Caso Tlatlaya: 22 sicarios abatidos durante combate entre militares y organización criminal

SHACK-AL escribió:Suena un poco revuelto mi estimado chon_defense, pero sí se puede juzgar a una persona dos delitos derivados de los mismos hechos, lo que no se puede hacer es juzgarla por el mismo delito que derive de los mismo hechos.

SHACK-AL escribió:Por ejemplo si un individuo entra a una casa sin permiso del morador "delito uno, allanamiento de morada", posteriormente golpea y lesiona a uno de los habitantes "delito dos, lesiones". Por último, asesina a una tercera persona "delito tres, homicidio"

SHACK-AL escribió:Ahí tenemos a una misma persona siendo acusada por tres delitos diferentes y todos derivados de los mismos hechos, es un ejemplo muy simple y con ciertos errores claro, pero es sólo para ejemplificar que sí es posible juzgador a una persona en los términos que sugieres.

SHACK-AL escribió:

ORAI escribió:Osea soy criminal creanme.mas a. Mi

No ntendi :scratch:

Admite Sedena que militares se extralimitaron en Tlatlaya, revela la CEAV
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Jesusa Cervantes
15 de octubre de 2014
Nacional


MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que, en el caso de la muerte de 22 jóvenes en el municipio mexiquense de Tlatlaya a manos de elementos del Ejército, “tenía conciencia y constancia de que había hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba”.

Jaime Rochín del Rincón, presidente de la CEAV, reveló lo anterior al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y adelantó que sólo esperan el informe de la CNDH en el que se destaque que “hubo violaciones graves” en el caso Tlatlaya, para que la comisión contacte y atienda a las víctimas.

La presencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un órgano desconcentrado de la administración federal, fue desdeñada por los legisladores, pues de 27 integrantes de la comisión ordinaria sólo asistieron tres diputados: los perredistas Elena Tapia Fonllen y Juan Muñoz Soria, así como la priista y presidenta Miriam Cárdenas Cantú.

Transcurrida la primera hora llegaron dos legisladores más, el priista Rodimiro Barrera Estrada, de Michoacán, y el panista Juan Aquino Calvo, de Chiapas. Minutos más tarde acudió la también priista Esther Garza Moreno, de Guanajuato.

Los temas centrales de la comparecencia fueron el caso Tlatlaya y el ataque, desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En el primer caso, Rochín del Rincón comentó que en cuanto se enteraron del suceso “hablamos a la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena, preguntamos cómo veían el asunto y, desde el primer momento, nos dijeron que se iría al ámbito civil y que la secretaría no iba a proteger ni a defender a nadie”.

Más aún, abundó, “nos comentaron que (el caso) ya estaba en manos de la Procuraduría General de la República, y nos señalaron que sí, que ellos tenían conciencia y constancia de que había, digamos, hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba, que de eso ellos se encargaban de la parte administrativa, pero que de la parte penal ellos no iban a intervenir para defender a nadie”.

El presidente de la CEAV dijo que no han acudido a Tlatlaya porque su función inicia cuando un organismo establece que hay violaciones a los derechos humanos, pero que ya están listos para intervenir y atender a las víctimas de los hechos violentos.

“Nosotros estamos esperando que la CNDH defina, pues ellos informaron en su momento que habían abierto una investigación y que iban a dar una determinación posiblemente como violaciones graves, entonces estamos esperando que haya esa determinación para poder nosotros entrar a operar”, detalló Jaime Rochín, quien aclaró que la comisión “no tiene facultades de investigación”, y “sólo cuando alguien determine que ahí hay una violación a derechos humanos o un delito, entramos”.

También explicó que el comisionado Adrián Franco Zevada fue el primero en analizar el tema a nivel escrito, pero que una vez que se presente la declaratoria de la CNDH y haya una declaratoria de “víctima”, la comisión entrará en acción, pues serían “violaciones gravísimas y esa es una situación intolerable”.

Rochín del Rincón informó que no ha hablado del tema con Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y adelantó que podrían entrar en contacto con las organizaciones de derechos humanos para abordar el tema.

Se reservan su derecho a declarar los acusados de homicidio y encubrimiento
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2014, p. 13

Los cuatro militares involucrados en el caso Tlatlaya (tres de ellos acusados por homicidio y uno por encubrimiento) se reservaron su derecho a declarar ante autoridades del Poder Judicial Federal y pidieron la duplicidad del término constitucional (de 72 a 144 horas) para aportar pruebas que desacrediten las acusaciones en su contra, informaron fuentes judiciales.

Los funcionarios consultados añadieron que la audiencia se efectuó a puerta cerrada en un lugar que hasta el momento se mantiene bajo reserva, y en ella únicamente estuvieron presentes los imputados, sus abogados, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y funcionarios del juzgado tercero de distrito.

La diligencia transcurrió sin novedades y en ella no hubo declaraciones de los militares imputados, quienes oyeron de las autoridades judiciales las acusaciones por homicidio calificado y encubrimiento.

El próximo fin de semana el juzgado resolverá la situación jurídica de los militares detenidos, ya sea con auto de formal prisión o de libertad, una vez que concluya el plazo de 144 horas.

De acuerdo con las investigaciones sobre el caso Tlatlaya, al menos ocho de los 22 presuntos delincuentes fueron asesinados por militares con las armas de los que ya estaban muertos. Según consta en el expediente del caso, la mayoría de los criminales murieron durante un primer tiroteo.

"Descubrimos que fueron muertos por (sus propias) armas y eso hacía que las armas tampoco aparecieran en el lugar en la trayectoria; éstos son los elementos que nos dan la posibilidad de poderlos consignar como homicidio, como lo hicimos", explicó la semana pasada Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, durante una entrevista radiofónica.

Peritos independientes al caso Tlatlaya; será citado el titular de Sedena
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Jesusa Cervantes
14 de octubre de 2014
Nacional
Las marcas de los disparos en Tlatlaya. Foto: Miguel Dimayuga
Las marcas de los disparos en Tlatlaya.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de trabajo, integrado por legisladores para indagar sobre la presunta ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya, anunció que solicitará a “peritos independientes” que revisen las pruebas del caso y también pedirá a Gobernación brinde protección a testigos, sobrevivientes y familiares.

Margarita Elena Tapia Fonllem, legisladora del PRD y presidenta de la comisión, dijo que visitarán la comunidad de San Pedro Limón en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en donde el 30 de junio murieron 22 jóvenes en una bodega a manos de elementos del Ejército mexicano.

En su primera reunión, que había sido pospuesta por integrantes del PRI, según denunció el perredista Roberto López Suárez, la diputada dijo que realizarán una visita a la 22 Zona Militar “para conocer acerca de los hechos, así como del trabajo del personal militar”.

También comentó que “se encomendará la elaboración de dictámenes periciales a peritos independientes, con certificación internacional y experiencia en casos de investigación sobre violaciones a derechos humanos, propuestos en consulta con la Oficina el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja y Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Además, pedirán a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, y a la CIDH, “remitan informes sobre su análisis de los acontecimientos en Tlatlaya”.

Asimismo, los legisladores citarán a audiencia pública al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para que explique el operativo y funciones de mando del batallón 102 de Infantería de la 22 Zona Militar.

Aparte, buscarán tener encuentros con las “víctimas, testigos, familiares y vecinos de la zona para recibir sus testimonios”, y aquéllos podrán ser privados o limitar su difusión del canal del Congreso, según lo determine el grupo de trabajo.

La diputada del PRD y presidenta de la comisión, detalló que solicitarán al Ejecutivo federal que invite a la “Fiscalía de la Corte Penal Internacional y al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU para que realicen vistas de trabajo a México para recabar información sobre el caso”.

En el primer encuentro los miembros de la comisión aprobaron solicitar a Gobernación protección a los sobrevivientes, testigos y familiares de quienes fallecieron, y que a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos se “gestionen las medidas pertinentes en beneficio de los periodistas que han investigado los hechos y enfrenten situaciones de riesgo”.
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mi planteamiento es:
-en la jurisdicción penal podría ser homicidio calificado (cuando menos)
-en el fuero militar... ¿que podria ser? ¿violencia contra civiles causando homicidio?

en ambos se causó homicidio, pero los tipos penales tienen distintos nombres... ¿procedería el amparo para no ser juzgado en AMBOS FUEROS?

Un general y un coronel son investigados por la muerte de 22 sujetos en Tlatlaya

José Luis Sánchez León era el comandante de la 22 Zona Militar en junio pasado
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2014, p. 13

El general de brigada José Luis Sánchez León, ex comandante de la 22 Zona Militar, es investigado por la Procuraduría General de Justicia Militar sobre su presunta participación en la muerte de 22 personas el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, estado de México.

Fuentes cercanas al proceso penal que se sigue a 13 militares vinculados con los hechos ocurridos en el municipio mexiquense señalaron lo anterior y agregaron que además del general, también es investigado un coronel que era el comandante directo de los soldados.

Tanto el general como el coronel, quienes hasta el momento no han sido consignados ante un juez militar, son sospechosos del delito de encubrimiento.

Agregaron los informantes que aun cuando no están detenidos los oficiales, tienen la orden de no salir de sus domicilios ante la posibilidad de que el juez del sexto juzgado militar, quien lleva el proceso en contra de los 25 soldados que integraban el batallón y que estuvieron presentes en el lugar de los hecho, decida ejercer acción penal en su contra.

Los informantes aseguraron que hasta el momento ninguno de los mandos ha sido consignado penalmente.

En septiembre pasado, el general Sánchez León fue removido del cargo de comandante de la 22 Zona Militar y en su lugar fue designado el general de brigada José Ricardo Bárcena Rosales, quien desempeñaba el cargo de subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con fuentes castrenses consultadas, el nuevo mando de la 22 Zona Militar, por el cargo que desempeñaba, cuenta con el respaldo pleno del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda para regularizar la situación y poner orden. Particularmente en el batallón 102, cuyos elementos ya habían sido acusado anteriormente por actos de violencia injustificada.

Los informantes señalaron que tanto el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, como los otros 12 acusados (de un total de 25 elementos que son investigados), refieren en sus declaraciones que el día del incidente fueron atacados a tiros cuando se acercaban a una bodega (en donde fueron muertos 22 presuntos secuestradores –como los identificó en su momento la propia Sedena en un comunicado oficial–) y que de inmediato rindieron parte a su comandante directo (un coronel), quien les habría dado la orden de repeler la agresión.

La defensa de los 13 soldados, quienes ya fueron consignados ante el juez sexto militar por los delitos de desobediencia e infracción de deberes, sostiene que el coronel tenía conocimiento de los hechos y que tenía la obligación de dar parte al comandante de la 22 Zona Militar.

Por lo que si se demuestra que hay delito que perseguir –en el fuero de guerra, porque la indagatoria por homicidio en contra de cuatro de ellos la lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR)–, los mandos de la zona militar tendrían también responsabilidad, porque desde que dio cuenta de lo ocurrido, la Secretaría de la Defensa Nacional sostuvo que los 22 civiles habían muerto como resultado de un enfrentamiento con los soldados, es decir, que los mandos habrían mentido o encubierto a los presuntos responsables, afirmaron los informantes.

ivan_077 escribió:no m***s shackal; que no sea asi porque si no nos carga la v&#!@. y no lo digo por mi, ni por la sedena, sino por el p****e pais!

CNDH emite Recomendación a Sedena por caso Tlatlaya
22 de octubre del 2014

Tlatlaya. Foto: EspecialMéxico, 22 de octubre.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, presentó la Recomendación 51/2014 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionada con los hechos ocurridos el pasado 30 de junio durante un enfrentamiento en el cual un grupo de elementos del Ejército mexicano privaron de la vida a 22 presuntos delincuentes en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En dicha recomendación, la CNDH acredita que ocho miembros castrenses privaron arbitrariamente de la vida a 15 de las 22 personas involucradas en en el enfrentamiento y quienes ya se habían rendido.

Para tal efecto, el Organismo público autónomo se valió de 19 visitadores adjuntos y siete peritos en diferentes especialidades, los cuales lograron dictaminar las siguientes inconsistencias:

La alteración del lugar de los hechos, así como la construcción de una versión oficial para dar sentido al hecho de que todas las personas privadas de la vida habían muerto durante el enfrentamiento.
Omisión al tomar las declaraciones de las víctimas sobrevivientes, así como del trato del que fueron objeto, lo cual dio como resultado que fueran imputadas por delitos que no cometieron.
Omisión al proporcionar fotografías con detalle individual de los cadáveres ubicados en el muro norte de la bodega. Solamente fueron entregadas fotos con planos generales de la zona.
Acciones y omisiones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en agravio de dos de la tres mujeres testigos sobrevivientes al quedar evidenciada la intencionalidad y finalidad consistente en la autoincriminación y en la omisión de detalles sobre la privación arbitraria de la vida de las personas que murieron en la bodega.
Actos de intimidación en agravio de la tercera víctima sobreviviente, entre los cuales se encuentran tratos inhumanos e irregularidades en la carpeta de investigación.

De la misma manera, la CNDH logró acreditar que durante el día de los acontecimientos, la escena del crimen no fue preservada de manera adecuada, ya que algunos cuerpos fueron movidos de ubicación y posición, se colocaron armas en algunos cuerpos y se sustrajeron teléfonos y equipos de radiocomunicación, cuya existencia consta en los testimonios.

En vista de lo anterior, el titular de la institución formuló los siguientes puntos recomendatorios:

A la Sedena

Proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas indirectas y familiares con indemnización, atención médica y psicológica. Dar atención médica a los sobrevivientes. Que sus elementos cumplan con el Manual de Uso de la Fuerza y se abstengan de alterar las escenas de los hechos, así como reforzar su capacitación en materia de Derechos Humanos.
Colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hecho y queja interpuesta ante la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar y la Unidad de Inspección y Contraloría General.

A la PGR

Tomar en cuenta la Recomendación para la integración de la averiguación previa y garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas indirectas.
Consignar a los elementos que participaron en los acontecimientos.
Otorgar protección a los familiares de las personas fallecidas.

Al Gobierno del Estado de México

Reparación del daño a los sobrevivientes, con indemnización, atención médica y psicológica.
Investigar respetando los derechos humanos de las víctimas.
Proporcionar a los peritos de la PGJEM y al personal ministerial cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos y criminalística para realizar diligencias precisas.

Recomendación completa aquí.

Angel Silva

@Usul16

Estado Mayor

   Proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas indirectas y familiares con indemnización, atención médica y psicológica. Dar atención médica a los sobrevivientes.

Que sus elementos cumplan con el Manual de Uso de la Fuerza y se abstengan de alterar las escenas de los hechos, así como reforzar su capacitación en materia de Derechos Humanos.

TLATLAYA: UN ANTES Y DESPUÉS PARA EL PAÍS

Shaila Rosagel - octubre 30 de 2014 - 0:00
MÉXICO, TIEMPO REAL - 3 comentarios

La masacre de Tlatlaya marcó un antes y un después en el actual sexenio. Aunque el hecho fue sepultado, primero por la desinformación y luego por otro evento violento (la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa), es considerada por organizaciones internacionales como una de las más grandes tragedias en México en materia de Derechos Humanos.
También puso en evidencia las ejecuciones extrajudiciales en manos de fuerzas del Estado. Fueron militares los que participaron el 30 junio pasado en el operativo en el que murieron 22 presuntos delincuentes, varios de ellos ejecutados a mansalva. El Gobernador de Edomex, Eruviel Ávila, defendió el operativo y congeló el caso por 9 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ahondó más su crisis interna, cuando su titular dijo, sin más datos que sus propios dichos, que había sido un enfrentamiento y no una ejecución sumaria.
El tema es más de fondo, coinciden los expertos. Por un lado está la oscuridad del caso y por otro, la promesa incumplida del Presidente Enrique Peña Nieto, quien ofreció en campaña sacar de las calles a los soldados.
Lugar donde fueron ejecutadas 22 personas. Foto: Especial

La bodega donde el 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, fueron ejecutadas 22 personas. Foto: Especial

Ciudad de México 30 de octubre de 2014 (SinEmbargo).– Lo que sucedió aquel 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, aún está impune. A cuatro meses de la ejecución de 22 personas, entre ellas adolescentes, las autoridades no han entregado resultados para deslindar responsabilidades y los mexicanos deberán esperan más para saber si habrá una investigación que no ha ido a fondo, coincidieron activistas y expertos criminólogos.

“Hay interrogantes que no se han resuelto. Las investigaciones no han llegado a puerto seguro. La población y grupos sociales quieren saber de quién fue la responsabilidad; como autoridades estaban obligados a hacer cumplir la ley y no lo hicieron. Al Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] le tomaron el pelo; creyó lo que le dijeron y yo creo que al sistema le ha costado reconocer su error. Todas las autoridades involucradas están en un predicamento para determinar quiénes son, con nombre y apellido, los responsables”, dijo el criminólogo Pablo Monzalvo Pérez.

Lo último que se supo sobre el caso fue que el 30 de septiembre (tres meses después del crimen). El Juzgado Sexto Militar dictó auto de formal prisión en contra de un teniente y siete soldados, al reconocer que dispararon a mansalva contra civiles, presuntamente delincuentes, que nunca fueron juzgados porque se trató de una ejecución sumaria.

El juez militar –con sede en el Campo Militar No. 1– determinó que existían pruebas suficientes para procesarlos por delitos previstos en el Código Militar relacionados con desobediencia e infracción de deberes. Días después, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que consignaría por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en un supuesto enfrentamiento en una bodega del poblado San Pedro El Limón, en el municipio de Tlatlaya.

El Procurador Jesús Murillo Karam expuso entonces que la acusación es independiente al proceso que les sigue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por desacato, fallas y desobediencia y precisó que aún se está analizando hasta dónde llegan las responsabilidades de los otros cinco militares detenidos. Agregó que después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, tres militares ingresaron a la bodega y realizaron una nueva secuencia de disparos, lo que, dijo, “no tiene justificación alguna”.

Pero a cuatro meses de aquellos hallazgos, aún no se conocen mayores resultados de las pesquisas de la PGR.

“Tiene que haber una responsabilidad, a qué autoridad obedecieron, hay una cadena de mando, quién lo ordenó, no sabemos a qué nivel está esto, no sabemos qué pasó, donde claramente hay un responsable”, expuso Monzalvo.

Eruviel Tirado, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles-Militares de la Universidad Iberoamericana, coincidió con Monzalvo.

“Hay una serie de conductas que no se investigaron por completo, no hay profundización en la investigación. No basta con señalar que no se aplicaron protocolos de operación del grupo que finalmente ultrajó y masacró a las personas que estaban en esa bodega, tanto la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] como la Procuraduría deberán ahondar en esa explicación: ¿Por qué se estaba realizando ese patrullaje por parte de los militares? Hay una falta de conocimiento por las cadenas de mando, no tenían el debido control sobre los elementos el ejercito. Lo que señala la Comisión, aunque lo quiso suavizar, es grave, porque dice que se cometieron delitos de lesa humanidad”, explicó.

Apenas el 21 de octubre pasado, casi cuatro meses después de la masacre, la CNDH reculó y emitió una recomendación a la Sedena, PGR y al gobierno del Estado de México por el caso Tlatlaya.

El Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, calificó este episodio como una de las “peores violaciones” a los derechos humanos. Antes, el 23 de septiembre, cuando ya habían pasado 85 días de la matanza, Plascencia dijo que “tenemos una claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de 2 horas entre el Ejército y estas personas, se dispararon entre unos y otros”.

Esa versión fue la misma del Gobernador Ávila Villegas, quien pretendió defender al Ejército mexicano. Ávila ordenó reservar (congelar) durante nueve años la información referente al caso. Pero el Ombudsman nacional, cuestionado y presionado por grupos civiles por sus relaciones con el poder, modificó su análisis.

De acuerdo con el informe de la CNDH: “22 personas, incluyendo dos adolescentes de 17 años, fueron privados de la vida, siendo el caso que cuatro fueron heridos presumiblemente en medio del intercambio de disparos en un contexto de fuego cruzado. Doce personas fueron presumiblemente privadas de la vida arbitrariamente por personal militar sin estar heridos, incluidos dos adolescentes y, respecto de otras tres víctimas, no se pudo determinar la condición en que fueron privadas de la vida en virtud de que los cuerpos fueron manipulados, lo que hace presumir también que fueron privadas arbitrariamente de la vida”.

Para Monzalvo, la población mexicana está pagando el precio de la decisión del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa de enviar a las tropas militares a las calles y de la actual administración de Enrique Peña Nieto, por no retirarlas.

“Estamos pagando el precio de como país darle al Ejército tareas que son de la Policía. El Ejército se hizo para defender la autonomía y soberanía de un país, no para combatir la delincuencia, su mentalidad es de guerra y esta no es una guerra, aunque la quieran llamar así. No es militar, es de seguridad social y ciudadana”, expresó Monzalvo.

Tirado indicó que las autoridades mexicanas no han revisado los esquemas de control y supervisión de las actividades de las fuerzas armadas y agregó que Tlatlaya debe redirigir la mirada hacia la relación civil-militar en México, pues al carecer de la debida supervisión y coordinación al interior de las fuerzas armadas, se abren espacios a la arbitrariedad.

CRIMEN DE ESTADO: ACTIVISTAS
Morelos es un narcoestado, un Estado fallido, afirma el poeta y escritor Javier Sicilia. Foto: Cuartoscuro

Para el poeta y escritor Javier Sicilia lo que pasó en Tlatlaya es un crimen de Estado. Foto: Cuartoscuro

Para Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), lo que sucedió en Tlatlaya es un crimen de Estado y está impune.

“Si no hay una limpia y un establecimiento y verdadero Estado de derecho, casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa serán a la orden del día y será atroz. El tratamiento que se le ha dado a este caso es sumamente grave, porque parece que el gobierno está del lado del crimen organizado y del crimen de Estado. Parece que van de la mano”, externó.

Sicilia Zardain planteó que en México existen muchos Tlatlayas que no fueron dados a conocer en su momento. Crímenes de Estado que quedaron impunes y de los cuales, la opinión pública sólo conoció el boletín oficial.

“Con toda seguridad hay más Tlatlayas. No sabemos lo que está pasando con el crimen organizado ni con el crimen de Estado. Falta que se investiguen todos los crímenes del Ejército y la Marina”, dijo en entrevista.

Francisco Cerezo, miembro de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México, coincidió con Sicilia.

“Tlatlaya es un claro ejemplo de una ejecución extrajudicial y no es un caso aislado, es una política del Ejército y del Estado”, detalló.

Estas ejecuciones, agregó Cerezo, datan desde la administración de Calderón Hinojosa (2006-2012).

“Pero no nos enteramos porque no hubo sobrevivientes que denunciaron, como ocurrió en Tlatlaya. Esto es una política dirigida desde las altas esferas del poder y para eso fueron entrenados”, expresó.

Cerezo insistió que sin sobrevivientes, sólo se conocería la versión oficial del Ejército y del mismo Eruviel Ávila.

EL GOBERNADOR OMISO
El Gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas. Foto: Cuartoscuro

El Gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Foto: Cuartoscuro

Sobre la actuación de Eruviel Ávila en el caso Tlatlaya, Javier Sicilia expuso que no sólo se le deben deslindar responsabilidades, sino exigir que renuncie por omiso.

“Un Gobernador que como [Ángel] Aguirre debe de salir, despedirlo, investigarlo. El caso de Eruviel es la misma historia, no queremos que se deslinden, queremos que se vayan, que se les investigue por omisión, por comisión y no merecen estar en ese puesto. Un Gobernador que no sabe lo que está sucediendo en su estado, debe ser juzgado por alta traición”, indicó Cerezo.

El activista agregó que debe de procesarse a los autores materiales e intelectuales del crimen y lanzó una pregunta al aire sobre Ávila Villegas: “¿A lo mejor está metido en eso? Él aplaudió tanto la actuación del Ejército”.

A principios de este mes, el mandatario mexiquense fijó su posicionamiento sobre el tema desde el Palacio de Gobierno de Toluca. Pidió a los periodistas “su comprensión” ante su postura (no hacer más cuestionamientos sobre el tema) y explicó que el gobierno estatal sólo atenderá los requerimientos de las instituciones judiciales que investigan el caso.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo a SinEmbargo, un día después, que Ávila Villegas debería ser el primero en exigir que se transparente y resuelva el caso de Tlatlaya para limpiar su imagen, pues fue pieza clave en la “operación para desvirtuar la verdad de lo ocurrido”.

“Me sorprende la actitud del Gobernador del Estado de México, él debería estar muy molesto y muy preocupado con lo que ocurrió, porque evidentemente él fue una pieza clave en esta operación para desvirtuar la verdad de lo ocurrido y para engañar a la opinión pública nacional e internacional respecto de esta masacre”, dijo Vivanco en entrevista.

Eruviel Ávila, añadió, tendría que demostrar que no tuvo nada que ver en la versión oficial, que por casi tres meses se hizo creer a la opinión pública.

Para Vivanco, el Gobernador debería exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias, no sólo esclarecer quiénes fueron los autores directos o indirectos de la masacre, sino de todos los que encubrieron los hechos.

“Porque él fue una figura clave que a las horas de ocurrida la masacre, estaba repitiendo literalmente la versión oficial elaborada por el Ejercito, en el sentido de que se había tratado de un enfrentamiento por un grupo de delincuentes donde de un lado murieron 22 y del otro ninguno”, recordó.

Vivanco prosiguió: “Esa fue la versión oficial. No tenemos elementos, antecedentes como para acusar al Gobernador de ser encubridor de estos hechos, porque no tenemos la evidencia de quién le comunicó esta información al Gobernador y quién lo llevó a él, al igual que al Procurador, a sostener la misma versión del Ejército. No sabemos simplemente si lo hicieron porque querían quedar bien con el Ejército, porque acostumbran a repetir las versiones oficiales que provienen del Ejército y entienden que esa es su función, lo hicieron porque alguien les informó que esa era la única posibilidad y que no habría una investigación seria y que la posición era cerrar el capítulo y punto”.

Horas después de lo ocurrido en el Edomex, las primeras declaraciones del mandatario fueron: “El Ejército Mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas; lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente”.

El Gobernador del Estado de México felicitó a los militares por su actuación en Tlatlaya y lamentó la pérdida de vidas humanas.

Pero la revista Esquire publicó el testimonio de un testigo identificada como Julia, quien presenció la masacre:

“Ellos [los soldados] decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su p$#@ madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron [de la bodega]. Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. […] Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’.[…] Luego los paraban así en hilera y los mataban. […] Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

En tanto, la agencia de noticias The Assoaciated Press dio cuenta del testimonio de otra mujer, quien relató cómo dispararon y asesinaron a su hija Érika Gómez González, de 15 años.

“Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”, describió a la agencia de noticias estadounidense.

Sedena y PGR aún no admiten recomendación sobre Tlatlaya
Jesús Aranda y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de octubre de 2014, p. 13

A diferencia de otros casos, en los que la respuesta a recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es más pronta, en el caso de los jóvenes presuntamente ajusticiados por militares en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el pasado 30 de junio, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han admitido aún la recomendación respectiva.

El pasado martes 21 de octubre, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, informó que la recomendación a la Sedena consiste en que proceda a la reparación del daño a las víctimas, dé atención médica y sicológica a tres mujeres que sobrevivieron al ataque (las cuales están presas en el penal de Tepic, Nayarit) y capacite a sus elementos para la correcta aplicación de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, además de ejercer acción penal contra los militares vinculados con los hechos.

A la PGR y al gobierno mexiquense les pidió acelerar las investigaciones sobre el tema para seguir deslindando responsabilidades y capacitar a las autoridades encargadas de indagar estos casos. De acuerdo con la ley, ambas dependencias tienen 15 días hábiles para notificar a la CNDH su respuesta.

Tres de ocho militares imputados en el caso Tlatlaya solicitan amparo
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 30 de octubre de 2014, p. 10

Tres de los ocho militares detenidos por el caso Tlatlaya pidieron el amparo y la protección de la justicia federal contra el auto de formal prisión que enfrentan por el homicidio de 22 presuntos delincuentes.

A decir de fuentes del Poder Judicial de la Federación, los tres soldados consideraron que la decisión de un juez de procesarlos viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Hace tres semanas la PGR ejerció acción penal contra los militares por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso, lo que no permite la libertad provisional bajo fianza.

La PGR imputa a tres militares el homicidio de 22 presuntos secuestradores, y a otros cinco, entre ellos un teniente, el delito de encubrimiento.

El juicio de garantías es un recurso de defensa al que tiene derecho cualquier procesado que considere que es injustamente sometido a juicio penal, y en este caso específico, los abogados de los militares alegan que los presuntos secuestradores sí murieron en un enfrentamiento.

La PGR mantiene abierta la averiguación previa por ese caso con el fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.

Diputados piden permiso a Peña para que ONU y CPI conozcan del caso Tlatlaya
Seguir a @jesusaproceso
Jesusa Cervantes
29 de octubre de 2014
Nacional
Las marcas de los disparos en Tlatlaya. Foto: Miguel Dimayuga
Las marcas de los disparos en Tlatlaya.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo legislativo para esclarecer el caso Tlatlaya decidió “pedir permiso” al Ejecutivo federal para que “considere la posibilidad” de invitar a la Corte Penal Internacional (CPI) y al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas para que venga a México y recaben información.

A través de la recolección de firmas y llevando y trayendo la propuesta a cada oficina de los diputados que conforman el grupo de trabajo, la presidenta de la comisión, Elena Tapia Fonllem, logró finalmente que se avalara el plan de acción y en el que también destaca celebrar audiencias, “por separado, con las víctimas y sus familiares, testigos, vecinos de la zona y colectivos que defienden a los imputados” para recibir sus testimonios y propuestas.

Se aclara que las audiencias podrán ser privadas.

Los diputados aprobaron también trasladarse a la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, comunidad mexiquense donde el 30 de junio el Ejército ejecutó a un grupo de civiles, según determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los legisladores buscarán un encuentro con los militares involucrados en los hechos.

Además, intentarán reunirse con las autoridades involucradas, en especial el secretario de la Defensa Nacional; además, pedirán a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que respalde a víctimas, sobrevivientes y familiares.

Otro acuerdo de la comisión de trabajo fue hablar con los médicos forenses y personal de salud que participaron en las primeras autopsias de los ejecutados y con quienes atendieron al soldado herido.

Finalmente, el grupo de trabajo buscará a los periodistas que han abordado el caso.

Soldados piden ampliar plazo para declarar
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2014, p. 16

Los siete militares implicados en el caso Tlatlaya que fueron consignados ante el Poder Judicial de la Federación el pasado viernes por diversos delitos se reservaron cualquier declaración ante el juez que resolverá su situación jurídica y solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será el viernes próximo, a las 8:22 horas, cuando se conocerá si enfrentarán un proceso penal o quedarán en libertad por las imputaciones de la justicia civil.

Autoridades del juzgado primero de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México, que actuaron por exhorto, fueron las que encabezaron la diligencia judicial.

A tres militares se les imputa el delito de homicidio doloso de ocho de los 22 presuntos secuestradores que fallecieron en septiembre pasado en Tlatlaya, estado de México.

Todavía no está claro si únicamente ocho de los 22 presuntos plagiarios que murieron en Tlatlaya fueron presuntamente asesinados por los militares o si sólo la PGR encontró pruebas determinantes para demostrar la culpabilidad de tres de los siete efectivos por ocho homicidios.

En caso de que el juzgado primero encuentre elementos suficientes para procesarlos, dictará auto de formal prisión el próximo viernes, a no ser que los abogados de los militares aporten pruebas esta semana encaminadas a demostrar su inocencia.

Independientemente de la imputación que hizo la PGR contra éstos, entre ellos un teniente, enfrentan cargos en el fuero castrense, por lo que, en caso de librar las acusaciones de la justicia civil, permanecerán en prisión.

Los consignados son: Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.

Tardía, la consignación de siete militares implicados en el caso Tlatlaya: diputada
Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2014, p. 16

La presidenta de la comisión especial que investiga el caso Tlatlaya, Elena Tapia, calificó de tardía la consignación de siete militares involucrados en la matanza de 22 personas en el estado de México. "De nueva cuenta la jurisdicción castrense se extralimitó, pues mantuvo la investigación durante mucho tiempo sobre un hecho que a simple vista trascendía la mera disciplina militar. Los cargos que pesarían sobre los imputados son insuficientes", enfatizó.

La legisladora perredista consideró que el caso requiere una interpretación de los hechos a la luz de los estándares internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y contra las ejecuciones extrajudiciales.

"Es necesario plantear sanciones contra quienes hayan incurrido en la alteración de la escena del delito, fallas en la cadena de custodia, irregularidades en la investigación, así como posibles actos de encubrimiento. Debe evaluarse sin demora la actuación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en los ámbitos civil y militar para conocer las razones de esta tardanza, que envía una señal negativa a la ciudadanía, la cual demanda una acción decidida contra la impunidad".

Instalan grupo de seguimiento a Tlatlaya
06 de noviembre del 2014

México, 6 de noviembre (Reforma).- Casi un mes después de su expedición, el Estado mexicano instaló un grupo de seguimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Tlatlaya.

Jaime Rochín, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), confirmó la instalación de un grupo encabezado por la Secretaría de Gobernación, y donde participan autoridades de la Procuraduría General de la República, Relaciones Exteriores y la CEAV.

“Este grupo fue convocado por la Secretaría de Gobernación para dar cumplimiento a unas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana.

“Las acciones están siendo coordinadas por la subsecretaria (de Derechos Humanos) Lía Limón”, informó Rochín.

Desde la Comisión, añadió, se apoyará en la determinación de las medidas cautelares y, eventualmente, en el proceso de reparación del daño.

Las medidas cautelares fueron dictadas el 10 de octubre a favor de Clara Gómez González y su familia, en su calidad de testigo y sobreviviente de la masacre ocurrida en Tlatlaya, Estado de México.

En la resolución 423/14, se urge al Estado mexicano a proteger la integridad y vida de la víctima y su familia, a través de medidas que deben ser concertadas con los propios beneficiarios.

En dicho sentido, la CEAV dio a conocer que autoridades de distintas dependencias se reunieron con la víctima y sus representantes, en un encuentro para reconocer sus aportaciones al avance de las investigaciones, y para asumir el compromiso de su protección y atención integral.

Gómez González, de acuerdo con recuentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es madre de una joven de 15 años que falleció en la masacre.

Según su testimonio, fue levantada mientras intentaba reunirse con su hija, y llevada a la fuerza a la bodega donde presenció los hechos.

¿Qué pasó realmente en Tlatlaya? Las versiones de CNDH y PGR no coinciden

En este día en que se define la situación jurídica de los siete militares consignados por el caso Tlatlaya, Animal Político te presenta las diferencias en las versiones que PGR y CNDH dieron sobre el enfrentamiento del pasado 30 de junio en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el que fallecieron 22 personas.

NOVIEMBRE 7, 2014
Redacción Animal Político


Las versiones de la PGR y la CNDH sobre lo que sucedió el pasado 30 de junio en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, no cuadran. Según la Procuraduría General de la República elementos del Ejército ejecutaron a 8 de los 22 fallecidos esa madrugada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que fueron 15.

Además, en la versión de los hechos de la PGR, fueron tres militares los que entraron a la bodega para ejecutar a algunos de los heridos después del enfrentamiento; según la CNDH fueron ocho soldados.
Dos semanas después de que la revista Esquire México y la agencia The Associated Press publicaran el testimonio de una mujer que presenció los hechos -quien aseguró que elementos del Ejército mexicano ejecutaron a las personas que se encontraban en la bodega- la PGR salió por primera vez a hablar del tema y 20 días después la CNDH emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), PGR y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

Tanto la PGR como la CNDH coinciden en que ocho militares iban a bordo de un vehículo que se detuvo frente a la bodega donde comenzó el enfrentamiento.

En este día en que se define la situación jurídica de los siete militares consignados por el caso Tlatlaya, Animal Político te presenta las diferencias en las versiones que PGR y CNDH dieron sobre los hechos.

El número de ejecutados por los militares

PGR: dice que fueron 8.

CNDH dice que fueron 15.

El número de heridos y muertos por el enfrentamiento

PGR: 14.

CNDH: 7.

¿A qué hora empezó el enfrentamiento?

PGR: Hasta la fecha no ha dado dato oficial.

CNDH: 4:20 horas.

¿Cuánto tiempo duró el enfrentamiento?

PGR: Entre 8 y 10 minutos.

CNDH: Entre 5 y 10 minutos.

Número de militares que entraron a la bodega

PGR: 3 de 8. Según el procurador Jesús Murillo Karam, los militares que no entraron a la bodega fueron un soldado herido, el Teniente que asistía al lesionado y el chofer. ¿Y los otros dos militares qué hacían? No se menciona.

CNDH: 8 de 8. Cuando terminó el enfrentamiento, 8 militares entraron a la bodega y permanecieron en su interior. Después llegó el comandante de la Zona y aunque por 6 horas no llegó ninguna autoridad civil, sí llegaron más elementos militares para verificar los hechos.

Número de militares que participaron en la ejecución

PGR: 3.

A Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides se les atribuye una presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo

CNDH: 8. En la recomendación, la Comisión dice que no es posible determinar quién participó en la ejecución, quién la presenció ni quién la encubrió y ordenó, pero se lo atribuye “al personal del 102º Batallón de la base de operaciones de San Antonio del Rosario de la Sedena que estuvo presente en el lugar”, aunque también “debe tomarse en cuenta la posible participación de otros elementos militares que arribaron al lugar de los hechos”.

¿Cómo ejecutaron a los que no murieron en enfrentamiento?

PGR: Tres militares entraron “y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna”, dijo Jesús Murillo Karam. Los soldados implicados utilizaron las armas de las personas fallecidas en enfrentamiento para ejecutar a los demás, jóvenes presuntamente relacionados con el cártel de La Familia Michoacana.

CNDH: Los testimonios de tres mujeres testigos coinciden en que los militares entraron a la bodega y encontraron a civiles rendidos y desarmados. Después los sacaron uno por uno, los obligaron a hincarse, a decir su apodo, su edad, su ocupación, para después dispararles. En otro momento, los militares llamaron a dos presuntos secuestrados con el pretexto de tomarles una fotografía, pero les disparó.

¿El lugar de los hechos fue alterado?

PGR: Sí. Los tres militares que la dependencia acusó de homicidio también tienen cargos por alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

CNDH: Sí. El lugar de los hechos fue alterado “a tal grado que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían en el suelo”.

¿Quiénes eran dos de las mujeres “rescatadas” de la bodega?

PGR: Afirma que no fueron víctimas y que pertenecían al grupo de criminales reunidos en la bodega. Hoy están presas por acusaciones de tráfico y posesión de armas.

CNDH: Eran sexoservidoras, sin responsabilidad alguna.

Apelan auto de formal prisión militares acusados de la matanza en Tlatlaya
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 10 de noviembre de 2014, p. 14

Abogados de los siete militares presuntamente implicados en la matanza de 22 personas en Tla-tlaya, estado de México, ocurrida el pasado 30 de junio, interpusieron un recurso de apelación contra el auto de formal prisión que se dictó la semana pasada a los militares, informaron fuentes del Poder Judicial.

En los próximos días el recurso será enviado a un tribunal unitario de circuito para que se revise si el auto de formal prisión estuvo fundado y motivado en la ley y en los hechos que se les imputan a los efectivos castrenses.

Eduardo Torres Carrillo, juez primero de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, determinó la semana pasada iniciarles un juicio a los sospechosos en un expediente donde sólo tres militares fueron procesados por el delito de homicidio, por la muerte de ocho de las 22 personas.

Según informes del Poder Judicial de la Federación, los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides fueron los únicos a quienes les abrieron el juicio por el homicidio calificado de ocho personas, así como por los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

A estos militares, así como a sus compañeros Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, también se les dictó la prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Al mismo tiempo, Rodríguez Martínez fue procesado por el delito de encubrimiento y no impedir la consumación de un ilícito.

Salvo el delito de homicidio, ninguno de los ilícitos que la Procuraduría General de la República les imputa son graves, motivo por el que cinco de los siete militares tendrán la posibilidad de conseguir la libertad provisional bajo caución.

Los inculpados participaron en un operativo registrado el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 personas en el interior de una bodega.

Los militares fueron encarcelados en el Campo Militar Número 1, en el DF, donde les iniciaron un juicio en el fuero castrense.

El gobierno del Edomex buscará reparar daño por el caso Tlatlaya: Eruviel Ávila
Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2014, p. 13

El gobierno del estado de México "buscará la reparación del daño a las tres víctimas" de los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el poblado de Tlatlaya, donde soldados habrían ultimado a 15 sospechosos en una bodega de granos después de un enfrentamiento a tiros, aseguró el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas.

Tras participar en la inauguración del Seminario sobre acción internacional de gobiernos locales iberoamericanos, que se lleva a cabo en la cancillería, el mandatario local recordó que cuenta con 13 días para turnar a las diferentes áreas de su gobierno la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del estado "realizará las investigaciones para deslindar responsabilidades".

Dicha recomendación, que se emitió el pasado 21 de octubre, señala la responsabilidad de personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México en los hechos, por haber incurrido en actos de tortura y graves violaciones a las garantías individuales de personas que sobrevivieron a la masacre.

Interrogado sobre lo que significa esa "reparación del daño", Eruviel Ávila respondió: "Se hará lo que sea necesario. Primero, una posible indemnización es lo que se puede contemplar para las víctimas de esos hechos". Sin embargo, recordó que el caso todavía está siendo investigado, "así que esperaremos los resultados. Pero procederemos conforme a derecho si alguien violó la ley".

Al preguntarle sobre el compromiso de los estados para blindar las elecciones federales del año próximo ante la situación de violencia que enfrenta el país, el mandatario mexiquense dijo que todas las entidades "estamos obligadas a proteger muy bien los procesos electorales federal y locales, en donde tengan lugar, con coordinación, haciendo respetar las leyes en materia electoral y de seguridad, y sobre todo expresando la disposición de colaboración".

–¿Firmando un pacto con el gobierno federal y los partidos? –se le preguntó.

–No sé si firmando pactos. Creo que cada quien haciendo y asumiendo su responsabilidad, y si hay que firmar un pacto claro que ahí estaré. Los estados estamos obligados a que desde el ámbito municipal, depurando los cuerpos policiacos, atendiendo las instrucciones del Consejo Nacional de Seguridad, de esa manera estaremos blindando el proceso electoral.

Dos mujeres cambiaron declaraciones sobre su presencia en el sitio de la matanza
Siete militares implicados en el caso Tlatlaya piden careo con tres testigos
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 19 de noviembre de 2014, p. 9

Los siete militares implicados en el homicidio de 22 presuntos secuestradores en una bodega ubicada en Tlatlaya, estado de México, reportado el pasado 30 de junio, solicitaron al juez federal que los procesa un careo con las tres mujeres que se encontraban en el lugar de los hechos, dos de las cuales han variado sus declaraciones en otras tantas ocasiones.

Abogados de los procesados –quienes pidieron no mencionar sus nombres– informaron a La Jornada que el objetivo de los careos es lograr que las mujeres caigan en más contradicciones.

Los defensores afirmaron que el día en que ocurrieron los hechos, las tres mujeres dijeron a los ocho efectivos castrenses (hoy presos) que eran víctimas de la banda de plagiarios.

Sin embargo, una de ellas ocultó que se encontraba en la bodega por ser madre de una mujer que pertenecía al grupo de supuestos secuestradores que fueron asesinados por los militares.

Otra de las supuestas víctimas, identificada con el sobrenombre de Julia, ha variado sus declaraciones varias ocasiones: primero, el día de los hechos, dijo a un agente del Ministerio Público del estado de México que si estaba en la bodega era porque había sido raptada horas antes.

Días después de lo ocurrido, Julia fue entrevistada por la revista Esquire. A ese medio de información de Estados Unidos dijo que los supuestos plagiarios fueron heridos y minutos después asesinados por los militares, en una especie de fusilamiento.

Dos meses después de los hechos Julia cambió su versión, que originalmente había dado a funcionarios ministeriales del estado de México.

Nueva versión

En su nueva declaración, ahora ante fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) que ya habían atraído las investigaciones, afirmó que en realidad ella se dedicaba a hacer el aseo en esa bodega y que no era víctima de rapto.

Hoy, Julia y la mamá de una de las personas que falleció en la bodega se encuentran en prisión, ya que la PGR encontró una semi plena prueba para imputarles los delitos de encubrimiento y falsedad en declaraciones, añadieron los abogados.

La tercera mujer de quien se pedirá el careo con los siete militares detenidos es una joven dedicada a la prostitución.

Ella ha sido la única de las tres mujeres que desde su primera declaración sostuvo que los soldados que participaron en los hechos sí fueron recibidos a balazos.

La joven también ha sostenido desde su primera declaración que después de unos minutos de enfrentamiento los elementos castrenses controlaron las cosas, y que cuando entraron a la bodega aún encontraron con vida a varios de los presuntos secuestradores.

Según esa testigo, antes de ser ultimados algunos de los supuestos plagiarios habría dicho: "Ahí muere, nos rendimos".

El pasado siete de noviembre un juez federal dictó auto de formal prisión por diversos delitos a los siete militares presuntamente implicados en la matanza de 22 personas en Tlatlaya.

Eduardo Torres Carrillo, juez primero de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, determinó iniciar a los sospechosos un juicio en un expediente en el que sólo tres soldados fueron procesados por la muerte de ocho de las 22 personas.

Según informes del Poder Judicial de la Federación, los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides fueron los únicos a quienes les abrieron juicio por el homicidio calificado de ocho personas, así como por los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

A dichos efectivos, así como a sus compañeros Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, también se les dictó prisión por ejercicio indebido del servicio público.

Al mismo tiempo, Rodríguez Martínez fue procesado por el delito de encubrimiento, por no impedir la consumación de un ilícito.

Exigen identificar a mandos por Tlatlaya
02 de diciembre del 2014

México, 2 de diciembre (Reforma).- Diputadas de la Comisión Especial sobre el caso Tlatlaya exigieron conocer la cadena de mando de los militares involucrados en la matanza, así como modificar el delito por el que son acusados.

En una reunión con Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, la Comisión repitió su exigencia por conocer quién ordenó la ejecución de personas que ya se habían rendido ante el Ejército.

Además, pidieron que los siete soldados que enfrentan un proceso penal sean procesados por ejecución extrajudicial, y no por homicidio calificado.

“Ella lo que dijo es que, como ya están detenidos, y como se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano (…) que con eso ya no iba a haber responsabilidad de Estado”, detalló después de la reunión la diputada Loretta Ortiz.

“Eso es falso, porque no es lo mismo que se detenga a una persona por homicidio calificado que por ejecución, ni la penalidad va a ser la misma”, dijo, “si lo hacen de manera sistemática incluso representa un crimen de lesa humanidad”.

La diputada Elena Tapia agregó que pedirán una reunión con el Ombudsman Luis Raúl González, para aclarar ciertas imprecisiones presentes en la recomendación por violaciones graves de derechos humanos en el caso Tlatlaya, emitida por el entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.

Por ejemplo, expuso Ortiz, la recomendación no deja claro quiénes son las víctimas, lo cual, para efectos de reparación del daño, las deja en indefensión.

Asimismo, no especifica, a su percepción, cuántas personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por los militares, ni cuál fue la cadena de mando.

La legisladora señaló que se reunirán con la esperanza de adquirir mayor información sobre los hechos, puesto que las autoridades no han proporcionado los detalles suficientes para esclarecer todas sus dudas.

Las diputadas confían en poder elaborar un informe para el Pleno de la Cámara y la sociedad en general, en el cual se detalle el caso, y el cual impulse una legislación en materia de ejecución extrajudicial.

En cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado ante los familiares de la víctima, Ortiz explicó que sólo se está brindando información sobre la investigación a quienes se han acercado a las autoridades.

No obstante, no reportó avances en el cumplimiento de otras obligaciones, como una reparación que incluya atención médica, psicológica y económica.

Tapia añadió que las medidas cautelares emitidas en favor de un sobreviviente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se están cumpliendo.

A las otras dos sobrevivientes, quienes se encuentran presas a pesar de haber denunciado tortura y encarcelamiento ilegal, “se les está dando la atención correspondiente”.

Al salir de la reunión, Limón se limitó a asegurar que la reunión fue productiva y que no se pueden dar detalles porque es un asunto de Estado que sigue en proceso.

Diana Baptista

Denuncia ONG que la PGR reservó 12 años los datos sobre el caso Tlatlaya

Argumenta la procuraduría que por tratarse de una pesquisa, no dará a conocer su contenido
Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Martes 9 de diciembre de 2014, p. 13

La Procuraduría General de la República (PGR) reservó 12 años las investigaciones que realiza sobre el caso Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano, denunció la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).

Esta organización civil realizó una solicitud de acceso a la información pública a la dependencia, con el fin de conocer los avances de las indagatorias por "estas graves violaciones a los derechos humanos" suscitadas el pasado 30 de junio. Ello con el objetivo de conocer cuántos dictámenes se han realizado durante la investigación y para obtener una copia simple de éstos.

Sin embargo, el 18 de noviembre la PGR respondió que se han analizado 11 dictámenes en la indagatoria, pero no otorgará información pública de los mismos porque se trata de información reservada. "Según la procuraduría, al tratarse de una investigación no es posible hacer del conocimiento su contenido ni revelarla a un particular bajo ninguna circunstancia, por lo que la información permanecerá en tal carácter hasta por un periodo de 12 años", lamentó la organización no gubernamental (ONG).

En respuesta a esa negativa, la Cmdpdh interpuso un recurso de revisión el 5 de diciembre, en el cual solicitó que se haga pública la investigación, debido a que se trata "de una violación grave a los derechos humanos o incluso pudiera configuarse como crimen de lesa humanidad".

La dependencia, encabezada por Jesús Murillo Karam, argumentó que por ese caso se inició una averiguación previa, por la probable comisión del delito de homicidio, y que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recientemente una recomendación por los hechos, ésta "no es con motivo de violaciones graves a derechos humanos, pues el exhorto está publicado en la sección recomendaciones y no en la de recomendaciones por violaciones graves".

Para la Cmdpdh, la negativa de la PGR vulnera tratados internacionales que México está obligado a cumplir y violenta la garantía de acceso a la verdad.

"La PGR es omisa para aplicar la jurisprudencia recurrente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que forma parte del orden jurídico mexicano, la cual ha estipulado que los atropellos graves a las garantías fundamentales son, entre otras, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas."

La organización civil recordó que en el caso Rosendo Radilla Pacheco –en el cual la CoIDH encontró responsable a México de violaciones a garantías fundamentales–, el tribunal internacional determinó que en la investigación sobre violaciones graves a derechos humanos el Estado mexicano está obligado a que los resultados de los procesos sean públicamente divulgados, con la finalidad de que la sociedad pueda conocer la verdad de los hechos.

Por ello, la Cmdpdh exigió a la fiscalía federal considerar los hechos de Tlatlaya como violaciones graves y, en consecuencia, proporcionar la versión pública de los 11 dictámenes. Además, hacer pública la investigación de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual asienta que no podrá invocarse el carácter reservado cuando se trate de una investigación por haber vulnerado de manera grave las garantías fundamentales o sea por delitos de lesa humanidad.

Liberarán a mujeres por caso Tlatlaya

Según el Consejo de la Judicatura Federal no se encontraron pruebas de la culpabilidad de 2 mujeres tras el enfrentamiento en Tlatlaya, Edomex. Foto: Archivo


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REFORMA / Redacción
Cd. de México (15 diciembre 2014).- Un juzgado informó que en la causa penal iniciada contra dos mujeres por los hechos donde murieron 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, se decretó el sobreseimiento de la causa y se ordenó la libertad de ambas mujeres.

"Lo anterior, en virtud de que durante la audiencia final, el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó conclusiones no acusatorias en favor de ambas, mismas que fueron ratificadas en la propia diligencia", informó el Consejo de la Judicatura.

"Por lo anterior, en términos del artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Penales, se decretó el sobreseimiento del proceso penal que se les instruyó por los delitos de Acopio de armas de fuego, y Posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional".
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Las inculpadas se encuentran internas en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social en Tepic, Nayarit, por los delitos anteriormente referidos.

El Consejo de la Judicatura comentó que ambas mujeres estuvieron presentes en los hechos ocurridos en junio, en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega.

Las 22 personas fueron abatidas por elementos del Ejército, de las cuales 8 se consideraron ejecuciones extrajudiciales, por lo que 7 militares recibieron auto de formal prisión.

Caso Tlatlaya: repararán daño a dos mujeres por torturas
Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de diciembre de 2014, p. 18

Toluca.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) contactó a las dos mujeres que se encontraban en la bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, donde siete militares asesinaron a 22 presuntos secuestradores, la madrugada del pasado 30 de junio.

El lunes, un juez federal, con sede en el estado de México, ordenó su inmediata libertad, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones no acusatorias en su favor. Ambas son consideradas víctimas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que sufrieron abusos durante su estancia en las instalaciones de la dependencia, horas después de esos sucesos.

El titular de la PGJEM, Alejandro Gómez Sánchez, informó que se conversará y definirá con ellas lo relativo a la reparación del daño que ordenó la CNDH en su recomendación por el caso Tlatlaya. Además, se buscará que colaboren en la investigación que realiza la dependencia para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos que cometieron los abusos y torturas.

La noche del lunes, el juzgado cuarto de distrito en materia penal federal decretó el sobreseimiento del proceso que se instruyó a las dos mujeres, pues el Ministerio Público federal determinó la no acción penal por no encontrar suficientes elementos para sostener la acusación por los delitos de acopio y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano.

Acatan recomendación de CNDH

La CNDH encomió que se haya cumplido el cuarto punto de su recomendación 51/2014 –por los hechos ocurridos en Tlatlaya–, que dio como resultado la libertad absoluta de dos mujeres que eran procesadas por distintos delitos.

En un comunicado, la CNDH informó que el pasado 12 de diciembre emitió un oficio dirigido a la encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eliana García Laguna, a quien se solicitó un informe de las acciones adoptadas a este respecto.

Allí se destacó que las dos personas que recién obtuvieron su libertad en ese entonces continuaban siendo procesadas, no obstante que se trataba de dos víctimas que circunstancialmente estuvieron en el lugar de los hechos, "debido a que estaban privadas ilegalmente de su libertad y luego fueron objeto de tortura por parte de servidores públicos de la PGJEM".

Liberarán a mujeres por caso Tlatlaya

Pues bien, estos militares permanecerán un tiempo más en prisión y eventualmente obtendrán su libertad por falta de elementos para procesar, vicios de origen o alguna otra artimaña legaloide.

Recuérdenlo, se irán libres.

Testigo del caso Tlatlaya denuncia que fue torturada para encubrir a militares

LA REDACCIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2014
NACIONAL



Las marcas de los disparos en Tlatlaya.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Una de las tres sobrevivientes a las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya declaró a la agencia AP que funcionarios del Estado de México la golpearon y torturaron para que firmara una declaración falsa.

“Conforme me iban pegando decían que ellos hacían que hasta los mudos hablaran”, relató la testigo, quien añadió que sufrió golpes en las costillas y durante los últimos meses ha tenido problemas para ver y oír como consecuencia de la tortura.

La testigo narró que la intentaron presionar para que firmara una declaración falsa en la que asegurara que las 22 personas muertas durante una ejecución extrajudicial el pasado 30 de junio en realidad fallecieron como consecuencia de un enfrentamiento.

Fue golpeada en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y posteriormente fue presionada por elementos de la Procuraduría General de la República para que firmara una declaración falsa.

La entrevistada denunció que las autoridades sabían que los militares alteraron la escena del crimen con la intención de encubrir las ejecuciones.

La testigo pasó cinco meses en prisión acusada falsamente de posesión ilegal de armas. Esta es la primera entrevista que concede a la prensa.

Ayer, el periódico Reforma publicó que los militares responsables de las ejecuciones manipularon la escena del crimen en una acción encubierta por el gobierno del Estado de México.

En septiembre pasado José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció que en la matanza de 22 personas en Tlatlaya existe una “intención evidente de encubrimiento”.

Critica Encinas encubrimiento en Edomex

02 de enero del 2015

México, 2 de enero (Reforma).- El senador Alejandro Encinas consideró inaceptable el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, en el que habrían participado agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

“Eso es absolutamente inaceptable y tendrán que rendir cuentas sobre este asunto porque no puede quedarse simple y sencillamente en que hay la presunción de tortura y de alteración de las declaraciones de las personas detenidas, simplemente para oculta una ejecución extrajudicial”, comentó el senador perredista por el Estado de México.

Encinas apuntó que existen descripciones claras sobre la agente del Ministerio Público de la Procuraduría mexiquense a la que se le acusa de haber torturado a una mujer para acusarla como cómplice y encerrarla en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit.

De acuerdo al testimonio de una mujer que fue testigo de los hechos, sólo dos mujeres participaron por parte de la PGJEM en el caso, Orianna Ibeth Bustos Díaz y Leticia Martínez Flores.

“A esos dos nombres hay que agregarles algunas características físicas”, apuntó Encinas.

“Es una mujer delgada, ligeramente alta, con el pelo pintado y que fuma mucho”.

También advirtió que tiene que responder las acusaciones el coronel Raúl Castro Aparicio, quien era comandante del 102 Batallón de Infantería y a quien se señala de haber participado en la alteración de la escena del crimen.

“El primero que tiene que rendir cuentas es el general encargado del sector porque el fue el que incumplió las normas del procedimiento”, añadió Encinas.

REFORMA publicó este jueves que autoridades del Estado de México encubrieron la ejecución de presuntos delincuentes en Tlatlaya por parte de militares, de acuerdo con la denuncia de una mujer que fue testigo de los hechos en entrevista con la agencia Associated Press.

De acuerdo con la testigo, quien pidió anonimato a la AP por temor a represalias, funcionarios estatales la golpearon y torturaron cuando se negó a firmar una declaración falsa de que los 22 presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento con el Ejército y no ejecutados.

José David Estrada

En Tlatlaya aún no hay culpables: Sedena

02 de enero del 2015

México, 2 de enero (Reforma).- En el caso Tlatlaya, para el Ejército aún no hay culpables.

En un documento interno fechado el 23 de diciembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura que no existen elementos de prueba contra su personal.

Las versiones testimoniales contenidas en la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso son contradictorias, sostiene la dependencia, defiende en el escrito el procedimiento seguido por los elementos del Ejército en los hechos violentos del 30 de junio de 2014.

Ese día, 22 personas murieron en una bodega en Tlatlaya, Estado de México.

En una primera versión, el Ejército reportó que fallecieron en un enfrentamiento con militares, pero meses después testigos declararon que los uniformados ejecutaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.

En el documento, la Sedena recuerda que en los hechos violentos participaron 22 sujetos armados contra ocho elementos castrenses, quienes, remarca, siguieron el manual de uso de la fuerza.

“Es necesario tomar en cuenta el principio jurídico penal que señala la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”, indica.

REFORMA publicó ayer que, según una testigo entrevistada por la agencia Associated Press (AP), funcionarios estatales la torturaron cuando se negó a firmar una declaración falsa en la que se asentaba que los 22 presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento y no ejecutados.

Ante las acusaciones, el Gobierno mexiquense guardó silencio, mientras que la Procuraduría estatal pretextó que, tras una investigación, no encontró indicios de que se hubiera tratado de una ejecución.

La Sedena cuestionó la versión de testigos sobrevivientes del caso Tlatlaya.

“Es conveniente reflexionar sobre cómo una persona que carece de conocimiento sobre el manejo y uso de armas puede identificar tan sólo con el sonido de los disparos, cuáles correspondían a los realizados por el personal militar y cuáles al grupo agresor, así como el lugar exacto en se donde están realizando las detonaciones”, afirma la dependencia en un documento interno.

“Esto resulta poco creíble”, puntualiza la Sedena en el escrito al que tuvo acceso REFORMA.

Además, afirma que hay contradicciones en los testimonios que rindieron las sobrevivientes ante personal de la CNDH.

“Las tres mujeres que se localizaron en el interior de la bodega, señalaron que se encontraban privadas de su libertad, y en su momento fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que fueran ellas las que determinaran su situación jurídica y legal, dando como resultado que dos de las mujeres fueran recluidas en el centro federal femenil de Tepic”, dice la dependencia castrense.

De acuerdo con las versiones de estas tres testigos que han sido recabadas por la CNDH y que constan en expedientes judiciales del caso, militares ultimaron a algunas de las personas que se encontraban en una bodega del municipio de Tlatlaya.

Según la investigación de la CNDH, hasta 15 de las 22 personas fallecidas ese día pudieron haber sido ejecutadas. Para la PGR, hay evidencia de que al menos ocho personas fueron ultimadas por los militares y no en un enfrentamiento.

Benito Jiménez

Tlatlaya, caso de “ejecución extrajudicial y homicidio calificado”: diputados
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Jesusa Cervantes
19 de enero de 2015
Nacional
La bodega en Tlatlaya donde militares ejecutaron a civiles. Foto: Miguel Dimayuga
La bodega en Tlatlaya donde militares ejecutaron a civiles.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados que indaga los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el municipio mexiquense de Tlatlaya –donde murieron 22 personas que “presuntamente” se habrían enfrentado con militares– coincidió en que se trató de “una ejecución extrajudicial y homicidio calificado”.

Al dar a conocer el “preinforme”, la presidenta del grupo, la perredista Elena Tapia Fonllem, estableció una serie de conclusiones, aunque aclaró que se trata de puntos “en los que hay consenso” tras diversas reuniones que tuvieron con autoridades, sin embargo, ninguna instancia oficial ha entregado a los legisladores documentación sobre esos hechos.

En el documento de la comisión se destaca:

“Existe consenso de que hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los elementos militares, en contravención al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas; sin embargo, las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal”.

Y llama la atención que, según el grupo de legisladores que analiza el caso, el número víctimas de ejecución extrajudicial podría pasar de ocho a 15.

Así, “de acuerdo con las diferentes versiones, el número de víctimas de ejecución extrajudicial va desde ocho hasta 15; por tanto, las víctimas de un enfrentamiento armado podrían variar desde siete hasta 14”.

La perredista y presidenta del grupo legislativo establece que no existe una conclusión definitiva, debido a que se alteró la escena de los hechos y se desplazaron los cadáveres “fuera de su posición original”.

Otro punto que llama la atención es que algunas de las víctimas habrían sido secuestradas y, mediante coacción, se les habría llevado a formar parte de un grupo delictivo y estar con ellos al momento del presunto enfrentamiento con elementos del Ejército.

“No se ha podido comprobar que entre los varones asesinados en los hechos existían víctimas de secuestro, pero familiares señalan que ocho de ellos habían sido objeto de amenazas, de coacción o de privación ilegal de la libertad antes de comenzar la comisión de presuntos actos delictivos, por lo que presuntamente habrían podido formar parte de una organización criminal en condiciones de explotación y coacción”.

El extenso documento apunta otros aspectos, entre ellos el que no se tiene información completa “sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y el sargento responsable directo del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no de mandos militares más allá de los ocho elementos que realizaban el patrullaje”.

Tampoco se cuenta con elementos que expliquen cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con ocho elementos, cuando lo reglamentario y habitual es que lo integren al menos 12 efectivos.

Además, “existe una línea de investigación diversa, que ubica la autoría intelectual de los hechos en otras personas civiles ajenas al grupo de militares, por lo que la cadena de mando no habría estado implicada en la autorización o en la orden de cometer los homicidios”.

El reporte también destaca que no hay coincidencia en el tiempo transcurrido entre el fin del enfrentamiento y el ingreso de elementos militares a la bodega. Tampoco si quienes entraron en ese momento, tras la rendición, fueron tres o cinco militares.

Por ello, “los familiares de las 22 personas que fueron privadas de la vida pueden legal y legítimamente reclamar una reparación integral que corresponde en términos de la legislación penal, fiscal y demás aplicables.

El grupo legislativo de trabajo recuerda que “la Sedena decidió dar de baja a los elementos del patrullaje del 102 Batallón de Infantería para trasladarlos a instalaciones centrales; se ejerció acción penal sin detenido contra presuntos responsables, y pidió se negara libertad bajo caución al conocerse que existía averiguación previa por parte de PGR. Los procesos por faltas contra la disciplina militar continúan sin menoscabo de los que desarrolla la jurisdicción civil”.

Los diputados también consideran que el haber aceptado la recomendación 21/2014 de la CNDH, por parte de PGR, Sedena y gobierno mexiquense, significa que el Estado reconoce la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen cometidos por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México”.