Caso Tlatlaya: 22 sicarios abatidos durante combate entre militares y organización criminal

“existe una línea de investigación diversa, que ubica la autoría intelectual de los hechos en otras personas civiles ajenas al grupo de militares, por lo que la cadena de mando no habría estado implicada en la autorización o en la orden de cometer los homicidios”.

Fragata
21 de enero del 2015

México, 21 de enero.- Las vueltas de tuerca de la historia están a punto de alcanzar una vez más al Ejército Mexicano, y esta vez podrían ser los testimonios de infantes de Marina los que torpedeen inevitablemente el blindaje militar que comenzó a crujir en la madrugadas del 30 de junio en una bodega del municipio de Tlatlaya.

Mientras en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos por los casos Tatlaya y Ayotzinapa siguen cimbrando los muros de cuarteles y oficinas centrales, en las instalaciones de la Armada de México en estos temas se navega sobre aguas tranquilas, todavía.

En el caso del enfrentamiento y ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México, la Marina tiene un papel circunstancial. Cuatro pick ups Cheyene con 16 elementos arribaron al lugar del tiroteo horas después de que este se produjo.

Los marinos, encabezados por un Teniente de Corbeta, permanecieron en las inmediaciones de la bodega de Tlatlaya menos de una hora, lo suficiente para recibir un breve parte de los soldados del 102 Batallón de Infantería acerca de lo ocurrido.

La explicación de los militares fue prácticamente la misma que todos conocimos oficialmente por parte de la Sedena y que fue avalada por la procuraduría mexiquense, por la lamentable Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de Raúl Plascencia y por la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam.

Fue la explicación del patrullaje en horas de la madrugada, de los civiles sospechosos y luego armados y luego violentos, disparándole a los militares. Fue la explicación de los soldados repeliendo la agresión de manera por demás efectiva, causándole al enemigo 22 bajas en unos cuentos minutos y sin que alguien de la tropa resultara herido.

Luego, gracias a la curiosidad desestabilizadora de la prensa extranjera (la nacional digirió sin problemas las versiones oficiales del caso), fuimos conociendo la verdad del enfrentamiento en Tlatlaya, de las técnicas de eliminación aplicadas en el caso de integrantes de la delincuencia organizada, de los métodos de interrogatorio de las autoridades mexiquenses para acallar voces y para proteger instituciones, y los boquetes en los que la memoria de los mandos militares se extravía para bien de la cada vez más misteriosa cadena de mando.

Todo esto es lo que la CNDH busca corroborar en voz de los propios marinos, quienes escucharon aquella madrugada las versiones de los soldados del 102 BI en Tlatlaya que hablaban de cosas diametralmente opuestas a lo que en verdad sucedió.

El encuentro de los marinos con visitadores dela CNDH podría darse en los próximos días, que serán cruciales en el avance de la indagatoria completa sobre el caso de las ejecuciones sumarias cometidas por un puñado de soldados en el Estado de México.

La ratificación, por parte de los marinos, de lo que ese día les dijeron los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides, bastará para pantoquear más una nave con derrotero incierto.

Hasta el momento ninguno de los 16 marinos que llegaron a las puertas de la bodega en Tlatlaya ha declarado ante la CNDH o ante alguna otra instancia judicial. Sólo han dado su testimonio al mando naval en turno y a sus jefes en el Cuartel General del Alto Mando, que está en la Ciudad de México y al cual pertenecen.

No han sido requeridos aún por la CNDH o por la PGR para aportar datos en la investigación sobre lo ocurrido en Tlatlaya. Tampoco los defensores de oficio que llevan su caso y el del Coronel Raúl Castro Aparicio, ex comandante del 102 BI, han citado o pedido el testimonio de los marinos para confrontarlos con los soldados y el teniente consignados y bajo proceso.

En caso de que se de alguna confronta, los mandos navales confían en que ésta sea solo de trámite, para ratificar lo sucedido.



Bitácora.-

La Marina seguirá adelante con sus planes y cambios para llegar al 2018 con un rostro nuevo según la ruta estimada. Una parte de esa ruta tiene que ver con la forma en que opera y la distribución de los recursos materiales y humanos con que cuenta la Armada de México.

El 18 de enero, la oficina de Comunicación Social informó sobre la restructuración operativa en regiones y zonas navales acordada y anticipada en diciembre de 2014.

En los cambios, señala la Marina, destaca “que la sede de la Primera Región Naval cambia del puerto de Tuxpan al puerto de Veracruz, Veracruz; estableciéndose un Sector Naval en citado Puerto, y se mantienen las instalaciones, personal y material de la Fuerza Naval del Golfo y de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina del Golfo”.

Además, “la sede de la Tercera Región Naval cambia de Ciudad del Carmen al puerto de Lerma, Campeche, estableciendo a la Séptima Zona Naval en el primer puerto antes mencionado”.

Los cambios son los siguientes:

En el litoral del Golfo de México y Mar Caribe

La Primera Región Naval con sede en Veracruz, Veracruz, agrupando a:

Primera Zona Naval con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Tercera Zona Naval con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

La Tercera Región Naval con sede en Lerma, Campeche, agrupando a:

Quinta Zona Naval con sede en Frontera, Tabasco.
Séptima Zona Naval con sede en Ciudad del Carmen, Campeche.

La Quinta Región Naval con sede en Isla Mujeres, Quintana Roo, agrupando a:

Novena Zona Naval con sede en Yukalpetén, Yucatán.
Décimo Primera Zona Naval con sede en Chetumal, Quintana Roo.

En el litoral del Océano Pacífico

La Segunda Región Naval con sede en Ensenada, Baja California, agrupando a:

Segunda Zona Naval con sede en La Paz, Baja California Sur.

La Cuarta Región Naval con sede en Guaymas, Sonora, agrupando a:

Cuarta Zona Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa.

La Sexta Región Naval con sede en Manzanillo, Colima, agrupando a:

Sexta Zona Naval con sede en San Blas, Nayarit.
Octava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.
Décima Zona Naval con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La Octava Región Naval con sede en Acapulco, Guerrero, agrupando a:

Décimo Segunda Zona Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
Décimo Cuarta Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, Chiapas.

Y un Cuartel General del Alto Mando con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Jorge Medellín

@JorgeMedellin95

Estado Mayor
Comparte

Tweet

Artículos relacionados

Fragata
Semar reestructura mandos en Regiones y Zonas Navales del país
¿Quién era el Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet?
¿Quién es el nuevo Comandante de la Octava Zona Naval?
Semar realiza acciones de rescate en el Pacífico mexicano
En operativo en Tlatlaya, Ejército sabía del secuestro

Post navigation
← Semar presidirá la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas
Todos contra Castillo… o contra Peña Nieto… →
Perfil
Registrarse con Twitter Registrarse con Facebook
o

Nombre

Correo electrónicoNo publicado

Web

Comentario

Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser.

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

Recibir un email con cada nuevo post.
Search for:

Dirección de email

Se han recibido nuevos testimonios tras la reclasificación del caso por la CNDH
Militares cercaron la bodega de Tlatlaya para obstruir labores del MP: funcionarios
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 22 de enero de 2015, p. 9

Las investigaciones del caso Tlatlaya revelan que efectivos castrenses tendieron un cerco alrededor de la bodega donde privaron de la vida a 22 personas, con el fin de controlar la llegada del Ministerio Público (MP) del estado de México, ya que informaron que el enfrentamiento continuaba pasadas las 10 de la mañana, a pesar de que había concluido horas antes, indicaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes consultadas señalaron que la reclasificación del caso hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha puesto a descubierto que los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron ese control con el fin de ganar tiempo y acomodar la escena del crimen, los cuerpos, las armas y los vehículos.

El cerco alrededor de la bodega localizada en el poblado de San Pedro Limón sirvió para encubrir la presión que ejercieron sobre tres mujeres sobrevivientes a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, para que no declararan que lo sucedido fue una ejecución.

Los funcionarios entrevistados indicaron que a siete meses de ocurridos los hechos, de los 22 cadáveres, 19 han sido reclamados y tres continúan en instalaciones del Servicio Médico Forense del estado de México.

La Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) reabrió las indagatorias con motivo de la reclasificación del caso por la CNDH, la cual consideró que se cometieron violaciones graves a las garantías de las víctimas.

Lo anterior ha permitido, indicaron los funcionarios consultados, que tanto autoridades federales como defensoras de derechos humanos conozcan testimonios que revelan que los ocho soldados que llegaron inicialmente a la bodega abandonada recibieron apoyo de un grupo de más de 50 elementos, y formaron un cerco.

Explicaron que si bien desde las dos de la madrugada de esa fecha la procuraduría estatal fue informada sobre un tiroteo entre presuntos delincuentes y militares, por la frecuencia de radio los soldados pidieron que no se acercara nadie al lugar, y dijeron que ellos avisarían para que otras autoridades se desplegaran.

Peritos y agentes del MP llegaron casi a las 12 horas, pues fueron enviados a las siete de la mañana de Toluca a Tlatlaya, lo que les tomó cinco horas de recorrido, y aun antes de ingresar a la escena del crimen los militares los mantuvieron a varios kilómetros de distancia.

Los efectivos castrenses controlaron el desplazamiento de las autoridades civiles, a las cuales pidieron que hicieran un levantamiento rápido de los restos porque tenían información de que células de narcotraficantes estaban por llegar.

La mayoría de los 22 fallecidos eran habitantes del municipio de Arcelia, Guerrero, y presuntos integrantes del cártel de La familia michoacana.

Las investigaciones se encuentran en el proceso de identificación de los servidores públicos de la PGJEM que habrían presionado y torturado a las tres sobrevivientes para que no declararan que fue una matanza, pero en el ámbito militar sólo tres soldados fueron acusados de homicidio y cuatro de encubrimiento.

La secretaría sólo reconoce exhortos desde 2007 hasta mayo de 2013
Reporte de la Sedena omite recomendación de la CNDH por los hechos en Tlatlaya

En la página de Internet de la dependencia sólo contabiliza 115 avisos recibidos
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de enero de 2015, p. 10

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó recientemente el expediente del caso Tlatlaya como "investigación de violaciones graves a derechos humanos"; sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no incluye este asunto en su estadística de hechos que involucren a soldados en "conductas ilícitas consideradas como violaciones a los derechos humanos".

Oficialmente, la Defensa Nacional contabiliza 115 recomendaciones de la CNDH que tienen que ver con militares (desde 2007 con un último registro en mayo de 2013), y no toma en cuenta la recomendación emitida en noviembre pasado por la CNDH sobre los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, donde la misma comisión determinó que de 22 civiles muertos, 15 fueron privados de la vida después de haberse rendido a los soldados con quienes habían sostenido un enfrentamiento a tiros.

La Defensa Nacional precisa en dicho informe que de 2007 a la fecha 368 soldados fueron "indiciados" en averiguaciones previas por violar presuntamente los derechos humanos, de los cuales 193 fueron investigados. De éstos, 103 fueron procesados y 46 fueron sentenciados, ocho resultaron absueltos y 18 se encuentran prófugos.

La citada estadística incluye una breve relatoría de los hechos, de cada caso, número de recomendación de la CNDH y fecha, número de averiguación previa iniciada, causa penal y juzgado, personal militar involucrado y situación actual del asunto.

El 13 de enero pasado, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, rectificó la recomendación de su antecesor Raúl Plascencia Villanueva y ordenó notificar esa circunstancia a las víctimas, al secretario de la Defensa Nacional, al procurador general de la República y al gobernador del estado de México.

No obstante, hasta la fecha, la Sedena, en su página de Internet sigue sin incluir el caso Tlatlaya "en las recomendaciones emitidas por la CNDH en contra de esta dependencia", a pesar de que la secretaría aceptó el 6 de noviembre pasado que había comunicado a la CNDH su decisión de aceptar la recomendación número 51/2014, "aun cuando esta dependencia del Ejecutivo federal no comparte algunos de los señalamientos contenidos en dicha recomendación".

Generales del Ejército, involucrados en el caso Tlatlaya
Además, un comando de elementos de La Marina llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.

Las 3 sobrevivientes.

Las 3 sobrevivientes.

Unidad de Investigaciones MVS
enero 26, 2015 11:05 am

El Ejército bloqueó la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer con mayor amplitud cómo actuaron los soldados involucrados en el caso Tlatlaya, aún cuando hay información oficial que confirma que dos generales estuvieron en la bodega donde fueron asesinados 22 civiles.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que no cuenta con evidencias documentales para mostrar bajo qué circunstancias actuaron sus elementos al llegar a la bodega ubicada en el poblado de San Pedro Limón, al sur del Estado de México, según consta en un oficio incluido en el expediente de 7 mil 700 hojas integrado por la CNDH.

No obstante, en el sitio del tiroteo se concentraron 55 elementos del Ejército provenientes de dos diferentes batallones, no sólo de uno, como se había informado hasta el momento. Además, de 21 marinos, quienes estuvieron ahí al menos ocho horas.

*****

El manual de uso de la fuerza del Ejército, señala la necesidad de que los soldados lleven cámaras de video para grabar sus actuaciones. Según la Sedena, el batallón involucrado en el caso Tlatlaya no llevaba el equipo necesario, pues no se consideró que el patrullaje de ese día implicaría la necesidad de usar las armas.

Aunque los soldados consideraron que no era una región de riesgo, a lo largo de 2014 el gobierno del Estado de México pidió la presencia de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la zona. Con motivo de estos operativos, se documentó el rescate de personas secuestradas y el aseguramiento de armas.

Los comunicados de prensa sobre seguridad en el municipio durante los últimos años versan sobre decomisos de marihuana, narcolaboratorios y detenciones de presuntos integrantes de La Familia.

Mediante diversos oficios, la CNDH cuestionó al Ejército sobre la organización de los soldados el día de la balacera.

La respuesta oficial fue firmada por el comandante de la zona militar 22, localizada en el municipio de Santa María Rayón y dice lo siguiente:

“La comandancia del 102/o batallón de infantería señaló que carece de evidencia documental respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado 30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base apoyó a los elementos agredidos inicialmente”.

En ese mismo documento, enfatiza que el operativo estuvo a cargo de un oficial comandante cuya misión fue, dice textualmente, “reducir los niveles de violencia en el país”. El nombre de este militar fue borrado por la CNDH en la versión pública del expediente revisado por la primera emisión de Noticias MVS.

En un oficio anterior, el comandante de la zona militar 22 informó que a las 5:00 de la mañana de ese 30 de junio, los siete elementos realizaban un “reconocimiento de ruta” a bordo de una camioneta Cheyenne, sobre la carretera San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.

Según esta versión, la balacera inició cuando un soldado detectó una persona armada fuera de la bodega y pidió a sus compañeros que se detuvieran para inspeccionar. El oficio relata lo siguiente:

“Al tratar de circular en reversa se inicia una agresión con disparos de arma de fuego en contra del personal militar provenientes del interior de la bodega, generándose una agresión real e inminente y sin derecho, sin que haya mediado provocación (…) por lo que personal militar repelió la agresión…”

La versión del Ejército sobre el tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de junio del 2014 en el municipio de Tlatlaya fue que se trató de un enfrentamiento. No obstante, esa postura se vino abajo cuando la agencia de noticias AP y la revista Esquire descubrieron indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Sin documentos que ayuden a probar la actuación del Ejército, las declaraciones de los militares implicados se vuelve clave.

Para saber qué pasó dentro de esa bodega. Y, en este sentido, la CNDH hizo una petición formal al juez militar encargado del caso para que se abrieran los expedientes.

El Ministerio Público Militar dijo estar dispuesto a abrir los documentos. Sin embargo, el abogado defensor se opuso al argumentar que la CNDH, desde su punto de vista, no está facultada para revisar las faltas militares.

Según el litigante, del cual no se sabe si es privado o de oficio, la información sobre los homicidios o ejecuciones ya estaba en la Procuraduría General de la República.

El juez militar dio la razón al abogado y las declaraciones ministeriales de los soldados encarcelados no fueron abiertas, aún cuando, públicamente, la Sedena aceptó la recomendación del caso.

La cerrazón ante las indagatorias de la CNDH están incluidas en el expediente revisado por el equipo de esta primera emisión de Noticias MVS. Sin embargo, en la propia recomendación sobre la ejecución extrajudicial no se incluyeron esos detalles.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas litigio en derechos humanos, dijo que el juez militar no debió tomar la decisión de abrir o no los expedientes, sino simplemente dar acceso a la petición de la CNDH, que es el organismo facultado para reunir toda la información que considere pertinente.

Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos debió perfilar la recomendación para ver los expedientes, cuidando que no se violenten las garantías de los procesados.

“La CNDH no debió haber aceptar ese argumento, porque independiente del argumento del juez es evidente que el acto de indisciplina o los actos relacionados con investigaciones de procedimiento militar, tienen que ver con el acceso a la justicia y tienen que ver con el saber por qué y qué declaraciones y testimonios hay”.

“No hay ninguna posibilidad que una autoridad le niege acceso a la CNDH porque estaría violando su mandanto constitucional”.

La Marina participó

El expediente de la CNDH permite revisar la participación de la Marina en el caso Tlatlaya.

En la investigación aparece un informe elaborado por el contralmirante del Servicio de Justicia Naval, Alejandro Miguel Vázquez, quien reconoció que un comando de marinos llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.

Se trató de un capitán de fragata a cargo de la base de operaciones del municipio de Luvianos, quien recibió una denuncia anónima a las 5:15 horas sobre una balacera entre soldados y delincuentes.

El mismo capitán de fragata –cuyo nombre fue borrado del expediente- acudió a la bodega encabezando un convoy con otros dos oficiales y 18 marinos armados.

Al llegar se entrevistó con el jefe del batallón militar 102, quien le comunicó el rescate de tres mujeres secuestradas y la muerte de 22 presuntos delincuentes.

Una de las mujeres, dijo al capitán de fragata que conocía la ubicación de casas donde estaban secuestradas entre 10 y 12 personas, incluyendo adultos mayores y niños.

Durante más de dos horas, los marinos revisaron esas casas de seguridad acompañados de la propia víctima recién liberada y de miembros del Ejército. Alrededor de las 10:50 horas, regresaron la bodega sin haber tenido éxito en el operativo.

La Marina no informó si en los trayectos recorridos la mujer les dijo algo sobre lo que había atestiguado horas antes: la supuesta ejecución de civiles rendidos y desarmados. Al menos eso no consta en el expediente. Ella habló de eso, hasta que tuvo frente así a periodistas y, más tarde, a visitadores de la CN DH.

Algo que tampoco estaba públicamente confirmado, hasta el momento, fue la participación de otro batallón del Ejército. Se trató de 25 soldados pertenecientes a la zona militar 35 ubicada en Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con oficios, ellos acudieron en apoyo de los otros militares una vez terminado el tiroteo y su labor fue hacer un cordón de seguridad en la zona.

Llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana y se marcharon después de las 14:00 horas, tiempo durante el cual, según los testimonios de las tres mujeres rescatadas, los militares acomodaron las armas y los cuerpos para para ocultar las ejecuciones.

Aunque el Ejército dice no contar con pruebas documentales sobre la actuación de sus soldados, en el expediente de la CNDH se mencionó que, el comandante jefe del batallón 102, al que pertenecen los militares encarcelados, llegó al lugar de los hechos a las 7 de la mañana.

Con estos datos, se puede saber que entre las 6:00 y 12:30 horas se concentraron al menos 55 elementos del Ejército destacamentados en Guerrero y el Estado de México, además de 21 marinos.

Además, dos militares de mayor rango; generales de brigada diplomados del Estado Mayor quienes eran, precisamente, los encargados de los cuarteles de Santa María Rayón y Chilpancingo, tuvieron una reunión dentro de la bodega para supervisar lo hecho por los soldados.

Los nombres de los generales fueron entregados por el Ejército a la CNDH pero no detallaron a qué conclusiones pudieron llegar. Por el momento, la identidad de ambos se mantiene resguardada por protección de datos personales. Pero tampoco puede saberse si fueron mencionados por los soldados encarcelados.

La apertura del expediente

El equipo de investigaciones especiales de Noticias MVS revisó el expediente, de más de 7 mil hojas, que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras una solicitud de información luego de que la defensa de los solados procesados tratara de impedirlo mediante un juicio de amparo.

De hecho, un juez federal ordenó en diciembre pasado que el expediente se mantuviera cerrado hasta en tanto no terminara de analizar el caso, es decir, si los documentos en poder de la CNDH podían ser públicos o debían mantenerse bajo reserva.

Pero cuando entró en funciones el nuevo “ombudsman”, Luis Raúl González Pérez, la propia CNDH elevó al caso Tlatlaya a la categoría de violaciones graves a los derechos humanos y, casi al mismo tiempo, la defensa de los soldados se desistió el juicio de amparo y, con ello, el expediente quedó de nuevo abierto.

La solicitud para acceder al expediente, se hizo por Noticias MVS primera emisión en octubre del año 2014.

La alteración de la escena

Las declaraciones de las mujeres liberadas, representan uno de los temas sobre los cuales los visitadores de la CNDH pusieron mayor énfasis.

Dos sobrevivientes explicaron cómo los soldados movieron los cadáveres y les pusieron las armas encima.

Según su versión, los elementos de la Sedena acomodaron incluso las camionetas en que viajaban los presuntos delincuentes para ajustar su versión de un enfrentamiento en igualdad de circunstancias.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reunió fotos de los peritajes realizados por la procuraduría mexiquense y las publicadas por la agencia MVT el 26 de septiembre de 2014, producto de una filtración.

En las imágenes se mostraron a las sobrevivientes en una visita al penal federal de Tepic, Nayarit, cuando aún se encontraban presas acusadas de secuestro.

La mayoría de estas fotos no se habían puesto al escrutinio público, pero el equipo de Noticias MVS pudo observar una versión pública en el expediente que transparentó la CNDH.

En una de las imágenes (que se muestra en esta nota) se aprecia a las tres sobrevivientes al ataque, sentadas contra una barda. Las mujeres son vigiladas por un soldado que lleva la cara cubierta.

Detrás, hay una ventana en la que se puede ver a más soldados.

Una de las sobrevivientes dijo que esa foto fue tomada por un militar o un perito de la procuraduría mexiquense. El soldado que se aprecia del lado derecho sí participó en la balacera, aunque no disparó contra los civiles luego de la rendición, según la mujer cuya identidad se reserva en todo momento.

La misma mujer indicó que, en otra foto, el cuerpo que se aprecia no tenía ninguna arma encima y que la camioneta estaba originalmente al revés.

Sobre otra de las fotografías, la víctima relata que las ropas y otros objetos no estaban desordenados, pero quedaron en esa posición una vez que los soldados “esculcaron” las pertenencias de los muertos.

En otra imagen se aprecia el cadáver de la única mujer muerta en el tiroteo, abrazada al cuerpo de quien al parecer era su pareja sentimental.

Uno de los cuerpos tiene tierra en la cara. La sobreviviente afirma que originalmente cayó de boca al suelo, pero fue movido por los soldados.

(Daniel Lizárraga y Sebastián Barragán/ MVS)

Video del reportaje transmitido esta mañana:

¿Llegará la CNDH hasta Cienfuegos en el Caso Tlatlaya?, ¿se acusará a jefes militares de encubrimiento o de asesinato?
29 de enero del 2015

México, 29 de enero.- El nuevo ombudsman, Luis Raúl González Pérez, conoce a fondo las omisiones que pueden estar presentes en un expediente penal, no en balde le toco “enmendar” los desastres de la investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Por eso, porque sabe qué contiene el expediente de Tlatlaya que la PGR le hizo llegar, decidió dar a conocer su contenido. Después de afirmar que “hubo violaciones graves a los derechos humanos”.

Las declaraciones de los presuntos responsables, que están encarcelados por las ejecuciones de ese día, son elemento suficiente para pensar que de existir voluntad política se puede sustentar el delito de encubrimiento a varios jefes militares e incluso al mismo general Salvador Cienfuegos.

Nunca antes ha estado tan vulnerable el mando militar.

La tormenta de Iguala, donde los militares fueron omisos, y que ha levantado tanto descontento y tantos agravios contra el Ejército, no tiene paralelo junto a lo que puede acarrear Tlatlaya.

Esto porque era ya una verdad admitida que varios de los muertos de ese “enfrentamiento” entre militares y presuntos delincuentes, fueron “ejecutados” por los soldados. Es decir, existe ya un expediente, una trama legal que desmiente totalmente el boletín y la posición oficial de la Sedena. Por tanto, directamente, del general Cienfuegos.

Lo que trae de nuevo el expediente penal que entregó a medios Luis Raúl González Pérez, son las declaraciones de presuntos culpables de que a la escena del crimen llegaron varios jefes militares: el general de brigada José Luis Sánchez León que era comandante de la 22 Zona Militar, el también general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, jefe de la 35 Zona Militar y el coronel Sánchez Aparicio a cargo del 41 Batallón de Infantería.

Esto consta en un documento de la Sedena, según los documentos de la PGR.

¿Qué traducción tiene esto?

Encubrimiento.

Porque de acuerdo a las investigaciones realizadas era obvio, estaban las huellas de los disparos y la sangre, los cuerpos ahí todavía, que había sido una ejecución.

Esto quiere decir que por lo menos tres jefes militares, de alto grado, supieron la verdad. Y lo comunicaron, están obligados a hacerlo, al Jefe del Estado Mayor de la Sedena, que a su vez tuvo que informar estas verdades al general Salvador Cienfuegos.

El delito se llama encubrimiento. Porque no se puede argumentar desconocimiento ni dejar la presunta responsabilidad en manos de soldados cuando sus jefes estuvieron presentes pocas horas después.

Tlatlaya está a punto de convertirse en el Talón de Aquiles de Cienfuegos, o si se prefiere en el principio del final.

Porque lo que representa, además del riesgo de que varios jefes militares sean acusados penalmente por la PGR o que así lo exija la CNDH por encubrimiento, por lo menos, es que el asesinato está consentido en el alto mando militar.

Si el general Cienfuegos no hubiese tomado la decisión de encubrir los crímenes de soldados bajo su mando contra civiles, habría tenido que detenerlos y comenzar en ese mismo momento, con la información de un coronel y dos generales ahí presentes, una investigación militar en su contra.

No lo hizo así. Por lo tanto es su responsabilidad.

Al contrario, al día siguiente ordenó que fuese dado a conocer un boletín de prensa con mentiras, como hoy se ha comprobado. Mentiras graves porque ahí se afirmaba que los civiles habían muerto en un enfrentamiento.

La CNDH va todavía más lejos en sus declaraciones, ya que asegura en su recomendación a la SEDENA 51/2014 que “se puede inferir que pudo haber más elementos militares en el lugar, además de los ocho que integran la base de operaciones de San Antonio del Rosario, mientras se privaba de su vida a los presuntos sicarios”.

O sea, deja abierta la puerta para investigar la probabilidad de que estuviesen presentes jefes militares durante la ejecución.

¿Encubrimiento o asesinato? ¿Participación o conocimiento de jefes militares? Queda preguntarse hasta dónde va a llegar la CNDH y la PGR, hasta que cadena del mando superior… y si los implicados, que arriesgan prisión perpetua van a mantener la disciplina del silencio castrense…

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor

Quieren desgastar a la comisión y que esto no se resuelva: diputada
02 de febrero del 2015

Tlatlaya. Foto: EspecialMéxico, 2 de febrero.- Al grupo de diputados federales que investiga la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, por parte de elementos del Ejército Mexicano le están dando largas; lo están desgastando para que no encuentre nada, para que se cumplan los plazos y al acabar el actual periodo de sesiones de la LXII Legislatura no tengan cuentas qué entregarle a la gente.

La estrategia del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno del Estado de México a través de su Subsecretaría General de Gobierno es clara: dilatar en la medida de lo posible el acceso de los diputados federales a cualquier documento de investigación sobre el tema bajo el argumento de que conocer el seguimiento de la indagatoria la alteraría de alguna forma.

Por eso a los diputados que integran el Grupo Plural que intenta coadyuvar en el esclarecimiento del caso (Miriam Cárdenas Cantú PRI, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez PRI, Alberto Díaz Trujillo PAN, Margarita Elena Tapia Fonllem PRD, Zuleyma Huidobro González Movimiento Ciudadano, Loretta Ortiz Ahlf PT, René Ricardo Fujiwara Montelongo Nueva Alianza, y Ernesto Núñez, del PVEM) los han atendido solo una vez desde septiembre de 2014.

Lo sucedido con la ejecución de los civiles desarmados, ya rendidos, es tan grave que los diputados resolvieron que los responsables de estos crímenes merecían otra pena, que se les aplicaran castigos a partir de delitos como crímenes de lesa humanidad.

El problema es que este delito no existe en la legislación penal mexicana y no hay forma de aplicarlo para el caso Tlatlaya o para otros casos, explica la diputada perredista Elena Tapia Fonllem, coordinadora del Grupo Plural que intenta obtener algún resultado como instancia coadyuvante para saber qué pasó realmente en la bodega de San Pedro Limón.

A los diputados no los han dejado hacer su trabajo, aunque han insistido en que se les permita conocer el expediente del caso, pero la respuesta ha sido siempre negativa.

De hecho, el primer obstáculo para conocer detalles del caso en el que militares del 102 Batallón de Infantería asesinaron al menos a 15 civiles con los que se enfrentaron y a los que ya habían sometido, fue el hoy ex Ombudsman nacional Raúl Plascencia, a quien Elena Tapia, buscó en repetidas ocasiones.

Nunca nos contestaron ni él ni su gente para recibirnos y revisar la investigación a detalle. Fue un problema. No hubo respuesta de su parte, aunque sí logramos revisar con él el informe, que fue público, pero no el expediente del caso, dice en entrevista la diputada cuando una llamada a su celular la hace levantarse de su silla y solicitar una pausa en el encuentro.

Cuando regresa lo hace exclamando un “por fin”, ya que en Subsecretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur, ahora sí los va a recibir. Al menos eso le han dicho del otro lado de la línea.

-¿Y con los militares, cómo es la relación, cuantas veces se han encontrado con ellos?

– Nos hemos reunido solo una vez. A los militares los encabezaba el general Chiñas (General de Brigada DEM José Luis Chiñas Silva, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor de la Defensa Nacional EMDN).

La diputada se refiere al único encuentro en el que fueron recibidos en la Sedena por un grupo de mandos militares: el General Brigadier de Justicia Militar Jesús Gabriel López Benítez, Procurador General Justicia Militar; el General Brigadier de Justicia Militar Alejandro Ramos, Jefe de Asesoría Jurídica del Estado Mayor, y el General Brigadier DEM José Luis Chiñas Silva, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

La reunión sirvió sólo para conocer de boca de los mandos la versión oficial de lo sucedido, las medidas que se estaban tomando en cuanto a reforzar entre la tropa y los oficiales todo lo referente al respeto a los derechos humanos de la población civil, pero no hubo mayor abundamiento y mucho menos documentos o informes qué compartir con los legisladores sobre el caso.

Nos cansamos de pedirle citas al ahora ex Ombudsman porque queríamos ver los documentos, la investigación pero, como le digo, jamás nos recibió, ni siquiera nos contestó las solicitudes, añade Tapia Fonllem.

Lo que hemos visto desde el inicio de este caso ha sido lentitud, trabas y una “resistencia” de las autoridades involucradas; de las federales, de las estatales y de las instituciones que tienen algo que ver con el caso, explica.

Estas “resistencias” se traducen en negativas constantes a dar cualquier información por escrito, cualquier dato que forme parte de las averiguaciones civiles y militares o del expediente integrado. Es la negativa a conocer un expediente que ya acumula más de 7 mil fojas de investigación, desde junio de 2014 hasta la fecha.

El Grupo Plural fue creado el 30 de septiembre de 2014, tres meses después los hechos en los que un pelotón del Ejército Mexicano perteneciente al 102 Batallón de Infantería, se enfrentó a un grupo de civiles armados que se ocultaban en una bodega en el municipio de Tlatlaya.

Los militares sometieron a los civiles tras una breve balacera. Ya rendidos y sin armas, ejecutaron a al menos 15 de ellos, alteraron la escena del crimen, reacomodaron armas y cuerpos, cercaron la zona del enfrentamiento, rindieron partes informativos alterados o falsos y contaron con la complicidad de las autoridades judiciales del Estado de México para presionar psicológicamente a testigos y sobrevivientes de los hechos para que no inculparan a los militares.

Dos de las tres mujeres rescatadas con vida de la bodega atacada y quienes estaban presuntamente secuestradas por los 22 civiles, terminaron siendo acusadas de portación de armas prohibidas y otros delitos. Ambas quedaron en libertad medio año más tarde por no existir pruebas reales en su contra y porque se demostró que fueron torturadas por agentes ministeriales del Estado de México para que sus testimonios coincidieran con los de los militares.

Con un Doctorado en Ciencias Sociales y una Maestría en Sociología, Elena Tapia Fonllem es la coordinadora de los trabajos de Grupo Plural y la única perredista en el. Forma parte, además, de las comisiones ordinarias de Derechos Humanos, Justicia y Trabajo y Previsión Social, y de las comisiones especiales de Seguimiento a Feminicidios y la de Industria Manufacturera.

La gravedad de lo ocurrido en Tlatlaya la madrugada del 30 de junio de 2014 hizo que los legisladores de la Comisión de Justicia se ocuparan de inmediato del asunto, pero fue hasta el mes de octubre cuando se pudo formar el grupo, cuyos objetivos son:

Coadyuvar en la investigación de las responsabilidades de las instituciones públicas involucradas en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con la Procuraduría Generalde la República.
Coadyuvar en la investigación de actos posiblemente constitutivos de violaciones a Derechos Humanos en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con la Comisión Nacionalde Derechos Humanos, y
Coadyuvar en las acciones del Estado mexicano en pos del esclarecimiento de los hechos, la justicia y la reparación sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México

Coadyuvar ¿para qué?, ¿hasta dónde?, ¿con qué atribuciones? Esa es una muy buena pregunta, dice la diputada para aclarar de inmediato que se trata de una comisión especial que busca coadyuvar en la investigación de los hechos, pero que enfrenta limitantes muy claras: no puede hacer nada en contra de los funcionarios que se nieguen a cooperar o entregar información solicitada.

“No está establecido en ningún lado que si un funcionario se tarda un año o dos en dar respuesta se le pueda sancionar. Ese es un hueco que tenemos que legislar, porque no es posible que un procurador, un secretario o un subsecretario no respondan en dos o tres meses…seguramente tendrá mucho trabajo. Pero, ante casos tan fuertes y dado el contexto de violencia que vive México, tendría que ser más rápida la respuesta”.

Si no quieren atendernos, no hay nada qué hacer, admite encogiendo los hombros. Esta batalla es parte de una guerra en la que la oposición legislativa, sobre todo de izquierda, ha sufrido anteriores e importantes derrotas en el pasado inmediato.

La más reciente fue en enero de 2014, medio año antes de la matanza de Tlatlaya. A principios de ese mes, el Grupo Parlamentario del PRD y del Partido del Trabajo0 (PT) presentaron una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Constitución del país, a fin de armonizarla con el Estatuto de Roma.

La exposición de motivos de la iniciativa perredista recordaba que el Estatuto de Roma es el tratado internacional que tipifica y establece la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los casos más graves de violaciones a los derechos fundamentales: la agresión, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

En junio de 2005, inició la ruta para que el Congreso de la Unión aprobara parcialmente el Estatuto de Roma a fin de que con esto el Estado Mexicano reconociera la injerencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en temas como genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada.

Fue hasta 2010 cuando diputados y senadores abordaron de nuevo el tema y aprobaron en forma parcial el Estatuto de Roma, colocándole un candado para que su aplicación plena en México pudiera darse sólo si la aprobaba el Senado de la República previa revisión de cada caso expuesto.

La corrección a la iniciativa enviada en 2005 por el presidente Vicente Fox se produjo en el marco del declive de los tormentosos trabajos de la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), encabezada por el jurista Ignacio Carrillo Prieto.

La fiscalía pasó a la historia con más pena que gloria por todos los errores, omisiones, inconsistencias, vacíos jurídicos y resistencias que enfrentó en su existencia (2001-2006) en la que sólo llevó a prisión a cinco personas acusadas de homicidio, pero nunca a figuras como el ex presidente Luis Echeverría, el ex Jefe del Estado Mayor Presidencial, general Luis Gutiérrez Oropeza, el general Ricardo Careaga o el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro, señalados por genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada.

A la diputada Tapia Fonllem y a los legisladores que coordina en el Grupo Plural le tocó vivir hace un año una reedición de la batalla por lograr que el Estatuto de Roma fuera reconocido y aceptado a plenitud, pero también fueron derrotados en el pleno del congreso por un voto de diferencia.

Si el Senado hubiera determinado la aceptación plena del estatuto y la revisión de los casos relevantes denunciados en el país, quizá la Corte Penal ya se hubiera pronunciado en torno a hechos como los de Tlatlaya o Ayotzinapa.

En el plazo inmediato, los integrantes del Grupo Plural buscarán completar la ronda de entrevistas y acercamientos con los funcionarios federales y estatales que llevan el caso para avanzar y dar respuestas a lo sucedido.

Lo otro, comenta Elena Tapia, es corregir vacíos, huecos legislativos que permiten a funcionarios de diversos niveles de la administración pública evadir sus responsabilidades en la rendición de cuentas al no contestar cuando se les solicitan datos, informes, avances en una investigación.

Otra, insiste la diputada, es la revisión de tipos penales para delitos como el cometido en Tlatlaya, pero no se avanzará mucho mientras no nos armonicemos a los cambios en materia de derechos humanos para que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, sean también reconocidos y perseguidos en nuestro país.

En nuestra opinión, añade, lo ocurrido en la bodega de Tlatlaya podría juzgarse y castigarse como un crimen de lesa humanidad, pero como estamos hoy, con el marco jurídico vigente, ese delito no existe.

Jorge Alejandro Medellín

@JorgeMedellin95

Estado Mayor

Caso Tlatlaya: militares sí informaron a generales… pero luego se retractaron en su declaración

Funcionarios cercanos al caso explicaron a Animal Político que algunos de los militares involucrados contradicen las versiones de los hechos pues declaran que al menos 50 soldados y dos generales estaban al tanto de lo ocurrido en la bodega de Tlatlaya.
febrero 3, 2015Omar Sánchez de Tagle (@osdtagle)
Tweet
Email to a friend
Print this page
1
1
+ -Text Size
FOTO: Cuartoscuro

FOTO: Cuartoscuro

Los siete militares involucrados en el caso Tlatlaya, donde presuntamente ejecutaron a supuestos integrantes del crimen organizado, declararon que al menos dos generales fueron informados de lo ocurrido ese día. Sin embargo, los soldados modificaron sus declaraciones cuando recibieron la instrucción de despedir a sus abogados y aceptar sólo la representación de los abogados de oficio, designados por la propia Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con sus primeras declaraciones, también dijeron que una vez ocurridas las ejecuciones recibieron la orden de cercar el lugar de los hechos para impedir la entrada de cualquier autoridad civil.

Funcionarios cercanos al caso explicaron a Animal Político que algunos de los militares involucrados contradicen las versiones de los hechos pues declaran que al menos 50 soldados y dos generales estaban al tanto de lo ocurrido en la bodega de Tlatlaya.

Otros testimonios detallan que minutos después de matar a las 22 personas que se encontraban en la bodega se dio una orden de “tender un cerco en los alrededores del municipio de Tlatlaya para evitar que cualquier civil o autoridad local llegara.”

Estos cercos, de acuerdo con dos testimonios ofrecidos en el juzgado primero de distrito en materia penal del Distrito Federal, sirvieron para evitar que los Ministerios Públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México llegaran a tiempo a ver el lugar de los hechos.

Uno de esos testimonios detalla cómo en uno de los puntos del cerco militar se pidió a las 10 de la mañana a los ministerios públicos no avanzar debido a que los enfrentamientos aún continuaban, esto pese a que desde hacía horas ya habían terminado.

Parte de estos testimonios forman parte de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la reclasificación de su expediente.

En los expedientes del juzgado hay dos declaraciones de militares que señalan que la orden fue colocar retenes en los alrededores para “dar tiempo a que los compañeros verificaran y dejaran lista la escena del crimen”.

Uno de estos retenes colocados por los militares se ubicó en el poblado de San Pedro Limón, lugar en el que se dio la orden de presionar a las tres mujeres rescatadas para que modificaran sus versiones.

Tras estas declaraciones y versiones distintas, desde hace semanas los siete militares tomaron la recomendación de solo tener abogados de oficio.

Ante las distintas versiones que tiene la autoridad se sigue investigando los motivos por los cuales los agentes del ministerio público fueron avisados a las dos de la madrugada del enfrentamiento y llegaron a la bodega hasta las 12 del mediodía.

En tanto, hasta el pasado fin de semana ya han sido reclamados 19 de los 22 cuerpos de las personas que murieron el 30 de junio en Tlatlaya. Los tres que no han sido reclamados continúan en instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado de México

Por otra parte, esta semana un juez federal deberá determinar si le otorga un amparo al Coronel Raúl Castro Aparicio, quién horas después de los hechos llegó a Tlatlaya y por la tarde certificó la versión de que había sido un enfrentamiento.

El coronel solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión pese a que autoridades federales y militares negaron que existiera un mandato en su contra.

Solicita amparo coronel del caso Tlatlaya
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 10

Una juez federal admitió una demanda de amparo interpuesta por el coronel Raúl Castro Aparicio, comandante del 102 batallón de infantería, al que pertenecían los ocho militares detenidos e involucrados en el caso Tlatlaya, estado de México. El oficial manifestó en su escrito de demanda el temor a ser detenido y torturado por autoridades policiacas.

Según consta en el expediente 1048/2014, al que tuvo acceso La Jornada, el coronel Castro Aparicio presentó una demanda de amparo en el juzgado séptimo de distrito en esa materia contra cualquier orden de aprehensión, arresto o acto privativo de libertad, así como contra su posible incomunicación y maltrato.

Varias autoridades ministeriales y policiacas, entre ellas la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y diversos jueces federales han informado al juzgado séptimo de amparo que "no es cierto el acto reclamado", es decir, que negaron que existiera un mandato de captura contra Castro Aparicio.

No obstante, falta que una decena de jueces de otras entidades rindan sus informes justificados al juzgado de amparo.

Castro Aparicio fue removido del mando del 102 batallón de infantería semanas después que 22 civiles –presuntos integrantes de una banda de secuestradores– murieron en una bodega de Tlatlaya, en el estado de México.

El expediente de la PGR, abierto como parte de la investigación de ese caso, recoge testimonios que indican que el 30 de junio pasado el coronel Castro Aparicio llegó al lugar de los hechos un par de horas después del enfrentamiento.

Hasta el momento la PGR no cuenta con pruebas que definan si Castro Aparicio tuvo alguna participación en la alteración de la escena del crimen en la bodega de Tlatlaya.

Funcionarios del Poder Judicial Federal entrevistados indicaron que este tipo de amparos son muy comunes y buscan que una persona obtenga información sobre su situación jurídica.

Argumenta que "las indagatorias son confidenciales y su carácter es reservado"
La PGR se niega a dar información a la comisión legislativa sobre el caso Tlatlaya
Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 18 de febrero de 2015, p. 11

La Procuraduría General de la República (PGR) negó información a la comisión legislativa encargada de investigar los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en Tlatlaya, estado de México –donde civiles presuntamente fueron ejecutados por militares–, argumentando que las indagatorias no sólo son confidenciales, sino que su carácter es reservado.

La Secretaría de Gobernación remitió a la Cámara de Diputados la respuesta elaborada por la PGR, que respondió a la solicitud de información presentada por el órgano legislativo. La procuraduría sólo refiere una lista de hechos en los que ha participado, pero no aportó a los legisladores la información reclamada.

El Ministerio Público Federal manifiesta a la Cámara de Diputados que mantiene un firme compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos, y mantendrá la investigación con el propósito de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas del enfrentamiento que derivó en la muerte de 22 probables sicarios.

El oficio, firmado por Jorge Nader Kuri, refiere también que la participación de la PGR se derivó de "algunas inconsistencias" del parte informativo del personal militar que participó en el enfrentamiento. Al iniciar la averiguación previa respectiva se configuró la probable responsabilidad del personal militar en el delito de homicidio.

En el recuento informativo de la PGR sobre el caso específico también se enuncia la acción penal contra ocho efectivos militares por la comisión de los delitos de homicidio calificado y encubrimiento.

Al final del texto la procuraduría responde a la petición de los diputados: "En lo que respecta al contenido de las indagatorias, no es posible apuntar, en virtud de que la información pertinente es de carácter no sólo confidencial, sino reservado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública"

La PGR deberá entregar versión pública de consignaciones sobre el caso Tlatlaya

Preocupan a los comisionados las inconsistencias de respuestas anteriores de la dependencia
José Antonio Román

Periódico La Jornada
Jueves 26 de febrero de 2015, p. 14

Después de graves cuestionamientos a las respuestas incompletas –o incluso "falseadas"– a las solicitudes de información, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que entregue una versión pública de las consignaciones por el caso Tlatlaya, en el estado de México, así como diversos documentos relacionados con averiguaciones previas, donde se involucra a elementos del Ejército mexicano en la muerte de 22 personas en un presunto enfrentamiento.

En la resolución de tres diferentes recursos de revisión, todos vinculados con el caso, los comisionados del Ifai expresaron su preocupación por las "inconsistencias" encontradas en las respuestas de la PGR, tanto a los particulares como al instituto, debido a que primero alegó la clasificación de la información como reservada, con el argumento de que se trataba de una averiguación en trámite, y luego justificó su inexistencia, señalando que ya había consignado el expediente al juez. Esta acción de la PGR generó, con diversos matices, varias reacciones de inconformidad entre los comisionados.

En los recursos de revisión, presentados por el comisionado Óscar Guerra, y uno más por la comisionada Areli Cano, los particulares habían solicitado a la PGR copias de las averiguaciones previas iniciadas por el caso Tlatlaya, documentos y dictámenes periciales (21 en total) relacionados con esos hechos, así como los turnos de consignaciones.

Toda la información fue reservada con el argumento de que hay una investigación en curso. De igual manera, la PGR dijo que la indagatoria se inició por los delitos de homicidio, no por violaciones graves a los derechos humanos, premisa que fue desechada ayer en el pleno del Ifai.

De acuerdo con la resolución, la PGR alegó la clasificación, aun cuando la información ya era inexistente en sus archivos. Actuaciones que se consideran negligentes, porque dan lugar a actuaciones alejadas de la realidad y no garantizar de forma adecuada y efectiva el derecho de acceso a la información.

Por ello, el Ifai ordenó notificar de estos casos al Órgano de Control Interno (OIC) de la PGR, a fin de que resuelva sobre las omisiones que impidieron transparentar la información solicitada.

El comisionado Francisco Javier Acuña criticó severamente la actuación de la PGR por falsear sus respuestas. Dijo que en este caso existe una "impotencia institucional" por parte del Ifai, pues dar vista al OIC por estas faltas es una decisión verdaderamente inofensiva.

Además, informó de un reciente encuentro de los comisionados con el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, para abordar este tipo de respuestas a las solicitudes de información, pues no es la primera ocasión que ocurren incumplimientos y faltas.

Resulta que, dijo el comisionado Acuña, "tiro por viaje a la PGR le enmendamos la plana y le revocamos sus respuestas por ser inexactas, inconvenientes, fallidas y hasta falsas, como ya vimos en el caso de Tlatlaya".

A lo largo de las casi cuatro horas de sesión y con diversas resoluciones, varios de los comisionados insistieron en la urgencia de que el Senado apruebe una ley general de transparencia de vanguardia.

Los cabos sueltos en el caso Tlatlaya
Testimonios de víctimas recabados por la CNDH revelan discrepancias en horas y hechos registrados por las autoridades, la fuga de dos presuntos criminales frente al Ejército y la intención de la Sedena de proteger a militares que intervinieron
38comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las fuerzas armadas y su protagonismo
Desconfianza e incredulidad

IFAI y ONU piden a Senado abrir casos de violación a derechos humanos
EL EDITOR RECOMIENDA
Fraudes en cajas de ahorro cuesta 5 mmdp a mexicanos
El Banxico subasta 200 mdd por desplome del peso
España manda a prisión a ‘piratas’ de diarios en internet
PRI y PAN inician campañas electorales en Monterrey
Pemex rentará refinerías y despedirá personal
Falso que Guillermo Padrés recibiera soborno: vocero
(Especial)
(Especial)
Paris Alejandro Salazar | Especiales LSR | 2015-03-09 00:00:00

El Ejército mexicano permitió que dos hombres que se encontraban en el interior de la bodega en Tlatlaya escaparan a bordo de una camioneta -que ya los esperaba- minutos después del enfrentamiento armados la madrugada del 30 de junio de 2014, de acuerdo a declaraciones de sobrevivientes del enfrentamiento y de un vecino de San Pedro Limón.



Entre las personas que huyeron se encuentra uno de los presuntos líderes de una organización criminal que opera en el sur del estado de México.



A pesar de que elementos del Batallón 102 de Infantería con sede en San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, Estado de México, mantenían resguardada la bodega y que ésta sólo tenía una acceso, dos civiles lograron evadir el cerco militar, abordar un vehículo y alejarse del lugar.



La recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya en el que perdieron la vida 22 personas documenta la fuga de los dos hombres, así como los obstáculos oficiales en torno a la investigación del ombudsman nacional, los excesos de fuerza del Ejército, las declaraciones arrancadas con torturas por la procuraduría mexiquense, la protección a los soldados y las ejecuciones extrajudiciales.



Hora del enfrentamiento



El 30 de junio de 2014, ocho elementos del Batallón 102 de infantería realizaban un patrullaje a bordo de un vehículo oficial en el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, Tlatlaya, sobre la carretera Federal número 2, y presuntamente fueron atacados a balazos por un grupo de civiles que se encontraba en una bodega en obra negra. Los soldados repelieron la agresión.



Aunque los partes informativos y el oficio DH-III-10983 de la Secretaría de la Defensa establecen que el enfrentamiento entre soldados y civiles se registró a las 5:00 horas, al menos siete testimonios, entre ellos el de dos sobrevivientes, aseguraron que el choque armado se dio entre las 4:00 y 4:30 horas, que el intercambio de disparos duró alrededor de 10 minutos y que después se dieron más detonaciones espaciadas, en grupos de grupos de dos o tres.



La CNDH recabó declaraciones de vecinos del lugar en donde se encuentra la bodega, en el punto 205 de la recomendación T1 (Testigo 1) señaló que “vio el reloj (a las 4:25 horas) escuchó los primeros disparos, que en un principio creía se trataba de la fiesta de San Pedro Limón. Que desde su casa, lograba percibir dos tipos de disparos, ‘que sonaban: ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!, y otros que sonaban: ¡Tatatatatatatatatata!’, lo que según él indica que los tiros del Ejército se escuchaban claros, como cuetes y aislados, mientras que los del grupo de los hombres armados eran ráfagas. Además, refirió que el Ejército traía unas lámparas con fuerte intensidad, que daban mucha luz.



En el numeral 209, T2 (Testigo 2) indicó que el día de los hechos “se encontraba despierta, y que alrededor de las 4:00 de la mañana, escuchó muchos disparos de arma de fuego de manera intermitente, puesto que se detenían unos minutos y volvían a comenzar, afirmó que terminaron aproximadamente a las 6:00 horas; este relato es coincidente con el ofrecido por el señor T3 (Testigo 3), quien indicó que escuchó las primeras detonaciones aproximadamente a las 4:00 am y que cesaron aproximadamente a las 06:30 horas. Además, se cuenta con los testimonios de la T4 (Testigo 4) y T5 (Testigo 5), quienes coinciden en que las primeras detonaciones comenzaron entre las 4:20 y 4:30, además de asegurar que los balazos eran intermitentes”.



La CNDH “considera que el testimonio proporcionado por los testigos es verosímil, debido a que coinciden entre sí”, estas declaraciones descartan las versiones de las autoridades militares y de los elementos del Ejército rendidas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en las que señalaron que el enfrentamiento comenzó alrededor de las 5:30 horas.



El escape del líder



Minutos después del enfrentamiento, dos hombres que se encontraban en el interior de la bodega no fueron asegurados por elementos del Ejército mexicano y lograron escapar a bordo de una camioneta a pesar de que el único acceso era resguardado por elementos del Batallón 102 de Infantería.



Incluso una camioneta se acercó al lugar para llevarse a los dos sujetos, uno de ellos, es un presunto líder de un grupo criminal que opera en la zona y que era el que daba las órdenes a los hombres armados al interior de la bodega.



La fuga está registrada en las declaraciones de dos sobrevivientes y un vecino de la comunidad.



La bodega donde se perpetró el enfrentamiento se encuentra a un costado de la carretera Los Cuervos – Arcelia, tramo de San Antonio del Rosario – San Pedro Limón, entre las comunidades de Ancón de Curieles e Higo Prieto, en Tlatlaya.



Al frente de la bodega, hay dos cuartos tipo accesorias en obra negra. La bodega no tiene puerta –que es la única entrada y salida-, lo que permite el libre acceso hacia el interior de la misma, y una visibilidad parcial del interior. La bodega es un espacio vacío, con piso de tierra suelta y grava de color oscuro en la parte central, no cuenta con lámparas.



Los dos sujetos simularon rendirse, salieron de la bodega con las manos en la nuca y después se echaron a correr.



Una víctima sobreviviente del enfrentamiento a quien se identifica como V24 en la recomendación de la CNDH, narró que “durante el enfrentamiento se podía ver hacia el interior de la bodega porque los militares alumbraban, sin saber con qué. V24 refiere que se asomó rápidamente, y pudo ver que era sólo un vehículo militar; y que los hombres civiles que disparaban desde adentro hacia afuera de la bodega eran alrededor de ocho o trece personas, que se ubicaban en el centro de la bodega, alrededor de la camioneta blanca que se encontraba estacionada en el centro. El intercambio de disparos duró aproximadamente cinco minutos, ya que ‘se rindieron fácil y soltaron las armas’. Indicó que una persona a quien reconoce como Apodo 1 salió afuera de la bodega con las manos hacia la cabeza, probablemente huyendo”.



Apodo 1, también es mencionado como “El Comandante”, en la recomendación de la CNDH. En el número 198 dice que “había en el lugar un líder a quien denominaban Apodo 1 y que presuntamente, se trataba de una persona que pertenecían a una organización criminal”.



Esta versión fue confirmada por V25 (Víctima sobreviviente), quien fue entrevistada por la CNDH en el centro penitenciario de Nayarit, y quedó asentada en el numeral 199 de la recomendación 51/2014:



“Asimismo, coinciden (V24 y V25) en que en un momento de la madrugada, encontrándose la mayoría de las personas dormidas al interior de la bodega, comenzaron a escuchar detonaciones desde fuera, y que uno de los hombres que estaba haciendo guardia afuera entró corriendo a la bodega, indicando que les estaban disparando. Que al interior, los hombres armados decían: ‘¡ya nos cayeron los contras!’ y que momentos después advirtieron que era el Ejército Mexicano, quien se identificaba como tal, y les gritaban desde afuera que se rindieran, que les ‘perdonarían la vida’. Coinciden en que había cierta iluminación que provenía desde fuera, sin saber si provenía de un vehículo o alguna lámpara de iluminación. Además, que hubo intercambio de disparos, y que un grupo de personas al interior comenzó a disparar hacía afuera, oscilando este entre las 8 y 13 personas, pero que también se recibían impactos por parte del Ejército. De los testimonios antes referidos se deriva que el enfrentamiento se prolongó alrededor de 10 minutos, ya que los hombres se rindieron, quedando algunos heridos. Al interior, alguien dio la orden de rendirse, que fue cuando uno de ellos intentó salir con las manos arriba, pero regresó corriendo al interior ya que el Ejército le disparó. Además, refieren que dos personas, de las cuales presumen uno era Apodo 1, lograron escapar con las manos detrás de la cabeza”.



Una tercera declaración refuerza que dos personas huyeron a pesar del operativo del Ejército mexicano que custodiaba la única puerta de acceso a la bodega. El señalamiento lo hace T1 y aparece en el número 207 de la recomendación de la CNDH:



“Señaló (T1) que durante el transcurso del enfrentamiento huyeron dos personas de la bodega; que eso lo sabe porque los escuchó correr y los pudo ver por su ventana, donde al parecer los esperaba una tercera persona en una camioneta; y que eran perseguidos por elementos del ejército corriendo, quienes tenían lámparas en sus manos”.



Después no hubo mayor seguimiento a estos sujetos por parte de los elementos de Batallón 102.



Doce ejecuciones



En un lapso de tres horas presuntamente se registraron 12 ejecuciones de civiles por miembros del Batallón 102, de acuerdo al testimonio de un soldado que estuvo presente la madrugada del 30 de junio y lo cual documentó la CNDH.



Un elemento del Ejército, identificado como AR35 y cabo de Infantería, hizo dos llamada a distintas horas al Ministerio Público, y ofreció cifras sobre el número de civiles muertos en la bodega de Tlatalya, en una dijo que eran 10 personas, en la otra dijo que eran 22.



A las 6 de la mañana AR35 señaló que había entre 10 y 12 personas sin vida, además de un herido, informó también que no podían acercarse al levantar los cuerpos porque se mantenía un enfrentamiento. Sin embargo, ya había pasado más de una hora del único enfrentamiento entre civiles y soldados.



Las llamadas quedaron registradas forman parte de la evidencia documental de la investigación, las cuales fueron expuesta en los numerales 77.2 y 77.3 de la recomendación de la CNDH:



“77.2. Constancia de 30 de junio de 2014, en el que la Representación Social de Tejupilco, Estado de México, hizo constar que recibió una llamada telefónica a las 06:00 horas, de quien dijo ser AR35 cabo de Infantería del 102/o Batallón de Infantería con sede en San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, estado de México; quien reportó un enfrentamiento entre los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y un grupo de civiles armados, resultando de dicho hecho entre 10 y 12 civiles fallecidos y un elemento de la citada Secretaría herido.



“77.3. Acta de inicio de noticia criminal número 393000052314 por el posible delito de homicidio de fecha 30 de junio de 2014, dada a conocer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en donde se tuvo como denunciante a AR35, quien se comunicó vía telefónica el mismo día a las 06:00 horas, haciendo constar lo anterior la agente del Ministerio Público AR14”.



Tres horas después AR35 cabo de Infantería del Batallón 102 volvió a llamar a Ministerio Público para avisar que eran 22 personas muertas y que ya era seguro acercarse a la zona, lo cual quedó documentado por la Organismo nacional:



“77.4. Constancia ministerial de 30 de junio de 2014 en la que refiere que a las 09:00 horas de esa fecha se recibió una llamada telefónica de quien dijo ser AR35, cabo de infantería del 102/o Batallón de Infantería con sede en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, manifestando que ya era seguro para el personal de actuaciones avanzar al lugar de los hechos en virtud de que ya habían llegado refuerzos reportando la cifra exacta de personas fallecidas, siendo 21 personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino, así como tres personas del sexo femenino en calidad de aseguradas”.



De estos documentos se rescata que 12 personas perdieron la vida entre las 6:00 y las 9:00 horas, es decir, cuando ya no había enfrentamiento, además los testimonios de las sobrevivientes señalan que la mayoría de los jóvenes se rindieron fácilmente.



La víctima sobreviviente del enfrentamiento (y madre de una de la única víctima femenina), identificada por la CNDH como V23, señaló que algunos jóvenes estaban vivos, pero que fueron ejecutados por elementos del Ejército, lo cual aparece en el punto 149 de la recomendación.



“Alrededor de las 7:00 horas, (V23) vio que los muchachos dentro de la bodega seguían vivos y debido a que se habían rendido trasladaron a los jóvenes que estaban en el lado izquierdo de la bodega (teniendo como referencia el frente de ésta), al interior del ‘local’ de la entrada del mismo, y luego los sacaron ‘uno por uno’ y les disparaban contra la pared (‘y luego a uno por uno los sacan [del cuarto] y les disparan para herirlos del lado de la pared izquierda’). Refirió que lo mismo hicieron con los que se habían protegido del lado derecho de la pared. Al respecto señaló que después de herir a los jóvenes, los militares empezaron a matarlos uno por uno, lo cual sucedió antes de la llegada de los marinos y más militares.



La versión es reforzada por el testimonio de la víctima sobreviviente V24 y expuesta por la CNDH en el numeral 164:



“Desde este lugar, V24 observa que paran en la pared del lado izquierda de la bodega (teniendo como referencia el frente de la misma) a cinco hombres que estaban heridos y desarmados, y los militares les disparan uno por uno, y luego les colocan armas de fuego a su lado. Agrega que del lado norte de la bodega colocan a un joven que no estaba herido y le disparan los militares. Posteriormente, los militares acercan los cuerpos de las demás personas que estaban dentro de la bodega y los empiezan a colocar junto al cuerpo del joven”.



Las víctimas sobrevivientes declararon que con ellas se encontraban dos jóvenes (V11 y V12) de entre 17 y 20 años, que decían estar secuestrados y se encontraban amarrados de las manos. El testimonio de V25 da cuenta también de la ejecución de ellos:



“190. (…) Ingresaron a ese cuarto (del lado derecho de la bodega) a V23, V24 a ella, y a dos jóvenes, lugar en el que permanecieron amarradas de las manos, hasta que los militares se llevaron a los dos jóvenes diciéndoles que tenían que llevárselos para ‘tomarles unas fotografías’. Cuando se los llevaron, se escucharon disparos, y los jóvenes no regresaron nuevamente al cuarto.



Entre las personas que presuntamente fueron ejecutados por miembros del Ejército se encontraban estos dos jóvenes que eran víctimas de privación ilegal de la libertad, quienes a pesar de exponer su condición al personal castrense, también perdieron la vida.



En las diligencias de contacto con los familiares de las víctimas que realizó la CNDH, se estableció comunicación telefónica con Víctima Indirecta 13, madre de V12, quien refirió que el 27 de junio del año en curso, fue la última vez que vio a su hijo, quien llegó a su casa a cenar y salió de ese lugar con rumbo al domicilio de un compañero de trabajo, donde dormiría porque saldrían a trabajar muy temprano a realizar actividades de pavimentación.



Al día siguiente, al advertir que su hijo no llegó a la casa a la hora esperada, llamó telefónicamente a su compañero, quien le comentó que V12 no se había presentado. Por lo que empezó a preguntar por su hijo en la comunidad de Tenancingo, municipio de Tlalchapa, Guerrero. Unos vecinos del lugar le dijeron que lo habían visto el viernes 27 de junio aproximadamente a las 23:00 horas con unas mujeres que lo habían entregado a integrantes de una organización criminal.



Esas mujeres fueron a su casa y la amenazaron de que “no hiciera nada”, porque si no la persona de Apodo 1 (“El Comandante”) la iba a matar; fue hasta el martes 1 de julio de 2014, que esas mismas mujeres la buscaron para decirle que recogiera el cuerpo de su hijo en el Servicio Médico Forense de Toluca, porque había muerto en una “balacera”.



La CNDH concluyó que “por la cercanía en la fecha de su privación ilegal de la libertad, a los hechos del 30 de junio de 2014, es posible establecer que una de las personas secuestradas que refieren V23, V24 y V25, se trataba de V12”.



Excesos militares y protección oficial



Después del enfrentamiento armado, los militares cometieron algunos abusos en contra de civiles, las cuales están documentadas en la investigación y expuestas por la CNDH en la recomendación:



“231. Además, no pasa desapercibido que además de las lesiones de arma de fuego, algunas presentaron lesiones como traumatismos, excoriaciones, equimosis, entre otras, en distintas regiones del cuerpo. Según la opinión pericial emitida por este organismo nacional, las victimas V10, V12, V15 y V16, presentaron lesiones denominadas contusiones simples en la modalidad de equimosis y excoriaciones, las cuales fueron producidas con un objeto de consistencia firme y de bordes romos, que actuó mediante una fuerza externa aplicada, en un mecanismo de presión, fricción y deslizamiento, infligido por terceras



“232. Se considera con especial gravedad el caso de V2 quien presentaba luxación occipito-atlo-axoidea (desnucamiento), es decir, una dislocación forzada de la articulación que une la columna vertebral con el cráneo, debido a una hiperextensión forzada de dicha articulación, siendo el mecanismo más común el de tipo traumático, la cual fue ocasionada por terceras personas”, señala el documento.



La Sedena buscó proteger a los elementos que participaron en el enfrentamiento en Tlatlaya al cambiarlos de adscripción, así lo documentó la CNDH en octubre de 2014 en el punto 101 de la recomendación:



“Debe señalarse que según lo informado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el informe requerido, el personal militar involucrado causó baja del 102/o Batallón de Infantería y alta en diversos organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, a la fecha de emisión de la presente recomendación no se ha iniciado una investigación en contra de AR40, u otros elementos militares que estuvieron presentes en el lugar”.



Obstáculos gubernamentales



Desde el principio de la investigación del caso Tlatlaya existieron obstáculos por parte de las procuradurías para llegar la “verdad histórica”, de ello dio cuenta la CNDH.



Se pudo acreditar que algunas declaraciones de las victimas sobrevivientes fueron producto de la coerción, el numeral 151 de la recomendación se establece que “respecto a las primeras declaraciones ante el Ministerio Público de parte de V24 y V25, se observa que fueron obtenidas en base a tortura –lo cual ameritará su desarrollo respectivo en la presente recomendación—y que dicha tortura fue con la finalidad de que manifestaran su relación con las personas que fallecieron el 30 de junio de 2014 y en ese sentido, se auto incriminaran, pero también, para que no declararan respecto a la forma en la que se había dado muerte a las 22 personas que fallecieron al interior de la bodega”.



La CNDH reveló que solicitó las fotografías recabadas por el personal ministerial en el lugar de los hechos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pero la dependencia no las envió todas, porque dijo que no las tenía, “al analizarlas se advirtió que respecto fotografías de los cadáveres en la bodega, de la denominada ‘zona 1’, esto es, muro norte (donde se encontraron los cadáveres de las víctimas V1, V2, V3, V4 y V5) no se recibieron fotografías con detalle individual de los cadáveres sino que únicamente se enviaron fotos con planos generales de la zona”.



Lo cual contrasta con las fotografías que aparecieron en algunos medios de comunicación, lo que podría evidenciar que se permitió ingresar a medios de comunicación a una zona asegurada. Lo cual se manifestó en el punto 116:



“…se realizaron gestiones con el director general del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría estatal, la cual confirmó que en efectos, las fotografías entregadas fueron las únicas recabadas, lo cual resulta poco verosímil, debido a que se observa que en las fotografías publicadas en diversos medios de comunicación que muestran cadáveres al interior de la bodega, se aprecian fotografías con acercamiento de los cadáveres de la zona 1, debiéndose tomar en cuenta que las únicas autoridades facultades para fotografiar una escena del crimen son las autoridades ministeriales. Es por ello que con su actuar los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, al no proporcionar la información con la que contaba de forma íntegra, obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos humanos, que realizó este organismo nacional.



La procuraduría mexiquense también cometió abusos y agresiones sexuales contra las víctimas sobrevivientes, lo cual acreditó la CNDH.



“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este Organismo Nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de V24 y V25, y los tratos inhumanos en agravio de V23, mujeres que estuvieron presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación 1”, se puede leer en número 118 de la recomendación.



Por su parte, con su actuación la Procuraduría General de la República retrasó la investigación que inició la CNDH y que derivó en la recomendación 51/2014, al no facilitar copias simples ni material electrónico, lo que obligó a que todo se transcribiera de manera manual, así lo señaló el organismo nacional en el apartado 114.



“Por lo que hace a la consulta a las averiguaciones previas 1, 2 y 3, integradas por la Procuraduría General de la República, dado que no se permitió a personal de este Organismo Nacional el uso de medios electrónicos u otorgar copias simples de las constancias que integraban las mismas, las diligencias ministeriales que fueron puestas a la vista tuvieron que ser transcritas manualmente, lo cual implicó una gran inversión de recursos humanos y tiempo para finalizar diligentemente esta tarea. Ello se consideró necesario dado que en las mismas obraban evidencias esenciales para arribar a la verdad de los hechos y determinar la responsabilidad por violaciones a derechos humanos”, detalla el documento.



La recomendación 51/2014 de la CNDH exhibió que los elementos del Batallón 102 no aprehendieron a dos personas -que hoy se sabe son claves en la investigación-, quienes lograron fugarse al simular una redición, además quedaron al descubierto las omisiones y los excesos del personal castrense y de las diversas procuradurías, así como las trabas legales para llegar a la “verdad de los hechos” en el caso Tlatlaya en las que se buscó ajustar las declaraciones para exponer una versión diferentes

La recomendación 51/2014 de la CNDH exhibió que los elementos del Batallón 102 no aprehendieron a dos personas -que hoy se sabe son claves en la investigación-, quienes lograron fugarse al simular una redición, además quedaron al descubierto las omisiones y los excesos del personal castrense y de las diversas procuradurías, así como las trabas legales para llegar a la “verdad de los hechos” en el caso Tlatlaya en las que se buscó ajustar las declaraciones para exponer una versión diferentes

Suspende EU apoyo a batallón del Ejército implicado en el caso Tlatlaya: “The Intercept”

Marcela Turati
10 de mayo de 2015
Reportaje Especial
Las huellas de la masacre en Tlatlaya. Foto: Agencia MVT
Las huellas de la masacre en Tlatlaya.
Foto: Agencia MVT

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- A partir de la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Estados Unidos realizó algunos informes en los que manifiesta su sospecha sobre la complicidad del gobierno mexicano con los cárteles de la droga y el involucramiento del Ejército en actividades ilícitas. Como castigo, en el primero de los casos suspendió la ayuda militar al Batallón 102 del Ejército; en el segundo evitó definir su postura.

Los documentos que fueron desclasificados a través de la Ley de Libertad de Información mediante solicitudes realizadas por investigadores de la organización Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive), y publicados por The Intercept, una revista electrónica que sirve, entre otros objetivos, como una plataforma para informar sobre los documentos publicados por Edward Snowden, revelan que por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón 102 en junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, de manera excepcional Washington paralizó fondos que iban destinados al Ejército.

En el artículo titulado “Autoridades mexicanas implicadas en la violencia, mientras siguen fluyendo los apoyos”, el investigador Jesse Franzblau y la reportera Cora Currier mostraron un informe interno del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, fechado en octubre de 2014, que menciona que algunas de las 22 víctimas no murieron a causa del supuesto enfrentamiento con el Ejército sino que fueron ejecutadas de manera sumaria y que un oficial del Ejército mexicano y siete soldados habían sido detenidos por los asesinatos y su encubrimiento.

A continuación, en el documento de Comando Norte se menciona: “A medida que más datos salen a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército estuvo involucrado en actos ilícitos”.

Menciona también que si la Secretaría de la Defensa Nacional que investigaba el caso encontraba que el comandante de la zona militar que supervisaba al Batallón 102 era encontrado responsable de los asesinatos de Tlatlaya y estuviera implicado en ‘una grave violación a los derechos humanos’, entonces ‘toda la zona militar, más 10.000 miembros del personal, no podrían ser elegidos para recibir asistencia en seguridad por parte de Estados Unidos’.

En enero otro cable del Comando Norte informa que el Departamento de Estado había suspendido el financiamiento de Estados Unidos a esta unidad en espera de los resultados de la investigación.

Esta afirmación fue confirmada por una funcionaria del Departamento de Estado quien, al ser consultada por The Intercept, señaló que cinco individuos pertenecientes al Batallón 102 acusado de los asesinatos extrajudiciales habían recibido entrenamiento del Comando Norte, pero que ninguno de los capacitados había sido acusado por los asesinatos.

La funcionaria agregó: “El Gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado ninguna ayuda o entrenamiento a miembros del batallón 102, y no lo hará hasta que haya evaluado los resultados de las investigaciones relacionadas con este incidente”.

“El caso de Tlatlaya es un inusual ejemplo confirmatorio de que el Gobierno de Estados Unidos, en efecto, está cesando los fondos dirigidos a fuerzas de seguridad”, indica el reportaje dedicado a mostrar cómo en la mayoría de los casos el gobierno estadunidense ignora las violaciones a los derechos humanos cometidas en México.

El artículo menciona la legislación introducida por el senador demócrata Patrick Leahy en 1997, conocida como la “Ley Leahy”, que prohíbe que los Estados Unidos brinde asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras que se sospecha hubieran cometido alguna grave violación a los derechos humanos.

El mismo reporte fechado en octubre de 2014 aborda también la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala en la que participaron distintos funcionarios públicos, especialmente el hallazgo de los cuerpos encontrados en las fosas sobre las que el Comando Norte señala: “(este caso plantea) alarmantes preguntas sobre el carácter generalizado de la violencia de cárteles en la región y su nivel de complicidad con el Gobierno”.

The Intercept preguntó a la funcionaria estadunidense sobre si el Departamento de Estado o el de Defensa habían suspendido algún tipo de formación o asistencia a las fuerzas de seguridad o a los órganos de investigación en el estado de Guerrero en castigo por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a lo que se le respondió que desde el otoño pasado no habían recibido ninguna solicitud de capacitaciones en esa entidad.

La funcionaria cuestionada no confirmó si se dejó de brindar apoyo como resultado de las investigaciones derivadas de la desaparición forzada. En el artículo se señala que es “irregular” el criterio que usa el Departamento de Estado para cada caso.

El texto menciona que el caso Ayotzinapa fue “sólo una de las numerosas y recientes atrocidades en México”, pues en junio militares mexicanos mataron a 22 personas en Tlatlaya y el pasado mes de abril una investigación periodística (realizada por Laura Castellanos) reveló que la policía federal había masacrado a 16 personas en Apatzingán, Michoacán. En los tres casos las autoridades presuntamente trataron de encubrir los asesinatos.

“En un periodo menor a un año, autoridades locales, federales y militares se han visto involucradas en estos tres incidentes, lo que proporciona ejemplos gráficos de la violencia patrocinada por el Estado, convertida en algo tan común en México”, escribieron los investigadores.

Los autores mencionaron que la cooperación de Estados Unidos para con el gobierno mexicano –“que supone miles de millones en apoyo financiero estadunidense para su guerra contra las drogas”– está bajo un constante escrutinio y que los documentos obtenidos demuestran que Estados Unidos “es muy consciente de que su apoyo se dirige hacia autoridades mexicanas conectadas con esas violaciones”. Y pese a ello (excepto en ocasiones muy puntuales como el de Tlatlaya) la ayuda a México sigue fluyendo.

En el texto se menciona que desde 2008, el gobierno de Estados Unidos ha gastado casi 3 mil millones de dólares en asistencia en seguridad para México, y gran parte de esto es a través de la Iniciativa Mérida, una estrategia antidrogas inspirada en el Plan Colombia, mediante la cual los Estados Unidos canalizan miles de millones de dólares hacia la, “a menudo brutal”, guerra antidrogas librada por México. A este apoyo se le suma la venta directa de armas y otros equipos (México es el principal cliente latinoamericano), que ascendieron a más de 1.15 mil millones de dólares el año pasado.

Señala también que una gran cantidad de agencias de Estados Unidos apoyaron al gobierno mexicano para utilizar el espionaje telefónico y el uso de tecnología biométrica, de acuerdo con cables de la embajada. El FBI también ha prestado asistencia para recolección en bases de datos de huellas digitales, según archivos del gobierno mexicano.

“EE.UU. ofrece capacitación a los oficiales en veintiún estados diferentes, incluidos suministros que van desde ‘equipos de gimnasio hasta esposas para los entrenamientos’; y entrenamiento para ‘análisis de inteligencia especializada’. A nivel federal, el cable apunta que EE.UU. ha brindado formación en áreas de especialidad, que incluyen ‘artefactos explosivos, terrorismo y tráfico de drogas’”.

Desde diciembre de 2012, el Departamento de Estado –según uno de los documentos declasificados– había financiado casi 4 millones de dólares en “equipo básico de vigilancia encubierta”, junto con la capacitación de las agencias de investigación federales mexicanas.

“El Departamento de Estado ha desplegado proveedores para brindar software, equipos y otros tipos de asistencia para el Centro de Control y Comando Nacional de México, conocido como el “Bunker”, que es utilizado por la Policía Federal como un centro de recopilación de información y de intercambio de inteligencia.

Las agencias de seguridad de México también están conectadas a través de una red llamada Plataforma México —otro proyecto financiado por Estados Unidos que une al Bunker con otras agencias federales, estatales y locales, incluyendo los Comandos regionales y centros de control, conocidos como C-4”. Dicho C-4 –mencionan– no funcionó para prevenir los ataques y la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Mexican Authorities Implicated in Violence, But U.S. Security Aid Still Flows
By Cora Currier and Jesse Franzblau @coracurrier
Friday at 9:27 AM
Share

Twitter
Facebook
Google
Email
Print

Popular

CIA’s Jeffrey Sterling Sentenced to 42 Months for Leaking to New York Times Journalist
Many of the NSA’s Loudest Defenders Have Financial Ties to NSA Contractors
Canadian Government Says Free Speech is for Offending Muslims — Not Opposing Israel
You Can’t Read the TPP, But These Huge Corporations Can
“You Can Read My Notes? Not on Your Life!”: Top Democratic Senator Blasts Obama’s TPP Secrecy

Featured photo - Mexican Authorities Implicated in Violence, But U.S. Security Aid Still Flows

The case of 43 missing students from Ayotzinapa teachers college, who were kidnapped last September from the Mexican city of Iguala and have not been seen since, has caused an international outcry and rocked the presidency of Enrique Peña Nieto. The Mexican government has sought to portray the Iguala case as the work of local government officials and their gangster accomplices, but as The Intercept reported this week, evidence implicating authorities in the disappearances has led to a concentration of popular anger in a single phrase: fue el estado. “It was the state.”

Iguala, however, was just one among many recent atrocities in Mexico. The previous June, Mexican soldiers killed 22 people in Tlatlaya, in the state of Mexico. Then last month, Mexican journalists reported that federal police had massacred 16 people in January in Apatzingán, in the western state of Michoacán. In each case, authorities allegedly tried to cover up the killings.

In the span of less than a year, these three incidents have implicated local, federal, and military authorities, providing graphic examples of the state-sponsored violence that has become so prevalent in Mexico.

In this context, U.S. cooperation with the Mexican government — which entails billions in American financial backing for its war on drugs — is receiving renewed scrutiny.

U.S. government documents obtained by the National Security Archive through Freedom of Information Act requests demonstrate that the United States is well aware that its support is going to Mexican authorities connected to abuses. And yet, with few exceptions, the money keeps flowing.

New evidence provides a rare glimpse of the way U.S. authorities have learned that the Mexican security apparatus has been implicated in specific abuses, and how they have responded.

After the students were kidnapped from Iguala, the search for the disappeared turned up 28 other bodies in nearby mass graves. They had been killed and buried in apparently separate circumstances. An October 2014 internal report from the U.S. Army’s Northern Command noted the extra bodies, and said that the preponderance of mass graves raised “alarming questions about the widespread nature of cartel violence in the region and the level of government complicity.”

20150417_zaf_u78_015b

Building where Mexican soldiers killed 22 alleged criminals in Tlatlaya. (Universal ZumaPress)

The Northern Command report also highlighted the case of Tlatlaya. Some of the 22 killed there, who the government alleged were cartel members, died during a firefight, while others had been summarily executed afterwards. A Mexican army officer and seven soldiers had recently been arrested for the killings and subsequent cover up, and Northern Command “assesse[d] that as more facts come to light there is greater acceptance that the military was involved in wrongdoing.”

The commander of the military zone overseeing the battalion responsible for the Tlatlaya killings was also put under investigation by the Mexican military. If he were to be implicated in “a gross human rights violation,” the report notes, “the entire military zone and 10,000 personnel will be ineligible for U.S. security cooperation assistance.”

Soon enough, at least the battalion directly involved was cut off: In January, another Northern Command cable reported that the State Department “has suspended U.S. funded assistance to this unit pending the results of this investigation.”

A State Department official confirmed to The Intercept that five individuals in the unit had received training from Northern Command, but that none of those specific trainees had been charged in the killings. Beyond that, she said, “the U.S. government has not provided any assistance or trained members of the 102nd battalion and will not do so until it has evaluated the results of the investigations related to this incident.”

Legislation introduced by Senator Patrick Leahy, D-Vt., in 1997, and commonly known as the “Leahy Law,” prohibits U.S. assistance to foreign security forces credibly believed to have committed a gross human right violation.

The Tlatlaya incident is a rare confirmed example of the U.S. government actually cutting off funding for security forces.

In the case of the missing Ayotzinapa students, when asked if the State Department or Department of Defense has suspended any training or assistance to security forces or investigative agencies in the state of Guerrero, where the students disappeared, the official said that the State Department has not received any requests for funding from the Mexican government to train security forces or investigative agencies in Guerrero since last fall. She did not confirm, however, if any units or agencies had actually been suspended as a result of the investigations stemming from the disappearance. The Department of Defense did not respond to requests for comment.

The State Department’s piecemeal response to these events highlights the conundrum that Mexico now presents for the United States, as it seeks to help the Mexican government battle drug cartels.

Since 2008, the U.S. government has spent nearly $3 billion on security aid to Mexico, largely through the Mérida Initiative, a counter-drug strategy modeled on Plan Colombia, through which the United States funneled billions of dollars to that country’s often-brutal drug war. This support comes in addition to direct sales of arms and other equipment, which totaled over $1.15 billion last year alone. Mexico recently surpassed Colombia to become the largest customer for U.S. weapons in Latin America.

Documents revealing details of this cooperation show how U.S.-Mexico security and intelligence relations have reached unparalleled levels of intimacy. In 2010, with the Mérida initiative in full swing, the U.S. Embassy noted in a cable released by Wikileaks that “our ties with the Military have never been closer in terms of not only equipment transfers and training,” but also “intelligence exchanges.”

In recent years, the Obama administration has shifted the emphasis of Mérida funds from military hardware to programs focused on institutional reform, including training law enforcement at the local level. But the Mexican government’s disastrous record on investigating and punishing the perpetrators of recent crimes raises the question of what good that assistance is doing.

A Mexican government database lists over 23,600 people who have been reported disappeared throughout the country; 2014 witnessed 5,133 disappearances, the highest number on record. Impunity remains the norm, with 98.3 percent of crimes going unpunished in 2013, according to Mexican government statistics. The U.S. State Department’s own human rights reporting on Mexico highlights police and military involvement in serious abuses, including unlawful killings, physical abuse, torture and disappearances.

“Clearly elements within the [Mexican] Army believed that they had nothing to fear by slaughtering innocent people execution-style, which indicates a pervasiveness of impunity,” said Tim Rieser, foreign policy aide to Senator Leahy, who has been a longtime advocate for greater pressure on Mexico on human rights, in reference to the Tlatlaya case. “So clearly there’s a long way to go.”

The Mexican government’s failure to investigate mass graves provides a revealing example of the problem of impunity.

Hundreds of mass graves have been discovered in Mexico in recent years. Despite that, Mexico’s federal prosecutors have reported opening just 15 investigations between 2011 and April 2015, according to documents obtained by the human rights organization Article 19.

This is clearly an inadequate response to the scale of the problem, of which U.S. officials in Mexico are acutely aware. One U.S. Embassy cable from 2011 reported on the discovery of 219 bodies unearthed in a series of mass graves that year around the northern city of Durango. Another cable, from 2010, discusses a mass grave in Acapulco, Guerrero containing the bodies of 18 men, and another near a ranch in the northern state of Chihuahua, filled with 19 men and one woman.

As these graves and others like them apparently go uninvestigated, the U.S. has been pouring money into Mexico’s investigative and forensic capabilities. The same document that reports on the mass graves in Acapulco and Chihuahua discusses U.S. deliveries of approximately $1.2 million in equipment to a laboratory that provides training for the attorney general’s forensic experts. The document also highlights plans to provide the Mexican government with network, forensic, and biometric equipment, beginning in July 2011.

An upbeat Embassy memo from January 2013, “summarizing the achievements” of Mérida, reports that the U.S. Justice Department had received over $11 million under Mérida to spend on forensics development and planned to expand its support to state-level laboratories that year.

Despite this aid, the Mexican government has fallen so woefully short that family members of Mexico’s disappeared have found it necessary to take up the task of investigation on their own. Since her brother was kidnapped and disappeared by armed men in police uniforms in October 2013, Nansi Cisneros has dug into the case herself, and started an organization to help other families do the same.

“The state or the government is not giving us answers,” Cisneros told The Intercept. “It’s become up to us to try to find our loved ones.”

The U.S. government has also known about cases where the Mexican government has opened investigations into mass graves only to suppress them later. As the National Security Archive has documented, in 2011, when mass graves were discovered in Northeastern Mexico containing the remains of victims of the Zetas cartel, U.S. officials knew that Mexican authorities were downplaying the massacres and removing remains to make the body count appear less alarming, jeopardizing investigations in the process. (Mexican authorities later released files implicating local police in the crime.)

The United States is not just sending after-the-fact assistance for crime scenes. Declassified government files from U.S. and Mexican agencies also show how Washington has exported intelligence-gathering technology to Mexico’s army, federal, state and local police forces, and prosecutors.

A host of U.S. agencies have supported Mexican wiretap capabilities, according to a White House counternarcotics strategy document from 2010, and biometric technology, per a 2011 Embassy cable. The FBI has also provided assistance in fingerprint collection, Mexican government files show. The State Department’s 2013 summary of Mérida achievements notes that “the U.S. provides training to officers in twenty-one different states,” including supplies from “gym equipment to training handcuffs,” and training in “specialized intelligence analysis.” At the federal level, the cable notes, the U.S. has trained specialty areas including “explosive devices, terrorism, and drug trafficking.”

As of December 2012, the memo reports, the State Department had funded nearly $4 million in “basic undercover surveillance equipment,” along with training for Mexican federal investigative agencies.

The State Department has deployed contractors to provide software, equipment and other assistance for Mexico’s National Command and Control Center, known as the “Bunker,” which is used by the federal police as an information-gathering and intelligence-sharing hub. Mexico’s security agencies are also connected through a network called Plataforma México — another U.S.-funded project that links the national Bunker to other federal, state and local agencies including regional Command and Control Centers, known as C-4s. The more sophisticated C-4s in Mexico’s northern region communicate directly with U.S. agencies, such as Department of Homeland Security offices across the border.

The effectiveness of all this intelligence gathering and information sharing equipment against criminal activity is questionable. U.S. consular officials in Monterrey, in a 2009 assessment released by Wikileaks, wrote that “neither Plataforma México” nor the local C-4 “have hindered cartel operations.”

C-4s certainly didn’t help in the case of the forty-three missing Ayotzinapa students. As The Intercept detailed, internal records produced by Guerrero state investigators show that the regional C-4s near the site of the students’ kidnapping transmitted information on the movement of the students the night that they were attacked. But neither federal law enforcement nor the military intervened to stop the violence.

While the State Department condemned the “horrific events” in Iguala, the U.S. remains publicly supportive of Peña Nieto. Obama has called him a “friend and partner” and defended security assistance in recent months.

The Intercept asked the State Department for a list of all Mexican units that have been cut off from U.S. funding because of human rights violations since the Mérida initiative began, but the spokesperson said it was not yet publicly available.

“It’s incomprehensible that they don’t already have that list,” said Laura Carlsen, Mexico City-based director of the Americas Program, in an email to The Intercept. Carlsen has worked for years with a coalition of human rights groups to bring attention to the consequences of U.S. support for the drug war in Mexico.

“The bigger picture is that this aid does go to human rights violators. U.S. taxpayer dollars are supporting a drug war that emboldens abusive government forces that are executing and disappearing Mexican citizens. No amount of withholding or [human rights] conditioning will change that,” Carlsen said.

In February of this year, Obama asked Congress for an additional $80 million for Mérida programs, on top of $300 million already approved by Congress last year. More funding for judicial reforms and forensics were also approved last year.

Family members of Mexico’s missing have been trying to draw attention to the connection between U.S. aid and violence and impunity in Mexico.

Nansi Cisneros, the woman whose brother was kidnapped in 2013, joined advocacy groups in Washington, D.C. last week to call for an end to security aid to Mexico. She delivered a letter to Senator Marco Rubio, R-Fl., on behalf of family members of the disappeared, asking for greater scrutiny on “the human rights catastrophe right next door in Mexico,” and urging him to “hold a hearing on human rights violations, specifically enforced disappearances, in Mexico committed by the Mexican state.”

Felipe de la Cruz Sandoval, a professor at the Ayotzinapa teachers college whose son survived the attack last September, was part of a caravan of students’ family members who traveled to the U.S. this spring.

“If President Obama has human thoughts and feels the pain of the Mexican people, he should be reviewing the political relations and the agreements with Mexico,” Sandoval said in a press conference outside the Mexican consulate in New York. “He should consider if a life is more important than a political and economic agreement on weapons with Mexico, because these weapons are being used to kill students in Mexico.”



Several of the documents cited in this article were obtained through Freedom of Information Act requests filed by researchers with the National Security Archive. Visit the Migration Declassified project site for more, and for access to more of the document collection on U.S. foreign policy and human rights in Mexico, see Mike Evans’s briefing book publication, “Mexico: Los Zetas Drug Cartel Linked San Fernando Police to Migrant Massacres.” See also Mike Evans and Jesse Franzblau’s “Mexico’s San Fernando Massacres: A Declassified History.”

Photo: Gregory Bull/AP

Grupo técnico definirá indemnización a tres mujeres torturadas por policías en Tlatlaya

VENERANDA MENDOZA
30 DE JULIO DE 2015
NACIONAL


TOLUCA, Edomex. (apro).- El titular de la Procuraduría General de Justicia de esta entidad (PGJE), Alejandro Gómez Sánchez, informó hoy que en los próximos días se instalará el grupo técnico de atención a víctimas, cuyos integrantes deberán sesionar inmediatamente para determinar el monto de las indemnizaciones que se otorgarán a las víctimas de abusos policiacos, entre ellas las tres mujeres relacionadas con el caso Tlataya.

En declaraciones a la prensa, el funcionario detalló que el Fideicomiso creado para tal efecto tiene a la fecha un fondo de 40 millones de pesos aproximadamente, aportados por la Secretaría de Finanzas.

Las reglas del Fideicomiso, dijo, ya se encuentran establecidas, y sólo espera a que los miembros del grupo técnico determinen la suma que se otorgará a las tres primeras víctimas, las de Tlatlaya.

Por cierto, los policías implicados en ese caso –siete ministeriales—enfrentarán el proceso en libertad.

“Ya tenemos un cálculo, pero no estamos en condiciones de darlo a conocer. Tenemos una propuesta que vamos a sujetar a consideración del grupo, debidamente sustentada por variables como salud, asistencia social, servicios educativos, etcétera”, adelantó.

Los criterios bajo los que se realizó la estimación, afirmó, se sujetan a todos los estándares internacionales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Los plazos para hacer válida la indemnización, detalló el procurador mexiquense, dependerán de los acuerdos a que se llegue con las víctimas, pues existen casos en los que los afectados no han querido cobrar.

“Es un tema novedoso… La bolsa se conformó mes a mes, con una ministración de la Secretaría de Finanzas, y en función de esto estaremos en condiciones de indemnizar”, insistió.

Sobre la carpeta de investigación del caso Tlatlaya, el titular de la PGJEM dijo que sigue abierta. Incluso, dijo que si las mujeres torturadas reconocen a más policías implicados serán castigados.

“Si alguna de las víctimas reconoce a otros responsables, se les investigará”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre si los siete ministeriales fueron separados de la corporación, el funcionario estatal sólo dijo que “están vinculados a proceso”.

Juez federal libera a 4 militares por caso Tlatlaya

La liberación se dio porque la PGR nunca notificó a los soldados quién los estaba acusando y tampoco les permitió reunirse con sus abogados.


Por falta de pruebas fueron liberados cuatro de los siete militares detenidos, confirmó su abogado Juan Velázquez. (Juan Pablo Becerra-Acosta)

RUBÉN MOSSO
05/10/2015 03:15 PM
Ciudad de México


Un juez federal dejó en libertad a cuatro de siete militares que fueron encarcelados por presuntamente participar en el enfrentamiento suscitado en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, donde perdieron la vida 22 delincuentes, algunos de ellos a los que se asesinó después de rendirse.

La liberación derivó porque la Procuraduría General de la República (PGR) nunca notificó a los soldados quién los estaba acusando y tampoco les permitió reunirse con sus abogados, revelaron funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal consultados por MILENIO.

Ante esas irregularidades, los militares impugnaron en el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México el auto de formal prisión que les fue dictado en su contra el 11 de noviembre de 2014, como probables responsables en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El tribunal resolvió dejar insubsistente el auto de formal prisión y ordenó emitir un nuevo auto de formal prisión o de libertad, tomando como base que el agente del Ministerio Público Federal no cumplió con las formalidades que ordena la ley.

Rubén Noguera Gregoire, juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México, dictó el nuevo fallo, vía exhorto, y sólo dejó en prisión a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, acusados del delito de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

La PGR puede apelar la resolución del juez federal y el caso puede recaer una vez más en el tribunal unitario del Estado de México, éste último que puede ordenar la reaprehensión de los militares.

Los funcionarios consultados dejaron claro que los cuatro militares liberados no fueron exonerados del delito que se les imputa, sino porque el agente del MPF no cumplió con las formalidades.

El abogado de los militares, Juan Velásquez, dijo que los soldados aún serán enjuiciados en el fuero militar, pero este proceso admite libertad bajo caución, por lo que podrán enfrentar su proceso en libertad. Asimismo, dijo que las pruebas contra los otros tres militares también terminarán en nada, pues son contradictorias.

"Las pruebas contra los otros tres acabarán en nada. Las pruebas son absolutamente contradictorias, los dichos de tres mujeres que entre ellas se han contradicho, y han cambiado sus declaraciones. Son fabricadas (las declaraciones), tienen el propósito de incriminar a la mala a los soldados", dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga para Grupo Fórmula.

Velásquez dijo que la importancia del fallo es que no se encuentran pruebas para enjuiciar a los militares, porque "una cosa son los dichos de los testigos y otra lo que el Tribunal Unitario de Circuito y un juez federal dicen con las pruebas y con el expediente en las manos"

FRANCISCO GARFIAS

La increíble historia del “debido proceso” en Tlatlaya

06 de Octubre de 2015

Uno se pregunta si la liberación de cuatro de los siete militares detenidos por el caso Tlatlaya, en el que se presumen ejecuciones sumarias, no es resultado de una acción ex profeso de la PGR para que los soltaran, con el alegato de que no se les respetó el debido proceso. Cuesta trabajo creer que el Ministerio Público no notificó a los soldados involucrados quién los acusaba y los cargos que se les imputaban, luego de lo ocurrido el 30 de julio del 2014 en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En esa fecha murieron 22 presuntos delincuentes, algunos de los cuales ya se habían rendido, según testimonios de mujeres sobrevivientes. Eso es lo que llevó al juez federal Rubén Noguera Gregoire, a dictar la libertad de los cuatro militares. Los otros tres soldados involucrados se quedaron en la cárcel acusados de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar de los hechos.

Las notificaciones a los detenidos son de lo más elemental. Son formalidades. Cualquier estudiante de derecho lo sabe. Está escrito en el artículo 20, apartado B, de la Constitución. Imposible que el Ministerio Público involucrado en un evento de esa magnitud no se supiera el debido proceso.

A partir de allí es válido sospechar del poder que tiene el Ejército y que hay complicidad de la PGR, hasta que no prueben lo contrario.

Los militares impugnaron el auto de formal prisión que les fue dictado en noviembre del 2014 por “ejercicio indebido del servicio público”. Lo hicieron en el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México. Sabían de las irregularidades y las aprovecharon.

¿Se habrán inspirado en el vergonzoso caso de Florence Cassez? ¿A los tres que permanecen encarcelados sí les notificaron los cargos? Son preguntas.

En la CNDH estaban anoche igual de sorprendidos y desconcertados. Quieren analizar con detenimiento el alegato del juez. Hasta hoy harán un pronunciamiento. Por lo menos es lo que dijeron.

No es necesario un sesudo análisis para concluir que tras el polémico fallo del juez y las razones que esgrime se abrirá un debate donde gobierno y Fuerzas Armadas saldrán mal parados.

La ciencia es una herramienta para progresar. Es una actividad que, de apoyarse de manera adecuada con fondos suficientes, tiene la capacidad de hacer que los países se vuelvan más competitivos, generar proyectos científicos que tengan un impacto en la sociedad.
En México no ha sido atendida adecuadamente. Para apoyar las actividades científicas hay muy poco dinero. La ciencia es el patito feo del presupuesto. Seguimos siendo el último o penúltimo lugar de la OCDE en inversión. Menos del 0.5% del PIB.

Y de ese raquítico 0.5%, al Conacyt le toca como 35 por ciento.

El doctor René Drucker Colín, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos hizo notar que países que dominan la economía mundial invierten fuerte en desarrollo científico. Alemania es un ejemplo: 3% del PIB.

“México se ha quedado rezagado. Aquí ven la ciencia como un gasto y no como una inversión para el futuro. Sería ideal que llegara a la Presidencia de la República una persona que quiera impulsar el desarrollo científico y tecnológico”, nos dijo el investigador emérito de la UNAM.

“México no produce absolutamente nada innovador. Nos dedicamos a maquilar”, subrayó con impotencia.

Muy contentos andaban ayer los colaboradores del senador oaxaqueño del PRI, Eviel Pérez Magaña. Tenían motivos. La Suprema Corte de Justicia anuló las modificaciones que se hicieron a la ley local de relajar los requisitos para ser gobernador del estado.
Y es que los legisladores locales redujeron de cinco a tres años la residencia mínima para aspirar al cargo establecida en la Constitución local. “Un traje a la medida de Alejandro Murat”, dicen los amigos del senador del PRI.

La SCJN, sin embargo, invalidó las modificaciones por considerar que contravienen el artículo 116 de la Ley Suprema que a la letra dice:

“Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección”.

Alejandro Murat es director del Infonavit. Está en la carrera por la sucesión de Gabino Cué empujado por su padre, José Murat. En el entorno de Eviel Pérez Magaña aseguran que nació en el DF y que no cumple con los cinco años de residencia.

“Alegar derechos de sangre —como en su momento lo hizo Porfirio Muñoz Ledo en Guanajuato— puede llevarlo a una situación de inelegibilidad que los partidos políticos tendrán que valorar”, advierten.

Una sorpresa es el nombramiento de Otto Granados como subsecretario de Planeación y Evaluación de la SEP.
Ya verá usted que su calidad de vocero de Los Pinos en tiempos de Carlos Salinas de Gortari llevará a los de siempre a concluir que el polémico expresidente tuvo que ver con su incorporación en el equipo de Aurelio Nuño.

Otto era embajador en Chile cuando fue llamado a la SEP. Fue gobernador de Aguascalientes. Pasó mucho años en la academia — el Tec de Monterrey, para ser precisos— antes de irse a Santiago.

Trabajó con Salinas, sí, pero no se puede deducir categóricamente que se contrató a perpetuidad, y que hubo mano negra del expresidente en su llegada a la SEP.

Ejecución en Tlatlaya, historia que comienza a desmoronarse: abogado

El asesor de la defensa de los militares confía en que los otros tres que continúan en prisión, saldrán libres; una vez fuera de la cárcel, enfrentarán los cargos por delitos militares

06/10/2015 09:18 REDACCIÓN



Foto: Archivo Cuartoscuro


CUDAD DE MÉXICO.- Luego de la liberación de 4 de los 7 militares procesados por la muerte de 22 civiles en los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, el asesor de la defensa de los militares, Juan Velázquez, dijo que la resolución se dio porque no había pruebas en su contra.

Los declaró libres porque en este proceso no hay ni una sola prueba en la probable responsabilidad de esos 4 militares por el delito de homicidio, por una supuesta ejecución”, afirmó.

En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, Velázquez señaló que el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, le solicitó cuatro veces a un juez federal órdenes de aprehensión en contra de ocho militares.

El juez las negó todas por falta de pruebas, en un quinto intento la PGR consiguió las órdenes de aprehensión en contra de ocho militares, el juez liberó a uno de los ocho porque había sido herido, por lo que los siete militares procesados apelaron el auto de formal prisión”.

Agregó que la historia de que 8 militares ejecutaron 22 civiles es una “absoluta mentira” que comienza a desmoronarse.

Era una patrulla que salió de su cuartel hacia una zona asolada por bandas de violadores, narcos y delincuentes. Al acercarse, los militares fueron agredidos a tiros por los ocupante de una bodega; un militar resultó herido. A los otros 7 militares les siguieron disparando y los militares respondieron. Si estamos hablando de 22 civiles drogados y borrachos contra 7 militares (el otro estaba herido) sobrios y en su juicio, entonces sí tiene sentido.”, explicó.

Dijo que en un principio, tres mujeres sobrevivientes rindieron declaraciones sin incriminar a los militares. Tres meses después, la mamá de una joven muerta incriminó a los militares.

Sin embargo, no hubo pruebas que los señalaran como responsables, por lo que los militares, por estos hechos, saldrán libres. Sin embargo, destacó que quedan los delitos militares, que tendrán que enfrentar, pero que aun así quedarán en libertad y podrán regresar a encuadrarse a sus unidades militares.

mpe