Peña, sus 40 mil muertos y la "nueva estrategia"

En materia de seguridad el gobierno está dando ‘‘tiros de precisión’’: Gobernación.

-Las fuerzas federales se han reducido donde ya se fortalecieron estructuras locales.
-El combate al crimen está debidamente planeado, asegura el subsecretario Eduardo Sánchez.


Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 21 de marzo de 2013, p. 9

La Secretaría de Gobernación (SG) aseveró que la presencia de las fuerzas federales se ha reducido ‘‘significativamente’’ en las zonas donde –supuestamente– ya se fortalecieron las estructuras locales de seguridad.

Aunque en horas recientes se han multiplicado los episodios violentos (en Monclova, Coahuila, se decretó una alerta roja, que significa la suspensión de actividades), Gobernación afirmó que el combate al crimen está debidamente planeado.

‘‘No son ocurrencias; tanto en la parte de prevención como en la de combate a los delincuentes, se están utilizando sistemas de inteligencia y de información que nos permiten dar tiros de precisión y actuar de manera contundente y eficaz’’, aseveró el subsecretario de Normatividad de Medios de la dependencia federal, Eduardo Sánchez.

El funcionario, vocero para asuntos de seguridad, no detalló los casos en los que se habría achicado la presencia de militares, marinos y policías federales, y tampoco dijo en dónde se reforzó o conservó la presencia de uniformados; se limitó a informar que existe plena coordinación y confianza entre el gobierno federal y los mandatarios estatales.

‘‘El trabajo por parte del gobierno ha consistido en reducir significativamente, y en la medida en que esto es posible, el llamado uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, tratando en todo momento de que las detenciones y las acciones de gobierno tengan a los delincuentes por sorprendidos, y que el trabajo de inteligencia nos permita que estas aprehensiones se realicen con la menor violencia posible, de manera tal que no se cause daños a los ciudadanos’’, dijo.

–¿Respecto de lo que está ocurriendo en Monclova, Coahuila? –se le preguntó.

–Sabemos lo que está ocurriendo ahí y en muchos lugares del país y desde luego que estamos actuando –respondió.

De esta manera rechazó las versiones que apuntan a un repliegue intencionado de las fuerzas federales en las zonas más conflictivas, donde se presume un enfrentamiento entre bandas de delincuentes.

Insistió en que los efectivos siguen actuando a petición de los gobernadores y de ‘‘la preocupación y legítima aspiración’’ de los propios ciudadanos para que las fuerzas federales permanezcan en sus comunidades.

El subsecretario Sánchez dijo lo anterior durante una conferencia de prensa en la que fue presentado a los medios el avance del programa federal de prevención de delitos, que busca cubrir de diferentes formas a 40 millones de habitantes.

El subsecretario del ramo, Roberto Campa Cifrián, dijo que serán ubicados aproximadamente 250 ‘‘polígonos’’, que significan las zonas más violentas que, en conjunto, significarían unas mil colonias en todo el país, de acuerdo con estimaciones preliminares. Hasta el momento se han enlistado 91 ‘‘polígonos’’, regiones en donde están en total 346 colonias.

Habrá zonas en las que la ‘‘intervención’’ será la primera de su tipo, por lo que requerirán del apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad, porque ‘‘sería una irresponsabilidad poner en riesgo a trabajadores sociales en zonas en donde no ha habido ninguna intervención y en donde el peligro (es alto)’’.

Campa reconoció que la situación de violencia y otros fenómenos asociados en diversas regiones del país hace urgente la aplicación del plan de prevención; sin embargo, dijo que están construyendo cimientos firmes.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– Un análisis realizado por el diario norteamericano The Christian Science Monitor (CSM) señala que la administración de Enrique Peña Nieto no ha impulsado ningún cambio significativo en la guerra contra el narco en México, y que el número homicidios ligados con el crimen organizado son incluso un poco más altos.

“Lo que ha cambiado es la retórica que acompaña a esta estrategia”, dice.

“Después de poco más de 100 días en el cargo, dos historias están surgiendo acerca de Enrique Peña Nieto: se dice que el nuevo Presidente mexicano es sutilmente la continuación de su predecesor de la guerra contra las drogas; el otro que está retrocediendo, creando las condiciones para la ‘paz’ en el inframundo”, dice.

Estadísticamente, no ha habido ningún cambio significativo en homicidios, agrega el trabajo de Steven Dudley, un especialista de InSight Crime. De hecho, dice citando recuentos de la prensa mexicana, “se ha producido un leve aumento en los asesinatos relacionados con el crimen organizado en todo el país”.

“Las tropas están presentes en cantidades similares y prácticamente en las mismas áreas que antes de que Peña Nieto llegara a la presidencia, el 1 de diciembre. La Policía Federal continúan patrullando muchas de las mismas ciudades, y el gobierno dice que continúa con su plan de crear un Gendarmería, una fuerza de 10,000 efectivos de una policía especial. El gobierno también continúa transformando el sistema nacional de justicia de uno inquisitivo escrito, a un sistema oral acusatorio; creando unidades para purgar a la policía, y centralizando la mayoría de los cuerpos de seguridad en un mando único”.

El gobierno ha dicho que desplazar su atención a los programas de prevención, “pero gran parte de los fondos asignados a estos programas ya fueron asignados durante el gobierno de Calderón”.

“Lo que ha cambiado es la retórica que acompaña a esta estrategia”, dice. “El gobierno de Peña Nieto habla de ‘paz’, y ha dejado casi por completo de hablar de la lucha contra la delincuencia organizada”.

El análisis de The Christian Science Monitor dice que hay algunos cambios sutiles.

“En primer lugar, el número de investigaciones sobre delitos contra la salud está en su punto más bajo en los últimos 15 años”. Recuerda que el aumento de estos casos bajo Calderón ayudó a un aumento en la población penitenciaria federal.

Según los datos recogidos por Carlos Vilalta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), las autoridades iniciaron 783 investigaciones por delitos contra la salud en diciembre de 2012, y 826 en enero de 2013.

“Compare esto con los primeros dos meses de la administración de Calderón, con 10,416 investigaciones por delitos contra la salud en diciembre de 2006, y 10,901 en enero de 2007. De hecho, durante su mandato de seis años, la administración de Calderón promedió 6,567 investigaciones de delitos contra la salud al mes”, sostiene.

“Dos meses es muy poco tiempo para sacar conclusiones definitivas sobre este tipo de datos y la disminución en las investigaciones sobre drogas se inició antes de que Peña Nieto tomó el poder. Pero Vilalta dice que los dos primeros meses es un buen indicador de hacia dónde va la tendencia. Es posible que el gobierno esté reduciendo la persecución de los criminales por delitos de drogas, tal vez como parte de una estrategia para retirarse de la guerra contra las drogas”.

El análisis concluye que un posible cambio de estrategia también podría traer una relación más tensa con Estados Unidos, un gran defensor de la estrategia de Calderón, y tal vez su mayor fan de la región”.

Violencia imparable: lo que falta por ver

Por: Redacción / Sinembargo - marzo 25 de 2013

Dos días, 14 estados y más de 50 ejecuciones fue el saldo del pasado fin de semana, el más violento desde que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República. Sin embargo, por lo que el mismo Presidente afirmó, no habrá soluciones inmediatas ni resultados concretos hasta dentro de un año.

Mientras tanto, ¿cuántas muertes más nos espera ver? Miles, sin duda, porque el gobierno –en sus tres niveles– está lejos de tener control sobre la seguridad pública y las cifras de muertos así lo evidencian.

Además, desde el Presidente y los funcionarios federales que operan la salvaguarda de los mexicanos, hasta los que lo hacen en los gobiernos de los estados y municipios, han tratado de minimizar la situación, como si los hechos no fueran contundentes.

El sábado pasado, Uruapan, Michoacán, vivió un episodio macabro, luego de que un grupo del crimen organizado dejara los cuerpos de siete hombres en un transitado crucero de esa ciudad. Pero, además, los criminales los dejaron sentados en sillas de plástico, con los ojos vendados y con el tiro de gracia. Decenas de ciudadanos aterrados pudieron observar la escena mucho antes que las autoridades llegaran al lugar. Fotos y reportes de este hecho circularon profusamente en las redes sociales.

Aun así, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García, hizo un llamado a los medios de comunicación a no “magnificar” la ejecución de los siete hombres, sino poner en contexto estos hechos aislados que están relacionados con el narcotráfico.

El funcionario añadió que ese multihomicidio tiene características muy precisas de narcotráfico y que “si los medios no lo magnifican seguramente no influirá en un ánimo en contra de Michoacán”. Lo que haya querido decir Reyna García, quien en las últimas semanas y ante la ausencia por el estado de salud del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa ha sido el responsable de conducir el gobierno de esa entidad, no se entiende sino bajo un criterio de conveniencia.

Pide a los medios no magnificar lo que ya es enorme: el terror que día a día se vive en las poblaciones de esa entidad. Por desgracia, Michoacán no es el único caso ni mucho menos.

El fin de semana de sangre y fuego tocó a 12 entidades, lo que no corresponde con las recientes declaraciones de Manuel Mondragón y Kalb, quien en una entrevista con Milenio Televisión planteó: “Sin ser triunfalistas, algunas áreas que estaban muy calientes ya han empezado a enfriarse”. Son zonas, dijo el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) como La Laguna, pero no dio más datos.

Tampoco se refirió al aumento de la violencia en zonas “calientes” como Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Michoacán, donde las ejecuciones no se han reducido ni un milímetro. Las autoridades, a todos niveles, han adoptado un discurso que pretende minimizar la realidad y eso no es una buena señal para nadie.

Tapar el sol con un dedo es ya imposible a estas alturas en que el crimen se fortalece ante un Estado que, parece, se hace cada vez más pequeño por la ausencia de resultados en la aplicación de la justicia, el cuidado a la sociedad y el combate a la corrupción dentro de sus filas. Y si esos resultados se verán hasta dentro de un año –como ya dijo Peña Nieto–, queda poca esperanza para una ciudadanía que tendrá que cuidarse sola, mientras el terror sigue apoderándose de pueblos y ciudades.

Sería un error que se relaje la lucha contra los cárteles, afirma la compañía de inteligencia

José Carreño Figueras

30/03/2013 08:49


El combate de las fuerzas federales al crimen organizado, indica Stratfor, ha provocado que delincuentes diversifiquen su actividad. Foto: Archivo / Notimex

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de marzo.- La transformación del narcotráfico en México “limita” las posibilidades de que el gobierno federal reduzca significativamente la violencia que genera la delincuencia organizada, afirmó Stratfor, empresa global especializada en análisis de inteligencia y seguridad.

A través del trabajo de los expertos Scott Stewart y Tristan Reed, la investigación advierte que los cárteles mexicanos ya se han convertido en organizaciones criminales transnacionales.

El análisis explica que la nueva “narcorrealidad” implica en parte la fragmentación de los cárteles y la diversificación del crimen, lo que dificulta una pronta erradicación de la violencia.

Pese a afirmar que México y Estados Unidos se esfuerzan sin éxito contra el narco, Stratfor alerta que sería un error que el gobierno relaje sus acciones anticrimen, esperando que así se reduzcan los niveles de inseguridad, porque ésta no es generada por el Estado.

“La escalada comenzó mucho antes de que Calderón fuera elegido. El cambio en las rutas del narcotráfico y la competencia entre grupos criminales son el origen de la escalada de la violencia”, explicó la compañía privada de análisis.

Dudan en EU de control oficial de narcoviolencia

La posibilidad de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reduzca significativamente la violencia del crimen organizado está muy limitada por una “nueva narcorrealidad”, afirmó la empresa de análisis de inteligencia Stratfor.

La situación ya no es la misma que en 1990 ni la composición de los cárteles o sus actividades son iguales a las de hace una década tampoco, subrayaron los analistas en un texto en el que hicieron hincapié en que, en su mayor parte, la violencia no es iniciada por el gobierno o por sus fuerzas y de hecho que ni siquiera está involucrado en la mayoría de los incidentes.

Subrayó que hay un proceso de fragmentación de los cárteles, debido en parte a la política de los gobiernos de México y Estados Unidos de seguir una estrategia de “decapitación” de los grupos y llevado a la proliferación de organizaciones más pequeñas que se disputan territorios o rutas.

La organización privada estadunidense rechazó la idea de que si el gobierno mexicano fuera a “ablandar” su posición respecto a los delitos contra la salud habría posibilidades de calmar la situación y por tanto disminuiría la violencia y recordó que ésa es una tesis citada con frecuencia.

“Por desgracia, la reducción de los niveles de violencia no es tan simple”, advirtieron los analistas Scott Stewart y Tristan Reed en el texto divulgado por Stratfor.

De acuerdo con su opinión, “la naturaleza y el origen de la violencia en México constriñen severamente el gobierno mexicano. Debido a esas limitaciones, la mera disminución de las acciones gubernamentales contra delitos de drogas tendría poco impacto en el nivel de violencia”.

Uno de los puntos principales es que “dado que el gobierno federal no ha puesto en marcha la mayor parte de la violencia en México, una decisión del gobierno de no desarrollar las investigaciones de drogas haría poco para sofocar la violencia”.

De acuerdo con Stratfor, habría que recordar que si bien la narrativa popular es atribuir el comienzo de la guerra de México contra los cárteles a la campaña lanzada por el ex presidente Felipe Calderón, la verdad es diferente.

“La escalada comenzó mucho antes de que Calderón fuera elegido, y no fueron las acciones del gobierno, sino un cambio en las rutas de contrabando de narcóticos a Estados Unidos y la competencia por las rutas entre grupos criminales mexicanos lo que realmente desencadenó la escalada de la violencia”, precisó.

Igualmente, tras anotar que “hay algunos” que se aferran a la idea de que Peña Nieto puede forjar algún tipo de acuerdo con los cárteles y volver a la forma como se afirma que sus predecesores del Partido Revolucionario Institucional usaron para tratar con los cárteles, Stratfor indicó que la situación en México es muy diferente de lo que era bajo presidentes anteriores, como Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari: “Simplemente, son demasiadas partes móviles y demasiados grupos a los que enfrentar”.

Peor aún, las organizaciones criminales ya no son simplemente cárteles del narcotráfico:

“Durante la última década, los costos de las prolongadas guerras entre los cárteles y el impacto que estas guerras han tenido sobre la capacidad de algunos grupos para producir o traficar drogas han llevado a muchos grupos a diversificar su actividad a otros delitos”, señaló el análisis al enumerar, entre otros, el secuestro, la extorsión, tráfico de personas y robo de vehículos de carga.

Consignó además que Los Zetas obtienen una considerable ganancia con base en el robo de petróleo a Pemex y la piratería de discos compactos.

“Ése es el otro comportamiento criminal que enciende muchas luchas territoriales en áreas que están fuera de las zonas tradicionales de producción de drogas y cruces fronterizos”, señaló.

El punto no es el contrabando hacia Estados Unidos: las autoridades de los dos países se esfuerzan con poco éxito en detener el flujo de drogas y los cárteles tienen un éxito parecido, según Stratfor.

“Pero cuando dos grupos opuestos están en el mismo terreno y venden drogas en las calles, extorsionan negocios o dirigen bandas de secuestradores, es crucial mantener lejos a los competidores para no afectar las ganancias. Este creciente interés en las ventas locales de drogas significa además que las drogas son cada vez más un problema de México y no sólo para los estadunidenses”, afirmó.

Esa derivación hacia el crimen y la distribución de drogas en el mercado interno “es una de las principales causas de la violencia actual en estados como Morelos, México, Jalisco, Guanajuato y Quintana Roo”, indicó el análisis, al puntualizar que el cambio se refleja en la forma en que las autoridades se refieren a esos grupos: los cárteles mexicanos ya no son “OTD”, o sea organizaciones de tráfico de drogas, sino más bien “OCT”, es decir, organizaciones criminales transnacionales.

Esa “nueva narcorrealidad” ya existe en México, concluyó Stratfor: “El ambiente es muy diferente de lo que era en la década de 1990, y no hay vuelta atrás”, amén de que los cambios producidos entre los cárteles mexicanos y la cantidad de violencia que pueden generar sin participación del gobierno, significa que será muy difícil que Peña Nieto y su régimen puedan ignorar las actividades de los cárteles y adopten el enfoque de “no-intervención”.

Efectos

1.- El informe de la agencia toma importancia luego de que está por plantearse la colaboración con EU en la materia.

2.- Una de las aristas de la estrategia nacional en materia de combate a la delincuencia organizada busca atender temas como la prevención del delito.

Lanceros de Toluca escribió:Esperense a que pasen 3 o 4 años jajaja ahi van a andar bien arrepentidos esos peñistas y a ver si no linchan a cad priista que se encuentren por ahi.

El promedio en cuatro meses es de 23 asesinatos diarios: fuentes gubernamentales

Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, las entidades donde se cometieron los homicidios

Marzo, el mes más violento en la presente administración


Periódico La Jornada
Lunes 1º de abril de 2013, p. 3

En los primeros cuatro meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto han sido ejecutadas al menos 2 mil 821 personas en hechos vinculados con el crimen organizado, de las cuales 562 fueron asesinadas durante el mes de marzo en seis entidades (estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas), según datos proporcionados por funcionarios federales que participan en el gabinete de seguridad nacional, y otros más obtenidos mediante registros periodísticos.

En promedio, en lo que va de la administración peñista han sido ultimadas 23 personas cada día, puntualizaron las fuentes consultadas.

Los datos registrados en notas periodísticas, los cuales fueron cotejados con las cifras estadísticas proporcionadas a La Jornada por funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policía Federal (PF), así como por integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), revelan que marzo ha sido el más violento de los cuatro meses recientes.

Según estos datos, los estados de México y Chihuahua encabezaron la lista de entidades con más homicidios cometidos durante marzo (151 y 114, respectivamente, de acuerdo con el promedio mensual). En febrero pasado, la entidad mexiquense tuvo en promedio un registro de 136 asesinatos, mientras en Chihuahua fueron ejecutadas 96 personas en ese mes.

En la lista de homicidios violentos registrados durante marzo pasado aparece en tercer lugar el estado de Nuevo León (100), seguido de Sinaloa (92), Michoacán (54) y Tamaulipas (51).

Las seis entidades suman un total de 562 ejecuciones durante el mes que concluyó ayer.

Los abogados Martín Cisneros Sepúlveda y Rogelio Garza Puente, expertos en derecho penitenciario y en seguridad pública, respectivamente, coincidieron en que, lejos de haber disminuido el número de homicidios dolosos (relacionados con hechos violentos), la realidad demuestra que la tendencia de ejecuciones va al alza en el país, en comparación con los dos últimos semestres del gobierno calderonista

‘‘Si acaso, en los hechos podemos hablar de que ha cambiado la estrategia de comunicación del actual gobierno federal. Ahora se ocultan más las cifras oficiales de muertos en situaciones de acción violenta u operativos policiacos, pero eso no significa que se esté reduciendo el número de asesinatos violentos’’, sostuvo Garza Puente en entrevista con este diario.


A su vez, Martín Cisneros, profesor en diversas universidades privadas, indicó que las ejecuciones vinculadas al crimen organizado son un problema ‘‘demasiado grande y pernicioso para la sociedad como para tratar de maquillarlo con una estrategia de comunicación social que diluya las notas de la violencia en los medios de comunicación.

‘‘Lo que están haciendo las dependencias públicas federales ligadas al combate a la delincuencia organizada (secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación, además de la Procuraduría General de la República) es evitar dar la información de detenidos o de los muertos que caen en cada operativo anticrimen, lo que era el pan de todos los días en la pasada administración del presidente Felipe Calderón’’, destacó el jurista.

En los primeros cuatro meses del actual gobierno peñista, la PGR únicamente ha informado en dos ocasiones de asuntos relacionados con el crimen organizado: el 3 de diciembre, acerca de seis detenidos en el estado de Coahuila, y el 8 de enero, cuando informó que existe plena cooperación con autoridades de Nicaragua para la investigación que se realiza en ese país en contra de 18 mexicanos.

En el mismo tono, la Secretaría de la Defensa Nacional solamente ha emitido un comunicado de prensa relacionado con el aseguramiento de droga en lo que va de esta administración, y ello ocurrió el 19 de diciembre, cuando efectivos del Ejército Mexicano decomisaron 400 kilos de cocaína en Chiapas.

Por su parte, la Marina Armada de México ha emitido 20 comunicados de prensa; de ellos, ocho correspondieron a la detención de un total de 65 personas.

Finalmente, las fuentes consultadas revelaron que el Cisen ha creado una nueva base de datos de homicidios dolosos que posee criterios tales como entorno del crimen, tipo de arma usada, lesiones y número de cadáveres localizados en un solo sitio, todo ello para evitar que se criminalice a las víctimas o se incluyan casos que no tienen relación con ese tipo de delitos.

Policía • 2 Abril 2013 - 4:32am — Omar Brito
Pablo Kuri, subsecretario de Salud, afirma que el gobierno federal atenderá la violencia como un problema de salud pública, el cual afecta principalmente a los grupos vulnerables.

México • Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, insistió en que los resultados en materia de seguridad no serán inmediatos, y recordó que el presidente Enrique Peña Nieto fijó como plazo un año para empezar a ver resultados.

“El Presidente de la República ha definido el plazo para la evaluación de estos y el resto de los programas de seguridad, ese plazo es un año. En un año tendremos que estar rindiendo cuentas precisas de qué tanto se ha avanzado”, afirmó en conferencia de prensa.

Fue el 20 de marzo pasado, durante su visita al Vaticano, cuando Peña Nieto afirmó que “en un año podríamos hacer un balance realmente, habrá un corte a un año cuando podremos estar viendo, espero yo, una reducción sensible” de la violencia.

Ayer, un día después de que MILENIO informó que en marzo hubo mil 25 ejecutados, con lo fue el mes más violento desde diciembre de 2012, Campa puntualizó que los resultados en seguridad no serán inmediatos.

“Sabemos que estos temas tienen tiempo de maduración, que no son inmediatos. Sin embargo, para construir ese mejor futuro, tenemos que trabajar en el presente, y eso es exactamente en lo que estamos empeñados”, señaló.

Apuntó que la crisis de seguridad tiene dos componentes: uno tiene que ver con condiciones sociales, factores de riesgo y educación; y otro está vinculado a las fuerzas del orden y la justicia.

Campa estuvo acompañado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Pablo Kuri; y el subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, Enrique del Val, para anunciar un reforzamiento a la coordinación en materia de prevención del delito.

Kuri señaló que la violencia y la delincuencia serán abordado por el gobierno federal como problemas de salud pública por sus consecuencias, pues afecta el derecho de las personas.

“El abordaje que estamos dando, desde la perspectiva de la salud de la violencia y la delincuencia como un problema de salud pública fundamentalmente porque ocasiona morbilidad y mortalidad asociada a las mismas y afecta a los grupos vulnerables, de manera fundamental mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos jóvenes y personas de la tercera edad”, argumentó.

Afirmó que la violencia afecta además a los familiares de las víctimas, enrarece el entorno social, la calidad de vida física, mental y los derechos individuales.

“El enfoque de salud pública complementa el abordaje de este problema y las actividades de procuración y administración de justicia, y justo de la perspectiva de salud que contribuye con acciones de carácter preventivo que se van a ir desarrollando de manera gradual”, manifestó.

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La oposición prende los focos amarillos

-Legisladores de oposición fustigaron la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto y aseguraron que las mil 25 ejecuciones que se registraron en marzo “encienden los focos amarillos” en esta administración.

Silvano Aureoles, líder de los diputados del PRD, y Jorge Villalobos, vicecoordinador de la bancada panista en San Lázaro, exigieron al gobierno federal “aterrizar” su táctica contra la criminalidad porque la sociedad no pude esperar un año.

Aureoles calificó de alarmante el registro de muertes ligadas a la violencia, como el que presentó MILENIO en su edición de este lunes, por lo que exigió un plan que dé buenos resultados.

Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas, advirtió de la necesidad de revisar la estrategia anticrimen, al subrayar que la actual administración se ha caracterizado por el relumbrón, más que por resultados

¿Hacia un Estado fallido?

Cadena de mando | Juan Ibarrola
2013-04-06 • Acentos

El concepto Estado fallido significa el fallo del Estado para asegurar su función principal, que es, en el concepto de Max Weber (politólogo alemán, 1864-1920), tener el monopolio legítimo de la violencia política. Noam Chomsky (lingüista estadunidense nacido en 1928) ofreció un concepto de Estado fallido más amplio al categorizar no solo el monopolio de la violencia como motivo del fallo, también incluyó los objetivos del propio Estado.

En el Estado fallido se contemplan los sucesos políticamente más comprometedores para el gobierno como guerras civiles, inoperancia absoluta del gobierno, guerras con el exterior, existencia de guerrillas que disputan el control territorial y la ausencia absoluta del Estado de derecho.

Aunque no parezca, la realidad es que el país, en sus estados y municipios, no ha entrado en ese estado de excepción cuando pierde su gobernabilidad. Quizá el único caso comparable a tal es el de San Fernando, Tamaulipas (2011), donde al quedar a merced de la delincuencia, autoridades y pobladores se desplazaron de su localidad, abandonándola. Cabe decir que es la acción y presencia del Ejército mexicano la que devuelve esa seguridad y certidumbre a la gente de San Fernando, misma que fue regresando paulatinamente.

En los últimos años, lo que sí han perdido estados y municipios es el control de la seguridad, aunque vale destacar que, a pesar de lo importante de ésta, conservan el control político y económico de los mismos. Habrá quien mencione que tanto lo político como lo económico se controlan desde el poder de los grupos criminales y la cooptación que han hecho en los funcionarios de los gobiernos locales. Aquí radica lo complejo del Estado fallido. Efectivamente, así es, sin embargo, por ello no se detiene la actividad gubernamental específica de cada lugar ni su dinámica con los otros órdenes de gobierno.

Lo anterior nos lleva a que sea ambivalente la realidad de un Estado fallido en México, ya que para muchos ciudadanos la afectación en materia de seguridad es lo que lleva a fallar al Estado, sin embargo, no es así, la excepción se da —se insiste—cuando el Estado en su totalidad falla.

Para la delincuencia organizada sería una grave amenaza que se declarara un Estado fallido en la localidad donde opera, debido a que a partir de ello, entraría en una vulnerabilidad tal que tendrían que salir corriendo.

¿POR QUÉ?

El artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional establece las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano; y es claro el inciso III de la citada ley, que prevé el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

En caso de generarse esa categoría de Estado, el Presidente de la República tiene la facultad de enviar a las fuerzas armadas —no veo a quién más— para tomar el control total de esa localidad, es decir, no solamente para combatir delincuentes, sino para restablecer la gobernabilidad y así entregárselas a los civiles, propiamente a Segob.

Por otra parte y en paralelo, quién será el alcalde o gobernador que se atreva a declararse incapaz de mantener el control de su gobierno. De todo lo anterior, y aunque en la práctica las amenazas que quizá acerquen a los gobiernos al Estado fallido, su aceptación y declaración no depende de un estado de cosas, sino de que quienes sufren los efectos se decidan a reconocerlo.

CABO DE GUARDIA

El decreto para la creación de la gendarmería nacional debe ser el punto de partida para generar la claridad y transparencia hacia el ciudadano sobre la importancia de integrar en México un nuevo cuerpo especial a las fuerzas armadas permanentes.

Una de las interrogantes, sin duda, será qué incentivo tendrán los 8 mil soldados y los 2 mil marinos que, en teoría, integrarán el primer cuerpo de gendarmería. El riesgo será la controversia que se pueda generar de, por ejemplo, dotarlos de viáticos —además del haber— para movilizarse; situación que no sucede hoy con los elementos del Ejército y la Armada.

Otra sería los pertrechos con que contarán los gendarmes, por ejemplo, los fusiles MP5 y G3 del Ejército, o los que también usan los marinos. ¿Se venderán a Segob? ¿Serán prestados?

Por último, cómo y en qué tiempo se van a restituir a los elementos de las fuerzas armadas que se integren a la gendarmería.

Admite Peña que la lucha antinarco de Calderón es la correcta: Madero.

-Al continuar con la estrategia reconoce su efectividad, dice.


Georgina Saldierna

Periódico La Jornada
Jueves 11 de abril de 2013, p. 24

El dirigente del PAN, Gustavo Madero, defendió ayer la estrategia contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón, y agregó que es la misma que aplica la administración de Enrique Peña Nieto.

Luego de que el subprocurador para Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), el panista Ricardo García Cervantes, declaró que el país está en crisis humanitaria por la violencia inédita, y que faltó una visión integral en la lucha contra el crimen, el dirigente panista pidió no politizar el problema, pues de esa manera no se va a resolver.

Madero destacó que existe una problemática profunda de inseguridad y crecimiento del narcotráfico que no es exclusiva del país, sino de carácter hemisférico. El PAN lo que hizo fue combatir esta situación con respeto a garantías individuales, para tener un estado de derecho y promover reformas que ampliarán la justicia y la seguridad.

En conferencia de prensa, recordó que durante las campañas políticas pasadas se ofrecieron soluciones milagrosas contra la delincuencia, pero queda claro que el combate del gobierno anterior al narcotráfico y la inseguridad es una estrategia que continúa en la actual administración, precisamente por la necesidad de utilizar todos los recursos del Estado para hacerle frente a ese problema de gran calado, subrayó.

Entre esos recursos se incluyen el Ejército, la Marina y la policía, expuso el dirigente del blanquiazul, al resaltar que lo que se criticó en el pasado se aplica ahora como estrategia básica contra los grupos del crimen, lo cual nos habla de que la nueva administración reconoció tácitamente lo que atacaba discursivamente en la campaña.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asegura que la disminución de 17% dada a conocer por el gobierno, es resultado de acomodos y acuerdos entre bandas y no de la estrategia oficial.


La reducción de homicidios en México no es producto de la nueva estrategia de seguridad del gobierno, sino de los acomodos y acuerdos de los grupos criminales, estimó Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, retomado por el diario La Jornada.

‘‘En algunas regiones, la consolidación de un grupo del crimen organizado, es decir, su hegemonía ante otros grupos que se disputan la plaza, lleva al cese de la conflictividad, y eso explica también la reducción de muertes violentas’’, dijo.

El miércoles el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que durante el primer cuatrimestre del sexenio ocurrieron 4 mil 249 asesinatos lo que se traduce en una baja del 17 por ciento a la del cuatrimestre anterior (agosto-noviembre) y 14 por ciento menor a la del mismo lapso en el Gobierno de Felipe Calderón.

Entrevistado al término de la mesa sectorial Política de igualdad y no discriminación, organizada por la Secretaría de Gobernación, el representante de la ONU dijo que las políticas que integran la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto ‘‘aún no están maduras’’, reporta el diario.

Alegrarse porque se redujo la cantidad de muertes en una localidad puede llevarnos al efecto perverso de no darnos cuenta de que el riesgo sigue presente. “El control, sin disputa, de una organización criminal, con todo el potencial de sustituir la voluntad ciudadana y de las autoridades’’, sentenció.

“Hay desde la campaña presidencial y desde la asunción de la Administración federal un discurso distinto, un discurso que además ha buscado señalar ciertos indicadores de cómo se va a abordar la nueva política de seguridad.

“Pero todos sabemos que los recursos para esas políticas públicas sociales, los aparatos e instituciones para su implementación, la participación ciudadana en las mismas, los mecanismos de control de la asignación de fondos aún no están maduros y establecidos plenamente. Y también sabemos que la Gendarmería aún es un proyecto en discusión, entonces lo que las cifras prueban o no prueban no está hoy necesariamente vinculado a los procesos de las nuevas políticas”, sostuvo el defensor en declaraciones al diario Reforma.

Expresó que otra de las preocupaciones es que se perciba la reducción de índices delictivos como una solución del problema, al pensar que las agresiones a periodistas han cesados, cuando en realidad podría tratarse de que los comunicadores se encuentren “amordazados por los líderes del crimen organizado’”.

La PGR, Sedena, Semar y CNS dieron a conocer sus actividades sobre el combate de delitos federales del pasado mes

13/04/2013 00:13

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de abril.- Ayer se dio a conocer que tan sólo en el mes de marzo pasado se contabilizaron mil 101 homicidios dolosos en el país, y de éstos, mil 36 son responsables de hechos ilícitos.

La Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) emitieron un comunicado conjunto sobre sus actividades con respecto al combate a los delitos federales. Son datos preliminares en materia de seguridad, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2013.

De acuerdo con el informe, 40 servidores públicos cayeron en el cumplimiento de su deber y 25 personas presumiblemente ajenas a los hechos (civiles).

Personas que resultaron lesionadas por enfrentamientos y agresiones relacionadas a delitos federales se reportan 192 casos, de los cuales 69 son personas presuntamente responsables de hechos ilícitos (48 servidores públicos y 75 personas ajenas a los hechos).

Indica que 957 presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de una autoridad ministerial durante marzo.

En el rubro de los aseguramientos, los datos señalan que se incautó un total de 75.86 toneladas de mariguana y 138.30 kilogramos de cocaína, así como tres mil 553.56 kilogramos de otras drogas.

Asimismo se aseguraron 28 kilogramos y 100 litros de precursores químicos, así como 380 kilogramos y cuatro mil 800 litros de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas y 19 laboratorios para el procesamiento de éstas.

En relación con otros decomisos, se reportan un millón 755 mil 84 pesos mexicanos y 796 mil 332 dólares americanos; 981 vehículos; 483 mil 86 litros de combustible; mil 65 armas; 125 mil 313 municiones y 531 equipos de comunicación y de cómputo.

Sobre la erradicación de plantíos, se reportan 687.85 hectáreas de mariguana y dos mil 492.80 hectáreas de amapola, concluyó el informe oficial.