Narcopolicías levantan y asesinan a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La peor masacre del sexenio

Al menos siete muertos dejaron tres balaceras efectuadas por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes, contra normalistas rurales de Ayotzinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay tres estudiantes, un joven futbolista del equipo ‘Las Avispas’,  junto con su director técnico, así como una ama de casa y el chofer de un taxi.

En los hechos hubo por lo menos seis heridos de bala, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), Alfredo Ramírez García, y su chofer, quienes recibieron varios impactos en brazos y piernas.

Aunque a la cabecera municipal de Iguala se trasladó el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaky Blanco Cabrera, este se ocultó de los reporteros que se le acercaron en las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

Mientras el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, condenaban los hechos y se pronunciaban por la aplicación de la ley contra los responsables, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, guardó silencio pero anunció una conferencia de prensa que se desarrollaría durante la jornada del sábado, día en que tenía programado su segundo informe de labores.

Boteo desencadenó la violencia

Desde la mañana del viernes 26 de septiembre, alrededor de 150 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la cabecera de Iguala para realizar una actividad boteo, tenían la intención de reunir dinero para financiar la marcha del 2 de octubre, cuando se cumplan 46 años de la masacre de estudiantes y obreros en Tlatelolco.

Ese mismo día, rindió su segundo informe de labores como presidenta del DIF la señora María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del alcalde, José Luis Abarca.

Al terminar el evento, casi de manera simultánea con la retirada de los normalistas que avanzaban sobre la avenida Juan N. Álvarez rumbo a la carretera federal que comunica con Chilpancingo, varias patrullas de la Policía Preventiva Municipal interceptaron la caravana integrada por tres autobuses, una urvan y un chevy, los policías marcaron el alto pero los jóvenes se resistieron a detenerse.

Entonces los municipales abrieron fuego contra las unidades, lo que provocó que un par de unidades de la Policía del Estado y la Federal, que les acompañaban, se retiraran del lugar, como una forma de deslindarse del hecho.

En el primer ataque, los dirigentes de Ayotzinapa reportaron cinco heridos, cuatro con rozones de bala y uno con una ojiva alojada en la cabeza, quien fue hospitalizado de urgencia en condiciones graves.

Esta persona murió en el transcurso de la noche.

A los pocos minutos, los preventivos, respaldados por civiles armados, interceptaron sobre la carretera federal que comunica con Chilpancingo un autobús particular de la empresa Castro Tours.

Este segundo hecho se registró a la altura de Santa Teresa, los policías y presuntos delincuentes se percataron de que la unidad era ocupada por decenas de jóvenes, por ello dedujeron que se trataba de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.

En ese hecho ya no se marcó el alto, hubo un ataque directo que provocó la volcadura de la unidad sobre el costado derecho de la carretera, quedando con todos los cristales despedazados.

Entrada la madrugada se supo que en el hecho murió el director técnico del equipo de tercera división ‘Los Avispones´ de Chilpancingo Pedro Rentería y el jugador David García Evangelista, de solo 15 años.

Permanece en calidad de desaparecido Jorge León Saenz, asistente del director técnico.

Como una camioneta cerró el paso al camión las ráfagas alcanzaron otras unidades que detuvieron su marcha atropelladamente, ahí murió un ama de casa que viajaba en un taxi colectivo y el chofer del mismo.

Abatidos mientras denunciaban

Aproximadamente a las 00:00 horas del sábado 27, los estudiantes de Ayotzinapa convocaron a una rueda de prensa en el lugar en que se suscitó la primera agresión, ahí preservaron la zona con piedras acordonadas para evitar que se perdieran las ojivas y cascajos abandonados por los policías municipales.

Hablaban con reporteros de varios medios informativos cuando un grupo de civiles se apostó en la acera de enfrente y disparó varias ráfagas de armas de diferentes calibres.

Estudiantes y reporteros se dispersaron rápidamente para ponerse a salvo, después se darían cuenta que en el lugar quedaron tirados dos alumnos de nuevo ingreso del plantel ubicado en el municipio de Tixtla.

La segunda agresión arrojó por lo menos otros cuatro heridos que se trasladaron al hospital general del sector salud.

Los cuerpos de los dos jóvenes caídos permanecieron tirados hasta las 03:00 de la mañana.

Llovía cuando llegaron al lugar elementos del Ejército nacional, después personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y al final los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todos custodiaron al Servicio Médico Forense (Semefo) en el levantamiento cadavérico.

Hasta entonces se reportaron 40 estudiantes desaparecidos, aunque estos poco a poco se fueron concentrando en las instalaciones del Ministerio Público, la mayoría llegaron resguardados por la Policía Ministerial y elementos de la Fuerza Estatal.

El procurador se oculta

Aproximadamente a las 04:00 se tuvo a la vista al procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera dentro del MP, los reporteros se le acercaron pero este se escabulló para encerrarse en la oficina del fiscal regional, no salió hasta que los comunicadores fueron desalojados “amablemente” del área.

El encargado de liberar la dependencia de comunicadores fue el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales Víctor Jorge León Maldonado.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó el hecho en su cuenta de Twitter y ofreció que se hará justicia contra los responsables.

En la misma sintonía difundió mensajes el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien reconoció la conmoción que hay en la población de la capital de Guerrero por la muerte de los integrantes de su equipo de tercera división.

Mientras, el ayuntamiento de Iguala preparaba su versión de los hechos y mantenía firme el evento en que se desarrollaría el segundo informe de labores del alcalde José Luis Abarca Ávila.

uerreros Unidos daban $600 mil al mes a Policía de Iguala por dejarlos operar
LA REDACCIÓN
15 DE OCTUBRE DE 2014
NARCOTRÁFICO
Policías custodian la alcaldía de Iguala, Guerrero. Foto: AP / Eduardo Verdugo
Policías custodian la alcaldía de Iguala, Guerrero.
Foto: AP / Eduardo Verdugo
MÉXICO, D.F. (apro).- Al salir de un centro comercial en Acapulco, Guerrero, fue detenido el presunto operador financiero del grupo delictivo Guerreros Unidos, Raúl Núñez Salgado, confirmó el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio.

Agregó que el sospechoso fue aprehendido por fuerzas federales ayer y trasladado a la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El funcionario federal dijo que, según las primeras declaraciones de Núñez Salgado, éste entregaba 600 mil pesos mensuales al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, para que dejara operar al grupo criminal. Este funcionario se encuentra prófugo de la justicia.

Por esta actividad, dijo, el detenido será puesto a disposición de la autoridad ministerial como parte de las investigaciones que la PGR realiza por los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre pasados en Iguala, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

No podemos garantizar que estén vivos los normalistas desaparecidos, señala la PGR
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El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, afirmaron en conferencia de prensa que más de 10 mil elementos buscan a los 43 estudiantes desaparecidosFoto Víctor Camacho
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2014, p. 8

El director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, señaló que las autoridades no tienen reportes que vinculen a los 43 normalistas desaparecidos con algún grupo criminal. Agregó que la investigación no puede garantizar que los estudiantes estén vivos.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, el funcionario de la PGR afirmó que la búsqueda de los 43 jóvenes se ha realizado en 145 sitios, como hoteles, cuevas y minas. Indicó que se han hecho mil recorridos terrestres y 40 revisiones de cuerpos de agua.

Ee le preguntó: “¿Qué pruebas hay de que algunos de los normalistas tengan vínculos con grupos criminales como Los Rojos o cualquier otro?”

–No tenemos información de que pertenezcan a algún grupo.

–Con el avance que tienen en las investigaciones, ¿pueden garantizar que los estudiantes todavía están vivos?

–Es una investigación. Hoy no podemos garantizar nada. Lo que sí podemos garantizar es que todo el estado de fuerza que está en Guerrero está enfocado en la localización de las personas.

–¿Los integrantes de Guerreros Unidos detenidos han confesado que los asesinaron?

–Lo que tenemos en declaraciones es hasta donde son entregados por policías tanto de Iguala como de Cocula (a ese cártel). Es donde vamos en esta investigación.

Se le preguntó acerca de una manta colocada ayer en Iguala, firmada supuestamente por El Gil, integrante del cártel Guerreros Unidos, quien ha sido identificado por el gobierno federal como la persona a la que los policías de Cocula e Iguala entregaron a los normalistas que luego desaparecieron.

Zerón de Lucio respondió que "en relación con la manta, es una información que nos dieron antes de entrar a la conferencia de prensa; nos vamos a pronunciar después de que la analicemos; ya está en el poder de la autoridad, y en su momento transmitiremos nuestra postura".

Luego se le preguntó su postura acerca de que el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, ofreció negociar para que los grupos criminales devuelvan a los estudiantes desaparecidos, aunque eso puede poner en riesgo su vida, de lo cual informó al gabinete de seguridad. Zerón respondió: "Él debe tener una información con la cual no contamos nosotros".

–El gobernador dijo que la información se la entregó a todos los integrantes del gabinete, incluidos el procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.

–No a nosotros.

El vocero del gobierno federal afirmó que el miércoles pasado, durante el encuentro con familiares de los estudiantes desaparecidos, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso de profundizar en las investigaciones para encontrar a los 43 normalistas.

El funcionario hizo un recuento de la reunión realizada la víspera en Los Pinos. Señaló que el mandatario escuchó "conmovido" a los familiares de los estudiantes durante casi tres horas y que la reunión se dio en un marco de respeto.

Sánchez Hernández confirmó que se instalará una mesa de atención permanente para dar información a los familiares sobre los avances que tengan las investigaciones. Reiteró que no habrá "pausa para detener y aplicar el peso de la ley en contra de los responsables de lo sucedido" en Iguala, Guerrero, y afirmó que el gobierno federal reparará los daños a las víctimas.

Zerón señaló que la recompensa que ofrece el gobierno federal suma hasta 64 millones de pesos para quien proporcione información que lleve a la localización de los 43 normalistas.

Agregó que en los análisis forenses "y el dictamen pericial a los 38 cuerpos estamos avanzando; vamos muy de la mano trabajando con la Policía Federal, con la cual la identificación está siendo homogénea. Estamos teniendo los mismos resultados y no nos vamos a adelantar hasta no tener también los resultados de los peritos de nacionalidad argentina para todos coincidir en una sola verdad".

Respecto de los trabajos que se realizan en el basurero municipal de Cocula, aseveró: "estamos trabajando arduamente, y como bien dijimos, es un basurero que estamos limpiando y tratando de ver si hay algún indicio de algún cuerpo. Tenemos un trabajo muy coordinado con la parte argentina y con nuestros peritos. Tenemos muy resguardado el lugar y esperamos en estos días dar una respuesta muy concreta de lo que hemos encontrado allí. Hasta el momento no hemos hallado ningún cuerpo".

Los funcionarios indicaron que en Guerrero más de 10 mil servidores públicos –marinos, militares, policías, agentes del Ministerio Público y peritos– participan en la búsqueda de los estudiantes.

Sólo se aceptarán peritajes de argentinos, advierten familiares

La vida de nuestros hijos no es negociable, dijeron el miércoles al Presidente
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Más de 5 mil personas, encabezadas por los padres de los normalistas desaparecidos, marcharon ayer en Tixtla, Guerrero, para exigir la aparición con vida de los 43 alumnos de la normal de AyotzinapaFoto Lenin Ocampo Torres
Sergio Ocampo y Rubicela Morelos
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2014, p. 3

Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos sólo reconocerán como válidos los resultados que los antropólogos argentinos presenten de los análisis que realizan a los cadáveres hallados en fosas clandestinas, advirtió el orador Felipe de Jesús en un mitin celebrado en esta ciudad.

Ayer al mediodía más de 5 mil personas, entre padres de desaparecidos, afiliados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, labriegos y civiles marcharon para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes.

En el mitin, en nombre de los maestros de la zona 8 –que comprende Apango y Tixtla–, un orador recordó que de estos municipios son 17 de los 43 ausentes y "regresaremos a las aulas hasta que regresen los jóvenes".

Hizo un reconocimiento a los estudiantes de Ayotzinapa que el año pasado, durante la inundación de la laguna de Tixtla, apoyaron a la población. "¿Quién no recuerda a esas cabecitas pelonas ayudando a sacar el agua de las casas?", preguntó.

Osorio se equivocó

El profesor recordó que cuando el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue gobernador de Hidalgo desapareció la Normal de El Mexe, "pero se equivocó, porque Tixtla no es Hidalgo y Ayotzinapa no es El Mexe".

En tanto, Felipe de Jesús, en nombre de los padres de los estudiantes desaparecidos, agradeció al pueblo de México por exigir la presentación con vida de los alumnos y denunció que el gobierno federal pretende cerrar el caso, pero "no vamos a descansar hasta que aparezcan vivos nuestros 43 hijos".

Recordó que durante la plática que los paterfamilias sostuvieron el miércoles con el presidente Enrique Peña Nieto, reclamaron que a sus hijos sólo los busquen en fosas clandestinas y exigieron que no haya "más simulacros" como ese "porque sabemos que nuestros hijos están vivos".

En tono irónico, Felipe de Jesús dijo que "ya se pasaron del número de 43 los cuerpos hallados; incluso el procurador (Jesús Murillo Karam) dijo que ya había 56 detenidos, pero que les faltaba uno".

Descartó que los estudiantes hayan ido en el mismo camión con gente armada del grupo delictivo Los Rojos. "Conocemos a nuestros hijos y tenemos información de que fueron a Iguala a recabar recursos para participar en la marcha del 2 de octubre en la ciudad de México".

Explicó que Peña Nieto les dijo que siente dolor, igual que ellos, y que incluso no duerme, y "nosotros le dijimos que llevamos más de 30 días de no verlos".

Destacó que advirtieron al jefe del Ejecutivo federal que la vida de sus hijos no es negociable y que "si no puede con el paquete, que renuncie. (Él) nos pidió que le diéramos un mínimo de confianza y respondimos que la confianza se gana con hechos".

Marcha en Chilpancingo

Alrededor de mil estudiantes y maestros de Ciencias Químicas y de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en Chilpancingo en demanda de la presentación de los 43 normalistas.

Arquímides Morales Carranza, quien estuvo al frente de la rectoría en el bienio 1973-1975, recordó que en esa época desaparecieron unos 80 universitarios y "por eso nos preocupaba que mejor en otros estados hubiera movilizaciones y no en la UAG"

También en las preparatorias uno y 9 de la UAG, estudiantes y maestros cerraron las instalaciones en solidaridad con la Normal Rural de Ayotzinapa y colocaron 43 butacas sobre la avenida Juárez, reclamando el regreso de los estudiantes.

También hubo actividades de apoyo en Ciudad Universitaria, donde se ubica la mayoría de las escuelas superiores de la UAG.

comentario

Entre 2010-12 se investigó a Abarca, sostiene Osorio Chong
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Elementos de la Policía Federal continúan buscando a los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en las montañas de Acatlán, Guerrero, desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre pasado tras ser atacados por agentes municipales y presuntos narcotraficantes en IgualaFoto Reuters
De la Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2014, p. 6

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo ayer que el gobierno federal investigó de 2010 a 2012 (último tramo del sexenio de Felipe Calderón) a José Luis Abarca, ahora ex presidente municipal de Iguala (prófugo de la justicia), por vínculos con el crimen organizado, pero los expedientes fueron cerrados aparentemente por falta de pruebas.

"En 2010, 2011 y 2012 se abrieron averiguaciones, me refiero al anterior gobierno, por delincuencia organizada contra este presidente municipal y fueron cerradas porque en ninguno de los casos se encontró nada", señaló en entrevista radiofónica.

En ese periodo estuvieron a cargo de la Procuraduría General de la República Arturo Chávez y Marisela Morales (quien en 2011 fue subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y, como titular de la Secretaría de Gobernación José Francisco Blake Mora y Alejandro Poiré.

Osorio Chong sostuvo que el caso Ayotzinapa (con 43 estudiantes desaparecidos desde hace más de un mes) es el problema más grave que ha enfrentado la administración de Enrique Peña Nieto, porque ha lastimado al país tanto al interior como a escala internacional, y dijo que al gobierno federal le interesa la "cooperación" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el proceso de búsqueda de los jóvenes.

“Esta acción (Ayotzinapa) por supuesto que lastima todo el esfuerzo (de combate al crimen)… estamos en un momento difícil, pero vamos a superar este problema. Habremos de dotar de seguridad a esa región de Tierra Caliente, Guerrero”.

Insistió en que advirtió al gobernador Ángel Aguirre Rivero, "un día y medio después" de los hechos, que reforzara la vigilancia para evitar la huída del alcalde. Comentó que en este sexenio, en agosto pasado, se empezó a indagar a Abarca por enriquecimiento ilícito.

Ahora que se ha fugado, el gobierno federal lo busca con base en "muchas líneas de investigación" para dar con éste y otros presuntos culpables de los hechos del 26 de septiembre, en tanto que la Procuraduría General de la República determinará si hay responsabilidad legal del gobernador con licencia. "Cada quien debe hacerse responsable de sus acciones", indicó Osorio.

El funcionario aseveró que la reunión entre los familiares de los 43 muchachos desaparecidos y el Presidente de la República fue respetuosa por ambas partes.

“El cabo Gil” alerta en narcomanta que los normalistas “están vivos”
Ezequiel Flores Contreras
30 de octubre de 2014
Narcotráfico


CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Una manta firmada presuntamente por “El Cabo Gil”, señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Sidronio Casaríais Salgado, advierte que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos “están vivos”.

También señala que está dispuesto a entregarse a las autoridades hasta que el gobierno federal detenga al 80 por ciento de la estructura principal de esta banda criminal conformada presuntamente por alcaldes de la zona norte de Guerrero y el sur de Morelos, así como por Federico Figueroa, el hermano del cantautor Joan Sebastian.

Esta mañana fue reportado el hallazgo de una manta colocada en la reja principal de la preparatoria 24 de Febrero en la colonia San José, ubicada sobre la carretera federal Iguala-Taxco, entre la comandancia de la Policía Federal (PF) y el cuartel del 41 Batallón de Infantería.

El mensaje escrito con letras negras fue dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, a quien indican que “de nada sirve” la detención de Sidronio Casarrubias Salgado porque la mayoría de los operadores del grupo Guerreros Unidos siguen libres.

Por ello, “El Cabo Gil” pide que se actúe en contra de los alcaldes y directores de Seguridad Pública de los municipios de Taxco de Alarcón, Huitzuco, Tepecoacuilco, Apaxtla, Teloloapan y Cocula.

Además, contra un capitán y un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo; también señala a Federico Figueroa, al actual delegado de Sedatu en la entidad, Héctor Vicario, y al resto de los hermanos del capo fundador de la organización, Mario Casarrubias, y los miembros de Los Peques o Los Tilos, señalados como uno de los brazos armados de la banda delincuencial.

“Señor presidente Peña Nieto, dice que va a dar con los culpables, su policía no hace nada. Dónde están los directores de seguridad que le dimos; los presidentes de los municipios coludidos con Guerreros Unidos siguen operando normalmente en algunos de ellos. Agárrelos y no los suelten hasta ser bien investigados, no son pendejos para hecharse (sic) la soga al cuello ellos solos”, refiere una parte del mensaje de la manta.

Luego advierte que “Todos ellos recibían su nómina para desaparecer gente y secuestrar; cheque cómo también en todos los municipios hay fosas; le exigimos que capture a los culpables”.

Luego “El Cabo Gil” condiciona su entrega:

“Ahí están sus nombres señor presidente de la república, ya que tenga un 80% detenidos de ellos, yo me entregaré; menos no, y les diré tal y como fueron y son las cosas y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy el culpable.

“Los mandos y jefes son los Casarrubias y Los Tilos (Marranas Negras o Peques). No confundan a la comunidad, digan las cosas como son y los estudiantes están vivos. Atte. Gil”, concluye el mensaje que fue retirado por la PF.

El gobierno federal señala a “El Cabo Gil” como el enlace directo entre las policías de Iguala y Cocula con el grupo Guerreros Unidos y, de acuerdo con la declaración ministerial de Sidronio Casarrubias, fue quien ordenó la detención de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.

Hasta el momento las autoridades no han fijado una postura sobre este mensaje atribuido a “El Cabo Gil”, quien se encuentra prófugo y se le considera “pieza clave” para aclarar la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos.

Crisis in Mexico: Could Forty-Three Missing Students Spark a Revolution?
BY FRANCISCO GOLDMAN

A protester in Mexico City holds a sign saying, “Mexicans, when will you burn? When the disappeared are from your house?”
A protester in Mexico City holds a sign saying, “Mexicans, when will you burn? When the disappeared are from your house?”
CREDIT PHOTOGRAPH BY MARCO UGARTE / AP.
Read Francisco Goldman’s first report from Mexico.

On Sunday morning, a heartbreaking headline appeared on the news Web site SinEmbargo, which is based here in Mexico City: “I Know My Son Is Alive and That He Will Be a Teacher.” The speaker was Manuel Martínez, the thirty-five-year-old father of a seventeen-year-old boy named Mario, who has been missing since September 26th, along with many of his classmates at the Ayotzinapa Normal teacher-training school. That night, according to witness testimonies and the confessions of those arrested in the case, six students from the school were murdered by municipal police and other gunmen, and forty-three others were “disappeared” in the small city of Iguala, in the Pacific-coast state of Guerrero.

The Martínezes are indigenous Huave from the impoverished seaside village of San Mateo del Mar, in Oaxaca. Martínez told SinEmbargo’s Humberto Padgett that he’d also studied at Ayotzinapa, twenty years before, and that his son had long dreamed of following in his footsteps. Like many other rural schoolteachers, Martínez built his little school with his own hands, out of planks and zinc sheeting. “All the rural schools are bad,” he said. “Here and in the country, education is in terrible shape. … In my school, we don’t even have electricity. The students live in the same conditions we do, or a little worse, because they live on just corn and beans, and from their tomato and chile harvests. … None of them owns a pair of shoes; they use huaraches or sandals.”

Martínez went on, “The authorities should pay for what they’ve done because they’ve done the very worse that you can do, to the most humble of people.”


The country has been seized by the story of the missing forty-three, though many refuse to believe the worst until it can no longer be denied—my dentist, for example, says that this is all just a student prank that went too far, and that the students will turn up any day now, sheepish and contrite. Meanwhile, concealed graves full of human remains keep turning up in the mountains and hillsides of impoverished Guerrero. One recently discovered grave held sandals and backpacks. Federal authorities discovered yet another grave on Monday, in the municipal dump of remote Cocula. There has been speculation that the grave could hold the remains of at least some of the students, but nothing has been confirmed yet. An announcement from the government could come any minute, or it might not come at all. Even if the government does announce that it believes it has found the students, it could take weeks before the independent Argentine forensics team working on the case can complete its DNA testing. That might be all the time that President Enrique Peña Nieto’s government will have to prepare for the widespread social tumult and condemnation that a confirmation of the students’ deaths is likely to provoke.

Every day, here in Mexico City and around the country, there are marches and other civic actions, most of them peaceful. On Wednesday, students from Instituto Politécnico Nacional, a large university in Mexico City, took control of toll booths on the highways leading into the city and allowed traffic to pass without paying. In Guerrero, protestors continue to burn government buildings. There will be a march in Mexico City on October 31st, coinciding with the Day of the Dead holidays, and a “mega march” is scheduled for November 5th, the day that Mexico’s universities and colleges are planning a national strike.

Many in Mexico have wondered why the missing forty-three have inspired such outrage in a country that has long since grown anesthetized to mass violence. This past June, twenty-two young people were massacred in a Mexico State warehouse by soldiers who claimed they’d been engaged in a long gun battle. The victims included a seventeen-year-old girl who was shot in the head. Her mother, when she recovered the body, said a soldier’s boot imprint was still visible on her daughter’s face. The case would have been covered up had it not been for human-rights groups and some early Associated Press wire-service reports bringing it to light. Even then, the Attorney General’s office didn’t agree to investigate the case until three more months had passed. Two weeks ago, in the city of Reynosa, a young physician and mother named María del Rosario Fuentes Rubio was kidnapped. She had been writing for the site Valor por Tamaulipas (where people post information and warnings about local narco activities) as an anonymous blogger, but narcos discovered her identity. Her murderers posted photos of her corpse on her Twitter account along with a tweeted message: “Close your accounts, don’t put your families at risk like I did, I ask your forgiveness.”

In the past, government authorities and many in the complicit media have relied on a worn playbook: stigmatize the victims, depict them as responsible for their own fates, or point out ways in which they were not “ordinary Mexicans.” Some have been trying to do the same with the missing forty-three, but the accusations and insinuations don’t resonate. Most of the students were still in their teens, in their first semester at the school, and came from impoverished communities that a majority of Mexicans can identify with; they can’t credibly be criminalized as “guerrillas” or “narcos.”

The outrage has brought a few promising results. The governor of Guerrero, Ángel Aguirre, finally stepped down last week after a month of angry demands for his resignation. And something about this particular crime makes it seem like something that has happened—is happening—before all of our eyes: the worst that can be done, to the most humble of people. Nearly everyone seems to feel a little responsible for it, if only for having voted for a Mexican politician in any recent election. The crisis of the forty-three missing students has exposed—in what is perhaps an unprecedentedly clear and dramatic way—the direct lines that connect the most corrupt local authorities to the most élite national politicians.

The now former mayor of Iguala, José Luis Abarca, and his wife, Maria de los Ángeles Pineda, who are accused by Federal authorities of having ordered the attack on the students, are currently on the run. The Mexican media, including the newspaper El Universal, have been reporting that Governor Aguirre and Maria de los Ángeles Pineda were lovers. The mayor’s wife, now known as Lady Iguala in the press and on social media, has two brothers who are thought to be leaders of the narco group Guerreros Unidos, which supplies a great deal of heroin to the United States. Lady Iguala was preparing to succeed her husband as mayor, and she was giving a big speech on the night that the missing students rolled into town. She allegedly used Guerreros Unidos money to keep local police on her private payroll. Governor Aguirre, according to newspaper accounts, used to send his nephew to Iguala to pick up money from his lover—so much money, and on such frequent visits, that the nephew became known locally as the Lord of the Suitcases, for the manner in which he took the money away.

On September 29th, shortly before he disappeared, Mayor Abarca met with Jesús Zambrano, a political godfather and one of the two national leaders of the Partido Revolucionario Democrático (PRD); the other is Jesús Ortega, who is known as Los Chuchos. The pair is credited with having led the party away from its traditional position of critical leftist opposition and moving it closer to the Partido Revolucionario Instítucional (PRI), Mexico’s governing party. Aguirre, though he’d once governed Guerrero for the PRI, was reëlected governor in 2011 in a last-minute political “marriage of convenience” with the PRD; he is a longtime PRI heavyweight and a friend of President Peña Nieto. Many other leading politicians have been connected to Aguirre or accused of having known what was going on in Iguala. According to widespread accounts, Peña Nieto’s government and his Attorney General’s office were informed, in 2013, of the problem of organized crime and political corruption in Iguala and in other parts of Guerrero but did nothing about it. In this way, the tragedy of the missing students has thrown a spotlight on Mexico’s decadent political culture and has brought up important questions about the country’s mainstream parties.

***

On Tuesday, as I do most mornings, I asked SinEmbargo’s director, my friend Alejandro Páez Varela, what was new that day. “We’re under attack!” he said. The site had become the target of a smear campaign mostly carried out on social networks. It has also received threats in person at its office doors, over the telephone, in e-mails, and in the digital forums on its own site. Most bizarrely, the Facebook page of a pop singer called Belinda, which has 7.5 million followers, was used to defame Páez Varela and other SinEmbargo journalists. (Belinda has said that her account was hacked.) An e-mail sent out last night by the site’s literary editor, Mónica Maristain, detailed the attacks: “We believe these episodes are part of the same institutional and social decomposition that the country is suffering from.” Officially, a hundred and two journalists have been murdered in Mexico since 2000. Of all the crimes committed against journalists in Mexico, ninety-eight per cent have gone unpunished. Between January and June of 2014, Maristain wrote, the group Article 19, which monitors press-freedom issues, has counted sixty-six physical attacks and twenty-eight threats against journalists in Mexico.

When I arrived at the SinEmbargo’s offices on Tuesday, Alejandro Páez showed me some of the posts that had been appearing on Belinda’s Facebook page, and some of the thousands of subsequent “bot” posts and tweets that echoed them. Many of the posts claimed that Páez was wanted by the city prosecutor’s office on rape charges. They were accompanied by photographs of Páez—some of which had been taken from the Internet, and others that were fake or doctored. One photo, which purported to show Páez being led away by police with a jacket pulled over his face, was included in a post claiming that he had been arrested at the SinEmbargo offices that very day. Páez also told me about some of the threats that had been delivered to their office in person by mysterious men who said they had come on behalf of a politician who was offended by photographs the site had posted. “Look around, it’s mostly young women working here,” exclaimed Páez, “and I feel responsible for their protection!” He told me that he was in the process of hiring security guards and having surveillance cameras installed.

Páez said that Peña Nieto had tailored his entire government to convince international and Mexican élites that his reforms—which are enacted by a corrupt Congress—have led to concrete advances for all Mexicans. Abroad, he has been applauded for his pantomime of a strong President; at home, he has shirked all the responsibilities of governance. The country seems out of control, said Páez, because the government doesn’t exert its lawful power. “Let’s face it,” he said, “You have to be a cabrón to govern this country.” In Guerrero, as in states and localities all over Mexico, organized crime, with the support of corrupted or helpless authorities, rules over Mexico.

The voids in Mexico’s government are all too obvious now. The country seems to be trembling at the edge of a terrible cataclysm or, for the hopeful, an inspiring transformation. “When a country has lost faith in all its institutions, it looks inward, or at itself in the mirror, in a search for solutions,” a prominent political reporter for a major daily newspaper told me recently. (He was fearful of repercussions should his name be used.) He thinks that is what is happening now. He points to the birth and growth of a large number of citizens’ groups (there has been increased participation in community self-defense groups, the student movement, and civic crusades against violence), and to the galvanized nationwide response to the tragedy of the missing students of Ayotzinapa Normal School.

The outcome of the national student strike will be revealing. How many universities, colleges, and institutes will stick with it, and for how long? Will it spread to other areas of society, to the high schools, for example, as the recent student strikes in Chile did, bringing about significant changes in that country? When masses of students boycott classes, it fills a country with an air of emergency and danger. The nation must ask itself what it will take to get them back into classrooms.

It’s also possible that the path to solving Mexico’s problems need not be so drastic. Flawed and abused as it has been, the country is still a democracy. It continues to have elections, which occur under the scrutiny of the international press (for whatever that’s worth) and election monitors. In 2000, Mexican voters finally put an end to seventy-one years of authoritarian and corrupt PRI rule, only to turn the government over to a rightist party, the National Action Party (PAN), which ended up, at the behest of the U.S., plunging the country into the narco war, the results of which we are all living with now. Mexicans now have another chance to politically reinvent their country. Now is the time for new leaders and even new parties to emerge from the civic movements and from outside the discredited political establishment. What many Mexicans have been telling me is this: It’s either now or never.

El Ejército, involucrado en ataque a normalistas: Omar García
"Ustedes se lo buscaron", comentó un soldado a Omar, quien pedía ayuda para uno de sus compañeros, herido la noche del 26 de septiembre. "Los medios nos decían que no podían llegar porque se los había prohibido el gobierno", acusó.
ejército Redacción ANoctubre 30, 2014 11:03 am

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El Ejército Mexicano llegó más de dos horas después del par de ataques que sufrimos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre; ¿dónde estaban?, preguntó Omar García, estudiante de Ayotzinapa.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, reveló que cuando llegaron los militares, en lugar de atender a los heridos, los detuvieron y los golpearon.

“Llegó el Ejército acusándonos de allanamiento (de un hospital), dándonos culatazos y al compañero herido también lo sometieron“, reveló el estudiante.

Omar les preguntó a los soldados: “Oigan, no están viendo que está gravemente herido, lo que necesitamos es apoyo”. En ese momento el joven ayudaba a uno de sus compañeros heridos, quién todavía no se recupera.

“Fue ahí cuando nos dijeron: Ustedes se lo buscaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen”, agregó.

Para el joven la forma de actuar de los militares es un “reflejo de la criminalización (contra los normalistas), que han insertado en las fuerzas del orden”.

Además, los soldados los fotografiaron a todos. “Nos dijeron: den sus nombres reales porque si nos dan sus nombres falsos nunca los van a encontrar“.

Ahora Omar se pregunta qué hizo el Ejército en dos horas, las dos horas que no aparecía por ningún lado.

Los medios nos decían que no podían llegar

Omar presenció el segundo ataque de la noche funesta.

Antes de ver cómo en medio de la oscuridad, aparecían los disparos, llamó a los medios de comunicación locales.

“Los medios nos decían que no podían llegar porque se los había prohibido el gobierno estatal y municipal”, acusó.

“Que no podían cubrir el caso porque les habían prohibido desde el estado”, agregó.

2 horas después, llegaron algunos medios, quienes fueron testigos del segundo ataque. Hasta ahora no se conoce ningún video sobre ello.

“Fue muy repentino… estábamos en la esquina de la calle Juan N Álvarez… 5 o 6, de medios locales… repentinamente empezaron nuevamente los balazos. No pudimos percatarnos quiénes eran porque estaba todo oscuro, solamente se veían las ráfagas, los disparos que salían de la oscuridad pero no pudimos ver de quién se trataba”, expuso.

A uno de los compañeros de Omar le quitaron los ojos. Esto porque “cuando lo sometieron, tuvo la valentía de escupirle a la cara del agresor“.

“Durante este tiempo el Ejército ni sus luces”, remarcó.

“Después de la segunda balacera a las 12:30 (de la madrugada) aparece el Ejército”, precisó.

Omar buscaba que algún doctor atendiera a Edgar Andrés, un normalista lesionado, que actualmente continúa grave.

“Pedimos en hospital que se nos atendiera, no nos quisieron atender, pedimos que por lo menos nos dejaran entrar, personal de guardia nos dejó entrar y al poco rato llegó el Ejército acusándonos de allanamiento de morada”, contó.

El estudiante menciona que en Guerrero es común ver a militares coludidos con la delincuencia organizada. “Soy de la Sierra donde abunda la delincuencia organizada”, narró. “Y el Ejército ahí anda, le dan su mochada y se retira… siempre llegaban a arreglos con los narcos”.

¿Qué música escuchan?

Omar García dio a conocer que cuando fue a declarar ante la PGR por los hechos del 26 de septiembre, le hicieron preguntas como qué música escuchaban.

El normalista dijo que las autoridades intentaron vincularlos con la delincuencia. ”Nos tuvieron 8 horas declarando y sí todas esas declaraciones siempre iban encaminadas: ¿de dónde eres, a qué te dedicas, qué opinas de los Guerreros unidos?.. no tenían nada que ver con lo que sufrimos”.

“Esa fue una ofensa todavía más grande: nos preguntó que qué música escuchábamos… oigan pero ¿por qué escuchan a La Trakalosa?“, continuó.

El normalista adelantó que alistan una caravana “civil y pacífica” en el país, “en la que podamos poner a debate este problema”.

Lo que se vive ahora es un horror que venían tapando, que han querido encubrir, pero pero les ha explotado, finalizó.

Desertan por temor 67 estudiantes de la normal de Ayotzinapa
Por Afp jue, 30 oct 2014 18:51
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Habitantes de Tierra Colorada marcharon en silencio por Chilpancingo para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto Lenin Ocampo

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Ayotzinapa. De los 140 estudiantes de primer nivel de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 110 están ausentes: los 43 desaparecidos tras los ataques en Iguala el pasado 26 de septiembre y 67 más que desertaron por temor. El miedo, la desolación e incertidumbre se entremezclan en las aulas con la indignación, la necesidad de encontrar a los jóvenes y la demanda de justicia.

La puerta negra de uno de los dormitorios de la escuela rural de Ayotzinapa está sellada y sus paredes rojas lucen desoladas. Diez de sus ocupantes están entre sus 43 estudiantes desaparecidos y otros cinco huyeron por miedo. Ernesto Guerrero, un alumno de 21 años que se hace llamar Comandante Malboro, sobrevivió al brutal ataque de policías y sicarios del narcotráfico en el que desaparecieron sus 43 compañeros el 26 de septiembre en Iguala, una ciudad a 130 km de la escuela.

Guerrero, uno de los cinco estudiantes que quedan de este dormitorio, se siente orgulloso de permanecer aún en esta escuela de magisterio de ideología revolucionaria. Pero, igual que sus otros colegas de cuarto, cada noche busca un rincón en habitaciones de otros compañeros para no regresar a su solitario dormitorio.

"Mis padres me han dicho que me vaya a la casa. Prefieren que me quede sin estudiar a que me maten por ahí", dice Ernesto parado frente a su dormitorio, pintado por ellos de rojo comunista con imágenes de Karl Marx y el Che Guevara. En ese cuarto, que bautizaron 'La Casa del Activista', sus habitantes recibían "orientación ideológica y política", dice hermético sin querer descubrir al enseñante.

Cuando nos íbamos a dormir "unos estaban con música, otros bromeando, cantando, leyendo en el círculo de análisis. Estábamos compartiendo ideas, pues", recuerda este joven, que hasta agosto pasado empuñaba un fusil como miembro de un grupo de milicias de autodefensa comunitaria.

"Algunos 'compas' se van"

Además de su objetivo de ser profesor rural, Ernesto dice tener la misión de impedir a toda costa el cierre de la escuela de Ayotzinapa y de una docena de centros similares en el país que son parte de una federación de estudiantes campesinos.

En esa misma escuela se formaron los líderes guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Estas aulas son el último reducto de un proyecto educativo para el campo creado al término de la Revolución Mexicana de inicios del siglo pasado.

Los alumnos de estas escuelas públicas y radicales están acostumbrados a exigir con métodos contundentes, incluso violentos, que el gobierno las mantenga vivas. La noche de los ataques, los 43 estudiantes se habían apropiado de varios autobuses en Iguala para regresar a Ayotzinapa. El alcalde, vinculado con un cártel narcotraficante, ordenó el ataque porque temía que los jóvenes fueran a boicotear un acto público de su esposa, según la fiscalía.

Las familias de los 43 desaparecidos obtuvieron el miércoles el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para "redignificar" a estas escuelas.

"Yo, con mis camaradas, he convivido" y "he llorado, hemos comido juntos, hemos tomado. Veo que algunos 'compas' se van, se van, no sé por qué se van, pues tienen miedo. Aquí nos dijeron que aquí somos hermanos", dice otro decepcionado estudiante de 25 años, que aún no sabe de donde cogió fuerzas para escapar de los ataques de Iguala con una rodilla herida de bala.

Los compañeros de dolor

La madre de Julio César Ramírez, uno de los seis muertos en los ataques, llora frente a un altar de flores anaranjadas que rodean su foto, en la casa aún sin terminar a la que su familia se mudó unas semanas antes.

"Mi esperanza ahora será ver a los otros muchachos que regresen con vida para que él (Julio César) también pueda descansar y me deje descansar a mí (...) Me falta el aire", reconoce su encanecida madre, Berta Nava.

Otro desaparecido, César Manuel González, tiene 21 años y un perro que se llama Lulú, el conejo Whiskas y su gato Tambor. "Ellos lo están esperando en casa", dice con los ojos rojos por el llanto y el cansancio su padre, César Mario.

Este joven desaparecido había estudiado un semestre de Derecho en Tlaxcala, pero le encantaba la vida de la sierra y trabajar con las comunidades rurales.

Encontró Ayotzinapa y dejó todo, dice su padre, que trae colgados un rosario y un escapulario y en las muñecas lleva pulseras de la virgen de Guadalupe. Todo son regalos de personas que se han acercado a rezar por los muchachos.

En la escuela sólo falta la familia de Dorian González Parral. Este chico moreno, aún con cara de niño, proviene de una remota comunidad indígena tlapaneca, cuya lengua era el único idioma que él hablaba cuando llegó a estudiar a Ayotzinapa. Ahora nadie lo reclama.

CADENA DE MANDO
La maldita esperanza

Generar esperanza de vida en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa conlleva grandes riesgos. Es así porque llevan más de un mes sin que se tenga noticia de su paradero y estado físico; entonces el riesgo de no encontrarlos con vida será un golpe fatal para las 43 familias que aún conservan la esperanza de que regresen sanos y salvos.

La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, desde el viernes antepasado, comenzaron a plantear la posibilidad de que estos jóvenes estuviesen vivos. A partir de mediados de esta semana, la esperanza de muerte prevalece de manera velada en el mensaje de la PGR. Segob se mantiene en el ánimo de encontrarlos con vida, lo que de por sí denota una descoordinación entre los titulares de estas dependencias. Ojalá y estén vivos. Si no lo están, a quienes culparán será al Presidente, a Osorio Chong y a Murillo Karam, aunque ellos no tengan responsabilidad alguna.

Coincido con mi compañero de páginas Ciro Gómez Leyva cuando afirmó en su columna del lunes pasado que Iguala-Ayotzinapa es, sin duda, una historia extraordinaria que sigue produciendo historias sorprendentes y descomunales. Es comprensible su fuerza periodística. El problema es que al gobierno se le acabó el tiempo para responder a las familias afectadas, a los mexicanos y a todos los que siguen el caso fuera del país. Mediáticamente seguirá generando mucho; políticamente, se hunde más mientras pasan los días. Ya no será suficiente con encontrarlos, como tampoco lo será detener a José Luis Abarca, a su esposa y al ex jefe de la policía de Iguala.

La reconfiguración total de la seguridad pública en todo el país a partir de estos lamentables hechos deberá soportarse en las fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque a pesar de Tlatlaya, las acciones del Ejército y la Fuerza Aérea siguen siendo las que mejores resultados en la materia presentan. A pesar de Tlatlaya, la única institución que genera esperanza son las fuerzas armadas. Los hechos de Tlatlaya no han logrado que la sociedad generalice al Ejército como un violador de derechos humanos. Quienes lo hacen son los que siempre han criticado radicalmente la naturaleza militar y, en este caso, su intervención en labores de seguridad.

Deben soportarse en los soldados, debido a que tanto los de tierra, aire y mar no representan un interés político; al contrario, los de uniforme significan el único recurso que el Presidente ha tenido desde que llegó al poder para enfrentar el abominable fenómeno de la delincuencia, y todo indica que seguirá así hasta que termine su mandato. El Ejército mexicano es el primero en entender que su propia inacción significaría entregar la nación a los delincuentes, tal y cual lo han hecho los gobernantes y funcionarios de los tres niveles.

El Presidente no necesita de protagonismos por parte de sus secretarios y funcionarios cercanos. El Presidente sabe que para el general Salvador Cienfuegos Zepeda lo menos importante es colgarse las medallas y, como dice un general que prefiere el anonimato, “Salvador ya tiene muchas, no necesita una más”.

El Presidente necesita poder ofrecer esperanza a sus gobernados. El presidente sabe que si no se soporta en las fuerzas armadas, el proyecto de nación será un fracaso.

Tristemente, las esperanzas de las 43 familias de los estudiantes desaparecidos se desvanecen y quedan fuera del discurso político y del mensaje mediático; quedan fuera de la rapiña con la que todos han querido beneficiarse en el tema de Iguala, sin darse cuenta del grave daño que le ha causado al país.

Se desvanece la esperanza al momento en que el gobierno de México “debe” mandar a distintos funcionarios a explicar por qué en México se están violando derechos humanos y, de ahí, etiquetar al país completo como un espacio sin ley.

Un espacio donde ya no cabe ni la maldita esperanza.

CABO DE GUARDIA

El enfrentamiento del pasado jueves en el cerro El Ocotillo, en Luvianos, Estado de México, no tiene nada de extraordinario que no sean los altos niveles de delincuencia que se siguen registrando en ese Estado.

La CNDH ya informó que abrió una investigación para demostrar que ahora sí cumplirá su función en tiempo y forma. Mejor debería de apoyar a los ocho deportistas que fueron secuestrados ayer en el Ajusco, a quienes por cierto liberaron después de pagar el rescate.

El secuestro es una de las peores formas de violación del derecho humano.

Enfrentarse con delincuentes no significa que el Ejército viole los derechos de nadie; al contrario, en todo caso protege los de la mayoría de la población, a pesar de lo ocurrido en Tlatlaya.
jibarrolals@hotmail.com
@elibarrola

Crímenes de lesa humanidad
John Saxe-Fernández
E
n medio de la marea humana que acudió al Zócalo el domingo 26 de octubre, convocada por Morena y movilizada bajo la exigencia del regrésenlos vivos, un grito que se oye por todo México y el mundo, Elena Poniatowska observó que “(L)os culpables quieren librarse de responsabilidad al querer ligarlos con cárteles del narco”. Menospreciar a las víctimas, difamar a los 43 estudiantes para justificar crímenes y masacres, es parte de los procedimientos de corte nazi de las guerras sucias y de exterminio contra la población que incluyen la tierra arrasada, el asesinato por responsabilidad colectiva y el uso clandestino de unidades militares o policiales, bajo cubiertas varias: paramilitarismo, delincuentes, narcos firmas de seguridad.

Así lo consignan manuales militares de contrainsurgencia, por ejemplo del Plan Colombia (PC), modelo de terrorismo de Estado que arrancó en 1999, usado en Irak, Afganistán y, a través de la Iniciativa Mérida (IM), en México y Centroamérica. Datos históricos y documentos contundentes que muestran que el PC fue una decisión del gobierno de EU, elevada a política de Estado mediante la aprobación de (su) Congreso, son ofrecidos por Hernando Calvo Ospina en El terrorismo de Estado en Colombia (2007, en google). Mientras se debatía el PC apoyado por Clinton entre su Secretaría de Estado y el zar anti-drogas general McCaffrey, ex jefe del Comando Sur, el asesor militar Stan Goff revelaba que en Colombia desde 1991 los más feroces escuadrones paramilitares estaban directamente conectados, para inteligencia y operaciones, con las fuerzas de seguridad mediante una red organizada bajo la tutela de la CIA y el Pentágono (José M. Martín Medem, Colombia Feroz, 2009, p 116).

El presupuesto del PC lo defendieron en el Congreso de EU la Casa Blanca y Lawrence Meriage, ¡vicepresidente de Occidental Petroleum! Sus palabras van al quid del PC y de su par, la IM: El sector privado tiene enormes intereses estratégicos y vitales en juego en ese país y por eso el paquete de ayuda por mil 574 millones (de dólares) debe ser aprobado cuanto antes.

Urabá, territorio de masacres y asesinatos paramilitares, es descrito en documento de 1996 del Departamento de Estado como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y el mundo que no sólo produce el 60 por ciento de los cultivos de banano del país, sino que contiene gigantescas reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radiactivo, gigantescos recursos petroleros y una biodiversidad casi sin igual en el mundo. Ese inmenso botín es lo que está detrás del horror y terror del PC y de la IM como se aprecia en Ni vivos ni muertos (2014), de Federico Mastrogiovanni, sobre desaparición forzada en México, un libro de rigor y enorme fortaleza humana, documental y analítica.

En entrevista reciente el autor puntualizó que los lugares “donde se ha registrado la mayoría de las desapariciones de personas en años recientes en México se ubican en zonas donde se planea explotar yacimientos de petróleo y gas shale y eso no es una coincidencia, sino una práctica de las grandes empresas aliadas con los gobiernos para obtener la máxima ganancia”. Mostró dos mapas superpuestos donde se ubican ambos fenómenos: las desapariciones y las extracciones de combustibles como muestra palpable de la coincidencia que no es coincidencia. Destacó la relación existente entre la necesidad de sembrar terror, vaciar territorios y la presencia de recursos naturales. Si pones los dos mapas, el de las desapariciones y el de los recursos como el gas y el petróleo, te das cuenta de eso. Enfatizó que dichas prácticas son muy comunes para las empresas trasnacionales en diversas partes del mundo... donde grupos de delincuentes hacen huir a la gente, luego llegan grupos paramilitares o militares que los hacen huir a ellos y luego llegan las empresas para aprovechar ese territorio explotable sin gente.

En este cruce entre negocios y geoestrategia es vital revisar el Informe y mapas del “shale en México” del Departamento de Energía de Estados Unidos, riqueza localizada, dicen las petroleras, en zonas con problemas de seguridad por la presencia indígena, campesina y de ejidos (Expansión, 23/10/14 p 74). Para Ali Moshiri, presidente de Exploración y Producción en África y América Latina de la gigante Chevron, eso no va a ser un problema muy grande para nosotros...Tenemos ciertos procedimientos establecidos y lo resolveremos a medida que crezca la operación en México (ibidem).

De eso indagó la Comisión de la Verdad sobre la guerra sucia 1969-1979. Su presidente, Enrique González Ruiz indicó que”... hay pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad del Estado mexicano”. Dijo también que “aplicaban tácticas de seguridad nacional de Norteamérica. “La nueva guerra sucia de estos días es hija de aquella guerra sucia impune”. La Comisión ratificó la capacidad de resistencia entonces y ahora.

Capturan a los Abarca en el DF
04 de noviembre del 2014

José Luis Abarca y su esposa. Foto: EspecialMéxico, 4 de noviembre.- Mediante un operativo realizado por la Policía Federal durante la madrugada de este martes, se llevó a cabo la aprehensión de el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, presuntos responsables de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según las autoridades federales, la pareja ya se encuentra en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para rendir sus declaraciones ante el Ministerio Público.

María de los Ángeles Pineda fue señalada por Sidronio Casarrubias Salgado, principal cabecilla de la organización delictiva conocida como Los Guerreros Unidos, como la principal operadora de dicho grupo desde la presidencia municipal, con el apoyo de su marido y del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores.

Por su parte, José Luis Abarca es señalado por pagar entre dos y tres millones de pesos a Guerreros Unidos para tener Iguala bajo control, además de ser el principal sospechoso por el homicidio del perredista Arturo Hernández Cardona, cometido en mayo de 2013 y según versiones de René Bejarano, la PGR ya contaba con el expediente que explicaba la implicación del funcionario en dicho delito meses antes de la desaparición de los normalistas.

Redacción

Estado Mayor

Representantes del Gobierno de la República se reunieron con familiares de los normalistas desaparecidos
04 de noviembre del 2014

México, 4 de noviembre.- Representantes del Gobierno de la República se reunieron con familiares de los estudiantes no localizados de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” para instalar la Comisión Mixta de Seguimiento e Información, acordada el miércoles 29 de octubre con el Presidente Enrique Peña Nieto.

Esta Comisión tiene el propósito de establecer mecanismos ágiles para proporcionar información a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles con el fin de respetar su derecho a coadyuvar con la investigación.

La Comisión queda integrada por:

Padres de Familias: Cruz Bautista Salvador, Carmelita Cruz Mendoza, Lardo Flores Vázquez, María Concepción Tlatempa, Jaime Arzate García, Felipe de la Cruz Sandoval, Melitón Ortega Carlos y Emiliano Navarrete.

Alumnos: David Flores Maldonado, Agustín Chocolate, Manuel Vázquez Arellano y Luis Uriel Gómez Avelino

Organizaciones civiles: Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Sarabia y Alberto Solís Castro por parte de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Abel Barrera Hernández y María Luisa Aguilar en representación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los familiares expresaron la necesidad de recibir información precisa sobre el paradero de los normalistas por parte de las autoridades gubernamentales.

Participaron en la reunión el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava; la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eliana García Laguna; el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García; el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y el Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández.

Los servidores públicos subrayaron el compromiso del Gobierno de la República de continuar con la investigación hasta encontrar la verdad de los hechos que la han originado.

Monte Alejandro Rubido García informó que no se han escatimado ni esfuerzos ni recursos en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

Por otro lado, en relación con las acciones desplegadas por la Comisión Nacional de Seguridad, se informa lo siguiente:

La búsqueda se ha sustentado en tres grandes estrategias:

La primera, consiste en la integración, sistematización, organización, clasificación, procesamiento y explotación de toda la información relacionada con los hechos que han sido del conocimiento de la autoridad.

También ha contemplado la integración de una mesa permanente con padres de familia, representantes de alumnos y organizaciones no gubernamentales. De esta mesa surgió la implementación de brigadas mixtas de búsqueda y de operativos interinstitucionales coordinados.

La segunda, que consiste en la implementación de metodologías de búsqueda apegadas a procedimientos internacionales y nacionales plenamente acreditados, con base en los cuales se determinaron 8 cuadrantes de localización en función de la cronología de los hechos suscitados la noche del 26 de septiembre.

Los cuadrantes de búsqueda abarcan una distancia de hasta 100 kilómetros desde el centro del municipio de Iguala.

La tercera, consistente en el despliegue de equipos interinstitucionales de búsqueda con todas las capacidades logísticas, operativas, tecnológicas y de inteligencia para la investigación y localización, con atención a las líneas derivadas de las actuaciones ministeriales y de las señaladas por familiares, amigos y compañeros de los normalistas no localizados.

Por último, es de destacarse que el Gobierno de la República ha concentrado en Guerrero casi 10 mil elementos de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad.

Para dotar de pluralidad a los trabajos de búsqueda, se han conformado brigadas compuestas por la Policía Federal, agentes del Ministerio Público Federal y, sobre todo, por familiares o personas cercanas a los estudiantes.

Se han efectuado búsquedas en diversos municipios, principalmente de las zonas Norte y Tierra Caliente del estado de Guerrero, entre los que destacan: Iguala, Chilpancingo, Taxco, Cocula, Huitzuco, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, Apaxtla, Tepecocuilco, Cuetzala y Tlalixtaquilla, entre otros.

A la fecha se han inspeccionado 118 puntos, tanto en áreas urbanas como rurales, así se han recorrido hospitales, escuelas, iglesias, internados e incluso cárceles en el ámbito urbano. Y ranchos, huertas, presas, ríos, lagunas, cuevas, cavernas, cañadas y minas en zonas rurales.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

Confiesan ejecución de normalistas
04 de noviembre del 2014

México, 4 de noviembre (Reforma).- Dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos aseguraron en un interrogatorio ante infantes de la Armada que Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de la organización criminal, fue quien ordenó ejecutar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según un informe de la Procuraduría General de la República incluido en la causa penal 100/2014, Osvaldo Ríos Sánchez “El Gordo” y su hermano Miguel Ángel, “El Pozol”, acusados de ser partícipes del crimen, confesaron a los Marinos estar “arrepentidos” y señalaron que los estudiantes fueron enterrados en una fosa localizada en Pueblo Viejo, entre Iguala y Cocula.

“Hace unos días, (refirieron que) se encontraban arrepentidos de la muerte de los estudiantes y que ellos, junto con los del cártel, habían matado a los estudiantes, así como que participó en tales hechos los que denominaban ‘policías bélicos’ y los Guerreros Unidos”, se asienta en el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014.

También la PGR señala en la causa penal 100/2014, del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros, que el ex Alcalde José Luis Abarca ordenó detener a los estudiantes y que, una vez en manos de Guerreros Unidos, “El Mochomo” decidió que los mataran.

“Los ‘policías bélicos’ se refieren a los policías municipales de Iguala e incluso sabe dónde los mataron y dónde los enterraron a los estudiantes y que esto fue en inmediaciones de Pueblo Viejo, Guerrero y que el que dio la orden que mataran a todas estas personas fue Ángel Casarrubias Salgado, alias el Mochomo”.

Los hermanos Ríos Sánchez fueron detenidos el pasado 8 de octubre en Cuernavaca, Morelos. Para entonces, ya habían transcurrido cuatro días del hallazgo de las fosas con 28 cadáveres en Pueblo Viejo.

En abril y mayo pasado se encontraron 26 cuerpos en el mismo punto donde se hallaron las fosas referidas.

Al día siguiente de sus detenciones, la PGR encontró otras cuatro fosas con ocho cadáveres en las inmediaciones del rancho “La Sierpe”, también en Pueblo Viejo, sitio conocido como La Parota.

La PGR no ha informado el resultado de sus análisis periciales sobre los ocho cuerpos, razón por la que se desconoce si se trata de algunos de los normalistas desaparecidos.

En el testimonio que rindió ante la PGR, “El Gordo” señaló que la instrucción de entregar a los estudiantes a los Guerreros Unidos se dio porque entre aquellos había miembros del cártel rival de Los Rojos.

“(La noche del 26 de septiembre) me reporta vía mensaje de PIN, David Cruz Hernández, o sea ‘El Chino’, encargado de la central (de Protección Civil de Iguala), por Blackberry, en el que indica en forma general, a todos los que estamos con PIN y en comunicación con ‘El Chino’, que tenían que llevar a los estudiantes con ‘El Choky’ porque supuestamente entre ellos venían sujetos que pertenecían al cártel de Los Rojos en forma infiltrada”, dijo en su declaración del 10 de octubre.

Su hermano “El Pozol” dijo algo similar respecto a la presunta infiltración de delincuentes; sin embargo, refirió que algunos de los normalistas fueron llevados a las fosas tres días después de haber sido secuestrados.

“El ‘Mente’ (subordinado de Jaime, ‘El Choky’, jefe de plaza en Iguala) me dijo que se habían llevado el 29 de septiembre a unos estudiantes de Ayotzinapa, siendo que tuve el conocimiento de que los habían secuestrado a estos de Ayotzinapa, porque iban gente del cartel de Los Rojos, de manera infiltrada.

“Sé que los trasladaron al cerro, rumbo a la localidad de Pueblo Viejo, y la entrada principal es la Avenida Guadalupe y están dos calles en ‘y’ griega, una da para Pueblo Viejo y otra va para Loma del Zapatero; cerca de la principal hay una escuela, y se logra apreciar un árbol, y este árbol es conocido como La Parota”, detalló.

Abel Barajas

Esconde a Abarca proveedor de PRD
05 de noviembre del 2014

México, 5 de noviembre (Reforma).- El ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en una casa de la familia Berumen, cuya empresa de grúas era proveedora de servicios del PRD y del Gobierno del DF.

Grúas Berumen ha ofrecido sus servicios al partido del sol azteca para colocar templetes en mítines para sus candidatos y para Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo ha instalado las carpas para la Feria Internacional del Libro en el Zócalo y transportado un helicóptero de la Policía de Guerrero, bajo la Administración de Ángel Aguirre.

En su página web, la empresa informa que tiene más de 30 años en el mercado y ofrece servicios de grúas de gran tonelaje. Su domicilio está en Ermita Iztapalapa 3496, Col. Santa María Aztahuacán, Delegación Iztapalapa.

Ayer también fue detenida Noemí Berumen Rodríguez, hija de Salvador Berumen Jaramillo, el dueño de esa empresa, en la que trabajó como gerente de ventas y mercadotecnia.

Berumen Jaramillo aparece como propietario de la casa ubicada en el número 50 de la Calle Cedro, donde fue detenido el matrimonio Abarca.

La captura de el Alcalde de Iguala y su esposa -a las 2:30 horas de ayer en Iztapalapa- se dio luego de un seguimiento que tuvo como clave y punto de partida a su hija Yazareth Liz Abarca Pineda.

Las autoridades identificaron a Noemí Berumen como una de las amigas que más frecuentaba Yazareth, quien se ofreció a esconder y alimentar al ex Alcalde y la Primera Dama de Iguala.

Según fuentes del PRD, la familia Berumen tiene vínculos con el PRD a través de Juan Carlos Beltrán Cordero, ex asambleísta por Iztapalapa y consejero estatal del PRD en el Distrito Federal por la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como “Los Chuchos”, a la cual pertenece el dirigente nacional Carlos Navarrete.

En 2012, Beltrán Cordero buscó ser candidato a diputado, y, al no conseguirlo, se incorporó a la Secretaría de Trabajo del DF, que encabezaba Navarrete.

Incluso, el actual líder perredista lo incluyó como uno de los 28 cuadros de Nueva Izquierda en el Distrito Federal que participaron en una reunión previa al congreso nacional de Nueva Izquierda en aquel año.

La diputada federal perredista Aleida Alavez afirmó que las colonias de Iztapalapa en las que fueron capturados José Luis Abarca, su esposa y Noemí Berumen son áreas de influencia de la corriente liderada por “Los Chuchos”.

Identificada con Izquierda Democrática Nacional, la corriente de René Bejarano, Alavez explicó que es un área con influencia del ex dirigente nacional Guadalupe Acosta Naranjo y de los diputados Carlos Augusto Morales y Daniel Ordóñez, sobre todo, en Santa María Aztahuacán.

En esa circunscripción también opera Juan Carlos Castañeda, líder de Nueva Izquierda y actual director de Gobierno de la Delegación Iztapalapa, que encabeza Jesús Valencia.

La diputada Alavez estimó que no se puede descartar algún vínculo entre Nueva Izquierda y la familia de Noemí Berumen.

“No se descarta nada, porque la colonia es muy pequeña, y sí se relaciona a esta persona con algunos actores del PRD. En este caso de la familia Berumen, estamos checando porque sí hay quien dice que esta familia operaba con un equipo del PRD en Iztapalapa”, expresó la legisladora.

Iztapalapa, la delegación más poblada del Distrito Federal, fue gobernada entre 2000 y 2009 por Nueva Izquierda, a través de los liderazgos de René Arce y Víctor Hugo Círigo, hermanos que desertaron del PRD.

En la elección de 2009, las disputas internas provocaron que Nueva Izquierda perdiera Iztapalapa.

Clara Brugada ganó la elección a través de Rafael Acosta “Juanito”, quien en una estrategia avalada por Andrés Manuel López Obrador, fue postulado por el PT.

En la siguiente elección de 2012, el PRD postuló a Jesús Valencia, actual delegado que ganó con el respaldo de Alternativa Democrática Nacional, la corriente del secretario general del PRD, Héctor Bautista.

El operativo de captura fue encabezado por el jefe de la PF, Enrique Galindo, y el Procurador Jesús Murillo recibió a los detenidos en las instalaciones de la PGR.

“Ya déjenme ¿qué se creen?”, les reclamó María de los Ángeles Pineda a los policías que la tomaron por el brazo.

Rolando Herrera, Abel Barajas, Antonio Baranda y José David Estrada

José Luis Abarca al Penal del Altiplano; su esposa es arraigada por 40 días
06 de noviembre del 2014

Foto de los Abarca, presentada por la PGR. Foto: PGRMéxico, 6 de noviembre.- Mediante un comunicado de prensa, la PGR informó que a las 17 horas con 10 minutos del día de ayer, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue recluido en el CEFERESO, No. 1 “Altiplano” en el Estado de México, quedando a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por los delitos de Delincuencia Organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de aprehensión librada en su contra el 24 de octubre del 2014.

Esto independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando la Procuraduría sobre Abarca Velázquez

En el caso de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez, como consecuencia de las investigaciones que se realizan, hoy, del mismo modo, un Juez Federal especializado determinó imponerle la medida cautelar de Arraigo por 40 días.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

El caso Iguala impactó negativamente la imagen del país, acepta Videgaray
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El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la sesión plenaria 2104 del Consejo Nacional Banorte, en el hotel Hilton ReformaFoto Guillermo Sologuren
Víctor Cardoso

Periódico La Jornada
Jueves 6 de noviembre de 2014, p. 5

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aceptó que la desaparición de 43 normalistas en Guerrero impactó negativamente la imagen de México en el extranjero, aunque negó que, por el momento, se haya traducido en la cancelación de inversiones foráneas en el país.

El funcionario participó en la reunión The México summit, the road to competitiveness (México, el camino a la competitividad), donde habló de la aplicación de las reformas estructurales como prioridad del gobierno federal, pese a los "lamentables hechos de Iguala".

Asimismo, habló de los efectos que tendrá sobre el presupuesto de 2015 la caída en los precios internacionales del petróleo. Afirmó que sólo si se desplomaran debajo de 70 dólares por barril impactarían negativamente los ingresos y, por consiguiente, el gasto del sector público, previstos para 2015.

Videgaray Caso dijo que cada tema se debe ponderar y la investigación para localizar a los estudiantes desaparecidos es de carácter penal. "Es evidente que la percepción de México ha cambiado, de los mexicanos y del extranjero. (La desaparición de los estudiantes) es un hecho de la más alta gravedad, (pero) también es de alta prioridad. Lo fundamental es el fortalecimiento del estado de derecho. Todas las acciones del Estado, todas las instituciones, debemos tener como prioridad el fortalecimiento del estado de derecho, más allá de los muy lamentables hechos, en todos los ámbitos de la vida pública y de la sociedad".

Añadió: "Lo ocurrido en Guerrero es algo que difícilmente vamos a olvidar, pero debe llevarnos a la acción: primero, al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a la sociedad en su conjunto sobre el valor del estado de derecho. Y segundo, a entender que México tiene una agenda importante de reformas, pero también el potencial de transformar la realidad económica, y de que éste no es el momento de distraernos para su implementación. Es momento para seguir trabajando con disciplina, de manera efectiva y acelerada, en la implementación de las reformas; lo debemos atender con la misma intensidad que se atienden los problemas derivados de situaciones tan lamentables, tan dolorosas como las que estamos enfrentando. El gobierno tiene una agenda muy clara y los otros asuntos también deben de atenderse con profundidad".

Labor de la Sedesol

En el foro de The Economist también participó la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien al ser interrogada sobre el tema Ayotzinapa afirmó que se mantendrán los apoyos sociales como parte del Plan Nuevo Guerrero, además de reforzar los diferentes programas de desarrollo turístico para Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, para que no se perjudique la temporada vacacional de fin de año.

Al preguntarle qué efectos han tenido en los programas sociales las movilizaciones en Guerrero, dijo: “en algún momento, eventualmente, tuvimos algún conflicto porque nuestros camiones distribuidores de enseres o proveedores de alimentos para algunos comedores comunitarios fueron tomados e incorporados a la causa”. Aclaró que se restableció el servicio, porque se afectaba a la gente más pobre del estado de Guerrero, como se les hizo saber a quienes luchan por la aparición de los 43 normalistas desaparecidos. "Les hicimos saber y ver que no era la mejor manera entablar esta causa tan justa afectando a los más pobres del estado y, sobre todo, a los comedores comunitarios, donde va la gente que no tiene que comer", comentó.

Garantizado el ingreso petrolero

Por otro lado, después de su participación en el foro, Videgaray Caso manifestó que la Secretaría de Hacienda mantiene su proyección de crecimiento económico de 2.7 por ciento para este año y de 3.7 puntos porcentuales para el próximo.

Asimismo dijo que a pesar del entorno financiero complejo a escala internacional, México mantiene buenas expectativas como parte de un "ciclo" expansivo de la demanda interna y de que la economía de Estados Unidos, que mantiene un estrecho vínculo con la mexicana, tendrá un mejor desempeño de lo esperado hace algunos meses.

A una pregunta sobre los precios internacionales del crudo, Videgaray Caso afirmó que la volatilidad no pone en riesgo los ingresos petroleros del gobierno federal y que para 2015 está por concluirse el diseño y negociaciones para contratar las coberturas que permitan garantizar el precio de 79 dólares por barril.

Y en caso de que la cotización del crudo caiga por debajo de esa meta, dijo, se utilizarían los fondos de estabilización de los ingresos petroleros antes de pensar en ajustar el gasto público.

http://www.jornada.unam.mx/2014/11/06/politica/005n1pol

“Hubo un incendio de mucha gente”
09 de noviembre del 2014

Murillo Karam. Foto: EspecialEra el anuncio que se esperaba desde hace por lo menos dos semanas. El pasado viernes 7 de noviembre el gobierno federal presentó lo que llamó “avances de la investigación”, sobre los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala. Al informar que tres testigos detenidos que participaron en los hechos, aseguraron que a los jóvenes los mataron y los incineraron en el basurero municipal de Cocula, para después arrojar los restos en bolsas al río San Juan, el procurador Jesús Murillo Karam dijo que será en un laboratorio extranjero donde se determinará si el ADN de los restos encontrados corresponde al de las víctimas. Por lo pronto seguirán en calidad de desaparecidos. Los padres de los jóvenes rechazaron la versión con la cual, dijeron, se pretende dar carpetazo al caso. Ante el descrédito de las instituciones de procurar justicia, solicitaron al gobierno firmar a la brevedad el acuerdo con la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para que facilite el apoyo técnico acordado, además dar mayor participación a los forenses argentinos y admitir a sus abogados como coadyuvantes para integrar la investigación del caso.

México, 9 de noviembre.- La orden fue que la ropa que vestían quienes participaron en la quema de aquellos cuerpos también la incineraran para evitar dejar cualquier rastro. Fue una operación posterior que buscó borrar evidencias no solo de los cadáveres sino de quienes participaron en la desaparición. El relato que dio a conocer la tarde del viernes 7 de noviembre la PGR basado en el testimonio de tres de los testaferros que participaron en el asesinado masivo de un grupo de personas, cuyos cuerpos después quemaron, refiere que se trataba de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado.

El grupo de estudiantes salió el aquel día de Tixtla a bordo de dos camiones de la líneas Estrella de Oro rumbo a Iguala, al llegar se dirigieron a la central de autobuses para apoderarse de dos unidades más. El ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, quien tenía la clave A-5 en los códigos de radio de la policía municipal, dio la orden de contener a los normalistas que viajaban en esos cuatro autobuses. Al detenerlos los trasladaron a la comandancia de la corporación donde junto a efectivos de la policía municipal de Cocula, explicó el procurador de la república Jesús Murillo Karam, fueron llevados en varias camionetas patrulla hasta un lugar entre Iguala y Cocula al que se llega por una brecha a orilla de la carretera que se le conoce como Loma del Coyote. Ahí los entregaron a un grupo de pistoleros del grupo denominado “Guerreros Unidos”, encabezados por Gildardo López Astudillo, operador de la organización en la zona. Este individuo se comunicó vía celular con su jefe y líder del grupo, Sidronio Casarrubias Salgado, a quien informó sobre los conflictos que se suscitaban en Iguala que atribuyó al grupo delictivo contrario denominado “Los Rojos”.

Los detenidos declararon que en la brecha que lleva al paraje Loma del Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que “no pudieron precisar con exactitud”, pero que uno de los capturados estimó en más de 40. Entonces a bordo de un par de camionetas, una de ellas de redilas de tres y media toneladas y otra de menor dimensión, trasladaron por la carretera a los jóvenes hasta el basurero municipal de Cocula, conocido como “el hoyo del papayo”, un barranco oculto a la vista localizado dentro de un predio de acceso restringido.

Algunos de los personas llegaron sin vida otros inconscientes, y el resto fueron interrogados por integrantes del grupo criminal sobre su identidad y las razones de su llegada a Iguala. Había como 15 fallecidos, algunos por asfixia, y quienes llegaron con vida ahí los mataron y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero donde quemaron los cuerpos, contó uno de los detenidos. Nadie de los jóvenes estaba vinculado a ningún grupo criminal como suponían. Hicieron guardia y relevos para asegurar que el fuego permaneciera durante horas, arrojándoles diesel, llantas, plástico, leña, entre otras cosas. El fuego duró desde la media noche del viernes 26 de septiembre hasta las 15 horas del día siguiente. Fueron más de 15 horas, indicó, en que hubo “un incendio de mucha gente”.

Por el calor que había en el sitio, los testaferros no pudieron manipular los cuerpos sino horas más tarde. Los peritos cuando analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que por las características corresponden a restos humanos. Durante el día mientras la hoguera ardía, un camión recolector de basura que se dirigía al lugar conducido por trabajadores del municipio, fue interceptado por hombres armados quienes les impidieron el paso y les ordenaron que se regresaran.

Los detenidos señalaron que una vez que se podía bajar al lugar donde quemaron los cuerpos, recibieron la orden de un individuo apodado “el Terco”, de fracturar los huesos calcinados que quedaron, juntarlos y depositarlos en unas bolsas de basura negras. Las bolsas fueron arrojadas al río san Juan, salvo dos que fueron abandonadas completas.

De las ocho bolsas con restos óseos en que fueron colocados los restos humanos, solo serían recuperadas seis, indicó Murillo Karam. Estas evidencias son las que serán analizadas en un laboratorio de Insbrück, Austria, el único centro a nivel mundial que podría determinar si pertenecen al DNA de los jóvenes desaparecidos.

¿Qué hubiera pasado si el ejército interviene?

El anuncio del procurador Murillo se dio horas después de que se reuniera en Chilpancingo con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. A quienes anunció de los avances de la investigación y de los testimonios de los detenidos con el relato de lo que ocurrió aquella noche.

Las dudas que dejó la versión oficial se centraron en que no había aún una evidencia firme que asegurara que los restos óseos encontrados en las bolsas en el río, pertenezcan a los 43 normalistas. El funcionario atribuyó al pavor de los habitantes de Cocula al grupos criminal para que con antelación se pudiera dar con el rastro, el cual llegó a raíz de la detención de un individuo hace una semana que fue quien condujo al paraje.

La quema de los cuerpos, según los tres detenidos señalados de participar en el suceso, duró alrededor de 15 horas, manteniendo el fuego a llama viva durante este lapso. Llamó la atención que la humareda y el olor, no atrajera la atención de los cuerpos de seguridad, como el ejército y la policía federal, quienes de tiempo atrás tenían desplegados efectivos en esa zona.

Una de las dudas que se le planteó en la conferencia dada por Murillo el pasado viernes, fue el papel que jugó aquella noche el ejército en la “contención” de los estudiantes. El funcionario dijo, a pregunta expresa sobre el papel de los militares, quienes fueron acusados de amedrentar y amenazar a los jóvenes que lograron escapar de la refriega, que los soldados no intervinieron porque no recibieron la orden.

“El ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueve solo con órdenes. Y qué bueno. Nada más quiero hacer una pregunta, ¿qué hubiera pasado si el ejército hubiera salido en ese momento, a quien hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida. Hubiera sido un problema mucho mayor, que bueno que no salió”.

Sobre los 38 cuerpos encontrados en seis fosas en los días posteriores a la desaparición de los normalistas, explicó que cuatro de ellos han sido identificados por sus familiares, quienes relataron que en un par de casos se comunicaron momentos antes de que los detuviera la policía municipal de Iguala en agosto pasado. Desde ese momento no volvieron a saber nada de ellos. Se descartó que se tratara de los normalistas, entre otras pruebas, porque en este caso también se hallaron restos humanos de mujeres, y en el caso de los estudiantes la información que tenían era que se trataba solo hombres.

“Es un caso típico de desaparición forzada, no un crimen de Estado. Iguala no es el Estado mexicano”, respondió a pregunta expresa sobre si el caso podría tratarse de un crimen de esta naturaleza. Reconoció que mientras no exista la prueba científica firme que corrobore que los restos óseos pertenecen a los 43 estudiantes, estos seguirán considerados oficialmente como desaparecidos.

No confían en la justicia

Más tarde en Tixtla, Guerrero, donde se encuentra la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes anunciaron en conferencia de prensa que no aceptarán la versión oficial hasta que las autoridades aporten pruebas. Mientras tanto, solo se considerará a los dichos como especulaciones sobre el paradero de sus hijos.

Urgieron al gobierno federal a que firme un acuerdo de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la máxima representación hemisférica pueda apoyar en materia técnica en la búsqueda. También exigieron se les dé apoyo pleno y acceso total al equipo de especialistas forenses de la república Argentina para que realicen su labor, ya que no confían en las diligencias que realizan los peritos de la PGR. También solicitaron que bajo la figura jurídica de la coadyuvancia, se permita a sus abogados del Centro de Derechos Humanos “Tlalchinollan”, de la Montaña de Guerrero, acceso a las averiguaciones previas para garantizar se agoten las líneas y se profundice en cada uno de los testimonios y evidencias.

Señalaron que no descansaran hasta que se aclare el papel que tuvieron los diferentes niveles de gobierno, ya que hasta este momento solo ha quedado evidenciado a nivel municipal. Faltaría a nivel estatal, con la participación de la procuraduría de justicia del estado, que no realizó las diligencias adecuadas y cuyas omisiones permitió que buena parte de los autores materiales e intelectuales estén prófugos. En el ámbito federal, el papel del ejército y la policía federal, cuya información de inteligencia podría haber evitado en gran medida que las policías sobre las que ya existían informes de que estaban al servicio del crimen, actuarán frente a ellos en el secuestro y desaparición de los jóvenes.

Los padres se criticaron al gobierno federal de salir a declarar sin pruebas firmes que sus hijos fueron asesinados. “Es una forma descarada de tortura (…) Quieren dar carpetazo, pero nosotros decimos que los estudiantes están vivos y así los esperamos”, declararon.

El reclamo central en este momento, para darle certeza y credibilidad a las investigaciones, es que se acepte la colaboración de la CIDH en la investigación, que se den todas las facilidades a los forenses argentinos, y que en la integración de la indagatoria participen sus abogados del centro de derechos humanos “Tlalchinollan”. Ante el descrédito y corrupción del sistema de procuración de justicia, añadieron, es lo menos que pueden exigir para darle certeza a la búsqueda de sus hijos. Mientras, no aceptarán que están muertos y para ellos siguen en calidad de desaparecidos.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

No había necesidad de tanto detalle, cuando los resultados no son concluyentes: Tlachinollan
Acallar la protesta, objetivo del informe de la PGR sobre los 43 normalistas, dicen ONG

Hubo cierta prisa política para colocar su hipótesis de que fueron asesinados y quemados, señala Serapaz
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Normalistas se movilizan en las inmediaciones del palacio de gobierno de Chilpancingo, Guerrero, en exigencia de la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidosFoto Reuters
Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 9 de noviembre de 2014, p. 4

El informe dado a conocer por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en el que se afirma que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos podrían haber sido asesinados y quemados, tiene el propósito de desmovilizar a la sociedad y acallar la exigencia de que sean presentados con vida, señalaron integrantes de organizaciones sociales.

"Este informe tiene la finalidad política de reducir la inconformidad y socavar los intentos organizativos en el país para hacer visibles las causas de la tragedia del 26 y 27 de septiembre pasado", indicó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos de La Montaña Tlachinollan, quien es asesor jurídico de los padres de los normalistas ausentes.

Para el litigante, "no había necesidad de sacar a la luz pública este avance en las indagatorias de la PGR, con tanto detalle y minuciosidad, al grado de publicar todos los videos y las declaraciones de los detenidos", sobre todo cuando los resultados no son concluyentes.

"A la luz de un análisis objetivo y frío, lo que dio a conocer Murillo Karam son avances en la investigación, porque sí hay tres personas que declaran haber agredido a los compañeros (normalistas). Es un indicio que las autoridades deben seguir, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que presenten estos pequeños resultados como el cierre del caso. Son datos mínimos y preliminares y la investigación debe continuar", recalcó.

Por lo anterior, Rosales consideró que "el movimiento social tiene que seguir articulándose, porque más allá de sí son o no los restos de los desaparecidos, el objetivo final es su presentación con vida. Todos los mexicanos tendríamos que seguir movilizándonos para transformar las causas profundas que generaron estos graves hechos", manifestó.

En tanto, Dolores González Saravia, directora de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), coincidió en que "hubo cierta prisa política" de parte de la PGR para "colocar su hipótesis" de que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados, cuando "lo más adecuado hubiera sido esperar hasta tener mayores elementos de comprobación".

Sobre la posible intención del gobierno de dar a conocer este informe para desmovilizar a los grupos que exigen la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos, la activista consideró que dicho escenario no está ocurriendo, pues la gente sigue involucrándose en acciones de protesta, tanto articuladas como espontáneas.

En todo caso, manifestó, el momento actual "sí puede significar un punto de reflexión sobre lo que devela el proceso generado por Ayotzinapa, cómo nos interpela y cómo responder a la sociedad civil de forma más articulada. Hay que establecer un diálogo social amplio, plural y diverso sobre los temas estructurales que abrió el ataque contra los 43 estudiantes".

Estarían escondidos en pueblos que tienen comunicación con el Edomex
Fuerzas federales buscan al menos a otros 15 que participaron en el ataque
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 9 de noviembre de 2014, p. 4

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que la búsqueda de al menos 15 personas que participaron en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa podrían estar escondidos en los poblados de Apetlanca, Chilacachapa y Tianquizolco, que forman parte del municipio de Cuetzala, así como en comunidades de Teloloapan, en Guerrero.

Tras la detención de Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez y Agustín García Reyes, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y presuntos participantes en el homicidio de los estudiantes, los esfuerzos de la Policía Federal y de la Agencia de Investigación Criminal se han encaminado a la ubicación de los otros involucrados en el llamado "caso Iguala", quienes supuestamente se ocultaron en esas comunidades, que tienen comunicación con el estado de México.

Los presuntos delincuentes que las fuerzas federales tratan de identificar y detener son aquellos que han sido mencionados en las indagatorias, pero de los que sólo se tiene su apodo, entre ellos uno identificado como El Terco, que supuestamente fue quien ordenó lanzar al basurero de Cocula a los jóvenes que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula, y luego de incinerarlos dio instrucciones para que los restos fueran metidos en bolsas de plástico y tirados al río San Juan.
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Flashmob en el Zócalo de la ciudad de México por los 43 normalistas desaparecidosFoto Guillermo Sologuren

Asimismo, señalan que El Terco se encargó de ordenar que todos los integrantes de Guerreros Unidos que participaron en los hechos quemaran la ropa que usaron los días 26 y 27 de septiembre.

Otros participantes en la desaparición han sido identificados como El Huasaco, El Duva, El Bimbo, El Primo, El Gereque, El Peluco y La Rana.

Asimismo, falta detener a Gildardo López Astudillo, líder de la célula que recibió a los estudiantes de manos de los policías municipales y quien ordenó, con autorización de Sidronio Casarrubias –ex líder de Guerreros Unidos– que los desaparecieran porque supuestamente con ello estarían defendiendo su territorio, de acuerdo con las investigaciones de la PGR.

Habitantes del municipio de Cuetzala que participaron la noche del viernes en las manifestaciones realizadas en la ciudad de México para exigir la presentación con vida de los normalistas, informaron que la Procuraduría General de la República debe investigar a los comisarios municipales de ese ayuntamiento, porque el 26 de septiembre –cuando los normalistas fueron privados de su libertad y según las autoridades asesinados– apoyaron las acciones de Guerreros Unidos.

Maestros demandarán juicio político para Peña Nieto y funcionarios de todos los niveles
Sergio Ocampo Arista y Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 9 de noviembre de 2014, p. 5

Tixtla, Gro.

Alrededor de 300 maestros que participaron en la asamblea de egresados de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) acordaron impulsar la destitución, juicio político y castigo al presidente Enrique Peña Nieto, informó Manuel Zúñiga, uno de los voceros de los egresados.

Entrevistado al término de la reunión efectuada en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que la misma medida se propuso para los secretarios de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

En el ámbito local, indicó, se promoverá juicio político y que se castigue al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero; al ex secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y al procurador Iñaki Blanco, además del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca.

Señaló que propondrán ante la Asamblea Nacional Popular que se investigue a los 81 alcaldes de Guerrero para saber si tienen ligas con el crimen organizado. “Pediremos que se reabra además el caso de dos compañeros estudiantes ejecutados el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo”.

A la reunión asistieron egresados de Puebla, Morelos, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca. "La próxima será el sábado 22 de noviembre", concluyó.

El Movimiento Popular de Guerrero, también reunido en la normal, acordó impulsar un plan de acción el próximo lunes en Acapulco, sin que se especificara de qué tipo, así como convocar a una asamblea el martes 11 de noviembre.

Sin apoyo de Gabino Cué

En Oaxaca, en tanto, familiares de Christian Tomás Colón Garnica, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, rechazaron las declaraciones del procurador Murillo Karam y aseguraron que no las aceptarán en tanto no haya pruebas definitivas de que los jóvenes están muertos.

Marisol Garnica, prima de Christian, acusó que la administración estatal que encabeza Gabino Cué únicamente apoyó a los papás del normalista con el transporte a Ayotzinapa. No han recibido ni una llamada; los familiares se han mantenido en el albergue de la normal rural con apoyos del pueblo. Ella ha sido apoyada por alumnos de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

"Para nosotros (Christian) sigue vivo, así lo queremos creer, solo que nos demuestren con pruebas que no es así les creeremos. Mientras tanto seguimos exigiendo su presentación con vida". El joven es el menor de cinco hermanos; otro de ellos estudia también en Ayotzinapa.

“Los hicimos polvo y los echamos al agua”: líder de Guerreros Unidos
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La Redacción
10 de noviembre de 2014
Narcotráfico
Sidronio Casarrubias Salgado o Santiago Jaurer Cadena, presunto líder máximo del grupo criminal Guerreros Unidos. Foto: CNS
Sidronio Casarrubias Salgado o Santiago Jaurer Cadena, presunto líder máximo del grupo criminal Guerreros Unidos.
Foto: CNS

MÉXICO, D.F. (apro).- El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó esta tarde que el presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, reveló que el grupo de 42 ó 43 personas que les entregó la policía de Cocula fue calcinado y sus cenizas tiradas al agua.

Casarrubias recibió un primer mensaje de El Gil, presunto lugarteniente del grupo delictivo, avisándole que Los Rojos los estaban atacando, dijo.

“El mensaje es muy claro. En el mensaje le dice: ‘Nos atacaron Los Rojos, nos estamos defendiendo’. Y en el mensaje del día siguiente añade: ‘Los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a encontrar’. Es textual el mensaje”, subrayó Murillo Karam en entrevista con Radio Fórmula.

Y reiteró que pese a los fuertes indicios de que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados, la Procuraduría General de la República (PGR) los sigue considerando como desaparecidos, ya que aún no existen pruebas científicas que demuestren que los huesos encontrados en el tiradero de Cocula, Guerrero, pertenecen a los jóvenes.

“Tengo indicios, lo he dicho todas las veces y son bastante sólidos, pero son indicios, y mientras tengo que seguir buscándolos como desaparecidos”.

Por la mañana, el procurador general de la República respondió con un “estoy cansado de la violencia brutal” a las recriminaciones que le hicieron usuarios de las redes sociales por la actitud que asumió al finalizar la conferencia de prensa del pasado viernes 7, en la que informó sobre el destino de los 43 normalistas desaparecidos.

El funcionario federal dijo que es normal que se canse, porque es humano, y “cuando dije estoy cansado, estoy cansado de eso, de una violencia brutal. Lo vivido lo tengo todos los días desde entonces, sí me cimbra, sí me cimbra, además de que tenía yo 40 horas sin dormir”, puntualizó en entrevista con Carlos Loret de Mola para Primero Noticias.

Añadió: “Soy tan humano como cualquiera y también me canso. Llevó 30 días durmiendo cuatro horas, y ese día tenía 40 horas sin dormir. Además venía yo de Chilpancingo, y cuando los oyes (a los padres) te estremeces”.

Sobre los análisis que se harán para determinar si los restos hallados en Cocula, Iguala, pertenecen a los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos el pasado 26 de septiembre, dijo que sólo dos huesos podrán ser sometidos a estudio.

De los restos encontrados en el basurero, sólo “una rótula y otro pedazo” son los que tenían posibilidades de ser analizados, apuntó.

Según Murillo Karam, los restos fueron mostrados por teleconferencia a distintos laboratorios del mundo, y sólo la Universidad de Innsbruck, Austria, aceptó identificarlos.

En caso de que Austria logre una identificación, agregó, las pruebas serían enviadas después a otro laboratorio en España para confirmarlas.

En otra entrevista radiofónica con Grupo Fórmula, Murillo Karam rechazó que los padres de familia de los 43 normalistas le hubieran solicitado que no presentara a los medios de comunicación los videos con los testimonios de los tres detenidos por el caso de la desaparición de los estudiantes.

No obstante, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de la Montaña, afirmó en el mismo espacio radiofónico que los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron al procurador, el viernes 7, que no pasara los videos, y que el funcionario los difundió contra su voluntad.

“A mí me sorprende más porque ellos incluso los vieron antes. Me pidieron que algunos videos no salieran y no salieron. De ninguna manera hubo un incumplimiento por parte de la Procuraduría, aunque tampoco puedo dejar de hacer cosas que la ley me obliga hacer, o que la necesidad de la opinión pública tenga conocimiento. No tuve ningún desacuerdo porque puede lastimar a gente que ya está muy lastimada”, apuntó.

Y añadió que el trabajo que se está haciendo en Guerrero es restaurar el estado de derecho.

“Esto es una debilidad brutal del estado de derecho. Justamente por eso la respuesta tan contundente. Tomamos las policías de todos los municipios que tienen esa debilidad y estamos investigando ya si en algunos más la tienen. Está ya el Ejército, la Marina, la Policía en el lugar para restaurar el estado de derecho que estaba perdido ya en esa zona”, dijo el procurador.

De acuerdo con Murillo Karam, las presidencias municipales son muy débiles para enfrentar la fuerza de una delincuencia que tiene tanto dinero. “Hemos encontrado restos de laboratorios por toda la zona, es decir, era su feudo”.

“Ya me cansé”

El pasado viernes 7, usuarios de redes sociales recriminaron al procurador la actitud que asumió al concluir la conferencia de prensa en la que informó sobre el destino de los 43 normalistas desaparecidos

Con un “ya me cansé” concluyó el procurador la rueda de prensa y con el hashtag #YaMeCansé le contestaron.

La frase se convirtió en trending topic mundial en la red social Twitter, y horas después de la conferencia comenzó a circular en YouTube un video titulado “#YaMeCansé1”, publicado por el canal de ElGRitoMasFuerte.

“Yo también ya me cansé de que el gobierno proteja y sea parte del crimen organizado”, dice un joven en el inicio del video de poco más de dos minutos.

“Yo también ya me cansé, ya me cansé de tanta impunidad en mi país, ya me cansé de no creerle a las autoridades, ya me cansé de este gobierno, ya me cansé de la violencia. Yo también ya me cansé”, lanza una mujer frente a una cámara web.

Otra añade: “Ya me cansé de tener miedo, de tenerle miedo a los que dicen que nos protegen”.

La cineasta Natalia Beristain dice: “Señor Murillo Karam, yo también ya me cansé, me cansé de los mexicanos desaparecidos, de los feminicidios, de los muertos, de los decapitados, de los cuerpos que cuelgan de los puentes, de las familias rotas, de las madres sin hijos, de los hijos sin padres.

“Me cansé de la clase política que tiene secuestrado a mi país, de la clase que corrompe, que miente, que asesina, yo también ya me cansé”.

El video finaliza con una petición: “Ya me cansé ¿y tú? Comparte, replica súmate, discutamos, organicémonos para lograr el cambio que queremos #YaMeCansé”.

En las tendencias nacionales de Twitter el hashtag #YaMeCansé se posicionó en el primer lugar, seguido de #AccionGlobalPorAYotzinapa.

También surgió la etiqueta #Articulo39RenunciaEPN que se colocó en el tercer sitio, mediante el que los usuarios exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.

Cansado, pero de la violencia, aclara Murillo
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2014, p. 4

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, concedió ayer diversas entrevistas a medios radiofónicos y televisivos para aclarar que cuando expresó en conferencia de prensa la frase ‘‘ya me cansé”, en realidad se refería a que está cansado y harto de la violencia brutal que afecta al país.

‘‘Cuando dije estoy cansado, es la verdad… estoy cansado de esto, estoy cansado de esa violencia brutal; lo he vivido, lo tengo todos los días, sí me cimbra, además de que llevaba 40 horas sin dormir’’, expuso el funcionario en una entrevista televisiva.

En otra charla que tuvo en un medio radiofónico, el titular de la PGR mencionó que la dependencia tuvo que liberar a los 18 detenidos por los hechos violentos del sábado por la noche en Palacio Nacional, porque demostraron que no tenían responsabilidad, a excepción de uno que sí está implicado, pero que salió libre tras garantizar una caución.

‘‘Yo no puedo detener manifestantes pacíficos, sí a los violentos y los estamos buscando’’, destacó el funcionario.

Sobre el caso Ayotzinapa, Murillo Karam informó que el ex alcalde Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda se han negado rotundamente a declarar y/o a colaborar con las autoridades.

‘‘Soy tan humano como cualquiera’’

En la primera entrevista que concedió la mañana de ayer, Murillo dijo que a pesar de su cansancio seguirá adelante en las investigaciones hasta el final, pues siente impotencia al no poder dar respuesta inmediata.

‘‘El pasado viernes, durante una conferencia de prensa, estaba cansado y es la verdad, soy tan humano como cualquiera y también me canso; llevo 30 días durmiendo cuatro horas’’, dijo.

Respecto de los normalistas desaparecidos en Iguala, el procurador informó que eran muchachos recién ingresados a la Normal de Ayotzinapa, que no sabían a lo que iban, que sólo tenían conocimiento de que acudirían a un evento a no permitir el destape de la esposa del edil.

Tal como lo destacó en la conferencia de la semana pasada, el titular de la PGR sostuvo ayer que mientras no se tengan pruebas de que los jóvenes fueron asesinados se les seguirá buscando como desaparecidos.

Más tarde, en otra entrevista radiofónica, el procurador Murillo indicó que, según los peritos, la hoguera en la que fueron incinerados los cuerpos encontrados pudo alcanzar hasta los mil 600 grados centígrados.

Castigo de forma expedita por el caso Iguala, reclama EU
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El embajador Anthony Wayne anunció una cumbre de inversiones a realizarse en WashingtonFoto María Luisa Severiano
Ciro Pérez

Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2014, p. 6

El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, hizo un llamado "a que los responsables de los lamentables hechos de Iguala sean presentados ante la justicia y castigados de manera expedita". Reiteró que el gobierno de su país mantendrá la asistencia técnica que le fue solicitada por las autoridades mexicanas para la investigación.

Confió en que este caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se resuelva "cumpliendo el debido proceso y siempre bajo el imperio de la ley".

Wayne ofreció una conferencia de prensa para anunciar la Cumbre de Inversión Select USA 2015, que se llevará a cabo en Washington el 23 y 24 de marzo próximos.

El embajador estadunidense aseguró que no ha detectado por parte de inversionistas privados o de los gobiernos estatales la intención de dejar de invertir en México por hechos como los ocurridos en Tlatlaya o Iguala, y sostuvo que la relación comercial entre ambos países es estrecha y productiva.

Durante la conferencia de prensa el diplomático se refirió a la cumbre de inversión, segunda auspiciada por el gobierno de su país "y el acto más grande para promover a Estados Unidos como destino de inversiones. El mercado estadunidense presenta una oportunidad sin paralelo para inversionistas, desde la posibilidad de llegar a nuestro mercado doméstico hasta las protecciones que ofrece nuestro transparente sistema legal, así como el poder trabajar con las empresas más innovadoras del mundo", indicó.

Anthony Wayne resaltó que el año pasado tomaron parte en este acto más de mil 300 participantes provenientes de más de 60 países, y se espera que la cumbre del año próximo duplique por lo menos el número de asistentes.

Esta cumbre permitirá, agregó el embajador, aprender sobre el clima de inversión en su país y ofrecerá oportunidades concretas, como facilitar el contacto con "ejecutivos de compañías profesionales de desarrollo económico" y funcionarios del gobierno estadunidense.

Anunció además que habrá una serie de ponencias de directores corporativos y de funcionarios de alto nivel del gobierno de Barack Obama, además de conocer las leyes e iniciativas estatales.

Wayne añadió que México se ubica en el lugar número 15 como fuente de inversión extranjera directa en Estados Unidos, tras haber invertido 33 mil millones de dólares, mientras que en el país se asientan 18 mil empresas estadunidenses que a lo largo de varias décadas han invertido más de 100 mil millones de dólares.

Aguirre deberá atestiguar en juicio contra Guerreros Unidos, prevén funcionarios
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2014, p. 11

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta una línea de investigación por actividades ligadas a la delincuencia organizada y el lavado de dinero en contra de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, dentro de la cual se tiene previsto citar como testigo al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, informaron fuentes gubernamentales y ministeriales.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, declaró casi al final de la conferencia de prensa del viernes pasado, en la que dio informes sobre la investigación relativa a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que no descartaba citar al ex mandatario guerrerense.

Las fuentes entrevistadas dijeron a este diario que funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) recibieron la instrucción de mantener "vigilancia discreta" de la ubicación actual de Aguirre Rivero, quien a decir de las mismas fuentes hasta el pesado fin de semana permanecía en Guerrero.

Por ahora sólo existen dos declaraciones de integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos uno apodado El Chucky, quienes ante funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido) aseguraron que la organización criminal participó en 2010 en el financiamiento de la campaña electoral de Aguirre Rivero a la gubernatura del estado.

El señalamiento más grave fue el de Sidronio Casarrubias Salgado, capo de esa banda delictiva, quien ante fiscales de la PGR sostuvo que la familia Pineda Villa –fundadora de Guerreros Unidos– financió la campaña.

Casarrubias afirmó que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, fue quien entregó dinero a los operadores de la campaña electoral del ahora ex gobernador del PRD.

“María de los Ángeles Pineda Villa es la actual amante del (ex) gobernador del estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, quien también fue financiado para su campaña por estas personas (...) Mario Pineda Villa alias El MP y Alberto Pineda Villa alias El Borrado (quienes) dependían de la organización delictiva los Beltrán Leyva”, según se desprende de la causa penal 100/2014 del juzgado primero de distrito de Matamoros, Tamaulipas, a la que tuvo acceso este diario.

Aguirre renunció al tricolor en 2010, año en que fue postulado candidato a la gubernatura de Guerrero por la alianza Diálogo por la Reconstrucción de México, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia. Tras las elecciones efectuadas el 30 de enero de 2011 fue declarado ganador.

Abarca fue capturado en Veracruz y sembrado en el DF, acusa Solalinde
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En Guadalajara, Jalisco, el sacerdote Alejandro Salalinde pidió a estudiantes y jerarquía católica que den "una respuesta de emergencia ante un país que está a punto de incendiarse"Foto Arturo Campos Cedillo
Juan Carlos G. Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2014, p. 11

Guadalajara, Jal.

El sacerdote Alejandro Solalinde afirmó que a José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, “lo encontraron en Veracruz y lo fueron a sembrar a territorio opositor en el Distrito Federal, en Iztapalapa, donde hay tantos electores (es la demarcación más poblada del país). Ahí se subrayó la complicidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que había sido tan buena comparsa (en las recientes reformas) del Revolucionario Institucional (PRI), igual que Acción Nacional”.

Ante cientos de alumnos de la Universidad de Guadalajara reunidos en el paraninfo Enrique Díaz de León, donde impartió la conferencia Ayotzinapa, verdad y justicia, aseveró que el gobierno supo desde antes lo que había sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero administró la información con fines electorales. Llamó a estudiantes y jerarquía católica a que se sumen y den "una respuesta de emergencia ante un país que está a punto de incendiarse".

El gobierno “ha estado administrando esta información para aprovechar tiempos políticos. No es cierto que le interese la tragedia; lo que le interesa es sacar provecho electoral

"Se trata de un control de daños políticos, un control de daños partidistas. Han estado manipulando toda la información para beneficio del PRI-gobierno."

El también director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, afirmó que en Guerrero la finalidad es que el PRI recupere el gobierno, por lo cual existen varias estrategias, que incluyen criminalizar la protesta, culpar a otros "y mostrar que ellos son mejores".

Ante la "porquería de país" que la ciudadanía padece, por un narcoestado que no gobierna, sino administra a favor del neoliberalismo y castiga la disidencia, dijo que las protestas en el país son "signo de los tiempos", una "prueba irrefutable de una necesidad de cambio" al que la cúpula de la Iglesia y los jóvenes tendrían que ser sensibles.

Solalinde acusó a la jerarquía eclesial de ser partícipe de la tragedia nacional por su actitud de "acompañamiento" a un gobierno que no da resultados ni en la seguridad ni en lo económico.

"La Iglesia católica ha sido también compañera de cúpula y de agenda cupular de un gobierno simulador, al que le han dado su lugar como si de veras fuera un gobierno responsable."

Se redoblarán esfuerzos para localizar a los 43 normalistas: Segob
12 de noviembre del 2014

Miguel Ángel Osorio Chong. Foto: EspecialMéxico, 12 de noviembre.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se reunieron en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, con familiares de los alumnos no localizados de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, a quienes informaron que todas las líneas de investigación para la búsqueda de los estudiantes continúan abiertas.

Durante el encuentro participaron estudiantes normalistas y representantes legales de los familiares y sociedad civil, además del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y la Subsecretaria de Derechos Humanos de esta dependencia, Lía Limón García.

Los titulares de Gobernación y de la PGR conocieron los diversos planteamientos e inquietudes, los cuales fueron escuchados y atendidos, producto de un diálogo respetuoso entre autoridades y familiares.

El Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República informaron, durante esta reunión que duró más de una hora y media, que se firmó el Convenio de Asistencia Técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para atender los hechos de Iguala y de esta forma coadyuvar con las acciones que lleva a cabo el Gobierno de la República, atendiendo a los acuerdos suscritos con los familiares el pasado 29 de octubre.

El Secretario Osorio Chong indicó que la búsqueda de los alumnos no localizados se redobla y añadió que las fuerzas federales continuarán trabajando sin escatimar recursos tecnológicos y humanos. Dijo a los padres de familia que existe una total apertura y comunicación por parte del Gobierno de la República.

Asimismo, en la reunión se acordó que se trabaja en la Comisión Mixta de Seguimiento e Información, la cual tiene el propósito de establecer mecanismos ágiles para proporcionar información a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles.

También se estableció que en los próximos días se llevará a cabo una reunión entre autoridades federales y las comisiones de padres de familia, alumnos normalistas y representantes legales.

Está reunión forma parte de los 10 compromisos suscritos por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los familiares de los alumnos no localizados, a fin de informar de los avances en las investigaciones del caso.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

José Luis Abarca será procesado por el secuestro de los 43 normalistas
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de noviembre de 2014, p. 9

Un juzgado federal con sede en el estado de México sujetará a proceso penal al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, en las primeras horas de este miércoles, por presunta delincuencia organizada y la presunta autoría del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, aunque obtendría auto de libertad al no reunirse suficientes pruebas para procesarlo por seis homicidios dolosos, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Hasta ayer por la noche el juez federal que analiza el caso tiene claro que Abarca es presunto responsable del secuestro de los jóvenes normalistas, ya que existen indicios claros (los testimonios de varios integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos) de que Abarca ordenó desaparecer a los muchachos.

La Procuraduría General de la República (PGR) también imputa a Abarca su presunta responsabilidad indirecta en los homicidios de seis personas que fueron asesinadas por policías municipales de Iguala la noche del pasado 26 de septiembre, pero al cierre de esta edición el juzgado de distrito de procesos penales que actúa por exhorto no definía si procesará por esos hechos al político.

Fiscales de la PGR trasladaron la semana pasada al penal federal del Altiplano a José Luis Abarca Velázquez, con base en una orden de aprehensión por homicidio, secuestro y delincuencia organizada que libró el juzgado primero de distrito de Tamaulipas.

En semanas, análisis mitocondrial
Cristina Pérez-Stadelmann| El Universal
Miércoles 12 de noviembre de 2014
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En semanas, an�lisis mitocondrial

PERSONAJE. Parson Walther, del laboratorio del Instituto de Medicina Forense de laUniversidad de Innsbruck, Austria. (Foto: ESPECIAL )
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El encargado del laboratorio forense de Austria, que realizará el estudio de identificación de los restos localizados por la PGR en Cocula, Guerrero, dijo que en este tipo de análisis donde la evidencia se encuentra en un estado tan precario, los resultados pueden tardar varias semanas

politica@eluniversal.com.mx

Los resultados del análisis de los restos localizados por la Procuraduría General de la República (PGR) en Cocula, Guerrero, para determinar si corresponden o no a los 43 normalistas, tardarán algunas semanas, dependiendo del estado en que se encuentren las muestras y de su cantidad, afirmó el profesor Parson Walther, a cargo del laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck en Austria, que aceptó realizar el estudio de identificación.

En entrevista con EL UNIVERSAL comentó no poder referirse al caso mexicano de manera exclusiva, por cuestiones de confidencialidad, sólo indicó que “el tiempo para el estudio dependerá de la calidad de las muestras y la cantidad de ADN que contengan”.

El viernes pasado el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, informó del hallazgo de bolsas que contenían cenizas y restos humanos en el basurero de Cocula, donde según sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos fueron asesinados y calcinados los estudiantes.

Anunció que los dos fragmentos óseos hallados [entre ellos la parte de una rótula] serán enviados a los laboratorios del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck en Austria.

El líder del instituto, Parson Walther, detalló que “nuestro laboratorio se ha especializado en el análisis de ADN mitocondrial [análisis del ADN modificado] pues sabemos que éste contiene un mayor número de células que el ADN nuclear, de ahí que contemos con posibilidades de obtener resultados óptimos a diferencia de los que se obtendrían sólo a partir del ADN nuclear”.

El laboratorio austriaco, que cuenta con una base de datos internacional de ADN que puede ser consultada por expertos de todo el mundo, aceptó la misión de analizar los restos humanos del caso de los normalistas.

El Instituto de Medicina Legal (Institute of Legal Medicine, GMI) de esta universidad —uno de los más avanzados del mundo en identificación humana—, ha desarrollado y optimizado las técnicas de genética molecular para la identificación humana. Es reconocido por la alta calidad en los análisis que lleva a cabo, así como por el éxito en los resultados que ha obtenido, entre los que destacan la identificación del ADN de las víctimas de Asia por el tsunami de 2004.

En la lista de los trabajos que han realizado los expertos de este laboratorio existen identificaciones históricas, como la del ADN de los restos de dos niños desaparecidos de la familia del zar ruso Nicolás II; así como las investigaciones sobre el cráneo de Mozart y la identificación de los restos del escritor y poeta Friedrich Schiller.

En la actualidad este grupo de investigadores se encuentra analizando los restos de las víctimas del régimen militar de Chile (1973).

El científico multipremiado, con más de 100 artículos de investigación publicados, Parson Walther, explica a este diario que la institución que dirige cuenta con una gran variedad de pruebas moleculares con las que se ha logrado tener éxito en la identificación humana, inclusive en el caso de restos humanos carbonizados, [que cabe recordar es una de las características de los fragmentos que deberán analizar en el caso Iguala].

El instituto ha sido pionero en la aplicación de espectometría de masas, una técnica de análisis que permite la medición de moléculas.

Fundado en 1997, cuenta con una base de datos (www.empop.org) única en su tipo en estudios de ADN que lo ha llevado a nuevos protocolos de investigación, y ha colaborado con más de 30 instituciones a nivel mundial para estudios en materia de ADN mitocondrial.

Especialista en genética forense, Walther forma parte del Grupo de Expertos de Supervisión de ADN de la Policía Internacional y la Comisión Internacional de Personas Extraviadas para la Identificación de Víctimas en las Guerras de los Balcanes (ICMO, por sus siglas en inglés).

Aguirre Rivero prepara su defensa ante posible acusación del ex alcalde de Iguala

Pretende contratar los servicios del del ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont
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El ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero prepara su defensa ante la posibilidad de que el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca lo relacione con actividades ilícitasFoto Roberto García Ortiz
Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de noviembre de 2014, p. 9

El ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero se encuentra en su residencia ubicada en la zona de Tepepan, al sur de la ciudad de México, donde prepara su defensa para enfrentar los señalamientos que hizo en su contra el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y la esposa de éste, María de los Ángeles Pineda, cuando sea llamado a declarar por la Procuraduría General de la República (PGR).

Hoy está en el ostracismo, cuando en su momento fue impulsado por la alianza entre PRD y Movimiento Ciudadano para llegar a la gubernatura, tras prometer que combatiría la corrupción y abatiría la pobreza en esa entidad. Aguirre Rivero busca contratar los servicios del abogado panista Fernando Gómez Mont, quien fue secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Ex colaboradores del guerrerense señalaron que la negociación con Gómez Mont está en la fase de estudio por parte de éste, quien responderá a la oferta en los próximos días.

La necesidad de Aguirre de proveerse de un abogado conocedor de los recovecos legales para defenderse de lo que considera una tormenta que se avecina, obedece a que le han trascendido las declaraciones ministeriales de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, quienes lo incriminarían en actividades ilícitas.

En el entorno más cercano de Aguirre Rivero se dice que el respaldo de un importante sector del gobierno federal –que le dio abrigo político hasta antes de la tragedia de Iguala– dejó de existir y en días recientes se ha transformado en críticas a su actuación, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Las últimas declaraciones del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acerca de que se castigará a quien sea responsable por omisión o comisión, ahondaron la preocupación de Aguirre Rivero.

Una vez que surgieron dudas sobre el paradero del ex gobernador, sus allegados confirmaron que se encuentra en su casa de Tepepan y presenta alto grado de estrés porque José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, lo habrían relacionado con actividades delincuenciales.

La información que ha obtenido Aguirre Rivero apunta a que se fincarán responsabilidades en su contra, pues Abarca habría confesado que le entregó recursos procedentes de la delincuencia organizada. Y María de los Ángeles Pineda reconocería que mantuvo una relación personal cercana con Aguirre Rivero.

En tanto, en la Cámara de Diputados se reclamó al gobierno federal la falta de atención de dependencias como las secretarías de Turismo, de Economía y de Hacienda en momentos de emergencia y crisis que pone en riesgo la convivencia social en la entidad.

En las curules, al inicio de la sesión de ayer en San Lázaro, se reclamó la ausencia de la secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, quien no atiende los problemas que vive un estado turístico como Guerrero.

El perredista Víctor Manuel Jorrín sostuvo que Acapulco se encuentra en crisis económica, “los meseros no tienen trabajo, no hay turismo, los pequeños hoteleros no tienen para pagar la nómina, tienen que saldar los impuestos y se requiere una actuación inmediata del gobierno federal.

"Un llamado de atención a la Secretaría de Gobernación para que busque la negociación y ponga orden a los problemas sociales que se están presentando. Si no hay credibilidad de parte de los afectados, por las notas que está emitiendo el gobierno federal, se tendrá que buscar otra alternativa para buscar la paz social; de lo contrario, señor presidente, Guerrero se va a seguir prendiendo y va a prender al país. Es urgente la atención al estado de Guerrero.".

Caso Iguala, de gravedad extrema: ONU
14 de noviembre del 2014

México, 14 de noviembre (Reforma).- El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un único y de gravedad extrema en desaparición forzada de personas, advirtió el presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, Ariel Dulitzky.

Ante miembros de la comisión especial que sigue el caso Iguala dijo que, a pesar de la gravedad, es la oportunidad de México para adoptar políticas necesarias para asumir con entera responsabilidad el fenómeno de la desaparición forzada.

“En mis cuatro años de miembro del grupo de trabajo no recibí ningún caso donde 43 personas desaparezcan forzadamente en un sólo incidente.

“Es un caso único, pero por ser un caso único, de gravedad extrema, también ofrece una oportunidad histórica, tiene que servir como un parte aguas para la adopción de políticas públicas necesarias para asumir con entera responsabilidad el fenómeno”, subrayó en sesión pública.

Dulitzky afirmó que dichas políticas, que ya debe aplicar México, versan sobre 4 ejes: verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición.

“Esto significa establecer la suerte y el paradero de todos los desaparecidos forzadamente en México, no sólo la de los 43 estudiantes, sino de los miles de casos que siguen abiertos”, manifestó el representante de la ONU.

Advirtió que el principal reto para México es erradicar la impunidad, porque tanto la procuración como la administración de justicia carecen de capacidad y capacitación para tratar fenómenos complejos, donde se entrecruzan el crimen organizado, la corrupción y el accionar de las fuerzas de seguridad.

“Es muy difícil lograr investigaciones eficientes sobre violaciones a los derechos humanos, incluida la desaparición forzada. No hay capacidad de análisis de inteligencia y todo esto demuestra que el Estado, o no tiene la voluntad, o si la tiene, carece de capacidad para investigar, juzgar, y sancionar los casos de desaparición forzada”, condenó.

Dijo que el Congreso mexicano ha incumplido con la aprobación de las leyes General de Desapariciones Forzadas y Sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, y que el Gobierno no ha diseñado un Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ni ha elaborado una Base Nacional de Datos Genéticos ni creado un Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Además, recriminó que en México se sepa más la cantidad de petróleo que exporta, que el número o cantidad de personas que han desaparecido forzadamente.
La diputada del PVEM, Ruth Zavaleta, aseguró que el Estado mexicano ha actuado correctamente en torno a las investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos.

Frente al relator de la ONU rechazó que se trate de un caso de desapariciones forzadas.

“Tenemos que diferenciar los casos de desapariciones forzadas de los años 60 y 70, los cuales eran motivados por asuntos políticos y de represión gubernamental, en tanto que las desapariciones actuales se dan a partir de la lucha contra el narcotráfico y la violencia”, dijo.

La legisladora negó que el Estado mexicano no tenga voluntad política o capacidad para investigar los casos de desaparición forzada.

Ariel Dulitzky, luego de la intervención de Zavaleta, pidió reconocer el problema de la desaparición forzada para desarrollar medidas efectivas para su erradicación y generar los mecanismos para conocer cuántas personas desaparecieron, cuándo, cómo, por qué y en qué circunstancias.

Recalcó que hasta en tanto no se determine fehacientemente la identidad de los desaparecidos, las investigaciones no se pueden dar por terminadas.

Hace tres años, indicó, el grupo de trabajo emitió 33 recomendaciones al Gobierno mexicano en torno al problema de la desaparición forzada, pero fueron ignoradas en su mayoría.

“No puedo decir si el cumplimiento de estas recomendaciones que formulamos hace tres años hubiesen prevenido los hechos de Iguala, pero estoy absolutamente convencido de que la implementación de éstas hubiesen permitido estar mejor preparados para responder a un incidente como el que nos ocupa.

“Abrir las fosas de las víctimas de la guerra sucia es cerrar las heridas, abrir las fosas comunes de los desaparecidos de hoy, es cerrar las heridas. Todos los casos de las desapariciones forzadas que están en las bases de datos serán heridas en la sociedad mexicana, las cuales permanecerán abiertas por décadas hasta que se sepa la verdad”, concluyó.

Claudia Salazar

En una cremación el cuerpo no queda totalmente pulverizado: académica de la UNAM
Difieren especialistas sobre que los normalistas hayan sido calcinados

El uso de llantas como combustible habría facilitado la incineración, señalan expertos forenses

Ciertos huesos, además de los dientes, son difíciles de destruir, aun a altas temperaturas: Valencia
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La búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, se trasladó a cavernas del municipio guerrerense de Cuetzala del ProgresoFoto Reuters
Emir Olivares y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada
Viernes 14 de noviembre de 2014, p. 3

La posibilidad de que los cadáveres de más de 40 personas pudieran ser calcinados al aire libre en el basurero municipal de Cocula, Guerrero –como es la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos–, generó visiones contrapuestas entre especialistas forenses.

Lorena Valencia Caballero, jefa de la Unidad de Investigación de la licenciatura en Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que para realizar ese tipo de quema se requieren conocimientos mutidisciplinarios para conocer las condiciones ambientales, geológicas, físicas y químicas.

Sin embargo, especialistas que forman parte de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses sostienen que estudios internacionales han establecido que una llanta quemada genera una temperatura de mil 600 grados centígrados, la misma que provoca que los huesos de una persona prácticamente se fusionen. Ante ello estimaron factible que el grupo criminal incinerara los cuerpos de más de 40 personas al mantener un hoguera con neumáticos y leña durante 14 horas.

A su vez, Valencia Caballero explicó que cuando un cuerpo humano se somete a un proceso de cremación tradicional (dentro de un horno que llega a alcanzar una temperatura hasta de 940 grados centígrados) los restos no pueden quedar totalmente pulverizados, pues ciertos huesos, y sobre todo la dentadura, son difíciles de destruir y por tanto deben ser sometidos posteriormente a un proceso de trituración.

La académica de la UNAM fue entrevistada en torno a los avances que dio a conocer el procurador Jesús Murillo Karam sobre la investigación del caso Ayotizinapa, donde expuso que los estudiantes presuntamente habrían sido calcinados en una hoguera que tuvo como base llantas y leña, y como aceleradores, gasolina, diesel y plástico.

Valencia Caballero señaló: ‘‘No cuento con las evidencias sobre ese caso particular, pero puedo aportar mis conocimientos sobre la literatura relacionada con los crematorios. En estos hornos la temperatura oscila entre los 600 y 940 grados centígrados; se trata de hornos cerrados diseñados para quemar un cuerpo, que puede tardar en calcinarse de dos a cinco horas, dependiendo de la temperatura y la complexión del individuo.

‘‘Pero aun después de este proceso se necesita un segundo, que es la trituración de algunos huesos y de la dentadura. Estos restos que no se alcanzan a pulverizar deben pasar por una máquina para finalmente transformarlos en cenizas. Se habla de que se usó una cerca de piedras, pero, ¿hasta qué punto se tiene conocimiento para controlar eso? En un ambiente así (el basurero) es complejo evitar que el fuego se propague.

‘‘Además, hay otros factores, como el control que se puede tener de la temperatura, el medio ambiente, el clima, la ubicación del terreno, la cantidad de cuerpos, el viento, la humedad, la altura, los materiales usados para la combustión.’’

Los que llevaron a cabo esa acción debieron contar con conocimientos para calcular la cantidad de material combustible (diésel, llantas, leña) necesarios para mantener por horas encendida una hoguera para quemar tantos cuerpos, y para lograr una temperatura constante en la misma, dijo la académica.

Sin embargo, los especialistas internacionales refirieron que ‘‘con base en la información difundida por las autoridades y la experiencia forense en materia de incendio, es posible que el cuerpo de una persona sea calcinado en las condiciones que se presentan en la zona del basurero de Cocula, en Guerrero, sobre todo si se mantuvo el fuego durante tanto tiempo (14 horas)’’.

Los especialistas entrevistados, los cuales solicitaron el anonimato debido a que podrían participar en la identificación oficial de los restos, apuntaron que ‘‘se debe considerar que el sitio en el que se realizó la incineración es una barranca, en la cual las corrientes de viento debieron ser casi nulas.

‘‘Además, según la información difundida, los cuerpos de las víctimas fueron colocados sobre las llantas llenas de madera y con los aceleradores la temperatura se incrementó a niveles con los cuales se procesan los materiales para la producción de cemento, la cual llega a los mil 600 grados centígrados.

‘‘Los estudios internacionales refieren que a partir de los 800 grados la consistencia de los huesos se deforma y se cristaliza la estructura interna más sólida, dejando en situación de fragilidad cualquier parte ósea que se exponga a esas temperaturas.

‘‘Entre los 100 y 600 grados centígrados los restos se deshidratan; al alcanzar temperaturas de 500 a 800 grados, los restos se descomponen, y entre los 900 y los mil grados se extraen los carbonatos, esto es, que el hueso esponjoso se encoje y mantiene su forma, pero el hueso compacto se quiebra.

‘‘En temperaturas superiores a los 800 grados se observan grietas en las superficies de los huesos y existe decoloración; las partes negras indican que están carbonizadas; los huesos blancos están calcinados y difícilmente hay partes que puedan ser analizadas para obtener muestras de ADN.

‘‘Si como se ha dicho, los delincuentes trituraron los restos después de mantenerlos en la hoguera, los pedazos tardarán de semanas a meses en ser analizados, ya que la contaminación derivada de los neumáticos y los aceleradores, así como la intensidad del fuego, no permitirán que se trabaje de manera rápida la identificación’’, señalaron los peritos internacionales.

CIDH y México suscriben acuerdo de asistencia técnica para el Caso Ayotzinapa
13 de noviembre del 2014

Mariana Benítez Tiburcio. Foto: ProcesoMéxico, 13 de noviembre.- Representantes del Estado Mexicano y de los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, concretaron el acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de las medidas cautelares relacionadas con los 43 estudiantes no localizados.

El documento fue suscrito por el embajador Emilio Rabasa, representante permanente de México ante la OEA; la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, en representación de la Procuraduría General de la República, y la subsecretaria Lía Limón, en nombre de la Secretaría de Gobernación; por parte de la CIDH el comisionado James Cavallaro, Relator para México; y Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en representación de los beneficiarios de las medidas cautelares.

El acuerdo de asistencia técnica es resultado de distintos trabajos realizados por el Estado con la CIDH y con los representantes de los padres de los 43 normalistas no localizados, en seguimiento a la implementación de las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014. Igualmente, el acuerdo se da en cumplimiento a los compromisos alcanzados el 29 de octubre de 2014 entre los beneficiarios de las medidas y el presidente Enrique Peña Nieto.

La semana entrante se oficializará la suscripción de referencia del acuerdo de asistencia técnica en la que se espera la presencia del comisionado James Cavallaro, así como del secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

Fracasa el gobierno de Peña en proveer seguridad, señala The New York Times

El ataque policiaco del 26 de septiembre, "ejemplo de la descomposición de la ley y el orden"
Foto
Mexicanos residentes en Buenos Aires, Argentina, efectuaron un performance en la Plaza de Mayo en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidosFoto Xinhua
De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2014, p. 11

La indignación de miles de personas que protestan por el caso de los 43 normalistas desaparecidos "es entendible ante un gobierno que ha fracasado en proveer seguridad, respeto al imperio de ley, hacer que criminales rindan cuentas y asegurar justicia para las víctimas y sus familias", afirmó The New York Times en un editorial titulado Ley y orden en México.

Resumiendo el caso y su evolución desde los incidentes del 26 de septiembre en Iguala, el Times, el periódico más influyente de Estados Unidos, indica que a pesar de las declaraciones del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre el caso el pasado viernes "permanecen preguntas, incluyendo si algunos de los estudiantes podrían estar vivos".

Señala que restos incinerados serán enviados a Austria y "podría haber más con qué trabajar si las autoridades federales no hubieran demorado en encargarse de la investigación".

Agrega que, "trágicamente, esto es sólo el ejemplo más reciente de la descomposición de la ley y el orden" en México, y relata el caso del asesinato de 22 personas por militares en Tlatlaya, estado de México, en junio.

Cita a José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien declaró que los casos de Iguala y Tlatlaya son "las peores atrocidades que hemos visto en México en estos años".

El rotativo agrega que "estos son solo parte de un patrón", indicando que unos 22 mil están desaparecidos en México a partir de 2006 y 100 mil han muerto desde 2007.

"Hace dos años, cuando asumió el puesto, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a revisar el Código Penal, prestar mayor atención a las víctimas de crimen y enfocarse sobre el crecimiento económico de México como manera de reducir la violencia relacionada con las drogas. El progreso limitado que se ha logrado aún no ha reparado un sistema de justicia criminal incapaz de investigar de manera apropiada los delitos y frenar la corrupción y las matanzas", concluye.

Chile pedirá al embajador de México datos sobre desapariciones forzadas
Enrique Gutiérrez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2014, p. 10

Santiago de Chile.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó una resolución que pide al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet llamar a consulta al embajador de México en esta nación, a raíz de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.

La idea es hacer presente al gobierno mexicano la preocupación de Chile por las violaciones a los derechos humanos.

En el texto se indica que el embajador de Chile en México, Ricardo Núñez, debe viajar a esta capital y proporcionar a la brevedad antecedentes "sobre esta grave situación, que preocupa a la comunidad internacional y especialmente en el ámbito regional de protección de los derechos humanos, de los que Chile forma parte en virtud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

La resolución añade que la Cámara de Diputados de Chile "declara su más profunda solidaridad con las familias de las víctimas de este alevoso crimen cometido contra jóvenes estudiantes, en el contexto de criminalidad del Estado".

Adicionalmente, los diputados aprobaron por unanimidad otras dos resoluciones que expresan su rechazo a la desaparición de los 43 estudiantes.

La primera pide a la presidenta Michelle Bachelet condenar los hechos e instruir al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, a expresar a los organismos internacionales y al gobierno mexicano la preocupación y rechazo a los hechos, exigiendo su pronto esclarecimiento con total verdad y justicia.

La segunda pide a la presidenta Bachelet que manifieste "la más absoluta condena" de Chile a "las inaceptables desapariciones forzadas de cientos de personas en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero", en especial la de los 43 estudiantes.

Por último, exige expresar las condolencias del Estado de Chile a las víctimas de la violencia en México y pedir a las autoridades de ese país adoptar las medidas necesarias para el pronto esclarecimiento de los hechos.

En Chilpancingo arrecian las protestas por los desaparecidos
Sergio Ocampo y Rubicela Morelos
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2014, p. 7

Chilpancingo, Gro.

En una nueva jornada de protestas para exigir al gobierno federal la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) causaron destrozos e incendiaron las oficinas del Congreso local, seis automóviles en el estacionamiento del recinto y sede de la contraloría de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG).

A las 14:40 horas, desde cualquier punto de Chilpancingo se podía observar la columna de humo que salía del recinto legislativo; 20 minutos antes, los maestros irrumpieron en la sede para incendiarla.

Prendieron fuego al salón de plenos, la biblioteca Sentimientos de la Nación y las oficinas de los diputados, donde destrozaron sillones, escritorios, cajas con archivos, despachadores de agua y cortinas.

En tanto, otros contingentes rociaron gasolina y prendieron fuego a seis automóviles. En la fachada del inmueble pintaron cuatro leyendas, en el monumento a los héroes del país: "Mueran los partidos políticos; Nido de ratas; APG (Asamblea Popular Guerrerense) y Ceteg".

Después de 15 minutos, el Congreso guerrerense ardía.

Antes de retirarse, los manifestantes afirmaron que los daños provocados a la sede del Poder Legislativo "no son nada", comparado al daño causado por el Estado mexicano al no presentar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre, cuando fueron atacados por policías de Iguala con apoyo del grupo criminal Guerreros Unidos.

Trabajadores de seguridad del recinto intentaron apagar el fuego con cubetas de agua, mangueras y extintores, pero no lo lograron. Cerca de las 15:10 horas llegaron los bomberos y personal de Protección Civil, pero el fuego ya había consumido mobiliario, papelería y vehículos.
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Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y algunos estudiantes quemaron la contraloría de la Secretaría de Educación estatal, ubicada sobre la Autopista del Sol, en apoyo a los normalistas de AyotzinapaFoto Cuartoscuro

La jornada de protestas comenzó a las 13:20 horas. Esta vez, para no alertar a los policías estatales antimotines, los contingentes de maestros –que permanecen en plantón en el Zócalo de Chilpancingo desde el 8 de octubre– caminaron hacia la contraloría de la SEG, ubicada en el bulevar sur de la ciudad. Frente al inmueble se apostaron unos 500 docentes, quienes durante más de media hora bloquearon la vialidad. A las 13:50 llegaron cuatro camionetas con un centenar de supuestos profesores con el rostro cubierto.

Con palos y piedras, los manifestantes arremetieron contra el inmueble. Rompieron los ventanales y por ahí ingresaron a las oficinas y les prendieron fuego. Al mismo tiempo, otro grupo sacaba mobiliario y papelería, y la quemaron frente al edificio oficial.

En 10 minutos, los maestros destrozaron y quemaron las instalaciones. Los integrantes de la Ceteg que bloqueaban el bulevar sur partieron hacia el centro de la capital.

Toman las alcaldías de Alcozauca y Tlalixtaquilla

Integrantes del Movimiento Popular de Guerrero marcharon ayer y tomaron las alcaldías de Alcozauca y Tlalixtaquilla, ubicados en la región de la Montaña Alta, para exigir que se haga justicia en el caso Ayotzinapa.

En Iguala, una comisión de diputados locales, integrada por Ómar Jalil Flores, Óscar Díaz Bello y Emiliano Díaz Román, presentó al cabildo al alcalde interino, Silviano Mendiola Pérez, luego de que el martes fue designado y rindió protesta ante el Congreso.

(Con información de Notimex)

Cancelan juicio de amparo a María de los Ángeles Pineda
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2014, p. 6

Un juez federal informó que canceló un juicio de amparo tramitado por María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, debido a que hubo un cambio de situación jurídica.

‘‘La razón fue que la quejosa se encuentra arraigada, con lo que se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo’’, destacó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en una tarjeta informativa.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha precisado cuál es la situación jurídica de Pineda Villa, aunque por lo que señala la Judicatura Federal, cuando se refiere a que la quejosa ‘‘se encuentra arraigada’’, es posible que la autoridad ministerial haya obtenido en horas recientes una orden de aprehensión en contra de la mujer.
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María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex edil de Iguala, José Luis AbarcaFoto PGR

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) indaga tanto a José Luis Abarca como a su esposa, María de los Ángeles Pineda, como probables responsables de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en hechos ocurridos en Iguala en septiembre pasado.

Confronta PGR los registros de ADN
Gustavo Castillo y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2014, p. 5

La Procuraduría General de la República (PGR) confronta los registros que posee de ADN de personas desaparecidas y averiguaciones previas en curso, con los datos genéticos obtenidos de 38 restos encontrados en cinco fosas clandestinas localizadas en Iguala, indicaron fuentes del Ministerio Público Federal. Esto ya ha dado como resultado la identificación de cuatro personas.

Estos restos son los que tanto la PGR como los especialistas argentinos establecieron que no corresponden a los estudiantes de Ayotzinapa. Durante estas indagatorias, las autoridades descubrieron diez fosas en Rancho Viejo, entre Iguala y Cocula, y en nueve de ellas encontraron restos humanos.

La información refiere que cinco fosas clandestinas fueron localizadas días después del 26 de septiembre. Algunos policías municipales y funcionarios revelaron la existencia de fosas clandestinas y señalaron que presumiblemente allí habrían sido inhumados los estudiantes.

Sin embargo, una de las fosas estaba vacía y en las otras cuatro se encontraron los restos de 30 personas. Posteriormente se localizaron otras cinco fosas en las que hallaron los restos de otras ocho víctimas. De los 38 restos localizados, la procuraduría ya logró identificar a cuatro que formaban parte de una familia que viajaba del estado de México a Iguala y desaparecieron tras detenerse en un retén policiaco.

Muestras genéticas de cada uno de estos restos fueron confrontadas con los registros que los familiares de los 43 normalistas entregaron a las autoridades; sin embargo, se comprobó que ninguno pertenecía a los estudiantes.

Los restos fueron trasladados a la ciudad de México para su análisis e identificación a través de los registros de desaparecidos de la PGR, y de denuncias que se han presentado y que corresponderían a familiares de personas que viajaron a Iguala y ya no regresaron a sus lugares de origen.

Respecto de las bases de datos de desaparecidos, Eliana García Laguna, encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, refirió que ‘‘en el caso de los cuerpos de las fosas estamos retomando esto porque para nosotros la base de datos es instrumento fundamental que nos permite búsqueda en vida y la posibilidad de identificación. Ya estamos empezando a subir la información que vamos teniendo y se están haciendo muestreos con personas que han estado acercándose para poder generar mecanismos de confronta de la información que se tiene para ubicar posibilidades de identificar.

‘‘Si ustedes leen con cuidado el comunicado del equipo argentino ellos mismos lo dicen: ‘estamos trabajando esos restos’... lo que hasta ahorita no coincide. Lo encontrado en el basurero de Cocula se envió a la Universidad de Innsbruck, Austria, porque ahí llevarán a cabo un trabajo científico de alta especialización.

‘‘Todo esto es parte del trabajo que estamos haciendo con el equipo argentino; tampoco es que esa labor la estemos iniciando ahorita. Tenemos un convenio signado con ellos desde el 22 de agosto del año pasado y hay un trabajo muy avanzado de coordinación y fluidez en la información para trabajar en lo que hace a los restos de San Fernando I y San Fernando II (Tamaulipas)’’, dijo la ex diputada federal del PRD.

Sobrevuelan Cuetzala padres y federales
13 de noviembre del 2014

México, 13 de noviembre (Reforma).- Con un mapa hecho a mano, familiares de los 43 normalistas y elementos de la Gendarmería realizaron un sobrevuelo por Cuetzala, Guerrero, para localizar a los estudiantes desaparecidos, sin resultados positivos.

La Policía Federal difundió imágenes de las labores de búsqueda realizadas este miércoles, entre las cuales está el recorrido a bordo del helicóptero MI de la dependencia.

En ellas se observa a un agente de la División de Gendarmería que sostiene un papel en el que se señala tres puntos: Tianquizolco, Apetlanca y Cuetzala.

“Anónimo. En Cuetzala Gil hacen actividades y que ahí podrían estar un grupo de los jóvenes y otros están más lejos. Tierra de sicarios”, se alcanza a leer en el centro del mapa hechizo.

El 30 de octubre apareció una manta firmada por “El Cabo Gil”, presunto lugarteniente del líder de Guerreros Unidos, en la que afirmaba que los normalistas estaban vivos.

El recorrido de hoy se realizó con elementos tácticos preparados para bajar a rapel en caso de ser necesario, y se buscó en ríos y montañas sin encontrar rastros, detalló la PF.

Mediante un comunicado se destacó también que las tareas de búsqueda se realizan con cuatrimotos y caballos, así como personal a pie en terrenos escabrosos, laderas, barrancas y serranías.

“Asimismo, por instrucciones superiores, los familiares de los estudiantes normalistas participan en los trabajos”.

En Iguala y municipios aledaños, detalla, se han realizado mil 268 patrullajes de disuasión, prevención y vigilancia.

“Y se han realizado 144 búsquedas específicas por aire y tierra, así como en cuerpos de agua”, indicó la Policía.
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