Peña, sus 40 mil muertos y la "nueva estrategia"

El asesor Naranjo contradice a Peña: la guerra contra el narco es cosa del pasado…


Rafael Croda
28 de mayo de 2013
Reportaje Especial


En una declaración que contradice la naturaleza belicista del reciente despliegue militar en Michoacán, el general colombiano Óscar Naranjo, asesor del presidente Peña Nieto, sostiene que la guerra contra el narcotráfico y su lógica de muerte son parte del pasado. En entrevista exclusiva con Proceso, afirma que el mandatario busca un paradigma que privilegie el respeto a los derechos humanos y asegura que los homicidios ligados al crimen organizado han disminuido.

BOGOTÁ (Proceso).- El general colombiano Óscar Naranjo Trujillo, asesor de seguridad del presidente de México, Enrique Peña Nieto, considera que las críticas a Felipe Calderón por su guerra contra el narcotráfico “parecen tener sentido” a la luz de los casi 100 mil muertos y desaparecidos y por la violencia que su sexenio dejó en el país.

Por ello, dice el exjefe de la Policía Nacional de Colombia (PNC), el primer cambio de paradigma en la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto es conceptual. Sentencia: La “guerra” es parte del pasado.

Hoy, la política de seguridad pública en México tiene como propósito fundamental “proteger la vida de los ciudadanos en el marco de esa política, no en el de una denominada ‘guerra’”, explica a Proceso.

“La guerra sólo produce antagonismos y una lógica de muerte”, insiste, por lo que el nuevo gobierno mexicano “es consciente de que una política de seguridad pública no puede limitarse a señalar a un delincuente como un enemigo a aniquilar; de hacerlo, corre el riesgo de que éste conteste: ‘Antes de que me maten, yo mato’”.

–A pesar del cambio de estrategia la violencia continúa. ¿Cuándo va a ver la sociedad mexicana una reducción en la violencia? –se le pregunta.

–En primer lugar, los informes mensuales indican una reducción de los homicidios vinculados al crimen organizado.

–¿Han disminuido las ejecuciones?

–Sí, especialmente las vinculadas al crimen organizado. No obstante es prematuro señalar si (la tendencia) será consistente a mediano y largo plazos.

–Pero eso no lo percibe el ciudadano…

–Evidentemente. Es temprano para hacer una evaluación definitiva.

Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 1908 de la revista Proceso, ya en circulación.

El Plan de Seguridad de Peña Nieto

30. junio, 2013 Jorge Retana Yarto** Ensayo


Desde antes de asumir el poder, el equipo de Enrique Peña Nieto manifestó que, de llegar a la Presidencia de la República, habría cambios en la estrategia de combate al crimen organizado: se mantendría la lucha de manera implacable, pero desde un enfoque interno regionalizado, como ha impulsado últimamente el gobierno de Estados Unidos y otros regímenes latinoamericanos. Es necesario precisar que el Plan de Seguridad de Peña Nieto no se ha dado a conocer como tal, de manera completa; sí se han esbozado ya varios aspectos.







En parte, el Plan se afinó con las experiencias intercambiadas con mandatarios de América Latina durante su primer viaje internacional en el periodo inmediato anterior (entre el 17 y el 24 de septiembre de 2012) a la toma de posesión del cargo de jefe de Estado para el periodo 2012-2018: el 17 de septiembre se entrevistó en una cumbre con los mandatarios de Centroamérica, en la capital de Guatemala, y realizó enseguida encuentros con los presidentes de Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Perú. La agenda multilateral contuvo tres ejes temáticos centrales: inmigración, seguridad y desarrollo económico.



En la gira predominaron los temas de seguridad y economía (este último, que no abordaremos en este trabajo). En cuanto al primero, son dos países en donde los énfasis fueron muy importantes: Guatemala y Colombia, el primero como política de coordinación; el segundo, de cooperación estratégica.



Aquel 17 de septiembre de 2012, en la Cumbre Centroamericana, Peña Nieto se reunió con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Uno de los temas dominantes fue el del “crimen organizado” (en otros ensayos hemos explicado el porqué de nuestro rechazo a esta conceptualización), debido a que el territorio guatemalteco –y el Istmo centroamericano especialmente– hoy son un pasadizo de inmigrantes latinoamericanos, asiáticos, africanos y caribeños que buscan llegar ilegalmente a Estados Unidos y de los cuales muchos se quedan en México o son atrapados por los grupos criminales. Pero, además, es hoy la plataforma continental de tráfico de cocaína proveniente de Suramérica (Perú, Colombia y Ecuador). Y la debilidad institucional del combate al “crimen organizado” propició que Los Zetas lo convirtieran en una base de operaciones. Además, registra cada vez mayor presencia criminal proveniente de México. Guatemala, por tanto, es pieza central en cualquier esquema de seguridad regional para México y el subcontinente.



Los mandatarios Enrique Peña Nieto y Otto Pérez Molina se pronunciaron por estrechar la colaboración para reducir “la porosidad de ambas fronteras”. El presidente guatemalteco reiteró su tesis (emitida en otra cumbre, en febrero de ese año) sobre la urgencia de despenalizar las drogas hoy prohibidas y buscar “otras rutas más eficientes y más eficaces” en lugar de mantener “las políticas del combate al narcotráfico desarrolladas hace 40 años”, justamente la estrategia que reiteró Peña Nieto que continuaría. Punto central de discordancia entre ambos. Finalmente, la VI Cumbre de las Américas (celebrada en junio de 2013) desechó para su posible aprobación esta tesis de Pérez Molina y se resolvió “seguirla estudiando con especialistas”.



El 18 de septiembre, en visita a Colombia, Peña Nieto consideró a la política colombiana en la materia como “un referente para integrar una nueva estrategia y un ajuste a los trabajos que en esta materia se han seguido en el país para recuperar la paz y la seguridad en México”. Pero en su artículo aparecido en el diario El Tiempo, reitera que “con el crimen organizado no habrá pacto ni tregua”; además, se buscaría “una alianza con Colombia”. Por lo que puede inferirse, se trató de una manera de tranquilizar a Washington. Esta visita fue considerada en Colombia de “carácter estratégico”. La propia entrevista entre presidentes transcurrió sobre varios temas centrales, como revisar el estado de los acuerdos sobre seguridad y combate al terrorismo, haciendo votos por una mayor cooperación bilateral y regional. México ha venido calcando varios aspectos tácticos y estratégicos del diseño hecho por Estados Unidos para Colombia en el combate a las mafias locales y regionales, pero acríticamente, sin reparar en algunas especificidades que resultan fundamentales en nuestro país. Ha habido una subordinación intelectual y política en esta materia verdaderamente vergonzante. Como es sabido también, Peña Nieto contrató como asesor especial para temas de seguridad al general Óscar Naranjo, exdirector de Inteligencia y luego director general de la Policía Nacional de Colombia, precisamente para desarrollar una estrategia lo más parecida a la colombiana posible, diseñada desde Washington.



Más relevante, sin embargo, resultó la visita a la Casa Blanca, el 27 de noviembre de 2012, para entrevistarse con el recientemente reelecto presidente Barack Obama. Allí, consideramos, Peña Nieto perdió la oportunidad de empezar a redefinir estratégicamente las relaciones con Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad bilateral y de la estrategia contra el crimen organizado en ambos lados de la frontera, dado que los representantes de los partidos Demócrata y Republicano en el Senado (para hablar sólo de esta institución) manifiestan su claro reconocimiento al fracaso de la actual “estrategia anticrimen” en México, de la fallida “guerra contra las drogas” librada en nuestro país con un altísimo costo social. Era urgente reabrir la agenda y replantear esta temática en la propia Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmada en marzo de 2005 por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá (bajo esa jerarquía prioritaria: primero la seguridad y luego la prosperidad), más la Iniciativa Mérida, aceptada formalmente en junio de 2008, con una “ayuda para combatir al crimen organizado” por más de 1 mil 600 millones de dólares, aprobados por la Cámara de Representantes estadunidense. No se hizo. Allí entonces se entendió claramente el alcance real de los cambios anunciados: sin atacar el fondo de un paradigma y una estrategia altamente costosa.



La prensa estadunidense destacó tres aspectos: a) la postura de Peña Nieto de rechazo a la le legalización de las drogas como salida al problema; b) la necesidad de restaurar la seguridad en México; y c) la indispensable superación de la agenda monotemática en la relación bilateral, es decir, abrir la agenda a otros temas.



Plan de Seguridad



Aunque no conocemos un documento integral y sistemático al respecto, se pueden establecer ya dos grandes direcciones estratégicas: a) desmilitarizar gradualmente la lucha contra las mafias criminales mediante la creación y el uso extendido de un aparato nuevo de inteligencia criminal de Estado; y b) comandarla al máximo posible desde las instituciones creadas al efecto por el Estado mexicano, es decir, tener el control completo (lo mayormente posible) de la actuación oficial en tal sentido, incluso la innovación institucional, con el agregado conceptual expresado por Peña Nieto a Barack Obama: no a la legalización de las drogas.



Junto al plan dado a conocer se abordaron aspectos cruciales del nuevo diagnóstico delictivo: a) pese a que se incrementaron en más del doble los recursos para seguridad, se duplicaron también los delitos cometidos en el país; b) los golpes a la estructura organizativa y operativa criminal y a sus líderes provocó una “fragmentación de las organizaciones criminales (documentado a detalle en Contralínea, 337), al grado de que hoy suman decenas, así como mayor violencia; c) “hubo ausencia de objetivos generales, permanentes y sistémicos” entre las instituciones de seguridad y las de impartición de justicia, que derivó en una falta de coordinación e investigación de los delitos y aumentó la impunidad con relación a los mismos; d) las medidas extraordinarias aplicadas (como el arraigo) produjeron un efecto perverso, al convertirse casi en el único mecanismo de consignación que violentaban con frecuencia derechos fundamentales; e) el incremento de policías y agentes del Ministerio Público no mejoró las capacidades para enfrentar la creciente delincuencia.



Por tanto, además de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, y reasumir sus funciones (esencialmente presupuesto público, control policiaco armado y de inteligencia policial) en la Secretaría de Gobernación, es decir, concentrando poder político y fuerza armada en ella, además de recursos financieros muy cuantiosos (algo poco usual en países que se precian de ser democráticos), el Plan se dio a conocer a la opinión pública durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (pésima señal persistir en este enfoque de la problemática multicitada como tema de la Seguridad Pública).



A través de ello, podemos establecer seis grandes ejes o líneas de acción entendidas como “política de Estado”:

a) La planeación y la distribución precisa de tareas y responsabilidades institucionales para evitar la improvisación y la descoordinación de los esfuerzos, incluyendo fechas puntuales para su cumplimiento, entre los niveles de gobierno estatales y federal.



b) Para la efectividad en la prevención del delito se instalará una comisión intersecretarial en donde cada dependencia federal tendrá una responsabilidad precisa para alcanzar los objetivos que se fijen.



c) Se pondrá en marcha un programa nacional de derechos humanos para fortalecer las áreas del gobierno en esta materia y crear una instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la legislación respectiva en derechos humanos.



d) Desarrollar un sistema de coordinación y cooperación conducido por la Secretaría de Gobernación, para lo cual el país se ha divido en cinco regiones operativas para aumentar la eficacia en el combate al crimen organizado (regionalización interna), atendiendo de manera específica las problemáticas regionales por parte de los encargados de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los Estados integrados a cada región. Dentro de esta medida, se inserta la creación del centro de comando y control, que será la instancia de inteligencia estratégica y operativa para atacar a los grupos criminales organizados. Este centro se creará ya con la ayuda del gobierno estadunidense como un nuevo cuartel de operaciones especiales, en el que serán entrenados efectivos mexicanos para que desplieguen acciones militares contra capos de los cárteles de la droga. De acuerdo con un despacho de la agencia AP, el programa de operaciones especiales ya ha ayudado al gobierno mexicano a establecer su propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Ciudad de México, un órgano similar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), directamente asesorados por el Pentágono y la propia CIA. El Centro de Operaciones Especiales estaría enlazado al mando Norte estadunidense, en el estado de Colorado, Estados Unidos (17 de de enero de 2013, informaciones publicadas en www.proceso.com.mx y www.excelsior. com.mx/2013/01/17).



e) La Policía Federal será reorganizada con el fin de asegurar el control interno y se creará un nuevo cuerpo policial llamado Gendarmería Nacional, inicialmente integrado con 10 mil elementos de perfil militar, que será responsable de fortalecer el control territorial en los municipios del país con mayor debilidad institucional, y el cuidado de instalaciones estratégicas, como puertos, aeropuertos y fronteras. El entrenamiento de las policías y los cuerpos de inteligencia, naturalmente, correrá a cargo de los cuerpos pares de Estados Unidos. Por ejemplo, agentes de la Policía Federal ingresaron a un nuevo entrenamiento en San Antonio, Texas, a cargo de agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés), en tácticas y técnicas para luchar contra la criminalidad organizada trasnacionalmente, como parte del programa Enlace México-Estados Unidos para el Entrenamiento de Policías, un evento que cada año coordina la FBI en Texas. El programa se desarrolla en una “aldea táctica” construida en la Academia de Policía de San Antonio para entrenar a los oficiales “en el medio urbano, incluyendo escenarios con situaciones de combate armado y bloqueos de tráfico” (www.excelsior.com.mx/2013/02/06).



f) Se establecerán mecanismos exactos de evaluación en el desempeño de conjunto de manera permanente, con indicadores precisos y claros, medibles y transparentes, así como para la retroalimentación institucional.

En suma: planeación, prevención, promoción y defensa de los derechos humanos, coordinación e innovación institucional; evaluación y retroalimentación, son los ejes estratégicos, pero prácticamente comandados por las agencias de Estados Unidos.



En general, se aprecian cambios en el diseño, la gestión y la estrategia institucional para combatir al crimen organizado: una mayor planeación y coordinación de las acciones y unidad estratégica en su instrumentación, sin demérito de las especificidades regionales; una versión local de la regionalización continental: un centro de dirección estratégica operativa con énfasis en la inteligencia y una nueva policía que hará la labor de restablecer la vigencia de las instituciones y proteger las zonas estratégicas del país, las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, hoy parcialmente bajo control de las mafias.



Llaman la atención tres cuestiones: la nueva agencia de inteligencia del Estado, la creación de la Gendarmería Nacional y el Centro de Control y Comando.



a) Un nuevo Centro Nacional de Inteligencia controlado por mexicanos pero adiestrados por Estados Unidos y enlazado a una agencia estadunidense dependiente del Pentágono (en mucho menor medida, participarán otros países), fusionando toda la información de inteligencia (estratégica y operativa) de otras áreas (Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina), centralizada en la Secretaría de Gobernación, cuyo operador inmediato sería el actual Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, con lo que entendemos, éste se transformará gradualmente absorbiendo las funciones proyectadas. El problema mayor es ya la falta de cuadros nacionales especializados, directivos y operativos, al nivel que se requieren, y muy probablemente ello demandará también, la fusión de los distintos organismos de seguridad existentes. La cuestión sustantiva es entonces la centralización estratégica, organizativa y operativa, ya que el ciclo de inteligencia será el arma e instrumento central de toda la nueva estrategia contra el crimen… pero sin autonomía operativa.



b) Sobre la creación de la Gendarmería Nacional es indispensable reiterar que el tema de las mafias criminales rebasa con mucho el asunto policial-militar. Justamente la experiencia de los últimos 6 años es contundente en tal sentido: la embestida de los cuerpos represivos ha provocado una ampliación e intensificación de la violencia armada en México, por tanto cualquier iniciativa para combatirlas debe venir acompañada de otras medidas, como: 1) programas de desarrollo regional perfectamente focalizados en las zonas de mayor actividad delictiva; 2) blindaje anticorrupción, de fondo y determinante, con una fiscalía autónoma de amplias facultades para supervisar, castigar y regir las actividades públicas involucradas en ello; y 3) controles constitucionales sobre las actividades policiales, es decir, contrapesos de carácter legislativo, como sometimiento a un mando civil que sea aprobado por el Congreso, que rinda cuentas públicamente cada 6 meses y esté sujeto a la supervisión y control de sus agentes por la fiscalía anticorrupción (doble candado, judicial y legislativo), más la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



c) El carácter de las policías gendármicas es que son esencialmente policías militarizadas para combatir un tipo de criminalidad superior a la del orden común, obviamente entrenadas y equipadas con armamento largo y pesado. Es decir, se combina lo militar y lo policial (con comisarías, prefecturas, patrullas y patrulleros y agentes). Regularmente es una fuerza de intervención represiva, móvil y de reacción e intervención rápida. Ello conlleva para México un modelo organizativo policial de cuatro tipos: policía investigadora (como la del Distrito Federal, antes Policía Judicial), policía preventiva (la de estados, municipios y las delegaciones del Distrito Federal), la Policía Federal y la policía gendármica, próxima a crearse. Ello da cuenta de la preservación de la tesis policial-militar represiva como eje de la política anticrimen y, en el fondo, considerándose un tema de seguridad pública y no de seguridad nacional. La línea delgada y de mucho cuidado es que las gendarmerías suelen ser también policías antiterroristas y contrainsurgentes (como la argentina y la colombiana). Es importante darles carácter temporal, no permanente, para evitar una derivación hacia actitudes represivas de orden político-social. Es fundamental también, no permitir el desarrollo de poderes fácticos, no tanto por su ubicación fuera del ordenamiento constitucional (que no sería el caso), sino por su gravitación social-política frente a los poderes civiles e instituciones democráticas. Los referentes internacionales más cercanos en Latinoamérica son la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Nacional Colombiana; en Europa, la Guardia Nacional en España y la Gendarmería Nacional francesa. Se les considera una “fuerza intermedia” especializada en antiterrorismo, el rescate de rehenes y la asistencia a los gendarmes en arrestos de alto riesgo. La de Argentina actúa como policía de seguridad en el fuero federal y desarrolla actividades de lucha contra el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, alteraciones al orden público, seguridad vial, migraciones y aduana; es más amplia, menos especializada: más similar a la Policía Federal mexicana. La Gendarmería Nacional en México seguramente será calcada de la institución que dirigió el general Óscar Naranjo, es decir, la Policía Nacional de Colombia, obviamente, con el visto bueno de Washington. Sin embargo, hay que destacar que la policía colombiana, por su tamaño y capacidad de fuerza, es considerada un ejército dentro del ejército, lo cual es absolutamente inconveniente en México.



d) La creación del Centro de Comando y Control nos indica un mayor despliegue del ciclo de inteligencia contra la criminalidad mafiosa. Pero concentrando y centralizado al máximo, quizá con la intención estratégica de reducir la dependencia de esta actividad con respecto a Estados Unidos, pero hoy esto no es posible dentro de la estrategia general estadunidense; por ello cualquier cambio de fondo implica romper esta poderosa atadura que nos liga a estrategias para las que se carece de la autonomía de diseño y operación necesarias. La actividad de inteligencia estratégica y operativa en manos de verdaderos especialistas es altamente redituable para reducir los niveles de violencia indiscriminada y concentrase en operaciones llamadas de carácter quirúrgico en las cuales tiene fama continental el general Óscar Naranjo. Este Centro tendrá tres instancias de actuación: una Unidad de Fusión de Inteligencia, un Atlas Nacional de Delincuencia y la creación de la Policía de Investigación Científica. Ello se concretará con siete acciones indispensables para combatir las bandas de narcotraficantes:



Crear una Unidad de Fusión de Inteligencia que permita sistematizar y analizar la información de las distintas dependencias; crear un Atlas Nacional de la Delincuencia para la Prevención y Persecución del Delito; crear la Policía de Investigación Científica; crear un Centro de Control y Comando Nacional, capaz de coordinar en tiempo real a las instituciones de seguridad y auxilio a la población en caso de emergencias; rediseñar y fortalecer las unidades de inteligencia financiera para combatir de manera eficaz el lavado de dinero; fortalecer la seguridad en las aduanas para cerrar el paso de armas y estupefacientes; mejorar la cooperación en materia de seguridad a nivel internacional, regional, y particularmente bilateral con Estados Unidos.



Consideramos que hay avances no desdeñables. Se observa mayor meditación del problema, mayor organización para su manejo, mayores recursos de distinto tipo y una sumatoria cualitativa, más que de poder de fuego y movilización policiaca-militar. Pero se insiste en un enfoque que ha sido reconocido como fracasado por sus propios hacedores (ver documentos del Senado estadunidense), cuestionado por varios presidentes latinoamericanos (para hablar sólo de ellos) y que declina aceleradamente dando paso al paradigma preventivo, incorporado en esta nueva estrategia pero no como eje fundamental, sino como una variable de importancia en su dimensión policial, no social, no desde el ángulo de la prevención social, por tanto, sin proyectar los cambios que ello conllevaría en los niveles, sobre todo, educativo y de salud para la sociedad mexicana, reforzado con los cambios en lo socioeconómico y en la democratización política. Ello es su máxima debilidad, la desvinculación de lo sociocultural… Un asunto nada menor. ¿Se subsanará en el futuro? Lo veremos.



Entretanto, Estados Unidos ha mostrado su anuencia para adaptarse a los cambios anunciados, sabedor de que no son cambios de fondo (de paradigma) sino dentro de los mismos principios fundamentales, si bien ha anunciado regionalmente para América Latina un vuelco hacia el paradigma preventivo que conlleva la creación de instituciones y puesta en práctica de medidas, leyes y reglamentos para combatir a las mafias criminales fuera del ámbito penal. Es decir, la tesis central es el imperativo de reducir las circunstancias sociales y ambientales en las cuales el “crimen organizado” avanza y la represión se muestra incapaz de derrotarlo por la falta de integralidad en las estrategias. Medidas como una eficaz política anticorrupción, optimización en la recolección, intercambio y explotación de la información, apoyos financieros para el efecto, cooperación entre Estados nacionales, protección de grupos vulnerables, por ejemplo.



No obstante, se aprecia que su esfuerzo sustancial será mantener la lucha violenta contra el tráfico de narcóticos y otras manifestaciones criminales fuera de sus fronteras nacionales, cambiando el enfoque, desde los métodos precedentes de entrenamiento y combate, hacia las formas propias de ataque al terrorismo, fortaleciendo al Comando Norte de Operaciones Especiales, así como ofreciendo nuevos planes de apoyo en adiestramiento a las instituciones militares y policiales mexicanas para que tengan la capacidad de dominar y aplicar las tácticas propias de la lucha antiterrorista en renglones como ataques sorpresa, espionaje, tortura a prisioneros y secuestro, integración de grupos de operación especiales; todo, para la desintegración de redes criminales. Al fondo, vemos las imágenes de Oriente Medio y Colombia. La Iniciativa Mérida, en tal contexto, perderá vigencia.



De ninguna manera se aprecia con este diseño que la sociedad mexicana vaya a estar mejor que antes; por lo menos, mientras haya resultados contundentes. El costo social seguirá siendo muy alto. Si se apuesta sólo a una diferente “percepción social” mediante el manejo mediático, estaremos bajo una estratagema igualmente equivocada. El camino es el cambio de paradigma y el diseño de una política propia ajustada a nuestras condiciones de país esencialmente de tránsito (aunque sabemos que el consumo interno ha crecido, no es aún ni de lejos el problema fundamental, como sí lo es en Estados Unidos). En Centroamérica están ensayando una cooperación especializada alternativa: la del Servicio Federal de Control de Drogas de Rusia, cuyo director es Víctor Ivanov (fue miembro de la poderosa KGB y es hombre muy cercano al presidente Vladímir Putin), quien visitó Perú y llegó allá para poner en marcha las obras de un centro de entrenamiento para policías centroamericanos en Nicaragua, en momentos en que la lucha contra el narcotráfico –y el crimen trasnacional en general– es un asunto clave de la seguridad regional. Por su parte, en El Salvador se facilitó un acuerdo entre las dos grandes organizaciones delictivas y bajaron drásticamente en 2 meses los índices de criminalidad, es decir, el camino está en los diseños autónomos de carácter heterodoxo, no en proseguir firmemente por el camino fracasado, porque ello conlleva “seguir desarrollando la guerra en México” a cambio de promesas de mayor combate interno en Estados Unidos. Ésa ni es una política del buen vecino ni es lo conveniente para México. Allí está el gran reto de una nueva política de seguridad hemisférica: autonomía y asociación subregional con los demás países latinoamericanos, bajo un enfoque preventivo combinado con grandes programas de transformación social sostenidos y planeados regionalmente. No prevención policiaca; prevención social, de salud, educativa, cultural, mediática, con programas inmediatos sólidamente financiados. Abandonar definitivamente el colonialismo programático en la materia.



El asesor especial del presidente Peña Nieto sabe perfectamente bien que todo el inmenso costo nacional pagado por Colombia desde hace más de 20 años –sobre cómo Joaquín Guzmán, el Chapo, y sus socios tenían controlada una parte fundamental del sistema bursátil colombiano– echa por tierra la idea falsa del triunfo de un paradigma conducido por Estados Unidos en dicho país, el cual no ha triunfado realmente en ninguna parte del planeta. O ¿alguien puede demostrar lo contrario?



*Maestro en ingeniería financiera con especialización en inteligencia para la seguridad nacional

Bajan homicidios dolosos a menos de 900 por mes, por primera vez en 3 años

SG divulgará informe de seguridad a 2 días de las elecciones

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 5 de julio de 2013, p. 13

El gobierno dará a conocer hoy el informe en materia de seguridad (incidencia de delitos), correspondiente a junio. Trascendió que por primera vez, desde hace más de tres años, el indicador de homicidios dolosos, relacionados con delitos federales, está por debajo de los 900 casos.

A unos días de la jornada electoral de este domingo en 14 entidades (más Sonora, donde habrá comicios extraordinarios), se anuncia la difusión del informe. En mayo se reportaron 954 homicidios dolosos (la mayoría de los fallecidos son clasificados como presuntos delincuentes) y representa la segunda más baja desde febrero de 2010, cuando se contaron 984 asesinatos de este tipo.

De concretarse esta tendencia, junio de 2013 sería el tercer periodo, en lo que va de la administración peñista, en que la cifra de homicidios (contados por mes) está por debajo de mil; en el año 2009, el indicador se disparó por encima de ese número.

En tanto, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, suspendió sus actividades públicas para generar condiciones de equidad en los comicios locales.

El secretario de Gobernación tenía programada una gira por Morelos, para encabezar una reunión regional de seguridad, y hasta anoche permanecía suspendida hasta nueva convocatoria.

Del debate surgido entre legisladores acerca de la posibilidad de que el Ejército vigile la jornada electoral de este domingo, el vocero del gabinete de seguridad, Eduardo Sánchez, prefirió no participar en esta discusión y se limitó a repetir lo dicho la víspera por el responsable de la política interna, en el sentido de "ofrecer el apoyo del gobierno federal" a las entidades en las que habrá elecciones.

Sólo comentó que los servidores públicos federales tienen orden explícita de conducirse con apego a la ley; aquel que viole la norma y se entrometa en los comicios, será sancionado.

"La conducta que vamos a tener los funcionarios públicos es exactamente la que la ley señala, y no haremos nada que la viole y que ponga en entredicho la actitud del gobierno frente a los comicios. Somos escrupulosamente respetuosos de la ley", aseveró Sánchez, también subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.

Reiteró en entrevista que no habrá "ninguna tolerancia" para los empleados públicos que vulneren la norma. "Esa es la instrucción que tenemos y estaremos atentos el domingo al desarrollo de los comicios" locales.

Osorio Chong ofreció el miércoles el apoyo federal a las entidades que tendrán elecciones y aseveró que hay una "efervescencia (política) natural"; no se ha detallado el papel de los militares (que regularmente realizan patrullajes en estas jornadas) y se confirmó la operación de policías federales y agentes del Ministerio Público para atender las denuncias.

Maquilladas, cifras de delitos: PAN
V. Ballinas y A. Becerril

Periódico La Jornada
Viernes 5 de julio de 2013, p. 12

Senadores del PAN exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que dé a conocer las cifras reales de la violencia en el país, ya que los índices delictivos que se han dado a conocer están "maquillados".

El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, aseveró que "ha llegado el momento de que el Congreso haga una revisión a fondo de la estrategia de seguridad y llame a cuentas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb".

Tenías razón, Calderón


By Raymundo Riva Palacio Julio 29, 2013    1:27 am


Ocho meses después de haber iniciado el nuevo gobierno, apurado a distanciarse de la administración de Felipe Calderón en materia de seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto dio pasos para atrás y reenfocó su estrategia en la lucha contra el narcotráfico, acercándose a lo que hizo su antecesor. Definió los términos de la victoria, como Calderón; imitará acciones tomadas por él; y por el fracaso de sus colaboradores, tiene que empezar de cero en Michoacán, como Calderón. Veamos:



1.- El ex presidente Calderón definió los términos de la victoria en la lucha contra las drogas en cuántos jefes del narcotráfico eran capturados o morían. A partir de una medición de la PGR en 2009, que ni se explicó ni se le cuestionó, determinó que eran 37 los cabecillas al final del camino. La definición nunca incluyó reducir la violencia o regresar la paz a las calles. Tampoco incluyó el fortalecimiento de las instituciones ni disminuir los niveles de corrupción. Su estrategia estaba concentrada en descabezar a los cárteles; lo demás era una externalidad.



Medios, académicos y oposición dijeron siempre que Calderón fracasó en la lucha contra las drogas, pero desde su óptica no la de él, por lo que la crítica de fondo a la estrategia -utilizar la fuerza como método único, no calcular la velocidad con la que se reagrupaban los cárteles o la atomización que provocaría el surgimiento de pandillas autónomas más violentas y una debilidad institucional endémica- nunca se dio. La falta de un análisis cuidadoso, o exceso de lectura acrítica de lo que se difundía en los medios, llevó al gobierno de Peña Nieto por una ruta táctica donde la violencia, al no desaparecer sino elevarse, lo obligó a rectificar.



El Presidente lo esbozó la semana pasada en una entrevista con el periódico conservador francés Le Figaro, al que declaró: “Continuaremos luchando contra esos 140 criminales identificados y de manera selectiva”. El número es 3.7 más de los que planteó el ex Presidente como definición de la victoria, quien logró alrededor de 70% de su meta. Como con su antecesor, no dijo de dónde salió esa cifra ni cómo se llegó a ella. Y como el ex Presidente, así determinó la nueva métrica para sus resultados finales.



2.- Funcionarios peñistas habían dicho que no irían por los capos de la droga, porque la estrategia era distinta. Ahora todo cambió. El sábado pasado, la columna Bajo Reserva de El Universal publicó: “Los recientes ataques perpetrados por grupos criminales a la Policía Federal en territorio michoacano pusieron en guardia al gobierno federal y produjeron una orden muy clara: la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, tiene que dar resultados a corto plazo… El objetivo… es diseñar operativos de precisión para ir detrás de los cabecillas y operadores. La administración federal no quiere acciones ‘rastrillo’, que no arrojan calidad. Van por las cabezas”. Golpes quirúrgicos, como hizo Calderón.



La rectificación del gobierno tumba el argumento original en su equipo, que el problema con Calderón fue la falta de coordinación en su gabinete de seguridad. Es cierto que esa falla provocó enfrentamientos entre los colaboradores del ex Presidente y motivó desconfianzas e información fragmentada que impidió disponer de inteligencia compartida para trabajar mejor. El nuevo gobierno resolvió la coordinación, pero no era todo. El otro eje de aquella estrategia, combatir frontalmente a los cárteles, se dejó de hacer por el supuesto equívoco que era eso, y no la lucha entre los cárteles, lo que generaba la violencia.



La mejor coordinación en el nuevo gobierno no resolvió el problema de la violencia de los cárteles. El caso más dramático del fracaso de esa nula política de contención es Michoacán, donde los agónicos Los Caballeros Templarios, se recuperaron cuando, al no darles el tiro de gracia las fuerzas federales en estos ocho meses, se reagruparon, fortalecieron y, ante la ausencia de enemigo, se apoderaron de la región de Tierra Caliente. El presidente Peña Nieto lo admitió el jueves pasado y dijo que “recuperarían” esos territorios perdidos, la misma racional de Calderón cuando en Michoacán lanzó en 2006 la guerra contra las drogas. Calderón recuperó el territorio con un alto costo de sangre, y Peña Nieto lo perdió. Hoy, seis años y nueves meses después, regresamos al mismo punto en donde todo empezó, y en la ruta que trazó Calderón. El presidente Peña Nieto es responsable de esta falla, pero no es culpable. Sobre los culpables, él es quien tiene la última palabra.

EPN llega al Primer Informe con 13 mil 775 ejecuciones; Guerrero, Chihuahua y Edomex, los más violentos


Por: Redacción / Sinembargo - agosto 26 de 2013 - 0:05


Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo/Zeta).– Enrique Peña Nieto llega a su Primer Informe de Gobierno con 13 mil 775 ejecuciones, luego de ocho meses de administración, de acuerdo con el recuento que realiza el semanario Zeta de Tijuana.

Los decapitados, desmembrados, colgados, encajuelados, desenterrados de narco-fosas, con el tiro de gracia, homicidios en enfrentamientos entre los diversos cárteles de la droga y elementos policíacos han sido un tema del día a día, a pesar de la estrategia federal de no informar al respecto.

A principios de marzo de 2013, cuando Peña Nieto cumplía 100 días al frente de la administración, el gobierno decidió como estrategia el silencio en temas relacionados a la violencia. El candado peñista a la información incluyó a policías estatales, ministeriales, municipales, Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República y y las de los estados.

No obstante, el semanario explica que “para documentar la cantidad de 13 mil 775 ejecuciones como metodología a todos los instrumentos gubernamentales, incluyendo los exiguos informes del Secretariado Ejecutivo, la Procuraduría General de la República (PGR) e Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); y se contrastó la información oficial directamente en los Servicios Médicos Forenses, institutos forenses de diversas ciudades y estados, con funcionarios que proporcionaron a esta redacción información fidedigna y documentada, a reserva de mantener su anonimato, asociaciones civiles y hasta periódicos locales en las entidades federativas que, por cierto y afortunadamente, cada vez son más los que se han dado a la tarea de registrar diariamente los homicidios dolosos y ejecuciones en sus localidades”.





Los 7 mil 128 homicidios dolosos relacionados a delitos federales cometidos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013, contabilizados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, están bastante lejos de la realidad que vive México, según Zeta, que “llevó a cabo una minuciosa actualización de la cantidad de homicidios relacionados con el crimen organizado y homicidios dolosos que incluyen ‘Ejecuciones’, ‘Enfrentamientos’, ‘Homicidios-Agresiones’, y los que son producto de ajuste de cuentas entre narcomenudistas pertenecientes a diversos cárteles de la droga o células de estas estructuras criminales.”


La conclusión fue que los datos duros documentados por el semanario demuestran que en ocho meses de gobierno peñista, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2013, sucedieron en el país por lo menos 13 mil 775 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, Chihuahua fue la entidad más violenta; mientras que en la administración de Enrique Peña Nieto, el Estado de Guerrero se erige ya como la entidad federativa que más ejecuciones registra en los primeros ocho meses de gestión federal, con mil 441 muertes vinculadas al crimen organizado.

El Estado de Guerrero es gobernado por Ángel Aguirre Rivero, antiguo priista que ganó la gubernatura en la alianza PAN-PRD.

Y cuando parecía que en Chihuahua disminuían las ejecuciones, en el sexenio peñista esa entidad norteña gobernada por el también priista César Duarte, ocupa el segundo lugar, con mil 277 homicidios dolosos vinculados al crimen organizado.

Entre los primeros cinco estados más violentos, se encuentra también el Estado de México gobernado por el priista Eruviel Ávila, con mil 217 homicidios, en el tercer lugar.


En cuarto sitio se localiza Jalisco, gobernado por el priista Aristóteles Sandoval Díaz, con mil 094 ejecuciones.

Y en el quinto escaño se ubica Sinaloa, gobernado por un priista, Mario López Valdez, que contendió por el PAN, con 924 ejecuciones.



Evidentemente, Guerrero es el estado más violento en los primeros ocho meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, con mil 441 ejecuciones.

La entidad guerrerense ocupó el tercer lugar en cuanto a ejecuciones, con 7 mil 313, en el sexenio de Felipe Calderón.

El Estado de Chihuahua, ocupó el primer lugar en cuanto a ejecuciones, con 16 mil 456 en el sexenio calderonista, solo disminuyeron las ejecuciones cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán controló la plaza chihuahuense. Hoy el Estado de Guerrero está en ese momento álgido que también vivió Chihuahua, cuando diversos cárteles disputaban la añorada plaza.

De acuerdo con la PGR, Joaquín “El Chapo” Guzmán pelea la plaza guerrerense, donde también tienen presencia organizaciones delictivas como La Barredora, El Comando del Diablo, Guerrero Unido o La Nueva Empresa; “El Indio”, La Oficina, Cártel Independiente de Acapulco, “El Güero Guetamo”, Los Pelones, Los Marquina, “El Rey”, Santa Ríos Bahena, Iguana; “El Pelos”, “El Mudo”, Irving Eduardo Solano Vera, Los Granados, Los Rojos, Nuevo Cártel de la Sierra, Los Zafiros, “El Tigre”, Los Ardillos, Cártel del Golfo, Los Zetas, Beltrán Leyva y La Familia.




LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS

El gobierno de Calderón convirtió a Juárez en la ciudad más sangrienta, mientras tanto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto el puerto de Acapulco es ya la ciudad más sangrienta del sexenio.

Y aunque Acapulco de Juárez cerró 2012 con mil 170 homicidios dolosos -según la SEGOB- en los primeros ocho meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, el puerto (con 818 mil 853 habitantes) es la ciudad con más homicidios dolosos, 625 sucedidos entre el 1 de diciembre de 2012 y 31 de julio de 2013, de acuerdo también a la Secretaría que lidera Miguel Ángel Osorio Chong.

En segundo lugar se ubica la Ciudad de México, que con 8 millones 851 mil 080 habitantes, registró en los primeros ocho meses de Gobierno Federal 521 ejecuciones.

En tercer lugar figura Tijuana que, con apenas un millón 619 mil 282 habitantes, contabilizó entre el 1 de diciembre de 2012 y 31 de julio de 2013, 389 ejecuciones.

Mientras tanto, Culiacán (con 884 mil 601 habitantes) se situó en el cuarto lugar, con 334 ejecuciones.



Y Ciudad Juárez (un millón 339 mil 648 habitantes) continuó entre las ciudades más violentas, con 295 ejecuciones, también entre diciembre y julio últimos.




MICHOACÁN, ESTADO DE “ACCIDENTES”

A pesar de las balaceras, la toma de poblados enteros, los enfrentamientos entre narcotraficantes y los desencuentros entre éstos y policías federales, que se ven todos los días en Michoacán, de acuerdo a la estadística nacional, aquella entidad ocupa el lugar número 10 en la tabla de posicionamiento de la violencia, con 560 ejecuciones durante los primeros ocho meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.

La razón: Michoacán es el estado con más “accidentes en el país”.

Resulta que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el estado encabeza las estadísticas de homicidios, con mil 647 entre el1deeneroal31dejuliode2013,delos cuales mil 161 son clasificados como “homicidios culposos”, y 486 como “homicidios dolosos”.

Hay que recordar que los homicidios culposos “son aquellos por los cuales una persona pierde la vida en algún accidente”, en palabras de Eduardo Sánchez, portavoz del Gobierno de la República.

En medio de la guerra de cárteles, no hay ninguna entidad federativa que supere a Michoacán en cuanto a “accidentes”.

Es más, en la Ciudad de México, que cuenta con 8 millones 851 mil 080 habitantes según el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), la Segob reporta 390 “homicidios culposos”.

De hecho, el Estado de México, que cuenta con 15 millones 175 mil 862 habitantes según el INEGI 2010, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta mil 005 homicidios culposos en los primeros siete meses de 2013.

Y en Michoacán, donde habitan menos personas (4 millones 351 mil 037, según el INEGI 2010), abundan más los “accidentados”: mil 161, superando a todas las entidades federativas del país.

Hay que recordar que los “accidentes” en Michoacán ocurren en medio de la guerra por la plaza purépecha entre organizaciones delictivas, donde precisamente, de acuerdo a la PGR, Joaquín “El Chapo” Guzmán, a través del llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación, pelea la plaza contra los autonombrados “Caballeros Templarios”, La Familia, Cártel del Golfo, Los Zetas y Cártel del Milenio.

Presume Segob captura de casi 50% de capos en gobierno de Peña Nieto


Notimex Agosto 25, 2013 12:15 am


El titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que 52 de los arrestos se hicieron sin violencia


En los primeros nueve meses de la actual administración, han sido capturados 60 de 122 líderes del crimen organizado buscados por el gobierno, entre los cuales destacan las cabezas del Cartel del Golfo y de los Zetas, aseguró el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.



Al participar en el seminario “Alineación estratégica y gobernanza eficaz” dijo que 52 de los detenidos han sido atrapados mediante un sistema de inteligencia y sólo seis han sido abatidos.



Asimismo adelantó que este domingo 25 de agosto, darán a conocer la captura de uno de los líderes más importantes de la delincuencia organizada.



“Se está haciendo un trabajo de inteligencia, de coordinación, de información, que nos permite entregar resultados y de que no es necesario ?inventar el hilo negro?, sino hacer lo que le toca a cada dependencia de manera coordinada”, apuntó.



Aseguró que “vamos por los demás, pero no estamos yendo solamente por las cabezas para que no sea el efecto medusa, sino que vamos por toda la organización delictiva”.



Explicó que de acuerdo con las encuestas, se ve que la percepción ha subido en 10 por ciento de que hay mayor seguridad, con lo cual se echa abajo esa campaña político-electoral de que el actual gobierno iba a hacer acuerdos con los delincuentes.



El funcionario federal recordó que en la administración anterior se detuvieron a 106 mil presuntos delincuentes y sólo tres mil están purgando una pena o están en proceso, lo cual viene a demostrar que había descoordinación entre las dependencias.



Mencionó que en el sexenio pasado se abusó de la figura del arraigo, debido a que la Procuraduría General de la República no llevaba sustentada la detención ni tampoco la investigación.



“Lo que sucedía en ese tiempo es que la Secretaría de Marina, el Ejército, la Policía Federal y la entonces Secretaría de Seguridad sí hacían su trabajo, pero de manera desarticulada”, dijo.



Entonces, añadió, cuando alguno de ellos tenía éxito en una detención que, por ciento, todos iban sobre esa captura, en lugar de coordinarse, de trabajar juntos en sus sistemas de inteligencia, lo presentaban ante el Ministerio Público.



Subrayó que afortunadamente en la actualidad esto ha cambiado, “y ahora estamos bien coordinados, trabajando de la mano con el Ministerio Público y con todas las áreas de seguridad”.



Prueba de ello, apuntó, es que ya no se escucha el tema del arraigo y cada vez son menores los planteamientos de la PGR, porque ahora sí van sustentadas todas las investigaciones y “sí están ahí entregados, pero ya con argumentos que permitan que se queden donde deben estar o que sean sometidos a un proceso”.

Osorio: capturados, 60 de 122 líderes criminales


Adelanta el secretario de Gobernación que este domingo 25 de agosto darán a conocer la captura de uno de los líderes más importantes de la de delincuencia organizada

Ciudad de México | Sábado 24 de agosto de 2013
Notimex | El Universal


En los primeros nueve meses de la actual administración, han sido capturados 60 de 122 líderes del crimen organizado buscados por el gobierno, entre los cuales destacan las cabezas del Cartel del Golfo y de los Zetas, aseguró el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Al participar en el seminario "Alineación estratégica y gobernanza eficaz" dijo que 52 de los detenidos han sido atrapados mediante un sistema de inteligencia y sólo seis han sido abatidos.

Asimismo adelantó que este domingo 25 de agosto, darán a conocer la captura de uno de los líderes más importantes de la delincuencia organizada.

"Se está haciendo un trabajo de inteligencia, de coordinación, de información, que nos permite entregar resultados y de que no es necesario ‘inventar el hilo negro', sino hacer lo que le toca a cada dependencia de manera coordinada" , apuntó.

Aseguró que "vamos por los demás, pero no estamos yendo solamente por las cabezas para que no sea el efecto medusa, sino que vamos por toda la organización delictiva" .

Explicó que de acuerdo con las encuestas, se ve que la percepción ha subido en 10 por ciento de que hay mayor seguridad, con lo cual se echa abajo esa campaña político-electoral de que el actual gobierno iba a hacer acuerdos con los delincuentes.

El funcionario federal recordó que en la administración anterior se detuvieron a 106 mil presuntos delincuentes y sólo tres mil están purgando una pena o están en proceso, lo cual viene a demostrar que había descoordinación entre las dependencias.

Mencionó que en el sexenio pasado se abusó de la figura del arraigo, debido a que la Procuraduría General de la República no llevaba sustentada la detención ni tampoco la investigación.

"Lo que sucedía en ese tiempo es que la Secretaría de Marina, el Ejército, la Policía Federal y la entonces Secretaría de Seguridad sí hacían su trabajo, pero de manera desarticulada" , dijo.

Entonces, añadió, cuando alguno de ellos tenía éxito en una detención que, por ciento, todos iban sobre esa captura, en lugar de coordinarse, de trabajar juntos en sus sistemas de inteligencia, lo presentaban ante el Ministerio Público.

Subrayó que afortunadamente en la actualidad esto ha cambiado, "y ahora estamos bien coordinados, trabajando de la mano con el Ministerio Público y con todas las áreas de seguridad" .

Prueba de ello, apuntó, es que ya no se escucha el tema del arraigo y cada vez son menores los planteamientos de la PGR, porque ahora sí van sustentadas todas las investigaciones y "sí están ahí entregados, pero ya con argumentos que permitan que se queden donde deben estar o que sean sometidos a un proceso".

Hay una grave crisis de gobernabilidad en México: militares y funcionarios
Inédita crítica al sistema de seguridad nacional en seminario realizado en el Cesnav. Subrayan fracaso de Calderón en lucha anticrimen y lamentan discursos sin respaldo de Peña Nieto.
#Inseguridad Mexico
FUENTE: LA JORNADA  miércoles, 28 de agosto del 2013

El país está sumido en una crisis de gobernabilidad que se traduce en el incremento de la violencia, la "privatización de la seguridad", la corrupción e ineficiencia de las policías de todos los niveles y en la falta de coordinación de las fuerzas federales para enfrentar estos problemas, sostuvieron militares, funcionarios federales y académicos reunidos en el seminario La seguridad nacional integral de México.

Los participantes aceptaron que México no está preparado para atender estos problemas que se han convertido en amenazas a la seguridad nacional.

Debido a la fragmentación existente entre los órganos de inteligencia del Ejército, la Armada de México y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Agenda Nacional de Riesgos –comentaron– no contempla problemas actuales en los ámbitos social, económico, ambiental, de seguridad interior, de política exterior, de salud, entre otros, para adoptar medidas que "blinden" al país y eviten en el futuro próximo problemas graves.

En un acto inédito realizado la semana pasada en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), prácticamente todos los participantes reconocieron que la política de seguridad puesta en marcha por los sexenios panistas a partir de 2000 fue un fracaso y que, hasta la fecha, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha pasado del discurso a los hechos, en su compromiso para resolver el problema de la seguridad.

Juan Mayolo Medina Linares, director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi), que es el área de inteligencia de la Procuraduría General de la República (PGR), precisó que se "privatiza la seguridad" cuando el Estado no es capaz de garantizarla, y la sociedad es obligada a tomar acciones alternas. Señaló que el caso de los grupos de autodefensa y policías comunitarias que han surgido en Michoacán y Guerrero son reflejo de la ausencia del estado de derecho que priva en esos lugares.

El abogado Juan Velázquez, quien fue presentado como asesor jurídico del secretario de la Defensa Nacional fue uno de los más críticos: "México ha descendido en el índice de gobernabilidad", resumió y aseveró que las policías de todos los niveles son corruptas e ineficientes.

El general Juan Francisco Tovia Mazón, director del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, destacó la necesidad de que se aprueben instrumentos jurídicos para que los soldados cumplan eficazmente con sus tareas (particularmente en materia de seguridad interior).

En el ámbito de política exterior, los conferencistas –académicos de El Colegio de México y de la UNAM– criticaron que México siga dócilmente la políticas antidrogas y contra el terrorismo dictadas por Estados Unidos y que esa situación haya derivado en la firma de la Iniciativa Mérida, la cual favorece a las empresas contratistas estadunidenses en detrimento de la soberanía nacional.