Caso Tlatlaya: 22 sicarios abatidos durante combate entre militares y organización criminal

Enfrentamiento en Edomex deja 22 muertos y un militar herido

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
30 DE JUNIO DE 2014
NARCOTRÁFICO


MÉXICO, D.F. (apro).- Pese al llamado Escudo Centro y el reforzamiento de la seguridad con la incorporación de fuerzas federales, la violencia en el Estado de México no cesa: La mañana de este lunes un enfrentamiento –el segundo en el mes– entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y presuntos miembros del crimen organizado en el municipio de Tlalaya dejó un saldo de 22 muertos y un soldado herido.

En un escueto comunicado, la Sedena confirmó que el Ejército “abatió” a 22 personas en un enfrentamiento que tuvo lugar la madrugada del lunes en el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México, cerca de la frontera con Michoacán.

Horas después de que el gobierno mexiquense diera a conocer el hecho y su elevado saldo, la dependencia federal emitió un comunicado de prensa para asegurar que “en el evento (sic) se liberaron a tres mujeres secuestradas” y se decomisaron 38 armas.

La dependencia precisó que entre los muertos hay una mujer y que se trató de un enfrentamiento que tuvo lugar a las 5:30 de la mañana, cuando una patrulla militar fue atacada cerca del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya.

Según la Sedena, durante el patrullaje se ubicó una bodega que era custodiada por personas armadas que dispararon contra los efectivos del Ejército, pertenecientes a la 22 Zona Militar, con sede en Santa María Rayón, en el Estado de México.

La patrulla militar repelió el ataque y dio muerte a 21 hombres y una mujer, encargados de custodiar la bodega, donde había tres mujeres secuestradas, añadió la Sedena, que no informó sobre heridos entre los presuntos delincuentes.

Además, destacó que los militares aseguraron 25 armas largas, 16 de ellas eran fusiles AK-47, calibre 7.62x39mm, seis fusiles AR15, calibre 0.223, un fusil marcar Calico, y dos escopetas calibres 12 y 0.22”.

También reportó el aseguramiento de 13 armas cortas, cuatro de ellas calibre 9mm, tres calibre 0.45, tres calibre 0.38 súper, una calibre 0.22 y un revólver 0.38 especial, además de una granada de fragmentación, 112 cargadores y cartuchos de diversos calibres.

El Ejército sólo reportó que uno de sus elementos resultó herido pero que, de acuerdo con la Sedena, se encuentra en condición estable.

A principio de mes, la Secretaría de Marina informó de otro operativo del Ejército en Tlatlaya.

Al informar sobre los resultados del Operativo de Seguridad Mexiquense, iniciado en abril de este año, dijo que el Ejército detuvo a dos personas “que dijeron pertenecer a un grupo delictivo que opera en Michoacán”.

En ese operativo fueron aseguradas 28 armas largas y cinco kilogramos de mariguana.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México (SSC), proporcionados a Televisa, los presuntos sicarios pertenecían al grupo criminal Guerreros Unidos y otras versiones apuntan a que eran de Los Caballeros Templarios.

La refriega, según esas fuentes, se registró esta madrugada en la comunidad de Ancona de los Laureles en la sierra de Tlatlaya.

Hace un par de meses el gobierno federal reforzó la presencia militar y de policías federales en las zonas más violentas del Estado de México, el más poblado del país.

Sin embargo, más de 90 mil personas han muerto desde inicios de 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón anunció una batalla frontal contra el crimen organizado, lo que provocó la fragmentación de los grupos, su extensión por todo el país, así como la diversificación de sus actividades delictivas.

Investiga PGR enfrentamiento que dejó 22 muertos en Tlatlaya
Arturo Angel Julio 3, 2014 2:52 am

Autoridades federales consultadas por 24 HORAS informaron que en primera instancia se investigan los hechos por el uso de armas de grueso calibre en el tiroteo
Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa relacionada con el enfrentamiento ocurrido el lunes pasado entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos delincuentes en el sur del Estado de México, que dejó un saldo de 22 personas muertas.





Autoridades federales consultadas por 24 HORAS informaron que en primera instancia se investigan los hechos por el uso de armas de grueso calibre en el tiroteo, hecho que constituye una violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.


Cabe recordar que los presuntos agresores tenían en su poder 25 armas largas, de las cuales 16 eran fusiles de asalto AK-47 conocidos como “Cuerno de Chivo”, seis eran rifles AR-15 semiautomáticos, así como tres escopetas. A esto se suman por lo menos dos granadas de fragmentación, 13 armas cortas y más de un centenar de cargadores.


“Es competencia del Ministerio Público Federal esclarecer de dónde provenía todo ese armamento que tenían estas personas, además de investigar si la bodega en la que se encontraban era utilizada como almacén. Lo que es evidente es que se trata de un grupo del crimen organizado”, dijo un funcionario ministerial a 24 HORAS.


Las autoridades han establecido preliminarmente que los delincuentes abatidos pertenecían al grupo criminal conocido como Guerreros Unidos dedicado al tráfico de estupefacientes y fabricación de drogas sintéticas en el centro del país.


En la PGR explicaron que por lo que hace a los homicidios de los sospechosos, la investigación sigue a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) aunque se trabaja en colaboración con la PGR.


Fueron peritos de la PGJEM y personal forense quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos en el sitio del tiroteo, ubicado en el municipio de Tlatlaya, y trasladaron los cadáveres al anfiteatro en Toluca para las necropsias identificación. Entre los muertos había una mujer.


En el referido enfrentamiento resultó lesionado un soldado cuyo estado de salud continúa siendo estable.
Este incidente es hasta ahora el de mayor grado de violencia por el número de víctimas en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.




Fue por una investigación: Osorio


El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo ayer desde Tamaulipas que el enfrentamiento que se presentó en el Estado de México en el que murieron 22 presuntos delincuentes, fue resultado de un trabajo de investigación que permitió ubicar el sitio de operación de los criminales.


Aún con ello dijo que el gobierno trabaja para reforzar las acciones que permitan disminuir los choques armadas y lograr detenciones con vida de los sospechosos.


“Hay un profundo espíritu de investigación, del uso de los instrumentos de inteligencia del Estado mexicano para que sean menos los enfrentamientos y más las capturas de los presuntos delincuentes” dijo.

Este incidente es hasta ahora el de mayor grado de violencia por el número de víctimas en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

De enfrentamientos, “ejecuciones” y la falta de comunicación institucional
15 de julio del 2014

Orificios de bala en la pared de la bodega. Foto: APMéxico, 14 de julio.- El pasado 30 de junio se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos del Ejército Mexicano, en las inmediaciones del municipio de Tlalaya en el Estado de México, cuyo resultado fue de 22 presuntos criminales muertos, un soldado herido y tres mujeres rescatadas de situación de secuestro.

La refriega se desató, según lo publicado por el Gobierno del Estado de México y un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando efectivos militares pertenecientes a la 22 Zona Militar fueron atacados durante sus labores de patrullaje por personas armadas, las cuales custodiaban una bodega cercana al poblado Cuadrilla Nueva en el municipio antes mencionado.

Tres días después del acontecimiento antes mencionado, la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó el reportaje “In Mexico, lopsided death tolls draw suspicion”, en el cual se pone en tale de juicio las versiones oficiales sobre lo que realmente pasó ese 30 de junio.

Según lo publicado por los reporteros y fotógrafos de AP, las marcas de las balas y las manchas de sangre en el lugar de los hechos no coinciden con lo descrito en el boletín de prensa de la dependencia gubernamental. En ese sentido, se hace referencia a las declaraciones de Alejandro Hope, un analista en materia de seguridad y otrora oficial en los servicios de inteligencia mexicano, quien apunta: “…levanta sospechas el hecho de que haya 22 muertos de un lado y solamente un herido del otro bando…”.

Al mismo, tiempo se recoge el testimonio de un vecino, quien asegura haber escuchado dos horas de disparos -aunque no puede asegurar si los disparos provenían de la bodega o de la zona aledaña a la misma- y haber visto soldados realizando labores de búsqueda en la zona boscosa colindante con el edificio en cuestión.

Por otro lado, la investigación revela que a pesar del fuego pesado, solamente se pudieron ubicar alrededor de seis impactos de bala en la fachada de la bodega y que existe poca evidencia de disparos provenientes desde el interior del edificio.

En cuanto a las manchas de sangre se refiere, AP indica que los charcos más profusos se encuentran muy cerca de las marcas de bala en las paredes como si los abatidos se encontraran parados contra la pared al momento de recibir los impactos fatales, los cuales se calculan a la altura del pecho. La autopsia que podría desmentir esta teoría no ha sido revelada al público por parte de las autoridades correspondientes.

Contrario al 30 de junio, ni el Gobierno del Estado de México, ni la Secretaría de la Defensa Nacional emitieron comunicado de prensa alguno para desmentir la publicación de la agencia de noticias, la cual fue recogida por varios medios a lo largo y ancho de la República Mexicana. En lugar de informar a la sociedad, con el fin de evitar la propagación de chismes, la Sedena y el Secretario de la Defensa Nacional, mediante sus canales oficiales en las redes sociales, invitaban a la comunidad a paseos dominicales, exposiciones y enviaban felicitaciones a otros cuerpos encargados de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

De ninguna forma se trata de satanizar este tipo de invitaciones, las cuales cumplen la importantísima labor de crear un lazo entre los mexicanos y sus fuerzas armadas, pero en momentos como los descritos con aterrorizad, se vuelve imperativo que las autoridades den una explicación, por cualquier medio que estas decidan.

El silencio solo levanta sospechas y le da credibilidad a la única versión existente. Cabe aclarar, no es la primera vez que sucede algo como esto. El pasado 10 de junio, circuló en las redes sociales un video en el cual se daba a entender que los elementos comisionados al operativo federal en el estado de Tamaulipas estaban cometiendo ejecuciones extrajudiciales…la autoridad de nueva cuenta brilló por su ausencia.

La autoridad parece no entender que la información es un arma mucho más poderosa que las balas. La información y la apertura de nuestros gobernantes a emitirla sin condicionamientos genera confianza y escuda a la sociedad de la posible penetración de chismes o falsedades cuyo único propósito es desgarrar el tejido social.

Es momento, que la Secretaría de la Defensa Nacional utilice este poder, no solo para el caso descrito en el Estado de México, sino también para el estado de Michoacán, Tamaulipas, los casos contra militares presuntamente involucrados con el crimen organizado, las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos, etc…los mexicanos se los sabremos agradecer.

Redacción

Estado Mayor

Niega PGJEM fusilamiento de 22 en Edomex
18 de julio del 2014

México, 18 de julio (Reforma).- Para la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) el abatimiento de 22 personas, ocurrida el 30 de junio pasado en una bodega de la localidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya, fue consecuencia de un enfrentamiento y no de una ejecución.

Luego de que la agencia de prensa Associated Press difundiera un cable en el cual sugería que estas personas pudieron haber sido fusiladas por elementos del Ejército, el Procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, señaló que los primeros peritajes arrojaron que hubo intercambio de balas.

El Ministerio Público del fuero común de la PGJEM inició la indagatoria correspondiente y remitió la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República (PGR).

“De las diligencias realizadas por el Ministerio Público del fueron común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución, en el posible fusilamiento al que se hace referencia en medios de comunicación”, dijo el Procurador mexiquense.

“La pericial en mecánica de hechos y criminalística de campo nos hace ver claramente que hubo un intercambio de disparos entre los elementos del Ejército y las personas que se encontraban en el interior de la bodega”.

Aunque el tema ya está en manos de la PGR, la Procuraduría mexiquense mantiene un desglose por lo que se refiere a la devolución de tres cadáveres que no han sido identificados.


De acuerdo con Gómez Sánchez, la mayor parte de los abatidos eran originarios de Arcelia, Guerrero.

“La mayoría de las personas fallecidas son originarias del estado de Guerrero, de diversas comunidades, poblaciones, muchos de ellos originarios de Arcelia, Guerrero”, añadió el funcionario.

Abimael Chimal

Piden aclarar las 22 muertes de Tlatlaya
25 de julio del 2014

México, 25 de julio (reforma).- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro Prodh urgieron al Gobierno federal y del Estado de México a transparentar la información sobre el enfrentamiento entre el Ejército y presuntos criminales en Tlatlaya, que dejó un saldo de 22 personas fallecidas el 30 de junio.

En un comunicado, las organizaciones retoman información dada a conocer por la agencia de prensa Associated Press, que sugiere el fusilamiento de las 22 personas, quienes habrían sido colocadas en un paredón improvisado dentro de una bodega por elementos del Ejército mexicano.


De acuerdo con un observador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, citado por la agencia, no se encontraron indicios de disparos de balas perdidas, señales propias de un enfrentamiento a distancia.

“Estos hechos que parecieran configurar como ejecución extrajudicial se enmarcan en el patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del País en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que cerró el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano”, señalaron las organizaciones.

Las organizaciones recordaron la obligación del Gobierno federal de investigar y esclarecer los hechos, cuyo dictamen debe hacerse público.

Asimismo, exhortaron a que la Procuraduría General de la República inicie investigaciones penales en contra de los responsables de las 22 muertes, debido al presunto uso indebido de armas de fuego.

Veintiuno de los “delincuentes” abatidos en Tlatlaya fueron “fusilados” por el Ejército
Pablo Ferri Tórtola
17 de septiembre de 2014
Nacional
La bodega donde el Ejército "fusiló" a los presuntos delincuentes. Foto: Esquire / Nathalie Iriarte
La bodega donde el Ejército "fusiló" a los presuntos delincuentes.
Foto: Esquire / Nathalie Iriarte

La revista Esquire México encontró a una de las tres sobrevivientes de la balacera del 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, que dejó 22 presuntos delincuentes muertos. La testigo ofrece una versión muy distinta de la que han difundido el Ejército y la Procuraduría General de la Republica, en el sentido de que los militares abatieron a esas personas en “legítima defensa”. Según la mujer, 21 de esos individuos fueron fusilados aun cuando ya se habían rendido. Con autorización de Esquire México, Proceso publica la investigación del reportero de ese medio Pablo Ferri Tórtola y el material de la fotógrafa Nathalie Iriarte. El reportaje es difundido de manera simultánea por el sitio electrónico de dicha publicación mensual.

MÉXICO, D.F. (Esquire).- El pasado 30 de junio elementos del Ejército mataron a 22 presuntos delincuentes –21 hombres y una mujer menor de edad– en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos durante el tiroteo. Incluso el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.

Ahora, dos meses más tarde, Julia –su nombre no es el real–, testigo del suceso entrevistada por Esquire México, asegura que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su p$#@ madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas –25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación– y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que nunca estuvo secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena.

El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven Erika Gómez González, de 15 años, recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.
Erika Gómez, de 15 años, fue ejecutada por un soldado, según una testigo. Foto: Esquire

Cuando la hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según la testigo. Luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla, según Julia. El certificado de defunción, al que Esquire México tuvo acceso y del que posee una imagen, indica que el motivo de la muerte fue un balazo en la “cavidad torácica”. Erika recibió al menos un disparo en el pecho.

Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire México que la bala le perforó el corazón y un pulmón a Erika y que eso fue “un tiro de gracia”. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire México también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad, donde se constata que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego.

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.

El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadunidense The Associated Press cuestionó que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento y señaló que la fachada de la bodega sólo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “La bodega donde se encontraron los cuerpos mostraba pocas evidencias de que se hubiese mantenido un tiroteo largo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos junto a una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.

El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado al respecto: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”.

La PGJEM reveló además que había practicado una prueba de balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Esquire México habló con el departamento de prensa de la PGJEM sobre la versión de la testigo, el cual contestó que la PGR se hizo cargo de la investigación “a los pocos días del suceso” y que por ese motivo no puede realizar declaraciones al respecto.

El departamento de Prensa de la Procuraduría General de la República señaló a Esquire México que ésta es una investigación en proceso, por lo cual no puede brindar información, aunque señaló que hay dos personas consignadas por ese caso, cuyas identidades no puede revelar ni los delitos por lo que están siendo investigadas. Esquire México también contactó desde el lunes 15 de septiembre a la Sedena para contrastar la información de la testigo, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no ha recibido respuesta.

***

Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32 mil 181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134.

Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bacheada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son seis horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala, también en Guerrero, apenas cuenta con 120 mil habitantes.

Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cártel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias El Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprehensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.

En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia –San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa– el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de éstos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan.

Tres días antes el alcalde de Teloloapan había recibido un impacto de bala en el pecho. En abril, un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.

En abril del año pasado las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El programa interestatal Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.

***

Declaraciones de vecinos de la zona recogidas por Esquire México y aparecidas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega.

Julia asegura que llegó allí el 29 de junio a eso de las diez de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire México la razón de que acudiera a aquel sitio; sin embargo, difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había dos carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Afuera llovía. Julia piensa que quizá se refugiaron allí del agua.

Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con “un pantalón negro y una sudaderita negrita”. Como “a las tres de la mañana”, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. En pocos minutos los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches.

En una de las ráfagas murió un muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con lo dicho por Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados del Semefo del Estado de México que aseguran que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.

La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constató que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que las otras dos ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “¡No nos maten, no nos maten, estamos secuestradas!”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros.

La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos 30 minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas después de la rendición, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo –como a las 7:00 de la mañana, dice Julia– mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia, y hasta el momento se desconoce el paradero de las otras dos.

Julia asegura que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la PGJEM en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que la Procuraduría General de la República atrajera el caso. La testigo dice que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, la PGJEM y la SEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes. Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los tres primeros días no le dieron de comer y que, incluso, mientras estaba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega.

Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra. Otros aún aguardaban en el Semefo de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos.

Tlatlaya, primera gran masacre del gobierno de EPN, según HRW, se vuelve tema mundial

Por: Redacción / Sinembargo - septiembre 19 de 2014 - 0:01
De revista, México, TIEMPO REAL - 54 comentarios

Foto: Cuartoscuro.

Elementos del Ejército dispararon a un grupo de 22 jóvenes a pesar de que no pusieron resistencia, consignan testigos entrevistados por Esquire y AP. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– Casi tres meses después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunciara que en un enfrentamiento había abatido a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, nuevas evidencias provenientes de medios extranjeros revelan que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad.

El miércoles pasado, la revista Esquire publicó la versión de una mujer testigo de la masacre. “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su p$#@ madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, cita la publicación estadounidense en su edición de México.

Ayer, The Associated Press informó de un nuevo testigo que involucra a militares de un fusilamiento extralegal. De acuerdo con la agencia, una mujer relató que vio cuando los militares dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años.

“Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”, describió la agencia de noticias estadounidense cuyo servicio se reproduce en cinco idiomas: inglés, alemán, neerlandés, francés y español, y que es considerada también una de las de mayor alcance mundial.

Por su parte, el director de la división para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes es la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

“El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”, afirmó Vivanco en un comunicado.

¿QUÉ PASÓ EN TLATLAYA?

En agosto pasado, la organización internacional defensora de los derechos humanos pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto esclarecer e investigar a fondo la muerte de 22 civiles a manos de elementos del Ejército, ocurrida el pasado 30 de junio durante un enfrentamiento.

En un comunicado de prensa, el organismo, con sede en Nueva York, señaló que “han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”.

Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular”.

El anuncio oficial de la Sedena dada a conocer horas después del supuesto enfrentamiento señalaba que se desató una balacera en la localidad luego de que elementos del Ejército fueron atacados por miembros de una organización criminal.

Sin embargo, la versión dio un giro de 360 grados, cuando la prensa internacional retomó el caso y se reveló que los soldados habían atacado a los civiles.

“Marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano en las montañas del sur de México cuentan una historia sombría de muerte que implica soldados y presuntos delincuentes. Puede no ser la historia que cuentan los mismos funcionarios”, decía una nota publicada por AP, que decía tener pruebas de que los elementos del Ejército mexicano colocaron a los jóvenes en un paredón (improvisado dentro de una bodega) para dispararles.

Ahora, los nuevos testimonios confirman la sospecha y exigen a las autoridades esclarecer qué pasó en Tlatlaya el pasado 30 de junio.

VERSIONES DE LOS TESTIGOS
Foto: Esquire

Foto: Esquire

Además del testimonio publicado por Esquire, en el que Julia —nombre no real del testigo—, dijo que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirmó Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron

Ayer, un cable de The Associated Press citó a la madre de una joven de 15 años, quien aseguró que a pesar de que la adolescente yacía herida en el suelo, le dispararon más de media docena de veces.

Una semana después de la muerte de los 22, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.

Al menos en cinco lugares de las paredes interiores aparecía un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por un salpullido de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los muertos fueron puestos de pie, arrinconados contra la pared, al momento de recibir uno o dos tiros, precisos, a la altura del pecho.

Después de la historia de la agencia de noticias, la Procuraduría de Justicia de México emitió un comunicado en el que aseguró que “no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución” y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.

Militares detuvieron vivos y luego fusilaron a los 21 de Tlatlaya, Edomex, dice testigo

Por: Redacción / Sinembargo - septiembre 17 de 2014 - 20:51
De revista, México, TIEMPO REAL - 57 comentarios


Por Pablo Ferri Tórtola (texto) y Nathalie Iriarte (fotos), de Esquire México, especial para SinEmbargo
Una testigo dice a Esquire que el Ejército mexicano ejecutó a 21 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México. “Ellos [los soldados] decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces [los soldados] dijeron: ‘¿No que muy machitos, hijos de su p$#@ madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron [de la bodega]. Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron”. Con autorización de la revista, SinEmbargo reproduce íntegra la historia…
Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega. Foto: Esquire

Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega. Foto: Esquire

Ciudad de México, 17 de septiembre (Esquire México/SinEmbargo).– El pasado 30 de junio elementos del ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes —21 hombres y una mujer menor de edad— en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”. Ahora, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su p$#@ madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas —25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación— y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que no estaba secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena.

El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven era Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.

Cuando le hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según Julia; luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla.

El certificado de defunción de Erika, al que Esquire tuvo acceso y del que posee una fotografía, indica que el motivo de la muerte fue “un impacto de bala en la cavidad torácica”. Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire que la bala perforó el corazón y un pulmón de Erika y que fue “un tiro de gracia”. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad donde se ve que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego en el tórax.

El director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos ocurridos en Tlatlaya y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.

El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadounidense The Associated Press planteó dudas sobre que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento con el ejército y señaló que la fachada de la bodega solo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “Tampoco había señales de un tiroteo continúo dentro del edificio, (se veían) pocas marcas de bala y ningún casquillo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos rodeados por una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.

El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado en el que afirmaba lo siguiente: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”. La PGJEM reveló además que había practicado una prueba de balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Consultado por Esquire sobre la versión de la testigo, el departamento de prensa de la PGJEM informó que la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación “a los pocos días del suceso” y que por ello no pueden realizar declaraciones al respecto.

El departamento de prensa de la PGR dijo a Esquire que esta es una investigación en proceso en la que hay dos personas consignadas, sobre cuyas identidades y presuntos delitos no puede comentar. La Sedena no ha contestado a las múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos por parte de Esquire.
La bodega marcada con sangre. Foto: Esquire

La bodega marcada con sangre. Foto: Esquire
***

Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32,181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134. Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bacheada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son seis horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala, también en Guerrero, apenas cuenta con 120,000 habitantes.

Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cartel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias el Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.

En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia —San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa— el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de estos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan. En abril un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.

En abril del año pasado las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.
***

Declaraciones de vecinos de la zona recogidas por Esquire y aparecidas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega. Julia —que fue liberada por las autoridades tras interrogarla— dice que llegó allí el 29 de junio a eso de las diez de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire la razón de que acudiera a aquel sitio; sin embargo, difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había dos carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Fuera llovía. Julia piensa que quizá se refugiaron allí del agua.

Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con “un pantalón negro y una sudaderita negrita”. Como “a las tres de la mañana”, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. Los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches. En una de las ráfagas murió el primer muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados del SEMEFO del Estado de México que dicen que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.

La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constata que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “no nos maten, no nos maten, estamos secuestradas”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros.

La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos treinta minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo —como a las 7:00 de la mañana, dice Julia— mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia.

Julia dice que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la PGJEM en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que la PGR atrajera la investigación. La testigo afirma que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, la PGJEM y la SEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes. Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los tres primeros días no le dieron de comer y que, incluso, mientras estaba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega.

Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra. Otros aún aguardaban en el SEMEFO de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos.

Tlatlaya, primera gran masacre del gobierno de EPN, según HRW, se vuelve tema mundial

Por: Redacción / Sinembargo - septiembre 19 de 2014 - 0:01
DE REVISTA, MÉXICO, TIEMPO REAL - 75 comentarios

Foto: Cuartoscuro.

Elementos del Ejército dispararon a un grupo de 22 jóvenes a pesar de que no pusieron resistencia, consignan testigos entrevistados por Esquire y AP. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– Casi tres meses después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunciara que en un enfrentamiento había abatido a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, nuevas evidencias provenientes de medios extranjeros revelan que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad.

El miércoles pasado, la revista Esquire publicó la versión de una mujer testigo de la masacre. “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su p$#@ madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, cita la publicación estadounidense en su edición de México.

Ayer, The Associated Press informó de un nuevo testigo que involucra a militares de un fusilamiento extralegal. De acuerdo con la agencia, una mujer relató que vio cuando los militares dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años.

“Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”, describió la agencia de noticias estadounidense cuyo servicio se reproduce en cinco idiomas: inglés, alemán, neerlandés, francés y español, y que es considerada también una de las de mayor alcance mundial.

Por su parte, el director de la división para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes es la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

“El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”, afirmó Vivanco en un comunicado.

¿QUÉ PASÓ EN TLATLAYA?

En agosto pasado, la organización internacional defensora de los derechos humanos pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto esclarecer e investigar a fondo la muerte de 22 civiles a manos de elementos del Ejército, ocurrida el pasado 30 de junio durante un enfrentamiento.

En un comunicado de prensa, el organismo, con sede en Nueva York, señaló que “han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”.

Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular”.

El anuncio oficial de la Sedena dada a conocer horas después del supuesto enfrentamiento señalaba que se desató una balacera en la localidad luego de que elementos del Ejército fueron atacados por miembros de una organización criminal.

Sin embargo, la versión dio un giro de 360 grados, cuando la prensa internacional retomó el caso y se reveló que los soldados habían atacado a los civiles.

“Marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano en las montañas del sur de México cuentan una historia sombría de muerte que implica soldados y presuntos delincuentes. Puede no ser la historia que cuentan los mismos funcionarios”, decía una nota publicada por AP, que decía tener pruebas de que los elementos del Ejército mexicano colocaron a los jóvenes en un paredón (improvisado dentro de una bodega) para dispararles.

Ahora, los nuevos testimonios confirman la sospecha y exigen a las autoridades esclarecer qué pasó en Tlatlaya el pasado 30 de junio.

VERSIONES DE LOS TESTIGOS
Foto: Esquire

Foto: Esquire

Además del testimonio publicado por Esquire, en el que Julia —nombre no real del testigo—, dijo que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirmó Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron

Ayer, un cable de The Associated Press citó a la madre de una joven de 15 años, quien aseguró que a pesar de que la adolescente yacía herida en el suelo, le dispararon más de media docena de veces.

Una semana después de la muerte de los 22, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.

Al menos en cinco lugares de las paredes interiores aparecía un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por un salpullido de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los muertos fueron puestos de pie, arrinconados contra la pared, al momento de recibir uno o dos tiros, precisos, a la altura del pecho.

Después de la historia de la agencia de noticias, la Procuraduría de Justicia de México emitió un comunicado en el que aseguró que “no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución” y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.

Exigen cuentas por caso Tlatlaya
22 de septiembre del 2014

México, 22 de septiembre (Reforma).- El senador Alejandro Encinas, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, envió una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para solicitarle información sobre la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos del Ejército.

“Le solicito en mi carácter de senador por el Estado de México, y de manera formal, toda la información de que disponga la Secretaría su cargo sobre estos lamentables acontecimientos, independientemente de la necesaria respuesta pública que merece la sociedad mexicana de la Secretaría a su cargo”, expresó.

En la misiva, Encinas refiere que en los últimos días se han dado a conocer análisis y declaraciones de presuntos testigos de los hechos, en los que se asegura que se trató de una ejecución donde elementos de las Fuerzas Armadas asesinaron a quemarropa y dieron el tiro de gracia a presuntos delincuentes.

Esto ocurrió, según dijo, aún cuando los supuestos delincuentes habían sido sometidos.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda hizo referencia al testimonio de “Julia” quien aseguró que la mantuvieron tres días sin comer y que incluso fotografiada junto armas incautadas, haciéndole firmar documentos sin recibir copia de ninguno.

“La justicia por propia mano y las ejecuciones humores no están permitidas y pueden formar parte del desempeño de la autoridad en un estado legalmente constituido, democrático y soberano”, dijo.

“Se trata de prácticas inaceptables ya son cometidos por grupos delictivos, policías o por elementos de las Fuerzas Armadas”.

Encinas expresó al funcionario que, cualquier hecho de esta naturaleza que se presentan dentro en el País tiene que ser castigado de acuerdo con la ley.

Advirtió que, de confirmarse estos sucesos, se constituirían en una de las peores ejecuciones extrajudiciales cometidas en el País por elementos del Ejército Mexicano.

“No puede quedar impune, pues pone en riesgo las garantías y derechos fundamentales de los mexicanos, al tiempo que denigra el desempeño de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

El senador del PRD pidió a Osorio Chong no desestimar lo señalado por el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, en el sentido de que el derecho la vida está gravemente en riesgo en México, debido a que la tasa de homicidios es demasiado alta y la impunidad persiste de manera sistemática.
“El relator indicó que es difícil que el enfoque militar mejore la situación y advirtió que, en cambio, puede exponer a la población civil a violaciones de sus derechos, por lo que es necesario fortalecer el Estado de derecho para quienes cometan abusos para que quienes cometan abusos rindan cuentas”, expresó.

En la carta, Encinas le recordó al Secretario que durante su comparecencia ante el Senado, el pasado 9 de septiembre, hizo referencia a la denuncia de Amnistía Internacional en la que se señalaba que la violación de derechos humanos y la tortura persisten y se toleran en México.

Solicita la PGR copias de las declaraciones del caso Tlatlaya

Se tiene "muy en cuenta" el testimonio de una de las presuntas secuestradas
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 22 de septiembre de 2014, p. 12

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron a la Procuraduría de Justicia Militar copias de las declaraciones que soldados y mandos de la 22 Zona Militar han rendido ante autoridades castrenses, mismas que con la PGR investigan los hechos del 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, estado de México, cuando 22 presuntos secuestradores fallecieron en un enfrentamiento con el Ejército mexicano, según el reporte oficial.

Las autoridades militares y civiles consultadas por La Jornada mantienen en total hermetismo el contenido de las declaraciones de soldados y mandos que participaron en ese operativo.

Lo único que informaron los funcionarios entrevistados fue que como parte de la misma indagatoria se tiene muy en cuenta el testimonio otorgado a un medio de comunicación estadunidense por una de las mujeres supuestamente rescatadas tras los hechos, quien refirió que los militares interrogaron y asesinaron a 21 hombres y a una mujer menor de edad, quienes ya se habían rendido ante los efectivos castrenses.

La PGR designó desde la semana pasada un equipo de especialistas en diversas disciplinas para investigar qué sucedió el 30 de junio en Tlatlaya.

Este caso ha llevado a Human Rights Watch (HRW) a pronunciarse en el sentido de que las autoridades mexicanas deben aclarar el tema, pues de confirmarse lo dicho por la testigo, México estaría frente a una de las peores masacres de civiles.

Versión oficial

La versión oficial, dada a conocer por la Sedena el mismo día de los hechos, indica que los militares realizaban un recorrido cuando encontraron una bodega que era custodiada por personas armadas, quienes comenzaron a disparar en su contra. Añade que después de que los soldados repelieron el ataque, en el que murieron 22 presuntos delincuentes, fueron halladas tres mujeres que se encontraban presuntamente secuestradas.

No obstante, una revista estadunidense dio a conocer que la testigo estuvo retenida una semana en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Toluca y en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde fue obligada a firmar documentos y a ser fotografiada junto a las armas incautadas.

A mediados de julio, la agencia de noticias Associated Press difundió un cable en el que sugirió que la muerte de los 22 civiles pudo haber sido por fusilamiento, dado que había poca evidencia de un enfrentamiento armado.

"Sólo seis andanadas parecen haber hecho impacto en la fachada del depósito, la única parte del edificio con ventanas o puertas en la que los soldados habrían disparado a la gente parapetada en su interior (...) Tampoco había indicios de un tiroteo intenso dentro del edificio, pocos orificios de bala y ningún casquillo", expuso la agencia de noticias.

Tlatlaya ya es noticia internacional y también nacional
22 de septiembre del 2014

México, 22 de septiembre.- El tema se hizo presente hace varias semanas. Era delicado porque referirse al Ejército siempre es un tema complejo, que debe hacerse con mucho cuidado y con poco acceso a su información interna que todavía prefieren confidencial.

Intervinieron en su magnificación periodistas y asociaciones de derechos humanos de otros países y no hubo para donde hacerse, lo que parecía una papa caliente para todos se convirtió, simplemente, en noticia. En presencia en todos los medios de comunicación.

Así lo que permanece es la afirmación, autoritaria y firme, del secretario Miguel Osorio Chongo de que la Procuraduría General de la República “hará lo que tenga que hacer”.

Y, sincronizado a esta expresión, que está cargada de significados, fue la voz de Jesús Murillo Karam que personalmente escribió el boletín publicado la tarde del viernes 19 de septiembre la que vino a puntualizar que se hará, justamente, lo que se tenga que hacer “para llegar a la verdad”.

O sea que no existe, no todavía, una verdad.

¿Cómo traducimos esto? Sencillo, duro, pesado: El boletín de prensa de la Sedena, que equivale al parte militar interno, no es la verdad. Al menos no en automático, no todavía.

En el Estado de México, en una comunidad campesina poco conocida, hubo un enfrentamiento el pasado 30 de junio con presuntos delincuentes que dejo un saldo de 22 muertos del lado de los malos y solamente un herido entre los militares.

La organización Human Rights Watch (HRW) lanzó ya una condena por estos hechos que parte de la premisa de que el saldo, un solo herido entre los militares, no guarda “proporcionalidad”. A esto hay que agregarle el testimonio de una testigo que afirma que los presuntos delincuentes fueron asesinados con tiro de gracia.

Las fotografías conocidas hasta la fecha muestran manchas de sangre sobre la pared que podrían corresponder a este tipo de hechos.

En todo este tiempo la Secretaría de la Defensa Nacional ha permanecido sin proporcionar información, lo que abona en la percepción social que da vigencia al testimonio de la supuesta testigo.

Por su parte, para hacer hincapié todavía más en el “sospechosísmo” ha dictaminado que el expediente de la investigación de estos hechos se reservó por 9 años, cuando todavía no ha terminado la investigación.

¿Cuál es la verdad? Me parece, yo confió plenamente en él y en su seriedad penal, en su capacidad de investigación, que Murillo Karam va a llegar hasta ahí. Sea cual sea.

Lo grave, que debemos analizar desde ahora, es que si la verdad resulta en la exculpación de los soldados pocos van a creerle.

Lo que ya marca una voluntad política muy singular, muy diferente, es que se magnifique la investigación. Es decir, el gobierno de la República, el mismo primer mandatario, no se va a quedar con el testimonial de los protagonistas militares ahí presentes. Lo que fue una práctica del poder por muchos sexenios.

Cuando aquel enfrentamiento entre militares y policías federales en Tlalixcoyan la confrontación entre el entonces titular de la Sedena, general Antonio Riviello, y el Procurador Morales Lechuga fue tremenda. Y eso que nunca declaró que investigase a los militares, cuyo jefe, el general que estaba a cargo de la Zona Militar, terminó en una prisión militar sin que se diese a conocer cabalmente su destino.

Ahora hablamos de una investigación federal, de una justicia civil, de una vocación presidencial por la verdad.

Y frente a eso pocos pueden salir impunes. A no ser, obvio, que sean inocentes.

Por donde se vea es un cambio, más que saludable. Que quién sabe cómo se tome hacía dentro de las fuerzas armadas que a final de cuentas no tenían por qué estar en esa zona del país en funciones policíacas.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor