añade que semanas antes de esto, y respondiendo a protestas masivas y condenas internacionales, Peña Nieto había acordado permitir el ingreso del GIEI, pero, después de que éste presentó su primer informe, en lugar de reconocer el significado de esas conclusiones, el gobierno mexicano obstruyó las solicitudes de información y de acceso a testigos claves. Más aún, cuando aparecieron notas periodísticas descalificando a dos de las integrantes del GIEI, se interpretó que eran parte de una campaña realizada con la bendición del gobierno.

El editorial resume las conclusiones del informe final y cuenta que éste fue presentado el domingo en México, donde “familiares de las víctimas corearon ‘no se vayan, no se vayan’. Ningún funcionario mexicano se molestó en presentarse. Eso dejó más que volúmenes enteros sobre la falta de voluntad política del gobierno para reformar las instituciones judiciales y sobre la insensibilidad hacia sus ciudadanos”.

El juego en que todos pierden. El error absurdo de bloquear al GIEI
De Isabel Arvide • 27 de abril del 2016

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México, 27 de abril.- Cuando Enrique Peña Nieto esté fuera del poder, cuando ninguno sepa quién es Humberto Castillejos, o por qué nombraron a Arely Gómez en la PGR, cuando las declaraciones sudando enojo de Miguel Osorio Chong hayan desaparecido de las horas pico de las televisoras, cuando este gobierno no sea sino pasado, permanecerán las conclusiones que un grupo de expertos, extranjeros, vinculados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaron.

Quedará, frente a todos los boletines oficiales, sembrada la duda. Permanecerán los señalamientos sobre tortura, incapacidad, falta de voluntad, bloqueo que hicieron. Y el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala seguirá vigente.

No permitir que estos expertos, que tienen prestigio y confiabilidad, continuarán su investigación o como quiera llamarse a su “coadyuvancia”, es un error político inmenso, es una de esas decisiones que no tiene un solo lado positivo.

¿Quiere el gobierno, realmente, establecer las circunstancias del secuestro y posterior asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa? Honestamente no entiendo por qué no querría, de cara a la magnificación de los errores, omisiones del Estado Mexicano. Frente a la suma, inmoral, de hechos que permitieron que esto sucediese. Errores que ya son públicos.

Yo, primera persona del singular, imagino que intencionalmente la autoridad federal, policía y militares, permitieron que fuesen secuestrados por policías, a sabiendas de que serían asesinados. ¿Por qué? Porque estaban considerados un dolor de cabeza, un problema repetido, porque los veían, los calificaban con un inmenso desprecio.

No creo, otra vez primera persona del singular, que los hayan asesinado en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, pero sí, definitivo estoy convencida como los expertos del GIEI, como millones de mexicanos que no hicieron nada para protegerlos. Y eso provoca una tristeza, una indignación inmensa. Porque nuestras fuerzas armadas tienen obligación constitucional de “proteger” a los mexicanos. A todos los mexicanos.

Eran sus enemigos. Detrás de su actuación esa noche, controlando el C-4, enviando oficiales de Inteligencia, interrogando a los heridos en los hospitales, está presente esto: eran sus enemigos. Y los vieron, los trataron, como tales.

El desprecio vigente que se tradujo en omisión.

Las preguntas que los expertos del GIEI querían hacerles, a partir de las contradicciones de declaraciones oficiales de varios militares que constan en el expediente, eran lógicas. Y buscaban, únicamente, establecer las razones de su participación como testigos omisos. Sobre todo, explicaron, querían conocer la cadena de mando.

Y ahí estriba el punto de quiebre terrible. Porque esta omisión, esta manera inexplicable en que estuvieron presentes sin hacer nada, fue por orden superior. Consecuencia de una decisión formal, de sus jefes.

Si a esto, vaya que tiene contenidos duros para el Estado Mexicano el Informe final de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le agregamos que los detenidos, policías, sicarios, narcotraficantes, fueron torturados, el papel de la PGR es fatal. Amerita que la procuradora Arely Gómez renuncie.

Lo que no va a suceder. Ni siquiera se va a quitar de su puesto al responsable de la investigación, Tomás Zerón, a quien acusan con un video donde se prueban estos dichos, de “sembrar evidencia”, precisamente los restos humanos que han permitido la única identificación de uno de los normalistas.

Una de las cosas más importantes de estas conclusiones es lo que dijo Carlos Martín Beristáin: Se fundamenta calificar a los hechos de la noche de Iguala como “desaparición forzada”. Lo que se refiere a estándares internacionales. Y, obvio, lo convierte en un crimen de Estado.

Crimen de Estado que podrá ser juzgado internacionalmente. No importa cuántos años pasen. Crimen de Estado que será responsabilidad de este gobierno, del Presidente Enrique Peña Nieto.

¿Qué no hubiese sido más simple, más a favor, permitir que siguiesen por los años de los años las investigaciones del GIEI? Hasta topar con pared.

Ahora las exigencias de los familiares, de los centros de derechos humanos que han estado con ellos, tienen una justificación tremenda. Ahora no hablan de oídas sino basados en lo que dijeron los expertos. Y no veo, en verdad no veo, cómo el gobierno va a poder resolver esto.

No es un tema que vaya a quedar sepultado, olvidado con el tiempo. Las 22 recomendaciones de los expertos han fortalecido la desconfianza y la indignación. A este paso los estudiantes desaparecidos se convertirán en un símbolo, con traducción internacional, de todo lo que está mal en nuestro país, y de todo lo que estando mal en nuestro país, este gobierno no quiso enmendar.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor MX

http://www.milenio.com/politica/Inculpados_asesinato_normalistas-MP-sospechosos_lastimados_asesinato_normalistas_0_727127298.html

Descalifica Zerón video del GIEI; alega confusión en registro de fechas
POR PATRICIA DÁVILA , 27 ABRIL, 2016 NACIONAL
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguró que lo que se registra en el video exhibido el domingo 24 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “es una de las múltiples visitas que realicé al estado de Guerrero” para encabezar la investigación “más profunda” de un hecho delictivo en la historia reciente de la procuración de justicia en México.

Antes de iniciar la descalificación del video del GIEI, Zerón de Lucio justificó su demora en dar una explicación sobre el tema: “Acabo de regresar de una reunión en las oficinas centrales del secretario general de Interpol en Lyon, Francia. Es por ello que hasta este día estoy en posibilidad de brindar este mensaje a la opinión pública”.

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El funcionario de la PGR dijo que hay errores “involuntarios” en el video: “Quiero hacer notar que el video presentado por el GIEI registra una hora equivocada. Indica que mi recorrido por la orilla del río San Juan tuvo lugar a las 17:40 horas, a pesar de que tanto el detenido como los funcionarios regresaron a la Ciudad de México poco después de esa hora”.

El video en cuestión, abundó, tiene otro presunto error: al inicio muestra la leyenda “Puente Río San Juan 15:36 horas del 28 de octubre de 2014. Posteriormente la leyenda ‘Abandonan el lugar a las 18:23 del 28 de diciembre de 2014’, es decir, dos meses después de la fecha real”.


En otro momento, acotó, el video del GIEI muestra un diálogo entre dos representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y personal de la PGR.

También dijo que lo que registra el video se explica de la siguiente manera: El 27 de octubre de 2014 el entonces procurador Jesús Murillo Karam informó en conferencia de prensa sobre la detención de cuatro integrantes del grupo delictivo autodenominado Guerreros Unidos.

En este mismo mensaje, Murillo Karam anunció que al día siguiente se invitaría a un grupo de periodistas para conocer el lugar de los hechos, es decir, acudir al basurero de Cocula, lo que explica la presencia de varios medios de comunicación en esa zona ese 28 de octubre.

Agustín García Reyes, uno de los detenidos, presentó su declaración a las tres de la mañana –ante el MP de la Federación– del 28 de octubre del 2014, en donde manifestó haber participado en los hechos donde presuntamente fueron quemados los cuerpos de los estudiantes y que las cenizas fueron depositadas en bolsas y éstas arrojadas al río San Juan de Cocula.

Al término de su declaración, el mismo día 28, el presunto criminal fue entregado para su custodia al titular de Policía Federal Ministerial (PFM) de la AIC, lo que consta en un oficio de las 5:53 horas, cuyo documento obra en el expediente de la versión pública.

Zerón de Lucio explicó que, en el marco de sus facultades, el actuar tanto de la policía como de él se sustentó legalmente en un mandamiento ministerial de investigación exhaustiva, mediante acuerdo del 25 de octubre de 2014.

También destacó que, durante sus declaraciones, García Reyes refirió conocer el sitio donde prendieron fuego a un gran número de personas, así como el lugar en el que arrojaron ocho bolsas que contenían las cenizas de los cuerpos quemados.

Por lo anterior, se procedió a identificar en campo los lugares señalados por García Reyes en su declaración.

Fue por ello que alrededor de las 13:45 horas, servidores públicos de la institución, junto con el detenido, viajaron en helicóptero a Cocula, Guerrero.

Según Zerón de Lucio, este traslado fue parte de un acto de investigación policial, mismo que constituye un acto previo de una diligencia ministerial, la cual se desarrolló al día siguiente.

Luego aclaró que antes de la declaración ministerial de García Reyes no se tenía conocimiento del probable destino de los desaparecidos, por lo cual era necesario acudir al lugar para verificarlo personalmente, sitio al que arribaron alrededor de las 15:00 horas.

“Aterrizamos en un campo de futbol que se ubica a un costado del río San Juan. A nuestro arribo ya se encontraban periodistas que habían regresado de la visita al basurero. Dicho acto de investigación fue videograbado por personal de la AIC. En el video podrán observar a Agustín García Reyes, a personal de la PGR y a un servidor”, dijo Zerón de Lucio, al tiempo que proyectó imágenes del video.

Prosiguió: “Observarán cómo García Reyes nos conduce hacia el río y en dos ocasiones me guía por el camino correcto para llegar al punto que señaló en su declaración”.

“Podrán ver también que me aparto del grupo para realizar una llamada telefónica para que fuera resguardado el lugar; asimismo, entablé comunicación con el área científico forense para que acudieran al lugar a realizar sus actividades”, señaló.

“Posteriormente hice un recorrido por la orilla del río San Juan, acompañado por personal de la PGR. Tras mi llamado, más tarde acudieron al lugar peritos y agentes de investigación de la PGR que estaban trabajando en el basurero de Cocula, con la intención de confirmar, en su caso, la información que proporcionó el detenido”.

Dada la urgencia con la que fueron llamados los peritos, justificó, “no llevaban consigo todo el equipo adecuado, únicamente hicieron el reconocimiento del lugar y de sus condiciones y requerimientos para planear las diligencias, que el Ministerio Público de la Federación instruyó realizar al día siguiente”.

También señaló que el recorrido terminó hacia las cuatro de la tarde, acción de la que pueden dar cuenta dos representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas: “Pilar San Martín y Omar Gómez Trejo, quienes junto con la prensa pudieron atestiguar nuestra presencia junto al detenido”.

Enseguida resaltó que Omar Gómez Trejo se desempeña actualmente como secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI).

En el video del GIEI se presentan imágenes de un perito que recogió un posible indicio. Ese indicio se entregó a un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico.

El video del GIEI también muestra a un perito que transportaba bolsas de plástico transparente en su mano derecha, la cual contenía material usado por él mismo, tales como guantes de látex, bolsas y envases.

Los zapatos que porta en su mano izquierda son de su propiedad. Se los quitó para recorrer la orilla del río con las botas de hule blancas que calzaba en ese momento.

En otro momento, el video del GIEI muestra un diálogo entre dos representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y personal de la PGR.

“Lo que nos refiere el funcionario de la PGR que tomó parte en ese diálogo, fue que la conversación giró en torno a la petición de las antropólogas argentinas que querían viajar de Cocula a Iguala y de Iguala a Chilpancingo con luz de día, por motivos de seguridad, y con dos horas de antelación del tiempo pactado de trabajo”, sostuvo Zerón de Lucio.

También precisó que el lugar donde se tuvo el diálogo fue en la ladera del rio San Juan.

En relación con una de las bolsas halladas por buzos de las fuerzas armadas en el río San Juan, los expertos del GIEI hicieron notar que la fotografía de ese indicio muestra una etiqueta de fecha 28 de octubre, “cuando en el expediente consta que fue recabada el 29, día en que tuvo lugar la diligencia ministerial”, acotó el funcionario.

Además, admitió que la perito responsable marcó la etiqueta con fecha 28 de octubre cuando debió hacerlo con fecha del 29, aunque esta circunstancia será revisada por los órganos internos de supervisión y control de la PGR.

Insistió en que la validez del hallazgo y recolección de los indicios se acredita con la cadena de custodia acompañada al indicio, misma que se encuentra firmada por las personas que intervinieron en el proceso, el 29 de octubre.

Por último señaló que tanto al documento como a la propia evidencia han tenido acceso, en varias ocasiones, el equipo argentino, así como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

http://www.proceso.com.mx/438807/descalifica-zeron-video-del-giei-alega-confusion-en-registro-fechas

Zerón no cumplió con su obligación legal de acompañarse de autoridades
De Isabel Arvide • 29 de abril del 2016

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México, 29 de abril.- Cuando el responsable de la investigación que mayor relevancia mundial ha tenido en este sexenio, decide avalar hechos con la presencia de extranjeros, tiene que estar equivocado en el manejo legal.

¿Es Tomás Zerón, ministerio público, autoridad que puede dar fe legal de hechos presuntamente delictivos? ¿No existe un agente del Ministerio Público responsable de la investigación, con obligación de estar presente en estas diligencias?

¿Por qué estaba un “indiciado”, “presunto culpable”, en una investigación presencial de sus dichos, sin la presencia de su abogado, como marca la Ley? ¿Por qué no estaban junto a Tomás Zerón peritos forenses?

La explicación que dio es insuficiente.

Y cuando la expresión pública de hechos, magnificación ante medios, es insuficiente, se presta a todas las interpretaciones.

El GIEI en su informe señala que, según un vídeo de fuente periodística, que no está incorporado legalmente al expediente, Tomás Zerón estuvo presente en el río San Juan con un presunto responsable, el día anterior a que descubriesen, precisamente ahí, una bolsa de basura con restos humanos, que resultaron pertenecer al único de los normalistas que ha sido identificado plenamente.

¿Qué hacía ahí Zerón? Su respuesta, tardía, no parece satisfacer a la opinión pública, más dispuesta a sacar conclusiones plenas de imaginación.

¿Por qué no estaba el Ministerio Público presente?

Es el debido proceso habrá que decirle al señor Zerón.

Pero entonces, también, tendríamos que señalarle a la PGR que en infinidad de casos no se respetan los protocolos legales en la investigación. No solamente por las presunciones de tortura (que deben investigarse) sino por no cumplir con las mínimas reglas forenses.

Y esto viene de la actuación de la misma procuradora, ella sí, ministerio público por razón de su puesto. Las filmaciones, divulgadas en todos los medios de comunicación, de su presencia en la casa donde terminó su espectacular fuga de una prisión de alta seguridad “El Chapo” Guzmán, así lo demuestran.

En las imágenes, divulgadas profusamente, se ve a la procuradora, Arely Gómez, a los funcionarios que la acompañan, incluso a sus escoltas, viendo el túnel por donde se escapó… y ninguno trae puestos guantes o los “monos” blancos forenses. Es decir, su presencia intencionalmente contaminó una presunta escena forense.

Imaginemos que el director de la cárcel estaba esperando al criminal en esa casa… la contaminación de ese sitio, de la que hay constancia por imágenes oficialmente divulgadas por la PGR, tiene que haber impedido un correcto levantamiento de huellas digitales que así lo pudiesen probar.

De igual manera, la presencia de Tomás Zerón en el sitio donde al día siguiente fue encontrada una prueba vital, que además viene a ser probanza de la tesis oficial bajo su responsabilidad, entorpece su investigación. Si, como dijo en la conferencia de prensa, fue a ese lugar para “verificar lo declarado por el implicado Agustín García Reyes, quien dijo que los normalistas habían sido asesinados e incinerados y sus restos arrojados al río”, no hay justificación para que no se hubiesen cumplido los protocolos.

Eso es lo más importante, no haberse cumplido los protocolos legales a los que está obligada la autoridad. No haberlo hecho en una investigación expuesta al escrutinio pública nacional e internacional.

¿Por qué no lo hizo? Su omisión es lo que permanece, no la razón personal.

A partir de ahí, cualquier cantidad de interpretaciones adquiere credibilidad.

Tendríamos que preguntarnos si queremos policías, jefes policiacos, responsables de investigaciones, que no cumplen con sus obligaciones legales. Ese es el punto. Porque la decisión de sus jefes, léase la procuradora Arely Gómez, de mantener en su puesto a un policía que acudió a una diligencia súper importante sin acompañarse de los funcionarios forenses, los peritos, los fotógrafos oficiales, el Ministerio Público, que debieron acompañarlo, un policía que llevó a un detenido sin su abogado como está obligado a hacer, afecta a todo el sistema de impartición de justicia.

Y nos hace sentir, a muchos sectores de la sociedad, que las investigaciones no las realiza la PGR, ya no una persona sino una institución, con el debido apego a las leyes.

Si Tomás Zerón estuvo ahí de paseo, de visita, de buena fe, creyendo que hacía lo correcto, es irrelevante. Si se dio cuenta tarde de su error y llamó a las autoridades para que acudieran, es irrelevante. Si ahí estaban, testigos circunstanciales, enviados de la ONU o decenas de periodistas, es irrelevante. La fotografía de éstos como “testigos” no es prueba, menos todavía lo exculpa de no cumplir con su obligación legal.

Y ni siquiera nos ofreció una disculpa por eso…

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor MX

Informe del GIEI, una herramienta valiosa en caso Ayotzinapa: PGR
Por Gustavo Castillo y Alma Muñoz vie, 29 abr 2016 16:47
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El GIEI entregó su segundo informe sobre el caso Iguala a la titular de la PGR, Arely Gómez. Imagen tomada de la cuenta de Twitter @ArelyGomezGlz

Ciudad de México. Luego de recibir el segundo informe de labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que "fortalecerá el proceso de diálogo con los familiares de las víctimas y se dará seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares" para las víctimas del llamado caso Iguala.

La dependencia que dirige Arely Gómez González, informó que recibió el Informe Ayotzinapa II, Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a Víctimas, y durante el encuentro "reiteró a los expertos, Carlos María Beristáin, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox Vial que, como lo instruyó el presidente Enrique Peña Nieto, la PGR analiza el informe, a fin de enriquecer la investigación de los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014" en el municipio de Iguala, Guerrero.

La PGR señaló que el informe entregado "representa una herramienta valiosa para la labor de investigación del Ministerio Público de la Federación, en este caso".

Destacó la colaboración y el compromiso conjunto que unió el trabajo de la PGR y el GIEI, para el esclarecimiento de los hechos, durante sus dos mandatos. Expresó que la Institución fortalecerá el proceso de diálogo con los familiares de las víctimas y dará seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares en el caso.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/29/informe-del-giei-una-herramienta-valiosa-en-caso-iguala-pgr

Confía la UE que el gobierno de Peña siga recomendaciones del GIEI en caso Ayotzinapa
POR LA REDACCIÓN , 29 ABRIL, 2016 NACIONAL
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unión Europea (UE) confió en que el gobierno de Enrique Peña Nieto aplique las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las irregularidades cometidas en la investigación sobre la desparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Confiamos en que las autoridades mexicanas tomen en consideración las recomendaciones del GIEI y que se establezca un mecanismo de vigilancia robusto en consultación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, destacó en un comunicado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y volvió a ofrecer la “solidaridad y profundas condolencias” del bloque a las familias y amigos de los estudiantes desparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

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Destacó, asimismo, que la UE ha “tomado nota” del “trabajo exhaustivo” que realizó el GIEI, cuyo informe presentado el domingo 24 constituye “una contribución valiosa” para la investigación del caso, en cooperación con las autoridades mexicanas y las familias de las víctimas.

En dicho informe se evidencian fallas en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos y obstáculos para realizar el trabajo de los especialistas de la CIDH, quienes desmontaron la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República –la quema de los estudiantes en el basurero de Cocula– y sugirieron que la desaparición de los jóvenes podría estar relacionada con las rutas de la droga en el estado.

Sólo una pesquisa independiente dará credibilidad en caso Iguala: GIEI
Por Alma Muñoz y Gustavo Castillo vie, 29 abr 2016 14:26
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Miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras su encuentro con la procuradora Arely Gómez. Foto Francisco Olvera

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Ciudad de México. La “única cosa que va a generar credibilidad en la investigación” de lo ocurrido en el río San Juan, “es que se indague de forma independiente lo sucedido y se tomen decisiones tanto de la gente de (la Agencia) de Investigación Criminal y de los Servicios Periciales y la actuación que tuvieron ese tiempo”, señaló Carlos Beristáin, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras un encuentro con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República.

Al salir de la sede de la PGR, Beristáin —quien asistió con Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, informó que durante el encuentro sí hablaron con la procuradora de Tomás Zerón de Lucio, “obviamente y le hemos señalado la importancia de que se tomen decisiones en ese sentido.

“Nosotros hemos traído toda la documentación que logramos tener, también de periodistas que tomaron esos videos, esas fotografías, y hemos traído los originales para dárselos a la Procuraduría.

“Hemos insistido en la importancia de que se investigue de forma independiente lo sucedido y que se tomen decisiones”, señaló el integrante del GIEI.

Dijo que durante su visita a la PGR sostuvieron dos encuentros, el primer de ellos con Arely Gómez para evaluar el trabajo y darle los mensajes finales y hacerle entrega de varias documentaciones: una con nuestras propuestas para la continuación de todo el trabajo que queda pendiente y la documentación videográfica de la escena del Río San Juan.

“También darle respuesta a algunas de las peticiones últimas que hicimos y las respuestas que tuvimos. Ella hará su propia valoración. Para nosotros es muy importante que transmitimos un mensaje a la más alta autoridad de la procuraduría sobre la importancia de que haya una respuesta positiva frente a las recomendaciones de nuestro informe".
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/29/credibilidad-en-rio-san-juan-solo-con-investigacion-independiente-beristain

Un buzo de la Marina fue quien halló una bolsa negra… a orillas del río San Juan
POR JESUSA CERVANTES , 27 ABRIL, 2016 NACIONAL
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 16 de octubre pasado el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón, en reunión privada con los diputados de la comisión Ayotzinapa, aclaró a los legisladores que fue un buzo de la Armada quien encontró una bolsa negra a orillas del río San Juan el 29 de octubre, y que 11 de sus elementos habían acudido al lugar a petición del exprocurador Jesús Murillo Karam, pero que nunca vieron el contenido de lo hallado.

Aquel día de octubre, el almirante se deslindó del contenido de la bolsa hallada a orillas del río; también dijo a los legisladores que sus buzos entregaron la bolsa a elementos de Infantería, quienes la resguardaron hasta que llegó la PGR.

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El titular de la Marina también aclaró a los diputados que Murillo Karam nunca le dijo que en esas diligencias deberían haber estado presentes los miembros del equipo forense. A continuación, la nota publicada el 16 de octubre anterior por Apro y el portal informativo de Proceso.

Quienes descubrieron la bolsa con cenizas y restos óseos que la Procuraduría General de la República aseguró correspondían a los 43 normalistas desaparecidos fue la Marina y no autoridades civiles, reveló el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, a los miembros de la comisión especial Ayotzinapa.


Durante una hora y media, cinco de los ocho miembros de la instancia legislativa se entrevistaron con el almirante, quien también les aclaró que ellos iniciaron su participación el 28 de septiembre de 2014 a petición del entonces gobernador Angel Aguirre Rivero.

El almirante explicó a los legisladores que la PGR les solicitó algunos buzos para explorar el río San Juan de Cocula, siendo ellos quienes hallaron la bolsa con presuntos restos humanos, y que luego el entonces procurador Jesús Murillo Karam aseguró que correspondían a los de los estudiantes desaparecidos.

Reveló también que entregaron la bolsa a elementos de Infantería, y fueron ellos quienes la resguardaron hasta que llegó la PGR. Más aún, Soberón Sanz dijo a los diputados que nunca se les notificó que deberían haber estado presentes los miembros del equipo forense argentino.

Como se recordará, el equipo forense emitió un comunicado en donde estableció que no podía certificar que tales restos eran humanos o pertenecían a los 43 normalistas desaparecidos, debido a que ellos no se encontraban en el lugar en el momento del hallazgo, además de que al llegar al lugar la bolsa ya estaba abierta y los restos fuera de ella.

Al encuentro con el secretario de Marina sólo acudieron la presidenta de la comisión, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez; el diputado del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Aracely Damián, de Morena y Víctor Sánchez, de MC.

Además del almirante secretario estuvieron el jefe del Estado Mayor, Luis Gerardo Alcalá Ferráez, y el jefe de la Unidad Jurídica, Alejandro Vázquez, entre otros.

El próximo lunes 19 la comisión especial se reunirá con Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

http://www.proceso.com.mx/438805/buzo-la-marina-fue-hallo-una-bolsa-negra-a-orillas-del-rio-san-juan