Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio

Al menos siete muertos dejaron tres balaceras efectuadas por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes, contra normalistas rurales de Ayotzinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay tres estudiantes, un joven futbolista del equipo ‘Las Avispas’,  junto con su director técnico, así como una ama de casa y el chofer de un taxi.

En los hechos hubo por lo menos seis heridos de bala, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), Alfredo Ramírez García, y su chofer, quienes recibieron varios impactos en brazos y piernas.

Aunque a la cabecera municipal de Iguala se trasladó el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaky Blanco Cabrera, este se ocultó de los reporteros que se le acercaron en las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

Mientras el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, condenaban los hechos y se pronunciaban por la aplicación de la ley contra los responsables, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, guardó silencio pero anunció una conferencia de prensa que se desarrollaría durante la jornada del sábado, día en que tenía programado su segundo informe de labores.

Boteo desencadenó la violencia

Desde la mañana del viernes 26 de septiembre, alrededor de 150 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la cabecera de Iguala para realizar una actividad boteo, tenían la intención de reunir dinero para financiar la marcha del 2 de octubre, cuando se cumplan 46 años de la masacre de estudiantes y obreros en Tlatelolco.

Ese mismo día, rindió su segundo informe de labores como presidenta del DIF la señora María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del alcalde, José Luis Abarca.

Al terminar el evento, casi de manera simultánea con la retirada de los normalistas que avanzaban sobre la avenida Juan N. Álvarez rumbo a la carretera federal que comunica con Chilpancingo, varias patrullas de la Policía Preventiva Municipal interceptaron la caravana integrada por tres autobuses, una urvan y un chevy, los policías marcaron el alto pero los jóvenes se resistieron a detenerse.

Entonces los municipales abrieron fuego contra las unidades, lo que provocó que un par de unidades de la Policía del Estado y la Federal, que les acompañaban, se retiraran del lugar, como una forma de deslindarse del hecho.

En el primer ataque, los dirigentes de Ayotzinapa reportaron cinco heridos, cuatro con rozones de bala y uno con una ojiva alojada en la cabeza, quien fue hospitalizado de urgencia en condiciones graves.

Esta persona murió en el transcurso de la noche.

A los pocos minutos, los preventivos, respaldados por civiles armados, interceptaron sobre la carretera federal que comunica con Chilpancingo un autobús particular de la empresa Castro Tours.

Este segundo hecho se registró a la altura de Santa Teresa, los policías y presuntos delincuentes se percataron de que la unidad era ocupada por decenas de jóvenes, por ello dedujeron que se trataba de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.

En ese hecho ya no se marcó el alto, hubo un ataque directo que provocó la volcadura de la unidad sobre el costado derecho de la carretera, quedando con todos los cristales despedazados.

Entrada la madrugada se supo que en el hecho murió el director técnico del equipo de tercera división ‘Los Avispones´ de Chilpancingo Pedro Rentería y el jugador David García Evangelista, de solo 15 años.

Permanece en calidad de desaparecido Jorge León Saenz, asistente del director técnico.

Como una camioneta cerró el paso al camión las ráfagas alcanzaron otras unidades que detuvieron su marcha atropelladamente, ahí murió un ama de casa que viajaba en un taxi colectivo y el chofer del mismo.

Abatidos mientras denunciaban

Aproximadamente a las 00:00 horas del sábado 27, los estudiantes de Ayotzinapa convocaron a una rueda de prensa en el lugar en que se suscitó la primera agresión, ahí preservaron la zona con piedras acordonadas para evitar que se perdieran las ojivas y cascajos abandonados por los policías municipales.

Hablaban con reporteros de varios medios informativos cuando un grupo de civiles se apostó en la acera de enfrente y disparó varias ráfagas de armas de diferentes calibres.

Estudiantes y reporteros se dispersaron rápidamente para ponerse a salvo, después se darían cuenta que en el lugar quedaron tirados dos alumnos de nuevo ingreso del plantel ubicado en el municipio de Tixtla.

La segunda agresión arrojó por lo menos otros cuatro heridos que se trasladaron al hospital general del sector salud.

Los cuerpos de los dos jóvenes caídos permanecieron tirados hasta las 03:00 de la mañana.

Llovía cuando llegaron al lugar elementos del Ejército nacional, después personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y al final los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todos custodiaron al Servicio Médico Forense (Semefo) en el levantamiento cadavérico.

Hasta entonces se reportaron 40 estudiantes desaparecidos, aunque estos poco a poco se fueron concentrando en las instalaciones del Ministerio Público, la mayoría llegaron resguardados por la Policía Ministerial y elementos de la Fuerza Estatal.

El procurador se oculta

Aproximadamente a las 04:00 se tuvo a la vista al procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera dentro del MP, los reporteros se le acercaron pero este se escabulló para encerrarse en la oficina del fiscal regional, no salió hasta que los comunicadores fueron desalojados “amablemente” del área.

El encargado de liberar la dependencia de comunicadores fue el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales Víctor Jorge León Maldonado.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó el hecho en su cuenta de Twitter y ofreció que se hará justicia contra los responsables.

En la misma sintonía difundió mensajes el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien reconoció la conmoción que hay en la población de la capital de Guerrero por la muerte de los integrantes de su equipo de tercera división.

Mientras, el ayuntamiento de Iguala preparaba su versión de los hechos y mantenía firme el evento en que se desarrollaría el segundo informe de labores del alcalde José Luis Abarca Ávila.

La brutalidad en el caso Ayotzinapa nubló los planes de seguridad: Campa Cifrián

Admite que todos los grupos policiacos deben revisar sus protocolos de actuación
Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Martes 16 de diciembre de 2014, p. 11

Los avances para frenar la inseguridad en el país quedaron "nublados" por la "brutalidad" de los hechos de Iguala, admitió el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, tras señalar que los tres niveles de gobierno "están atentos" para evitar que esta violencia irracional se repita en el país.

"El asunto de Iguala nubló cualquier visión de las acciones de gobierno en materia de seguridad. El hecho de Iguala es la suma de elementos irracionales que dieron como resultado un hecho que nos ha consternado a todos", dijo el funcionario.

Campa Cifrián fue entrevistado al término de la presentación de la Campaña de Prevención en el Entorno Familiar, que promueven Gobernación y una empresa cervecera y pretende evitar la violencia desde el círculo más cercano a los ciudadanos.

Fue interrogado sobre la contradicción entre los programas que impulsa la oficina a su cargo y que buscan un "acercamiento" e inclusive una "reconciliación" entre los cuerpos policiacos y la ciudadanía, y el hecho de que hayan sido policías los que entregaron a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa a un grupo criminal o que policías federales impidieran por la fuerza un concierto en Chilpancingo.
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Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, presentó la Campaña de Prevención en el Entorno FamiliarFoto Luis Humberto González

En breve respuesta, señaló que todas las policías deben revisar sus protocolos de actuación y agregó que en los próximos días hará públicos los resultados de dichos programas que se aplican en los "polígonos" definidos por Gobernación a partir de la mayor incidencia de delitos, regiones a las que se sumarán Iguala y la zona conurbada de Cocula, en el estado de Guerrero.

"Hoy tenemos información precisa que nos permite comparar comportamientos nacionales con los de las demarcaciones y estamos trabajando para presentar el específico en cada polígono", aseguró el funcionario, quien subrayó que es resultado de dar a los jóvenes mayores oportunidades de educación y empleo, así como a la recuperación de espacios a los que "ni la policía podía entrar", entre otros.

En cuanto a los resultados para reducir la violencia en el país, Campa Cifrián refirió la reducción en el número de homicidios dolosos, mismos que, puntualizó, al inicio de esta administración sumaban 22 mil al año y que en este momento llegan a 15 mil, cifra aún muy alta respecto los parámetros que establecen organismos internacionales, admitió.

La PF supo de la agresión en Iguala pero no participó, admite el titular

En la averiguación previa no hay evidencia clara sobre la intervención de la corporación, dice
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 16 de diciembre de 2014, p. 3

El comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, negó que la noche del pasado 26 de septiembre elementos de su corporación participaran activamente en el ataque a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero admitió que las fuerzas federales sí estuvieron enteradas de que un grupo de normalistas fueron agredidos a balazos en Iguala, Guerrero.

“La Policía Federal no interviene; al menos no tenemos una evidencia clara de participación activa en los hechos concretos que conocemos del 26 de septiembre (…) Esa camioneta (que se ve en un video difundido por el semanario Proceso, cuyas características son similares a las que usa la corporación) no es de la Policía Federal.

"Nosotros sí sabíamos de (la manifestación) ese día, porque (los estudiantes) venían en autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal, donde hubo hechos de violencia contra futbolistas. Ahí acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación", aseguró ayer el funcionario en una entrevista televisiva.

Una investigación publicada por la revista Proceso el pasado fin de semana refiere que agentes de la PF y elementos del Ejército Mexicano habrían participado en el ataque contra los normalistas en la ciudad de Iguala.

Según el trabajo de investigación, realizado por los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, el gobierno federal mexicano supo, en tiempo real, todo lo que estaba ocurriendo en Iguala la noche en que 43 normalistas fueron desaparecidos.

Sobre la base de testimonios, videos tomados con los celulares de los normalistas (en los que se escuchan las voces de los estudiantes que aseguraban haber visto a elementos de la PF en la noche del 26 de septiembre), informes inéditos y documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de juzgados, la investigación muestra que la Policía Federal participó activa y directamente en el ataque contra los jóvenes, y que el gobierno federal ha ocultado información durante más de dos meses.

De su lado, autoridades de la PGR informaron a La Jornada que entre las pruebas recabadas en la averiguación previa abierta por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa no se cuenta con algún video o testimonio directo que aporte indicios de que elementos de la PF participaron en los hechos.

"No hay prueba alguna que forme parte del caudal probatorio (respecto de la hipótesis de que elementos federales habrían participado), y te puedo decir que ni siquiera existe esa posibilidad a nivel de indicios", dijo a este diario un fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido) que pidió mantener bajo reserva su identidad.

En tanto, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo –quien ayer se negó a conceder una entrevista a La Jornada, bajo el argumento de que estaba ocupado en operativos de campo en Guerrero, donde supuestamente no había recepción de celular o de teléfono satelital–, rechazó, en entrevistas a medios televisivos y radiofónicos, cualquier vinculo de agentes federales con los hechos del caso Ayotzinapa.

Los testimonios

“Hoy, a partir de las diligencias, de los testimonios que hay en la averiguación previa de la PGR, diría con toda claridad, que no se apega a la hipótesis que se maneja en este reportaje (de Proceso). Hay una gran cantidad de testimonios, de documentos, de información, pero (…) con los informes que tengo, generados por la propia PF, conociendo el estado de fuerza destacamentado en Iguala esa noche del 26 de septiembre, diría que la PF no participa, al menos no tenemos una evidencia clara de participación activa en los hechos concretos de esa noche”, indicó Galindo a Televisa.

–¿Cómo explica el video (que dio a conocer la mencionada revista) donde se aprecia a una persona muy cerca de lo que posiblemente era una patrulla de la PF? –se le preguntó al comisionado en una de las entrevistas que concedió.

–Bueno, lo que yo he visto, aunque, insisto, puede haber más evidencia, y por ello invitamos a que se aporten a la propia averiguación previa todas las evidencias y todos los videos, pero hasta donde aprecio en los propios documentos videográficos, no veo y no encuentro una participación directa de un vehículo de Policía Federal o donde se pueda identificar que efectivamente policías federales están participando.

Finalmente señaló que “los estudiantes estaban siendo monitoreados por agentes estatales y federales (el 26 de septiembre durante los hechos de Iguala)”.

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El gobierno, obligado a aclarar si la PF y el Ejército agredieron a normalistas: diputados

Ahora el gobierno pretende revictimizar a los padres de los estudiantes desaparecidos, acusan
Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Martes 16 de diciembre de 2014, p. 4

El gobierno federal está obligado a informar y aclarar si el Ejército y la Policía Federal intervinieron en la agresión y posterior desaparición de normalistas en Iguala, Guerrero, demandaron diputados de PRD y PT.

"Con los informes periodísticos y evidencia documental que advierten de la intervención de soldados y federales, se prefigura una mentira que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, expuso ante la opinión pública y ante la comisión legislativa que investiga el caso, por lo que sería factible implementar un procedimiento de juicio político en su contra".

Los diputados perredistas Silvano Aureoles, Miguel Alonso Raya y Roberto López Suárez, y la vicecoordinadora de la fracción del PT en San Lázaro, Lilia Aguilar, consideraron "muy delicada" la revelación que advierte de la probable participación del Ejército y de la Policía Federal, porque "obviamente se echa por tierra" la versión que dio el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos, respecto del papel de las fuerzas armadas.

Lilia Aguilar refirió que los funcionarios encargados de resolver la desaparición de los normalistas “podrían haber incurrido en un delito al mentirle al Congreso. Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto sigue pateando el bote, aceptando estrategias propagandísticas –elaboradas por sus empleados– tendentes a hacer olvidar en el inconsciente colectivo la tragedia de Iguala”.

La legisladora chihuahuense anunció que ha reiterado la demanda para que comparezcan ante el Congreso el titular de la Sedena, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ching, y el procurador general.

"Es de tal gravedad la sucesión de acontecimientos, que ahora el gobierno federal pretende revictimizar a los padres de los jóvenes desaparecidos. Esa es una estrategia que pretende el olvido y el descrédito de los familiares de los normalistas".

El perredista Roberto López Suárez refirió que al documentarse en un reportaje de la revista Proceso la probable intervención de soldados y policías federales en el operativo del 26 de septiembre en Iguala, “se confirma lo que hemos venido señalando: no resulta ajeno que los militares y los policías federales sí estuvieron enterados de los sucesos que resultaron en la agresión de los estudiantes.

“Tanto la secretaría de Gobernación como la PGR y la Sedena –añadió– conocieron del caso y no actuaron. Es evidente la omisión. Por tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto está obligado a informar de la participación tanto de los soldados como de los policías federales.

"El Ejército Mexicano seguramente sabe dónde se encuentran los jóvenes y sabe dónde se encuentra el jefe de la policía municipal de Iguala".

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en San Lázaro, sostuvo que “en estos graves sucesos no es ajeno Rubén Figueroa ni el tráfico de amapola o de goma de opio que se da todos los días en Guerrero, como no no fueron ajenos a los hechos de violencia el Ejército y la Policía Federal.

"No fueron ajenos. Yo necesariamente no avalo la información publicada, pero cuando menos reconozco que el informe en cuestión introduce dudas severas y sólidas a la versión oficial de lo que pasó en Iguala en septiembre pasado", indicó.

En el perredista Silvano Aureoles, presidente de la mesa directiva, la respuesta a la pregunta sobre la publicación que involucraría al Ejército y a la Policía Federal fue lacónica: "estando en manos de la PGR, simplemente pedir que en el marco de la investigación se precise y se aclare, será parte también de la indagatoria que está haciendo la procuraduría".

Texto de Proceso apunta a “crimen de Estado” en caso Iguala: general Gallardo
Pedro Zamora Briseño
16 de diciembre de 2014
Nacional
El general en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez. Foto: Eduardo Miranda



COLIMA, Col. (apro).- La revelación aportada por la revista Proceso sobre la participación del Ejército y la Policía Federal (PF) en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa fortalece la hipótesis de que se trató de un crimen de Estado, por lo que “va a ser muy difícil que se aclare”, consideró el general José Francisco Gallardo Rodríguez.

No obstante, estimó que la presión internacional puede contribuir a la resolución de este caso, pues “al gobierno de la República, al Ejército y a todas las instituciones les conviene que este asunto se aclare y que los responsables se confronten ante la justicia; esa es la única solución, no hay otra”.

Gallardo, quien estuvo casi nueve años en una cárcel militar por haber propuesto un ombudsman para los miembros de las fuerzas armadas, dijo que desde antes de la aparición del reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher él había dicho muchas veces que “la única forma como se puede hacer un evento de esa magnitud (el operativo contra los estudiantes) es con la colusión y participación del Ejército, pues Guerrero es el estado más militarizado de la República, además de que hay una alta presencia de la Policía Federal”.

En entrevista con Apro, el militar retirado explica: “Era imposible que el Ejército no se diera cuenta; los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional tienen monitoreado cualquier movimiento que haga la disidencia, en este caso concreto los estudiantes de Ayotzinapa; el Ejército sabe en tiempo real a dónde van, si tomaron un autobús o no, y en un momento dado está en posibilidad el Ejército de haber evitado esta desaparición”.

También calificó como ilógico que a pesar de que los jóvenes fueron detenidos frente al cuartel, el titular de la Sedena dijo que esa institución no tenía conocimiento de esa acción.

“Ahora ya salió que sí tenían conocimiento y que había una comunicación estrecha, como la hay en toda la República, del Sistema Nacional de Seguridad Pública hacia los mandos militares o hacia los cuarteles; tan es así que el C4 estaba en comunicación directa con el comandante del 27 Batallón de Infantería”.

De acuerdo con el general Gallardo, lo que debe hacerse es romper el “manto de impunidad”, pues “aquí queda claro que hay una colusión por parte de las autoridades militares o civiles que permitieron que sucedieran estos hechos, sea por omisión o por acción”.

Las reformas que se hicieron al fuero de guerra en abril pasado, abundó, deben llevar a que el alto mando de la Sedena ponga a disposición de la autoridad civil a todos los militares involucrados en este asunto, porque en las reformas al artículo 13 de la Constitución quedó establecido que cualquier elemento castrense que viole derechos humanos, como es el caso, debe ser juzgado por la autoridad civil, pues de lo contrario podrían ser encubiertos por la autoridad militar.

Además, puntualizó, los mandos militares no pueden eximirse de responsabilidad por lo que hacen o dejan de hacer sus subordinados, ya que las leyes internas del Ejército señalan que el mando es responsable de la organización y la operación de sus tropas.

A juicio de Gallardo Rodríguez, a raíz de los hechos de Iguala se deben revisar las políticas encaminadas al sistema de seguridad pública en Guerrero y, por otro lado, revisar los procedimientos sistemáticos de operación que tiene el Ejército en torno a este tema, ya que está cumpliendo fuera de los cuarteles una función que es asunto de la exclusiva competencia de la autoridad civil.

“Se tiene que ver también cuáles son las órdenes que tiene el personal militar asentado en Guerrero, y a nivel nacional creo que es lo mismo, y cómo deben operar en una situación en la que estamos viviendo actualmente en México, especialmente Guerrero, debido a que esas políticas son elaboradas en el Estado Mayor de la Sedena y devienen de una información, concepción y operación de la seguridad pública a escala nacional”, expuso.

Para que no se repita una situación como la de Iguala, José Francisco Gallardo propuso una reforma legal para quitarle al Ejército la función de orden interno, pues el mexicano “es uno de los pocos ejércitos o el único en América Latina que tiene funciones de orden interno, es decir, de policía”.

Suman 56 cuerpos exhumados de fosas de Iguala desde octubre: PGR
Ezequiel Flores Contreras
16 de diciembre de 2014
Estados
El hallazgo de una fosa en Zumpango, Guerrero. Foto: Germán Canseco



IGUALA, Gro. (apro).- La subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR), Ileana García Luna, informó que en las últimas tres semanas han exhumado 28 cuerpos de fosas clandestinas ubicadas en distintos puntos de esta ciudad; además de que se han documentado 226 denuncias por desaparición de personas.

Con esta cifra, suman 56 cuerpos exhumados desde el 4 de octubre, cuando autoridades de la Fiscalía General Estatal (FGE) localizaron 28 cuerpos en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Durante una reunión con familiares de desaparecidos realizada esta mañana en la parroquia de San Gerardo, la funcionaria federal indicó que por este hecho se han integrado 52 averiguaciones previas y se siguen recabando declaraciones ministeriales.

También destacó que en este periodo han recolectado 470 muestras de sangre de familiares para integrar una base de datos de ADN.

Ello, a partir de que familiares de personas desaparecidas desde hace un año o más decidieron romper el miedo y realizar el trabajo del gobierno al salir a buscar a las víctimas luego de que la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa exhibió el nivel de violencia, corrupción y nexos de autoridades con el narco.

La titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR‎ presentó un informe sobre las labores de peritos luego del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas que ubicaron los propios familiares de desaparecidos desde el domingo 23 de noviembre en los cerros de Iguala.

Al respecto, informó que los peritos de la PGR han inspeccionado 28 fosas clandestinas en diferentes cerros de Iguala; en 12 de ellas se han exhumado 28 cuerpos y las labores de búsqueda de restos humanos continúan, pues se siguen reportando zonas convertidas en cementerios clandestinos.

También presentó al grupo de madres, padres y hermanos de desaparecidos unas diapositivas con imágenes sobre los restos humanos exhumados, así como indicios, entre ellos ropa, calzado y pertenencias personales de las víctimas para ayudar en el proceso de identificación de los cadáveres.

El dramático encuentro fue privado pero lacerante para los familiares que buscan a sus parientes desaparecidos.

Este grupo de víctimas se conformó desde finales de septiembre, luego de que la asociación civil Ciencia Forense Ciudadana ofreció subsidiar procedimientos de toma de sangre para conformar un banco de ADN y lograr identificar los cuerpos que las autoridades ministeriales han exhumado en la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa.

De manera paralela, padres de los estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa‎ y miembros de diferentes organizaciones sociales organizaron un foro denominado “Primer encuentro de familiares de víctimas de desaparición forzada de Iguala y Ayotzinapa”, con el propósito de conformar un frente común para exigir justicia por el caso de todos los desaparecidos en la entidad.

Al encuentro acudieron algunos padres de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes marcharon por las principales calles de Iguala acompañados por estudiantes y activistas.

El foro se realizó en el auditorio municipal de Iguala, ubicado a un costado del ayuntamiento que fue destruido y quemado tras la barbarie registrada en este lugar.

En su intervención, un representante de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa hizo un llamado a los habitantes de Iguala y los municipios aledaños a que se apiaden del dolor de las víctimas.

“Si tienen información sobre el paradero de los estudiantes, por favor díganlo para terminar con la angustia que tenemos”, expresó el afligido padre.

Los asistentes al encuentro acordaron volver a reunirse el viernes 26 para definir la estrategia que permita aglutinar a todos los familiares de desaparecidos en un solo frente para obligar a las autoridades a reconocer este crimen de lesa humanidad.

MX-Commando escribió:disculpen el off topic compañeros, pero ¿que  hay en esas supuestas acusaciones hacia el ejercito?, he visto cada nota que suena un poco amarillista y manipulada, van desde supuestas amenazas hasta que los tienen privados de la libertad en algun batallon

Pactan endurecer reclamo por Ayotzinapa

Arcelia Maya
Cd. de México (21 diciembre 2014).- Organizaciones sociales, civiles y estudiantiles que simpatizan con la normal de Ayotzinapa ayer acordaron exigir la salida inmediata del Ejército, la Marina y la Gendarmería de Guerrero.

En la VII Asamblea Nacional Popular, que se realizó en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 218 delegados de 58 organizaciones del País expusieron que la presencia de los cuerpos policiacos generó mayor inseguridad y represión en la entidad.

Los delegados consideraron que el Estado mexicano distorsiona los hechos, oculta información e impide investigaciones objetivas sobre la desaparición de los 42 normalistas para proteger y encubrir a todos los niveles de gobierno implicados en el caso.

Los representantes expresaron demandar la salida inmediata del Presidente Enrique Peña Nieto porque, a su parecer, no representa los intereses y las aspiraciones del pueblo mexicano.

"Tenemos nuevos feminicidios, secuestros de luchadores sociales, asesinatos, represión policíaca y militar. En suma, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto con estos hechos pretenden impregnar miedo y terror al pueblo mexicano que hoy está más que dispuesto a incrementar su nivel de lucha", indicaron en los resolutivos.

Los ejes principales de sus demandas son la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa aún desaparecidos, el castigo a los responsables de esta desaparición y los asesinatos contra activistas en el País.

La Asamblea Nacional llamó a intensificar las acciones como bloqueos de puertos, aeropuertos, liberación de casetas, cierre de autopistas, tomas de gasolineras y distribución gratuita de combustible.

Así como toma de medios de comunicación y bloqueos en el Distrito Federal, todas manifestaciones que se enmarcarán en las Jornadas Acción Global por Ayotzinapa, con miras a una huelga política general.

Entre las protestas se encuentra preparar una campaña nacional e internacional por la libertad de todos los presos políticos y por la presentación con vida de todos los desaparecidos.

En la reunión estuvieron presentes delegaciones de Venezuela y Chile.

Tensión entre México y Bolivia por Ayotzinapa

Dec 19, 2014Gobierno, Nacional 1

El presidente Evo Morales critica el “modelo fallido” en el país; la SRE, preocupada por sus declaraciones

AFP

MÉXICO, D.F.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)expresó ayer su “sorpresa y preocupación” por unas declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, en las que califica al país como un “modelo fallido”.

“La SRE expresa su sorpresa y preocupación por las recientes declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, hechas a un medio de comunicación”, señala la dependencia en un comunicado.

“Estas reiteradas expresiones fomentan una falsa percepción de división regional (…)”, dijo la cancillería, que envió una nota diplomática a la cancillería boliviana.

Morales fue entrevistado el miércoles pasado por la emisora argentina Radio Continental.

En la entrevista, Morales explicó que su interés en incorporar a Bolivia a Mercosur responde a la voluntad de que sea una “integración de carácter regional” y no puramente para un “comercio competitivo”, tras lo cual se empezó a referir a México.

“Imagínese lo que está viviendo México. Yo digo que México es un modelo fallido, el modelo fallido, el libre mercado fallido”, dijo.

“Lamentablemente las autoridades se sometieron como libre mercado a EU y ahora estos son los resultados. Esto debe hacer reflexionar a todos los países que impulsan el libre mercado. Quienes no estamos con el libre mercado estamos mejor”, concluyó.

El presidente uruguayo, José Mujica, dijo a finales de noviembre que México le parecía una “especie de Estado fallido”, un comentario que retiró rápidamente enmedio de un roce diplomático.

Piden en PRD salida de Murillo y Rubido
22 de diciembre del 2014

México, 22 de diciembre (Reforma).- Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, pidió este domingo la renuncia del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

En un comunicado, el legislador federal consideró que ambos funcionarios deben abandonar el cargo ante la pérdida de credibilidad y confianza que ha generado la investigación oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El diputado condenó que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya ido a fondo para determinar la responsabilidad de autoridades federales en el caso de los normalistas, registrado desde el pasado 26 de septiembre.

“Hasta el momento, el Procurador no ha explicado cuál fue el rol de la Policía Federal y del Ejército, antes, durante y después de los hechos de Iguala y qué sabían respecto al cementerio clandestino que se ha encontrado”, dijo.

“Nadie de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería ha sido llamado a declarar y por el contrario, en una clara maniobra para encubrirlos, los mandos responsables en la zona de estos dos destacamentos de fuerzas federales han sido cambiados de sede”.

Raya criticó que la PGR ni siquiera haya podido determinar con claridad cuál fue el móvil de los ataques y de la desaparición forzada de los estudiantes, ni de sustentar sus acusaciones para consignar a María de los Ángeles Pineda, a la que señala como la líder del grupo criminal que presuntamente asesinó a los estudiantes.

“Es claro que atrás de las prisas de la investigación oficial hay una intención de que los mexicanos ya superemos el dolor por Iguala, como lo pidió Peña Nieto, en un afán por deslindar a su Administración de su responsabilidad”, consideró.

La noche de Iguala: el encubrimiento

ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
20 DE DICIEMBRE DE 2014
REPORTAJE ESPECIAL


MÉXICO, D.F. (Proceso).- La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.

Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.

La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.

El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.

En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”

En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.

El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.

(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

Encuentran en Cocula otras dos fosas clandestinas

El Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición forzada ha logrado documentar 370 casos de personas que fueron raptadas y desaparecidas en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Mezcala y Teoloapan de 2007 a la fecha; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero sólo reconoce 226 víctimas.
diciembre 22, 2014Paris Martínez (@Paris_Martinez)
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

A partir de los rastreos que realiza el recién conformado Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada en Guerrero en conjunto con la PGR, el pasado jueves, 18 de diciembre, fueron localizadas dos nuevas fosas clandestinas en el municipio de Cocula, en la región conocida como Barranca del Tigre, como parte de la investigación para dar con el paradero de los normalistas raptados y desaparecidos el pasado 26 de septiembre por la policía del vecino municipio de Iguala.

En nombre de la agrupación de familiares de personas reportadas como desaparecidas, Citlali Miranda informó que el pasado jueves se logró identificar cinco presuntas fosas clandestinas, en la misma zona donde en octubre pasado fueron encontrados 26 cuerpos inhumados ilegalmente, en dos de las cuales se confirmó la presencia de restos óseos, que serán sometidos a análisis forense para determinar si corresponden a alguno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que, desde hace ya 83 días permanecen en calidad de víctimas de desaparición forzada.

En total, informó Citlali Miranda, el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición forzada ha logrado documentar 370 casos de personas que fueron raptadas y desaparecidas en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Mezcala y Teoloapan de 2007 a la fecha, así como casos aislados de familias que han viajado desde Veracruz, el Estado de México y Tamaulipas y que sospechan que sus seres queridos desaparecieron en Guerrero.

Sin embargo, denunció la representante de la agrupación civil, de esos 370 casos de desaparición forzada, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero sólo reconoce 226 víctimas.

Según informes proporcionados por el gobierno federal a esta agrupación CIVIL, además, en total han sido identificadas 28 fosas clandestinas sólo en el municipio de Iguala; de ellas, en 12 han sido localizados 26 restos óseos.

Además, los mismos informes oficiales revelan que en 2014, en el municipio de Iguala han sido reportadas 45 víctimas de desaparición forzada, a las que se suman otras 12 de Telolopan y 9 de Taxco.

Alcalde de Cocula es interrogado en la SEIDO
Doris Gómora| El Universal
Martes 23 de diciembre de 2014
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Alcalde de Cocula es interrogado en la SEIDO

DECLARACIÓN. El edil de Cocula, César Miguel Peñaloza, no está detenido, ni arraigado y hasta el momento solo está en calidad de testigo. (Foto: ARCHIVO. EL UNIVERSAL )
César Miguel Peñaloza Santana testifica en la SEIDO de la PGR, donde está ampliando su declaración sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero

doris.gomora@eluniversal.com.mx

El presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana testifica en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, donde está ampliando su declaración sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Fuentes de la dependencia indicaron que desde el viernes y hasta la noche de ayer el alcalde de Cocula, postulado por el PRI, continuaba ampliando su declaración, que realizó en la primera quincena de octubre, en donde entre otros puntos se abordó la participación de la policía de su municipio en la desaparición de los estudiantes.

Al respecto, las fuentes precisaron que el presidente municipal de Cocula no está detenido, ni arraigado y hasta el momento sólo está en calidad de testigo relacionado con los hechos del 26 de septiembre en Iguala.

Al cierre de ésta edición la PGR, que tardó tres días en confirmar la ubicación del presidente municipal de Cocula así como la situación legal del mismo, no informó si los familiares del alcalde ya habían sido notificados de que Peñaloza Santana estaba en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada, ya que desde el sábado 19 su esposa lo reportó como desaparecido, y dijo que temía por su seguridad.

Ayer, en una entrevista en Radio Red, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega señaló que con base en la información que tenía el presidente municipal de Cocula estaba arraigado en la SEIDO por la desaparición de los normalistas, cuando un día antes aseguró que no sabía nada del asunto.

El gobernador Ortega pidió a la PGR que se definiera la situación legal del edil, con el propósito de determinar si era necesario nombrar a un alcalde interino, y en tanto el munícipe estuviera arraigado el secretario general de gobierno estaría a cargo.

Anoche autoridades de la PGR confirmaron que Peñaloza Santana no está sujeto a la medida cautelar —a pesar de lo que declaró el gobernador—, pues hasta el momento tiene el carácter de testigo, y se esperaba que este martes se concluya con la diligencia de interrogatorio.

Cabe recordar que policías municipales de Cocula participaron en la privación ilegal de la libertad de los 43 normalistas, a quienes trasladaron de Iguala hasta el punto donde fueron entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos

Se considera, indicaron las fuentes, que su testimonio puede ser valioso como parte de esta investigación, por lo que es la segunda ocasión en que se le interroga, cuando el 13 de octubre pasado también compareció ante la Subprocuraduría Especializada.

Por su parte, Cuauhtémoc Salgado Romero, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó ayer que un familiar del presidente municipal de Cocula le notificó que el alcalde fue llevado, el viernes pasado, por personal de la PGR a la subdelegación de la dependencia federal en Iguala y después fue trasladado a la ciudad de México.

Alrededor de las 13:00 del sábado pasado Lizbeth Alarcón, esposa del presidente municipal reportó al C-4 que su esposo no había regresado al municipio después de acudir, el viernes anterior, a la ciudad de México a declarar en la PGR.

La esposa del alcalde de Cocula informó que temía por la seguridad de su esposo ya que no respondía su celular, razón por la cual el sábado pasado levantó el reporte correspondiente debido a que desconocía si había llegado o no a declarar ya que ninguna autoridad le había informado sobre su marido.

Padres de los 43 de Ayotzinapa piden al Papa intervenir
Dennis A. GarcÍa Enviado| El Universal
Martes 23 de diciembre de 2014
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Video. La homilía se desarrolló en memoria de los normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero
Padres de los 43 de Ayotzinapa piden al Papa intervenir

CASO AYOTZINAPA. Christophe Pierre, nuncio apostólico del Vaticano, ofreció una misa en Ayotzinapa en honor a las 43 víctimas de desaparición forzada, en el patio central de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos". (Foto: CRISTOPHER ROGEL BLANQUET. EL UNIVERSAL )
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A casi tres meses de la desaparición forzada de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, los padres de los 42 cuyo paradero se desconoce solicitaron al Papa Francisco que se pronuncie por este caso en su homilía del 24 de diciembre para que dé a conocer lo que ocurre en México y que demande al Estado mexicano que localice con vida a los estudiantes

politica@eluniversal.com.mx

TIXTLA, Gro.— Padres de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa solicitaron la intervención del Papa Francisco para exigir al Estado mexicano la localización con vida de los estudiantes, de quienes no se sabe nada desde el pasado 26 de septiembre.

En la misa celebrada en el patio central de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, el nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, expresó todo el apoyo de la Iglesia católica a los familiares de los jóvenes desaparecidos.

Durante una reunión privada los padres de los normalistas entregaron unas cartas al representante del Vaticano para hacerlas llegar al Pontífice.

En ellas, piden a las autoridades eclesiásticas su apoyo para que en la homilía del 24 de diciembre el Papa Francisco haga un pronunciamiento del caso Iguala y que se sepa en todos los países la situación de los normalistas víctimas de desaparición forzada.

“Hemos venido a Ayotzinapa para acompañar a los padres de familia de una manera muy especial. Ellos han expresado su dolor porque sus hijos están desaparecidos y nos han pedido insistentemente que hagamos oración para que sus hijos en donde quiera que se encuentran estén protegidos, y para que puedan encontrarlos vivos”, comentó el arzobispo de Acapulco, monseñor Carlos Garfias Merlos.

En la escuela de Ayotzinapa, el arzobispo de Acapulco dijo que durante la reunión en privado con los familiares se les dijo que la Iglesia católica expresó todo su apoyo y que harían todo lo que esté dentro de sus posibilidades para apoyarlos en este trance.

“Como Iglesia, hemos ofrecido el acompañamiento espiritual y sicosocial, atención y cercanía, así como oración permanente en toda la Iglesia en México”, indicó.

Informó que el próximo 14 de enero regresarán a la Normal Rural para celebrar otra eucaristía, además de que los padres solicitaron una audiencia con el jefe del Estado vaticano.

“Buscaremos el diálogo directo para poder hacer llegar a las autoridades (mexicanas) la petición de los padres de los jóvenes desparecidos. Hacen una petición para que sean recibidos a mediados del año próximo por el Papa”, señaló monseñor Carlos Garfias.

Durante la homilía en la que estuvo también presente el obispo de Chilpancingo-Chilapa, monseñor Alejo Zavala Castro, el nuncio apostólico Christophe Pierre expresó todo el apoyo de la Iglesia católica a los padres de los normalistas.

Dijo que en el Vaticano están bien informados de lo que sucede en México y que la Iglesia católica se comprometió a hacer llegar sus cartas al Papa.

“Cuando uno sufre lo peor es sentirse solo y abandonado, pero el Papa está con ustedes”, dijo el nuncio, al tiempo que pidió a los padres de los desaparecidos no perder la esperanza ni la fe en encontrarlos.

“Es difícil perdonar, pero no podemos vivir así. Yo voy a ofrecer la vida de cada uno de sus hijos para que el Señor los proteja y a ustedes les dé el consuelo”, mencionó en la misa con motivo de la Navidad.

Al respecto, Felipe de la Cruz, representante de los familiares de los 42 normalistas desaparecidos, agradeció al nuncio haber estado en Ayotzinapa expresando su solidaridad y hacer suyo el sufrimiento por el que atraviesan.

“Le pedimos que le manden el mensaje al Papa. Estamos solicitando su apoyo para que lleven la voz y el dolor al Papa, para que en su homilía pida por los normalistas”, indicó.

A casi tres meses de que 43 normalistas fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula Felipe de la Cruz lamentó que no tengan avances claros del paradero de sus hijos.

Sigue la búsqueda de normalistas, aunque sean días festivos, afirma Galindo Castillo
Foto
Maestros de la Ceteg colocaron en Chilpancingo, Guerrero, un árbol de Navidad con las fotografías de los 42 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasado en IgualaFoto José I. Hernández /Cuartoscuro
De la Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 26 de diciembre de 2014, p. 4

La búsqueda de los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no va a disminuir ni a cesar durante las fiestas decembrinas, afirmó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Castillo.

"A pesar de estos días, no importando que se trate de Navidad o de Año Nuevo, la instrucción que tiene la división de Gendarmería es no disminuir el estado de fuerza ni las acciones de búsqueda que tenemos, coordinados con los padres de familia", dijo el funcionario, señala un comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad.

De acuerdo con Galindo, "no hay menos gente" intentando localizar a los jóvenes de Ayotzinapa en esta época, ya que "prácticamente la policía no sale de vacaciones, se mantiene en sus labores; en particular hemos cuidado más mantener nuestro estado de fuerza activo en lo que tiene que ver con los normalistas".

Informó que el martes tuvieron "ejercicios de búsqueda en varios lugares. Incluso detuvimos a algunas personas con armas largas y cortas, quienes fueron remitidas al Ministerio Público Federal".

En esta misma línea, Galindo Castillo enfatizó que los operativos siguen "una agenda bien definida con los padres de familia: si debe ser por tierra, en el lugar que sea, en el horario que sea, y no importa que sea día festivo o inhábil, la búsqueda sigue al ciento por ciento".

Vandalizan cuartel militar en Iguala

Hora de actualización: 14:14 hrs.
Jesús Guerrero / Corresponsal
Iguala, México (26 diciembre 2014).-


Los inconformes lanzaron cuatro cohetones adentro de las instalaciones. Foto: Jesús Guerrero


La marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa prosiguió hacia el Zócalo de Iguala tras hacer una parada en el cuartel militar. Foto: Jesús Guerrero


Estudiantes, maestros y algunos familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron pintas en el 41 Batallón de Infantería y lanzaron cuatro cohetones al interior.

El grupo de personas, que marcha al Zócalo de esta ciudad, pateó el portón del inmueble, causándole daños.

"Alexander Mora vive" y "Aquí hay 43 asesinos", fueron las leyendas que escribieron en la fachada del batallón, en la Avenida de las Banderas.

Adentro de las instalaciones había algunos militares que portaban palos, pero se replegaron.

Los manifestantes continuaron su marcha al Zócalo, donde hicieron un mitin en el que advirtieron que continuarán con sus movilizaciones en los siguientes días.

Vandalizan cuartel militar en Iguala por normalistas

Maestros, normalistas, familiares de los 42 desaparecidos y organizaciones sociales realizaron pintas y lanzaron consignas en la marcha para conmemorar 3 meses del ataque.



Los manifestantes llevan lonas con las imágenes de los jóvenes desaparecidos (Pablo Maldona)


Pintan la vialidad con la silueta de las personas (Pablo Maldonado )


Culpan al gobierno de ser los culpables de la desaparición de los normalistas (Pablo Maldonado)


Los inconformes realizaron pintas en los edificios públicos (Pablo Maldonado)

JAVIER TRUJILLO Y ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN
26/12/2014 02:04 PM
Chilpancingo
Tres cohetones explotaron en la puerta de las instalaciones del 41 Batallón de Infantería, que pertenece a la 35 zona militar, con sede en el municipio de Iguala, además maestros, familiares, organizaciones sociales, y estudiantes realizaron pintas y lanzaron consignas.

A tres meses de los violentos hechos ocurridos en esta localidad de la zona norte del estado de Guerrero, se realizaron manifestaciones por parte de organizaciones sociales, padres de los 42 normalistas desaparecidos.

La marcha partió de las calles de Juan Álvarez, donde la noche del 26 de septiembre, hace tres meses, ocurrió el primer ataque a los normalistas por parte del grupo delictivo y los agentes de seguridad pública.

Familiares e integrantes de la Asamblea Nacional Popular, afirman que ese crimen no puede quedar impune y expresaron que se mantendrán más unidos que nunca en esa lucha.

"Porque si no hubo Navidad para el gobierno tampoco habrá Año Nuevo. ¡Vivos se los llevaron!, ¡Vivos los queremos!", gritaron, una y otra vez.

En el sitio donde asesinaron a los normalistas Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, padres y familiares que iban al frente de la manifestación llevaban gallardetes con los nombres y fotografías de sus hijos.

A 90 días de distancia padres y familiares aún conservan la esperanza de encontrarlos con vida.

De acuerdo con información de autoridades federales y estatales, el grupo de manifestantes, estuvo durante más de diez minutos lanzando consignas y pintas frente a la sede militar, algunos de los que protestaban iban embozados y marcharon al Zócalo de esta localidad.

También arrojaron piedras, palos y escribieron con pintura en aerosol leyendas como "Alexander Mora Vive" y "Aquí hay 43 asesinos", sobre puertas y muros de instalaciones militares, ubicadas sobre la Avenida de las Banderas del municipio de Iguala, que era gobernado por el PRD.

Más adelante, sobre la avenida de Las Banderas, un módulo de información de las fuerzas castrenses fue vandalizado y derribado, pero el mismo se encontraba vació y luego los manifestantes siguieron su marcha.

La protesta continúo hasta llegara al Zócalo donde nuevamente demandaron la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos desde el pasado mes de septiembre cuando fueron detenidos por agentes policiacos y hombres armados del grupo delictivo "Guerreros Unidos".

Ayotzinapa: “Investiguen a la PF y al Ejército”

ROSALÍA VERGARA
27 DE DICIEMBRE DE 2014
DESTACADO


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para ellos no hubo Nochebuena. La lluvia enmarcó su protesta frente a la residencia oficial de Los Pinos el miércoles 24. La demanda es la misma que hace tres meses: La presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos.

Sin embargo se gestó una nueva exigencia: Que se investigue la presunta participación del Ejército y de la Policía Federal (PF) en el ataque del 26 de septiembre a los estudiantes en Iguala, Guerrero.

En su edición 1989, este semanario publicó “la historia no oficial” de aquellos hechos. Los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher documentaron que la PF participó activamente en la agresión a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y contó con la complicidad de los militares.

El reportaje mostró que, contra la versión del gobierno federal, éste sí conoció los hechos en tiempo real mediante los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y confirmó que fueron torturados al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio.

Padres, madres y hermanos de los desaparecidos, con su representante legal, refrendan que no le creen al gobierno y siguen exigiendo justicia.

En entrevista durante su protesta sobre la calzada Chivatito, cerca de Los Pinos, lugar al cual les impidieron llegar policías federales, Felipe de la Cruz, Omar García, Vidulfo Rosales Sierra y la madre de familia Metodia consideran que el Ejército tiene responsabilidad directa en la desaparición de los jóvenes.

“Nosotros les exigimos en varias ocasiones, en las mesas de diálogo, que se tenía que abrir una investigación a los militares, a la PF y a la Policía Municipal. Únicamente se han enfocado a la municipal, aunque los militares participaron y también tienen que ser castigados”, indica De la Cruz, vocero de los familiares afectados”.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1991, ya en circulación)

Proceso culpa a la Policía Federal y al Ejército del ataque a normalistas; exonera al crimen organizado y a los Abarca

Publicado por La Redacción el 20 diciembre, 2014

Según Proceso, es falsa la versión de que la noche del 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde José Luis Abarca, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a integrantes de Guerreros Unidos, grupo criminal que los asesinó e incineró. “El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército”, se afirma en la revista, de acuerdo con “una investigación periodística, basada en documentos, audiovideos y testimonios, cuenta otra historia”.

El texto principal de la edición 1989 de Proceso, fechada el 14 de diciembre de 2014, es firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher, bajo el título “La historia no oficial”.

En los primeros tres párrafos se lee lo siguiente:

Fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal.

Un trabajo realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en testimonios, audiovideos, informes inéditos y declaraciones judiciales muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado.

Aún más, de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).

El texto de Proceso ha sido cuestionado en distintos espacios por la evidente falta de rigor periodístico aplicado en su elaboración. La presentación en portada, los titulares y sumarios son contundentes, pero el contenido no documenta las afirmaciones que señalan una participación de la Policía Federal y el Ejército.

Gil Gámes, en El Financiero, publicó una de las críticas más severas al texto, bajo el título “Vuela, vuela”:

“La historia no oficial” de esta trama realizada con el apoyo del programa de periodismo de la Universidad de California en Berkeley, afirma a pie juntillas que “el ataque y la desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desparecidos, uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil y 10 eran activistas políticos en formación en el Comité de Orientación Política e Ideológica”. Leyó usted bien: el asesinato de tres normalistas y la desaparición de 43 de ellos fue un ataque a la ideología y gobierno de la normal. Un ataque que según sus investigaciones provino de la Policía Federal y del Ejército. Señores de la Universidad de Berkeley, California, vuelvan a clases y aprendan no tanto la lucha civil como las reglas elementales del periodismo. Oh, sí.

Para demostrar que fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, Anabel Hernández ha echado mano de testimonios inéditos, documentos, testigos sin nombre, fuentes secretísimas y un video en el cual no se ve nada de nada. De verdad, si usted entra a YouTube y ve el video multicitado de Proceso como prueba de la maldad del gobierno, usted no verá nada, como si cerrara los ojos y dijera: ahí está el ataque del gobierno, lo veo con la claridad del periodismo de Anabel.

Los reporteros, qué dice Gil reporteros, los investigadores, qué dice Gil los investigadores, los detectives Hernández y Fisher afirman que “el gobierno de Peña Nieto ha ocultado la información que tiene acerca de la participación de la PF y del Ejército en los acontecimientos”.

Los Abarca, inocentes

A Gil no deja de parecerle una ironía de las grandes que mientras los editores de Proceso buscan nuevos culpables en la niebla, su revista se convierta en la única publicación del mundo que ha exonerado al alcalde Abarca y a su esposa del crimen de los muertos de Iguala y de los desaparecidos de Ayotzinapa. Como lo oyen. Como dicen los jóvenes en el antro: está caón, wey.

En México hay una desconexión entre Estado y sociedad: Embajador de Holanda

Por Redacción / Sinembargo - diciembre 23 de 2014 - 0:04
DE REVISTA, MÉXICO, Radio Nederland, TIEMPO REAL - 14 comentarios


Por Pablo Gámez, de El Toque, especial para SinEmbargo
Foto: Twitter

El Embajador de Países Bajos, Dolf Hogewoning, con el Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Twitter

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo/RadioNederland).– “Entiendo la critica social al gobierno de EPN de no haber actuado a tiempo en la desaparicion de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero se esta haciendo bastante para aclarar los hechos”, reconoce Dolf Hogewoning, Embajador de los Países Bajos en México. Y agrega: “El Estado es el responsable final de la impunidad. Pero no consideramos al Estado mexicano como el que está matando”.

En una entrevista exclusiva con RNW, Hogewoning insiste en que Holanda tiene una relación constructiva con México: “Sí, pero también tenemos una voz crítica, al igual que la Unión Europea. De hecho, en un 90 por ciento estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora”.
Para Holanda, México es el segundo aliado comercial en América Latina y, tras Brasil, uno de los principales aliados estratégicos de La Haya en el continente.

En 2012, las exportaciones holandesas a México superaron los dos millardos de euros. Y la importancia comercial de México sigue aumentado.

“Por supuesto que existe una gran preocupación por parte de algunos empresarios holandeses, habida cuenta que la seguridad, en estos momentos, es un asunto crucial”, explica Hogewoning.

Es la primera entrevista en la que el Embajador de los Países Bajos en México se refiere a los acontecimientos que han tenido lugar tras la macabra desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala el pasado 26 de septiembre.

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron vistos por última vez cuando la policía de la ciudad de Iguala los detuvo, presuntamente, por órdenes del alcalde. Soldados y policías federales no respondieron a las peticiones de los padres para que les ayudaran. El gobierno federal tardó 10 días en intervenir y cuando lo hizo, dicen los padres de los estudiantes, las autoridades se concentraron en descubrir tumbas clandestinas en lugar de buscar a los estudiantes vivos.

Es el último capítulo de una serie de desapariciones y asesinatos que han puesto en jaque al Estado de Derecho y a la democracia mexicana, presa del crimen organizado, una profunda corrupción y una impunidad corrosiva.

EL EFECTO DE LA NARCOVIOLENCIA

Hogewoning: “No puedo decir si la narcoviolencia afectará los intereses comerciales de Holanda en México. Nuestra preocupación es compartida por las autoridades mexicanas. Tenemos un diálogo constante sobre cómo podemos asistir al gobierno. También lo hemos discutido a nivel de la Unión Europea. El objetivo: mejorar el Estado de Derecho”.

“Enrique Peña Nieto ha querido resaltar el llamado Mexican Moment y ofrecer una imagen distinta del país, más allá de la violencia del sexenio de Felipe Calderón”, comenta.

“Hay esfuerzos serios por cambiar la situación, pero es un problema masivo, de enormes proporciones. Toda la estructura del Estado está involucrada”, explica el diplomático holandés.

Hogewoning llegó hace casi tres años a México, luego de ser Embajador en Damasco: “Yo creo que existe la ambición por mejorar la situación que estamos viviendo. Pero hay actores, más allá del Estado, que juegan un papel”.

“Desde mi punto de vista”, continúa Hogewoning, “mejorar la cohesión social en México es lo fundamental. Hay una desconexión entre la sociedad civil y las instituciones del Estado mexicano. Hay que asistir y mejorar las instituciones, apoyar a organizaciones no gubernamentales y encontrar la forma de fortalecer el asunto de la cohesión social”.

La mirada de Hogewoning es de preocupación: “El proceso de cambio que necesitamos es a nivel de toda la sociedad, un proceso complejo que incluye a todos los actores de esa sociedad, principalmente al Gobierno en sus tres niveles: federal, estatal y, sobre todo, municipal. Hay que luchar contra la impunidad; cambiar la cultura de la violencia por una cultura de no violencia; hay que mejorar la distribución de la riqueza porque el 37 por ciento de la población es pobre; hay que enfrentar el problema del consumo de drogas en Estados Unidos y en Europa”, añade,“porque la demanda de droga en Estados Unidos es un problema central para México y otros países en América Latina”.

“La disponibilidad de armamento en Estados Unidos es otro gran problema. La solución que necesitamos debe ser integral”, sentencia Hogewoning.

Insiste en que “estamos siguiendo a México como Parlamento Europeo, como Europa, porque México es un aliado estratégico. Recuerde que tenemos un acuerdo global con México, el cual incluye un acuerdo comercial y un acuerdo muy importante sobre los Derechos Humanos”.

LAS COSAS POSITIVAS

Pero no todo es negativo, según el diplomático holandés: “Hay que reconocer cosas positivas y dar el crédito correspondiente. Existe libertad de prensa en México, con excepciones. En Tamaulipas, el oficio del periodismo es peligroso. Y sí, hay otras áreas del país donde sucede lo mismo. Human Rights Watch (HRW) y Amnesty Internacional (AI) lo han documentado. La profesión de periodista es peligrosa. Pero los periodistas hacen su trabajo y lo publican. Hay una prensa que investiga y cuestiona. En ese sentido, la prensa en México es capaz de generar transparencia y cuestionar. Es un aspecto positivo de esa democracia”.

“Porque México es eso: una democracia”, sentencia Hogewoning.

Niegan orden de captura contra esposa de Abarca
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 29 de diciembre de 2014, p. 8

Un tribunal federal con sede en Tamaulipas confirmó en segunda instancia la negativa de orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) en octubre pasado contra María de los Ángeles Pineda, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pero la mujer continuará bajo arraigo hasta que se vuelva a ejercitar acción pensal en su contra, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

La resolución del tribunal unitario de circuito resolvió negar la medida cautelar el pasado viernes 12 de diciembre, un día antes de que comenzara el periodo vacacional decembrino de los tribunales federales.

Según las fuentes consultadas, el tribunal estimó que son deficientes las pruebas para implicarla en los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Con esa resolución fue confirmado el fallo de Guillermo Baltazar, juez primero de distrito en procesos penales federales en Matamoros, el cual rechazó librar la orden de captura por estimar que los indicios de delito son insuficientes, confirmaron funcionarios.

La resolución de primera instancia fue emitida el 24 de octubre en la causa penal 100/2014, la misma donde el juzgador ordenó la aprehensión de Abarca y de 23 policías municipales y presuntos miembros de la organización criminal Guerreros Unidos.

Según documentos judiciales, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pidió la captura contra Pineda por dos delitos: por fomento a los delitos contra la salud y por secuestro.

Demandan organizaciones guerrerenses la aparición de los 43
Tomadas, 28 alcaldías por el caso Ayotzinapa

Instalan concejos municipales en Tlapa, Tecoanapa, Ayutla de los Libres y San Luis Acatlán

Reprochan que no se combata la inseguridad
Foto
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se reunió con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y dijo que se están integrando dos expedientes: uno relacionado con una recomendación al presidente Peña Nieto por los hechos del 26 de septiembre en Iguala y otro para indagar la posible violación de derechos humanos por elementos del Ejército MexicanoFoto Reuters
Sergio Ocampo y Héctor Briseño
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 29 de diciembre de 2014, p. 5

Chilpancingo, Gro.

Al menos 28 de los 81 ayuntamientos de Guerrero permanecen tomados por miembros de distintas organizaciones sociales, aglutinadas en la Asamblea Nacional Popular (ANP), para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El 24 de octubre pasado, la ANP –integrada por organizaciones no gubernamentales, así como agrupaciones sociales y estudiantiles, para exigir justicia en el caso Ayotzinapa– acordó la toma de las 81 alcaldías, previa creación de los concejos municipales populares, que en la práctica se instalaron en Tlapa, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, y San Luis Acatlán.

Desde entonces, más de una veintena de ayuntamientos de distintas regiones del estado fueron ocupados por organizaciones agrupadas en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), en solidaridad con los familiares de los normalistas ausentes, para exigir castigo a los responsables de los hechos violentos ocurridos en Iguala y pronunciarse contra la realización de comicios en Guerrero, en 2015.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Marco Antonio Adame Bello, representante del sector Acapulco del MPG, informó que en 10 de las 28 cabeceras municipales las actividades se encuentran paralizadas, entre ellas Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Chilapa y Ayutla de los Libres.

Recordó que el 23 de octubre integrantes del MPG, con apoyo de organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), ejidatarios del poblado de Icacos, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, entre otras, se apoderaron del ayuntamiento de Acapulco, y desde entonces el alcalde Luis Walton Aburto despacha en oficinas alternas.

Explicó que en Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Azoyú y Cuautepec (Costa Chica) Zihuatanejo, San Jerónimo, Atoyac y Tecpan de Galeana (Costa Grande) Tlapa (La Montaña), así como Acapulco, la integración de concejos municipales ha tomado mayor definición.

Consideró que la lucha se ha dado en formas distintas: "existe presencia variada en muchos más municipios, la respuesta no se ha dado de forma homogénea".

Señaló que en la zona rural se ha advertido mayor empatía con la idea de un cambio en el régimen político, mientras que en el sector urbano "ha sido más complicado, pues hay mayor presencia de partidos políticos, y es ahí donde debemos luchar contra el clientelismo".

Uno de los casos emblemáticos es el del municipio de Tecoanapa, cuya alcaldía fue tomada el 30 de noviembre por comisarios municipales, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), y de la Ceteg, quienes declararon la desaparición de poderes e instalaron una asamblea municipal popular.

Ese día, en la sede del ayuntamiento, los manifestantes instalaron el concejo municipal popular de Tecoanapa.

Félix José Rosas, vocero del movimiento magisterial en Tecoanapa, dijo que 33 comisarios municipales y otros tantos comisariados ejidales de pueblos como El Pericón, Xalpatláhuac, El Charco, Las Ánimas, Parota Seca, Tecuantepec, El Carrizo y Mecatepec respaldaron la desaparición de poderes y la instalación de un concejo municipal, no sólo en apoyo a Ayotzinapa, sino porque en los recientes dos años ninguna autoridad combatió la inseguridad.

"Tuvieron que intervenir los policías comunitarios para acabar con la extorsión, y el cobro de cuotas a comerciantes y ganaderos de la región; por eso vamos a llegar hasta donde quieran los ciudadanos", reprochó.

El 30 de noviembre, en Ayutla de los Libres ciudadanos sin partido, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC) y de la Upoeg, conformaron el concejo municipal, luego de acusar a las autoridades locales de estar coludidas con el crimen organizado.

En ese acto, el secretario técnico de la de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, manifestó: “el narco ha dejado decenas de fosas. Guerrero es un gran cementerio clandestino; por eso con los concejos municipales se va a remplazar a las autoridades que no garantizan el derecho a la vida y a nuestro patrimonio”.

El primero de diciembre en Tlapa la asamblea popular acordó integrar el concejo municipal, retomando en su proyecto los usos y costumbres que rigen a los pueblos originarios, para luchar por la aparición de los 43 normalistas.

Esa vez, Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, justificó la instalación del concejo municipal popular de Tlapa y acusó también a las autoridades municipales de trabajar en contubernio con la delincuencia.

Desde que se iniciaron las tomas de los ayuntamientos en la zona de la Montaña hubo denuncias de integrantes del MPG y Ceteg, como ocurrió el 16 de noviembre.

También informaron que los curas de la diócesis de Tlapa que apoyan la demanda de Ayotzinapa, fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.

(Con información de La Jornada Guerrero)

Un tribunal federal con sede en Tamaulipas confirmó en segunda instancia la negativa de orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) en octubre pasado contra María de los Ángeles Pineda

Detiene PGR búsqueda de fosas ilegales
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 31 de diciembre de 2014, p. 8

Mientras la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo la búsqueda de fosas clandestinas, la Policía Federal mantuvo los operativos para localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

La dependencia, que dirige Jesús Murillo Karam, continúa con el trabajo pericial para identificar los restos óseos que podrían pertenecer a 63 personas localizadas en 14 fosas clandestinas, señalaron integrantes de la Agencia de Investigación Criminal.

Estos trabajos son independientes de los que realizan especialistas de la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se llevan a cabo estudios para determinar si alguno de los 16 restos que faltan de analizar corresponde a los 43 normalistas de Ayotzinapa que, según las indagatorias de la PGR, fueron asesinados, incinerados y sus restos tirados al río San Juan, de Cocula, Guerrero, por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

En la ciudad de México, en las instalaciones centrales de la Coordinación General de Servicios Periciales, trabajan decenas de peritos en diversas especialidades forenses para establecer la identidad de los restos hallados tanto en las seis fosas clandestinas que se localizaron en las semanas siguientes a la desaparición de los estudiantes en los municipios de Iguala y Cocula, y las otras ocho que han sido descubiertas por integrantes de grupos civiles y policías comunitarios que se han sumado a la búsqueda de los normalistas.

Por otra parte, la Policía Federal, por conducto de la División de Gendarmería, ha mantenido vigentes las acciones de búsqueda. Ya suman más de 200 sitios en los que se han llevado a cabo operaciones de rastreo, sin que se hayan obtenido resultados que permitan localizar a los normalistas.

La crisis política y social rebasa las fronteras, afirma el gobernador de Guerrero
Rogelio Ortega: debe investigarse al Ejército por desaparición de normalistas

Para el mandatario estatal, "la crisis no es Ayotzinapa, sino el Estado y sus fragilidades"
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de diciembre de 2014, p. 8

Chilpancingo, Gro.

El gobernador Rogelio Ortega Martínez se manifestó en favor de que se indague al Ejército Mexicano por la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la muerte de tres más ocurridos en Iguala el 26 de septiembre pasado. "Creo que todas las líneas de investigación, en una situación como ésta, deben explorarse", manifestó.

Luego de participar en la conmemoración del 54 aniversario de la masacre de 19 ciudadanos en Chilpancingo, subrayó, el 30 de diciembre de 1960, el mandatario recalcó: "Esperemos que esta propuesta, esta iniciativa, sea retomada y ayude a disipar dudas en este momento sobre la tragedia que viven los familiares, especialmente los de los desaparecidos".

Hace unos días, cuando los pobladores marcharon en Ayutla de los Libres, los militares "cortaron cartucho. Se estuvo a punto de otra matanza, es decir, sumar más muertos", recordó.

"El problema es cuando decisiones políticas autoritarias e irresponsables mandan al Ejército a atentar contra el pueblo. Reciben órdenes de políticos irresponsables con vocación autoritaria, como la que ocurrió aquí (en Chilpancingo) en 1960", añadió en entrevista.

En cuanto a los hechos recientes aseveró que los 43 estudiantes “hubieran pasado desapercibidos, como los 17 jóvenes que en la noche del 2 y la madrugada del 3 de julio de 2013 los delincuentes organizados llegaron a Cocula, ingresaron y los sacaron de sus hogares, y al día siguiente no hubo denuncia, sino miedo y terror.

"Tuvo que haber pasado lo de Ayotzinapa, y ahí se toparon, porque se encontraron con un colectivo gregario, organizado, con tradición de lucha, con amplia solidaridad entre ellos y afuera, y por eso es que no quedó inadvertido y se convirtió en detonante de la crisis política y social que hoy se vive, que rebasa las fronteras de Guerrero y del país", abundó.

El problema "trasciende Iguala y Ayotzinapa. Es un conflicto que recorre el mundo. La crisis no es Ayotzinapa, sino el Estado mexicano y sus fragilidades. Ayotzinapa fue el detonante. Desde hace más de 12 años el crimen organizado comenzó a penetrar el tejido social no sólo de Guerrero, sino del país y las instituciones, en todos los niveles, pero particularmente en la parte más frágil y débil, que son los municipios", apuntó.

Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, organizadora de la conmemoración, sostuvo que toda la institución se solidariza con Ayotzinapa y que siempre apoyarán la lucha por la presentación con vida de los 43 desaparecidos.

"Estamos de la mano, por supuesto, con este movimiento que están impulsando los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, porque ellos, en el movimiento de l960, estuvieron aquí acompañándolos, en la persona de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, y muchos otros jóvenes de la normal", expresó en el acto efectuado en la alameda Granados Maldonado de esta ciudad.

Acuerda Ceteg reiniciar protestas

Desde la desaparición de los 43 normalistas, maestros disidentes de Guerrero han exigido su presentación con vida con marchas y protestas. Foto: Francisco Robles
Desde la desaparición de los 43 normalistas, maestros disidentes de Guerrero han exigido su presentación con vida con marchas y protestas. Foto: Francisco Robles
Desde la desaparición de los 43 normalistas, maestros disidentes de Guerrero han exigido su presentación con vida con marchas y protestas. Foto: Francisco Robles

Jesús Guerrero / Corresponsal
Chilpancingo, México (02 enero 2015).- La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) acordó seguir con las movilizaciones para exigir la presentación con vida de 42 normalistas de Ayotzinapa.

Antonieta Morales Vélez, integrante de la Comisión Política de la Ceteg, dijo que este viernes hubo una asamblea en la que se llegó a este acuerdo, e informó que lo plantearán en la reunión de la Asamblea Nacional Popular que se realizará mañana en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa.

La reunión de la Comisión Política se realiza en las instalaciones de la Ceteg, y uno de los primeros acuerdos aprobados es que la próxima semana se reactivarán las movilizaciones en las calles.

Morales Vélez señaló que ya está definida la fecha en la que, a partir del 10 de enero, se realizarán las asambleas para preparar el nombramiento de los consejos populares en los 81 municipios de Guerrero.
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Según la dirigente de esta agrupación magisterial disidente, el movimiento en apoyo a Ayotzinapa mantiene plantones afuera de 60 alcaldías en donde impiden el acceso a las autoridades municipales.

Esta estrategia de designar a los consejos populares en los 81 municipios es para que la ciudadanía nombre a sus autoridades y no haya elecciones constitucionales en junio próximo.

"Que sea el pueblo a través de las asambleas populares el que designe a sus autoridades y no a través de urnas que pretende instalar el Instituto Electoral de Participación Ciudadana durante la elección constitucional", señaló.

Morales Vélez afirmó que de ninguna manera van a permitir que haya comicios federales, ni estatales.

"No queremos que a través de los partidos sean designados personajes como el de Iguala, José Luis Abarca, quien estaba ligado con el narco", aseveró.

La profesora reconoció que en las últimas semanas disminuyeron las protestas debido a las vacaciones, pero que éstas se van a reactivar en los próximos días.

Recuerdan a normalista por cumpleaños 25



Édgar Hernández/ Corresponsal
San Cristóbal de las Casas, México (02 enero 2015).- Adán Abrajan de la Cruz, uno de los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, cumplió hoy 25 años de edad y no pudo celebrar con su familia, reclamó su padre Bernabé Abrajan.

Su esposa y sus dos hijos lo esperan en Guerrero, comentó durante su participación en San Cristóbal de las Casas durante el Festival Mundial de la Rebeldía y Resistencia, organizado por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

"Creemos en Dios y le pido que donde quiera que esté con todos sus compañeros que les de fuerza, que los vamos a esperar con su familia", dijo sollozando.

Lo más difícil, agregó, ha sido consolar a uno de los menores, de siete años de edad, que ya tiene conciencia de lo que ocurre.

"Como abuelos tratamos de calmarlo diciéndole que su padre va regresar", expresó.

Abundó que entre los planes de su hijo estaba casarse este diciembre y continuar con sus estudios para convertirse en maestro.

El encuentro con organizaciones y el EZLN en los últimos días les ha dado fortaleza y ánimo de seguir luchando para localizar a los desaparecidos, comentó Abrajan.

"Nos han apoyado y nos siguen apoyando a través de estos eventos. Nos sentimos satisfechos a través de estar compartiendo nuestro dolor, nuestras experiencias que vivimos en sufrimiento y nos da fortalecimiento de seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos", añadió en entrevista.

Planteó que el apoyo que han pedido a la sociedad civil es incluso una invitación a que acudan a Guerrero a participar en la búsqueda de los jóvenes.

"Ya son tres meses y 12 días y vamos regresar para hacer un plan de búsqueda como padres de familia e invitar a las personas para que nos ayuden por que el Estado es grande para seamos solo nosotros", anotó.

Vence segundo arraigo de esposa de Abarca

Este domingo terminan los 20 días adicionales que pidió la PGR para investigar si María de los Ángeles Pineda Villa tuvo participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.


MILENIO DIGITAL
04/01/2015 06:01 AM
Ciudad de México
Por segunda vez se venció el plazo para mantener bajo arraigo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su presunta participación en la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre.

Este domingo terminan los 20 días adicionales que pidió la Procuraduría General de la República a un juez federal para que Pineda Villa fuera investigada y se determinara si existen pruebas que la vinculen con el ataque a los estudiantes.

El 5 de noviembre, un juez federal determinó imponer a Pineda Villa la medida cautelar de arraigo por 40 días, la cual venció el 15 de diciembre.

Al concluir ese plazo, la PGR solicitó al juez federal ampliar el plazo de la medida cautelar otros 20 días para permitir que el agente del Ministerio Público Federal perfeccionara la indagatoria que se inició contra la esposa de Abarca. La petición fue concedida.

A 60 días de que iniciara el arraigo de la ex presidenta del DIF municipal de Iguala, el juez federal que lleva el caso tendrá que determinar si existen elementos en su contra y, en su caso, girar una orden de aprehensión, o de lo contrario deberá ser puesta en libertad.

El 8 de diciembre, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que no había posibilidades de que Pineda Villa fuera puesta en libertad, porque existen elementos en su contra.

El funcionario indicó que Abarca y Pineda tenían preparada su declaración por si la policía los detenía y los interrogaba.

Sin embargo, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, señaló a Pineda Villa "como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez", dijo Murillo el 22 de octubre.

Además, la PGR investiga a la esposa de Abarca por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El ex alcalde de Iguala y su esposa fueron detenidos por la Policía Federal durante un operativo realizado la madrugada del 4 de noviembre, en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Abarca Velázquez está recluido en el penal del Altiplano, Estado de México, y enfrenta un juicio por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio. Además, según las investigaciones de la PGR, ordenó el 26 de septiembre el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que no "sabotearan" el informe de labores de Pineda Villa al frente del DIF municipal.

María de los Ángeles Pineda, consignada por delincuencia organizada: PGR

Arturo Ángel y Redacción 24 HORAS Enero 5, 2015 2:30 pm

Anoche, la esposa del ex edil de Iguala, José Luis Abarca, fue trasladada al Cefereso de Tepic, Nayarit, tras concluir su periodo de arraigo por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa


María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex edil de Iguala, José Luis Abarca Rodríguez, presuntamente involucrada en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, fue consignada al Cefereso de Tepic, Nayarit, por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, confirmó la Procuraduría General de la República (PGR).

En conferencia de prensa, Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que el juez de Distrito con residencia en Toluca giró la orden de aprehensión por dichos delitos una vez que concluyó su periodo de arraigo.

Aunque dicha consignación no contempla el delito de secuestro por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la indagatoria sigue abierta y en su momento se hará la acusación en su contra.

Pineda Villa fue detenida el pasado mes de noviembre junto con su esposo en una casa ubicada en la delegación Iztapalapa y fue sujeta a la medida cautelar de arraigo y al vencerse se le consignó la víspera al Cefereso de Tepic, Nayarit.

Traslado por la noche

Pineda Villa fue trasladada la noche del domingo a un penal federal femenil en Nayarit después de que la PGR obtuviera una orden de aprehensión en su contra.

Esta información confirmada extraoficialmente por 24 HORAS también prevé que este lunes la Procuraduría informe cuáles son los delitos por los que se obtuvo la orden, sin embargo, cabe recordar que el arraigo en el que permanecía y que venció este domingo es por su presunto vínculo con el crimen organizado y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.

De acuerdo con la principal línea de investigación de la averiguación previa SEIDO PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, la ex primera dama de Iguala era uno de los principales contactos del grupo criminal Guerreros Unidos en la región de Tierra Caliente y sirvió de nexo con funcionarios locales.

En octubre trascendió extraoficialmente que el Ministerio Público intentó pedir una primera orden de aprehensión en vez de la de arraigo para Pineda, pero un juez federal la negó. La dependencia presentó un recurso de inconformidad pero un tribunal federal unitario, con sede en Tamaulipas, revisó el caso y el 12 de diciembre ratificó la negativa. DM

Senadoras de EU recibirán petición de suspender ayuda militar a México

Rosa Rojas

Periódico La Jornada
Lunes 5 de enero de 2015, p. 11

Barbara Boxer y Dianne Feinstein, senadoras federales por California, con oficinas en Los Ángeles, recibirán este lunes cartas que piden la suspensión de ayuda militar de Estados Unidos a México tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de miles de inocentes en la guerra contra las drogas, a propósito de la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en el Congreso estadunidense y la Casa Blanca.

Las misivas serán entregadas por integrantes de la Coalición Latinoamericana por Ayotzinapa y la Coordinadora Independencia, informaron dichas organizaciones. El martes habrá protestas en las ciudades de Los Ángeles, Washington, Chicago, Las Vegas, Seattle, Nueva York y Miami por la visita de Peña para condenar el papel de ambos gobiernos, el de México y el de Estados Unidos, en la muerte y desaparición de estudiantes para maestro en Ayotzinapa.

Agregan que a Feinstein y Boxer se les demandará apoyar la Enmienda Leahy, una ley que prohíbe a los departamentos de Estado y de Defensa estadunidenses, proporcionar asistencia a gobiernos que violan los derechos humanos con impunidad.

El martes, frente al consulado mexicano en Los Ángeles, habrá una manifestación en que se representará una parodia en la que se compara a Peña Nieto con Porfirio Díaz.

En el propio expediente de la PGR, las huellas del Ejército en caso Ayotzinapa

GLORIA LETICIA DÍAZ
3 DE ENERO DE 2015
REPORTAJE ESPECIAL


De acuerdo con las declaraciones ministeriales que forman parte del expediente de la PGR sobre el caso Ayotzinapa –a las que tuvo acceso Proceso-, en la trama de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre en Iguala se entrelazan acciones de mandos y tropas del Ejército que contribuyeron a crear el clima de impunidad criminal que desembocó en los asesinatos y las desapariciones forzadas de los normalistas guerrerenses. Los testimonios muestran que la PGR conocía incluso la actividad delictiva de los Abarca y la red de corrupción de la cual aún trata de zafarse, ante la opinión pública, el procurador Murillo Karam.


MÉXICO, D.F. (Proceso).- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, está empecinado en atribuir toda la responsabilidad de la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa al crimen organizado en colusión con autoridades municipales, a fin de salvar la imagen de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tiene elementos para considerar la presunta responsabilidad de mandos militares en la tragedia que puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.

El expediente del caso (más de 50 tomos) contiene declaraciones ministeriales rendidas por los testigos e inculpados ante agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, donde se advierte que por lo menos los comandantes de los batallones de infantería 27 y 41, de Iguala y Teloloapan, así como de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, estuvieron al tanto del poder corruptor y de la capacidad de fuego del cártel Guerreros Unidos, al que la PGR atribuye la tragedia.

La penúltima semana de 2014 el presidente municipal de Cocula, el priista César Miguel Peñaloza, permaneció en instalaciones de la SEIDO para rendir su segunda declaración ministerial. La dependencia pretendía inculparlo, pero el Juzgado Primero en Procesos Penales con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó su liberación por falta de pruebas.

“Altos funcionarios” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejercieron presión sobre Peñaloza, desde que llegó al cargo en octubre de 2012, para que designara titulares de la Dirección de Seguridad Pública municipal al teniente Tomás Bibiano Gallegos y el mayor Salvador Bravo Bárcenas, ambos retirados, según publicó el pasado 30 de diciembre el diario La Jornada.

El primero fue asesinado en noviembre de ese año y el segundo está libre bajo reservas de ley, tras declarar como testigo el pasado 15 de octubre ante la SEIDO.

(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1992, ya en circulación)

En una grabación el ex alcalde pide a policías detener "como sea" a los jóvenes
La PGR, sin pruebas de que Abarca o su esposa ordenaran ejecutar a normalistas
Foto
El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos por fuerzas federales la madrugada del martes 4 de noviembre en una vivienda marcada con el número 50, de la calle Cedro, en la colonia Tenorios, de la delegación IztapalapaFoto PGR
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 8 de enero de 2015, p. 12

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido acreditar la responsabilidad de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en el delito de desaparición forzada, porque las pruebas que posee no confirman que ellos ordenaran a policías la detención y pidieran a los narcotraficantes la presunta ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

Los funcionarios entrevistados señalaron que aunque las indagatorias se han concentrado de manera directa en la oficina del titular de la PGR y que a pesar de que se han establecido mesas de trabajo con agentes del Ministerio Público Federal para analizar los avances y resultados de las investigaciones, por ejemplo, las indagatorias no han logrado precisar el número de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que acudieron a la movilización del 26 de septiembre del año pasado al municipio de Iguala y que fueron atacados por policías municipales de ese ayuntamiento y de la comunidad de Cocula.

Las investigaciones han dado como resultado la detención de 80 personas, entre ellas el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien estaba al frente del DIF de ese ayuntamiento, y entre las pruebas recabadas por la PGR se encuentra una grabación obtenida de la frecuencia policial de Iguala la noche del 26 de septiembre, en la cual se escucha la voz del ex alcalde ordenando a los agentes a su mando que detuvieran "como fuera" a los normalistas.

Esa orden; sin embargo, indicaron las fuentes consultadas, no significa en términos legales que haya ordenado la ejecución, por esa razón, explicaron, se trató de convencer a Pineda Villa que aportara más elementos respecto de lo ocurrido esa noche y al día siguiente con ella y su esposo.

Según las indagatorias, la PGR ha señalado que Pineda Villa y su esposo fueron los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, pero en su indagatoria aún falta que se acredite por qué no sólo fueron detenidos como lo ordenó el ex alcalde, sino agredidos a tiros y posteriormente entregados a los miembros de Guerreros Unidos.

Explicaron los funcionarios que la indagatoria por desaparición forzada aún carece de elementos, como quién y en qué momento ordenó que los policías dispararan contra los estudiantes, en qué momento el alcalde y su esposa acordaron con el jefe de la policía de Iguala y los líderes de Guerreros Unidos que se les asesinara. Los testimonios obtenidos solamente indican que El Gil (quien no ha sido detenido) pidió autorización al presunto líder máximo del grupo, Sidronio Casarrubias, haciéndole creer que los normalistas pertenecían a otro grupo criminal, a pesar de que algunos participantes han dicho que las víctimas les decían que eran estudiantes.

Asimismo, la indagatoria no ha precisado, indicaron las fuentes, si todos los normalistas desaparecidos todos fueron llevados a la zona del basurero de Cocula.

Busca amparo esposa de ex edil de Iguala
Dennis A. García y Elena Michel| El Universal
Miércoles 07 de enero de 2015
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Busca amparo esposa de ex edil de Iguala

EVADE. La mujer que fue recluida en el penal federal de Tepic, y promovió el amparo . (Foto: ESPECIAL )
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María de los Ángeles Pineda Villa se reserva su derecho a declarar por cargos de crimen organizado

politica@eluniversal.com.mx

María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, interpuso un amparo en el que exige su libertad inmediata ya que durante el arraigo por 60 días, argumentó, se violaron sus garantías.

La mujer que fue recluida en el penal federal de Tepic, Nayarit, promovió el amparo ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Distrito Federal, en contra de su consignación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Sandra Leticia Robledo Magaña, titular de dicho juzgado, aceptó a trámite la petición de la esposa del ex alcalde de Iguala, detenida el pasado 4 de noviembre en la delegación Iztapalapa.

El lunes, la ex directora del DIF municipal fue enviada al penal federal por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y con la organización Guerreros Unidos.

Sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa incluso se desempeñaban como operadores financieros del cártel referido.

De acuerdo con las investigaciones de la PGR, Pineda Villa es considerada la principal operadora de actividades delictivas en Iguala; asimismo, declaraciones de integrantes de la organización Guerreros Unidos la señalan como la autora intelectual, junto con su esposo Abarca, del ataque y desaparición de los 43 normalistas ocurrida entre los días 26 y 27 de septiembre.

Rechaza declarar. Al comparecer ante la rejilla de prácticas del juzgado para ser notificada de los delitos en su contra, Pineda Villa se reservó su derecho a declarar y pidió la duplicidad del término para que su defensa presente pruebas en su favor, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 11 de enero.

El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que en la causa penal iniciada contra la mujer se desahogó la diligencia de declaración preparatoria.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) explicó que la diligencia se realizó mediante el sistema de videoconferencia, ya que la inculpada está recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic.

La PGR, sin testimonios que involucren a militares y federales en el caso Iguala

Los declarantes sólo han señalado a policías de ese municipio y de Cocula

Se han atendido todas las peticiones de información de abogados y familiares, señalan fuentes

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Viernes 9 de enero de 2015, p. 5
En la averiguación previa por la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha recibido ningún testimonio acerca de que policías federales o militares participaron en los hechos ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

En varias ocasiones, particularmente en diciembre pasado, familiares de los normalistas pidieron de manera directa al procurador Jesús Murillo Karam que la institución a su cargo abriera una línea de investigación para revisar la actuación de militares y policías federales cuando desaparecieron los estudiantes.

El 15 de diciembre, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, dijo en conferencia de prensa que durante su encuentro con el titular de la PGR y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitaron que se abriera una línea directa de investigación sobre los elementos del 27 batallón de infantería.

En tanto, los funcionarios consultados explicaron que los tomos de la averiguación previa y los documentos donde se tienen las constancias de las declaraciones y testimonios obtenidos han sido revisados por representantes y familiares de los normalistas desaparecidos sin que se presentara ninguna observación respecto del involucramiento de militares o agentes federales.

Asimismo, las fuentes consultadas de la PGR y de la Secretaría de Gobernación señalaron que se ha trabajado con un grupo de coadyuvantes en la indagatoria y no se han obtenido testimonios que indiquen la participación de autoridades federales en esos hechos.

Refirieron que la indagatoria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ha acumulado testimonios de presuntos responsables y participantes en la detención de los jóvenes estudiantes, así como de normalistas que lograron escapar de las agresiones de los policías de Iguala, sin que ninguno haya realizado señalamientos que no sean contra los agentes de ese ayuntamiento.

Sin embargo, públicamente los familiares y representantes de los estudiantes han exigido que se investigue a militares y agentes federales, de tal manera que han pedido que se revisen las instalaciones del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala.

Los funcionarios entrevistados refirieron que la PGR, además de atender las peticiones de información que han realizado los abogados, representantes o directamente los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, ha llevado a cabo reuniones en las cuales se ha dado acceso a toda la averiguación previa con la finalidad de que se formulen observaciones o se solicite la profundización de alguna línea de investigación.

El 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, policías de ese municipio y de Cocula detuvieron a los 43 normalistas y los entregaron a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y, según las investigaciones de la PGR, los alumnos habrían sido asesinados y calcinados.