Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio

Al menos siete muertos dejaron tres balaceras efectuadas por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes, contra normalistas rurales de Ayotzinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay tres estudiantes, un joven futbolista del equipo ‘Las Avispas’,  junto con su director técnico, así como una ama de casa y el chofer de un taxi.

En los hechos hubo por lo menos seis heridos de bala, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), Alfredo Ramírez García, y su chofer, quienes recibieron varios impactos en brazos y piernas.

Aunque a la cabecera municipal de Iguala se trasladó el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaky Blanco Cabrera, este se ocultó de los reporteros que se le acercaron en las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

Mientras el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, condenaban los hechos y se pronunciaban por la aplicación de la ley contra los responsables, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, guardó silencio pero anunció una conferencia de prensa que se desarrollaría durante la jornada del sábado, día en que tenía programado su segundo informe de labores.

Boteo desencadenó la violencia

Desde la mañana del viernes 26 de septiembre, alrededor de 150 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la cabecera de Iguala para realizar una actividad boteo, tenían la intención de reunir dinero para financiar la marcha del 2 de octubre, cuando se cumplan 46 años de la masacre de estudiantes y obreros en Tlatelolco.

Ese mismo día, rindió su segundo informe de labores como presidenta del DIF la señora María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del alcalde, José Luis Abarca.

Al terminar el evento, casi de manera simultánea con la retirada de los normalistas que avanzaban sobre la avenida Juan N. Álvarez rumbo a la carretera federal que comunica con Chilpancingo, varias patrullas de la Policía Preventiva Municipal interceptaron la caravana integrada por tres autobuses, una urvan y un chevy, los policías marcaron el alto pero los jóvenes se resistieron a detenerse.

Entonces los municipales abrieron fuego contra las unidades, lo que provocó que un par de unidades de la Policía del Estado y la Federal, que les acompañaban, se retiraran del lugar, como una forma de deslindarse del hecho.

En el primer ataque, los dirigentes de Ayotzinapa reportaron cinco heridos, cuatro con rozones de bala y uno con una ojiva alojada en la cabeza, quien fue hospitalizado de urgencia en condiciones graves.

Esta persona murió en el transcurso de la noche.

A los pocos minutos, los preventivos, respaldados por civiles armados, interceptaron sobre la carretera federal que comunica con Chilpancingo un autobús particular de la empresa Castro Tours.

Este segundo hecho se registró a la altura de Santa Teresa, los policías y presuntos delincuentes se percataron de que la unidad era ocupada por decenas de jóvenes, por ello dedujeron que se trataba de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.

En ese hecho ya no se marcó el alto, hubo un ataque directo que provocó la volcadura de la unidad sobre el costado derecho de la carretera, quedando con todos los cristales despedazados.

Entrada la madrugada se supo que en el hecho murió el director técnico del equipo de tercera división ‘Los Avispones´ de Chilpancingo Pedro Rentería y el jugador David García Evangelista, de solo 15 años.

Permanece en calidad de desaparecido Jorge León Saenz, asistente del director técnico.

Como una camioneta cerró el paso al camión las ráfagas alcanzaron otras unidades que detuvieron su marcha atropelladamente, ahí murió un ama de casa que viajaba en un taxi colectivo y el chofer del mismo.

Abatidos mientras denunciaban

Aproximadamente a las 00:00 horas del sábado 27, los estudiantes de Ayotzinapa convocaron a una rueda de prensa en el lugar en que se suscitó la primera agresión, ahí preservaron la zona con piedras acordonadas para evitar que se perdieran las ojivas y cascajos abandonados por los policías municipales.

Hablaban con reporteros de varios medios informativos cuando un grupo de civiles se apostó en la acera de enfrente y disparó varias ráfagas de armas de diferentes calibres.

Estudiantes y reporteros se dispersaron rápidamente para ponerse a salvo, después se darían cuenta que en el lugar quedaron tirados dos alumnos de nuevo ingreso del plantel ubicado en el municipio de Tixtla.

La segunda agresión arrojó por lo menos otros cuatro heridos que se trasladaron al hospital general del sector salud.

Los cuerpos de los dos jóvenes caídos permanecieron tirados hasta las 03:00 de la mañana.

Llovía cuando llegaron al lugar elementos del Ejército nacional, después personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y al final los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todos custodiaron al Servicio Médico Forense (Semefo) en el levantamiento cadavérico.

Hasta entonces se reportaron 40 estudiantes desaparecidos, aunque estos poco a poco se fueron concentrando en las instalaciones del Ministerio Público, la mayoría llegaron resguardados por la Policía Ministerial y elementos de la Fuerza Estatal.

El procurador se oculta

Aproximadamente a las 04:00 se tuvo a la vista al procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera dentro del MP, los reporteros se le acercaron pero este se escabulló para encerrarse en la oficina del fiscal regional, no salió hasta que los comunicadores fueron desalojados “amablemente” del área.

El encargado de liberar la dependencia de comunicadores fue el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales Víctor Jorge León Maldonado.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó el hecho en su cuenta de Twitter y ofreció que se hará justicia contra los responsables.

En la misma sintonía difundió mensajes el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien reconoció la conmoción que hay en la población de la capital de Guerrero por la muerte de los integrantes de su equipo de tercera división.

Mientras, el ayuntamiento de Iguala preparaba su versión de los hechos y mantenía firme el evento en que se desarrollaría el segundo informe de labores del alcalde José Luis Abarca Ávila.

Repudian ONG "artera ejecución extrajudicial de normalistas" en Guerrero

Por Carolina Gómez Mena

México, DF. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que se encuentran reunidas en la Audiencia final del Eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, expresaron su repudio por la "artera ejecución extrajudicial de estudiantes normalistas" del estado de Guerrero. "Emitimos nuestro más enérgica protesta y condena ante estos hechos de flagrante violación de los derechos humanos y de terrorismo de Estado".

Señalaron que "policía federal, estatal y municipal arremetieron sin consideración alguna contra los estudiantes inermes, accionando sus armas de alto calibre a quemarropa con premeditación, alevosía y ventaja, con el claro propósito de asesinarlos. Los resultados lamentables para nuestro pueblo es de tres estudiantes muertos, 30 heridos de gravedad, 20 lesionados, varios estudiantes detenidos arbitrariamente y una cantidad incierta de detenidos desaparecidos".

Subrayaron que "estos hechos no son fortuitos ni aislados, obedecen a una política criminal diseñada desde los Pinos, como parte de la guerra de baja intensidad que aplica el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de desarticular toda voz de protesta y denuncia. Política criminal que cada día suma más y más víctimas y que ahoga en un baño de sangre al pueblo mexicano".

Aseguraron que "la represión, los asesinatos, las masacres, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las persecuciones y ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, periodistas honestos y defensores de derechos humanos son la carta de identidad de los gobiernos priístas, a quienes se le suman ahora perredistas como el de Ángel Aguirre Rivero".

Asesinan a tres estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero

27. septiembre, 2014 Autor: Redacción 1, Sociedad Comenta


Integrantes del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, México, confirman que tres de sus compañeros fueron asesinados en Iguala, presuntamente por elementos de la policía de esta ciudad. Los jóvenes normalistas fueron identificados como Daniel Solís Gallardo, Diosir Guerrero y Aldo Gutiérrez Solano.

Aunado a este crimen, otros seis estudiantes resultaron heridos por impactos de arma de fuego en el mismo lugar. Éstos habrían sido trasladados al Hospital General de la Ciudad.

El Comité Estudiantil también informó de otro 25 alumnos detenidos, mismos que “están siendo torturados y amenazados” por policías.

Los miembros del Comité Estudiantil aseguran que hasta el momento “hay compañeros refugiados y desparecidos en las cercanías de Iguala, quienes no llegan a la escuela por temor a ser detenidos y sufrir lo mismo que los demás”.

A través de un comunicado de prensa, los normalistas en formación refieren que la “masacre” inició el día de ayer (26 de septiembre de 2014), alrededor de las 20 horas, cuando estudiantes “se encontraban realizando una actividad de boteo para recaudar fondos y, así, solventar gastos de la escuela, en cuestión alimenticia y económica”.

En lo que va de la gestión de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero desde 2011, suman cinco los alumnos de la normal de Ayotzinapa ejecutados. El 12 de diciembre de 2011, en un operativo de desalojo sobre la Autopista del Sol, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes demandaban el crecimiento de la matrícula estudiantil, fueron asesinados presuntamente por elementos de la policía estatal.

“En estos momentos nos invade nuevamente el coraje de una injusticia más hacia nuestro movimiento estudiantil”, se lee en el comunicado.

Los normalistas rurales exigen castigo a los responsables intelectuales y materiales de las “ejecuciones extrajudiciales”; juicio político y destitución de Luis Abarca, alcalde de Iguala; seguimiento al juicio político contra Ángel Rivero; destitución de Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública de Iguala. Además la libertad de sus compañeros detenidos y la presentación con vida de lo que aún se encuentran desaparecidos.

Trasladan a Acapulco a los 22 agentes municipales involucrados en los hechos
Foto
Sepelio del joven David Josué García EvangelistaFoto Lenin Ocampo Torres
Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 29 de septiembre de 2014, p. 5

Acapulco, Gro., 28 de septiembre.

Los 22 policías municipales detenidos por los hechos violentos ocurridos en Iguala la noche del viernes y la madrugada del sábado, en los que perdieron la vida seis personas y 17 resultaron lesionadas, fueron trasladados a Acapulco ‘‘por cuestiones de seguridad’’, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Por medio de un comunicado, la dependencia señaló que ‘‘los detenidos tuvieron que ser trasladados la noche de ayer (sábado) de la ciudad de Iguala al puerto de Acapulco, toda vez que se apreciaron movilizaciones de un número considerable de personas, algunas de las cuales manifestaron ser familiares de los probables responsables, así como de otras que no fue posible identificar, quienes se transportaban en unidades de servicio público, todas las cuales trataron de impedir la labor ministerial y amenazaron con rescatar a los indiciados, lo cual motivó que se solicitara el auxilio de las fuerzas armadas para efectuar el traslado de mérito, siendo ello hecho del conocimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)’’.

Los elementos policiacos fueron llevados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Acapulco para continuar con las investigaciones y recopilación de declaraciones.

Los policías son señalados como presuntos responsables de los hechos violentos ocurridos en Iguala, que comenzaron con un ataque a balazos contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa –de los cuales dos resultaron muertos–, y terminaron con otro ataque –también a balazos– contra integrantes de un equipo de futbol (los Avispones) que viajaban en un autobús, donde murió uno de los chicos de 14 años de edad, junto con el chofer de la unidad. La pasajera de un taxi, Blanca Montiel Sánchez, murió también en el ataque de policías y pistoleros contra ciudadanos desearmados. El cuerpo desollado de un joven, identificado este domingo como normalista, se sumó a la lista de muertos.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar la relación entre los distintos incidentes y la responsabilidad de los policías, mientras representantes de distintas organizaciones exigieron la desaparición de poderes en Iguala y el esclarecimiento de lo ocurrido.

También en el puerto de Acapulco, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg) exigió el esclarecimiento de los hechos, mientras un grupo de ciudadanos se congregó en el zócalo con pancartas que, entre otras cosas exigian, "no al paramilitarismo".

El abogado de las viudas de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, exigió la desaparición de poderes del gobierno municipal de Iguala y que la Procuraduría General de la República intervenga en el caso.

Detienen a 22 policías en Guerrero
Vania Pigenoutt Corresponsal| El Universal
Lunes 29 de septiembre de 2014
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Detienen a 22 polic�as en Guerrero


La PGJE de Guerrero detuvo ayer a 22 elementos de la Policía Preventiva de Iguala, por su presunta responsabilidad en la muerte de seis personas y causar heridas a otras 17, luego de tres ataques ocurridos el viernes pasado contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y un autobús donde viajaban jugadores de un equipo de futbol de la tercera división

estados@eluniversal.com.mx
IGUALA

A dos días de los hechos violentos ocurridos en este municipio, en los que perdieron la vida seis personas y 17 más resultaron lesionadas, la mayoría de los negocios del centro y de la zona industrial de la ciudad permanecieron cerrados.

En la calle Juan N. Álvarez, donde ocurrió una persecución de policías municipales a estudiantes de primero y segundo grados de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, aún hay plastas de sangre en el suelo.

En ese lugar, dos señoras familiares de uno de los 58 jóvenes presuntamente desaparecidos tras los ataques de los que fueron víctimas normalistas, maestros, jugadores de futbol y algunos ciudadanos, colocaron una veladora en memoria del estudiante fallecido en ese sitio.

Iguala, una cabecera municipal de unos 130 mil habitantes, donde los domingos la gente sale al Zócalo y aún se pueden ver jugar a las ardillas, lucía semivacía, mientras el centro comercial más grande del municipio, Galerías Tamarindos, tampoco albergó a los cientos de igualtecos que van al cine, a tomarse un helado o simplemente a comer; los visitantes, de acuerdo con testimonios de los propios pobladores, bajaron casi 70%.

En este contexto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que 22 elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala fueron detenidos, al ser señalados como probables responsables de los hechos violentos.

“Por cuestiones de seguridad”, los agentes tuvieron que ser trasladados la noche de ayer, de esta ciudad a Acapulco.

De acuerdo con el secretario de Salud del estado, Lázaro Mazón Alonso, de los 17 lesionados de los tres ataques, nueve fueron dados de alta y ocho continúan recuperándose en el hospital general de esta población.

Los más graves son los normalistas de Ayotzinapa, Aldo Gutiérrez Solano, quien está en coma, con una lesión en la región frontal, y Edgar Andrés Vargas, a quien se le practicaron estudios y será trasladado a la ciudad de México porque necesitará cirugía plástica, pues su cara quedó desfigurada casi a la mitad. El gobierno del estado, se dio a conocer, lo apoyará en esa operación.

Mazón informó también que Pedro, director técnico del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, víctimas de un tercer ataque en los hechos violentos del viernes, se recuperará. Jorge León Sáenz, del mismo equipo, también se está recuperando, pero posiblemente quede ciego.

Indagaciones

Por otra parte, el gobierno de Guerrero investiga la denuncia sobre 58 estudiantes “presuntamente desaparecidos”, y al respecto dijo que la Secretaría de Seguridad Pública estatal y Protección Civil encabezan los trabajos de búsqueda por aire y tierra.

Ayer, las autoridades emplearon un helicóptero que realiza sobrevuelos de localización en toda la ciudad de Iguala y en las comunidades cercanas e instalaron puestos de control y bases mixtas en coordinación con el Ejército.

Además, por lo menos 11 patrullas de la fuerza estatal acompañaron a los normalistas en dos camiones de Estrella de Oro, en los que se trasladaron a buscar a los desaparecidos.

Los estudiantes y sus familiares —como César González Contreras, de oficio hojalatero, que vino desde Huamantla, Tlaxcala en busca de su hijo Mario César de 19 años— buscaron en el 27 Batallón de Infantería, en el ISSSTE, en el Ministerio Público, en el Servicio Médico Forense (Semefo), en las barandillas, pero no hallaron a nadie.

Sobre los policías detenidos, la PGJE informó que de los 280 policías que declararon, 258 fueron puestos en libertad y a 22 policías —21 hombres y una mujer— se les cambió la calidad a probables responsables y actualmente se encuentran detenidos en la ciudad guerrerense de Acapulco.

Ayer también se informó que fueron identificados dos de los normalistas asesinados: Daniel Solís Gallardo, originario de Zihuatanejo, cuyos parientes recibirían el cuerpo en el Semefo de Chilpancingo, al igual que Julio César Mondragón Fuentes, a quien le apodaban “El Chilango” por ser originario de la ciudad de México.

Mondragón es el joven que fue encontrado desollado y con sus ojos extraídos.

Denuncian desaparición de 58 normalistas de Ayotzinapa
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La Redacción
28 de septiembre de 2014
Estados

MÉXICO. D.F. (proceso.com.mx).- Integrantes del comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos denunciaron la desaparición de 58 estudiantes tras los hechos de violencia registrados en Iguala, donde policías municipales y sicarios asesinaron seis personas en diferentes ataques contra civiles.

Al respecto, los dirigentes estudiantiles señalaron que tienen indicios de que algunos normalistas se encuentran retenidos en el cuartel del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Otros más pudieran estar en las inmediaciones de los cerros tratando de sobrevivir y llegar a una lugar seguro, informaron esta mañana durante una conferencia realizada en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, ubicada en el poblado de Tixtla de Guerrero.

Por ello, responsabilizaron a las autoridades federales, estatales y municipales de la desaparición de los normalistas y de cualquier atentado en su contra.

En respuesta, el gobierno estatal emitió esta noche un comunicado donde confirmó la desaparición de 58 normalistas desde la madrugada de este sábado y anunció el inició de la averiguación previa AEBPNL/49/2014, así como acciones para buscar y tratar de localizar a los estudiantes.

El comunicado oficial refiere que la Secretaría de Seguridad Pública estatal implementa un operativo en Iguala y las comunidades cercanas, en coordinación con normalistas y padres de familia.

“Desde otras instancias de gobierno se ha establecido contacto con los familiares de algunos de los jóvenes presuntamente desaparecidos para corroborar que efectivamente no se han reportado con sus familiares o bien que ellos desconocen sobre su paradero, con el objetivo de descartar aquellos casos en donde los jóvenes ya estén ubicados o bien ya hayan tenido contacto con sus familias, verificando que se encuentren en buen estado”, refiere el boletín.

Al respecto, la dirigencia estudiantil informó que el viernes 26, salieron de la normal de Ayotzinapa al menos 110 estudiantes, a bordo de dos autobuses, rumbo a la ciudad de Iguala para realizar actividades previas a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco registrada el 2 de octubre de 1968.

Los normalistas eran en su mayoría, estudiantes de primer año, indicaron.

Luego de los ataques armados realizados por policías municipales y civiles armados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, que dejaron un saldo de tres normalistas ejecutados y una decena de heridos, los estudiantes se dispersaron para tratar de salvar su vida.

Poco menos de la mitad del contingente pudo regresar a la Normal, cuatro de ellos permanecen heridos en hospitales de Iguala y 58 siguen desparecidos, informaron.

La dirigencia estudiantil señaló que la prioridad en este momento es localizar a sus compañeros y responsabilizaron al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca de cualquier atentado en contra de los normalistas, argumentando que en este lugar se vive un ambiente de inseguridad y terror.

Hasta las 21:00 horas de este domingo, las autoridades estatales no habían localizado a los normalistas que cumplieron un día desaparecidos tras los hechos de violencia protagonizados por uniformados y sicarios en contra de estudiantes, futbolistas y civiles.

belze escribió:

Tlatlaya + IPN + esto, todo durante la semana del 2 de octubre y con elecciones relativamente cercanas. Nada más falta que llegue un p*****o a prender la mecha.

En Iguala, hay evidencias de desapariciones
Vania Pigeonutt Corresponsal| El Universal
Martes 30 de septiembre de 2014



Existen elementos para fincar responsabilidad por el delito de desaparición forzada contra elementos de la policía municipal de Iguala, aseguró Iñaky Blanco, procurador de Justicia de Guerrero

ACAPULCO

El procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, señaló que en los hechos violentos ocurridos en Iguala entre el viernes y sábado pasado no se descarta la participación del crimen organizado, por las balas empleadas contra las víctimas; la mayoría, de grueso calibre y el modus operandi.

En conferencia de prensa, destacó que hubo un uso desmedido de la fuerza pública e incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de la policía municipal. “No hay ninguna justificación para que haya habido disparos”, agregó.

Informó que ya rindieron declaraciones ministeriales 165 elementos de la policía municipal, como parte de las indagatorias de los hechos, donde fallecieron seis personas y 25 resultaron lesionadas.

Ayer, después de pasar dos días en el Ministerio Público del Fuero Común, 22 policías municipales de Iguala fueron trasladados al penal de las Cruces, en el puerto de Acapulco, como probables responsables de los seis homicidios. “Todos dieron positivo en las pruebas de rodizonato de sodio”.

Iñaky Blanco comentó que las autoridades estatales tienen en su poder videograbaciones proporcionadas por el Centro de Control de la Secretaría de Seguridad Pública en ese municipio, donde se observa que civiles están dentro de patrullas de la Policía Municipal y luego, en declaraciones de normalistas, éstos indicaron que fueron llevados a los separos de Iguala, lo que para la Fiscalía es un elemento para someter a investigación.

“Es algo que estamos por corroborar, pero en un primer momento sí existen elementos para fincar responsabilidad por el delito de desaparición forzada contra los elementos de la policía municipal”, recalcó el funcionario, quien confirmó que hay un operativo desde la madrugada del 27 de septiembre para ubicar a 57 normalistas que están desaparecidos.

No descartó que en el caso esté involucrado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ni el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, quienes son investigados y serán citados a declarar próximamente.

Analizan relación de casos

Precisó que en el caso de los ataques de que fueron víctimas los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa sí participó la policía municipal, pero algunos testimonios del ataque al camión que transportaba a los miembros del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, que fue el tercero, indican que los agresores estaban vestidos de negro y usaban capuchas.

El fiscal guerrerense dijo que por la mecánica de los hechos que se registraron en Iguala se pudo tratar de una confusión en cuanto al ataque sufrió ese autobús.

Alcalde estaba dormido

En la conferencia de prensa también participó el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien explicó que al saber de los hechos se comunicó con el alcalde de Iguala, pero éste se encontraba dormido.

“Me contestó aproximadamente a la 01:40 de la mañana; él estaba absolutamente dormido y me explicó que no sabía nada de esos hechos (…) pedí que me enviara con un esquema protocolario las actuaciones de su secretario y no he recibido nada hasta este momento”, señaló el funcionario.

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, policías minicipales y comandos armados realizaron tres ataques contra normalistas y civiles con un saldo de seis personas muertas: tres normalistas, el chofer del autobús que transportaba a los futbolistas, un integrante del equipo y una mujer que iba a bordo de un taxi, quien también fue atacada.

Iguala: acusan a 22 policías de asesinatos
Vania Pigeonutt Corresponsal| El Universal
Miércoles 01 de octubre de 2014
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Iguala: acusan a 22 polic�as de asesinatos


La Fiscalía de Guerrero consignó a 22 policías municipales de Iguala como responsables por el delito de homicidio calificado, informó Iñaky Blanco, procurador de Justicia del estado, quien agregó que los uniformados también participaron en el ataque del que fueron víctimas los integrantes del equipo de futbol "Avispones de Chilpancingo"

estados@eluniversal.com.mx
CHILPANCINGO

El procurador General de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, informó que ya fueron ubicados 14 de los 57 normalistas desaparecidos, luego de los hechos violentos de los días 26 y 27 en Iguala; asimismo, corroboró que los policías municipales, además de disparar contra los estudiantes, rafaguearon el camión del equipo de futbol de tercera división Los Avispones.

“En los homicidios de los tres estudiantes, de las dos personas que viajaban en el autobús del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y de una ciudadana que transitaba (por el crucero de Santa Teresa, donde ocurrió el tercer ataque) a bordo de un taxi, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala (…) Existe correspondencia entre elementos balísticos localizados en ese punto y aquellos”.

Confirmó que por el delito de homicidio calificado, la Fiscalía de Guerrero consignó a 22 agentes, quienes dieron positivo en las pruebas de balística, mientras siguen las investigaciones para corroborar que esos hechos tienen correlación con algún grupo de la delincuencia organizada, lo que no se descarta.

Detalló que el cuerpo que estaba en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo corresponde a un normalista, quien fue identificado como Julio César Ramírez Nava.

En conferencia de prensa, expuso que la búsqueda de los 43 normalistas continuará encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública. De los 13 estudiantes ubicados vivos, refirió que estaban refugiados en comunidades cercanas a Iguala; algunos volvieron a sus casas, otros a la escuela.

Testimonios dan cuenta de que un grupo de jóvenes fue detenido en las instalaciones de la Policía y “después se los llevaron”.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, en coordinación con el Ejército, la Policía Federal y la Fiscalía, se hicieron cargo de la seguridad en Iguala desde el sábado pasado, recordó el funcionario y añadió que el alcalde, José Luis Abarca, será llamado a declarar porque cometió “omisiones”.

Al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, se le podrían atribuir varios delitos, pues sus uniformados admitieron que dispararon, aunque al aire y no contra las personas; incluso, uno aclaró que estaba ebrio cuando ocurrieron los hechos.

Blanco Cabrera precisó que 19 de los 22 policías de Iguala dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio; es decir, tenían residuos de plomo; además, se comprobó que utilizaron 15 patrullas.

En sus declaraciones ministeriales, los policías negaron haber participado en los hechos que se les imputa, pero las pruebas periciales determinaron su participación.

Advirtió que está en espera del resultado de periciales en materia de balística de efectos, para ver si los hechos tuvieron que ver con algún grupo del narco y dijo que una parte de la investigación tendría que ver con desaparición forzada.

En la agresión murieron seis y resultaron lesionadas 25 personas; nueve siguen hospitalizados, dos en situación de salud inestable.

Garantiza castigo

El mandatario de Guerrero, Ángel Aguirre, afirmó que su gobierno seguirá actuando para dar con quienes participaron en los hechos violentos —además de los policías que ya fueron consignados—. Anunció que habrá “acciones más drásticas”, toda vez que la investigación no se ha concluido, y se llegará hasta las últimas consecuencias.

En entrevista, comentó que solamente “mentes enfermas, mentes diabólicas” pueden realizar lo que sucedió en Iguala, y dijo que cuando se supo de la desaparición de alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de inmediato se implementaron los protocolos establecidos, para lo cual se pidió la colaboración del Ejército, Marina, Protección Civil y Cruz Roja, los cuales se han dado a la tarea de búsqueda de estos jóvenes.

Destacó que se mantendrán en permanente comunicación con el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, así como con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien ha ofrecido enviar elementos para reforzar estos municipios, donde —dijo— es evidente la presencia de grupos de la delincuencia organizada.

El edil no ordenó el ataque; él no manda a la policía: ex funcionario
Foto
Policías comunitarios de Tixtla, Guerrero, vigilan la Normal de AyotzinapaFoto Lenin Ocampo Torres
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2014, p. 9

Iguala, Gro., 30 de septiembre.

El alcalde tiene razón. Él nunca pudo ordenar a la policía municipal atacar a los normalistas por un motivo simple: ‘‘Él no los manda’’. Lo dice, mirando a un lado y otro, e incluso a su espalda aunque está contra la pared, un ex funcionario municipal de Iguala. Completa: ‘‘Aquí manda la maña, más de la mitad de los agentes de la municipal están bajo las órdenes del grupo armado, al que llaman cuando se sienten en problemas, como pasó el viernes con los normalistas’’.

La maña, aquí, en Michoacán o Tamaulipas, es el eufemismo que nombra al grupo delincuencial ‘‘dueño de la plaza’’. Aquí ‘‘controlan seguridad pública, tránsito y protección civil’’, suelta el ex funcionario.

Otro asunto es si el alcalde José Luis Abarca estaba enterado o no de lo que sucedía con los normalistas. Él dice que no, que primero estaba en un baile y luego completamente dormido, versión que avala el gobierno del estado. Pero sucede que al baile –festejo por el informe de su esposa, María de los Ángeles Espinosa Villa, en su calidad de presidenta del DIF– llegaron los normalistas a ‘‘hacer desmanes’’, según refiere el regidor Óscar Chávez Pineda, desde hoy encargado de la alcaldía.

‘‘Lo que se sabe es que entraron por la calle Galeana, cuando estaba la verbena por el informe, y empezaron a quitarle las bolsas a la gente que quedaba.’’

Los testimonios de los normalistas indican que fueron ahí a botear y que tras un incidente con guardaespaldas de la esposa del alcalde se fueron a buscar los camiones para regresar a Ayotzinapa. ‘‘La esposa del presidente se enojó porque le iban a echar a perder su fiesta y ordenó que los echaran. Uno de sus guaruras disparó al aire’’, cuenta un empleado del ayuntamiento.

Licencia facilitadora

José Luis Abarca pide licencia ‘‘hasta por 30 días’’ para ‘‘facilitar’’ las investigaciones sobre los asesinatos y las desapariciones, en una sesión de cabildo marcada por el homenaje que le rinden los regidores –con dos excepciones– por el reparto de culpas (los gobiernos federal y estatal no actuaron, acusan él y los regidores que le son afines) y por los aplausos tras el ‘‘hasta luego’’ con el que se despide el edil.

Abarca es un hombre de baja estatura que gusta lucir su cuerpo de gimnasio y decir que él comenzó desde abajo. Los igualtecos cuentan que, efectivamente, el padre de Abarca era cantinero y que él comenzó vendiendo sombreros para luego hacerse joyero y más tarde dueño de una de las más importantes plazas comerciales de la ciudad.

Su incursión en la política es reciente. Nunca había ocupado un cargo de elección popular y era sólo conocido como un empresario que apoyaba al grupo del ex alcalde Lázaro Mazón, ahora secretario de Salud estatal. Le agarró, sin embargo, sabor al poder, al punto de que para nadie es un secreto que buscaba que su esposa lo relevara en el puesto.

Su cónyuge lo acompaña, muy seria, durante la lectura de su discurso de renuncia. ‘‘La del dinero es ella. Y su familia. Todo lo que se ha publicado (en resumen: un hermano de la presidenta del DIF es el jefe de plaza del cártel de los Guerreros Rojos) es cierto’’, dice el ex funcionario municipal.

En unos cuantos días, la señora Espinosa ha visto esfumarse sus posibilidades de ser alcaldesa. Pero ahora escucha a su marido hablar de las ‘‘dolorosas circunstancias’’ que acompañan su petición de licencia, de los ‘‘hechos lamentables’’, del ‘‘aberrante abuso de autoridad’’, como si hablara de balazos y muertes sucedidos en otro lugar.

Se define Abarca como ‘‘militante de izquierda comprometido con las causas más justas de los guerrerenses’’, como un hombre que se disciplina ‘‘al llamado de mi partido’’, el PRD, ‘‘que está comprometido con la justicia, los derechos humanos y la paz social’’.

Termina su discurso y se fuga. Los regidores se quedan y sostienen un escarceo en el que salen a relucir, con timidez, los pleitos con las únicas dos disidentes del cuerpo colegiado.

Sofía Mendoza es una de ellas. También es del PRD y la primera en ocupar su lugar en el salón. Dice unas palabras breves: recuerda que ella pide justicia desde hace un año y medio, luego de que su esposo, Arturo Hernández Cardona, fue levantado y asesinado junto con otros dos dirigentes de la Unidad Popular de Iguala.

La otra disidente, Elizabeth Hernández de la Garza, milita en el PRI. Para dar paso a una investigación a fondo, sostiene, todos los regidores deben renunciar. Sabe que no le harán caso y por ello se contenta con decir que, en adelante, Iguala y su gobierno municipal estarán bajo la mira del gobierno federal. El resto de los regidores hacen llamados a ‘‘continuar trabajando’’ y son pródigos en alabanzas para Abarca.

La regidora de educación, Soledad Mastache, recién electa consejera nacional del PRD, apela a la ‘‘justicia divina’’ para que el alcalde vuelva pronto a su puesto. Dice también que los ‘‘problemas’’ que condujeron a la salida del edil ‘‘no los pedimos, no se generaron aquí, llegaron a nosotros’’.

Las intervenciones duran alrededor de una hora. Hay condolencias para los deudos y clamores de justicia, pero llama la atención que las palabras ‘‘policía municipal’’ no salen nunca de la boca de ningún regidor. Según la ley municipal de Guerrero, las ausencias del alcalde deben ser cubiertas por el síndico procurador. Ese cargo lo ostenta el militante del PT Óscar Antonio Chávez Pineda quien, originalmente, fue electo suplente.

El titular de ese puesto, Justino Carvajal Salgado, fue asesinado en marzo de 2013 (el sobrino de Félix Salgado Macedonio recibió seis tiros, incluido el de gracia). El crimen, para variar, no ha sido esclarecido. Chávez Pineda espera que con el caso de los normalistas ocurra lo contrario y aporta para ello la versión del ayuntamiento de Iguala.

En su breve discurso de aceptación de la encomienda habla de ‘‘fuego cruzado’’, es decir, presenta a los policías municipales como víctimas.

–¿Fuego cruzado?

–Hay testigos, no podemos decir sus nombres.

–Pero hablamos de al menos dos hechos. La primera agresión fue de los municipales y la segunda de un grupo no identificado.

–Eso es lo que se ha estado manejando, por eso el cabildo fijó una posición muy clara: que se busque de veras que se haga justicia.

–¿Fuego cruzado entre sicarios y normalistas con los municipales en medio?

–El fuego fue entre municipales y normalistas.

–¿Traían armas los estudiantes normalistas?

–Hay testigos que nos dicen que sí, por eso nosotros aseguramos que fue así; fuentes fidedignas, personas que iban con familia, y no se puede dejar de lado lo que dicen personas que iban con sus hijos, con sus esposas. No es posible que hayan vivido esa situación y estén fantaseando para decir que pasó algo que no fue cierto.

–¿El ayuntamiento culpa al gobierno del estado y a la Federación de no haber actuado?

–Así es; lo que nosotros sabemos del comandante fue que en su momento estuvieron solicitando la ayuda tanto de la fuerza estatal como de militares, los que inclusive hicieron saber que ellos no tenían capacidad de actuar.

–¿Miente el procurador del estado cuando dice que hubo ‘‘uso excesivo de la fuerza’’ de parte de la municipal?

–Es la posición que ellos tienen, pero los que estamos aquí, los que vivimos lo que pasó, tenemos una versión muy diferente; pero ya las autoridades tendrán que ir definiendo quién es el culpable o si hay autores intelectuales.

Para el encargado de la alcaldía, el hecho de que Abarca estuviera en la víspera de su informe es una prueba de descargo: ‘‘No puede ser que él solito agarre una piedra y se dé en la boca. No podemos ser tan inocentes de creer que él detonó todo esto para que le cayera en este momento’’.

Llama Peña al gobierno de Guerrero a asumir su responsabilidad en el caso Iguala

La Federación no puede sustituir o remplazar a las autoridades locales, señala en Coacalco
Rosa Elvira Vargas
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2014, p. 10

Coacalco, estado de México, 30 de septiembre.

En su primer pronunciamiento sobre el asesinato de seis personas a manos de la policía de Iguala, Guerrero, el pasado fin de semana, el presidente Enrique Peña Nieto convocó al gobierno estatal ‘‘asumir su propia responsabilidad’’.

La Secretaría de Gobernación (SG), añadió el mandatario federal, está muy pendiente y atenta a apoyar y reforzar en donde, ‘‘de ser el caso, ha habido un debilitamiento institucional’’, pero la Federación no puede sustituir o remplazar a las autoridades locales.

En tal sentido, el presidente Peña Nieto enfatizó: ‘‘Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales. Aquí estamos en una amplia coordinación, en una gran disposición para sumar esfuerzos y sumar la fuerza federal a los esfuerzos estatales, pero no para sustituirlos, remplazarlos o asumir responsabilidades que corresponden en estricto sentido a los gobiernos locales’’.

El Presidente califica de ‘‘muy lamentable’’ lo ocurrido

Luego de encabezar un acto multitudinario en esta ciudad para inaugurar dos distribuidores viales, Peña Nieto dio una breve entrevista donde calificó de ‘‘muy lamentable lo que ha ocurrido’’ en Iguala.

Consideró necesaria una investigación a fondo para ‘‘realmente deslindar responsabilidades, para saber quiénes fueron los responsables de los hechos y emprender las sanciones y aplicar la ley que corresponda’’.

El presidente Peña Nieto también pidió dar espacio y dimensión a lo ocurrido en el estado de Guerrero. ‘‘Es un asunto que requiere especial atención, pero también demandando que el gobierno del estado asuma su propia responsabilidad’’, insistió.

Se le inquirió al titular del Ejecutivo federal si ante los hechos recientes será necesario diseñar un plan específico en materia de seguridad para ese estado, como se ha hecho para el caso de Michoacán.

En ambos casos, respondió Peña, se ha venido trabajando, ha habido coordinación entre el gobierno de la República y las autoridades estatales, pero ello no implica sustitución o remplazo a las tareas inherentes a éstas últimas.

‘‘Cuando se ha apreciado que hay esta conjunción de esfuerzos y se asumen compromisos por ambos órdenes de gobierno, creo que los resultados son muy alentadores y positivos. Espero que sea el caso de Michoacán y (que en) Guerrero ocurra por igual’’. concluyó.

Autoridad federal debe intervenir en caso Iguala: Silvano Aureoles
El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro pide al gobierno federal intervenir en casos donde la delincuencia organizada esté presente
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30/09/2014 18:10 América Juárez
Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)
Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre.- La autoridad federal deberá intervenir en aquellos casos donde se configuren delitos de delincuencia organizada como lo sucedió en Iguala, Guerrero, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo.

En algunos casos o la mayor parte lo está atendiendo el gobernador del estado, ahí hablamos con él para ver la situación como iba, pero otra parte la autoridad federal por haber claras tendencias de la delincuencia organizada, los ataques a los camiones, a los futbolistas, los secuestros y otros delitos configuran, están vinculados con la delincuencia organizada", aseveró el legislador perredista.

El también diputado federal por el PRD, sostuvo que el gobernador de Guerrero informó que ya declararon tanto policías de Iguala y 22 más fueron consignados, tras los hechos de agresión..

Me informaba también que habían declarado a los 270 y tantos policías de Iguala y ellos habían consignado a 22, la autoridad hace lo que le corresponde y entiendo que la autoridad federal ha tomado medidas en el caso", detalló Aureoles Conejo.

El pasado fin de semana se registraron hechos violentos en Iguala, Guerrero, en los que perdieron la vida seis personas.

ogz

Aprueban licencia a Alcale de Iguala
01 de octubre del 2014

México, 1 de octubre (Reforma).- A cinco días de los hechos de violencia que dejaron 6 muertos y 17 heridos, el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió licencia a su cargo por 30 días para facilitar las investigaciones que involucran a la Policía Municipal.
Durante el inicio de la sesión extraordinaria del Cabildo, el Edil aseguró tener la conciencia tranquila, ya que, dijo, nada tuvo que ver con lo que pasó.
Luego que la mayoría de los regidores aprobaron su permiso, el perredista salió de la reunión de trabajo acompañado de su esposa María de los Ángeles Pineda y sus hijos.

Previamente, en conferencia de prensa en Acapulco, el Procurador estatal Iñaki Blanco Cabrera pidió al Presidente Municipal separarse de su cargo.

“Creo que hay un compromiso moral y también una responsabilidad legal, creo yo que el Presidente (Municipal) debe separarse de su cargo, debe pedir licencia a efecto de facilitar la investigación de los hechos”, indicó.

Asimismo, no descartó que el munícipe tenga responsabilidad al no garantizar la seguridad de los estudiantes y sociedad.

El Fiscal consideró que también pudiera haber delitos por violación a los de derechos humanos.

Sobre el paradero de 57 estudiantes reportados como desaparecidos, indicó que 14 ya están o en sus casas o en la escuela Normal.

Del mismo modo, señaló que no descarta el delito de desaparición forzada de personas por servidores públicos.

Jesús Guerrero y Alfonso Juárez

Mexico hunts for missing students
Families together with security officials are searching for dozens of students who went missing last week.
Last updated: 02 Oct 2014 20:08
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Families of dozens of Mexicans students, who allegedly went missing last week at the hands of the police, have joined the search being conducted by around 160 state security officials.

The students went missing after municipal police and unidentified gunmen attacked them in the southern city of Iguala. Six students were killed and eyewitnesses say local police arrested many, but none have turned up in detention centres. Authorities suspect that they may have been handed over to drug gangs who operate in the area.

Al Jazeera's Rachel Levin reports from Iguala.

La “narco izquierda” se exhibe en Guerrero
03 de octubre del 2014




Narcoizquierda. Foto: EspecialCada día que pasa desde el pasado sábado 27 de septiembre, es una lápida para la corriente perredista de Nueva Izquierda. La desaparición de 37 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, a manos de presuntos pistoleros de la organización “Guerreros Unidos”, quienes actuaron en conjunto con la policía municipal de Iguala, coloca en el escrutinio judicial a uno de sus más conspicuos representantes, el hoy alcalde con licencia —y prófugo de la justicia—José Luis Abarca Velázquez, cuyos cuñados han sido líderes y operadores de ésta organización criminal que controla varios municipios del norte de Guerrero.

México, 3 de octubre.- Transcurrían las primeras horas de la mañana del sábado 27 de septiembre cuando Sebastián de la Rosa Peláez, diputado federal del PRD y dirigente de Nueva Izquierda en el estado de Guerrero, salió al paso de los medios de comunicación para defender a uno de sus aliados clave, el empresario y alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

—Tiene todo el respaldo político—decía mientras la dimensión de la tragedia ensombrecía al paso de las horas a las familias de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, y a las de los jugadores del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división, quienes durante la noche del viernes y madrugada del sábado habían sido atacados a tiros por un comando armado que se desplazaba en compañía de policías municipales.

—Nada justifica y tampoco se puede permitir que los policías municipales disparen contra los civiles, eso tienen que quedar suficientemente claro—comentaba—lo primero que se tiene que saber es ¿quién ordenó disparar? Y ¿por qué razón?

Parecía como un episodio más donde los crímenes contra civiles en Guerrero quedaban acotados al ámbito de la nota roja o la protesta social. Pero durante el día un hecho puso en evidencia al alcalde perredista de Iguala. ¿Quiénes eran y qué hacía ese comando armado que viajaba en autos y patrullas de la policía local?

La respuesta llegó al paso de las horas. El sábado a medio día una comitiva de estudiantes que la noche anterior se habían apoderado de tres camiones de transporte de pasajeros y fueron atacados a tiros, daban a conocer que 57 de sus compañeros estaban desaparecidos. Resultado de los dos ataques que habían sido víctimas en la noche y madrugada, informaron que dos de sus compañeros murieron en el lugar mientras otro había sido encontrado esa mañana muy cerca, tirado en la maleza, con huellas de tortura y desollado. También se supo que el mismo comando había atacado el autobús donde viajaba el equipo de futbol de Chilpancingo, quienes habían tenido un partido contra el representativo de Iguala, a quienes habían derrotado. Los pistoleros habían asesinado a uno de los jóvenes, al chofer y una mujer que pasaba por el lugar en su auto particular. En total había seis muertos por los tres ataques.

El alcalde perredista, y uno de los principales financiadores de la campaña de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura, declaró a los medios que no se enteró de nada pues la noche anterior, había estado en un baile del sistema DIF en compañía de su esposa, y directora del organismo, María de los Ángeles Pineda Villa.

Durante el domingo siguiente los familiares de los jóvenes atacados y secuestrados dieron a conocer que varios de ellos se habían refugiado en casas particulares y que la cifra de desaparecidos se reducía a 43. En el transcurso del día se presentaron a las instalaciones del 27 batallón de infantería, donde el coronel José Rodríguez Pérez en compañía de Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, los recibieron.

El coronel Rodríguez Pérez, responsable militar en los municipios del norte de la entidad, a la pregunta de los familiares sobre si el ejército tenía a los jóvenes desaparecidos, dijo que no tenían a nadie en el cuartel, pues las tropas no habían participado en el ataque y detención de los normalistas. Explicó que se enteraron de la balacera y los soldados salieron porque les avisaron que había civiles heridos sobre el Periférico, muy cerca de las instalaciones castrenses.

La “narco huella” en el perredismo

En las siguientes horas, tras la detención de 22 policías municipales acusados de participar en el tiroteo, la operación política del perredismo se puso en marcha. Desde la ciudad de México y desde Chilpancingo, la dirigencia nacional del PRD y el gobernador del estado, enviaron mensajes al presidente municipal de Iguala que debería separarse del cargo. El martes en sesión de cabildo extraordinaria, José Luis Abarca Velázquez solicitó licencia de su cargo por 30 días para que se aclarara el suceso donde habían desparecido los 43 jóvenes y muerto otros cuatro junto a dos civiles.

Para ese momento Sebastián de la Rosa Peláez, dirigente de Nueva Izquierda, hacia mutis de sus declaraciones de respaldo a su correligionario. Horas más tarde, cuando la procuraduría de justicia del estado mandó citar al alcalde con licencia para que declarara, éste ya estaba ilocalizable. Pero no era el único, el ex secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, también había huido.

El procurador guerrerense reconocería, ante la pregunta de varios medios de comunicación sobre los hombres armados que iban con los uniformados, que los policías habían actuado en apoyo a un grupo de pistoleros que pertenecían al grupo denominado “Guerreros Unidos”, cuyo líder Alberto Pineda Villa, apodado “el Borrado”, es hermano de la esposa del alcalde hoy prófugo.

Desde tiempo atrás se sabía que Abarca Velázquez tenía un pasado poco claro. Una de las preguntas que la gente de Iguala se hacía era, cómo le había hecho para de ser un comerciante que vendía sombreros en el mercado, a convertirse en propietario de la plaza comercial Galerías Tamarindos, la más importante del municipio, además de ser dueño de varias tiendas de joyas. En esa condición, sin ser militante, en 2012 la corriente de Nueva Izquierda lo postuló y el PRD lo lanzó de candidato a la presidencia municipal. El edil se jactaba de haber sido uno de los principales actores políticos que apoyó con dinero y recursos la campaña a la gubernatura por su correligionario de partido, el ex priista Aguirre Rivero.

En el año 2013 la policía federal detuvo a Leonor Villa Ortuño, madre de los hermanos Pineda Villa, junto a su chofer Carlos Cerezo, en su declaración acusó a su yerno José Luis Abarca de recibir dos millones de pesos mensuales del grupo criminal “Guerreros Unidos”, liderados por su hijo Alberto Pineda Villa. El pago, aseguró, era a cambio de que la policía municipal de Iguala les brindara protección.

Nueva Izquierda, la corriente de “los Chuchos” que dirige al partido del Sol Azteca, es la misma a la que pertenecen el presidente de la comisión de gobierno en el congreso local, el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, así como el gobernador de Guerrero.

El diputado perredista Ortega Jiménez es hijo de Celso Ortega Rosas, conocido como “la Ardilla”, detenido en 2008 acusado del secuestro y homicidio de dos agentes federales, los cuales realizaban operaciones encubiertas contra el narco en el centro de Guerrero. Tiempo después, tras obtener su libertad, en enero del 2011 fue asesinado a tiros a las afueras de su hogar en el poblado de Tlanicuilulco.

La carrera política de su hijo, el hoy diputado local Ortega Jiménez se inició cuando fue electo por el PRD como presidente municipal del municipio de Quechultenango, ubicado en la región centro del estado, donde “los Ardillos”, mantienen el control del trasiego de droga que viene de la sierra de Tlapa.

Las imputaciones a estos dos representantes perredistas no son exclusivas. Mario Moreno Arcos, alcalde de Chilpancingo postulado por el PRI, ha sido acusado en reiteradas ocasiones de estar vinculado a la delincuencia organizada. El dirigente empresarial en la capital del estado, Pioquinto Damián Huato, ha señalado en reiteradas ocasiones que la ola de extorsiones a comerciantes, los asaltos y asesinatos responden a la toma de la capital guerrerense por grupos de la delincuencia organizada, mismos que actúan con la complicidad del edil priista.

En este contexto el gobernador Aguirre Rivero, observa cómo la entidad agudiza su descomposición ante el escándalo que significa la desaparición de los 37 jóvenes quienes hasta el pasado jueves 2 de octubre eran buscados por tropas del ejército, policías federales y marinos.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

Detienen al director de Tránsito de Iguala por caso normalistas
A Uzziel Peralta Rodríguez se le detuvo derivado de la investigación que se sigue por el ataque que sufrieron estudiantes de Ayotzinapa
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02/10/2014 22:16 Pedro Tonantzin

IGUALA, 1 de octubre.- El director de tránsito del municipio de Iguala, Uzziel Peralta Rodríguez, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE), derivado de la misma investigación que se sigue contra el alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez y del Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, ambos prófugos.

Este jueves alrededor de las 18:00 horas, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de manera conjunta con la Policía Investigadora Ministerial y de la Fuerza Estatal, implementaron un operativo en las instalaciones del palacio municipal ubicado en la avenida Vicente Guerrero, para realizar la detención del funcionario.

El director de Tránsito, Uzziel Peralta, se encontraba en su oficia ubicada en la parte baja del edificio de gobierno municipal, cuando se dio la detección del funcionario el cual es investigado por posibles nexos con la delincuencia organizada, según fuentes policiacas.

Cabe mencionar que el sábado, pasado, Peralta Rodríguez, participo en una marcha por la paz y en apoyo al presidente municipal, José Luis Abarca, por los hechos violentos que se registraron el viernes 26 de septiembre en contra de estudiantes normalistas.
Realizan segundo cateo a casa de edil

La Procuraduría Guerrense, también realizó un segundo cateo en el domicilio del alcalde, sin que hasta el momento se conozca si obtuvieron resultados, sin embargo, los negocios y demás inmuebles que posee el edil en Iguala, no han sido sujetos de dicha investigación.

Este jueves, decenas de funcionarios estatales arribaron a Iguala, para desplegar diversas brigadas de búsqueda para encontrar a los estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre, tras el ataque en el que murieron tres de sus compañeros.

Los funcionarios entregaron casa por casa los volantes, en los que se invita a las personas de Iguala a denunciar cualquier hecho que conozcan relacionado con la desaparición de los estudiantes, además se les indica que cualquier informe que ofrezcan a las autoridades se garantizará su anonimato.

En el volante se establece la recompensa de un millón de pesos que anunció el Gobernador Ángel Aguirre Rivero, la cual le será entregada a las personas que ayuden a localizar a los 43 estudiantes que aún permanecen en calidad de desaparecidos.

Por el momento, la seguridad en la Ciudad de Iguala se ha reforzado con elementos Federales y Estatales, luego de que prácticamente los encargados de la seguridad pública en este ayuntamiento se encuentran prófugos o detenidos.

Además 22 de los 140 elementos que conformaban la policía municipal están en la cárcel y el resto se encuentran encuartelados.

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Americas
Police find mass grave near Mexico town
Site with burial pits holding bodies discovered near Iguala, in Guerrero state, where 43 students went missing recently.
Last updated: 05 Oct 2014 02:11
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A clandestine grave site with multiple burial pits holding an undetermined number of bodies has been found outside a town in Mexico's Guerrero state where violence last week resulted in six deaths and the disappearance of 43 students.

Inaky Blanco, Guerrero's prosecutor, said on Saturday the grave site was on the outskirts of Iguala, about 200km south of Mexico City.

He did not give any details on the number of bodies or say whether there was any indication of whether any of the remains could be some of the missing students.

Violence is frequent in Guerrero, a southern state where poverty feeds social unrest and drug gangs clash over territory.

Juan Lopez Villanueva, an official with the Mexican government's National Human Rights Commission, said later that six burial pits had been uncovered.

He also did not comment on whether the remains could be the missing students.

The clandestine grave was on a hillside in rugged territory of Iguala's poor Pueblo Viejo district, and was heavily guarded by soldiers, marines and federal and state police who kept journalists away from the site.

A helicopter landed inside the cordoned-off area at mid-afternoon.

Series of shootings

Iguala was rocked by a series of clashes and shootings late on September 27 and early the next day.

State prosecutors have said the first bloodshed occurred when city police shot at buses that had been hijacked by protesting students from a teachers college.
Al Jazeera's Rachel Levin's report from Mexico City on the search for the missing students in southern Guerrero state

Three youths were killed and 25 people had wounds.

A few hours later, unidentified masked men fired shots at two taxis and a bus carrying a soccer team on the main highway, killing two people on the bus and one in a taxi.

After the violence, Guerrero state authorities said 57 students had been reported missing since the protesters' confrontation with police.

That number was later reduced to 43.

Blanco has said local police are being investigated for roles in the disappearance.

He said state investigators had obtained videos showing that local police arrested an undetermined number of students after the first incident and took them away.

Officials say 22 officers are facing homicide charges.

Angel Aguirre, Guerrero's governor, has said investigators are also looking at possible involvement of organised crime groups, which he charged have infiltrated the town government.

Radical protests

Vidulfo Rosales, a lawyer for a local human rights group who is assisting the families of the missing students, said before the burial pit was found that relatives believed the youths had been turned over to a drug gang by police.

Rosales said some students who escaped the shooting said they saw other students being carried away in several police pickup vehicles.

The Aytozinapa Normal school attended by the missing students, like many other schools in Mexico's "rural teachers college" system, is known for militant and radical protests that often involve hijacking buses and delivery lorries.

In December 2011, two students from Aytozinapa died in a clash with police on the highway that leads to the Pacific coast resort of Acapulco.

Students had allegedly hijacked buses and blocked the road to press demands for more funding and assured jobs after graduation. Two state police officers were charged in the shootings.

During that confrontation, students apparently set fire to pumps at a petrol station on the highway when federal and state police moved in to quell the protest, and a gas station employee later died of burns suffered in the attack.