Caso Tlatlaya: 22 sicarios abatidos durante combate entre militares y organización criminal

Posibilidad de ejecución en Tlatlaya: ONU
Liliana Alcántara| El Universal
Martes 30 de septiembre de 2014
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Video. El relator especial de la ONU Christof Heyns a través de un comunicado instó al gobierno de Enrique Peña Nieto a esclarecer los asesinatos de 22 presuntos delincuentes en el municipio mexiquense de Tlatlaya que podrían tratarse de ejecuciones sumarias
Posibilidad de ejecuci�n en Tlatlaya: ONU

CRIMEN. El pasado 30 de junio, elementos del Ejército abatieron a 22 civiles; actualmente el lugar de los hechos luce abandonado. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
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Opinión Tlatlaya, zona caliente

Urge al gobierno federal a indagar muerte de 22 civiles; pide protección para la testigo y las mujeres rescatadas en el supuesto operativo, así como para periodistas

liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, señaló que la muerte de los 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, podría constituir un caso de ejecución sumaria.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a realizar una investigación rápida e independiente sobre estas muertes y garantizar la protección de sobrevivientes y testigos.

“El gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recalcó Heyns. Agregó que toda muerte que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad “es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal”.

Ratificó que estará al pendiente de las investigaciones y que recibirá toda la información oficial sobre este caso y las medidas que se hayan tomado, pues requerirá un informe al gobierno mexicano sobre cada una de las diligencias en torno al incidente de Tlatlaya.

En un comunicado de prensa difundido por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Heyns manifestó su beneplácito por la detención de ocho militares involucrados en los hechos, como informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado 25 de septiembre.

El experto en investigar casos de ejecuciones extrajudiciales en el hemisferio, señaló además que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, “sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves”.

Indicó que, de acuerdo con la información de sobrevivientes y testigos, parece que las versiones oficiales difieren sobre lo que ocurrió en Tlatlaya, donde el 30 de junio pasado, 22 civiles perdieron la vida durante un operativo militar contra presuntos delincuentes; de los cuales tres mujeres sobrevivieron, y dos de ellas fueron detenidas posteriormente por posesión de armas de fuego y crimen organizado.

El relator destacó la declaración de una testigo que señala que las personas fueron asesinadas después de que se habían rendido y entregado a los militares; entre las víctimas estaba su hija.

Heyns pidió, además, al gobierno mexicano que proporcione medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio a la prensa, así como a las dos mujeres detenidas rescatadas en el supuesto operativo, y que también se garantice la seguridad de los periodistas que difundieron la información, llamado al que se sumó el relator especial sobre libertad de expresión, David Kaye.

Demanda CIDH que no exista impunidad

Peña confía en investigación de Sedena y PGR para esclarecer caso Tlatlaya

Ángel Cabrera  Octubre 1, 2014    12:45 pm

El presidente dijo que las autoridades militares y judiciales se encargarán de determinar las responsabilidades individuales en los hechos


El presidente Enrique Peña Nieto señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Procuraduría General de la República realizan una investigación conjunta sobre el caso Tlataya, refrendó su confianza en que las indagatorias permitirán conocer la verdad de los hechos.

En la ceremonia de inauguracíón del Congreso Internacional y Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, el mandatario dijo que las autoridades militares y judiciales se encargarán de determinar las responsabilidades individuales en los hechos de Tlataya, Estado de México.

Defendió a las Fuerzas Armadas al señalar que las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos han descendido un 87% en lo que va de 2014.

Con su voz deteriorada, que justificó porque “los últimos días han sido de gran ajetreo, y hay alguien por ahí, que ya me contagió de alguna cosa”, el presidente dijo que: “a partir de lo que los medios de comunicación han dado a conocer sobre distintos temas, está condición de respeto a los derechos humanos la comparten plenamente nuestras Fuerzas Armadas quienes desarrollan su responsabilidad con firme compromiso”.

Ejército mentiroso…cada día a la baja en la confianza mexicana
01 de octubre del 2014

México, 1 de octubre.- Lo que nunca imaginaron los antecesores del general Salvador Cienfuegos, ni en sus peores crisis, que pudiese pasarle al Ejército sucedió: fueron encarcelados por asesinos.

Con el agravante de una torpe mentira, de un montaje, de ocultamiento frágil y estúpido.

Porque el procurador Jesús Murillo Karam tardó días en sumar los elementos para dictaminar presunta responsabilidad por asesinato a tres soldados. Y para algunos, todavía, se quedó corto.

Cuando en las primeras páginas de diarios de circulación nacional se discute el significado de “Ejecución Sumaria”, el gobierno de la República anuncia, con el procurador militar como aval para la fotografía, que “ha descubierto” que los soldados que participaron en un operativo en Tlatlaya “dispararon dentro de la bodega sin ningún motivo”.

O sea, fusilaron a los jóvenes presuntos delincuentes.

El horror en su máxima expresión porque es la ratificación oficial, legal, de que los militares suelen asesinar. Es decir, ratifica lo que la oposición, los organismos de derechos humanos y muchos mexicanos han venido repitiendo en años recientes.

Nunca antes había existido una prueba legal al respecto.

Los hechos de Tlatlaya, Estado de México, sucedieron hace tres meses. Entonces se dio a conocer, formalmente, por medio de un boletín que había sido un “enfrentamiento” con un saldo de 22 muertos. Resulta inverosímil, que no existiesen razones, pruebas suficientes para saber qué había sucedido en verdad.

Las pruebas forenses, así sean examinadas semanas, meses después, no mienten. Ahí estaba, estuvo siempre la evidencia.

Si la cadena de mando toda, desde el jefe de los soldados hasta el comandante de la Región Militar, pasando por el jefe de Zona Militar y el mismo Jefe de Estado Mayor de la Sedena ocultaron esta información al Secretario de la Defensa Nacional y éste, a su vez, le informó al primer mandatario una mentira, es gravísimo. Un atentado a la seguridad nacional porque el titular de la Sedena no tiene control sobre sus subordinados.

Si en caso contrario el general Cienfuegos siempre estuvo enterado de la verdad y decidió ocultarla, igual de grave.

El tema es la confianza que resultó, con la detención de los soldados asesinos, gravemente dañada.

En la última encuesta del INEGI la SEMAR está arriba del Ejército en la medición de confianza popular, esto antes de que se diese a conocer el resultado de las investigaciones de la PGR sobre Tlatlaya. ¿Qué podemos esperar después de esto?

Ni en su día ni ayer mismo, junto con el anuncio del Procurador Murillo Karam, la Sedena (el general Cienfuegos) hizo un anuncio de “castigo”, de cambios internos, de que se hubiesen fincado responsabilidades legales, militares, a los protagonistas de la cadena de mando implicados en el ocultamiento del caso Tlatlaya.

Por lo que Cienfuegos parecería no estar leyendo bien las señales políticas y legales que emite su jefe.

Cuando el entonces Presidente Electo Felipe Calderón Hinojosa se enteró que el general Oropeza Garnica había protagonizado un “enfrentamiento” donde después de la muerte de varios militares, ellos dieron muerte “con tiro de gracia” a los delincuentes, cambió su decisión ya establecida de nombrarlo titular de la Sedena. Esto a pocas horas de tomar posesión.

En esta coyuntura llegó el general Guillermo Galván Galván, tal como lo contó en esos días, confidencialmente, el mandatario. Y como siempre estuvo enterado Galván.

Tal vez, solamente, tal vez pudiese ser que en estos días el Presidente Peña estuviese repasando mentalmente las razones por las que tomó la decisión de nombrar a Cienfuegos. Y, como sucede en las historias amorosas, se pregunte qué habría sucedido si hubiese tomado otra decisión.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor

Tlatlaya ¿orden roja?
01 de octubre del 2014

Tlatlaya. Foto: EspecialSe le conoce como “orden roja” a la disposición castrense de tirar a matar. Era algo común en los años 70 durante la campaña militar contra la guerrilla en Guerrero, y durante los primeros días de enero de 1994 durante el alzamiento zapatista en Chiapas. ¿Ocurrió lo mismo en Tlatlaya, Estado de México? ¿Fue una decisión de un oficial al mando de su pelotón o una orden superior que podría ir más allá del comandante del batallón? Las dudas persisten después del anuncio de la consignación de un teniente y siete de tropa ante tribunales militares, y de la conferencia del titular de PGR donde informó de la acusación ante la justicia federal contra tres de ellos por el homicidio de 22 personas.

México, 1 de octubre: El teniente Ezequiel Rodríguez Martínez empezó su carrera como soldado raso a principios de los años 80. En 1995 era sargento cuando concursó y ganó una plaza para ir a estudiar al Colegio Militar, en lo que en la milicia mexicana se conoce como Curso Intensivo de Formación de Oficiales de las Armas (CIFOA). Los estudios fueron durante un año, en 1996 se graduó como “técnico” militar, es decir de subteniente del ejército con los conocimientos básicos para desempeñar su labor al frente de un pelotón, compuesto de alrededor de 10 efectivos, y años después ya como teniente al mando de una sección, integrada por 30 soldados.

Sus 30 años de experiencia de pronto sirvieron de nada ante lo que ocurrió en junio pasado. En los últimos días del mes la compañía a la que pertenecía, dentro del batallón 102 que tiene su cuartel en la comunidad de Santa María Ixtapan en el municipio de Tejupilco, Estado de México, se le asignó patrullajes en una zona en los límites con el estado de Guerrero. Cuando llegaron al municipio de Tlatlaya, las tropas se dividieron en pelotones, compuestos por una decena de efectivos, instalaron retenes y comenzaron a recorrer poblados de alrededor como San Pedro Limón.

Algo ocurrió que de pronto el pelotón que comandaba el teniente Rodríguez Martínez supuestamente se enfrentó a tiros con unos hombres armados. La historia en esta parte del relato se interrumpe. El oficial ya no abundó más en la historia que poco a poco desde el pasado jueves 25 de septiembre, cuando ingresó detenido a la prisión del campo militar uno, contó a algunos sus compañeros presos.

El oficial y siete de sus subordinados del batallón 102 de infantería, llegaron detenidos acusados de la muerte de 22 personas en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México. El sábado por la noche, relatan fuentes militares, fueron sacados de las celdas conocidas como “negras”, unas mazmorras apartadas del resto de dormitorios que se volvieron célebres por haber sido el área dentro del penal que a finales de los años 60 y los 70 albergó a civiles presos en la llamada “Guerra Sucia”. Los llevaron a declarar, lo mismo ocurrió al día siguiente.

Tanto el teniente Rodríguez Martínez como los siete soldados, fueron acusados por la fiscalía militar de desobediencia e infracción de deberes, delitos por los que el juez sexto militar, el teniente coronel Jorge Suárez Becerril, les dictó el auto de formal prisión el pasado martes 30 de septiembre. Ese mismo día por la tarde Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa, que tres de los detenidos serían juzgados por un juez federal por el delito de homicidio en contra de 22 personas. La acusación era independiente del proceso que se les instruye en tribunales castrenses, dijo el Procurador General de la República. El funcionario añadió que hasta esa tarde se analizaba aun en instancias federales, hasta dónde podrían llegar las responsabilidades del resto de los militares detenidos. Sin precisar los nombres de los tres militares que serían consignados como probables responsables de la muerte de los 22 jóvenes, señaló que el 30 de junio después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, tres militares ingresaron a la bodega y realizaron una nueva secuencia de disparos. Algo que “no tiene justificación alguna”.

¿Y la línea de mando?

Los acusados lucen confiados. Sus abogados creen que podrían salir libres en un mes, dice una fuente militar que ha tenido contacto con algunos de los soldados detenidos por el caso Tlatlaya. Otros piensan que no podrían durar más de un año en prisión antes de que salgan en libertad. Los cargos dentro del código de justicia militar no están catalogados como graves, el único que configuraría una pena mayor sería el de desobediencia, dice otra fuente de tribunales militares.

El juez Suárez Becerril, es un teniente coronel de justicia militar que antes de ser nombrado titular del juzgado sexto se desempeñó como secretario particular del general Rafael Macedo de la Concha, cuando el ex procurador militar y ex titular de la PGR en el gobierno panista de Vicente Fox, se desempeñó como presidente del Supremo Tribunal Militar. De acuerdo a las mismas fuentes militares que conocen la integración del expediente, el caso de los 22 muertos en Tlatlaya no va más allá de una acción tomada a expensas del comandante de pelotón. No se ha investigado, hasta el momento, la línea de mando que podría llegar al comandante de la compañía a la que pertenecían, para saber qué ordenes tenía, ni al comandante del batallón 102 para que aclaré que orden dictó, ni y al comandante de la 22 zona militar, el general de brigada José Luis Sánchez León para que declaré sobre las órdenes de operaciones que autorizó. No se ha aclarado si de orden verbal existía la directriz de no tener detenidos, tratándose de sospechosos que hayan sido capturados en flagrancia, como pudo ocurrir con los 22 fallecidos, a quienes se les acusó del secuestro de tres personas, dice esta fuente que por razones de seguridad solicitó se reservara su identidad.

El batallón 102 inició sus operaciones en esta zona colindante con el estado de Guerrero, en la región de la Tierra Caliente, en mayo del 2010, cuando el entonces gobernador Enrique Peña Nieto acompañado del secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, inauguraron las instalaciones en Santa María Ixtapan, Tejupilco. El área de operaciones quedó delimitada en los municipios de Amatepec, Tejupilco, Almoloya de Alquisiras, San Simón de Guerrero, en la región de Tierra Caliente dentro del Estado de México, que colinda con Guerrero y Michoacán, una zona donde el grupo delictivo “La Familia”, mantiene una disputa sangrienta con los autodenominados Caballeros Templarios, del lado michoacano, y con los llamados Guerreros Unidos, en territorio guerrerense.

Antecedentes

Cuando el teniente Rodríguez Martínez y los siete de tropa llegaron a la prisión militar, sus colegas presos lo primero que les preguntaron fue de qué les acusaban y a qué unidad pertenecían. La primera respuesta coincidía, venían consignados por el caso de los 22 muertos de Tlatlaya. Mientras que la segunda difería, unos decían que venían del 102 de infantería y otros del batallón 25, con cuartel en Santa María Rayón, Estado de México. Parecía una táctica para despistar, ante los antecedentes registrados por la prensa en los últimos años sobre la actuación del batallón 102.

El periódico El Sur, editado en Acapulco y que circula en buena parte del estado de Guerrero, publicó en diciembre pasado pormenores de la muerte de cuatro personas en el tramo carretero que une la comunidad de Palos Altos con Arcelia, en la Tierra Caliente guerrerense. Los muertos a tiros por los soldados del 102 de infantería que patrullaban el lugar, fueron el director de tránsito de Arcelia, Mario Urióstegui Pérez, el subdirector Josué Gavínez Ramírez y dos empleados del ayuntamiento, quienes de acuerdo a las autoridades locales habían salido la noche anterior de cacería. El titular de tránsito a quien apodaban “la Mona”, estaba señalado por inteligencia militar de ser el suegro de Johnny Olascoaga Hurtado, apodado “el Mojarro” o “el Pez”, un individuo considerado el principal líder del grupo denominado “La Familia”, sobre quien pesan sospechas de estar detrás de la ola de secuestros que se suscitaron en los últimos meses en Valle de Bravo.

Acusaciones de complicidad de nueve militares que pertenecían al 102 de infantería, en labores de protección al narco, fueron recogidas por el diario Reforma en febrero del 2012. Las imputaciones fueron por filtrar información de operativos y movimientos de tropas al grupo que encabezaba “el Mojarro”, quien pagaba sobornos a tenientes, sargentos y cabos del batallón. La nota del diario capitalino citaba la declaración de uno de los acusados, el teniente Omar Lugo León, quien decía que al jefe de “La Familia” en la Tierra Caliente de Guerrero, lo conoció por esos meses de 2010. “Inicié una amistad con el mencionado sujeto, el cual me propuso que colaborara con él proporcionándole información de las operaciones militares en que el participaba, haciéndole un obsequio de 140 mil pesos, diciéndome que si no podía consiguiera quien le proporcionara dicha información. Acepté colaborar filtrando información de las operaciones militares, recibiendo la promesa de recibir mensualmente 20 mil pesos por esa actividad”, declaró Lugo según la nota aparecida en el diario.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

Crean diputados grupo de trabajo por masacre en Tlatlaya
Seguir a @jesusaproceso
Jesusa Cervantes
30 de septiembre de 2014
Nacional

Las huellas de la masacre en Tlatlaya.
Foto: Agencia MVT

MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados aprobó la creación de un grupo plural, integrado por miembros de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, para que coadyuve en las indagatorias del caso Tlatlaya, municipio mexiquense donde presuntamente fueron ejecutadas 22 personas por elementos del Ejército.

Por unanimidad, los siete partidos políticos representados en San Lázaro avalaron el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política que encabeza el priista Manlio Fabio Beltrones Rivera. En él se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) a “atraer el caso”, algo que ya asumió su titular, Jesús Murillo Karam.

Además, se pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que indague sobre los hechos y determine si hubo violaciones a garantías fundamentales.

Legisladores de PT, MC, Panal, PRD y PVEM hablaron en pro del punto de acuerdo, condenando también los hechos, aunque resultó una sorpresa –por ser aliado del partido en el gobierno– la postura del representante del Verde Ecologista, Felipe Camarena García, quien sostuvo que hubo “abuso de poder, alevosía y ventaja” de las fuerzas castrenses.

“Nos llaman poderosamente la atención las graves implicaciones que tienen los hechos acontecidos el 30 de junio anterior en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde perdieron la vida 22 personas, en donde las contradicciones sobre los hechos acontecidos son manifiestas, ya que las versiones de testigos, de fuentes periodísticas y de Fuerzas Armadas no coinciden”.

En cualquier caso, fustigó el diputado del PVEM, “la muerte de una persona por vulneración a sus derechos humanos lastima, pues además de lacerar la esfera jurídica de las personas, le roba a la sociedad su seguridad y su tranquilidad”.

Los lamentables hechos de Tlatlaya se potencian, añadió, “cuando se ven involucradas las fuerzas militares, pues ello implica un abuso de poder con una alevosía y una ventaja, ya que los cuerpos castrenses fueron adiestrados para enfrentamiento en sus diversas modalidades. En cambio, la mayoría de las personas, quienes integran la sociedad civil, no”.

Y prosiguió Camarena García:

“Pero las agravantes descritas se agudizan más en la medida en la cual se identifica como ejecutor de la vulneración de la vida a un órgano del Estado, pues éste está para procurar a los derechos de cualquier tipo y no para suprimirlos. Se debe recordar que la primera función del Estado, y la más importante, es proveer la paz y la tranquilidad, implicado en ello la seguridad de todos los mexicanos”, recordó el diputado del PVEM.

A su vez, el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía Berdeja, recordó que “hasta Nueva York persiguió esta masacre a Enrique Peña Nieto”.

También resaltó que fue una agencia noticiosa de Estados Unidos y organismos internacionales, como Human Rights Watch (HRW) quienes pusieron el tema sobre la mesa, debido a que “las versiones originales de la Defensa Nacional eran que se había eliminado a estos presuntos delincuentes en un enfrentamiento”.

Luego dijo estar de acuerdo con la creación de un grupo plural para el caso, pero manifestó sus dudas sobre el actuar de la CNDH, pues su presidente (Raúl Plascencia) ha sido deplorado por defensores de derechos humanos, ya que se apresuró a legitimar la tesis del enfrentamiento.

En tanto Lilia Aguilar, del PT, sostuvo que lo acontecido en Tlatlaya es una muestra “de lo que está sucediendo en este país y en su política interior”. Incluso, dijo que es tiempo de reconsiderar el papel de las fuerzas castrenses en el ataque al crimen organizado.

“Tlatlaya no sólo es la muestra de botón, sino es claramente un asesinato que no debiera suceder en países democráticos como México”, señaló.

Tampoco hay claridad, añadió, si el tema lo tendrá el Ejército o la PGR, pues el primero ya informó que tiene arraigados en el Campo Militar Número Uno a ocho soldados por la masacre.

Finalmente, el diputado por el PRD y representante del distrito federal que tiene cercanía con Tlatlaya, Catalino Duarte Ortuño, destacó que fue su partido el que sugirió y demandó la creación del grupo de trabajo, pues “es indudable que este hecho lacera, nos coloca en una situación difícil por la violación de garantías constitucionales, derechos humanos.

“Valdría la pena, señor presidente de la República, su intervención, a efecto de que no sea el fuero federal quien intervenga en este asunto, puesto que los elementos que presumiblemente participaron en esto hechos delictivos son del Ejército Mexicano”, acotó.

También recordó que ya la Cámara aprobó que no se escudará el Ejército en el fuero, “y cuando un militar comete un delito del fuero común debe ser juzgado, debe ser investigado por las autoridades del fuero común, como debe ser en este caso”.

Por último, advirtió que “nadie está facultado para privar de la vida a otro de ninguna forma. Es un hecho que establece nuestra Constitución, y si bien estas personas formaban parte de grupos delictivos, tenían en su poder armas y droga, debieron ser puestos a disposición de la autoridad competente, y aún esperamos que no sea cierto el hecho de que los privaron de la vida”.

México, 2 de octubre.- El Ejército Mexicano se caracteriza por una estructura de mando completamente vertical. Nadie, absolutamente nadie, está facultado para tomar una decisión sin que antes el escenario sea revisado y autorizado por algún superior o, según el caso, por todos los superiores.

Este tipo de estructura dificulta, en muchos sentidos, la obtención de información referente a las Fuerzas Armadas, no porque la información no exista o no se quiera otorgar, sino porque cualquier solicitud, declaración y/o dato debe estar avalado por las firmas de los mandos correspondientes. Es por ello que las respuestas dadas por la Secretaría de la Defensa Nacional ante cualquier requerimiento o situación extraordinaria, dan la impresión de “llegar un poco tarde”.

Esta estructura y flujo de información no es exclusivo de “boletines o comunicados”, abarca también el flujo de órdenes dentro la estructura, la base de acción de las Fuerzas Armadas.

El caso Tlatlaya no escapa a este organigrama rígido y es de sorprender lo caótico de los resultados derivados de los huecos en materia de información por parte de los Altos Mandos del Ejército Mexicano y que bien podrían resultar en la primer desgracia institucional de la actual administración encabezada por Enrique Peña Nieto.

El caos inició el pasado 30 de junio del presente año, cuando mediante un comunicado de prensa, la Sedena informó sobre un enfrentamiento en las inmediaciones del municipio de Tlatlaya, Estado de México, entre soldados y presuntos delincuentes, cuyo resultado fue de: un soldado herido y 22 presuntos criminales muertos. (http://estadomayor.mx/44566)

Días después, la agencia de noticias AP realizaba una investigación del lugar de los hechos, en la cual revelan señales de posibles actos de uso excesivo de la fuerza, o mejor dicho, signos de que los soldados en realidad habían realizado ejecuciones sumarias.

La versión de AP fue rápidamente desmentida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (http://estadomayor.mx/45229), cuyo peritaje dictaminó la falta de pruebas para sustentar las acciones ilegales por parte de los elementos castrenses. Sin embargo, tres meses después, la Procuraduría General de la República acusaba de manera formal a tres soldados por el delito de homicidio (http://estadomayor.mx/47332), ya que según las investigaciones, éstos accionaron sus armas de manera injustificada durante el operativo en Tlatlaya. La Sedena por su parte comunicó, mediante un escueto boletín de prensa, que colaboraría con las indagatorias hechas por la dependencia gubernamental de corte civil. (http://estadomayor.mx/46974)

Sin la intención de abonar a las ya recurrentes teorías de la conspiración o intentar dañar la reputación de una institución siempre confiable como el Ejército Mexicano, la discrepancia entre el primer comunicado oficial emitido por la Sedena y los resultados de la investigación realizada por la PGR solo puede entenderse en dos escenarios.

Los soldados involucrados ocultaron información

Ante el conocimiento sobre la ilegalidad de sus actos, los involucrados en el operativo en Tlatlaya decidieron reportar el suceso exclusivamente como un “enfrentamiento”. Dicha información circuló por los canales tradicionales. con el pleno desconocimiento de los Altos Mandos, derivando en el primer boletín de prensa y en el circo mediático del cual la sociedad ha sido testigo en los días más recientes.

La institución decidió ocultar la información para proteger a sus soldados

Los involucrados en el operativo Tlatlaya reportaron tal y como sucedieron los acontecimientos. Dicha información circuló por los canales tradicionales y ante la gravedad de la situación, en algún punto del Alto Mando se decidió ocultar los datos y hacer pública la versión del enfrentamiento.

En cualquier caso, la situación a nivel institucional entraría en una etapa de “terapia intensiva” y reflejarían la falta de liderazgo y mando al interior de las filas castrenses, ya que de ser cierto el primer escenario, los soldados desplegados en las calles del país estarían actuando por cuenta propia y son ellos quienes están decidiendo las líneas de comunicación del Ejército ante el desconocimiento de los mandos superiores.

En el segundo caso, solo quedaría evidente que la falta de un marco jurídico propio y el cual avale las acciones del Ejército como cuerpo policial ha orillado a sus integrantes a actuar en la frontera de lo legal con la simple finalidad de acatar órdenes.

Lo realmente preocupante es que las diferentes versiones sobre Tlatlaya reflejan un desconocimiento total, por parte de los altos mandos castrenses y una contradicción frente a la sociedad a la cual juraron proteger. El parte de novedades hasta el momento va en: 22 muertos, un soldado herido, 25 soldados investigados, 8 soldados detenidos, 3 soldados acusados de homicidio y un mando que seguramente está desesperado al saber de su incapacidad para dirigir y cuidar a sus huestes.

Redacción

Estado Mayor

http://www.proceso.com.mx/?p=383603Detienen a otros cinco militares por masacre de Tlatlaya; van 13
Seguir a @Arturo_Rdgz
Arturo Rodríguez García
2 de octubre de 2014
Nacional


MÉXICO, D.F. (apro).- Al menos cuatro soldados de tropa y un oficial, relacionados con el caso Tlatlaya, fueron ingresados esta noche a la prisión del Campo Militar Número Uno.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los militares detenidos hoy están implicados en la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México, el lunes 30 de junio, donde murieron 22 personas.

Apenas el jueves 25 de septiembre, unos 25 militares fueron detenidos por la Policía Federal Judicial Militar, de los que sólo ocho fueron sujetos a proceso en la justicia castrense, aunque tres de ellos deberán enfrentar cargos por homicidio y otros delitos, de acuerdo con lo informado el martes pasado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Hasta el momento, la Sedena no ha informado oficialmente sobre los cargos que enfrentan los cinco militares, aunque se advierte que ya fueron consignados a un juzgado castrense.

Con los soldados ingresados hoy, suman 13 los detenidos en relación con los hechos violentos ocurridos en Tlatlaya.

Los soldados que entraron a la bodega niegan haber actuado por su cuenta, dicen en PGR y Sedena
"Dimes y diretes", versiones de militares implicados en la muerte de 22 en Tlatlaya

“Los agresores gritaron: ‘¡ya estuvo, nos rendimos!’, pero nos ordenaron no dejarlos vivos”
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2014, p. 9

La noche del pasado 29 de junio, el joven teniente Ezequiel Rodríguez Martínez pernoctaba en el cuartel militar del 102 batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en Santa María Ixtapan, municipio de Tejupilco, estado de México, y aproximadamente a las 2:20 horas del siguiente día, el cabo de guardia le avisó que una llamada anónima reportó la presencia de sujetos armados en una bodega localizada en la zona de Tlatlaya, a unos 50 kilómetros de la base castrense.

Debido a la hora, el teniente decidió no consultar al general responsable de la 22 Zona Militar y acudir al lugar reportado para realizar un patrullaje.

Su sección, integrada por 30 soldados, no estaba completa, por lo que Rodríguez asumió que era el momento preciso para acudir a Tlatlaya y sorprender en flagrancia a los presuntos delincuentes. Ordenó a siete elementos que tenía a la mano que lo acompañaran.

Cerca de las 3 de la madrugada, los militares llegaron a una vieja y desvencijada bodega, en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, donde asegura que fueron recibidos a balazos. Después de la refriega entre los militares y los agresores, que no duró más de ocho minutos –de acuerdo con la declaración de los efectivos castrenses–, cesaron los balazos y tres soldados entraron a la bodega.

Un misterio, lo que sucedió

La mayoría de los 22 agresores que permanecían en la bodega aún estaban con vida. Hasta hoy sigue siendo un misterio lo que realmente sucedió. Interrogados por las autoridades de la Procuraduría de Justicia Militar, algunos de los soldados detenidos aseguraron que el teniente Rodríguez emitió una "orden roja" –disposición castrense que significa tirar a matar a los agresores–, y que ellos actuaron en acatamiento a la misma.

Sin embargo, el teniente declaró exactamente lo contrario: aseguró que sus subordinados se fueron por la libre y desacataron las órdenes del mando.

De acuerdo con funcionarios de la Sedena y de la Procuraduría General de la República (PGR) que porporcionaron esta información a cambio de no mencionar sus nombres, los testimonios de los militares implicados "son una especie de dimes y diretes".

Por ejemplo, señalan, el teniente dijo que tres de los soldados que inicialmente ingresaron a la bodega ultimaron a una decena de los presuntos delincuentes porque, según le dijeron el día de los hechos, la escasa visibilidad los hizo sentirse inseguros y por ello optaron por asegurarse de que estuvieran muertos.

Reconoció que hubo alguna manipulación de la escena del delito, pero rechazó que él hubiera ordenado ejecutar a los agresores que aún estaban con vida.

Dos de los tres soldados que ya enfrentan acusaciones de la PGR por homicidio calificado sostuvieron ante sus superiores que tras el enfrentamiento a balazos varios de los agresores gritaron: "¡ya estuvo, nos rendimos!"

No obstante, justifican su actuar con el supuesto de que el teniente había dado la orden de no dejar vivo a uno solo de los presuntos delincuentes.

Pasadas las 5 horas acudieron 17 militares a reforzar a sus compañeros, pues el teniente Rodríguez había reportado al cuartel que un cabo estaba herido.

Lo anterior forma parte de las declaraciones del teniente Rodríguez y de varios de los soldados ahora detenidos, quienes cayeron en varias contradicciones, según informaron a La Jornada diversos funcionarios entrevistados.

Las pruebas de criminalística de campo, balística y medicina forense, así como peritajes sobre luminosidad, entre otras periciales efectuadas por especialistas, llevaron a los fiscales de la PGR a concluir que los militares que participaron en esos hechos no sólo manipularon la escena del delito, sino además actuaron con abuso de autoridad y sin el debido respeto a los derechos humanos de los presuntos criminales.

La PGR ya ejercitó acción penal contra ocho de los implicados (tres de ellos por homicidio calificado y los otros por encubrimiento y falsedad en declaraciones), e investiga a otra veintena involucrados en los sucesos en que resultaron muertas 22 personas.

Es un elemento clave en la muerte de 22 personas, señalan fuentes castrenses
En el caso Tlatlaya, "nadie ha vinculado" al coronel que estaba al mando de los soldados

El teniente de la tropa podría ser condenado hasta a 30 años de cárcel en el fuero militar
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2014, p. 10

Tanto en el fuero militar como en el federal, en la investigación, sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, se ha dejado de lado un elemento clave: la participación de un coronel, quien estaba al mando de los soldados que actuaron en el presunto ajusticiamiento de 21 personas.

De acuerdo con fuentes castrenses consultadas, el coronel llegó al lugar una hora después del enfrentamiento y, hasta el momento, no ha sido vinculado en ninguna de las indagatorias.

Sin embargo, por ser el responsable directo de los soldados que participaron en el tiroteo y en la muerte de los 22 presuntos delincuentes (21 de ellos habrían sido ajusticiados, según una testigo presencial), llama la atención que hasta la fecha el oficial no haya sido vinculado con los hechos.

Trascendió que aun cuando no tuvo participación directa en lo sucedido, por estar al mando de los soldados referidos podría ser objeto de sanciones tanto del fuero de guerra como de la justicia federal.

Por otro lado, se dijo que los ocho militares que son investigados por esos hechos (a quienes ya se les dictó auto de formal prisión en el fuero castrense) continuarán detenidos en el Campo Militar Número Uno hasta que les sea dictada sentencia definitiva. Tres de ellos están en espera de que un juez federal los someta a proceso por homicidio y lo que resulte, cuando pasarían, de encontrarlos culpables, a una cárcel federal.

En relación con las acusaciones contra el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez y los siete soldados sujetos a proceso en el fuero de guerra, fuentes extraoficiales señalaron que el oficial podría ser setenciado hasta a 30 años de cárcel por infracción de deberes y desobediencia, sólo en el ámbito castrense, sin tomar en cuenta la acusación de homicidio calificado y lo que resulte que le imputó la Procuraduría General de la República (PGR).

En tanto, los siete elementos de tropa tendrían que ser absueltos de los delitos del orden militar, en razón de que ellos, al no tener mando, no pueden ser objeto de esas acusaciones.

Por otra parte, fuentes oficiales confirmaron que el día en que ocurrió el tiroteo y la muerte de los presuntos delincuentes, los últimos en llegar a la escena del incidente fueron los peritos y los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Antes que ellos arribó un grupo de elementos de la Armada de México dedicados a auxiliar en labores de seguridad pública en la entidad mexiquense, quienes se limitaron a definir un cerco de seguridad perimetral, pero no tuvieron nada que ver con el levantamiento de los cadáveres ni con la recolección de pruebas o testimonios.

La información sobre la actuación de los marinos y de los peritajes hechos por la procuraduría mexiquense ya obran en el expediente de la investigación que abrió la PGR, pero también, ya fueron turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual presentaría en los primeros días de noviembre su informe sobre estos hechos, según prometió hace unos días el ombudsman nacional, Raúl Plascencia.

Opinión / Columna


Razón de Estado
Joaquín Narro Lobo
Crónica desordenada de Tlatlaya
Organización Editorial Mexicana
29 de septiembre de 2014
El 30 de junio antes de darse la noticia de la muerte de 22 presuntos criminales a manos del Ejército Mexicano, Tlatlaya era uno más de los 125 municipios del Estado de México, quizá uno de los más desconocidos. Olvidado en el sur de la entidad, Tlatlaya era un punto en el mapa que no invitaba a ser recorrido por los paseantes. Cuando se supo del hecho, algunos medios de comunicación llamaron la atención de la opinión pública al señalar la extrañeza de un enfrentamiento en el que el saldo era 22 bajas para un bando y ninguna para el otro. Un solo herido por parte del Ejército y todos los presuntos criminales muertos. Aunque cada día menos, la muerte como resultado de la lucha contra la delincuencia organizada sigue siendo un elemento presente en la narrativa que la cotidianeidad construye. A pocos sorprendió la noticia y menos fueron quienes le dieron importancia a los aspectos atípicos del evento. Entonces Tlatlaya seguía siendo un lugar remoto sin mucho chiste para hacer turismo o voltear la mirada hacia allá pensando en desarrollar negocios en la región. Al paso de los días, el tema se fue diluyendo en medio de temas con mayor cobertura como la aprobación de la legislación secundaria en materia energética, las rondas finales del Mundial de Fútbol en Brasil o el 'celebgate' por la filtración de fotografías privadas de artistas internacionales.

Tlatlaya seguía siendo ese municipio olvidado en el sur del Estado de México, pero ahora su nombre ya ni siquiera aparecía en la página catorce o veintitrés de algún diario nacional. De pronto, como la erupción de un volcán o la fuerza de un terremoto que irrumpe sin más aviso que el de la tierra rugiendo, Tlatlaya se convirtió en el ombligo de la tierra. La revista Esquire reveló en un reportaje que una testigo había observado cómo uno de los 22 presuntos delincuentes caídos había enfrentado a miembros del Ejército y cómo estos habían respondido con lengüetazos de fuego que salían de sus armas. Los otros 21, al ver lo absurdo de oponer resistencia, se habrían rendido, pero los militares, lejos de detener el fuego, lo avivaron disparo tras disparo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Decenas de veces. Gritos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Silencio. Muerte. Tlatlaya no era ya un municipio olvidado que no invita al paseante a detener la mirada ni mucho menos el paso. Tlatlaya era el centro del mundo para quienes han hecho de la protección y defensa de los Derechos Humanos una cultura de vida. Tlatlaya era la sede de un fusilamiento con rifles modernos como utilería y camionetas 4 x 4 como escenografía, como si fuera una película de revolucionarios parados frente al paredón a punto de morir a mano de las fuerzas oficiales. Tlatlaya era, es, la posibilidad de articular un discurso en contra del abuso del poder, del salvajismo y de la displicencia de muchos quienes con argumentos de paz generan violencia. Hoy son 90 días de los lengüetazos de fuego, de las camionetas 4 x 4 como escenografía, de aquello que la testigo relató. Nada de esto ha sido negado, ni tampoco confirmado. La incertidumbre sigue presente. No hubo una denuncia, por lo que no se había iniciado una investigación. Los rumores existían, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos parece que no se enteró de ellos y por eso tardó en actuar, incluso aún no lo hace. A la testigo nadie la ha desmentido. El Ejército ya detuvo y comenzó a procesar a 8 militares directamente involucrados. La PGR, a la par, ha iniciado las pesquisas. La CNDH dice que en más o menos seis semanas habrá resultados. Esta es la crónica desordenada de uno de los sucesos más violentos de los últimos años. El Secretario de Gobernación señala que ese trata de un caso aislado. Dice que el Ejército no actúa así. Yo le creo. El Ejército está hecho de elementos nobles y bien intencionados. Claro que es un caso aislado. Tlatlaya ya existe, a la mala, en el discurso colectivo.

joaquin.narro@gmail.com

Twitter @JoaquinNarro

WkTex escribió:todos sabemos que a un ejercito se le entrena para la guerra ellos no van a jugar ellos van a acabar con el problema.

Altos mandos de la 22 Zona Militar, fuera de las pesquisas de la matanza en Tlatlaya
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Miércoles 8 de octubre de 2014, p. 12

La comandancia de la 22 Zona Militar –en cuyo perímetro se encuentra ubicado el municipio de Tlatlaya, estado de México–, tuvo conocimiento inmediato de los hechos que derivaron en el presunto ajusticiamiento de 21 personas el 30 de junio pasado. Sin embargo, hasta la fecha, ni la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han investigado la presunta responsabilidad de altos mandos castrenses en esos hechos.

Fuentes cercanas al proceso penal y en el fuero de guerra que se sigue al teniente que iba a cargo, a los tres soldados sospechosos de haber ultimado a las 21 personas (un presunto delincuente habrá muerto a consecuencia del tiroteo con los soldados) y a los otros militares que estuvieron presentes en ese incidente confirmaron lo anterior, y aseguraron que las indagatorias realizadas por ambas procuradurías han sido deficientes.

En lo que toca a la causa penal abierta en la procuraduría castrense, indicaron los informantes, aun cuando la dependencia ejerció acción penal en contra del teniente y siete soldados por desacato, indisciplina y desobediencia de deberes militares, resulta que la indagatoria no ha tomado en cuenta aspectos que involucran a mandos castrenses (al menos el coronel que era el comandante de los soldados acusados) y sus superiores de la 22 Zona Militar, como es el hecho de que aún no se ha aclarado qué hacían los soldados en el lugar de los hechos, si realizaban patrullajes en la zona, labores de reconocimiento o si iban de paso, y quién les dio la orden correspondiente.

De acuerdo con la versión de los militares que enfrentan cargos ante la justicia castrense y están a la espera de que la PGR actúe legalmente en su contra, al menos de tres de ellos por el delito de homicidio calificado, el 30 de junio fueron agredidos a tiros por unos sujetos que se encontraban fuera de una bodega en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.

Desde ese momento, el teniente que iba a cargo se comunicó por radio con su comandante (con el grado de coronel) para dar parte sobre el ataque, lo que implica que el mando tuvo conocimiento de los hechos e incluso dio la orden de someter a los atacantes, añadieron los acusados.

El coronel tardó una hora en llegar al lugar y, a su vez, rindió el parte completo a sus superiores, así es que si antes los altos mandos no fueron investigados porque no había delito que perseguir, una vez que cambió la situación y tres soldados son investigados por homicidio doloso, también debe deslindarse la responsabilidad de los mandos, aseguraron los detenidos ante el Ministerio Público Militar, cuando fueron consignados ante el fuero de guerra por desobediencia e infracción de deberes comunes de los militares.

Por su parte, las fuentes cercanas al proceso que se sigue en contra de los soldados señalaron que hasta el momento la autoridad militar no ha señalado si los soldados detenidos actuaron con apego al Manual de uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, publicado precisamente el 30 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación.

En todo caso, los mandos castrenses tienen que aclarar cuál fue su participación en los hechos para que las procuradurías deslinden las responsabilidades correspondientes.

Según los entrevistados, llama la atención por qué, durante más de dos meses, ni el alto mando ni la procuraduría militar encontraron elementos para procesar a los acusados, ni el fuero de guerra ni por la muerte de los 22 jóvenes. Y por qué, después de las presiones públicas del gobierno de Estados Unidos y de Humans Rights Watch (HRW), se integró una averiguación previa que derivó en la consignación del teniente y siete soldados ante el fuero militar y estén a la espera de que la PGR actúe penalmente en su contra por homicidio doloso "y lo que resulte".

19 de septiembre de 2014 Escrito por La Redacción


MÉXICO, D.F. (apro).- Una vez que el gobierno estadunidense de Barack Obama instara al presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación civil para esclarecer el fusilamiento de una veintena de presuntos secuestradores a manos de militares, la Sedena y la PGR se dijeron dispuestas a atender el llamado para indagar el hecho.

En comunicados aparte, emitidos casi de forma simultánea, ambas dependencias aseguraron conducirse “con pleno respeto a los derechos de las personas”, así como alcanzar “una indagatoria completa y profunda para llegar a la verdad” de lo ocurrido el lunes 30 de junio en la comunidad de Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró que la muerte de 22 jóvenes se registró luego de que personal militar repelió una agresión armada.

“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”, acotó la Sedena.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se mantiene abierta una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles.

“La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, detalló la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.

“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”, asumió la PGR.

Hace unos días, la agencia AP y la revista Esquire tumbaron la versión oficial de un enfrentamiento al presentar evidencias contundentes sobre una probable ejecución extrajudicial.

“Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”, advirtió este viernes Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense.

El gobierno de Obama está legal y técnicamente obligado a que se realice una investigación del caso de Tlatlaya, debido a su papel de proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa Mérida.

Pide PRD intervención de CNDH

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, también urgió a esclarecer el presunto fusilamiento de una veintena de supuestos secuestradores por parte del Ejército en el Estado de México.

Según la investigación de Esquire, del testimonio de una fuente se desprende que los militares fusilaron a los supuestos plagiarios a pesar de que éstos ya se habían rendido.

Zambrano Grijalva consideró que “esto debiera esclarecerse por los órganos correspondientes. Sería una mancha a la actuación del Ejército mexicano, al que se le ha depositado confianza para acometer estas tareas de las que debiera salir”.

Sin embargo, consideró que para el debido esclarecimiento de los hechos es necesaria la intervención de la Procuraduría General de Justicia Militar, de la PGR y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Si se confirmara la versión del fusilamiento, advirtió Zambrano, “querría estarse diciendo que estamos en el riesgo de regresar a la ley de la selva, a los tiempos de la guerra sucia cuando se ejecutaba, en aquel entonces, a guerrilleros o líderes políticos opositores”.

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 9 de octubre de 2014, p. 14

El Ministerio Público Federal mantiene abierta la investigación en contra de integrantes del Batallón 102 de Infantería y mandos militares de la 22 Zona Militar con sede en Toluca, en cuanto a la responsabilidad penal en que podrían haber incurrido con relación a la ejecución de 22 personas dentro de una bodega en Tlatlaya, estado de México, el pasado 30 de junio, señalaron colaboradores de Jesús Murillo Karam.

En tanto, mandos militares indicaron que en la Secretaría de la Defensa Nacional existen pugnas por las acusaciones que se han instruido en contra de tres militares de bajo rango como responsables de lo ocurrido en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.

Las fuentes refirieron que existen militares de alto rango que consideran que ningún miembro de las fuerzas armadas debe ser juzgado porque se abatió a presuntos delincuentes, y otros que consideran que la responsabilidad debería extenderse hasta los mandos de la 22 Zona Militar que tuvieron conocimiento de lo ocurrido y no han sido llamados a comparecer.

Por otra parte, durante una entrevista radiofónica, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó que ya compareció por segunda ocasión ante el Ministerio Público Federal, Julia, la testigo clave, y el funcionario mencionó que la mujer varió sus declaraciones y da una versión distinta a lo que declaró a la revista Squire.

"Sí, lo que dice en la revista no es lo que nos declara a nosotros, ahí hay una diferencia grande", supuestamente en la manera en que los militares abatieron a las 22 personas.

Asimismo, Murillo Karam dijo que en esa matanza "el Ejército desde el principio me manifestó que tenía dudas sobre el seguimiento correcto al protocolo: actuó el Ejército con una gran claridad y con una gran honestidad. Yo creo que es digno de reconocer este hecho, fue el primero que actuó. Después, con las informaciones del Ejército, la Procuraduría continuó, y llegamos a la conclusión de que si hubo un exceso, que a mi gusto es, incluso, homicidio"

Metalkat77 escribió:creo totalmente en la pena de muerte (....) asesinos con alevosía.

Remueven a general vinculado a Tlatlaya
13 de octubre del 2014

Ceremonia al General José Luis Sánchez. Foto: EspecialEl general José Luis Sánchez León, comandante militar de la 22 zona del Estado de México, fue removido de su cargo a finales de septiembre, días después de que se conociera el testimonio de quien dijo ser superviviente de la balacera de Tlatlaya, donde murieron 22 civiles. Su dicho modificó la versión de que se trató de un enfrentamiento, y llevó a la sospecha de que fue una ejecución sumaria. El juicio militar contra los detenidos prosigue mientras siguen apareciendo más interrogantes.

México, 13 de octubre.- Se dijo que fue parte de la rotación anual de los mandos de zona y región militar en el país. Hace unos días la secretaría de la Defensa Nacional confirmó el relevo del comandante de la 22 zona militar, el general de brigada José Luis Sánchez León, inquilino por más de un año y medio en el cuartel de Santa María Rayón, Estado de México. Era el responsable en el mando de las tropas desplegadas la entidad, donde uno de sus batallones el 102 de infantería con sede en Tejupilco, y jurisdicción en los municipios de la Tierra Caliente mexiquense, se vio envuelto en el episodio donde 22 supuestos secuestradores murieron a manos de los soldados.

El relevo del general Sánchez León se dio días después de que se conociera por distintos medios el relato de una mujer que se dijo sobreviviente de aquel hecho, y que desmintió que se hubiera tratado de un enfrentamiento, como aseguró desde un principio el gobierno federal respaldado por el local.

El cambio en la 22 zona militar no puede decirse que fue un cese, pero si llama la atención que se dé junto con otras rotaciones, y en éste caso específico después de que ocurriera lo de Tlatlaya y por los que se consignaron a los 12 de tropa y un oficial, tres de ellos acusados también por PGR de homicidio, dice una fuente militar consultada al respecto.

El relevo lo tomó el general José Ricardo Bárcena Rosiles, quien desde finales de septiembre aparece al frente del cuartel de la 22 zona en Santa María Rayón. Otras de las rotaciones fueron en la séptima región militar, que abarca las zonas militares de los estados de Chiapas y Tabasco y la frontera con Guatemala donde el general de brigada Germán Javier Jiménez Mendoza sustituyó en el mando al general de división Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien fue designado nuevo comandante en la región militar 11 con cuartel en Torreón, a cargo de las zonas en Coahuila y Chihuahua.

La mecánica de los hechos

Lo ocurrido en Tlatlaya no fue una operación de campaña, son actos del servicio, por lo cual las penalidades no son más de tres años, dice una fuente vinculada a la defensa adscrita al juzgado sexto militar, a cargo del teniente coronel de justicia militar Jorge Suárez Becerril, donde se lleva el juicio contra los 13 militares detenidos por la muerte de los 22 civiles.

De lo que se ha ventilado están los antecedentes militares del batallón 102 de infantería, el cual llegó a esa zona del Estado de México en 2010 a instancias del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, cuando el general Salvador Cienfuegos, actual secretario de la Defensa, era comandante de la primera región militar. Quienes forman parte de ese batallón son en su mayoría elementos que han estado de operativo en otras partes del país, algunos en Chihuahua otros en Sonora.

Desde mayo de aquel año que se inauguró su cuartel a las afueras de Tejupilco, los soldados llegaron a un corredor de droga que ha sido disputado de forma muy violenta por distintos grupos en los últimos años. Es esa ruta de la droga que baja de la sierra de Guerrero la que ha enfrentado a una facción del grupo denominado la Familia, con los Templarios, los Rojos, los Zetas, Guerreros Unidos, en diferentes momentos.

Los detenidos enfrentan cargos de infracción de deberes y desobediencia, por lo que ha sido la PGR la que ha requerido ciertos peritajes. De acuerdo a una fuente consultada en tribunales militares han surgido preguntas como ¿Cuánta dotación de cartuchos trae un fusil que carga cada soldado del ejército? ¿Cuántos se usaron? ¿Cuántos impactos tenían cada cuerpo? Este oficial que ha tenido acceso a las primeras diligencias dice que si se sabe que cada fusil de un soldado trae 90 tiros, es muy difícil que se acabe la dotación cuando ocurre un enfrentamiento, por lo regular no se usa más de la mitad. En este caso existen versiones de que algunos fusiles solo tienen tres tiros gastados, versión que no ha podido ser corroborada por otras fuentes independientes.

Tras la detención de los militares por lo ocurrido en la región calentana mexiquense, se han incrementado las versiones de que hay un malestar en la tropa porque no existe un marco regulatorio sobre su participación en operaciones con la población civil. Un reclamo que quedó “congelado” en la cámara de diputados desde la legislatura pasada, cuando marina y ejército hicieron la petición para que se legislara y les dotaran de un marco normativo.

Se sabe que a los detenidos los sacan de madrugada a declarar desde sus celdas, las conocidas como “negras”, donde los tienen sin contacto con el resto de la población de la prisión del campo militar uno de la ciudad de México. No les dan copia de nada, dice un litigante que ha seguido el caso. Pese a ello lucen confiados pero están temerosos.

Existe la probabilidad, si en algunos de los careos se promueve, de que comparezcan mandos superiores, como el coronel que estaba al mando del batallón 102 de infantería el día de la muerte de los 22 civiles, al igual que el hoy relevado general Sánchez León. Ambos podrían tener algún tipo de responsabilidad ya sea por omisión y/o actuación, respecto a las órdenes dictadas, por lo que de ser necesario, dice una fuente allegada a la defensa de los detenidos, podrían ser llamados a testificar.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayorp

ORAI escribió:Osea soy criminal creanme.mas a. Mi