Reseñas historicas del narco en Mexico. MUST SEE.

Todo empezó en Tijuana

Fueron los hermanos Arellano Félix quienes marcaron una nueva etapa en el mundo del narcotráfico…aquella que corrompió el tejido social

22/02/2014 11:28

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Las calles de Tijuana se cimbraron con los actos violentos de los Arellano Félix.


TIJUANA, 22 de febrero.- “El cártel Arellano Félix fue crucial en la historia del narcotráfico en México. Sentó precedentes que agudizaron problemas sociales y de convivencia que hoy en día están presentes en la frontera de Baja California”, así lo asegura en entrevista el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro.

El especialista y residente de Tijuana, ciudad que albergó las principales operaciones de esta organización criminal, puntualizó que uno de esos problemas fue el promover el consumo de droga, que si bien es cierto ha estado arraigado en la frontera desde décadas atrás, tuvo su principal auge en la década de los 90, años en que tuvieron su mayor influencia los hermanos Arellano Félix.

Otra de las particularidades con las que este grupo marcó la pauta, fue el reclutamiento de jóvenes de estrato social medio y alto que luego se convirtieron en el grupo conocido como los narcojuniors, antecedente inmediato de la corrupción del mundo criminal del tejido social.

Según Clark Alfaro, ésa fue una de las primeras expresiones del narcotráfico que afectaron a la sociedad tijuanense.

“Desde entonces quedó trastocada la sociedad por el narcotráfico y no se ha recuperado. Ahora, lamentablemente, vemos una sociedad muy impregnada y penetrada por el narcotráfico, particularmente entre los jóvenes”, subrayó.

El nacimiento y auge del cártel Arellano Félix no sólo exacerbó la violencia, también marcó la ruta crítica del crimen organizado que hoy ha trastocado los principales rubros de nuestra sociedad. Una historia dura de contar.

Los inicios

Consultado por Código Topo, un periodista que dio seguimiento al surgimiento del cártel y quien pidió reservar su identidad, relata cómo a principios de los años 80 la organización criminal emergió de una manera inesperada.

“En esa época vivía en un departamento cerca de la Zona del Río y llegaba ya tarde a dormir, después de cerrar edición en el medio que trabajaba. A partir de cierta fecha se empezaron a hacer comunes fiestas y jolgorios en uno de los departamentos contiguos. Escándalos, mujeres, droga y después armas”, dijo.

Según el entrevistado incluso él llegó a ser invitado por los jóvenes residentes del departamento a las fiestas, pero se negó a asistir.

Poco después y ante las llamadas de los vecinos por los escándalos, empezaron a acudir policías a vigilar, pero rápidamente se iban al recibir dinero de los “juergueros”. Semanas después se enterarían los vecinos que se trataba de unos jóvenes sinaloenses involucrados en el tráfico de drogas y que se apellidaban Arellano Félix.

Por los escándalos y peligros, los vecinos empezaron a mudarse poco a poco del edificio, hasta que los misteriosos hermanos juerguistas terminaron comprándolo para dar fin a las quejas de los vecinos.

Explota la violencia

Asesinado como de “Rayo” “Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el mitote. Iban tendiendo la trampa para matar a Armando López, el que bajaba las naves por distintos horizontes”, así dice el corrido llamado El Rayo de Sinaloa, interpretado por el cantante As de la Sierra.

Pareciera un narcocorrido más, sin embargo recupera un hecho que marcó la pugna entre Joaquín Guzmán Loera, Héctor Palma Salazar e Ismael Zambada García con los hermanos Arellano Félix.

Armando López “El Rayo de Sinaloa”, era un narcotraficante amigo de Guzmán Loera, que en la década de los 80 operaba en la zona desértica de Sonora, donde baja avionetas con cocaína.

Fue en 1989, cuando El Rayo se presentó en Tijuana para hablar con Ramón Arellano Félix por órdenes de Guzmán Loera. Llegó acompañado de una dama y ambos, ya entrados en copas, llegaron al famoso Club Britania para buscar a Benjamín Arellano, que festejaba el bautizo de su hija. En la entrada del lugar fueron interceptados, pues no traían invitación y armaron una gresca.

Al escuchar la riña, Ramón Arellano salió de la fiesta y al percatarse que era “El Rayo de Sinaloa”, sin mediar le disparó en la cabeza con una pistola escuadra.

El propio Arellano cargó el cuerpo del traficante y lo tiró en una vialidad alejada de la zona. Ordenó a sus pistoleros viajar a Sinaloa y Sonora para matar a los familiares de Armando López y evitar venganzas.

De esta manera iniciaba una de las rivalidades más sangrientas en el mundo del narcotráfico.

Escala la violencia

Las rivalidades en la plaza apenas empezaban a finales de los 80, y precisamente también en 1989, pistoleros al servicio de los Arellano Félix fueron a buscar a Rigoberto Campos Salcido a uno de sus ranchos en el Valle de Mexicali para aniquilarlo.

El personaje era primo de Manuel Salcido Uzeta “El Cochiloco” y se movía libremente por las plazas de Mexicali, Tecate, San Luis Río Colorado y Tijuana. Eso molestó a los hermanos Arellano.

Los sicarios enviados por Ramón plagiaron a Campos Salcido y, como si se tratara de una de las sagas de” El Padrino”, metieron sus brazos en una trilladora sin causarle la muerte. Grave, fue trasladado a un hospital particular, donde sicarios intentaron matarlo pero no tuvieron éxito.

Rigo Campos, como también era conocido, recibió unos brazos postizos y salvó la vida.

A pesar de la advertencia, el viejo narco no se fue de Baja California y acudió a realizar apuestas en el ejido Mariano Matamoros, de Tijuana, donde también se encontraban Ramón Arellano Félix y sus pistoleros.

En la rampa CETYS y Boulevar Insurgentes decenas de sicarios esperaron a Rigoberto Campos en su Grand Marquis 89 y lo masacraron con más de 600 impactos junto a sus siete pistoleros.

Los asesinatos de Armando López y Rigoberto Campos, marcaron el inicio de la era de crímenes achacados a Ramón Arellano Félix, el más violento de los hermanos.

Los narcojuniors

Everardo “El Kitty” Paéz fue uno de los hombres más importantes para Ramón Arellano Félix en el grupo denominado los narcojuniors.

Páez era un joven proveniente de las mejores familias de Tijuana, casado con la hija de un prominente maquilador de la región, y responsable de encabezar uno de los fenómenos que explican el peso que los Arellano adquirieron en toda la zona: el involucramiento directo de los hijos de familias emblemáticas de la entidad en el tráfico de drogas.

Esos narcojuniors cumplieron un papel clave en la consolidación de los Arellano, asegura Víctor Clark Alfaro, tanto que comenzaron a desafiar el poder de los propios hermanos y a buscar quedarse con el control de la organización criminal.

Sin embargo, la detención de Páez, ahora extraditado y condenado en Estados Unidos y los ajustes de cuentas internos en este grupo, terminaron destruyéndolos, privando a los Arellano de un brazo eficiente tanto en términos de influencia local, como de operación en California. Incluso varios de los denominados narcojuniors fueron desaparecidos por el propio Ramón Arellano Félix.

Un ejemplo fueron los hermanos Endir y Henaín Meza Castaños, quienes desaparecieron en abril de 1995, cuando salían de un restaurante en Polanco, en el Distrito Federal. La madre de los jóvenes, María Castaños, culpó mediante cartas públicas a Ramón Arellano Félix.

Días después, Abdelia Meza Castaños y Eduardo Gómez Meza, hija y nieto de la señora Castaños, fueron acribillados en el Centro Comercial Minarete de Tijuana. Gustavo Miranda Santacruz, El Tavo Tortas, fue otro de los narcojuniors de los que ya no se supo desde 1996. En esa fecha lo balearon en la garita Tijuana-San Ysidro y versiones aseguran que quedó inválido y que aparentemente entró al sistema de protección a testigos.

Matanzas urbanas de Ramón

Los asesinatos cometidos por Ramón Arellano Félix calaron hasta los huesos a los ciudadanos de Tijuana. El temor de encontrarse en el fuego cruzado entre pistoleros tuvo en Baja California uno de sus primeros orígenes.

El periodista Said Betanzos asegura que uno de los primeros casos se dio en 1988, cuando Ramón ingería cervezas con los hijos del narcotraficante José Contreras en una zona residencial de la ciudad.

Con la música de banda a todo volumen, provocaron el malestar de los vecinos, por lo que el agente de Migración retirado Héctor Raúl Gastélum le pidió que le bajara al ruido. Sin mediar palabra, Ramón le disparó.

Otro caso fue el de Erick Rothenhaustler, hijo de una pudiente familia de Tijuana. Se divertía en la discoteca Oh! Y encaró a los hijos de José Contreras. Los jóvenes no le hicieron caso y se fueron. Pero Ramón se acercó y le disparó en la cara. Meses después fue al Tijuana Tilly´s.

Uno de sus amigos se encontraba en el balcón con bebidas alcohólicas. Ramón quiso subir a unirse a su amigo, pero el policía de la entrada se lo prohibió.

-¿Qué no sabes quién soy?, fue la pregunta de Arellano Félix.

La respuesta del policía fue que no le permitiría entrar con las cervezas. Ramón dejó las bebidas en el piso, se acercó, y le disparó en el pecho y la cara.

Los levantones

Erick Díaz era un joven agente de la Policía Municipal de Mexicali. Entusiasta por estar dentro de la corporación, le platicaba a su madre Alma Díaz, los planes que tenía para empezar a hacer carrera policial.

Fue invitado a una fiesta el 7 de junio de 1995 en el fraccionamiento Jardines del Lago de la capital de Baja California, donde se encontraban los altos mandos de la corporación. Alma recuerda que Erick salió de su casa con unos cassettes de música norteña en la mano.

De acuerdo a los testimonios, la persona que se encargó de preparar la comida, les dio un “aventón” a Erick y otros tres policías y un bombero. Jamás se volvió a saber de ellos.

Alma confió a Código Topo que compañeros agentes de su hijo primero le dijeron que “Erick estaba comisionado”, luego le aclararon que estaba desaparecido.

Al iniciar la madre una búsqueda de información que la llevara al paradero de su hijo, se encontró con la realidad de la corrupción que imperaba en la Policía Municipal de Mexicali.

De acuerdo a las investigaciones, en la desaparición de su hijo podría estar relacionado Armando Martínez Duarte, conocido como “El Loco”, ex jefe de la Policía Federal, preso en el penal del Altiplano y quien fue acusado y sentenciado por sus vínculos con el cártel Arellano Félix

A pesar de los indicios de que estuvo involucrado en varias desapariciones, nunca se le ha interrogado oficialmente sobre este tema.

¿Guerrilla colombiana?

Consuelo Pérez Valenzuela y Rosa Martínez Ruiz viajan cada septiembre a Mexicali desde 1999, a reclamar que se esclarezca la desaparición de sus hijos.

Originarias de Culiacán, Sinaloa, han invertido lo que les queda de dinero y salud para buscarlos en cada rincón de Baja California. A pesar de que las investigaciones son poco claras, ex internos y ex custodios de la cárcel de Mexicali buscaron a ambas madres hace dos años para revelarles que sus hijos fueron levantados por comandos al servicio del cártel Arellano Félix en Mexicali.

Lo más revelador fue que de acuerdo a estas personas, que aparentemente trabajaban también para los Arellano Félix en aquellos años, Rosario Higuera Pérez y Héctor Amarillas Martínez, hijos de ambas señoras, fueron trasladados a Colombia como rehenes para trabajar de manera forzada en los campamentos y sembradíos de hoja de coca.

Miguel Ángel García Leyva, coordinador jurídico de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas en Baja California, comentó que debido a los nexos de los Arellano con la guerrilla colombiana a través de Ismael Higuera “El Mayel”, se hablaba de personas que eran levantadas y entregadas a los socios sudamericanos y no se volvía a saber de ellas.

Ambas madres señalaron que no pueden descartar la versión, pero ante la falta de investigaciones no pueden llegar al fondo del tema. Sus hijos fueron levantados en una zona céntrica de Mexicali por un comando de hombres con armas largas y encapuchados. Hoy, siguen esperando su regreso a casa.

jgl

¿Quién fue Manuel Buendía?

Una mirada a la vida de uno de los periodistas mexicanos más famosos del siglo pasado.

SEPTIEMBRE 11, 2013

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Manuel Buendía Tellezgirón fue uno de los periodistas mexicanos más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX.

Nació en Zitácuaro, Michoacán, el 24 de mayo de 1926. A los 14 años, descubrió su vocación periodística, cuando empezó a colaborar en la revista La Nación del Partido Acción Nacional, partido con el cual en un principio simpatiza y del que se alejaría más tarde.

Poco después, fue contratado como reportero de guardia en el diario La Prensa. Pronto ingresó a la cooperativa y desarrolló en la fuente policiaca sus dotes reporteriles, que lo llevaron en poco tiempo a cubrir las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y después las actividades del presidente Adolfo Ruíz Cortines.

Desde entonces ocupó distintos puestos en el mundo periodístico y editorial, desde columnista (La Prensa, El Día, 23 “Soles” de la Organización Editorial Mexicana, El Universal, Excélsior y la Agencia Mexicana de Información), editor (El Día, revistas especializadas del Conacyt) y director general (La Prensa, Revista CFE, Prensa del Departamento del Distrito Federal, Conacyt).

Buendía también fue docente. De 1952 a 1967 fue profesor de tiempo completo en la escuela de periodismo “Carlos Septién García”, en donde impartió la materia de redacción periodística y desde 1973 hasta 1984, impartió redacción y oficinas de prensa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Su participación en televisión –canales 11 y 13– y en radio, sus colaboraciones especiales en publicaciones del exterior, la distribución de algunas de sus columnas en el extranjero por la agencia Inter-Press, su condición de experto a consultar por la prensa foránea, su presencia multiplicada en foros, conferencias y encuentros, y la publicación de sus dos primeros libros –Red Privada y La CIA en México–, lo consolidaron como uno de los periodistas más leídos e influyentes de la última mitad del siglo pasado.

El valor de su figura en el ámbito del periodismo mexicano se confirmaría el 30 de mayo de 1984, cuando un sicario lo ultimó por la espalda.

La búsqueda de los responsables de su asesinato no estuvo libre de controversias. De acuerdo con el semanario Proceso, tres procuradores tuvieron en sus manos el caso Buendía: Victoria Adato, Renato Sales Gasque e Ignacio Morales Lechuga. Fueron ocho años, ocho meses y quince días (investigación y proceso), en los que se manejaron hasta 298 hipótesis sobre posibles autores intelectuales y materiales del homicidio.

Al final, se encontró culpables a cinco personas: José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de la DFS, como autor intelectual del homicidio; como coautores intelectuales del homicidio fueron sentenciados a 25 años, los excomandantes de la DFS, Juventino Prado Hurtado y Raúl Pérez Carmona; y la misma sentencia alcanzaron Juan Rafael Moro Avila Camacho y Sofía Marysia Naya Suárez, por el delito de homicidio calificado.

El caso Buendía, ligado al de “Kiki” Camarena

J. JESÚS ESQUIVEL
5 DE ABRIL DE 2014
REPORTAJE ESPECIAL

Un documento estadunidense clasificado “top secret”, que forma parte de la Operación Leyenda –investigación del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena– saca a la luz una serie de nombres y hechos que pudieron haber desembocado en el homicidio en 1984 del periodista mexicano Manuel Buendía, un verdadero thriller aún en espera de  desenlace. Se habla ahí de las familias jaliscienses Leaño y Aviña, del general Vinicio Santoyo y de Manuel Bartlett –actual senador por el PT–, y se mencionan especialmente los vínculos de la CIA con el traficante de armas Gerhard Mertins, con la llamada Contra nicaragüense y con la ultraderecha mexicana. Pero el denominador común, la punta al final de todos los hilos, es el Cártel de Guadalajara, dirigido entonces por Rafael Caro Quintero.


WASHINGTON(Proceso).- La Agencia Central de Inteligencia (CIA), varios políticos mexicanos, un traficante alemán de armas y el asesinato del periodista Manuel Buendía forman parte de una trama que, de una u otra manera, involucra también al Cártel de Guadalajara, el cual dirigía en los aos ochenta Rafael Caro Quintero, de acuerdo con un expediente del gobierno de Estados Unidos elaborado por su Departamento de Justicia y clasificado como de máximo secreto.

Fechado el 13 de febrero de 1990, el documento –con una etiqueta en la cual se estampó el sello de “top secret”– contiene las declaraciones del ciudadano estadunidense Victor Lawrence Harrison, subcontratista y operador de la CIA en México, quien en los ochenta colaboraba con el Cártel de Guadalajara, con la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y con la propia agencia estadunidense de espionaje.

“Entre 1981 y 1984, Buendía Téllez Girón (sic) recibió información de parte de otro periodista de apellido Velasco, de que en Veracruz, guerrillas guatemaltecas estaban siendo entrenadas en un rancho que pertenecía a Rafael Caro Quintero”, se lee en uno de los párrafos de la primera de cuatro páginas del expediente.

“Las operaciones/entrenamiento en el campo (rancho) eran dirigidas por la CIA, utilizando a la DFS para encubrirse”, subraya el documento, copia del cual tiene Proceso. Las declaraciones de Harrison fueron hechas el 9 de febrero de 1990 a los agentes de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos Héctor Berrellez y Wayne Schmidt.

En el expediente el nombre del declarante (Harrison) está tachado para proteger su identidad.

Lo identifica Berrellez que, en entrevista, explica: “Harrison era un operador de la CIA, lo sacamos de México y lo regresamos a Estados Unidos para que cooperara con la DEA en la investigación del homicidio de Enrique Kiki Camarena (en Guadalajara el 9 de febrero de 1985)”.

El documento “top secret” es parte de la investigación del caso Camarena –la Operación Leyenda– de la cual Berrellez era supervisor cuando la DEA llevó a Harrison a Estados Unidos.

Berrellez sostiene que el Departamento de Justicia de Estados Unidos clasificó como “top secret” este expediente y otros centenares más (recopilados en el transcurso de la Operación Leyenda) y los archivó como “riesgosos para la seguridad nacional” porque en ellos se menciona el involucramiento de la CIA con el narcotráfico mexicano, con las guerrillas centroamericanas y políticos mexicanos que colaboraban con los capos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros.

De la información recopilada en el documento cabe destacar la mención del nombre del periodista mexicano a quien, según Berrellez, “asesinó la CIA” (Proceso 1929).

El homicidio de Buendía sigue envuelto en una nube de dudas, mitos, teorías y misterios. Es un verdadero thriller. Nunca se ha tenido certeza de quién o quiénes ordenaron la eliminación del columnista, mucho de cuyo trabajo exhibía las andanzas de los agentes de la CIA en México.

El asesinato

Manuel Buen día, autor de Red Privada, la columna periodística que publicaban diarios de todo el país, fue victimado el miércoles 30 de mayo de 1984 por un individuo que le disparó cuatro tiros calibre .38 cuando el periodista acababa de salir de su oficina en la avenida Insurgentes de la Ciudad de México.

Según el recuento del homicidio hecho por este semanario (Proceso 396), el individuo que atacó a Buendía estaba al acecho; mientras el periodista esperaba a su automóvil afuera del estacionamiento, el asesino se le acercó por la espalda, lo jaló de la gabardina y le disparó.

En referencia al asesinato de Buendía, Harrison le dijo a Berrellez y Schmidt que este caso podría estar ligado al descubrimiento que hizo el periodista Velasco sobre el triángulo criminal CIA-Contras-narcotráfico.

"El reportero de Veracruz, Velasco, antes de que lo asesinaran en 1985 estaba presuntamente descubriendo la información de que la CIA estaba usando a la DFS como un frente para operar las pistas clandestinas donde los aviones cargados con armas paraban a reabastecer combustible para luego llevar el armamento a Honduras y Nicaragua", se destaca en el documento "top secret".

En su libro, La CIA en México, Buendía desmenuzó el sigiloso y secreto sistema de operación de organizaciones fascistas como Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara o el Opus Dei, además de relacionar la agenda secreta de espionaje con la ultraderecha mexicana.

El asesinato del periodista se calificó como un ajuste político de cuentas y nunca se dejó de mencionar entre los sospechosos a José Antonio Zorrilla Pérez, extitular de la DFS, quien durante la presidencia de Miguel de la Madrid dependía de la Secretaría de Gobernación, a cargo entonces de Manuel Barlett Díaz.

En junio de 1985 (Proceso 448) una fuente de la oficina de la DEA en México le dijo al reportero Fernando Ortega Pizarro que la conexión de Buendía con Zorrilla era una "relación que no debía descartar" como parte de la investigación del caso.

En junio de 1989 Zorrilla fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato del periodista.

Al de participación en el homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) agregó contra Zorrilla los cargos de acopio de armas, portación de armas, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e introducción clandestina al país de armas y municiones (Proceso 659).

Días después de que a Zorrilla se le declara auto de formal prisión por su relación con el asesinato de Buendía, y entre confusiones y contradicciones en la investigación, la misma PGJDF se vió inmersa en una controversia.

Originalmente había señalado a José Luis Ochoa Alonso, El Chocorrol, como autor material del homicidio, pero el fiscal especial para el caso, Miguel Ángel García Rodríguez, informó en julio de 1989 que quien disparó contra Buendía fue Juan Rafael Moro Ávila (Proceso 661). García Rodríguez añadió que en el homicidio participaron como autor intelectual Zorrilla Pérez y como coautores Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya Suárez.

El 10 de septiembre del año pasado, por decreto de la juez de Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Belem Bolaños Martínez (Proceso 1924), se le concedió a Zorrilla el arresto domiciliario.

El fallo de la juez se sustentó en "el estado precario" de salud de Zorrilla Pérez, de 71 años, quien cumpliría en su casa los cinco años que le restan de condena. Su sentencia original fue de 35 años, pero en 1989 se le redujo a 29.

"Buendía llevó a cabo una investigación sobre la colusión que existía entre Manuel Barlett Díaz, exsecretario de Gobernación con Miguel Aldana Ibarra, excomandante de la Policía Judicial Federal, y Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la DFS, quienes eran consortes de los narcotraficantes", expone el documento.

La información clasificada y archivada bajo el estatuto de la protección a la seguridad nacional de Estados Unidos hace otra referencia a Barlett Díaz cuando aborda nuevamente el caso del asesinato de Buendía.

El documento explica "que colegas" de Buendía, a quienes no identifica por nombre, fueron contactados por agentes enviados por Edward Heath, entonces jefe de la DEA en México.

Los agentes de la DEA "físicamente" le enseñaron a los colegas de Buendía un documento que la DFS sacó de la oficina del columnista el día de su asesinato. "No hubo una explicación por parte de los agentes de la DEA sobre la forma en que obtuvieron el documento... los colegas de Buencía Téllez Girón dijeron que el documento era genuino", se destaca en el expediente que en el siguiente párrafo establece: "Los colega de Buendía Téllez Girón hicieron la observación de que al documento se le había agregado información implicando a Barlett Díaz con el tráfico de armas de la CIA y con los narcotraficantes.

"Contras y guerrillas"

Respecto a los otros asuntos, el documento clasificado dice: "Harrison reportó que representantes de la DFS, quienes eran los encubridores y frente (de la CIA) para el campo de entrenamiento, operaban en colaboración directa con los capos del narcotráfico para garantizar el flujo de drogas por México para que pudieran llegar a los Estados Unidos".

Harrison contó a lo dos agentes de la DEA que la CIA, por conducto del entonces famoso traficante alemán de armas Gerhard Mertins, metía armas a México para desde ahí enviarlas a la contra nicaragüense amén de entrenar a guerrilleros en Veracruz.

Para cubrir el costo de las armas que la CIA le compraba a Mertins, las avionetas que enviaba a Centroamérica con el armamento regresaban a México cargadas de cocaína colombiana que luego vendía al Cártel de Guadalajara. Berrellez afirma que Harrison les insistió en el hecho de que la CIA ayudaba al Cártel de Guadalajara a meter la cocaína y otras drogas a Estados Unidos, lo cual facilitaba el trasiego de narcóticos.

"Los pilotos de estos aviones (operados por la CIA) cargaban cocaína en Barranquilla, Colombia, para enviarla a Miami, Florida. Para reabastecer combustible los aviones paraban en México en pistas clandestinas del narcotráfico, operadas y mantenidas por la CIA", sostiene el documento.

Sin un orden cronológico de los acontecimientos, Harrison reveló a la DEA que Mertins trabajaba para la "familia Leaño", los fundadores de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

"La familia Leaño presuntamente controla una vasta y extensa plantación de mariguana en el área de Jalisco", matiza el documento elaborado por Berrellez y Schmidt con las declaraciones que les hizo el exoperador de la CIA en México.

Entre otros personajes del mundo de la política, los negocios y del ejército de México, en el documento destacan los nombres de Rubén Zuno Arce, Manuel Barlett Díaz, de los hermanos priístas jaliscienses Juan y Eduardo Aviña Bátiz, del general Vinicio Santoyo Feria y del abogado Everardo Rojas Contreras.

Berrellez reconoce que lo que les declaró Harrison eran rumores que ya había recopilado la DEA durante la investigación del homicidio de Camarena. El exagente de la DEA recuerda que para tener garantías de veracidad de lo que les declaró Harrison lo enviaron a Washington para interrogarlo con un polígrafo. "Durante tres días consecutivos fue sometido a las pruebas del polígrafo y pasó todas", dice Berrellez.

A su regreso a Los Ángeles, donde estaba el cuartel general de Operación Leyenda, Harrison volvió a ser sometido a varias pruebas.

Berrellez, relata que para hacerle más pruebas a Harrison solicitó el apoyo del FBI para analizar la identidad del exoperador de la CIA en México por conducto del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés).

"Le tomaron las huellas digitales y cuando le preguntaron dijo que la CIA le había cambiado el nombre. Nos aseguró que el nombre que le dio la CIA fue el de George Marshall Davis, pero que también era Victor Lawrence Harrison", cuenta Berrellez.

A Harrison la DEA le advirtió que si mentía y lo comprobaba el NCIC sería sentenciado a cinco años de cárcel.

"La NCIC comprobó que el individuo era Harrison y al mismo tiempo Davis. La CIA hizo con él un gran trabajo", matiza el exsupervisor de Operación Leyenda.

Al general Vinicio Santoyo Feria, entonces jefe de la Quinta Zona Militar en Guadalajara, el expediente  lo señala por su presunta relación con los capos del Cártel de Guadalajara que reemplazaron a Caro Quintero y a Fonseca.

"Everardo Rojas Contreras es un abogado que hizo un extenso trabajo legal para Caro Quintero y Fonseca Carrillo. En los últimos tres años Rojas Contreras ha fungido como asistente del general Vinicio Santoyo Feria para la administración y compra de propiedades con grandes sumas de dinero, cuyo origen es inexplicable", indica el documento.

Una de las propiedades que este abogado adquirió para el general Santoyo, según el documento, es un rancho en Puerto Vallarta junto a una propiedad que pertenecía al cantante Víctor Yturbe, El Pirulí, asesinado en 1987.

Harrison le declaró a los dos agentes de la DEA que este cantante mexicano, "en el último año o año y medio (de su vida) se había asociado con mafiosos del área de Puerto Vallarta.

"El rancho adquirido para Santoyo Feria costó 600 mil dólares, dinero que representa una porción del que Santoyo Feria extorsionó a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Manuel Salcido Uzeta, Cochiloco, cuando fueron arrestados el 7 de noviembre de 1988 en Guadalajara, por elementos que comanda el general", remata el documento.

Muere asesinado el destacado periodista Manuel Buendía Téllez Girón, autor de la columna Red Privada del diario Excélsior.

30 de mayo de 1984

Alrededor de las seis y media de la tarde, un sicario le dispara cinco tiros por la espalda a Manuel Buendía, en la esquina de Hamburgo e Insurgentes, cuando se encamina de su oficina al Paseo de la Reforma. El asesino huye por Insurgentes hacia la llamada Zona Rosa, altamente vigilada por la policía, y sube a una motocicleta sin ser molestado. Inmediatamente después, José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad DFS de la secretaría de Gobernación, llega al lugar de los hechos con varios comandantes, asume la investigación del caso y ordena sacar de la oficina de Buendía, todo lo que pudiera servir en la indagación.

El presidente Miguel de la Madrid acudirá a la funeraria en que se vela Buendía, condenará el asesinato y haciendo a un lado al ministerio público, dará instrucciones para que la DFS, al mando de Zorrilla, presente en el velatorio, se encargue de la investigación "que permita esclarecer los hechos y se logre la localización del o los responsables a la mayor brevedad posible”.

El 31 de julio de 1985, el comandante de la Policía Judicial del DF, Luís Aranda Zorrivas, señalará como el autor material del crimen a José Luís Ochoa Alonso, El Chocorrol. Pero ya no se dirá nada públicamente respecto de esa investigación. Tanto Victoria Adato Green de Ibarra, procuradora general del Distrito Federal que inició las investigaciones y luego fue ascendida a ministra de la Suprema Corte de Justicia, como el siguiente procurador Renato Sales Gasque, declararán que el asesinato no tiene tintes políticos sino policíacos. Después se descartará al Chocorrol como posible culpable, se mencionará el nombre de Gerhard Mertins y se realizarán varias aprehensiones, a veces como un intento de fabricar culpables. Finalmente, en agosto siguiente, Sales Gasque mencionará por primera vez el nombre de José Antonio Zorrilla Pérez. Sin embargo, insistirá en que no es un crimen político.

Al contrario, en la prensa norteamericana se manejarán las hipótesis de que el propio presidente De la Madrid estaba involucrado porque Buendía pretendía dar a conocer los depósitos de 160 millones de dólares que había realizado en el extranjero, o bien que su primo hermano estaba relacionado con el narcotráfico. También se implicará al secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, así como a su hijo, porque Buendía iba a publicar sus nexos con el narcotráfico.

Al término de su gobierno, De la Madrid señalará que no se había esclarecido el homicidio, como tampoco se encontraba al culpable del crimen del primer ministro de Suecia, Olof Palme.

Finalmente, en junio de 1989, la Procuraduría del Distrito Federal, aprehenderá a José Antonio Zorrilla Pérez, como autor intelectual del asesinato y  culpable de participar en actividades del narcotráfico, "permitiendo la entrada de drogas al país, dando protección a traficantes, expidiéndoles credenciales como elementos activos de la Federal de Seguridad y recibiendo sumas millonarias por el comercio ilícito de estupefacientes". Una investigación próxima a ser publicada por Buendía sobre las relaciones de Zorrilla con el narcotráfico resultará el móvil del crimen. Zorrilla será condenado a prisión, junto con Juan Rafael Moro Ávila, sobrino nieto de un presidente de la República, agente de la DFS y rockero, acusado de haber jalado el gatillo (aunque al parecer sólo manejó la moto porque el asesino real ya estaba muerto), así como con los comandantes de la DFS, Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya, subordinados de Zorrilla cuando era responsable de esa dependencia.

Zorrilla fue secretario general de Gobierno y presidente del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo de 1979 a 1981 y al momento de su consignación era candidato a diputado federal por el distrito electoral con cabecera en Pachuca.

En 1999, el hermano del asesinado, Ángel Buendía, publicará un libro titulado “Mi Testimonio”, en donde explica que Manuel había logrado conocer las vinculaciones de algunas autoridades y narcotraficantes mexicanos sobre la operación ilegal del gobierno estadounidense destinada a entregar armas a la contra nicaragüense. El crimen tuvo cómo móvil apoderarse de este material y evitar su publicación. Por eso, en Estados Unidos, el caso Manuel Buendía sigue siendo un secreto de Estado y caso de seguridad nacional.

Según Raymundo Riva Palacio, periodista de El Universal (Estrictamente Personal, mayo 30 de 2007), el asesinato fue un crimen de Estado porque Buendía tenía la intención de publicar en su columna Red Privada los vínculos del Ejército y de altos funcionarios del gobierno federal con el narcotráfico. El secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, convocó a una reunión donde se decidió el asesinato, que después fue fraguado por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, proveedores de armas para el Ejército, Zorrilla Pérez y varios comandantes de la DFS. Riva Palacio cuenta también, que Samuel del Villar encontró que ante la crisis económica que sufría el gobierno de De la Madrid, se elaboró una política secreta donde el gobierno se haría de fondos del narco mediante la protección de los campos de cultivo. Concluye Riva Palacio: “Lo que era innegable, de acuerdo con otros ex secretarios de Estado que hablaron con el paso de los años, era que el Ejército sí protegía cultivos de droga, particularmente en Sonora y Sinaloa, y que la participación de Arévalo Gardoqui como jefe de esas actividades siempre fue muy difícil de rebatir.”

El 18 de febrero de 2009, el juez octavo de distrito de amparo en materia penal y los magistrados del segundo tribunal colegiado en la misma materia, tras sólo 19 años de cárcel, concederán libertad anticipada a Zorrilla, sentenciado a 35 años de prisión por el homicidio de Manuel Buendía, el columnista político más importante en la segunda mitad del siglo pasado. Pero la presión de la opinión pública hará que se revise la medida y Zorrilla vuelva a prisión.

Doralicia Carmona. MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.

Caso Buendía

Mucho más que un crimen
Ampliar Foto Caso Buendía
jueves, 05 de abril de 2012

Era el 12 de junio de 1989. El fiscal Miguel Ángel García Domínguez por fin reveló el nombre del asesino del periodista Manuel Buendía.

"Hay evidencias para fincar responsabilidades como autor intelectual a José Antonio Zorrilla Pérez, ex director de la Dirección Federal de Seguridad", dijo García a unos sorprendidos reporteros que fueron convocados a la conferencia de prensa.

Después de cinco años de escuchar que se analizan diferentes líneas de investigación, ya había nombre y rostro del hombre que ordenó matar al periodista más influyente de aquella época.

José Antonio Zorrilla Pérez no era un cualquiera dentro de la Secretaría de Gobernación. Fue el responsable de coordinar a la Policía Política del país, que entre sus funciones era investigar, mejor dicho, espiar a quienes eran considerados peligrosos para el Gobierno.

Según dicen se valió de todo para hacer su trabajo: Intervención de llamadas telefónicas, compra de información, sabotaje, seguimiento de personas, secuestro, tortura y homicidio.

Tres días después, el 15 de junio, Federico Ponce Rojas, agente del Ministerio Público, acudió a un lujoso condominio horizontal en el Paseo de la Reforma. Ahí se escondía el hombre más buscado en México.

Para la Policía la orden fue muy clara: ¡Capturarlo vivo!

Fue difícil hacerlo. El agente del Ministerio Público y cuatro policías que lo acompañaban tuvieron que volar la cerradura del portón de la casa y también tuvieron que matar a un perro guardián porque los atacó.

Ya adentro del terreno de la casa, fueron recibidos a balazos de una pistola automática de ocho tiros que el propio Zorrilla les disparó.

El policía Roberto Veloz resultó herido de la mano.

Como en las películas policiacas, el agente del Ministerio Público pidió hablar con Zorrilla. Le gritó en varias ocasiones y ofreció entrar desarmado.

Pero no obtuvo respuesta, sólo una amenaza de que nadie saldría vivo.

El hombre más buscado del país no estaba solo. Estaba acompañado por Guillermo Cuata Domínguez, quien fue su auxiliar desde los tiempos que dirigía la Dirección Federal de Seguridad.

Cuata Domínguez pasó de ser amigo a rehén y estar amenazado de muerte por Zorrilla.

"Ya no tengo nada que perder, porque me han tronado la vida y la de mi familia", dijo Zorrilla y amenazó con suicidarse.

Ese día llovió y también granizó. Todo era expectación. Silencio que se rompía con el intercambio de códigos a través de la frecuencia de la Policía.

El propio Procurador del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, acudió al lugar para negociar una pacífica entrega del presunto asesino.

Dos horas duró en su trinchera, y por fin, colocó su arma en el suelo, se entregó pacíficamente a la Policía.
Cayó el primero, el pez gordo, pero aún faltaba el asesino material. El que accionó el gatillo y mató a Buendía por la espalda en el corazón de la Zona Rosa de la Ciudad de México.

El otro no era menos. Tiene apellido ilustre. Se llama Juan Rafael Moro Ávila Camacho. Nieto del ex gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, y sobrino nieto del presidente Manuel Ávila Camacho.

Moro dijo que no era el asesino. Explicó que el día del crimen le fue ordenado sacar a como diera lugar a un hombre.
Su instrucción fue girada por Raúl Pérez Carmona, su comandante de la Dirección Federal de Seguridad. Y montado en su motocicleta esperó en el cruce de las calles de Havre y Liverpool. Ahí llegó José Luis Ochoa Alonso, "El Chocorrol", según él, el verdadero asesino.

Pero "El Chocorrol" fue callado a balazos mientras hablaba por teléfono desde una cabina. No alcanzó a contar su versión.

Del crimen de Manuel Buendía hay más muertos. "El Chocorrol" fue el primero, luego José Luis Esqueda Gutiérrez, ex funcionario de la Secretaría de Gobernación, quien investigaba casos de corrupción y le entregó una copia al periodista.

También fue asesinado Jorge Guillermo Hernández Velasco, quien grababa conversaciones para Zorrilla, y el último en morir fue Abel Cuevas Urióstegui, ex policía que acompañada a investigadores en el caso del crimen de Hernández Velasco.

Junto con Zorrilla Pérez y Moro Ávila Camacho fueron procesados los ex comandantes Raúl Carmona y Juventino Prado Hurtado y la ex agente Sofía Marizia Naya Suárez. Todos por el delito de homicidio calificado. Alegaron que sólo obedecían órdenes.

En la anécdota del caso Moro Ávila Camacho es que su abogado defensor fue Eduardo Ceniceros Ríos, que también defendió a Ramón Mercader, el asesino de León Trosky.

Testimonio

Manuel Buendía Tellezgirón, tenía 56 años, y era el autor de la columna Red Privada, que publicaba en el diario Excélsior y era reproducida por diferentes periódicos en el país. Era considera el periodista más influyente, principalmente por su investigación sobre la participación de la DEA en territorio nacional. El día que lo asesinaron hubo un eclipse de sol. Buendía salía de sus oficinas en la Zona Rosa y se dirigía a su automóvil. Junto a él iba Juan Manuel Bautista Ortiz, que tenía 17 años y era su ayudante. Caminaba unos pasos adelante. De pronto se escucharon las detonaciones de arma de fuego y el cuerpo de Buendía cayó al suelo. Bautista vio al asesino, que empuñaba una arma. Pudo dispararle pero se le atravesó una mujer. El joven fue al cuerpo de Buendía y tomó su pistola Veretta Calibre 35, ya que el periodista siempre iba armado. Persiguió al asesino, pero no lo alcanzó. Así se inició la leyenda del Caso Buendía.

Primera víctima de la narcopolítica

Miguel Ángel Granados Chapa / Grupo Reforma Servicio Informativo

* Zorrilla conocía al detalle los movimientos de Manuel Buendía, sus hábitos y rutinas. Y decidió ejecutar su plan, al que llamó Operación Noticia para seguir con la retórica propia de su actividad policiaca.

En su última Plaza Pública, publicada el viernes 14 de octubre de 2011, Granados Chapa se despidió de sus lectores con una frase: “esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós”. Pero entonces trabajaba afanosamente en la escritura de un libro sobre el periodista Manuel Buendía, que dejó inconcluso. Gracias al trabajo de su hijo Tomás Granados Salinas, del periodista Tomás Tenorio y sus editores, es posible un encuentro más entre Granados Chapa y los lectores, justo al cumplirse un año de su muerte. Con la autorización de la Editorial Grijalbo, se reproduce a continuación el primer capítulo de la obra.

La noche del 30 de mayo de 1984 José Antonio Zorrilla parecía haber cometido el crimen perfecto. Presidía el funeral de su víctima, Manuel Buendía, y se le había confiado la investigación del asesinato, perpetrado apenas horas antes por agentes a sus órdenes.

Agobiada por la cruenta y súbita desaparición de su esposo, su compañero durante treinta años, doña Dolores Ábalos no tenía ánimo para recibir las condolencias de las decenas, cientos quizá, de personas que desfilaban por la capilla ardiente, en Gayosso de Félix Cuevas, adonde Zorrilla dispuso que se velara el cadáver del periodista de quien se reputaba amigo. Habló primero con José Manuel, el mayor de los hijos de Buendía, quien transmitió a doña Dolores la noticia de que su padre había sufrido un percance. Cuando llegaron al despacho, ya había sido levantado el cuerpo, y Zorrilla les dio la terrible noticia.

Ante el azoro de la viuda, el director federal de Seguridad, jefe de la policía política del gobierno federal, organizó las exequias de Buendía, con gastos a cargo de su oficina. Dispuso que se le velara en la sede sur de la principal agencia funeraria de la ciudad, aunque se hallara a gran distancia del domicilio del finado, pues la escenografía que había montado requería de amplios espacios, donde circulara el gentío que debía verlo presidiendo el sepelio como si fuera el deudo principal. Con aguzado sentido teatral, deambulaba entre los dolientes, recibía el pésame y se gloriaba de su amistad con quien allí era velado. Vestía una gabardina azul, semejante a la que Buendía llevaba puesta horas antes, cuando lo alcanzaron las balas de un agente subordinado suyo. Dispuso también que el entierro ocurriera en Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla, y que fuera único orador al pie de la tumba el periodista León García Soler, ajeno por supuesto a la intriga con que Zorrilla se protegía a sí mismo.

Hacerse tan visible tenía el propósito no sólo de mostrar su pesar, para que nadie imaginara que él mismo lo había causado, sino también de provocar que al recibir en la agencia funeraria al presidente Miguel de la Madrid, su jefe en última instancia, le fuera confiada la indagación del crimen, a pesar de que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) careciera de atribuciones legales para hacerlo. Cuando De la Madrid quiso, al dar esa instrucción en público, mostrar su interés por el pronto hallazgo de los homicidas de Buendía, bendijo los hechos que Zorrilla había construido y los que siguieron inmediatamente después. Supliendo al Ministerio Público, atolondrado y miedoso, la policía política se apoderó de la escena del crimen y dio los primeros pasos de una averiguación que correspondía a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Así, la DFS realizó una contrapesquisa, pues eliminó indicios que condujeran a la verdad y erigió obstáculos que sólo al paso de muchos años pudieron ser removidos.

De la Madrid se enredó con el caso, no sabemos si entonces o años después, cuando dictó sus memorias a Alejandra Lajous. La procuradora Victoria Adato de Ibarra era su amiga personal (porque él lo había sido de su extinto marido, Manuel Ibarra), y el presidente escuchaba sus quejas sobre la intervención de Zorrilla y su versión sobre los móviles del crimen. De la Madrid incurría por eso en oscilaciones del ánimo, que dejó traslucir cuando publicó su libro Cambio de rumbo. Por un lado, esquivó abordar el tema en el apartado correspondiente a mayo de 1984. Luego, sin considerar que había encargado la indagación a la policía política, juzgó desdeñosamente que se trataba de un crimen cuyas motivaciones eran personales, no políticas. Escribió, ya avanzado junio, que la “tragedia” de Buendía fue interpretada por todos, sin mayor cuestionamiento, como un hecho político. Los directores y el personal de los periódicos lo calificaron como un atentado al periodismo nacional y a la libertad de expresión. Los periodistas asumieron que su integridad física y moral estaba en peligro e hicieron cundir una sensación de temor e incertidumbre ante el futuro.

Al día siguiente del asesinato, un grupo conocido de periodistas formó un comité para vigilar que se llevara a cabo el esclarecimiento pleno del asunto. El primero de junio, la CTM demandó la expulsión del país de los agentes de la CIA y la aplicación rigurosa de la ley a los terroristas de la ultra-derecha, a los que atribuyó el homicidio de Buendía como parte de una estrategia para desestabilizar al país.

Respecto a Buendía, existe ahora la duda de que haya sido un profesional quien lo asesinó. La forma en que lo mataron, el lugar y la hora llevan a la policía a sostener la hipótesis de que seguramente fue un resentido por una ofensa directa. Sus argumentos suenan lógicos. La policía señala que un asesino profesional siempre tira a la cabeza, en tanto que Buendía recibió tres balazos en el cuerpo; que un profesional tira desde una distancia mayor de la que se le disparó a Buendía, pues ello implica menor riesgo de ser visto o detenido; que busca un lugar más aislado y no un estacionamiento a las seis y media de la tarde o, en todo caso, usa silenciador.

En fin, con esta nueva hipótesis (nueva en junio de 1984, aclaro) parece difícil que pueda hallarse al asesino de Buendía, pues el panorama sobre las posibilidades de quién pudo haberlo asesinado se abre aún más. La ofensa directa que supone la policía pudo haber sido de tipo político, ideológico, religioso o privado. Por ahora, ya se han hecho exámenes exhaustivos de sus columnas para conocer a sus enemigos. Entre ellos se encuentran la CIA, los petroleros, el Opus Dei, los “tecos”; en fin, son tantos grupos y tantas posibilidades, que no veo fácil que la policía pueda encontrar al culpable.1

De la Madrid no tuvo más remedio que admitir, en una nota a pie de página redactada cuando ya no estaba en la presidencia: Éste (el autor intelectual) resultó ser el licenciado José Antonio Pérez Zorrilla (sic), quien fungía, en el momento del crimen, como titular de la Dirección Federal de Seguridad. Al parecer, Pérez Zorrilla (sic) había observado que las investigaciones que realizaba Buendía sobre el narcotráfico lo estaban alcanzando. Pérez Zorrilla (sic) fue sujeto de juicio y, a la fecha de publicación de este libro (marzo de 2004), permanece en la cárcel.2

El ex presidente habla del asunto como algo ajeno, sin tener presente que él mismo encargó a “Pérez Zorrilla”, como le llama, que investigara el homicidio. En función de ese encargo se legitimó el protagonismo que adoptó Zorrilla, quien se apersonó en el lugar del crimen pocos minutos después de que Buendía había sido atacado por uno de sus subalternos, bajo la protección de otros que deambulaban en la escena de los hechos. Zorrilla pudo llegar prontísimo porque sabía del asesinato y sólo esperaba el aviso de su consumación.

Hasta las seis y media de la tarde, cuando fue baleado por la espalda, ese miércoles había sido una jornada normal en la intensa vida del periodista más influyente de México. La inició temprano por la mañana, cuando salió de su casa en la calle Cienfuegos de la colonia Lindavista, en el norte de la ciudad de México. Solía desahogar en el desayuno, la comida y la cena compromisos profesionales que lo proveían de información o elementos para construir su criterio respecto de asuntos sobre los que escribiría, o reunirse con amigos por el solo gusto de cultivar fructíferas relaciones personales.

Yo mismo había compartido el desayuno con él apenas dos días antes de que lo mataran. Nos reunimos en Sanborns, en la esquina de Hamburgo y Niza, no lejos de su oficina. No me atrevería a decir que don Manuel anticipaba lo que le ocurriría, pero advertí en su conducta una suerte de resignación ante lo inevitable. A diferencia de su actitud de alerta permanente, esa vez se sentó de espaldas a la puerta. Hasta ese momento ejercía, como una segunda naturaleza, una sostenida vigilancia de su entorno. Distaba mucho de la paranoia, pero al salir de un espacio cerrado se detenía por instantes en la puerta para cerciorarse de que podía seguir su camino. En los recintos cerrados, invariablemente ocupaba un lugar desde el cual dominaba el panorama. Esta vez desdeñó hacerlo, y no le importó sentarse de espaldas al resto de la concurrencia. No hablamos sobre el asunto, a pesar de que lo percibí de inmediato, y nos despedimos normalmente, en espera de un próximo encuentro, como los muchos que sostuvimos a lo largo de veinte años de amistad y relación profesional.

Ese 30 de mayo, tras su reunión matutina, llegó a su despacho y dio los toques finales al borrador de la columna que enviaría esa mañana a Excélsior, el diario capitalino donde publicaba desde seis años atrás, y a la Agencia Mexicana de Información, que distribuía su trabajo a más de una veintena de diarios de los estados. Se refería a una sociedad anónima creada por los más ricos empresarios de México, que de esa manera se preparaban para adquirir algunas de las empresas más productivas que el gobierno se disponía a vender para cumplir los planes de austeridad dictados por el Fondo Monetario Internacional.

Concluida la tarea cotidiana se dirigió a la cancillería, situada todavía en Tlatelolco. Estaba invitado a comer con el subsecretario Víctor Flores Olea (con quien guardaba cordial relación desde que el diplomático dirigía la escuela universitaria donde Buendía enseñaba). Los acompañaron Jorge Montaño, entonces director de Asuntos Multilaterales en la SRE y años después embajador en Washington, y José Carreño Carlón, que era diputado federal y antes había sido periodista en El Día, del que salió abruptamente por un enfrentamiento con el director Enrique Ramírez y Ramírez.

Buendía volvió a su oficina poco después de las cinco de la tarde, trabajó en la preparación de próximas columnas –solía tener varios borradores en curso, antes de dar forma definitiva al que enviaría para su publicación–. Cerca de las seis y media de la tarde se dispuso a salir. Coincidió en ese propósito con Juan Manuel Bautista Ortiz, uno de sus dos ayudantes, quien debía hacer fotocopias de documentos. Puesto que la oficina se quedaba sola, su joven ex alumno esperó a cerrar, y luego bajó la escalera detrás de Buendía. El elevador estaba descompuesto.
Bautista había estudiado con don Manuel en la universidad en 1982 y 1983. En este último año se incorporó al reducido personal de la “Mexican Intelligence Agency”. A pesar de que ya había concluido sus estudios formales en Ciencias Políticas, empezó desde abajo. Pero el aprendizaje que le estaba permitido por trabajar a la vera de Buendía justificaba su penosa iniciación en el oficio. Años más tarde recordaría la impresión que le causó como maestro:

De trato afable, escrupuloso, lenguaje fino y preciso, Buendía sometía a sus posibles alumnos de séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a un examen general de conocimientos. Ya en clases, combinaba la teoría con ejercicios periodísticos: crónicas urbanas, entrevistas a los personajes de la colonia, artículos sobre un tema de interés nacional, la nota de la semana, reportajes, hasta llegar a las prácticas profesionales.3

José Antonio Zorrilla también trabajaba a esa hora, en su oficina del tenebroso edificio de la DFS situado en Plaza de la República, entre Lafragua e Ignacio Ramírez; es decir, en el flanco sur de la plaza en cuyo centro se alza el Monumento a la Revolución. Había confiado a Juventino Prado, uno de sus comandantes más cercanos, jefe de la Brigada Especial, su propósito de quitar de en medio a Buendía. Una cuestión previa era conocer con precisión su rutina. Para el efecto, Zorrilla creó una situación tensa en torno a su amigo periodista, a quien impuso una escolta en la primera quincena de mayo. Buendía sentía de tanto en tanto que crecían sus riesgos por los asuntos que abordaba, por los personajes a los que juzgaba. Por añadidura, al final de ese mayo se le imputaba un acto con el que no tenía que ver. El periodista Jack Anderson publicó en su columna de The Washington Post un informe sobre el presidente De la Madrid. Éste habría depositado en un banco suizo una gruesa suma de dinero. Los malquerientes de Buendía, a quienes De la Madrid prestaba oídos, dijeron que el informe de Anderson le había sido enviado por Buendía, que no encontró la ocasión propicia para ventilarlo él mismo en la Red Privada.

Buendía resistió la imposición de una escolta pero Zorrilla venció su reticencia. No duró mucho la custodia, que era en realidad vigilancia. La presencia de una guardia a las afueras de su casa incomodó a la señora Buendía tanto como al periodista perturbaba “traer cola”, como se decía en la jerga policiaca al hecho de ser observado permanentemente. El ejercicio terminó poco antes del 30 de mayo, pero ya había cumplido su propósito. Zorrilla conocía al detalle los movimientos de Buendía, sus hábitos, sus rutinas. Y decidió ejecutar su plan, al que llamó Operación Noticia para seguir con la retórica propia de su actividad policiaca.

En aplicación del plan, Prado recibió la orden de matar a Buendía. Encargó el asunto a un peculiar agente a sus órdenes. Era Rafael Moro Ávila, nieto del legendario general Maximino Ávila Camacho. A Moro se permitía compartir su labor como agente de la DFS con sus aficiones como actor, en que solía desplegar su habilidad como tripulante de motocicleta. Pero en la Operación Noticia sería el pasajero, no el conductor.

En cumplimiento de sus órdenes, esperó la salida de Buendía y lo siguió hasta casi llegar al ancho portón del estacionamiento donde el periodista guardaba su automóvil. Tenía instrucciones de atacar por la espalda, pues se sabía de la costumbre de la víctima de portar pistola, metida en la parte posterior de la cintura. Se sabía también de sus aptitudes de tirador. Él y Zorrilla se juntaban para practicar tiro en el campo del Estado Mayor Presidencial. Allí convivían con amigos en común, como el capitán retirado Martín Larrañaga, que los acompañaría a comer al día siguiente, pues Zorrilla había preparado esa cita como parte de su coartada.

Moro Ávila se acercó sigiloso a Buendía, y tiró del faldón de la gabardina para dificultar los movimientos del periodista y asegurarse de que no portaba blindaje alguno. Empuñaba una pistola poderosa, una Browning de nueve milímetros, con la que disparó hasta cinco veces. Por instinto defensivo, como si pretendiera usar su propia arma, y por el efecto físico de los disparos, Buendía giró hacia la derecha, por lo que los balazos tuvieron trayectorias diferentes. Lo ultimó uno tan certero como el resto, que le perforó el pulmón. Buendía se desplomó. Moro Ávila caminó un breve trecho, como si nada, y puntual apareció la motocicleta a cuyo asiento trasero subió.

Apenas unos pasos adelante, Bautista quedó pasmado por unos instantes ante el sorprendente ataque. Tomó la pistola de su jefe y corrió en pos del homicida, hacia la esquina de Londres y Havre. Cuando percibió que su gesto era inútil, volvió atrás y comprobó que Buendía estaba muerto. Entró de nuevo al edificio y desde el mezzanine telefoneó a Luis Soto, secretario del periodista. Ante el inminente nacimiento de su primer hijo, Soto había recibido autorización de su jefe para encontrar un segundo empleo. Lo obtuvo en una oficina pública, la Dirección General de Publicaciones de la SEP, cuyo responsable era Miguel López Azuara, que había conocido a Buendía en su etapa inicial de reportero, en Excélsior. Soto pidió a Bautista el número telefónico de Zorrilla, pero tardó en recibirlo porque el ayudante volvió a la oficina para consultar el directorio. Cuando lo tuvo, Soto avisó del suceso al jefe de la policía política, y ambos salieron hacia el lugar de los hechos. López Azuara y Armando López Becerra, su colaborador en la SEP, también acudieron al teatro de los acontecimientos, llevados sobre todo por su infatigable espíritu de reporteros. Miguel, sabedor de mi cercanía con don Manuel, llamó para avisarme. Me enteré de su recado muy tarde. Habíamos tenido una comida y una larga sobremesa con el secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog el grupo que planeábamos la salida de La Jornada, en la que nos ocupábamos desde febrero y que consumaríamos en septiembre.

Rafael Barajas, El Fisgón, el gran cartonista que estaba en receso tras nuestra salida de Unomásuno, recibió el recado de Miguel López Azuara y nos lo comunicó apenas llegamos a la oficina de la calle de Durango donde trabajábamos en pos de nuestro objetivo, la publicación de un nuevo diario. Todos los presentes –Carmen Lira, Carlos Payán, Humberto Musacchio y Héctor Aguilar Camín– recibimos con pesar la noticia. Con agobio, yo. Pero todos, aunque los demás lo conocieran menos –salvo Aguilar Camín, que asistía al Ateneo de Angangueo–, teníamos un motivo reciente de agradecimiento a Buendía.

Poco antes de su asesinato me telefoneó para hacerme una entrega que, anunció, me complacería mucho. Así ocurrió, aunque también me dejó perplejo. Era un sobre grande, con un millón de pesos en efectivo. Habíamos convocado al público en general a adquirir acciones para la empresa editora que organizábamos. El dinero no era suyo. Lo enviaba, por su intermedio, un contribuyente que prefería permanecer anónimo. Recibí el dinero pero advertí a don Manuel que no lo aceptaríamos si no podíamos extender sus acciones al generoso aportante. Buendía consultó a su amigo Álvaro González Mariscal, cuya participación en el episodio conocimos por nuestra insistencia. A su nombre fueron tituladas las acciones, llegado el momento, en que también supimos que la remesa provenía de Roberto González Barrera, el próspero industrial del maíz y la tortilla –convertido años después en banquero– y consuegro de Carlos Hank González.

Mucho antes que Luis Soto, y que López Azuara y López Becerra, Zorrilla llegó a Insurgentes y Hamburgo. Puesto que esperaba el aviso de que su orden había sido cumplida, apenas tardó trece o quince minutos. Ya estaban allí algunos de sus hombres, a quienes el director de la Brigada Especial alertó para que se aproximaran a la escena del crimen. Se apoderaron de ella y hasta entraron en conflicto con el agente del Ministerio Público que arribó más tarde. No le permitieron actuar, y aun lo agredieron y amenazaron, como hicieron con los policías judiciales que lo acompañaban. Zorrilla, en cambio, tras comprobar que Buendía estaba muerto (un alma piadosa había cubierto su rostro con una toalla o sábana), ordenó a uno de los hombres esculcar la ropa de la víctima. Obtuvo de su búsqueda algunos papeles que Zorrilla examinó y desechó, por lo que volvieron a la vestimenta del periodista.
Para evitar que atestiguara esos movimientos, Bautista fue urgido por gente de la DFS a recorrer la zona para ver si identificaba al homicida. No lo hizo en ese momento. Sólo contribuyó, con media docena de testigos, al trazo del retrato hablado del asesino. Lo identificaría semanas más tarde cuando lo vio entrar con naturalidad al edificio de la Federal de Seguridad. Es que trabajaba allí. Era el nieto de su abuelo, famoso por la facilidad con que ordenaba matar.

Bautista pudo ver a Moro Ávila porque era forzado a deambular en las inmediaciones de la oficina de Zorrilla. Como testigo principal del asesinato, fue secuestrado durante tres meses a fin de que no pudiera declarar ante el agente del Ministerio Público, que se afanaba en recuperar la averiguación previa que había iniciado la Federal de Seguridad. Sólo una vez en ese lapso habló con Zorrilla, quien a él y a Soto les dio seguridades; que no se preocuparan por asuntos de trabajo, desempleados como quedaron por la pérdida de su jefe. Nada hizo para cumplir esa garantía.

Zorrilla subió al despacho de Buendía como lo habían hecho desde rato atrás varios de sus hombres. Se apoderaron de algunos cartapacios que el periodista había dejado sobre su escritorio, pero a decir de Soto, responsable del abundante y legendario archivo de Buendía, no tocaron una sola pieza de la documentación allí resguardada.
El forcejeo entre la procuraduría y la Federal de Seguridad duró lo necesario para que Zorrilla y su gente, especialmente Juventino Prado, jefe de la Brigada Especial, hicieran desaparecer vestigios que revelaran a quien quisiera indagar de verdad la intervención de la DFS. Finalmente, la procuradora Victoria Adato de Ibarra consiguió que los agentes de la DFS entregaran las piezas –cartuchos, ropa del occiso, el resultado de la necropsia, entre otras, y declaraciones de los testigos presenciales, adobadas conforme a su conveniencia– y pudo formalizar la averiguación previa.

La Policía Judicial, dirigida por un abogado tozudo, José Trinidad Sánchez, empezó entonces un nuevo tramo de la indagación. Habrá tenido instrucciones de no admitir la índole política del asesinato, por lo que orientó sus pesquisas hacia rumbos que no conducirían a ninguna parte. Se concentró en la vida personal de Buendía, para hallar en ella la causa de su asesinato. Interrogó en esa dirección a los amigos y conocidos del periodista. Preguntaba si Buendía tenía amantes, si era homosexual, si tenía deudas pendientes, si habría inferido alguna ofensa que provocara deseos de venganza. Ordenó algunas capturas y en ningún caso pudo consolidar la averiguación como para consignar a los detenidos. Es que mostraba un falso activismo, destinado a no encontrar al culpable, acaso porque sabía quién lo era. La DFS, por su parte, fingía también. Lo hizo igualmente Nazar Haro, contratado por la procuradora Adato para realizar una averiguación paralela. Siguió simulando cuando se le designó sucesor de Trinidad Sánchez. La procuradora simulaba también, presa en su candor por los laberintos de la Policía Judicial y el Ministerio Público. El 19 de septiembre de 1985 el terremoto que fracturó a la ciudad de México hizo que se cayeran, simultánea y estrepitosamente, el edificio donde despachaba y los restos de su prestigio. En el sótano de la procuraduría funcionaban unos peculiares separos, donde agentes judiciales practicaban la extorsión a delincuentes a quienes cobraban cuotas o arrebataban su botín. Los “hospedaban” en cajuelas de patrulla o de coches robados, sobre los cuales cayó el edificio al colapsarse. La procuradora no pudo explicar lo que ocurría, y si bien para no dar satisfacción a la opinión pública que conoció los hechos con asombro e indignación se demoró su despido, al fin se consumó tres meses después, en diciembre, cuando De la Madrid le procuró una salida airosa, al nombrarla ministra de la Suprema Corte.

La sustituyó Renato Sales Gasque, quien anunció que comenzaría desde cero la averiguación previa, que para satisfacción de Zorrilla no había generado ningún resultado. Por esa causa, el director federal de Seguridad se sintió tranquilo y firme en su cargo en los meses posteriores al asesinato de Buendía. Su impunidad lo animó a seguir adelante. Afianzó la relación que había establecido con jefes del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, a quien vendió identificaciones de la DFS –charolas, como se les conoce popularmente– firmadas por él mismo y entregadas a cambio de mucho dinero. Dispuso también, asegurado en su cargo porque nada lo amenazaba, el asesinato de su amigo del alma, el abogado José Luis Esqueda, a quien Zorrilla mandó matar en castigo por acercarse a Buendía para confiarle los nexos del director de la policía política con el narcotráfico.

Por decisión espontánea, expresada desde poco después del asesinato, un variopinto grupo de periodistas acicateó inútilmente a las autoridades para hacer que sus investigaciones avanzaran. Formaron un equipo de seguimiento, integrado por Gerardo Arreola, Francisco Cárdenas Cruz, Félix Fuentes, León García Soler, Miguel Ángel Granados Chapa, Rogelio Hernández, Jorge Meléndez y José Reveles, que contó con el impulso del hermano menor de don Manuel, Ángel Buendía, quien voló desde Guadalajara la noche del duelo. Más que lloroso, como suele ocurrir con los deudos cercanos, estaba furioso, indignado. En el sepelio de su hermano, cercano él al féretro en torno del cual hacían guardia la multitud de dolientes, trató de impedir que lo hiciera el presidente De la Madrid. Alzó la mano derecha para detenerlo, pero entre la batahola causada por la presencia presidencial el gesto simbólico se convirtió en un manotazo sobre el pecho del Ejecutivo. A lo largo de los años, a solas o cobijado por los periodistas, con algunos de los cuales estrechó una relación amistosa, se convirtió en una presencia incómoda. Durante ese tiempo, su desesperación ante la falta de resultados lo llevó a concebir varias hipótesis, en que culpaba del crimen a De la Madrid y Bartlett, o a la Central Intelligence Agency (CIA). En su insistencia por obtener resultados, publicó dos libros: Mi testimonio sobre el asesinato de mi hermano Manuel Buendía e Historia de mi vida. Este último fue particularmente útil para conocer cómo transcurrió la infancia y la adolescencia del periodista, cuya vida es contada y explicada a partir del siguiente capítulo, porque hay que comenzar desde el principio.

Notas:

1. Miguel de la Madrid H., Cambio de rumbo, testimonio de una Presidencia, 1982-1988 (con la colaboración de Alejandra Lajous), 1a. ed., FCE (col. Vida y pensamiento de México), México, 2004.

2. Ibid.

3. Juan Bautista, Los primeros teclazos con Buendía, en varios autores, Retratos de Manuel Buendía, 1a. ed. Fundación Manuel Buendía/Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, A.C./La Jornada, México, 2009.

EL IV PODER

Por: Juan Fregoso

2012 / 05 / 30

Este 30 de mayo se cumplen veintiocho años del proditorio crimen del columnista más influyente de México: Manuel Buendía Tellezgirón, un hombre que dejó escuela, pero que sin embargo, hasta la fecha no ha surgido otra figura de la talla del autor de Red Privada. Buendía fue único, inigualable, excepcional como sólo él pudo serlo, tal vez por ello, nadie podrá superar su estilo de escribir, mucho menos su valentía para hacerlo.

Manuel Buendía, más que periodista fue un acucioso detective, una especie de Sherlock Holmes, que supo indagar los más recónditos sótanos del poder. Su faceta detectivesca lo condujo a rastrear con agudeza a los hombres más poderosos de su tiempo, para luego publicar en su columna todo aquello que para él era de interés general. Con un olfato fino supo detectar lo mismo la presencia de los políticos mexicanos corruptos que hasta a los propios agentes de la CIA, encubiertos bajo diversos disfraces, se diría que fue un acérrimo enemigo de esta central de espionaje estadunidense; dueño de un archivo privilegiado, Manuel Buendía no solamente se contentaba con sus descubrimientos sino que daba nombres, apellidos, domicilios y hasta los números telefónicos de sus presas. Por eso, fue respetado allende las fronteras.

Pero, sin duda, por eso mismo fue asesinado aquel 30 de mayo de 1984. En efecto, hace 28 años que Buendía fue ultimado por un gatillero profesional, tan profesional que a la distancia no se sabe quién fue ese asesino que lo mató por la espalda, como el más vil cobarde, porque seguramente estaba enterado de que el maestro tan bueno era con la pluma como con su 45 que solía portar siempre.

El mismo Buendía, antes de su sacrificio había confiado, —consciente del peligro que corría—que el día que lo mataran tendrían que hacerlo por la espalda, porque de frente me llevaré a unos cuantos por delante, porque soy muy buen tirador. Y era verdad, porque don Manuel, acostumbraba practicar el tiro al blanco, precisamente por ello sus enemigos—que se contaban por miles—planearon bien su asesinato; cinco tiros fueron más que suficientes para borrarlo del mapa; estorbaba a los intereses del poder político y urgía deshacerse de él lo más pronto posible.

Manuel Buendía, era un hombre tan especial que hasta llegó a romper las etiquetas sociales, pues cuando iba acompañado de alguna dama, en vez de cederle el lugar que se acostumbra por caballerosidad, esto es, a la mujer siempre se le otorga el espacio del lado de la pared cuando se camina por las banquetas de las calles, pero Buendía rompió esa regla y él era quien ocupaba ese lugar, era como un medio de prevención hacia su persona. Empero, el día en que lo mataron, por fortuna iba solo; el o los asesinos esperaron a que saliera de su oficina que tenía en la colonia Juárez de la ciudad de México, lo dejaron que se alejara un poco y entonces lo alcanzó un sujeto montado en una motocicleta, disparándole cinco tiros que se impactaron en su espalda segando su vida casi al instante.

Posteriormente, se supo que el sicario respondía al nombre de Juan Rafael Moro Ávila, nieto de un conocido ex presidente de la República. Más tarde, se conoció el nombre del asesino intelectual como José Antonio Zorrilla Pérez, a la sazón director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), más sin embargo, luego trascendería que ambos sujetos no fueron más que chivos expiatorios, por lo tanto, la incógnita como el móvil del crimen continúan sin aclararse, aunque en aquel tiempo circuló el rumor de que el periodista fue ultimado por haber descubierto la red de complicidades entre el Ejército con los narcotraficantes.

En ese momento, antes de que el columnista publicará sus investigaciones, el entonces secretario de la defensa nacional, el general Juan Arévalo Gardoqui—quien por cierto también se vio involucrado en el accidente que le causó la muerte a otro destacado periodista, don Carlos Loret de Mola—presuntamente recibió la consigna del entonces presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, para que se hiciera cargo del prestigiado columnista, y el militar cumplió—según se dice—al pie de la letra las órdenes del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero esto no es más que una hipótesis que se establecieron en su tiempo.

El caso Buendía, a 28 años de su muerte no pudo ser resuelto satisfactoriamente por ningún gobierno, tal vez por no convenir a los intereses políticos, o quizá porque de plano no hubo la intención—y ahora menos—de esclarecer este crimen de estado. Cuando ocurrió el homicidio del periodista, el presidente de la República, era Miguel de la Madrid Hurtado, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, incluso en la lista de los poderosos políticos de entonces también figuraba el nombre de Marcelo Ebrard Casaubón, hoy Jefe de Gobierno por el PRD. Los tres personajes eran piezas clave, el hilo conductor que podría llevar al descubrimiento del o de los asesinos de Buendía, pero al mismo tiempo eran los principales sospechosos; el presidente de haber presuntamente ordenado la ejecución, mientras los otros podrían haber sido cómplices por prestarse a las órdenes arbitrarias de Miguel de la Madrid.

El teatro que se armó en torno a este asunto fue tan dramático como infantil, ya que en su afán de encubrir a los asesinos de Manuel Buendía, involucraron a un numeroso grupo de sospechosos. Así fue como se aprehendió a Juventino Prado Hurtado y a Raúl Pérez Carmona alias El Diablo, los dos ex comandantes de la (DFS). Los dos fueron implicados en la Operación Noticia que consistía en matar a Buendía. Luego, se le dictó auto de formal prisión a Juan Rafael Moro Ávila, por el delito de homicidio calificado, en grado de coautoría material, era evidente que el gobierno delamadridista intentaba apaciguar el descontento social con la fabricación de chivos expiatorios, porque en realidad, el presidente nunca tuvo el propósito de llegar al fondo del asunto.

Casi al final de su sexenio, Miguel de la Madrid se declaró incompetente, al menos eso se desprende de sus palabras: El esclarecimiento del homicidio de Manuel Buendía no se pudo lograr, dijo como una especie de mea culpa el entonces mandatario. Aceptaba así, que su gobierno no tuvo la capacidad para dilucidar el artero crimen del columnista. Sin embargo, al cumplirse el primer año de la muerte del periodista, el comandante de la Policía Judicial del DF, Luis Aranda Zorrivas, presentó, con fecha 31 de julio de 1985, el informe de sus investigaciones a la entonces procuradora de justicia, Victoria Adato de Ibarra. De este documento se desprendía que el autor material de la muerte de Buendía era José Luis Ochoa Alonso, alias El Chocorrol, pero a la llegada a la procuraduría de Renato Sales Gasque, la hipótesis se desvaneció, es decir, José Luis Ochoa, no tenía nada que ver en el asesinato de Buendía.

Por ello, un mes después, justamente el 28 de de agosto, en su primer informe público sobre el caso, la procuradora declaró que no era un asunto fácil. Victoria Adato procedía dolosamente, pues señaló; No es un caso común. Es imposible decir en qué momento caerá el responsable. Nos enfrentamos a un abanico de posibilidadesNo es un asesinato político. No lo es y lo digo categóricamente: por lo que hasta ahora he visto, no es de esa naturaleza, afirmó la funcionaria, que tres meses después ascendió a ministra de la SCJN, por obra y gracia del presidente de la República.

En fin, tras Victoria Adato desfilaron varios fiscales con la encomienda de aclarar la muerte del columnista, pero ninguno fue capaz de lograrlo. El crimen de Manuel Buendía seguirá en las sombras de las complicidades del poder político, jamás sabremos con certeza quién ordenó y quien ejecutó al connotado periodista, como tampoco sabremos quien ordenó el reciente asesinato de Regina Hernández Pérez, corresponsal de la revista Proceso, ni de muchos otros comunicadores que han caído por cumplir con su deber de informar. Lo único que me queda claro es que don Manuel Buendía no murió infructuosamente, porque dejó escuela, un ejemplo a seguir por quienes nos dedicamos al peligroso ejercicio del periodismo crítico.

Los origenes de la "narco-insurgencia mexicana"

3 Octubre 2011(09:24:09)
> DTPV/en Línea

Por Felipe Moreno

Dejemos de poner la vista en los futuros procesos electorales y sobre todo en las mulas del 2012. Ya que esta vez no habrà caballos como los hubo antes.

Pidamos tal vez asesoria a Rafael Caro Quintero o alguno de sus amigos, para verificar si las versiones que hoy se publicitan sobre una posible "narco-insurgencia" en Mèxico son falsas o son verdaderas.

Y nos referimos al sinaloense, avecindado en Caborca, Sonora en 1984; por ser esa una de las causas principales de su detención y no los líos de faldas, entre él y el agente norteamericano Enrique Camarena Salazar, los que lo llevarían a la cárcel en 1985.

El intercambio de droga por armas, fue el inicio de lo que hoy los "expertos" enviados por la ONU denominan narco-insurgencia mexicana, para intervenir militarmente en Mèxico, sin mayores argumentos.

Ya lo habíamos anotado aquí en Juicio Político desde el domingo 30 de Septiembre de 2007, y no somos expertos en el tema, cuando titulamos nuestro espacio con la siguiente cabeza:

El crimen organizado en busca del poder político.

El Domingo 30 de septiembre de 2007 decíamos

"Mientras aumenta la carestía de la vida en México y se desata un proceso inflacionario provocado por los economistas incrustados en las cámaras legislativas, los gobiernos federal, estatal y municipal hacen mutis. Permanecen inmóviles, no atienden ni resuelven los asuntos que deberían ser exclusivamente de su competencia en beneficio de la población". Situación convertida hoy en escándalo y motivo de gran preocupación, nada más observemos los incrementos a los bienes y servicios que presta el gobierno y no se diga los que repercuten en la economía doméstica. Aun así, parece no alcanzarles lo que recaudan para seguir robando, al grado de hipotecar el destino de las entidades del país por cuando menos los próximos 20 años. Ahí están los estados de Coahuila, Oaxaca y Veracruz, con deudas públicas impagables.

"Las cortinas de humo son ahora densas columnas de tonos grises. La maquinada campaña en contra del gobierno anterior (2000-2006), aunada a los escándalos del fútbol con fines políticos y las "sorprendentes" capturas de presuntos capos de la mafia en el Distrito Federal, son otras de las veladas estrategias para tapar y encubrir lo fundamental".

Las cortinas de humo se han convertido en verdaderas murallas de acero, impenetrables para ver más allá, hasta donde se planean las verdaderas estrategias y donde grupos y mafias incrustadas en el gobierno actual, luchan y se aferran para conservar lo que ellos consideran el poder.

"Demasiado sueltos están los hilos del sistema, donde los verdaderos intereses han comenzado a resentir el impacto de los primeros cañonazos en una lucha que, todo indica, será hasta el final, hasta que un grupo o mafia pueda imponer su jerarquía a todas las demás. Estamos hablando de una lucha política, no solamente del crimen organizado".

"¿Dónde inicia la pérdida del control en materia de crimen organizado? Concretamente en las épocas de Miguel de la Madrid Hurtado, un hombre tibio que pensó podía encabezar la "renovación moral de la sociedad" con sólo desaparecer a la DIPD y combatir a uno de sus más sobresalientes representantes, Arturo Durazo Moreno.

Desde la desaparición de la DIPD y otros agrupamientos policíacos como fue el famoso BARAPEM, de dónde egresara uno de los delincuentes más temibles, comenzó a diluirse ese control que se perdió en su totalidad luego de la misteriosa desaparición del comandante Florentino Ventura, quien, de la noche a la mañana y sin una averiguación que dejara satisfecha a la población, aparecería convertido en cenizas en menos de 24 horas. Todo esto dentro del régimen de Miguel de la Madrid.

Con la muerte de Florentino Ventura se irían al bote de la basura un sin fin de historias. Florentino simplemente sabía demasiado. Al desmantelamiento de las estructuras policíacas que se inició con Miguel de la Madrid, vendrían otras acciones de gobierno encaminadas a retomar el control sobre grupos y mafias existentes desde los años cincuenta; cuando el "triángulo de oro: "Vietnam - Camboya y Laos, dejó de operar en materia de narcotráfico y lavado de dinero El mercado de las drogas, pasó así de Asia a América.

Dos entidades de la República Mexicana se hicieron famosas de inmediato en materia de drogas o lo que hoy se denomina "crimen organizado". El negocio de las drogas siempre ha sido una razón de Estado que deja miles de millones de dólares. Sólo revísense los archivos del Departamento de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica para aquilatar el peso de dicha industria criminal. Si se revisan los números y las cantidades multimillonarias que se manejan, no es tan complicado entender el porque del abultado número de ejecuciones en México, sobre todo durante este gobierno y las dos últimas administraciones.

El monstruo de las drogas diariamente devora un gran número de vidas humanas. El obituario nacional lleva un fiel recuento todos los días. Empero, esto que parece obedecer únicamente con un hecho de coyuntura, parece ser producto de un error o una perversidad maquinada por un hombre que hoy vive oculto allende nuestras fronteras.

La detención, esta semana de Sandra Ávila Beltrán, la llamada "Reina del Pacífico" es sólo parte de esta misma historia, dónde las mafias y los grupos del narcotráfico dejaron de ser dóciles burros y mensajeros, para entrar de lleno a una lucha por el poder político.

En una historia de cambio de drogas por armas y viceversa, se centra la guerra actual entre los grupos oficiales y extraoficiales en materia de narcotráfico. No es casualidad que las ejecuciones de todos los días tengan como epicentro certeros objetivos policíacos. En el asesinato de comandantes y funcionarios relacionados con la seguridad pública y la seguridad nacional, está el origen de un problema que el gobierno federal, más que otros, no quiere ver.

Son actos en contra de la autoridad, no tocan objetivos sociales, comerciales, financieros o personales. Su finalidad es únicamente política. Porque hoy, como jamás se había visto, las policías se han politizado o usado con fines netamente políticos.

Más que movilizar al ejército o transformarlo en Policía Federal Preventiva o en Policía Federal, el gobierno de la República que encabeza Felipe Calderón, debería investigar que pasó en Cancún, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y sobre todo ver cuales fueron las verdaderas razones políticas para encarcelar a un exgobernador de Quintana Roo, del cual los Estados Unidos de Norteamérica pidieron recientemente su extradición, como hoy lo ha hecho con la llamada "Reina del Pacífico" y muchos otros delincuentes.

Sin duda, Mario Villanueva posee información importante. Demasiada, como para generar un huracán político y donde saldrían a relucir una serie de intereses tan inimaginables como no publicables. La "Reina del Pacífico" nunca estuvo ni operó sola y por su cuenta.

Hace algunos años, cuando aún no se desataba la cruenta guerra que hoy vivimos en materia de narcotráfico y crimen organizado, Juicio Político publicó un artículo en la Revista Impacto.

Dicho texto bien pudiera servir para entender lo que realmente está ocurriendo en México dentro de ese tema. Y es que, más allá del narcotráfico o el lavado de dinero, estos grupos o mafias han comenzado una guerra estratégica en busca del poder político. Todas las acciones y ejecuciones por parte del crimen organizado en: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Distrito Federal, etcétera, deben verse desde esta óptica. Sus acciones no ameritan únicamente un comentario de nota roja. Son actos estratégicamente ejecutados.

Tienen planeación y toda una logística, de ahí que puedan darse el lujo de entrar y salir por la puerta de instalaciones policíacas o estratégicas. Están tanto dentro como fuera de los grupos policíacos o militares.

Lo que ocurre hoy en materia de crimen organizado y lavado de dinero en México, va más allá de un cuento chino, la detención de criminales en restaurantes de lujo o de la captura de una "Reina del Pacífico". Su cínica sonrisa nos dice que todo fue arreglado.

En materia de narcotráfico muchas son las historias que se pueden tejer, sobre todo a partir de la muerte o captura de uno o más personajes inmersos en el asunto. De ahí que, muchos individuos y medios de comunicación aborden dicho tópico para dos cosas: buscar notoriedad y otra más, demostrar un supuesto valor civil que difícilmente tienen. Y es que, para tocar a profundidad tan escabroso tema hay que estar dentro o ser parte en los asuntos relacionados con el narcotráfico.

En los últimos años, y de forma oficiosa, incluso se ha llegado a publicar alguna que otra nota bien enfocada al tiempo en que el panista Antonio Lozano Gracia permaneció al frente de la PGR. O sea, más que policíacas, las notas han sido de un claro tinte político, como el que se maneja en desayunaderos y comederos, donde más que comandantes o subcomandantes de la DEA o PGR, y ahora del FBI, proliferan ladrones y gatilleros con antecedentes revolucionarios.

La información difundida sobre el narcotráfico esta plagada de errores, inventos y omisiones, pues ahí sólo se narran eventos que, únicamente han ocurrido en la mente calenturienta de delatores y traidores. El objetivo es claro, dañar la imagen pública de actuales y futuras figuras políticas, pues se infiere una carencia total de pruebas. Y es que, cuando se usan los términos "al parecer o habría", el periodista deja claro que esta precario de pruebas o que de plano no confía en la fuente de la cual emana dicha información. "No tiene los pelos de la burra en la mano".

Omitamos nombres otra vez para no herir susceptibilidades. Empero, hablemos de hechos reales. No se vale vomitar nombres sólo por indigestión. El tema del narcotráfico es algo real, contundente y como tal debe ser visto con toda propiedad.

Durante muchos años, la institución encargada de la procuración de justicia federal (PGR) no ha contado con instrumentos ni personas que garanticen una labor eficiente. Por lo mismo, era y es permeable al narcotráfico. Es más, éste ya gobernaba con toda impunidad desde las épocas del Comandante Florentino Ventura. Un hecho que !oh sorpresa! los políticos en México ignoraban. Algo que hoy es tan público, pues poco a poco se han venido descubriendo ligas entre los políticos, industriales banqueros y uno que otro narcotraficante. Así es nuestro México.

Vistas así las cosas, se buscó desde el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo que la Cámara de representantes se pusiera a trabajar en una iniciativa que no era del partido oficial. Fue que se promovió así una ley federal para combatir al crimen organizado. El problema que se presentó entonces era ¿quién lo iba a dirigir? fue así que se buscó a una persona que por sus méritos académicos y experiencia se integrarse al primer equipo de trabajo en el Zedillato. Esa persona hoy colabora en los primeros niveles dentro de la ONU, como si realmente supiera lo que ocurre en los Estados Unidos Mexicanos en materia del narcotráfico y crimen organizado.

Así llegó con el panista Antonio Lozano Gracia a la PGR Samuel González, a quien le tocó bailar con la más fea. Se obtuvieron logros importantes y no sólo atribuibles a la Policía Judicial Federal, también a los oficiales del Ejército Mexicano debidamente entrenados en labores de inteligencia y seguimiento de personas que hoy quizá se hayan abandonado.

No obstante los resultados, de un día para otro, el área que nunca pretendió ser operativa, se hizo cargo de dichas funciones, llegándose al caso de crear subprocuradurías, fiscalías e inclusive la famosa FEADS. Esto es, para garantizar la excelencia del personal allí adscrito. Más todavía, se pidió a los expertos que ayudarán para saber si a nuestros policías se les tenía confianza.

Anteriormente, las intervenciones contra el narcotráfico eran armadas con buques y aviones como paso en los puertos de Tampico y Veracruz en más de una ocasión. Ahora se hace en forma multimodal, certificándose por parte de los EEUU el trabajo en contra del narcotráfico. Algo que no nos debe ya de sorprender. Nunca hemos sido autónomos.

Y es aquí precisamente donde cabe un comentario respecto de dichas actividades del narcotráfico, sobre todo en el sureste mexicano; donde desde 1998 se optó por iniciar labores de inteligencia. La unidad adscrita a esa zona del Caribe contó en sus inicios con 5 elementos de la PGR y otros de la SDN, sin conocerse el número exacto por razones de seguridad nacional. Hubo muchos otros de forma encubierta, y desconocidos hasta para los narcotraficantes con protección INSTITUCIONAL, fueran estos de color Verde, Blanco, Negro o Azul.

Sí, muchas cosas son posibles en México, donde, por cierto, hoy que se tocan estos temas con demasiada ligereza, olvidándose que en aquellos días se llevaron a pasear a un subteniente que los andaba persiguiendo, según su dicho, para que les informara qué hacía en el lugar y a quien venía a vigilar. Dicho subteniente nunca declaró estos hechos en forma ministerial - o sea en una averiguación previa.

Unos de los casos ordenados fue patético, se optó por realizar un operativo FEADS, SDN, UEDO, enviándose avisos vía contactos de la SDN, a quienes eran un grupo de industriales hoteleros, vinculados directa o indirectamente con el narcotráfico. Para efectos prácticos, informantes de un Coronel del Ejército Mexicano, quién por cierto pasó de forma efímera por la Coordinación Técnica de la UEDO; sólo para que se le devolviera al "oficial perdido", cosa que ocurrió a las 12 horas del día siguiente.

Durante esos días, por instrucciones de la UEDO, se pidieron partes policíacos para realizar cateos a supuestos domicilios propiedad de narcotraficantes. Mismos que, en primer instancia, fueron negados. Se recurrió al tribunal de alzada, quien concedió unos, no todos. El problema del ejército fue sólo uno, no se espero a las órdenes de cateo y entró a los lugares. Con ellos entró otro personal, obviamente no militar, el cual no encontró ningún documento ni droga. Pero, al día siguiente que se realizó otro cateo, ¡oh sorpresa! ahí estaban - y no como se ha llegado a decir en algunos medios de información - listas de narcotraficantes con nombre y apodo - al menos 50 nombres -, muchos papeles que de su análisis se podrían inferir conductas delictivas, sin que éstas trasciendan a la objetividad de un delito, ya que no hay pruebas que lo sustenten.

Y es que, una vez más, dicen los expertos, el intervencionismo de la DEA y el entreguismo de un bibliotecario, hicieron una mezcla de fechas, nombres, documentos apócrifos, teléfonos y, en general, información que si se hubiera recabado como lo señalan los que sí saben, se hubiese conocido la relación de cada uno de los nombres, el porqué estaban escritos en esa lista y los lugares en donde se localizaron; todo esto para poder realizar un seguimiento más puntual y, actuar no con la fuerza de ese operativo llamado: SELLAMIENTO, sino con inteligencia que es la base de cualquier operación policíaca; pues la verdad: no se hace creíble que todo un portafolios se encontrara en el interior de una casa que, como se señaló antes, no estaba y más aún, cuando la casa había permanecido bajo la custodia de los verdes.

Que quede claro, el crimen organizado está ya en busca del poder político.

La narco - insurgencia mexicana es inducida desde los Estados Unidos de Norteamerica, donde la presencia de "expertos" de la ONU, sòlo forma parte del "trabajo sucio", previo a una intervenciòn masiva en materia militar.

Y es que, segùn ellos, la "narco-insurgencia mexicana" cuenta con mejores: hombres, armas, equipos y tecnologia militar.

Si quieren que esto acabe piensen diferente. Porque así a la que operativos y la pendejadas y media conozoo a muchos qur llevaron 45 años y más sin ver mejorías,

Yo tengo ese libro de la cia en México y regalado por el mismo periodista a mi padre.

Ese control que tenían era porque eran los mismos, una llamada y se sabía quienes eran, porque todos estaban bajo el dominio de alguien.

Básicamente desde que nací Vivi en estos rollos, quisiera contarles por que pero mientras escribía lo reconsidere. Conozco militares qur les tocó esa epoca de las guerrillas y que ahora están en retiro. Conocí agentes en los 90 de muchas de esas corporaciones. Yo tenía escoltas y pues aunque los que tenía mp eran de esa epoca se sabian tantas historias. He convivido con todo lo que se imaginen.

Cuando digo que estar berreando contra los narcos y los idiotas que escuchan corridos es una pérdida de tiempo. Vean la podredumbre de épocas pasadas. Y esto no es ni el 1% de la cochinada. Recordando todas las historias que me han contado de décadas pasadas de bandos gubernamentales como desde el punto de vísta mafioso. Ir a un panteón. En culiacAn, Tamaulipas, escuchar los corridos de antaño, me da una nostalgia tremenda. No porque quisiera que volvieran, sino pienso en todas esas tramas.,, todas esas historias, dinero, lugares, mujeres, muertes. Cuantos muertos y dedicatorias desde los 70, 80, 90, pararme en una colonia em culiacan, pararme en el centro ir por la carretera y pensar todas esas historias. Me las imagino por las que se son actuales, cuantas mujeres no me han contadores historias de muerte de dramas de sus maridos novios muertos, primos, tíos. Viejas historias de antaño llenas de vida en la muerte. Estar en la noche y escuchar a chalino de lejos, con ese calor. Rancheras pueblos ciudades, rutas. Expedientes quemados, tranzas, traiciones.

Me pregunto: que ha cambiado? Bo un estado ponerse en orden, policía depurada dea hermandad? Todo ara que en meses valiera madres. Que ha cambiado? Que guerra esperan ganar?

Y todos los tantísimos operadores, sicarios y demás siguen vivos. Siguen ahí o siguen muertos. La mayoría, la gran, por otros mafiosos. En ese estado de cosas uno aprende que lo que haga la marina el ejército operativos y la misma mamada de siempre es algo qur les vale absolutamente madres. Y aquí creen qur de veedad les importa o les va a ir a cambiar el mundo, y que esa parafernalia ños va a asustar. Créanme si no les asusta que los hagan pedazos vivos, creen que les importa qur lleguen marinos o soldados a agarrarlos? Pero luego mw tachan de idiota o no se qué. Pero pues no, la visión qur tiene un elemento pues es distinta.

Ahora si me quieren ofender y decir que digo puras pendejadas pues háganlo, sólo es darle la vuelta a la realidad.

belze escribió:Y debo aclarar que le tengo mucho respeto a los agentes y corporaciones de la época por su destacado combate a los guerrilleros, ya lo del narco si es completamente reprobable y cuestionable. Y en épocas anteriores a la DFS, sección primera de SEGOB, departamento confidencial, DIPS, etc. era sumamente bueno su combate a la delincuencia común.

Así ha sido siempre. Por eso cuando veo que agarran añ número 2 de los Beltrán Leiva en el df y según por investigación yo nomas me río

Créanme si no les asusta que los hagan pedazos vivos, creen que les importa qur lleguen marinos o soldados a agarrarlos?

Tamaulipas, tiempos de plomo
10 de junio del 2014

Toma de posesión de mandos militares en Tamaulipas. Foto: EspecialMéxico, 10 de junio.- En Estado Mayor se ha dado seguimiento al declive de Tamaulipas que ha escalado de un problema menor de inseguridad, a una política castrista en la región, con acciones gubernamentales y de la Armada de México, en el propósito de cercar al crimen organizado, particularmente, al narcotráfico.

Ahora se asiste a una nueva fase en que la Policía Federal (PF) sale de Tamaulipas y se instalan bases militares para reforzar la seguridad en la entidad. Es la nueva fase en un Tamaulipas donde no cesa la violencia.

La Policía Federal presentó a Sergio Peña Mendoza, alias ‘el Concord’, acusado de cometer tres asesinatos y de ser un importante miembro de la organización delictiva denominada Los Zetas. La detención de ‘El Concord’ tuvo lugar afuera de una vivienda de lujoso conjunto residencial ‘Fuentes’ de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas (15-mar-2009).

Elementos de la policía federal detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Gregorio Sauceda Gamboa, alias ‘El Caramuela’ y/o ‘el Goyo’, uno de los ‘zetas’ más buscados por la DEA. La Secretaría de Seguridad Pública federal informó que con ese sujeto fueron detenidos su esposa Gabriela del Toro Copto y Miguel ángel Reyes Grajales, ‘El Güero’ (20-noviembre-2010).

El 28 de junio de 2010 asesinan al candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú y lo releva su hermano, Egidio Torre Cantú.

En diciembre de 2010, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se fugan 141 internos.

Militares son acusados de tortura y crimen en Nuevo Laredo (2-julio-2012)

Coche bomba en contra el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Rafael Lomelí Martínez (4-julio-2012).

Tamaulipas forma parte de la “Operación Noreste” (6-julio-2012): En una especie de geopolítica local, el Ejército aseguró en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí a 281 presuntos delincuentes, más de mil 400 armas, 211 granadas, 3 cohetes, 29 vehículos blindados y casi un millón y medio de pesos, en distintos operativos.

Refuerzan con 15 mil efectivos del Ejército y la Policía Federal a Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas. (14 de agosto del 2012)

Los Zetas se reordenan; sus líderes: Arturo Guzmán Decena; Heriberto Lazcano, El Lazca, Miguel Ángel Treviño, El Z 40 y aparece en la escena pública El Z 50 ó El Talibán.

Ya desde agosto de 2012 se declaraba que los operativos contra los Zetas estaban resultando ineficaces en entidades como Tamaulipas, Veracruz, Durango, Nuevo León y Coahuila.

Se informa financiamiento ilícito de alcaldes en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, a cambio de nombrar jefes de la policía municipal de acuerdo a los intereses del Cartel del Golfo (22 de agosto de 2012).

En septiembre de 2012, como parte de la “Operación Noreste”, militares liberan a un plagiado; lo que da como resultado 5 muertos.

Teme sobrino de Osiel Cárdenas que Cártel del Golfo de paso a los Zetas: El sobrino de Osiel Cárdenas, Rafael Cárdenas Vela, habla de la importancia de tomar el control rápido, pues de no ser así, los Zetas lo tomarían.

Respecto al accionar del grupo criminal del Golfo, dice que funciona como cualquier empresa moderna, incluso con el sistema de outsourcing. Puso como ejemplo el caso de El Rojo, quien tiene un grupo de 100 pasadores que llevan droga a Estados Unidos a 50 dólares por kilo. El Rojo es contratado por todos los jefes de plaza distribuidos en la “frontera chica” tamaulipeca (septiembre, 2012).

La Marina captura en Nuevo Laredo a jefe de plaza de los Zetas, de nombre Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias La Ardilla (07 de octubre del 2012).

En Tamaulipas se registró el mayor número de ataques al Ejército del 1 diciembre de 2012 al 30 de abril de 2013, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que se perpetraron 227 ataques contra personal militar en 16 entidades, y casi la mitad ocurrieron en Tamaulipas.

Ejército rescata a 165 migrantes secuestrados en Tamaulipas elmartes 4 de junio de 2013 a 165 personas que fueron secuestradas en Tamaulipas, cuando pretendían cruzar a Estados Unidos y detuvieron a uno de los presuntos responsables.



Regidora de Tamaulipas Martha Josefina McDonald Chávez es víctima de segundo atentado; en menos de una semana la priista ha sufrido dos intentos de asesinato (11-jun-2013).

Festividades patrias se cancelan en 21 municipios de Tamaulipas por aparentes lluvias torrenciales, los ayuntamientos de Soto la Marina, San Fernando y Abasolo suspendieron ceremonias alusivas a la Independencia (15-sep-2013).

La ruta del plomo: Decomisan 52% de las armas en Tamaulipas y Michoacán Por lo menos 415 armas de fuego han sido aseguradas por la PGR y 52 por ciento de éstas fueron halladas en Tamaulipas y Coahuila; por incidencia le siguieron Michoacán y el Estado de México (19-oct-2013).

PF localiza predio utilizado para el resguardo de armas en Tamaulipas: Elementos de la Policía Federal que participan en los operativos coordinados que conforman la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, localizaron un domicilio donde se almacenaban 17 armas de fuego, más de 12 mil cartuchos, 475 cargadores y equipo táctico.

Tamaulipas, número uno en plagios: registró en los primeros nueve meses de este año el mayor número de secuestros en el país con 148 casos (10-nov-2013).

Ataca grupo armado hotel donde se hospedaban empresarios petroleros: con un vehículo blindado artesanalmente, de los conocidos como “monstruos”, fue atacado el hotel donde se hospeda personal de la empresa petrolera Weatherford International en Ciudad Mier (6-abr-2014).

Pide edil de Mier no vivir la violencia de la administración calderonista: El alcalde Roberto González González, ciudadanos y funcionarios del Ayuntamiento de Ciudad Mier, Tamaulipas, se manifestaron y bloquearon este día la carretera a Miguel Alemán para exigir al Presidente Enrique Peña Nieto y al Gobernador Eigidio Torre Cantú su apoyo para hacer frente a la inseguridad y violencia (9-abr-2014).

Amenazan Zetas desde Internet: La organización criminal de Los Zetas difundió un mensaje en línea, en el que amenazan con recrudecer la violencia en el estado de Tamaulipas, por confrontarse con el Cártel del Golfo.

Redacción

Estado Mayor

US-trained cartel terrorises Mexico
Founders of the Zetas drug gang learned special forces techniques at Ft. Bragg before waging a campaign of carnage.
Chris Arsenault Last Modified: 03 Nov 2010 16:04


It was a brutal massacre even by the gruesome standards of Mexico’s drug war: 72 migrant workers gunned down by the "Zetas" - arguably the country's most violent cartel - and left rotting in a pile outside a ranch in Tamaulipas state near the US border in late August.

The Zetas have a fearsome reputation, but the real surprise comes not in their ruthless use of violence, but in the origins of where they learned the tricks of their bloody trade.

Some of the cartel's initial members were elite Mexican troops, trained in the early 1990s by America’s 7th Special Forces Group or "snake eaters" at Ft. Bragg, North Carolina, a former US special operations commander has told Al Jazeera.

“They were given map reading courses, communications, standard special forces training, light to heavy weapons, machine guns and automatic weapons,” says Craig Deare, the former special forces commander who is now a professor at the US National Defence University.

"I had some visibility on what was happening, because this [issue] was related to things I was doing in the Pentagon in the 1990s," Deare, who also served as country director in the office of the US Secretary of Defence, says.

"Other cartels have accused the Zetas of not following the 'gentlemen's code' of drug trafficking"

Kristen Bricker, NACLA Research Associate

The Mexican personnel who received US training and later formed the Zetas came from the Airmobile Special Forces Group (GAFE), which is considered an elite division of the Mexican military.

Their US training was designed to prepare them for counter-insurgency and, ironically, counter-narcotics operations, although Deare says they were not taught the most advanced commando techniques available at Ft. Bragg.

Military forces from around the world train at Ft. Bragg, so there is nothing unique about Mexican operatives learning counter-insurgency tactics at the facility. However, critics say the specific skills learned by the Zetas primed them for careers as contract killers and drug dealers.

“The Zetas definitely have the reputation of being the most dangerous, the most vicious, the most renegade of the cartels,” says Kristen Bricker, a Mexico-based research associate with the North American Congress on Latin America (NACLA).

About 29,000 people have died since Felipe Calderon, Mexico’s president, declared war on the drug cartels in 2006.

Extreme violence

The group has mounted the severed heads of its victims on pikes in urban areas, posted torture and execution videos on the internet, forced poor migrants into prostitution and massacred college students during house parties.

"Other cartels have accused them of not following the 'gentlemen's code' of drug trafficking and causing undue violence," Bricker told Al Jazeera.

"At one time, it was considered bad form to kill pregnant women, but not any more." For safety concerns, Bricker didn’t want to say where she lives in Mexico.

Deare estimates "probably more than 500" GAFE personnel received special forces training. He is unsure exactly how long the programme lasted. The Zetas came to the attention of Mexico’s Attorney General’s office in 1999.

After US training, GAFE operatives defected from the Mexican military to become hired guns, providing security to the Gulf cartel, a well established trafficking organisation, according to Laura Carlsen, director of the Americas program of the International Relations Center.

"They split from the Gulf cartel and formed as a cartel in their own right," Carlsen, based in Mexico City, told Al Jazeera.

The Zetas' alleged current leaders, Heriberto Lazcano, known as Z-3 and Miguel Trevino, or Z-40, were first recruited by Osiel Cardenas, the now-jailed leader of the Gulf cartel. The name "Zetas" originates from the radio code "Z" used by top military commanders in Mexico.

But unlike Zorro, the Mexican outlaw hero who also used the "Z" alias, Los Zetas steal from everyone, not just the rich. And they certainly don’t give much back to the poor, except the corpses of their relatives. "They are just known for being a different kind of human being," says Bricker.

Frequent defections

The number of initial defectors from GAFE is thought to be somewhere between 30 and 200, but "the exact number is unclear", says Deare. However, the possibility of defections should not have come as a surprise to US trainers.

The Mexican state "does not pay soldiers enough" Deare says. "I am not saying they [the government] have to pay as much as the cartels, but they [security forces] must be paid decently if they aren’t going to be susceptible to corruption."

The GAFE’s desertion rate of an estimated 25 per cent is high, even by the low standards of Mexico’s security forces. Between 2000 and 2005 more than 1,300 of the elite troops defected, La Journada newspaper reported.
The Zetas decided forming their own cartel was more profitable than working for the military or even other drug gangs [Reuters]

"The US really needs to examine their vetting procedures and manuals to see why so many people who they train do so many terrible things when they go back home," Bricker said.

But just blaming Uncle Sam for the rise of the Zetas and increasing drug violence is too simplistic, says Bricker.

"It wasn't just US training. The GAFE were also trained by the Kaibiles of Guatemala, a notoriously brutal special operations force from that country’s dirty war in the 1980s," said Bricker.

And even without special training for cartels, there is little trust that Mexican security forces can deal with the drug trade.

In May 2006, "La Barbie" a leader of the rival Sinaloa cartel, took out a full page advert in a Mexico City daily newspaper, to allege that Mexican police were protecting the Zetas.

For their part, the Zetas have long complained that the Sinaloa cartel enjoys police protection.

Despite debacles surrounding the Zetas and increasing violence, Deare - who physically resembles the tough but fair minded under-secretary of defence played by Harrison Ford in the fictional drug war thriller Clear and Present Danger - thinks Mexico needs more, not less, US involvement.

America has pledged some $1.3bn to assist Mexico in the drug war through the 2007 Merida initiative, but much of that cash hasn’t been spent because it has been stalled in Congress, Deare says.

Ulterior motives

Other analysts are critical of the initiative because it allows the US to "meddle" in Mexico’s affairs and has not garnered the desired results.

"For citizens here, Merida causes two great concerns: it raises questions of national sovereignty and there is a lot of fear that under the cover of the drug war there will be increasing attacks on grassroots movements," says Carlsen.

GAFE, for example, was established in 1994 to fight Zapatista rebels in southern Mexico, La Journada reported.

The Zapatistas, a poorly armed primarily indigenous militia, rose up against the Mexican government on January 1, 1994, the same day the North American Free Trade Agreement (NAFTA) came into effect between the US, Canada and Mexico.

The Zapatistas called NAFTA a "death sentence", in part, because the agreement would allow subsidised US crops to enter the Mexican market, pushing small farmers off the land.

After battling the insurgency, GAFE gained additional training and support from the US to fight the drug trade, a business which arguably benefited more than any other from NAFTA. Relaxed borders increased trade flows in many goods, illegal drugs in particular, and rural displacement swelled the ranks of unemployed young men eager to make quick cash by any means necessary.

Valued between $19bn and $40bn dollars on a yearly basis – exact figures aren’t available for obvious reasons- the drug trade has massive power as a corrupting influence.

And despite 50,000 Mexican troops fighting the cartels, despite the mangled bodies and US assurances of support, Bricker speaks for all three analysts from divergent political outlooks when she states: "No one has been able to present any evidence that the Mexican government is winning this war."

And, if winning the war on drugs is the goal, training the most violent cartel probably isn't a great start.

This is the first in a two part series examining the issues behind Mexico's drug violence. Follow Chris Arsenault On Twitter: @AJEchris
Source:
Al Jazeera and agencies

EL REPARTO
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El encarcelamiento no mermó, ni mucho menos, el poder de Félix Gallardo. Al menos durante algún tiempo, siguió siendo respetado por el resto de los narcotraficantes, quienes tras la caída del jefe se aprestaban a ocupar su lugar y a usufructuar sus rutas. Confiados en que Don Neto también había sido encarcelado tiempo atrás, una nueva generación de capos comenzó a emerger, pujante, para tomar el timón.

Fraguados como lugartenientes de los que habían caído en desgracia, algunos personajes, como Joaquín Guzmán Loera y Héctor Palma Salazar, ya se mostraban listos para el relevo. ¡Pero cuidado! El territorio aún tenla dueño y las cosas se harían como el jefe de jefes lo habla planeado. Heredarla a cada uno su parte, su ruta. Nadie podría meterse en los terrenos del otro. Se respetarían los espacios.

Desde la prisión, sabiendo que difícilmente recobrarla su libertad, Félix Gallardo dio la orden de que se reunieran todos los capos para repartirse el país. La encomienda de la reunión recayó en Rafael Aguilar Guajardo, ex agente de la DFS y exalumno de Pablo Acosta, quien se encargó del hospedaje. Acapulco fue el lugar elegido para el encuentro. Ahí se formaron las comisiones y se delinearon las actividades
A tres lustros de distancia, Miguel Ángel Félix Gallardo ha ganado algunos juicios e interpuesto amparos contra las acusaciones, pero una oleada de nuevos cargos sepultan su esperanza de ser liberado. Por ello, en 1989, tomó la decisión de partir el pastel y así, por primera vez, el narcotráfico empezó a operar con territorios acotados.

En los tiempos de esplendor, en su cuartel Félix Gallardo se hacia acompañar por Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto; Pablo Acosta, José Albino Bazán, Rafael Aguilar Guajardo y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; este último es el único sobreviviente de aquella generación casi extinguida. Hoy es el capo más escurridizo que opera en México. Aunque hábil para la negociación y Ia unificación de grupos antagónicos, las circunstancias son diferentes, por lo que sus intentos por conformar, como antaño, una federación de cárteles, han sido fallidos. Frente a la violencia que divide y mata, ese proyecto se antoja como una idea romántica que aunque se niega a morir, no parece factible en un territorio que ya no es fértil para que florezca.

De acuerdo con la PGR y otras investigaciones, el reparto se dio más o menos así: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, recibió Mexicali y San Luis Rio Colorado; Rafael Aguilar Guajardo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo; Héctor Luis Palma Salazar, El Güero, Nogales y Hermosillo; Jesús Labra, El Chuy, tío e impulsor de los hermanos Arellano Félix, Tijuana; Ismael Zambada García, El Mayo, Sinaloa. Otros tramos del país fueron entregados, previas negociaciones, a Rafael Chao, ex agente de la DFS, y a Baltazar Díaz Vega, El Balta.
Amado Carrillo Fuentes, ligado con Aguilar Guajardo, caerla preso en el año del reparto, por posesión de armas, y no serla liberado sino hasta 1991. Dentro de la cárcel trabarla gran parte de sus relaciones de protección con policías.

Por su parte, los narco juniors, como llamaban a los hermanos Ramón, Benjamín y Francisco Rafael Arellano Félix —con estrecha línea de parentesco con Félix Gallardo—, empezarían a consolidar su poder a base de violencia. Conocidos por sus acciones sanguinarias, los integrantes de ese grupo criminal no acataron los acuerdos establecidos en la división de las rutas, lo que provocó la más cruenta de las batallas, hasta hoy vigentes.

Poco tiempo después, las tensas cuerdas del control que ejercía Félix Gallardo se fueron aflojando. El brazo conductor cedió el poder y relajó el puño. Otros tomaron las riendas, pero sin la pericia para llevar el timón de la narco-empresa, pronto sobrevino el caos.

No debe perderse de vista que el imperio creado por Félix Gallardo fue la cimentación sobre la que se edificaron los modernos cárteles del narcotráfico. De su tronco surgió el cartel de Tijuana; Pablo Acosta dejó el terreno libre para que Aguilar Guajardo construyera el cartel de Juárez, lo mismo que Ernesto Fonseca. Aunque diferentes en su estructura —la primera organización se convirtió en consejo empresarial, más apegada al modelo de Félix Gallardo; y la segunda se volvió una enorme pirámide—, ambas eran, y lo siguen siendo, acérrimas rivales, no obstante haber nacido del mismo grupo.

Aguilar Guajardo emprendió su propio camino, con la firme convicción de consolidar su empresa criminal. Escogió Chihuahua como su base de operaciones, pero la Comarca Lagunera, en particular las ciudades de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, en Durango, fungieron como su centro de lavado de dinero. Allí creó Carnes de Las Lagunas, una empresa constituida para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. En su afán empresarial comprarla ranchos, hoteles, casas, ganado de alto registro y se asociarla con importantes empresarios laguneros. Esto Se debió, sin duda, a que Torreón es un lugar privilegiado: tiene arterias que conectan con Durango y Chihuahua, y que llegan hasta el Valle de Texas, en Estados Unidos, el gran mercado consumidor.

Su sucesor, Amado Carrillo —El Señor de lo Cielos— continuó siguiendo esa ruta y fincó en esa región parte de su imperio. Más tarde, después del asesinato de Aguilar Guajardo, cuyo crimen se le atribuyó, Carrillo Fuentes se convirtió en el amo y señor de la zona. No obstante su poder, no escapó a la persecución de los jefes del cartel de Tijuana.

De los Arellano Félix, fue Ramón quien se encargó de cobrar las venganzas; él era el gatillero. Déjenmelo a ml, yo me to c****o*, solía decir cuando algún rival se les atravesaba. Y en efecto: acudía personalmente para dar muerte al enemigo y no descansaba hasta verlo abatido a tiros, tirado en el piso, donde lo remataba con el sello de la mafia: el tiro de gracia.

De adolescente, Ramón Arellano ya pintaba claramente para convertirse en lo que sería de grande. Una anécdota contada por un miembro cercano a la familia lo dibuja a la perfección. La madre le servía el desayuno. Sensible ante los movimientos del exterior, un gato que caminaba en el patio de la casa perturbó su atribulada mente. La presencia del felino fue como un aguijón. Sin estridencia, el joven Ramón Arellano e por una pistola y disparó al animal. Cuando lo vio tirado y ensangrentado, una sonrisa escapó de sus labios.
Ya mayor, llegó a pesar más de ciento veinte kilos. Una silla normal era insuficiente para él. Obeso, se montaba en una motocicleta ruidosa y recorría las calles de Tijuana. Golpeaba a las hermanas, insultaba a sus amigos; mataba hasta por gusto. Cuando lo veían llegar a alguna de las casas familiares, se guardaba silencio. Todo le molestaba. Entre su familia era visto como un loco. La droga le habla dislocado las emociones, que lo azotaban como a un títere. Un día decidió bajar de peso y se sometió a una operación para que le engraparan el estómago. Así redujo su abultado cuerpo, pero eso no atemperó su virulento carácter.

No habla poder en México que frenara a los Arellano Félix. Ramón, Benjamín y Francisco Rafael imponían su autoridad, a fuerza de balas, en todo Baja California. Traidores, romperían el acuerdo con El Chapo Guzmán, a quien echaron del territorio. Acapararon todo Voraces, fueron por más; llegaron a Sinaloa y Durango, desafiando a quien se pusiera enfrente. En Colima y Jalisco tendieron redes y Se asociaron con los hermanos Luis, José de Jesús y Adán Amezcua Contreras, pioneros en México en la producción y tráfico de drogas sintéticas, como las metanfetaminas. La ligazón entre los Arellano y los Amezcua no se cimenta sólo en el negocio del narcotráfico: miembros de ambas familias se han relacionado sentimentalmente y ya existen líneas de parentesco que los unen.

Un golpe al centro del cartel cimbrarla su estructura, pero sin derrumbarla: la detención, en 1993, de Francisco Rafael Arellano Félix.

El procurador era Jorge Carpizo, quien tuvo al clan criminal en sus manos, cuando se entrevistaron con el nuncio apostólico Girolamo Prigione, en la sede de la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de México; no obstante, no quiso detenerlos: “Temí que se desatara una guerra”, justificaría más tarde el jurista.
Después de la detención de Francisco Rafael, los hermanos Arellano Félix gozarían de casi una década de impunidad. Hicieron crecer su empresa y dominaban ya no sólo Tijuana, sino que incursionaron en Chihuahua —territorio de Amado Carrillo— y su modelo rectangular y ágil les permitió colocar piezas en varios estados: Sonora, el Estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas (donde al igual que el resto de los cárteles, entraron en la disputa, a sangre y fuego, de Nuevo Laredo).

La guerra a muerte contra El Chapo Guzmán, por el dominio del territorio, no ha cesado y al parecer no cesará jamás. Más de una década después de que fue expulsado de su territorio, Ia persecución contra él contin6a, lo que llevó a éste a asociarse, a finales de los ochenta, con El Güero Palma, otro connotado rival de los Arellano Félix. Durante años, este personaje se caracterizó por su virulenta actitud ante sus enemigos, hasta que los jefes del cartel de Tijuana destrozaron la vida de este capo (hoy preso en Puente Grande, Jalisco): asesinaron a su familia y le enviaron la cabeza de su mujer en una caja de regalo.

Unidos en sociedad, El Chapo Guzmán y El Güero Palma comenzaron a asesinar a gente de los Arellano Félix; y en represalia, estos acabaron con los sicarios de los dos primeros. En noviembre de 1992, Ramón Arellano e Ismael Higuera Guerrero, El Mayel —uno de los mejores pasadores de droga que ha tenido ci cartel de Tijuana-— se divertían en la discoteca Christine’s de Puerto Vallarta, Jalisco. La música ensordecedora distrajo a los guardaespaldas; las luces multicolores desfiguraban los rostros de la gente. Llevaban un plan: asesinar a El Chapo, pero un grupo de sicarios irrumpió violentamente en el lugar y desató una balacera para acribillar a Ramón e Ismael, quienes lograron huir por los túneles del aire acondicionado. Hubo varios muertos, la mayorIa gente de los Arellano Félix, quienes intentaron repeler la agresión, pero no tuvieron éxito.

El encono habla alcanzado niveles patológicos, que movía a los dos bandos a enfrentarse en cualquier parte del país; la persecución era permanente.

Otra de las balaceras que protagonizaron ambos grupos tuvo lugar en La Joya, comunidad serrana de Sinaloa. El primero de enero del 2001, mientras se festejaba la llegada del año nuevo, fueron ejecutados seis jóvenes con rifles AK-47. Las victimas —Marco Antonio Sicarios Escobar, Luis Alberto Irizar Araujo, Reman Guillermo Duarte Echave, Belem Ramos Tavizón, Chester Sánchez Tavizón y Mario Alberto Hernández de la Rocha— llegaron a dar el abrazo a una familia y fueron sorprendidos a balazos. En realidad el comando armado iba en busca de Hernández de la Rocha, a quien identificaron como gente de El Chapo.

Una matanza más ocurrió ci 14 de febrero en El Limoncito, municipio de Cosalá, enclavado en Ia sierra sinaloense. Allí fueron asesinados nueve campesinos —entre ellos el comisario del pueblo— cuando se encontraban reunidos en una casa. Por lo menos media docena de gatilleros de los hermanos Arellano Félix perpetraron la masacre. Iban en busca de Javier Torres Félix, El JT, pistolero de Ismael El Mayo Zambada, quien logró escapar a tiempo, pero las balas alcanzaron a su hermano, Humberto Torres Félix, quien fue acribillado a mansalva. Las investigaciones revelaron que, momentos antes de las ejecuciones, el sicario del cartel de Sinaloa se reunió con los campesinos para negociar la siembra y la cosecha de la droga. Poco después irrumpió en la vivienda el grupo armado y obligó a los campesinos a caminar rumbo a un rio, donde los orillaron y por la espalda les vaciaron las cargas de metralletas y los cuernos de chivo. Posteriormente se supo que Ramón Arellano Félix había encabezado la masacre. Pero éste al poco tiempo fue asesinado en Mazatlán por El Mayo Zambada, junto con su jefe de sicarios, José Romualdo Quintero Carrizosa, El Hitler.

Un choque más tuvo lugar el 10 de mayo del 2001, en La Joya, una comunidad de Ia sierra sinaloense. Un grupo armado, enviado por los Arellano Félix, viajó de Mexicali para asesinar al presunto narco Javier Chávez, miembro del cartel de Sinaloa y gente ligada a El Chapo. Tres meses antes de estos hechos, el 15 de febrero, habían asesinado en Mocorito a Esteban Angulo Báez. Norberto Cervantes Audelo, Francisco Javier Sotelo Ayón y Omar Dalecio Cervantes Gastélum. Todos fueron amarrados de pies y manos y rafagueados por sus rivales. Ese era el estilo con el que los Arellano Félix calentaban la plaza rival.

Aunque lo cierto es que El Chapo Guzmán El Güero Palma y El Mayo Zambada no iban a la zaga en sus intentos por penetrar Baja California, particularmente Tijuana. Comandantes y policías al servicio de los Arellano Félix fueron ejecutados con la misma saña con que Ramón y Benjamín asesinaban a los sinaloenses. Entre 2002 y 2005 se contabilizaron más de mil asesinatos en ambas entidades, la mayoría relacionados con ci narcotráfico. En uno y otro estado aparecían cuerpos ensabanados, tirados en los basureros, en pleno centro de la ciudad, así como asesinatos en lugares públicos. Uno de los casos fue el del exsubprocurador de justicia de Tijuana, Rogelio Delgado Neri, en enero de 2004, cuando se encontraba en el interior del bar Ruben’s Hood, donde solía comer cada semana.

A Delgado Neri se le asociaba con el narcotráfico. En la investigación sobre su caso, que aún permanece abierta, se asienta que habría sido contactado por El Mayo Zambada, quien necesitabaaliados para penetrar Tijuana, aunque el funcionario se negó a brindarle protección. Otra línea indica que el jefe del grupo armado Los Zetas, Pedro Lazcano, El Lazca, fue quien ejecutó a Delgado Neri.

Los intentos de El Mayo Zambada por acaparar Tijuana y Mexicali fueron numerosos, tanto como los de los hermanos Arellano Félix por doblegar Sinaloa. Los meses posteriores a la ejecución del exsubprocurador los bandos se enfrentaron de nueva cuenta. El control de los territorios que les redituaban mayores ganancias en el tráfico de drogas los mantenía obsesionados. Cientos de sicarios murieron. Un día, harto de Ia lucha, Ramón Arellano reunió a sus hermanos y les dijo: Quiero mi parte, lo que me corresponde de herencia por todos estos años. Para él había llegado el momento de repartir la fortuna. Multimillonarios, los Arellano Félix han sabido colocar parte de su dinero invertido en bienes raíces, uno de los esquemas que mejor conocían para el lavado de dinero.

La encargada de esa labor era Enedina Arellano, la contadora del cartel, aunque la PGR sostiene que la familia de los Arellano Félix emplea también las casas de cambio como método para el blanqueo de divisas. Ese oficio fue desempeñado durante un tiempo, discretamente, por el tío Jesús Labra; hasta que en 2001 cayó en manos del Ejército mientras observaba un partido de béisbol en Tijuana. Hincado y rendido, fue aprehendido sin sobresaltos. No hubo un solo disparo.

Ante la petición de Ramón, la familia Arellano Félix sesionó y sus integrantes acordaron heredarlo. Tras recibir su parte, la entregó a su esposa. “vete al otro lado y cuida a nuestros hijos” le dijo al despedirla. Y prometió: Si todo me sale bien, te alcanzaré. Fue la última vez que se vieron. Ramón habla decidido jugarse la vida en su afán por asesinar a El Mayo Zambada en su territorio. Era una aventura harto difícil, de la que no saldría bien librado.

A principios de febrero del 2002, Mazatlán estaba de fiesta. El carnaval incendiaba a las masas. Ramón Arellano se preparó para matar o morir: abordó un viejo Volkswagen y tomó el camino de Tijuana hacia Sinaloa. Llegó a Mazatlán en pleno fragor carnavalesco. Armado con pistolas y rifles, iba en busca de uno de los Capos más fuertes del cartel de Juárez, que tenía amplios controles en el estado. El Mayo Zambada tenía oídos y ojos por todas partes. Todo lo sabía, virtud que le había permitido mantenerse en el poder, intocable.
Uno de sus sicarios le avisó que Ramón Arellano había pisado suelo sinaloense y que iba a su encuentro para asesinarlo. Lúdico, atemperado el ánimo, le tomó la delantera. Fue el 10 de febrero de ese año cuando Ramón Arellano cayó, abatido por las ráfagas de metralleta. Una lluvia de balas perforó su cuerpo, que quedó exangüe en el piso. Luego vino el trabajo de la policía de Mazatlán, para proteger a El Mayo Zambada. Los agentes realizaron su trabajo con pulcritud y causaron conmoción en la PGR, al hallar en los bolsillos de la víctima una credencial de esa dependencia que lo identificaba como Jorge Pérez López. Por momentos privó la confusión, pero agentes de la DEA se apresuraron a tomar muestras de sangre y confirmaron, antes que la PGR, que en realidad se trataba del más sanguinario de los jefes del cartel de Tijuana. Con esa ejecución se vengaba, al menos en parte, la muerte de cientos de sinaloenses que habían caído a manos de los hermanos Arellano Félix.

Lo cierto, en cualquier caso, es que Ia batalla entre ambas organizaciones ha tenido varias etapas; pero a través de varios lustros, las persecuciones han sido una constante que, conforme pasa el tiempo, aviva el odio de los contendientes.

En mayo de 1993, por ejemplo, los hermanos Arellano Félix emplearon todo su poder para asesinar a El Chapo Guzmán, a la postre protegido de El Mayo Zambada. Cegados por esa obsesión, contrataron a cientos de pistoleros para terminar con la vida del personaje que más daño les había hecho en su zona de influencia; estaban decididos a aniquilar esa amenaza. Pero ese intento les costó caro.

El día 23 de ese mismo mes, decenas de pistoleros y francotiradores se encontraban apostados en puntos estratégicos del aeropuerto internacional de Guadalajara, donde esperaban pacientemente la llegada de El Chapo. Concentrados en ese objetivo, les llamó la atención la súbdita irrupción, en el estacionamiento de la terminal, de un automóvil Grand Marquis. El chofer aún realizaba las maniobras para acomodar el vehículo cuando una lluvia de balas cayó sobre los dos ocupantes: los cuerpos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el propio conductor quedaron doblados en sus asientos. Fuego cruzado? ¿Confusión? Hasta ahora las dudas pesan sobre ese impune asesinato. Las investigaciones, inconclusas hasta Ia fecha, establecen que las bandas de los Arellano Félix y El Chapo Guzmán se enfrentaron y que el prelado fue tan sólo una víctima que nada tenía que ver con la balacera. Otra versión sostiene que Posadas Ocampo fue confundido con El Chapo, Sin embargo, la Iglesia tiene su propia teoría: que las balas iban dirigidas al cardenal. Como quiera que sea, el enredo sigue sin aclararse.

Meses después de los hechos, a consecuencia del asesinato del cardenal se desató una fuerte persecución contra ambos grupos de narcotraficantes; pero los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo fracasaron en sus intentos por detener a los hermanos Arrellano Félix, quienes, a su vez, respondieron con más violencia.


Lejos de debilitarse, el cartel de Tijuana se fortaleció con la incorporación de varios sicarios y la ampliación de sus dominios hacia el Distrito Federal y Michoacán. En este último estado se relacionaron con los hermanos Armando y Luis Valencia Cornelio, cabezas del cartel del Milenio. Por el contrario, El Chapo vio declinar su estrella, momentáneamente, al ser detenido en Guatemala, para ser de inmediato trasladado a México y recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, en 1993.

En la conducción del cartel de Sinaloa lo relevó de inmediato su socio: Héctor Luis El Güero Palma Salazar, pero no por mucho tiempo: en junio de 1995 sería igualmente detenido, en Guadalajara, en un operativo conjunto de la PGR y el Ejército. Esa vez fueron capturados varios de sus cómplices en Sonora, Nayarit, Sinaloa y Jalisco. Mala señal para la organización: la aprehensión de El Güero Palma se ejecutó a pesar de que tenía la protección de por lo menos una treintena de elementos de la PJF y de que el poderoso subdelegado de esa corporación en Jalisco, Apolinar Pintor, era su principal protector.

Atrás quedaba esa red de complicidades, esos gestos amistosos, como aquél en que escondió al narcotraficante en su casa durante varios días, recuperándose del accidente aéreo que sufrió cuando la avioneta en la que volaba de Ciudad Obregón hacia Guadalajara se desplomó en un poblado ubicado a cuatro kilómetros de Jalisco. Casi moribundo, El Güero Palma fué rescatado por unos lugareños, quienes lo llevaron a Tepic, donde fue ayudado por Manuel Barraza, operador de El Chapo.

Tras su captura, quedó al descubierto que la delegación de la PGR en Jalisco, a cargo de Hugo Piña Luna, constituía uno de los principales cercos protectores de El Chapo Guzmán. Para desbaratar ese entramado, alrededor de ciento veinte agentes federales asignados a esa plaza fueron concentrados en la Ciudad de México y sometidos a investigación, mientras personal del INCD tomaba las instalaciones de la delegación.
El Güero Palma era una figura destacada en el narcotráfico: era uno de los relevos de Félix Gallardo y al momento de su detención se le consideraba el cuarto capo más importante de México. Sus crímenes eran investigados en Sinaloa por la activista de los derechos humanos Norma Corona, quien presuntamente fue víctima del entorno criminal que ella misma indagaba.

A raíz de la detención de Félix Gallardo, de quien había sido lugarteniente, Palma Salazar rompió con él, en medio de fuertes diferencias por drogas y dinero, y a pesar de que Félix Gallardo lo había formado en todos los vericuetos del narcotráfico. Tan duro fué el enfrentamiento que Palma ordenó el asesinato de varios abogados de Félix Gallardo. Además, se le atribuían otros asesinatos, entre ellos el del ex procurador de Sinaloa, Rodolfo Álvarez Farber, acribillado el 28 de julio de 1993 en el Parque Hundido de la Ciudad de México, y el de Federico Benítez López, exdirector de Seguridad Publica municipal de Tijuana.

En su interrogatorio, El Güero Palma dijo tener treinta y tres años y estar casado con la sonorense Claudia Meza. Su domicilio: calle Nuevo León 532, en pleno centro de Ciudad Obregón. Nadie lo molestaba. Ante las autoridades declaró dedicarse a la ganadería actividad que le redituaba cincuenta mil pesos mensuales. Aunque fue acusado del asesinato del cardenal Posadas y por delitos relacionados con el narcotráfico, ocho años después de su detención.

La PGR aún no ha conseguido probar esos presuntos vínculos. En los tribunales, sus abogados han derrumbado, una tras otra, las más de diez acusaciones que se le imputan, de hecho permanece en prisión solo a petición de Estados Unidos, debido a que un juez ordenó su captura con fines de extradición, proceso que busca revertir a través de diversos recursos de amparo.

Sin embargo, los encarcelamientos de El Güero Palma y El Chapo Guzmán no pusieron fin a la guerra entre ambas bandas. La confrontación prevalece ahora por la disputa de la plaza de Nuevo Laredo: la joya de la corona.

Sacado del capítulo Narco rutas: El reparto, del libro “Los Capos” de Ricardo Ravelo, pág. 95-108.

Ricardo Ravelo, ”Los Capos: Las narco rutas de México.”Novena reedición; México, DEBOLSILLO, 2010. [Pág.234]

Expediente abierto: los últimos días de “El Lazca”
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Juan Alberto Cedillo
28 de junio de 2014


En abril de 2012, seis meses antes de su ejecución en Progreso, Coahuila, Heriberto Lazcano, El Lazca, estuvo a punto de ser capturado por elementos del Ejército. Por esas fechas había comenzado a interesarse por las minas de carbón y la organización criminal que encabezaba –Los Zetas– no tenía fisuras notorias. Todo iba bien con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, su socio. Pero éste terminó por delatarlo y llamó a los marinos para darles la ubicación de “un comandante de Los Zetas” y éstos lo ejecutaron el 7 de octubre de ese año. A partir de documentos y declaraciones oficiales de sicarios detenidos, Proceso reconstruye los últimos días de El Lazca.

PROGRESO, Coah. (Proceso).- El 7 de octubre de 2012 las escasas gradas del polvoriento campo de beisbol local estaban llenas. Alrededor de 80 personas animaban a los equipos de los ejidos de Aura y San Alberto que esa tarde se enfrentaban. Distribuidos a lo largo de un estrecho camino, los pobladores seguían el partido.

La zona deportiva se ubica a un costado de la Carretera 57, justo antes de traspasar un arco de concreto que anuncia la llegada al pequeño poblado, desértico como la mayoría de los que se encuentran en el norte del estado.

Al filo de las 15:00 horas, cuando apenas se habían realizado las primeras jugadas, una camioneta Ford blanca de doble cabina se estacionó a la orilla de la carretera. El conductor y su acompañante observaron el encuentro desde el interior del vehículo.

Quince minutos después varias camionetas de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) invadieron la localidad. Algunas llegaron por brechas, quizá para evadir a los halcones que trabajan para Los Zetas; otras lo hicieron por la estrecha carretera, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.

Los marinos se dirigieron a la camioneta blanca. Los dos hombres que se encontraban en ella abrieron fuego y mataron a un efectivo de la Semar. Sus compañeros respondieron y cundió el caos en el campo de beisbol. Aficionados y peloteros se dispersaron en todas direcciones. Los marinos intentaban reunirlos detrás del área del home para protegerlos, al tiempo que los dos hombres abandonaron la Ford blanca e intentaron huir.

Uno de ellos empuñaba un fusil de asalto AR-15 adaptado con un dispositivo lanzagranadas. Apenas avanzó 300 metros cuando fue alcanzado por los disparos de los marinos que se impactaron en su espalda y sus glúteos; cayó al lado de uno de los pedestales del arco que da la bienvenida a Progreso. El otro fue abatido ahí mismo.

La zona está lejos del municipio, pues para llegar a él se debe abandonar la Carretera 57 –que comienza en la Ciudad de México y termina en Piedras Negras– y recorrer un tramo de 22 kilómetros.

En la Ford blanca el Ministerio Público (MP) encontró un lanzacohetes con dos proyectiles hábiles, dos granadas de fragmentación, armas y municiones de diversos calibres.

Las “fuerzas especiales” del narco
11 de julio del 2014

De los expedientes sobre casos de militares reclutados por el narco resalta el caso del “capitán Tornez”, como se hacía llamar el sargento Francisco Tornez Castro, posiblemente el primer reclutador de kaibiles para la delincuencia organizada en México. Junto con él otro caso donde el hermetismo ha sido la norma, es el del cabo de fuerzas especiales Pedro Vázquez Torres, escolta del jefe de los Zetas Heriberto Lazcano, muerto en octubre del 2012 en Coahuila, y a quien desde aquella fecha se le perdió la pista.

México, 11 de julio.- Aquella era una operación donde se requería que todos los que iban a participar actuaran en coordinación perfecta. Al menos eso tenía en mente “el capitán” Francisco Tornez Castro cuando planeó aquel “golpe” contra una de las principales sucursales bancarias en Acapulco. Algo ocurrió en aquellos días del verano del 2001 que la operación se abortó. A la mera hora, contaría tiempo después el capitán Tornez, “los muchachos se echaron para atrás”.

Por esos días a finales del año 2001 Francisco Tornez Castro, antiguo subordinado del general Mario Arturo Acosta Chaparro y ex agente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), la antigua policía política del régimen priista, decidió aceptar el ofrecimiento que uno de sus viejos conocidos le había hecho desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su contacto le llamó por teléfono para decirle que en la frontera había un oficial del ejército de Guatemala, de nombre Salvador Rodríguez López, quien “ofrecía” sus servicios. Quería conectarse con las organizaciones del narcotráfico mexicano, para ello decía que en su currículum constaba su experiencia como miembro de las fuerzas especiales, los celebres kaibiles, conocidos como las “maquinas de matar” producto de esa mezcla de tropas de élite entre Rangers estadounidenses y Gurkas británicos.

Tornez trajo a Rodríguez López. Una vez en México el militar guatemalteco le contó sobre otros compañeros suyos que también estaban interesados en sumarse al grupo. El viejo comandante no lo dudó y se convirtió en uno de los primeros reclutadores de kaibiles para la delincuencia organizada en México. El capitán Tornez Castro contrató a 22 kaibiles para su organización. Con ellos realizó varios atracos. Meses después Héctor Beltrán Leyva, entonces encargado de la seguridad y de las operaciones del grupo de los hermanos Beltrán Leyva que operaba para la organización del Pacífico, le pidió apoyo para el grupo que se aprestaba a incursionar en Tamulipas al mando de su hermano Arturo Beltrán Leyva. Tornez le mandó a 17 de estos kaibiles y se quedó con cinco de ellos entre quienes estaba Rodríguez López.

Pasarían algunos meses y en noviembre del 2002, el mes en que los reflectores mediáticos se posaron en el Consejo de Guerra contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiros Hermosillo, acusados de narcotráfico, se conocían de manera públicas las declaraciones del sargento Marcelino Alejo Arroyo López, adscrito a Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), quien revelaba la infiltración del narco en el área más sensible de la secretaría de la Defensa Nacional encargada de combatirlo.

El sargento Arroyo decía que fue reclutado como informante para el narco por Pedro Bárcenas, un antiguo conocido quien se ostentaba como capitán retirado del ejército. Bárcenas fue quien lo metió a trabajar para “la empresa”, como se denominaba la organización que encabezaba Tornez y que hacia servicios de escolta, seguridad, obtención de información de las áreas de inteligencia y reclutamiento de militares para el narco. Arroyo declaró que él proporcionaba información de inteligencia a Bárcenas quien la hacía llegar a Tornez.

“Por lo general, cuando el personal de análisis del CIAN me hacia encargos para recabar información relacionada con domicilios, teléfonos, vehículos, identificar números celulares, entre otras cosas, yo clasificaba esa información y se la hacía llegar a Pedro Bárcenas, quien se la llevaba a sus superiores”, decía.

Semanas antes de estas declaraciones, en conferencia de prensa conjunta realizada el 22 de octubre del 2002, el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Gerardo Clemente Vega García, el Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha y el secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero, anunciaron el desmantelamiento de una amplia y sofisticada red de espionaje de “servidores públicos y ex funcionarios encargados de seguridad”, quienes estaban acusados de pasar información “secreta” a las organizaciones del narcotráfico. Se informó en aquel momento de 22 detenidos, encabezados por Francisco Tornez Castro, de quien se tenían antecedentes militares como sargento de paracaidistas.

En su expediente judicial se anotó que en 1968, el año de la represión estudiantil en Tlatelolco, Francisco Tornez Castro ingresó al ejército donde estuvo hasta 1975, cuando se fue de comisión al estado de Guerrero. En ese año tenía el rango de sargento primero de paracaidistas e iba bajo el mando de uno de sus jefes con el que había trabado buena relación, el entonces teniente coronel Mario Arturo Acosta Chaparro. Su misión, al lado de agentes de la Judicial Federal, la Judicial Militar, de la Dirección Federal de Seguridad, era acabar con los restos de la guerrilla de Lucio Cabañas que operaba en el puerto de Acapulco y la sierra de Atoyac. De esos años en Guerrero, su cercanía con Acosta Chaparro, su relación con mandos policiacos, Tornez tejió su red de intereses y contactos.

La PGR en un boletín del 28 de octubre del 2004 informaba que un tribunal unitario había ratificado la sentencia de 15 años de prisión por delincuencia organizada para “el capitán Tornez”, quien purga su condena en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Junto con el sargento Arroyo López, quien estuvo procesado por tribunales militares, Tornez fue acusado de explotar “información sensible” que entregaba a integrantes de la delincuencia organizada y jefes del narco como Ismael “el Mayo” Zambada, Vicente Carrillo Leyva y Arturo González Hernández, apodado “el Chaky”.

El mercado para desertores

La historia del cabo Pedro Vázquez Torres, quien ingresó al ejército en 1995 y realizó el curso de fuerzas especiales, podría pasar como una de tantas que en el año 2001 se caracterizaron por dejar al ejército para unirse a la delincuencia organizada. Solo que su caso está ligado muy de cerca a la actividad diaria que realizaba hasta poco antes de que se anunciara su fallecimiento, el antiguo Z-3, como se conocía a Heriberto Lazcano, jefe de los Zetas quien murió en octubre del 2012 en Coahuila..

La secretaría de la Defensa Nacional reservó la información sobre cursos, unidades y áreas en las que participó mientras estuvo en servicio activo el cabo Vázquez Torres. En una solicitud de acceso a la información la Sedena informó que el 1 de marzo DEL 2001 el cabo Vázquez Torres, integrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), “causó baja del servicio activo y alta en la reserva correspondiente”. La dependencia se negó a precisar cuáles fueron los cursos que realizó, qué tipo de preparación obtuvo y en qué unidades prestó su servicio.

De acuerdo a cuatro fuentes del ejército entrevistadas por separado, Vázquez Torres era parte de la escolta personal de Lazcano. El día en que infantes de marina lo cercaron en un campo de beisbol en la ciudad de Progreso, Coahuila, Lazcano se encontraba solo con uno de sus escoltas, de manera extraña no estaba acompañado por el cabo Vázquez Torres.

Las especulaciones días después de la caída del jefe de los Zetas, comenzaron a circular en blogs y foros sobre narcotráfico que recogen opiniones de personas que se encuentran en Tamaulipas. Varios dichos aseguraban que el cabo Vázquez Torres había sido uno de los encargados de servir como señuelo y en un momento determinado, hacerse a un lado para dejar que Lazcano fuera capturado. El oponer resistencia, por se dijo que ocurrió, era propio de su naturaleza de ex integrante del cuerpo de élite del ejército. Lazcano cayó abatido el 7 de octubre, días después su cuerpo fue robado de una funeraria en Sabinas, Coahuila.

Vázquez Torres acompañó a Lazcano por lo menos desde el año 2002, fue uno de sus operadores más hábiles y de todas las confianzas, resultó extraño que no estuviera con él el día que la marina lo iba a atrapar y se dio el tiroteo donde murió, señaló una de las fuentes consultadas.

La interrogante sobre si el antiguo soldado egresado de la Escuela de Fuerzas Especiales del ejército, con sede en Santa Lucía, Estado de México, fue quien “puso” a Lazcano, es algo que no se sabrá con precisión hasta que se le detenga, indicó otra de las fuentes. Son el tipo de casos donde la especulación forma parte de la propaganda que rodea un suceso así, no hay claridad y la información que existe muchas veces se utiliza para confundir, opinó otro de los oficiales militares consultados.

Hasta la fecha no se sabe el paradero del cabo Vázquez Torres, un elemento que en seis años obtuvo la preparación en fuerzas especiales que le granjeó la confianza del otro de los grandes reclutadores de desertores y militares que se dan de baja, Heriberto Lazcano. Lazcano fue también un cabo de fuerzas especiales al que en vida se le atribuyeron tantas cualidades que para muchos militares en servicio activo, no correspondían a su nivel y preparación.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

Narcos financian iglesia católica en México

Ciudad de México. Agencia AFP. | 7 abril de 2008


La Iglesia católica de México, el segundo país con más fieles en el mundo, está sacudida luego de que un alto dignatario admitió que los narcotraficantes son "muy generosos" con los pueblos en los que actúan y que algunas veces "construyen" hasta alguna capilla. Las declaraciones del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que agrupa a los obispos del país, Carlos Aguilar Retes, el viernes pasado, al clausurar la 85 asamblea plenaria del organismo, sobre el tema de los narcotraficantes y la supuesta labor social que realizan, causaron una infrecuente polémica pública al más alto nivel del Iglesia Católica. Sus afirmaciones volvieron a causar polémica en México, donde desde hace años hay dudas por las reuniones que sostuvieron los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, con el entonces representante del Vaticano en México, Girolamo Prigione. Incluso, la arquidiócesis primada de México, la máxima autoridad católica, manifestó su "rechazo absoluto" a las donaciones de narcotraficantes. El prelado reconoció que algunos narcotraficantes, a los que no identificó, se han acercado a representantes de la Iglesia católica, algunos en secreto de confesión, en busca de consejo porque desean cambiar de vida y encontrar la paz, aunque aclaró que no se recibe ninguna limosna por escucharlos. "Son muy generosos con las sociedades de sus pueblos habituales y, en general, meten la luz, ponen comunicaciones, carreteras, caminos, por cuenta de ellos. Son muy generosos y muchas veces también construyen alguna iglesia o una capilla", dijo Aguilar Retes. Aguilar Retes reconoció que la iglesia ha tenido acercamientos con narcotraficantes y propuso que en México se apruebe una ley similar a la de Colombia, en la que se protege la identidad de los traficantes de droga que quieran cambiar de vida. "Comentando con algunos obispos, podemos decirlo, porque no voy a romper ningún secreto, porque no diré nombres de obispos ni de narcotraficantes. Ha habido quienes se han acercado y pedido orientación sobre cómo hacer un cambio de vida", indicó el líder religioso al término de la reunión anual de la CEM. Aguilar Retes defendió estos acercamientos alegando que "la iglesia católica maneja una relación personal, totalmente confidencial, bajo secreto, que es la confesión". "El dinero que obtiene el narcotráfico es dinero sucio que de ningún modo se 'purifica' con actos piadosos", agregó, de su lado, el arzobispado mexicano en un comunicado. La Arquidiócesis de México condenó las acciones del narcotráfico, que "conducen cada año a la muerte de miles de personas en todo el mundo", y reiteró que para la Iglesia católica el dinero producto de esa actividad "es malhabido, por tanto no se lava en obras de caridad". En un comunicado, el vocero de la institución, Hugo Valdemar Romero, ratificó la postura de la Arquidiócesis y, en general, de la Iglesia católica, en el sentido de que "el narcotráfico es un pecado grave", cuyas ganancias son producto de "una larga cadena de muertes que mancha la conciencia de innumerables personas". La Arquidiócesis de México insistió, como lo ha hecho en otras ocasiones, en que el narcotráfico es "un grave pecado social", y que las diferentes actividades que involucra la producción y comercialización de drogas generan muerte, y atentan contra el quinto mandamiento. Por su parte, la Procuraduría General de la República rechazó el domingo investigar a los curas que aceptaron las contribuciones de los traficantes de droga. "El servicio que prestan es una cuestión similar al secreto profesional que ejerce un abogado", dijo un alto funcionario de la procuraduría al periódico La Jornada. Por su parte, un sacerdote de la arquidiócesis consideró este domingo que "la limosna que se coloca en las alcancías de la iglesia siempre es anónima, sí podríamos decir que algún narcotraficante podría dejar ayuda económica en una alcancía, pero es imposible saber quién fue". Las dudas sobre la relación de representantes de la iglesia mexicana con los capos de la droga surgieron en 1993, cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió en medio de un confuso enfrentamiento armado en el norte del país entre el cártel de Tijuana y el de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, actualmente prófugo.

El día que dos generales se balacearon
17 de septiembre del 2014

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La CIA, Camarena y Caro Quintero. Foto: Especial
A finales de los años 80 tropas de la novena zona militar enviadas desde Culiacán por quien entonces era el comandante, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, llegaron a Guadalajara para detener a Manuel Salcido Uzeta “el Cochiloco”, quien departía en una fiesta junto a otros capos como Félix Gallardo, quien era custodiado por militares de la 15 zona que entonces comandaba el general Vinicio Santoyo Feria. El choque entre los militares que lo defendían y quienes iban por su socio, es una de varias revelaciones que el reportero J. Jesús Esquivel hace en su libro “La CIA, Camarena y Caro Quintero. La historia secreta”, que empezó a circular por estos días. Es un episodio más en la historia de la guerra contra el narco donde dos jefes militares, hoy fallecidos, actuaban con intereses distintos.

México, 17 de septiembre.- Héctor Berrellez tenía un pedazo de asfalto con una bala incrustada a manera de trofeo sobre su escritorio. Decía que era recuerdo de un enfrentamiento donde murió un narco de Sinaloa que lo buscaba para asesinarlo. El antiguo jefe de la “Operación Leyenda” lanzada por la DEA a finales de los años 80, para aclarar el asesinato de uno de sus hombre, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, fue uno de los primeros indignados con la liberación de Rafael Caro Quintero, ocurrida en agosto del 2013, y a quien se acusó de ser el autor del homicidio. Cuando el corresponsal en Washington de la revista Proceso, J. Jesús Esquivel comenzó a publicar una serie de reportajes sobre el tema, le contó que mientras estuvo en México participó en varias operaciones donde ocurrió de todo. Incluso, un enfrentamiento a mediados de 1988 entre tropas de la novena zona militar de Culiacán, que entonces comandaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, y soldados de la 15 zona que encabezaba el general Vinicio Santoyo Feria, quien durante aquel sexenio había sido brazo derecho del secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui, en su papel de jefe de Estado Mayor, y después como jefe de la comandancia militar de Guadalajara, Jalisco.

Berrellez tenía aquel pedazo de asfalto en su oficina de California donde recibió en varias ocasiones a Esquivel. Durante sus charlas le contó que tenía muy buena relación con el general Gutiérrez Rebollo, ya que en aquel 1988 ya había sido agente de la DEA en Puerto Vallarta. Su relación personal con el comandante militar en Sinaloa era de amistad y confianza, decía. “Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero también nos ayudaba mucho Gutiérrez Rebollo”, recuerda Esquivel que le dijo el hoy agente retirado.

Por aquel entonces Gutiérrez Rebollo estaba molesto y muy lastimado porque un grupo de pistoleros de Manuel Salcido Uzeta, conocido como “el Cochiloco”, habían asesinado en la carretera que va de Mazatlán a El Rosario al mayor Lorenzo Gorostiza Castro, su compadre, quien en otro tiempo había sido director de la Policía Judicial del estado. Berrellez relató al corresponsal que el general Gutiérrez Rebollo lo mandó citar en Mazatlán en las instalaciones de la zona militar. “Me pidió un favor: que le pusiera al Cochiloco”.

La DEA tenía gente infiltrada con los capos Manuel Salcido y Miguel Ángel Félix Gallardo quienes junto a Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno, formaban la cúpula de la organización de tráfico de drogas que desde finales de los años 70 había hecho de Guadalajara su centro de operaciones.

La historia que contó Berrellez al reportero Esquivel se encuentra en su libro “La CIA, Camarena y Caro Quintero. La historia secreta”, que recién comenzó a circular este mes de septiembre en librerías. Se trata de uno de los mayores eventos en la guerra del ejército mexicano contra el narco, donde dos distinguidos jefes militares de la época, ambos muy apreciados por el general Arévalo Gardoqui, se enfrentaron por causas que tiempo después generarían sospechas sobre hasta dónde el narcotráfico se infiltró en el ejército en aquel momento.

Berrellez relató que el plan fue citar a Salcido en Mazatlán, el puerto sinaloense considerado uno de sus bastiones, donde le dijeron que le pasarían una información. Un infiltrado hizo contacto el capo quien se negó a viajar, prefirió que el encuentro se realizara en Guadalajara y acordaron que se haría en el hotel Plaza del Sol. Para el operativo en la capital tapatía, el general Gutiérrez Rebollo mandó un grupo de militares que iban al mando del entonces teniente Horacio Montenegro. El oficial no ocultó sus temores, le comentó al comandante de la novena zona que si el general Vinicio Santoyo se enteraba que militares ajenos a su zona estaban operando en Jalisco, el caso se iba a poner peor. “Que te valga madre, tú ve y rómpele su madre”, le contestó el general a Montenegro”, escribió Esquivel.

El día y la hora de la cita acordada Salcido no llegó, mando un representante quien dijo ser también portavoz del capo Félix Gallardo. El enviado de apellido Morales solicitó al infiltrado, quien llevaba micrófonos en la ropa, que le diera la información pues “el Cochiloco” se encontraba en una fiesta en la casona de los Pinos, donde solían reunirse los mandos de la organización. Cuando se percataron que Salcido no iría, el teniente Montenegro le pidió a Berrellez que detuvieran al enviado para interrogarlo sobre lo que pasaba en esa reunión. El autor escribió que los militares que llegaron de Sinaloa estaban muy nerviosos porque tenían información de que el general Vinicio protegía a Félix Gallardo. “Tenían miedo de que se diera un enfrentamiento de militares contra militares”.

Detuvieron a aquel individuo quien en principio se negó a darles información a los enviados del general Gutiérrez Rebollo. Tras un severo interrogatorio, el tipo habló, les dijo que Félix Gallardo, “don Neto” Fonseca Carrillo y “el Cochiloco” estaban reunidos en la casona de los Pinos.

Cuando los enviados de Gutiérrez Rebollo se dirigieron al lugar, pasaron por Plaza del Sol, entonces el teniente Montenegro le dijo a Berrellez que se quedara, que la cosa “se pondría muy fea”, y que era mejor que aguardaran a que el operativo finalizara.

“En los Pinos hubo una gran balacera. Se enfrentaron militares de Gutiérrez Rebollo con militares de Santoyo Feria y con la gente de Félix Gallardo y el Cochiloco. El reporte que nos dieron los militares a la DEA fue que el Cochiloco y Félix Gallardo se habían escapado. En la refriega en los Pinos estuvieron el Chapo, el Mayo, el Güero Palma y otros pistoleros. Cayó el Cuquío quien era jefe de seguridad de Félix Gallardo”, escribió Esquivel.

Tiempo después Berrellez se enteraría por voz de un militar que estuvo en aquella refriega, que el general Vinicio detuvo en los Pinos al “Cochiloco” y a Félix Gallardo. El testimonio de aquella doble captura y liberación se dio también años más tarde ante un juez federal de California. El militar como informante de la DEA declaró que el general Santoyo Feria llevó a los dos detenidos a la secretaría de la Defensa Nacional, donde mediante el pago de 5 millones de dólares cada uno, los militares los dejaron ir.

Al año siguiente Félix Gallardo sería detenido por su compadre, el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni. Y en enero de 1991 Manuel Salcido caería abatido por múltiples heridas de bala en un ataque en su contra en una céntrica avenida de Guadalajara.

La CIA como precursora del tráfico de drogas

Esquivel cuenta en entrevista que la idea del libro surgió porque Héctor Berrellez, que guarda un tesoro testimonial y documental sobre la “Operación Leyenda”, lo contactó a raíz de la liberación de Rafael Caro Quintero, y le dijo que faltaba alguna información sobre la historia de febrero de 1985, cuando se dio la muerte de Enrique Camarena, y que tras la liberación del capo había escrito para la revista Proceso. Comenzaron a revisar documentos, y Esquivel se percata que hay mucho material que se puede publicar, y por cuestiones de espacio no precisamente en la revista, entonces surgió la idea del libro.

“Se trataba de revelar con más detalle la participación de la CIA en el trasiego de drogas en México en los años 80, con tal de financiar a la Contra nicaragüense con armas a través del mismo cartel de Guadalajara, que los ayudaba a cruzarlas por la frontera norte, y que usaran al cartel de Guadalajara como chivo expiatorio para cubrir la participación de la CIA en el secuestro, tortura y asesinato de Camarena”, comenta.

Esquivel explica que tras su investigación, quedó claro que la participación de la CIA fue fundamental como principal impulsora, para que la organización de Guadalajara empezara a traficar los cientos de toneladas de cocaína como lo hicieron en esos años. Incluso, de acuerdo a investigaciones de “Operación Leyenda”, documentos clasificados, y las declaraciones de uno de los pilotos contratados por la CIA, el cartel de Guadalajara utilizó esos mismos aviones donde traían armas para meter cocaína a los Estados Unidos. Eran los primeros años de la década de los 80 cuando empezaba la relación de los mexicanos con los carteles colombianos a través de Juan José Esparragoza Moreno, “el Azul”, quien era el contacto de la organización asentada en Guadalajara. La CIA facilitó que los aviones con droga aterrizaran en bases militares estadounidenses y evitar cualquier contratiempo. El personaje clave de la Agencia Central de Inteligencia era Félix Rodríguez, un cubano sobre quien el autor reúne testimonios en su libro de su participación en el interrogatorio a Camarena cuando fue secuestrado por órdenes de Caro Quintero y de “don Neto”.

“A Camarena no se le iba a matar, la intención era interrogarlo, precisamente para detener cualquier fuga de información a Washington que revelara la mano de la CIA en el tráfico de drogas y en el tráfico ilegal de armas hacia Nicaragua. Lo que descubrió ‘Kiki’ Camarena fue la participación de la CIA. Berrellez supervisor de Operación Leyenda y encargado de investigar el homicidio, dice que Camarena no tuvo nada que ver con el rancho el Búfalo, (incautado en noviembre de 1984 en Chihuahua donde se decomisaron más de dos mil 500 toneladas de mariguana), pues era un agente más. Entonces se pacta levantar a Camarena con la CIA, con Félix Rodríguez, quien era el representante de la CIA en ese momento en su relación con los carteles, para interrogarlo para saber hasta dónde había informado a Washington del papel de la CIA. Lo que ocurre es que cuando lo llevan a la casa de Lope de Vega, en Guadalajara, Caro Quintero que estaba drogado, según testigos protegidos, le asigna a uno de sus sicarios más sanguinarios, el Güerón, quien le da una calentada al agente de la DEA. Y como también estaba drogado, lo reventaron, empezó a brincarle en las costillas y lo reventaron, lo golpearon muy feo. Cuando llega Ernesto Fonseca Carrillo a la casa de Lope de Vega se da cuenta de que ya no hay manera de salvarlo, él si entiende la magnitud del problema que se habían echado encima, por eso tiene el enfrentamiento verbal con Caro Quintero en esa casa, incluso lo abofetea y es cuando traen al doctor Humberto Álvarez Machaín para ver si lo puede revivir. Esa versión de que lo estuvo reanimando para que aguantara mas tortura, no fue cierto, se dieron cuenta que ya Camarena no iba a vivir por la golpiza que le dio el Güerón”.

Berrellez, quien ha escuchado las grabaciones que existen sobre aquel interrogatorio, y los testigos protegidos con los que Esquivel habló para su libro, le aseguraron que Félix Rodríguez estuvo en el interrogatorio. Y una de las preguntas más frecuentes del cubano-americano era con quién había hablado Camarena en Washington. En esos años la Guerra Fría estaba en su apogeo, y los verdaderos intereses de Washington eran detener la influencia soviética en la región y no parar el narcotráfico, dice Esquivel. “El narcotráfico tomó otra dimensión a partir de que la DEA empezó a investigar los lazos que tenía el cartel de Guadalajara con el poder y descubre esa gran maraña de corrupción que tenían al servicio a militares de alto rango, políticos y no se diga funcionarios del estado de Jalisco”.

La trama oculta que queda al descubierto, dice el autor, es el trasiego de drogas como un asunto colateral, que le daba ganancias al cartel de Guadalajara y le daba ganancias a la propia CIA para sus intereses en Centroamérica. Lo único que le interesaba a la CIA era que las armas que metían por la frontera norte a México llegaran a la Contra en Nicaragua, y que además los narcos les permitieran utilizar sus propiedades como aquel rancho en Veracruz, donde se entrenaban guerrilleros de la Contra de manera clandestina a través de Félix Rodríguez.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor
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La CIA, los generales, el narco
18 de septiembre del 2014

La CIA, Camarena y Caro Quintero. Foto: EspecialMéxico, 18 de septiembre.- ¿Quién es quién?. Aquí algunos rasgos biográficos de ciertos personajes que aparecen en el libro “La CIA, Camarena y Caro Quintero. La historia secreta”, obra escrita por J. Jesús Esquivel corresponsal de la revista Proceso en Washington y que por estos días ya circula en librerías.

Héctor Berrellez, fue agente de la DEA en los años 80 en México. Tras el asesinato de su colega Enrique Camarena Salazar, fue designado jefe de la “Operación Leyenda”, lanzada por la agencia estadounidense para dar con los autores del homicidio.

Félix Rodríguez Mendigutía, cubano de nacionalidad estadounidense, fue el encargado de la CIA en México para operar el tráfico de armas hacia Centroamérica a la Contra nicaragüense. Fue también personaje clave para el ingreso de cocaína que traficaba el cartel de Guadalajara en aquellos años con apoyo de la agencia. Quedó identificado en el libro como el principal interrogador de Camarena, antes de que las torturas a las que fuera sometido le provocaran la muerte.

Ernesto Fonseca Carrillo, “don Neto”, uno de los fundadores de la organización de Guadalajara de tráfico de drogas. Nacido en Santiago de los Caballeros, Badiraguato, Sinaloa, en 1932, está preso desde 1985 acusado narcotráfico y de coparticipar en la muerte de Camarena.

Rafael Caro Quintero, oriundo de La Noria, Badiraguato, era considerado pieza fundamental en la muerte de Camarena. Su historia se volvió en punto de inflexión en la cultura del narco en México desde que en 1984 fuera señalado como uno de los principales capos. Se le atribuyó la propiedad del legendario rancho el Búfalo, en Jiménez Chihuahua, donde en noviembre de ese año la policía judicial federal y el ejército decomisaron más de dos mil 500 toneladas de mariguana. Tras la muerte de Camarena en febrero de 1985 huyó a Costa Rica, llevando consigo a la joven Sara Cossio, sobrina del entonces dirigente del PRI en el DF, Guillermo Cossio Vidaurri, lo que provocó un “mini escándalo” en la sociedad tapatía. Fue detenido en marzo de aquel año, estuvo preso casi 29 años en diferentes penales de máxima seguridad y en agosto del 2013, quedó en libertad. Desde entonces tiene orden de captura con fines de extradición.

Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado el jefe de la primera organización mexicana transnacional de tráfico de drogas cuyo auge no se explicaría sin el apoyo que tuvo de la CIA. Fue agente de la policía judicial de Sinaloa de donde fue reclutado como escolta por Leopoldo Sánchez Celis, el primer gobernador civil del estado. Fue detenido en 1989 y desde entonces se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Manuel Salcido Uzeta, alias “el Cochiloco”, nacido en el poblado de San Juan del municipio de San Ignacio, en la zona serrana del sur de Sinaloa, fue uno de los primeros jefes del tráfico de drogas que se unió al grupo de Fonseca Carrillo y Félix Gallardo. Controló Mazatlán y la región sur sinaloense y era el encargado de las “relaciones públicas” desde los años 70 con políticos y militares. Murió asesinado a tiros en una céntrica avenida de Guadalajara en enero de 1991.

Juan José Esparragoza Moreno, conocido como “don Juan” por sus pares colombianos y como “el Azul” por sus colegas mexicanos. Nació en Huichopa, poblado del municipio de Badiraguato, fue brazo derecho de Félix Gallardo con quien se unió luego de formarse en el clan de los hermanos Juan José y Emilio Quintero Payán, socios de “don Neto” y parientes de Caro Quintero. Su perfil es el de un capo negociador, que rehúye a los reflectores, y quien predica el buen desarrollo de los negocios por encima de la violencia, la cual solo acostumbraba a usar en casos necesarios. Las versiones sobre su posible muerte en junio del 2014, despertaron suspicacias pues el gobierno de México y las agencias estadounidenses no han podido corroborarlo.

General de división Vinicio Santoyo Feria, inició el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) como jefe de Estado Mayor de la Defensa. Fue enviado tiempo después de comandante de la 15 zona militar con jurisdicción en Jalisco y cuartel en Guadalajara. Reportes de inteligencia militar, testimonios recogidos en varios libros, y varios episodios documentados, lo vinculan con el narcotráfico durante aquellos años. Murió de un paro cardiaco mientras se desempeñaba como comandante de la 26 zona militar en Veracruz.

General de división Jesús Gutiérrez Rebollo, en aquellos años era comandante de la novena zona militar con cuartel en Culiacán y jurisdicción en Sinaloa. Condecorado por el secretario de la Defensa Nacional Juan Arévalo Gardoqui por su lucha contra el narcotráfico, infiltró a varios de sus hombres en células del narco para obtener información sobre rutas, operadores y casas de seguridad. Tras su paso en Sinaloa llegó a Guadalajara donde estuvo varios años primero como comandante de la zona y después de la tercera región militar. Fue detenido en 1997 acusado de brindar protección al capo Amado Carrillo Fuentes, un hombre al que capturó en 1989 y envió a la cárcel donde estuvo poco tiempo. A al paso de los años fue absuelto de los cargos que se le imputaron. Murió en el hospital central militar en diciembre de 2013.

General de división Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional (1982-1988) en los años del despegue del narco en México. Su nombre salió a relucir en el juicio por el caso Camarena en una corte de California donde se le acusó de estar involucrado con el narco. El hecho motivó un rechazo del gobierno de México que consideró las imputaciones dolosas y sin sustento. Para algunos de sus contemporáneos fue un militar “noble e integro”, para otros fue “el general de la eterna sospecha”. Murió en mayo del año 2000.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

GUERRERO EN LLAMAS: CÓMO INICIÓ EL FUEGO

Humberto Padgett - octubre 11 de 2014 - 0:05
INVESTIGACIONES, MÉXICO, TIEMPO REAL - 18 comentarios

Guerrero arde y el fuego ha sido atizado sin descanso desde la década de los setenta del siglo pasado, cuando el gobierno mexicano dio un rudo manotazo a la insurgencia izquierdista y ordenó su aniquilamiento a costa de lo que fuera en la sierra guerrerense, por ahí mismo donde los estudiantes de la Normal Ayotzinapa fueron detenidos por la policía de Iguala y luego –falta la formalidad de la confirmación– al crimen organizado.
La historia no es nueva, sino que se ha repetido con el aún Gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, descendiente directo de los Figueroa, la casta política que se alió al ejército en la masacre de comunistas a la vez que el Estado, representado en la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca construía los cimientos del crimen organizado mexicano, el mismo que arrebató y arrebata piel, ojos y vida a los mismo muchachos que se atreven a decir al gobierno: “¡Ya no más!”.
Con base en expedientes judiciales aún clasificados, SinEmbargo presenta la evolución de la política criminal de Guerrero, donde hoy está posado el ojo del huracán de eso que bien podría llamarse el “Narcoestado mexicano”.

P R I M E R A P A R T E
Imagen: Especial

Pancho y Perico compartían un par de cosas: ambos habían pertenecido al ejército, los dos se hacían pasar aún por capitanes y los dos tenían modos de vender inteligencia militar al narco. Imagen: Especial

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– Durante los últimos dos años, los mexicanos han presenciado el descenso de la información oficial relacionada con el crimen organizado. En oposición a la estrategia de medios de Felipe Calderón Hinojosa, la administración de Enrique Peña Nieto ha optado por silenciar las balaceras que aquí y allá continúan los cárteles en guerra.

Los boletines de prensa con las vinculaciones entre policías y grupos del crimen organizado se han tornado escuetos. Fuera de México, se supone o se acepta publicitar, la sangría mexicana llega a su fin.

Pero los días de plomo y sangre no terminan. Ni la existencia de sicarios pagados por el Estado con la ventaja para asesinar que les otorga el uniforme y la charola. No es raro y, si se habla de Guerrero, lo es menos.

Si se quiere encontrar una vena gruesa en el cuerpo de la narcopolítica mexicana, una que de manera vigente y abundante nutra de sangre el presente mexicano, se debe ir a las cañadas de Guerrero y seguir a los cazadores de comunistas.

La manera de entrar a esa vena es con el proceso penal 2491/2005 instruido por el Trbinual de Justicia Militar al que SinEmbargo acceso; la documentación se continúa en otros varios expedientes empleados por este medio para armar el rompecabezas cuya imagen muestra, en una misma toma, a los grupos del narcotráfico en Guerrero y a la clase política que, durante décadas, no ha cesado de reprimir, asesinar y enterrar de manera tumultuaria a alumnos, maestros y campesinos disidentes del régimen político.
***

El procesado y sentenciado sargento Marcelino Arroyo López causó alta el 21de noviembre de 1987 como policía militar. Dos años y medio después, en enero de 1990, ingresó a la Policía Judicial Militar, donde recorrió toda la escala: inició como cabo policía militar, siguió como agente con el mismo rango y, poco después, lo ascendieron a sargento segundo escribiente. Estuvo en esa corporación hasta septiembre de 1995.

Arroyo quedó adscrito al Centro de Inteligencia Antinarcóticos, oficina dependiente de la secretaría particular del secretario de la Defensa Nacional, entonces Enrique Cervantes Aguirre, designado en ese cargo por el Presiente Ernesto Zedillo.

Marcelino Arroyo coincidió en el CIAN con Pedro Bárcenas, Capitán Perico, de quien se hizo compadre y quien luego desertó para integrarse al Cártel de Juárez.

Arroyo operó en una rústica estructura de inteligencia en la que los reportes eran entregados por escrito, a manera de informes o, en casos de emergencia, dictados por teléfono a Bárcenas. Éste informaba a Francisco Tornez Castro, El Pancho, quien reportaba a Arturo Hernández González, El Chaky, jefe de sicarios de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos.

El sargento segundo escribiente obtenía información cuando los analistas del CIAN le comisionaban recabar datos de domicilios, números telefónicos fijos o celulares o vehículos. Tras clasificarla, la entregaba a su contacto.

¿Qué clase de información entregaba el sargento Arroyo al narcotráfico?

Mes y medio antes de la detención de Arroyo, el cártel se inquietó. Se rumoraba de una oleada de cateos a las casas de El Mayo Zambada en Culiacán, Sinaloa.

–¿Sabes si hay personal trabajando en Sinaloa? –preguntó Perico a Arroyo.

–Sí. Hay una base de trabajo de aquí, de la oficina [del Distrito Federal], en Sinaloa. Va un capitán al mando –respondió el militar activo.

–¿Cómo se llama?

–Es un capitán segundo de zapadores.

–¿Es el que lleva el asunto del Chaky?

–Ese asunto lo lleva el teniente de arma blindada de apellido Ornelas.

–¿Quién está de jefe de cubículo del Cártel de Juárez?

–El capitán Ornelas.

Perico aseguró que buscaría al capitán encargado de la investigación en Sinaloa para sobornarlo. Arroyo no supo más. No debía saber nada más. Era sólo una de varias piezas.

El flujo de datos era permanente. Nombres de adversarios o socios de Juárez eran entregados en condición de incógnita a los militares y volvían al cártel con domicilios, números telefónicos y detalles de las investigaciones en su contra.

Otro ejemplo. A Perico le urgía tener información sobre un capitán aviador diplomado del Estado Mayor infiltrado por el Cártel de Juárez, pero integrado a otra célula. Competencia interna. Arroyo escuchó atentamente en la oficina. Se encontró con el tema y anotó todo en una libretita.

Reportó: “Me dijo que la revisaría con su patrón, pero que lo más interesante para ellos era toda la información relacionada con el Cártel de Juárez y, particularmente, con El Chaky”.

Era una maraña de espías contra espías. En otra ocasión, Arroyo López fue buscado por Perico. Le advirtió sobre un teniente de infantería que anteriormente estuvo en el CIAN. Le describió su auto y domicilio. Se debían cuidar de él: estaba empleado por otro cártel.

Bárcenas también proporcionó dos sobrenombres: El Yeyo y El Chacho, gente de Osiel Cárdenas Guillén, entonces capo del Cártel del Golfo. Había guerra. El tamaulipeco había mandado matar al Chaky. Y esos apodos eran de dos de los sicarios que iban tras la vida del jefe de sicarios de Juárez, cabeza de la red de informantes de Amado.

El sargento Arroyo nunca conoció personalmente al Chaky, sólo las referencias que de él hacían Pancho Tornez y Perico como “el patrón”. Arroyo, en el escalafón más bajo del cártel, cobraba directamente de la mano de Capitán Perico en las estaciones del metro Panteones, Normal o Cuitláhuac.

Él mismo dio los detalles: “En tres años recibí dinero en 25 ocasiones. Las cantidades iban desde 500 a mil dólares”.

Así de barato.
***

¿Ante la deslealtad a las armas había lealtad al narcotráfico? En su declaración ante el Ministerio Público Militar, Arroyo López deja claro que tampoco. El sargento también actuaba como correo para la entrega de sobornos a otro militar antinarcóticos, Pedro González Franco, quien causó baja de esa área por reprobar un examen de polígrafo –se entiende que Marcelino sí aprobaba ese filtro de seguridad– y, en vez de despedirlo, se le trasladó a la Zona Militar de Toluca, en el Estado de México.

Pero los sobres a su favor seguían llegando. Pedro Bárcenas, Perico, recomendó a Arroyo quedarse con el dinero. “Me dijo que yo aportaba más datos para la organización y que tenía derecho a cobrarlo”, se justificó el sargento segundo.

Los beneficios que dio Arroyo fueron más allá de la entrega de datos. También participó en el reclutamiento de más informantes. Uno de ellos fue el propio González Franco, a quien se reclutó por tener acceso a información del Cártel de Tijuana.

El CIAN se divide o dividía en módulos de análisis para cada cártel de las drogas.

A González Franco le pidieron antecedentes de Fabián Martínez, El Tiburón, jefe de los Narcojuniors, cuerpo de sicarios y contrabandistas de clase media y alta reclutados por los Arellano Félix durante la década pasada. El Chaky “se lo quería chingar”, aclaró González Franco al ministerio público.

“En otra ocasión que regresé a Tijuana, el sargento Marcelino me dijo que Pedro [Perico] le había comentado que necesitaban información del Metro. Después regresé a mi base en Tijuana y por esas fechas agarraron a Alcides Ramón Magaña, narcotraficante del Cártel de Juárez”.

El Metro, quien a la muerte del Señor de los Cielos se apoderó del control del tráfico en la región sureste del país, fue detenido en 2001.

“[Luego] me dijo Perico que su compadre Pancho, Francisco Tornez, me mandaba dinero. Sacó un periódico que llevaba doblado con 5 mil dólares y que era por el trabajo para que aprehendieran al Metro. Un premio para nosotros, ya que con la captura del Metro se les había quitado un peso de encima”.

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un boletín de prensa cuando, en 2007, el traficante fue condenado en definitiva a 47 años de prisión en 2007:

“Con esta sanción [...] Durante la administración del presidente Felipe Calderón, el gobierno de México refrenda su compromiso de aplicar la ley con todo vigor y energía en contra de cualquier manifestación de la delincuencia organizada”.
EL MAYO ZAMBADA
Imagen: Especial

Marcelino Arroyo coincidió en el CIAN con Pedro Bárcenas, Capitán Perico, quien luego desertó para integrarse al Cártel de Juárez. Aunque no se tienen datos detallados de cómo ocurrió, Arroyo se convirtió en informante del crimen organizado. Imagen: Especial

El asunto de los espías del cártel de Juárez detonó el 19 de octubre de 2001, cuando una patrulla del ejército circulaba por un camino de terracería en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

Los soldados observaron dos camionetas, una Suburban roja y GM negra granito, ambas con vidrios polarizados. Las siguieron y en segundos el seguimiento se hizo persecución. Quienes llevaban las camionetas frenaron en seco, las abandonaron y huyeron a pie.

Los militares revisaron los vehículos y encontraron 60 mil 400 dólares y 34 mil 400 pesos. También un anillo de oro blanco con nueve incrustaciones de piedras preciosas, una pulsera de oro de 14 quilates, dos bolsas con 34 gramos de cocaína y nueve estuches para el polvo o periqueras. Además, tres cuernos de chivo, una pistola Colt con las cachas grabadas con figuras de tiburones y cientos de balas, siete teléfonos celulares y uno satelital. Y, finalmente, documentos a nombre de Jerónimo López Landeros.

La camioneta negra granito, que resultó blindada, era propiedad de Javier Torres Félix. Su esposa se presentó al Ministerio Público para reclamar la devolución del vehículo y aseguró que su marido era agricultor y ganadero.

Torres Félix era un viejo conocido de la policía. En la tierra de El Mayo se le tenía como su lugarteniente y sólo fue asunto de revisar los expedientes.

A finales de mayo de 1997 Torres Félix fue detenido en Cancún, Quintana Roo, con otros tres traficantes y 380 kilos de coca empaquetada en plástico transparente y hule amarillo. Sin embargo, Torres Félix resultó absuelto, salió de prisión al año y reanudó la operación para los Carrillo Fuentes en un momento en que, debe quedar claro, personajes hoy identificados plenamente en el bando de Sinaloa mantenían operación para Juárez.

Esto, antes de dos hechos fundamentales para el presente del narco mexicano: la muerte de Amado Carrillo y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, con quien luego se alinearía El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, entre otros.

Como con cualquier trabajo, una de las ventajas de ser un narco viejo es ir y venir por los cárteles con una gruesa agenda de contactos en el bolsillo.
***

En junio 2001, los agentes de la Federal de Investigación que siguieron el caso y dieron fe de los objetos encontrados en las camionetas de Cosalá reportaron otras cantidades de dinero: 70 mil 400 pesos y 20 mil dólares.

Reiteraron que entre los documentos encontrados había una licencia de conducir a nombre de Jerónimo López Landeros, cuya fotografía era, en realidad, la imagen de El Mayo Zambada.

No fue el único papel con el pseudónimo del Mayo.

Se encontró una tarjeta blanca enmicada impresa con la oración “H. Ayuntamiento del municipio de Durango 1998-2001” y un escudo. Tenía escrito a máquina:

“El portador de la presente, Ing. Agrónomo Jerónimo López L me ha sido recomendado ampliamente, por lo que pido a los elementos de la dirección de Seguridad Pública de Vialidad que, en caso de cualquier incidente en que se vea involucrado, antes de proceder en su contra, se comuniquen con el suscrito”. Lic. Raúl Obregón A. [director general de la Policía Judicial del estado], una firma ilegible, un sello en color azul y en la parte inferior un lema: “Durango, tarea de todos”.

Otro hallazgo importante fue el de los teléfonos celulares, propiedad de Javier Torres Félix, el segundo de El Mayo Zambada en ese momento.

Uno de los números mantenía comunicación con otro a nombre de Karla María Monge Corral, con domicilio en apartado postal 28, Culiacán, Sinaloa, propiedad del gobierno del estado de Sinaloa.

Desde este teléfono, a su vez, se establecía contacto frecuente con un teléfono fijo registrado a nombre de María Teresa Zambada Niebla, hija de El Mayo, en la colonia Colinas de San Miguel, en Culiacán.

También por las conexiones telefónicas se ubicó otra casa en Las Quintas, misma ciudad, a nombre de Miriam Patricia Zambada Niebla y Mónica del Rosario Zambada Niebla. Los policías vigilaron, preguntaron a los vecinos y pronto apareció el nombre Ismael Zambada Niebla, El Vicentillo.

En esta casa había alrededor de 15 vigilantes y desfile permanente de las Suburban, las Gran Cherokee y las Cheyenne sin placas, nunca detenidas por los retenes semifijos de la Policía Ministerial, la Policía Estatal Preventiva y Policía Intermunicipal.

Todas las residencias quedaron bajo vigilancia. Los agentes anotaron:

“El 3 de junio de 2002 arribó un convoy de las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, así como un vehículo Hummer del ejército mexicano y cuatro patrullas de la Policía Ministerial, Estatal y Preventiva. Del domicilio salió un hombre de 28 años y 1.75 metros. Moreno claro, complexión regular y cabello corto. Platicó con los elementos y luego regresó a la casa. La patrulla se fue”.

También se vigiló al menos una casa a la que vieron llegar, en una Ford Lobo Harley, a Édgar Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Se le siguió al Tec de Monterrey, unidad noroeste, en donde estudiaba.

Los mismos teléfonos incautados dejaron bien clara la relación entre El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán. Las llamadas de uno de esos aparatos conectaban con Griselda López Pérez, entonces esposa de El Chapo y socia de un restaurante de comida china en la calle Álvaro Obregón del centro de Culiacán.

Los federales siguieron las pistas de los teléfonos. Encontraron uno más en la colonia Las Flores, en Ciudad Lerdo, Durango. Pero esta línea estaba desviada a otra casa en la misma ciudad a donde llegaba un hombre al que todos reverenciaban y llamaban El General.

Otros teléfonos registraban comunicación con varias casas de Culiacán y la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, con domicilios en Carretera Internacional Norte 1207, Venadillo, Mazatlán, cuya principal accionista es Rosario Niebla Cardoza, exesposa de El Mayo Zambada.

“La señora Ana María Zambada García –hermana de El Mayo– registra comunicación con el número telefónico perteneciente a Karla María Monge y, a su vez, éste con el que está a nombre de José Luis Castro Soto, personas que registra comunicación con el ingeniero Domingo Silva Monter”.

El ingeniero Silva sería pieza clave en la investigación para desarticular a los infiltrados. Silva vendía equipo de comunicación e intercepción de llamadas directamente al cuerpo de seguridad de El Mayo. A la vez tenía relación con la célula de contrainteligencia compuesta por militares y exmilitares subordinados al Chaky.

Tras los seguimientos que se hicieron de los teléfonos de Torres Félix y las casas con que mantenían comunicación, la policía federal dibujó la red completa.

La descripción del hombre de 28 años coincidía con la de El Vicentillo, primogénito de El Mayo, cuya primera esposa e hijas fueron ubicadas perfectamente de manera física en ese momento y luego ubicadas por agencias mexicanas y estadunidenses como principales lavadoras de dinero del capo sinaloense. Estaba dada la posibilidad de capturar a familiares de El Chapo presuntamente participantes de sus actividades ilegales.

TRAICIÓN POR DOS MIL PESOS
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Francisco Tornez Castro, conocido como el Capitán Pancho, tenía como tarea combatir los restos de la guerrilla de Lucio Cabañas, muerto en 1974. Imagen: Especial

Si es cierto lo dicho por Iván Castro Sánchez o Pedro Bárcenas –la autoridad civil y militar creyó en su declaración del 13 de octubre de 2002–Comandante Perico, conoció en la neblina de tabaco y sudor del bar Pacífico, en el Distrito Federal, a un hombre que lo llevó ante Francisco Tornez.

Pancho y Perico compartían un par de cosas: ambos habían pertenecido al ejército, los dos se hacían pasar aún por capitanes y los dos tenían modos de vender inteligencia militar al narco.

Perico compraba la información a los militares del CIAN y luego entregaba los datos a Pancho Tornez. Al inicio de la relación recibía 2 mil ó 3 mil pesos; al final, hasta 2 mil dólares por reporte.

Las relaciones descritas por el militar desertor abarcaban generales. Uno de ellos fue Guillermo Álvarez Nahara, exdirector de la policía judicial federal.

“Lo fui a ver en compañía de Venancio Bustos, exmilitar –también con pasado en Inteligencia Antinarcóticos del ejército–, y Carlos Águila, agente federal de investigaciones en activo. Fuimos a ver al general porque existe el rumor que lo iban a nombrar titular de la PFP. Lo visitamos en sus oficinas ubicadas a un lado del Banco del Ejército, pero el general nos dijo que ni siquiera sabía la existencia de ese rumor.

“También recibo llamadas a mi celular de Adrián y El Brandon, quienes trabajaron anteriormente en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN)”.

Otra muestra de que Perico no sólo incorporó militares en activo a las filas de Juárez es Rubén Escalante Camarillo, El Lobo, quien inició carrera en las armas en 1993 asignado como auxiliar de administración en el Campo Militar Uno de la Ciudad de México, donde conoció a Marcelino Arroyo López y a Perico.

En 1996, El Lobo se empleó en una empresa relacionada con recursos humanos que era propiedad de la familia de Miguel de la Madrid como chofer escolta de los hijos del expresiente –uno de ellos, Enrique, fue designado por el Presidente Enrique Peña Nieto como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior–. Perdió el trabajo el día en que la familia expresidencial dejó México y se asentó en Europa.

Lobo ingresó al CISEN como agente investigador. Salió en 2000 de manera directa a la Policía Federal Preventiva donde estuvo adscrito como suboficial, hasta su detención, en octubre de 2002, a la Dirección General de Operaciones Especiales.

Desde ahí sirvió al Cártel de Juárez. Formalmente apoyaba el cumplimiento de órdenes de aprehensión del fuero común y del federal. Entre las revelaciones aportadas por El Lobo están los detalles sobre un cateo masivo previsto por la PFP en Culiacán.

Perico fue también quien advirtió de la inminente persecución contra Javier Torres Félix, a quien se le imputó una masacre de 12 personas en Sinaloa.

Las infidencias de los militares no sólo actuaban a favor de la seguridad de los líderes del Cártel de Juárez. Perico declaró que Arturo Hernández González, El Chaky, ofrecía dinero por la muerte de Osiel Cárdenas Guillén, el excapo extraditado del Golfo.

En la libretita con espirales de Perico, los policías encontraron un par de direcciones de Paseos de Churubusco y Polanco, en el Distrito Federal. En ambas se leía un nombre, escrito con su propia mano: Osiel. Los domicilios eran las oficinas de Cárdenas Guillén en la capital. Le fueron proporcionados por Marcelino Arroyo y terminaron en manos de Francisco Tornez.

Otro nombre investigaba Perico en la red de infiltrados. Le fue anotado por Francisco Tornez en un trozo de papel de estraza: “Jerónimo López Landeros Mayo”, uno de los seudónimos con que las agencias estadunidenses identifican al Mayo Zambada.

EL CAZADOR
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Pancho era un hombre de relaciones. Entre sus amigos estaba Julián Marín Ávila, jefe de la policía motorizada de Seguridad Pública de Chilpancingo, Guerrero. Imagen: Especial

Francisco Tornez Castro también se llamó Víctor Manuel Llamas Escobar. Pero le gustaba más ser el Capitán Pancho.

Ingresó al ejército mexicano en el complicado 1968, año de la represión en Tlatelolco, y causó baja en 1975 con el grado de sargento primero, cuando se adhirió al grupo ENLACE –así lo identificó en su declaración– como miembro de la Policía Judicial de Guerrero.

En ese grupo, puntualizó, participaban elementos de la PGR, la Policía Judicial Militar, la Policía Estatal de Guerrero y la Dirección Federal de Seguridad. Su función era combatir los restos de la guerrilla de Lucio Cabañas, muerto en 1974.

Pancho entró por recomendación de un general sin mayor trascendencia y recomendado por el entonces teniente coronel Arturo Acosta Chaparro, director de la Policía Judicial y Seguridad Pública en Guerrero durante los años de la Guerra Sucia.

ENLACE, pues, fue una denominación de la Brigada Blanca. A Tornez le tocó seguir al segundo en mando después de Lucio Cabañas. Al año y medio dejó la Brigada Blanca de manera formal y se convirtió en policía judicial de Durango gracias a la recomendación, ésta vez, del propio Acosta Chaparro.

Como judicial de Guerrero, Tornez conoció a los hermanos Gustavo, Alfredo, Manuel y Otoniel Tarín Chávez, todos de la máxima confianza de Acosta Chaparro. También a Germán Bello Salgado, sargento segundo del ejército quien, al poco tiempo se convirtió en comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Cuando la DFS desapareció en 1985, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena por órdenes de Ernesto Fonseca –bajo cuyas órdenes inició carrera en el narcotráfico El Mayo Zambada–y Rafael Caro Quintero dadas a agentes de la misma policía política, el comandante Bello se mudó con mismo cargo a la Policía Judicial Federal hasta 1997, cuando fue dado de baja por un delito no especificado en el expediente de la justicia militar.

Ese mismo año era ya “el secretario particular de El Chaky”, según Pancho Tornez quien, para hablar con el jefe de sicarios de El Señor de los Cielos, antes debía hablar con Bello y a éste le reportaba toda la información recolectada por la red de militares, agentes del CISEN, de la Federal Preventiva, de la Fiscalía de Delitos contra la Salud y de las judiciales estatales a los que Juárez tuvo en su nómina entre mediados de los 90y mediados de esta década.

“También conozco a Juan Parra Cortés. Es mi amigo y me presentó a Perico. También fue quien me consiguió la credencial de la Secretaría de la Defensa que me acredita como policía judicial militar. Es amigo del general Acosta Chaparro.

“Y a Jaime Delgado. Es subsecretario de Seguridad Pública en Acapulco, Guerrero, ya que fue chofer de Acosta Chaparro y es a quien llamo para cuestiones de licencias y trámites administrativos”, declaró Tornez ante el ministerio público federal.
***

El Capitán Pancho vivía bien, al menos a su entender. Tenía dos mujeres con relaciones fijas lo que, explicó Perico, le impuso la necesidad de tener dos nombres.

Nunca dejó de presentarse como capitán del Ejército, aun cuando ni sus novias lo vieran alguna vez uniformado. Decía estar comisionado en alguna operación que le imponía dejar el uniforme en el clóset. Tenía cuatro casas en Cuernavaca, otra rentada en el DF y un departamento también alquilado en la ciudad de México y, además, cuatro vehículos, incluidos una camioneta 4×4 y un Trans Am.

Empleaba una cocinera de Guerrero y su chofer era un exmilitar dado de baja por violación sexual.

El Capitán Pancho tenía su caballo en el club hípico de Santo Tomás Ajusco, donde también solía montar el director de la Dirección Federal de Seguridad comprado por el narco, José Antonio Zorrilla Pérez, y era propietario de un rancho de borregos.

Pero Pancho era sobre todas las cosas un hombre de relaciones. Entre sus amigos estaba Julián Marín Ávila, jefe de la policía motorizada de Seguridad Pública de Chilpancingo, Guerrero.

“Me ayudó a causar alta en esta corporación como oficial comandante, donde recibo un sueldo de 4 mil pesos mensuales sin acudir a trabajar. Mi amigo Julián Marín se encarga de que me pasen lista. Únicamente me presento en las quincenas para cobrar mi sueldo.

Así, utilizaba a la vista una pistola escuadra grande de cargo en su calidad de comandante de la policía de Chilpancingo y se ocultaba una pequeña calibre .25.

“Marín me invitó a financiar la campaña política de su compadre Gonzalo Gallardo como candidato del PRI a la presidencia municipal de Copala, Guerrero. A cambio me daría todas las obras públicas de ese municipio. Aporté 300 mil pesos”, confesó Pancho Tornez 12 de octubre de 2002.

Ante la perspectiva del gran negocio de ser contratista de gobierno, Tornez compró maquinaria para la construcción.

Pero Gonzalo Gallardo perdió en aquel momento. Hoy es el alcalde de Copala.

No hay espía sin libretita. La de Tornez era una agenda dorada con el logotipo de Mexicana de Aviación. Los nombres en el cuadernillo incluían a Agustín Montiel López, exdirector de la Policía Judicial en Morelos, y a Humberto Fernández, custodio de la penitenciaría de Cuernavaca.

Otro apunte decía simplemente “Granados”.

El exmilitar perseguidor de comunistas explicó: “Corresponde al general Luis Enrique Granados Alamillo. Lo conozco porque fue mi comandante en la brigada del ejército en 1970; a la fecha le sigo hablando, porque fue mi padrino de bodas”.

Granados fue cuarto paracaidista en la historia de la aviación mexicana y amigo personal de otro general, Mario Arturo Acosta Chaparro.

En junio 2001, los agentes de la Federal de Investigación que siguieron el caso y dieron fe de los objetos encontrados en las camionetas de Cosalá reportaron otras cantidades de dinero: 70 mil 400 pesos y 20 mil dólares.

Reiteraron que entre los documentos encontrados había una licencia de conducir a nombre de Jerónimo López Landeros, cuya fotografía era, en realidad, la imagen de El Mayo Zambada.

No fue el único papel con el pseudónimo del Mayo.

Se encontró una tarjeta blanca enmicada impresa con la oración “H. Ayuntamiento del municipio de Durango 1998-2001” y un escudo. Tenía escrito a máquina:

“El portador de la presente, Ing. Agrónomo Jerónimo López L me ha sido recomendado ampliamente, por lo que pido a los elementos de la dirección de Seguridad Pública de Vialidad que, en caso de cualquier incidente en que se vea involucrado, antes de proceder en su contra, se comuniquen con el suscrito”. Lic. Raúl Obregón A. [director general de la Policía Judicial del estado], una firma ilegible, un sello en color azul y en la parte inferior un lema: “Durango, tarea de todos”.
***

Los contraespías eran espiados. Entre mediados de septiembre y mediados de octubre de 2002, la Agencia Federal de Investigación interceptó cientos de llamadas entre Perico y Pancho Tornez, entre éste y Germán Bello, así como de personajes secundarios.

Una de las intervenciones registró el diálogo entre Capitán Perico y Capitán Pancho, Francisco Tornez, sobre dos colombianos de quienes habían hablado en conversaciones anteriores.

Perico: Son dos hermanos. Te voy a platicar de dónde procede este pedo. ¿Te acuerdas que hace como mes y medio, o dos meses, agarraron a dos viejas en un avión con 2 millones de dólares?

Pancho: Ajá.

Perico: Al parecer una era vieja de este cabrón. Y estos güeyes están relacionados con una organización que está trabajando en Hermosillo, Sonora. ¿Te acuerdas que me habías dicho que había unos güeyes muy bravos, que estaban ahí?

Pancho: Ándale, sí.

Perico: Estos güeyes son, pero resulta que de este lado todo el pedo lo hizo la AFI. Pero ahorita están relacionando a estos dos cabrones con El Minino –como en clave se referían a El Azul; en otras ocasiones, en referencia a la misma persona, la transcripción consigna el apodo Mi Niño–.

Pancho: Sí.

Perico: Entonces están movilizando gente porque son más de 200 casas de estos güeyes.

Pancho: ¡Hijo de la c******a! ¿Tanto?

Perico: Doscientas veintitantas, ¿eh? No están encausadas todas, porque, pues, tú sabes, el p****e MP no autoriza o el juez no autoriza los cateos ni nada.

Pancho: ¡Ajá!

Perico: Entonces mira: el nombre es Juan Diego Espinoza Ramírez y su hermano Mauricio con los mismos apellidos – repite para que Tornez tome nota.

Pancho: Ajá.

Perico: Bueno, la esposa de Juan Diego se llama…

Pancho: Sí…

Perico: Sandra…

Pancho: Sí…

Perico: Ávila.

Pancho: Sí…

Perico: Beltrán –pronunció el exmilitar el nombre de la Reina del Pacífico.

Pancho: Sí…

Perico: Esta p****e vieja está atorada. Se sabe que todas las casas son de ella. Están a su nombre y tiene varios nombres. Pero yo los sacaría ya. Estos cabrones estaban trabajando sin pedo alguno y andaban muy recio…

Pancho: Muy recio.

Perico: Al primer güey, a Juan Diego, le dicen El Tigre.

Pancho: ¿Entonces cuando empiezan?

Perico: Los asuntos ya empezaron, pero hay muchos pendientes que tiene que avalar el juez. No es tan fácil, pero están esperando.

Pancho: Bueno.

Perico: A todos los relacionan con El Mayo Zambada.

Pancho: ¡Hummmmu! Te encargo mucho. Estate al pendiente, estate al pendiente de los otros asuntos.

Perico: Sí. Y lo que sigue es Guadalajara.

Sandra Ávila Beltrán, sobrina del viejo capo Miguel Ángel Félix Gallardo, y su novio El Tigre –a quien conoció por medio de Ignacio Coronel, el único capo de Sinaloa muerto durante los últimos tres sexenios– serían capturados hasta finales de septiembre de 2007 en el centro comercial de San Jerónimo, en la Ciudad de México.

La Agencia Federal de Investigación grabó una llamada entre Francisco Tornez, Capitán Pancho, y el Comandante Bello.

Pancho: ¿Dónde anda ese hombre? –preguntó por el Chaky.

Bello: No está ‘orita.

Pancho: Mire, pa’ que tome nota, a ver si estos muchachos son de la empresa.

Bello: Permítame…

Pancho: Juan Diego Espinoza Ramírez, El Tigre, y su esposa Sandra Ávila Beltrán. Al parecer a ella ya le hicieron su fiesta. Y el hermano de Juan Diego es Mauricio.

Bello: ¿Cuándo le hicieron la fiesta?

Pancho: No se sabe, pero a estos dos se la van a hacer mañana o pasado en Hermosillo y de ahí se vienen a Jalisco. Ya están los muchachos allá para llevar a cabo la pachanga. Entonces los muchachos quieren saber si son gente de allá, de la misma empresa de nosotros o no, para que dejen trabajar a estos muchachos.

Bello: ¿Entonces van a hacer la fiesta en Hermosillo y Guadalajara?

Pancho: Entonces, pero los están relacionando con gente dl Minino. Al parecer sí, pero ellos quieren saber porque quieren meter trabajo ellos. Ya están allá y van con gente de la AFI.

Bello: ¿Ah, sí?

Pancho: Y quieren saber si son gente de la familia, si es la empresa, pues, ¡para que les avisen ustedes que les van a hacer su fiesta! Y si no son, pues, callados van a trabajar.



***



Pancho: Aquí los muchachos se van hoy y mañana, se van muchos guachos. Puros de inteligencia… militar. Yo ahorita acabo de hablar con el capitán que va al mando.

Bello: ¿De hoy y mañana sale gente o llega gente?

Pancho: ¡Llega genta allá ya pa’ reventar! Hoy y mañana porque el lunes van a reventar. Una de las casas que van a reventar… está la señora del Mayo. ¡Sáquenla!

Bello: ¿Entonces es el domicilio de la señora?

Pancho: Sí, uno de los domicilios, ¿se acuerda de los tres domicilios que le mandé?

Bello: Mmmjm. Pero no dicen qué domicilio es…

Pancho: ¡No! ¡No! ¡No dicen!

Bello: Permítame tantito, que estoy cuadrando aquí bien.

Pancho: ¡Sí, sí! Y van a reventar el lunes. ¡El lunes!

Bello: ¡El lunes!

Bello: ¿La esposa del Nino [sic], verdad?

Pancho: ¡Sí! Bueno, yo acabo de hablar con el capitán. Ahí le va el nombre del capitán que va al mando. Va el capitán Ornelas. Yo ya hablé con él y me dijo que nos dan chance de abandonarlo todo. Pero va reforzado por el general brigadier, anótelo ahí, director de la Policía Judicial Federal Militar [se omite nombre]. Este general llegó la semana pasada de un curso en Colombia.

Bello: ¡Uhmmmm!

Pancho: Entonces al tiro porque vienen bien reforzados. Van perros, ¡no hay tregua aquí! ¿Eh? Ahorita con el único que pude hablar fue con el capitán. Me mandó a llamar tempranito.

Bello: ¡Uhmmmm!

Pancho: Me dijo: “Mira, quiero que lo hagan hoy mismo, que abandonen todo porque no sea que el p****e general se vaya a calentar y quiera empezar a catear desde el domingo, desde mañana”.

Bello: ¡Hey!

Pancho: Pero él mismo va a trazar la gente para que no se cateé mañana, [que] se cateé hasta el lunes, pero dijo que no quiere que corramos riesgos. ¡Trata de hacerlo hoy mismo, cabrón!
***

Marcelino Arroyo fue quien informó que su oficina había colocado vigilancia al capitán Salvador Ortega Barrera, piloto de la Fuerza Aérea adscrito a la Dirección de Erradicación de la PGR.

Salvador también colaboraba, aunque en otra nómina, para el mismo Cártel. Ortega Bernal, según el conjunto de declaraciones, proporcionó la primera alerta a Javier Torres Félix, lugarteniente de El Mayo Zambada, de que sus casas en Culiacán serían cateadas y seguramente confiscadas por la policía.

El asunto trascendió y fue motivo de otra conversación entre Pancho y Bello.

Pancho: Ustedes deben tener un amigo, gente del Mininio.

Bello: ¡Sí!

Pancho: Un capitán piloto aviador de la Fuerza Aérea…

Bello: ¡Ajá!

Pancho: Salvador Ortega Bernal. Le doy todos los datos. A este capitán le agarraron la llamada dando información a la gente de allá. ¡Cuidado! Ya le pusieron cola y se lo van a chupar.

Pero quienes tardaron años en ser “chupados” fueron los hijos de El Chapo y de El Mayo, cuya red de lavado de dinero, encabezada por sus hijas es vigente hasta hoy, según la DEA.



COLGADOS

Domingo Silva Montaner, ingeniero de profesión, dedicó toda su vida al espionaje. Primero lo hizo para la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política que desapareció cientos de disidentes y guerrilleros durante los 70, y luego para el Cártel de Juárez.

Uno de los teléfonos encontrados en las camionetas de Cosalá mantenía comunicación con otro celular de la zona metropolitana de la Ciudad de México a nombre suyo con domicilio en la colonia Portales del DF, que coincidía con la dirección de la empresa Enlaces de Comunicaciones.

Los agentes federales de investigación también probaron su relación directa con la empresa Comunicaciones Culiacán. Y, para entonces, ya estaba relacionado mediante intercepciones telefónicas con Germán Bello, secretario particular del Chaky y Pancho Tornez.

“Por medio de las investigaciones realizadas se sabe que el Ing. Domingo Silva es quien proporciona asistencia técnica y el equipo de comunicaciones a Ismael Zambada por medio de sus empresas”, reportaron los policías.

Domingo Silva era una parte fundamental en la organización de inteligencia del cártel, tanto que los infiltrados recibieron la consigna de ubicar su expediente en la PGR y desaparecerlo.

Según Francisco Tornez, la averiguación previa estuvo disponible gracias a una agente del ministerio público federal de nombre Leticia Gutiérrez, quien solicitó 30 mil pesos por entregar el documento.

“Le llamé al Chaky para comentarle de esta situación. Me contestó el comandante Germán Bello y me dijo que los mandara a la c******a, porque ellos tienen gente más cercana que podía conseguir el expediente”, declaró Tornez.

Fuentes:

*Causa penal 2491/2005 llevada por el Tribunal Superior de Justicia Militar

*Expediente 564/05 abierto por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales abierto contra Javier Torres Félix

*Causa penal 99/2002-D del Juzgado Tercero de Distrito con Sede en Culiacán, Sinaloa, abierta contra Domingo Silva Monter

*Expediente integrado por la DFS a partir de actividades y análisis de Mario Arturo Acosta Chaparro. Documentos depositados en el AGN y obtenidos mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

*Expediente integrado por la DFS a partir de actividades y análisis de Francisco Quiroz Hermosillo. Documentos depositados en el AGN y obtenidos mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Recuerdos represivos: terror, insurgencia y la guerra del narco

Por: Tamaulipas3.0 / 14 enero, 2015


Dawn Paley

Posted in Colombia, En español, Guatemala, Mexico by dawn on 14/01/2014

Aquí la traducción de un articulo que escribi por Occupied London el año pasado. Para ver más fotos, visita la página de SubVersiones. Por Dawn Paley. Traducción: Nicolás Olucha Sánchez. Fotografías: Heriberto Paredes.

En 2010 y en 2011 varias granadas de mano explotaron en los ayuntamientos de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, cuatro localidades fronterizas mexicanas en el estado de Tamaulipas.

Las piezas no comenzaron a encajar hasta que conocí a Francisco Chavira Martínez en 2011. La primera vez que quedamos propuso que fuéramos a comer a un restaurante de Reynosa conocido por sus huéspedes de altos vuelos. Camareros con esmoquin a lo pingüino iban y venían con bandejas mientras las demás mesas estaban, en su mayoría, ocupadas por hombres mayores. Chavira hablaba en voz alta y sin miedo. Entrevisté al menos a doce personas más, pero Chavira fue el único de todos los entrevistados que permitió que su nombre real fuera utilizado.Se señaló al crimen organizado como autor de las explosiones, concretamente a miembros de los Zetas o del Cártel del Golfo. Visité la zona a comienzos de 2011, intentando averiguar qué podría estar conduciendo a grupos de delincuentes a enfrentarse a los gobiernos locales que, a efectos, están bajo su control.

Los gobiernos locales “utilizan lo que es los roba-carros para todo aquel que esta en contra de ellos, les mandan a robar su carro, los ladrones de casa, los ladrones domiciliarios que le llaman, entran a robar tu casa para espantarte, los narcotraficantes, que los utilizan ellos como una forma de que la gente tenga miedo, para que no participes, para que no alces la voz, para que no estés en contra del gobierno, incluso se mandan ellos mismos a tirar granadas a las presidencias municipales”, relató Chavira.[1]

Quizá vio mi incredulidad reflejada en el rostro. Todavía no había captado la mecánica del terror y los intereses a los que sirve. “¿Por qué?” Se preguntó a sí mismo, para hacer una pausa acto seguido. “Para que la gente se asuste y no vaya a exigir a la presidencia, ni exijas transparencia de las cuentas publicas, en qué se gastan el dinero, por que si no, si lo hago, me van a matar, me van a meter una granada.” Meses después de nuestra entrevista, Chavira, candidato del Partido Revolucionario Democrático (RPD), presuntamente de carácter izquierdista, fue arrestado bajo falsas acusaciones y encarcelado hasta que pasaron las elecciones, un episodio que él describió como un “secuestro legalizado” por parte del Estado.

La segunda vez que me reuní con Chavira fue dos años después, en 2013. Nos encontramos casualmente frente a la puerta de la embajada estadounidense en México D. F. en una manifestación organizada por familiares y amigos de migrantes que trabajan en los Estados Unidos sin papeles. Nos dirigimos a una cafetería cercana y le hice una pequeña entrevista. Mientras íbamos de camino se maravillaba de poder caminar tranquilamente por la calle sin miedo, algo impensable en su ciudad de origen.

Las palabras que Chavira me brindó en aquel encuentro requieren una pequeña introducción. La versión oficial de la guerra del narco o guerra contra las drogas, la cual, los gobiernos y los medios de comunicación no paran de repetir una y otra vez, es que la guerra que hay en México es entre los malos (los traficantes de drogas) y los buenos (la policía y el ejército, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea). Según esta versión de los hechos, los “malos” siguen la siguiente estructura jerárquica: en lo alto de la pirámide están los capos o señores de la droga, luego vienen los generales o jefes de seguridad, los cuales protegen al jefe y sus zonas; después vienen los jefes de plaza, jefes locales que se encargan de una zona fronteriza en particular o de una zona de distribución concreta.

Esta versión (que es la principal) es lo que yo llamo el discurso sobre la guerra entre cárteles. Este discurso posee unos rasgos reseñables: confianza casi exclusiva en las fuentes de información gubernamentales y/o estatales, creencia en que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario y que hay víctimas que se ven envueltas en tráfico de drogas y una amplia percepción de que los policías implicados en actividades delictivas son la excepción y no la norma, y que más presencia policial aumenta la seguridad.[2]

Hace algo más de dos años que comencé a informar e investigar sobre las diferentes facetas de la transformación que vive México, que en mi opinión es una especie de contrarrevolución y una prolongación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se lleva a cabo mediante un intenso proceso de militarización. Una vez que uno analiza las consecuencias sociales y económicas de la “guerra del narco”, las versiones oficiales de lo que sucede dejan de tener sentido casi por completo. Dichas versiones tratan de oscurecer la dinámica real en lugar de arrojar luz. Lo que aprendo de gente como Chavira es lo que me permite conocer lo que realmente sucede en este México en guerra.Lejos de posibles miradas, en el balcón del patio trasero de un café-librería en la zona de la manifestación en México D. F. (justo frente a la embajada de los Estados Unidos), Chavira era de nuevo como aquel hombre al que eliminaron de la escena y enviaron a prisión. De hecho, se las arregló para vivir buenos momentos los ocho meses que estuvo encerrado, trabajando con otros convictos para mejorar su situación y colaborando para que los niños que viven en prisión con sus padres puedan tener una infancia lo más normal posible. Pregunté a Chavira si podía explicar cómo la guerra del narco interactúa con el Estado mexicano. “En mi punto de vista, yo opino que el verdadero delincuente, el verdadero capo en México es el Presidente de la República, y los gobernadores lo son en sus respectivo estados, y los jefes de plaza vienen siendo los alcaldes”, me dijo Chavira. “Por que todos llegaron con financiamiento de su campaña, con dinero de procedencia ilícita”.

Hablamos durante un rato más sobre toda la situación en general: migración, víctimas (él considera que el número oficial de víctimas derivadas de la guerra del narco desde 2006, el cual oscila entre 60.000 y 70.000, representa tan sólo una fracción de las víctimas totales), y sobre nuestras propias vidas. Tal y como la primera vez, la conversación acabó y yo tenía todavía más preguntas sobre la guerra, pero también tenía la férrea convicción de dar lugar a otras perspectivas y voces de la guerra en México era una tarea urgente e importante.

Terror y el plan hemisférico

Lo que está sucediendo en México en la actualidad encuentra un precedente importante en otro lugar del hemisferio: Colombia. Hay motivos para afirmar que lo acontecido en Colombia es un precedente de la “guerra del narco” que existe hoy en México. Para entender el México actual hay que comprender el papel de Colombia a partir del año 2000 tras el Plan Colombia y las inversiones multimillonarias que el gobierno estadounidense realizó en el país con el telón de fondo de la guerra contra las drogas en aquel país.

El Plan Colombia concluyó oficialmente en 2006, al año siguiente la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan México, se puso en marcha. En 2008, los Estados Unidos dieron paso a la Iniciativa Regional de Seguridad Para América Central (Plan América Central) y en 2010 a la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (Plan Caribe). Estas iniciativas tienen como punto en común la militarización de la policía local, estatal y federal, así como un mayor despliegue de efectivos policiales y del ejército para combatir (en teoría) a los productores de drogas, traficantes y vendedores.

La historia nos muestra que los índices de tráfico de drogas con destino a Estados Unidos no descendieron significativamente tras la aplicación del Plan Colombia.
En mi ensayo de 2012, “El capitalismo narco”, mencionaba que la aplicación del modelo del Plan Colombia en México y otros lugares no tiene tanto que ver con luchar contra las drogas sino con una mejora de condiciones para las inversiones de capital extranjero y favorecer la expansión del capitalismo.[3]

Pero cuando se trata de utilizar la represión y el terror como herramienta en México, las tácticas empleadas por el aparato represivo del Estado van mucho más allá de la experiencia colombiana, pues se abastecen de generaciones de soldados estadounidenses y de otras potencias mundiales. [4]

En este contexto, considero que las situaciones previas de contrainsurgencia vividas en Centroamérica en general y en Guatemala en particular, donde Estados Unidos prestó apoyo, son de máxima importancia para entender los acontecimientos en México y en la región actualmente. Aunque no haya conexión aparente con la situación actual de México, estos conflictos deben ser considerados como parte de la memoria represiva puesta en marcha para lanzar la llamada “guerra del narco” en México, Centroamérica y otros lugares.

Tal y como expresa Laleh Khalili en su obra sobre Palestina y la contrainsurgencia, “oficiales y solados rasos, tecnologías de control y recursos no solo viajan a través de colonias y metrópolis sino que, además, lo hacen entre diferentes colonias bajo el mismo poder colonial y entre diferentes metrópolis coloniales mediante las cuales burócratas y élites militares estudian e intercambian técnicas y se informan sobre los métodos de control más efectivos”.[5]

Hay algunos visos de continuidad entre las guerras (incluidos genocidios) perpetradas en Centroamérica en los años 70, 80 y 90 que pueden observarse en el México actual. Por ejemplo, se ha identificado que las granadas utilizadas por los Zetas en sus ataques en México datan de los años 80, cuando los Estados Unidos las vendieron al ejército de El Salvador. [6] Otro indicador que conecta la guerra que azotó durante 36 años a Guatemala con la situación actual son los kaibiles, las fuerzas de élite del país, cuyos miembros fueron responsables de masacres atroces en su momento y que en la actualidad continúan activos como fuerzas especiales del gobierno y como miembros de grupos criminales. [7]

Además de estos ejemplos concretos, muchas de las prácticas para infundir terror utilizadas por ejércitos como el de Guatemala han resurgido en México y Centroamérica a manos de grupos criminales. En la guerra actual, la “guerra del narco”, la violencia desplegada contra civiles, especialmente los más pobres y los migrantes, viene de tropas oficiales y uniformadas, así como de otro tipo de grupos no oficiales como cárteles u otros grupos paramilitares.

La primera acepción de terror del New Oxford American Dictionary define esta palabra como “miedo extremo: la utilización de dicho miedo para intimidar a personas, especialmente por motivos políticos; terrorismo”. Los asesinatos en masa y la exposición pública de cadáveres es un ejemplo de técnica de terror, practicada durante siglos, por parte del gobierno y otros grupos no oficiales, a menudo escudados por la imposición de un régimen económico y político. El terror desempeña un papel específico para asegurar el control sobre el pueblo.

“En todas sus formas, el terror está diseñado para destruir el espíritu humano. Ya sea en Londres con el nacimiento del capitalismo o en el Haití actual, el terror infecta el imaginario colectivo, propiciando un surtido de demonios y monstruos”. [8] Tanto si se trata de cadáveres expuestos al público o cortados en piezas y apilados en una autopista o de explosiones y masacres que dejan docenas de víctimas civiles, México ha vivido una serie de episodios escalofriantes desde que el antiguo presidente Felipe Calderón iniciara la guerra del narco en diciembre de 2006.[9]

La desaparición es otra de las técnicas utilizadas contra civiles y activistas en México, donde al menos 26.000 personas (según datos de marzo de 2013, desde entonces esta cifra puede muy probablemente haber aumentado) han desaparecido desde el año 2006. [10] Es una práctica extendida en Centroamérica (la desaparición de activistas políticos se inventó presuntamente en Guatemala), Colombia y otros lugares. La desaparición es una táctica de terror selectiva perfeccionada por los ejércitos de Centroamérica, los cuales raptan y torturan a sus víctimas antes de ejecutarlas y enterrar sus cadáveres en fosas clandestinas.

Las espantosas acciones que perpetran los grupos criminales contra la población civil en el marco de la “guerra del narco” aparece a menudo en televisión, en las redes sociales o en los periódicos. Son pocos los medios de comunicación que explican y contextualizan la puesta en práctica del terror. En su lugar, hablan de violencia gratuita aleatoria y sin sentido. La policía y el ejército son a menudo referidas como las únicas instituciones capaces de responder a estos ataques, los cuales caen rápidamente en el olvido, y cuyos autores quedan habitualmente absueltos con total impunidad, obra del aparato represivo del Estado e institucionalizada por éste. La difusión de esta información a través de pantallas, iPhones y tabloides de toda la región aterra a la sociedad en su conjunto.

Parte de esta transformación es la transformación de los modos de vida y la socialización como parte de un cambio general hacia una sociedad más represiva. La movilidad, entendida como la capacidad de las personas para moverse libremente por su propia voluntad, se ve restringida con el aumento de la vigilancia fronteriza y los puntos de control de policía y militares, así como mediante el miedo generado a través de los asesinatos en masa de pasajeros de autobús, tiroteos en autovías principales y desapariciones que suceden cuando la víctima está trabajando. La movilidad reducida es uno de los primeros impactos que tiene el terror sobre la población afectada. Mientras tanto, las migraciones forzadas y los desplazamientos involuntarios aumentan como parte de la transición hacia una sociedad más represiva que exige víctimas y amenaza a los sobrevivientes.

En palabras de los escritores guatemaltecos Gomis, Romillo y Rodríguez a comienzos de los ochenta, “la dominación mediante el terror, además de eliminar físicamente a aquellos contrarios a los intereses del régimen, también incluye la persecución para ‘hacerse con el control de un universo social construido gracias a la intimidación perpetrada mediante actos de destrucción… (y con) actos de terror siempre se produce un impacto general en todo el universo social, a un nivel generalizado, de una serie de presiones psicosociológicas que suponen un obstáculo frente a cualquier posible acción política”.[11]

Las nociones de oposición y acción política descritas en la cita anterior no tienen por qué aplicarse a guerrillas o a grupos demasiado organizados. El objetivo final del terror puede ser tan simple como evitar que los ciudadanos exijan incluso los mínimos niveles de transparencia a las instituciones estatales, tal y como indicaba Chavira al comienzo de este artículo.

¿Quiénes son los insurgentes?

El New Oxford American Dictionary define insurgente como “rebelde o revolucionario”. En 2010, Hillary Clinton, antigua secretaria de Estado de los Estados Unidos, comparó la situación en México a una situación de insurgencia. “Cada vez se parece más a la Colombia de hace veinte años” dijo a los delegados en un acto del Council on Foreign Relations. Clinton afirmó que los cárteles de la droga “muestran cada vez más rasgos de insurgencia”. [12] En 2009, el responsable de las fuerzas armadas de los Estados Unidos declaró que apoyaría el uso de la contrainsurgencia en México.[13]

Al leer información del gobierno estadounidense y de la prensa actual, una se da cuenta de la insistencia en remarcar que la guerra en México no es política. “Las bandas mexicanas se mueven por el dinero y no poseen una agenda ideológica aparente. Su único objetivo político es debilitar el cumplimiento de la ley” reza un artículo de 2011 de Insight Crime, centro de estudios financiado por George Soros. [14] Como ya detallé en “El capitalismo narco”, los grupos criminales o narcos (y especialmente Los Zetas) desempeñan un papel más propio de grupos paramilitares que de grupos insurgentes.

“Los Zetas son una fuerza paramilitar”, me dijo el doctor William Robinson, autor de “Una teoría sobre el capitalismo global”, cuando lo entrevisté en el año 2011. “Se trata, fundamentalmente, de la creación de un paramilitarismo junto con una militarización formal, siguiendo el modelo colombiano”. [15]

Colombia vivió dos olas de paramilitarización. La primera cuando se constituyeron grupos estatales y apoyados por las élites en los sesenta y los setenta y cuando dichos grupos actuaron en las décadas de los ochenta y los noventa. [16] La segunda ola de paramilitarización en Colombia tuvo lugar cuando la industria de la cocaína comenzó a generar nuevos beneficios para los narcotraficantes locales, convirtiéndose éstos en un nuevo grupo de la élite cuyas fuerzas irregulares recibían el respaldo del Estado. En esta última ola es cuando paralelamente tuvo lugar el proceso de militarización y paramilitarización mencionado por Robinson. Naturalmente, los que más notaron el impacto de estos procesos fueron los más pobres en las zonas urbanas y rurales de Colombia, donde habitan más de cuatro millones de desplazados internos. Según un artículo publicado en World Development, “los grupos paramilitares no sólo son los principales responsables, sino que también son más efectivos a la hora de instigar los desplazamientos”.[17]

Un ejemplo de cómo los Zetas tienen rasgos más propios de un grupo paramilitar que de un grupo insurgente queda patente en sucesos como el asesinato de 72 inmigrantes en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en el verano de 2010. Este tipo de acciones cumplen con el objetivo estadounidense de desalentar la inmigración proveniente de Centroamérica. Las masacres, los secuestros masivos y la extorsión siempre son actos políticos vinculados a la obtención del control de cierta comunidad o a su eliminación que, por extensión, pretenden culminar con el control del territorio que ocupan.

Si interpretamos el papel de grupos como Los Zetas como algo más propio de un grupo paramilitar que de un grupo insurgente y recibimos la noticia de que Estados Unidos apoya una estrategia de contrainsurgencia en México, entonces debemos preguntarnos: ¿Quiénes son los insurgentes en esta guerra? Ante esta situación, es de utilidad reflexionar sobre la historia reciente de Guatemala.

Durante los 36 años de conflicto armado, 200.000 personas fueron asesinadas, principalmente a manos del Estado, y otras 50.000 desaparecieron. La guerra en Guatemala tuvo tres grandes fases. La primera, de 1960 a 1980, consistió en estrategias clandestinas y discriminatorias, principalmente dirigidas contra oponentes políticos y de carácter izquierdista. La segunda, una fase transicional que tan sólo duró un año, en 1981, la cual incluía, además de las estrategias clandestinas discriminatorias, terrorismo de Estado masivo a cara descubierta. Desde 1982 en adelante, el país vivió la generalización del terror y de operaciones psicológicas diseñadas para controlar a la población al completo, especialmente las comunidades mayas, algunas de las cuales se organizaron políticamente. Las víctimas del conflicto fueron principalmente hombres, pero también hubo mujeres y niños. Muchas de las víctimas fueron ejecutadas únicamente por pertenecer a un grupo social o étnico determinado, no porque apoyaran ninguna ideología. Aunque había movimientos guerrilleros en Guatemala por aquel entonces, las poblaciones rurales e indígenas en su totalidad eran consideradas como grupos insurgentes en la guerra.

En Guatemala, “el desarrollo del terror y las políticas de terror tienen su origen en la incapacidad del Estado para hacer frente a los conflictos sociales mediante métodos consensuales. Su objetivo era disuadir cualquier intento de oposición que surgiese de la sociedad civil en su conjunto o de grupos específicos dentro de ésta”. [18] Esta opinión la respalda Kristian Williams en su próximo ensayo, donde declara que “desde una perspectiva de contrainsurgencia, la resistencia no es únicamente que el pueblo (o parte de éste) rechace cooperar con el Estado; la resistencia es consecuencia de un Estado que fracasa a la hora de satisfacer las necesidades de su pueblo”.[19]

En el México actual, los insurgentes podrían considerarse miembros de tejidos sociales ajenos a los dictados de la hegemonía del mercado internacional. Los terratenientes de las comunidades y los vendedores ambulantes, gente que pertenece a la economía sumergida, podrían ser tildados de insurgentes junto con inmigrantes e indígenas. Estos grupos tienen un punto en común, al igual que aquellos que habitan las fosas comunes y quienes son víctimas del yugo del terror.

Una de las principales diferencias entre las guerras actuales y las que azotaron Centroamérica en los ochenta es que los autores de muchas de las masacres y acciones más crueles (aunque no todas) perpetradas durante la guerra del narco son los llamados “cárteles de la droga”. Esto demuestra cómo, además de las experiencias anteriores en los conflictos armados en Centroamérica, las técnicas represivas utilizadas en Colombia en la década de los noventa y de dos mil están influenciando el proceso bélico de México. Si aplicamos un enfoque más general de la “guerra del narco” en México y observamos quiénes son las víctimas de la violencia, es fundamental considerar cómo las fuerzas del estado Guatemalteco utilizaban la palabra insurgencia cuando, realmente, el objetivo era toda la población en su conjunto. Primero con el apoyo reconocido de Estados Unidos, que más tarde pasó a ser tácito. Semejante actitud y atrocidades pueden trasladarse a la situación de este mismo tipo de guerra en México, Centroamérica y otros lugares, de modo que no debemos perder la perspectiva histórica de la región, a menudo ignorada en el contexto de la “guerra del narco”.

Nuestra interpretación de la llamada insurgencia no política en México y la respuesta del Estado nos ayuda a comprender el proyecto de la guerra contra las drogas por completo, así como posibles estrategias represivas en el futuro en otras partes del mundo. Pensemos, por ejemplo, en la reciente ofensiva del Departamento de Estado estadounidense para promover un marco ideológico en el que trasladar la guerra contra las drogas a África occidental, asegurando que “el crimen organizado internacional, incluyendo el tráfico de drogas, es una gran amenaza para la seguridad y los gobiernos de África occidental”. [20] Al fomentar estas ideas en África y en otros lugares se abren nuevas posibilidades para que las agencias estadounidenses justifiquen su necesidad de intervención, tal y como sucede en México.

Una de las ideas erróneas más extendidas acerca de la guerra en México, y sobre la “guerra del narco” de manera más general, es que se trata de un hecho post político o no político. Resulta ingenuo atribuir un estatus “político” a una guerra únicamente cuando hay un movimiento nacional de liberación o un conflicto guerrillero. La guerra en México es política: es una contrarrevolución, cien años después. Está diezmando a las comunidades y destruyendo algunos de los logros de la revolución mexicana que perduraron tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.

Para gente como Francisco Chavira, hablar en contra de la clase política y de sus vínculos con grupos criminales continuará siendo una actividad peligrosa. Para los cientos de miles que han perdido a seres queridos no cesará el sufrimiento generado por esta guerra, una guerra que va más allá de las drogas. En México, según Robinson, las autoridades están teniendo problemas para lidiar con las contradicciones producidas por las desigualdades masivas y el capitalismo global. Las atrocidades, el pánico y el terror de la guerra del narco representan la respuesta del Estado del siglo XXI frente a estas condiciones.

*Dawn Marie Paley es periodista de Vancouver (Territorios Coast Salish), Canadá. Esta terminando su primer libro, que trata de los enlaces entre la expansión capitalista y la política anti-narco, y que saldrá con AK Press en otoño 2014. Puedes visitar su página aquí: dawnpaley.ca o seguirla en Twitter @dawn_.
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NOTAS
1 Paley, Dawn. “Off the Map in Mexico”. 4 de mayo de 2011. The Nation. Información consultada el 12 de diciembre de 2012 de: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
2 Paley, Dawn. “Insight Crime y la mexicanización del discurso sobre la guerra entre cárteles”. 11 de marzo de 2013. Información consultada el 14 de marzo de 2013 de: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
3 Paley, Dawn. “El capitalismo narco”. Julio/ agosto de 2012. Solidarity. Información consultada el 12 de febrero de 2013 en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
4 “State Repressive Apparatus”, tras “Sangre y capital: La paramilitarización de Colombia”, de Jasmin Hristov. Between the Lines, 2009: Toronto.
5 Khalili, L. “The Location of Palestine in Global Counterinsurgencies”. Int. J. Middle East Stud. 42 (2010), 413–414.
6 Consulado de Monterrey. “Mexico: Tracking Narco-grenades”. 3 de marzo de 2009. Información consultada el 20 de diciembre de 2012 en: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
7 “Era un antiguo kaibil (miembro de las fuerzas especiales guatemaltecasa) el acusado de ordenar la acción más violenta jamás vivida en Guatemala vinculada al tráfico de drogas. Hugo Gómez Vásquez fue acusado de supervisar la masacre en la Finca Los Cocos, en el departamento de Petén, en mayo de 2011, donde 27 trabajadores fueron asesinados, presuntamente como parte de un conflicto por tierras entre Otto Salguero, un terrateniente local, y los Zetas”. Consultar: Paley, Dawn. “Estrategias de una nueva guerra fría”. Towards Freedom. Publicación consultada el 14 de febrero de 2013 de: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
8 Linebaugh, P., Rediker, M. “The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic.” Beacon Press, Boston, 2000. Pp. 53.
9 El periódico LA Times publicó un buen resumen de algunos de los actos más crueles de los seis años de Calderón en el poder. Hernández, D. “Calderon’s war on drug cartels: A legacy of blood and tragedy”. 1 de diciembre de 2012. LA Times. Información consultada el 20 de diciembre de 2012 de:http://www.latimes.com/news/world/worldnow/la-fg-wn-mexico-calderon-cartels-20121130,0,1538375,full.story
10 Editors. “Mexico’s disappeared.” 5 de marzo de 2013. LA Times. Información consultada el 14 de marzo de 2013 de: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
11 Gomis, R. Romillo, M., Rodríguez, I. “Reflexiones sobre la política del terror: El caso de Guatemala.” Cuadernos de Nuestra América. Vol 1. 1983. La Habana. Citado en: Equipo de Antropologia Forense de Guatemala. Las Masacres en Rabinal: Estudio Histórico Antropológico de las masacres de Plan de Sánchez, Chichipate y Río Negro, 1997. 2ª edición. 1997. Guatemala. P. 154.
12 BBC News. “Clinton says Mexico drug crime like an insurgency.” 9 de septiembre 2010. Información consultada el 14 de febrero de 2012 de: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
13 Morgan, David. “US military chief backs counter-insurgency for Mexico.” 6 de marzo de 2009. Información consultada el 14 de febrero de 2013 de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
14 Corcoran, P. “Counterinsurgency is not the Answer for Mexico.” 26 de septiembre de 2011. Información consultada el 14 de febrero de 2013 de: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
15 Paley, Dawn. “El capitalismo narco” julio/agosto de 2012. Solidarity. Información consultada el 12 de febrero de 2013 de: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
16 Hristov, J. Blood and Capital: The Paramilitarization of Colombia. Between the Lines, 2009: Toronto.
17 Ibáñez, A., Vélez, C. “Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia.” World Development, Vol. 36, No. 4, 2008. pp. 661.
18 Equipo de Antropología Forense de Guatemala. Las Masacres en Rabinal: Estudio Historico Antropológico de las masacres de Plan de Sánchez, Chichipate y Rio Negro, 1997. 2ª edición. 1997. Guatemala. P. 335.
19 Williams, K. “Introduction: Insurgency, Counterinsurgency, and Whatever Comes Next.” En Williams, K., Munger, W., Messersmith-Glavin, L. Eds. Life During Wartime: Resisting Counterinsurgency. p. 12. AK Press, 2013.
20 Office of the Spokesperson. “The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement and the Woodrow Wilson Center Host a Panel Discussion on “Combating Narcotics Trafficking in West Africa.” 25 de octubre de 2012. Información consultada el 15 de marzo de 2013 de:http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/10/199730.htm

Algunos gafes que combatían el narco formaron el grupo más sanguinario
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 5 de marzo de 2015, p. 10

Los Zetas se fundó como un grupo de sicarios al servicio de Osiel Cárdenas Guillén, quien dirigía el cártel del Golfo a finales de los años 90, y se integró originalmente con miembros del Ejército Mexicano capacitados para servir en los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), que desertaron o solicitaron su baja de las fuerzas armadas para incorporarse a las filas del crimen organizado.

La mayoría de fundadores de Los Zetas llegaron a Tamaulipas para combatir el narcotráfico y participar en operativos para aprehender al líder del grupo criminal. Sin embargo, Osiel Cárdenas Guillén, El Mata Amigos, los cooptó y formó con ellos su escolta personal.

El grupo Los Zetas creció hasta convertirse en brazo armado del cártel del Golfo, con más de 60 ex militares en sus filas, y llegó a operar de manera paralela a los jefes de plaza que Osiel Cárdenas tenía en cada una de las 20 entidades en las que tenía presencia el grupo delictivo cuyo centro de operaciones tradicionalmente ha estado en Matamoros, Tamaulipas.

Los hermanos Treviño Morales se sumaron a ese grupo y alcanzaron niveles de mando tras el abatimiento de muchos fundadores, entre ellos Arturo Guzmán Decena y Heriberto Lazcano Lazcano, o la detención de otros, como Enrique Rejón Aguilar.

Miguel Ángel Treviño Morales (ya detenido) era identificado como El Z-40 y logró convertirse en el líder de la organización tras la muerte de Heriberto Lazcano, El Lazca o El Verdugo, mientras que Óscar Omar Treviño ascendió en el grupo de la mano de su hermano.

Los Zetas se convirtieron en cártel independiente tras la extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos, en enero de 2007, y aunque mantenían una sociedad con los sucesores de El Mata Amigos, los asesinatos ocurridos entre uno y otro grupos provocaron la separación definitiva y una disputa por los territorios que comenzó en 2011.

El cártel de Los Zetas se consolidó como una organización criminal que además de enfrentar a otros grupos considerados históricos, como el de Sinaloa, logró alianzas con agrupaciones que inicialmente fueron sus enemigas, como los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva, de Tijuana y de Juárez.

Los Zetas fueron los primeros en establecer grupos de halcones o estacas (vigilantes) que se encargaban de vigilar los movimientos de las autoridades en sus zonas de influencia, y más tarde en dividir en mandos regionales la recepción y el tráfico de drogas. Se llegó a considerar que la organización logró expandirse y tener alianzas con grupos italianos para comercializar cocaína y estupefacientes sintéticos en el continente europeo.

La persecución que ha realizado el gobierno mexicano en su contra ha disminuido su poderío; sin embargo, gracias a las alianzas con otros grupos mantiene presencia en estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Sonora.

“[Los guardias] se dirigían a él como ‘Don Joaquín’ y si no estaba le llamaban ‘El Señor’”


Por Redacción / Sin Embargo julio 17, 2015 - 17:26h


Por Elisabet Sabartés, corresponsal de La Vanguardia en México *

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo/LaVanguardia).- Bertoldo Martínez Cruz, médico de 59 años, es el líder del Movimiento Popular Guerrerense, organización de base de la izquierda radical mexicana. En 1999 fue detenido por su actividad como presunto mando guerrillero y encarcelado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco. Ingresó en la galería número 3, la misma en la que estaba Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, capo del cártel de Sinaloa. El militante de la subversión y el barón de la droga acabaron trabando amistad.

–¿Cómo conoció “El Chapo” Guzmán?

–Yo salía de estar dos semanas en el centro de observación y clasificación de Puente Grande, donde me catalogaron con el grado de alta peligrosidad, el mismo que tenía Joaquín. Entró en mi celda y me dijo: “Que muchos huevos, ¿no?”. Yo me le quedé viendo, chaparrito él, ojos claros, muy vivo, muy listo, y le contesté: “Pues son dos los que me traje”. Luego preguntó: “Quiero que me digas a cuántos guachos (militares) mataste en Guerrero”. Y yo le respondí: “Si no se lo dije a los guachos que me torturaron, tampoco te lo voy a decir a ti”.

–¿Y no se molestó?

–Para nada. “Ya me estás gustando”, dijo, y preguntó mi nombre. Se lo di, le pedí el suyo y él se presentó: “Soy Joaquín Guzmán Loera”. Encontrarle fue sorpresivo, yo no sabía que él estaba en esa cárcel. “Te he leído en la prensa”, le dije. Y ahí me di cuenta de quien se trataba. Luego siguió: “¿Hay mota (mariguana) en Guerrero?” y le contesté: “¡Por c****o!”. “Porque ya quiero salir a trabajar, he gastado mucho dinero en mi defensa”, se lamentó. “¿Cómo cuánto?”, pregunté. “Unos 300 millones”, soltó. Nunca supe si eran pesos o dólares.

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Bertold Martínez, líder del Movimiento Popular Guerrerense. Foto: Giulio Petrocco, La Vanguardia

–¿Qué sucedió después de ese primer encuentro?

–Yo y tres compañeros éramos los únicos presos políticos en Puente Grande y los custodios nos trataban muy mal. Nos humillaban, aplicándonos la carrilla (tortura psicológica) frente a los demás presos. Nos revisaban desnudos hasta 18 veces al día, nos daban de comer aparte, nos obligaban a desfilar con la frente baja… Al cabo de un tiempo, Joaquín nos gritó: “¡Alcen la cara, guerreros!” y protestó con los funcionarios de la cárcel. “Ellos son mis amigos, dejen de hacerles eso”, les dijo. También entró medicinas para uno de nosotros que estaba enfermo. Era un hombre solidario, humanitario.

–¿“El Chapo” gozaba de privilegios?

–Sólo dos. Era el único que tenía teléfono celular y el único que recibía prensa: el diario La Jornada y la revista Proceso [ambas, publicaciones de izquierda]. Al resto nos lo tenían prohibido.

–¿Y mujeres?

–Nunca las vi entrar. Sólo en una ocasión escuché que iban a rifar a una mujer para los que estábamos en el módulo 3. Pero nosotros, como presos políticos, no podíamos inmiscuirnos en esas cosas. Y no porque fuéramos unos santos…

–¿Cuál era la actitud de los guardias hacia “El Chapo”?

–De muchísimo respeto. Se dirigían a él como ‘Don Joaquín’ y cuando no estaba presente le llamaban ‘El Señor’.

–¿Y la de él hacia los guardias?

–Respetuosa. Ni con autoridad ni desprecio. No era prepotente, más bien sencillo.

–¿Usted realizaba actividades con “El Chapo”?

–Jugábamos a basquet, dominó, rummy (cartas)… Y también a ajedrez. Él era bueno para eso. Además íbamos a la escuela de forma obligatoria, comenzando desde primero de primaria. Nos decían que era para “reeducarnos”. Joaquín no tenía la secundaria completa y en la cárcel terminó hasta bachillerato. Tenía un buen nivel intelectual y era muy leído.

–¿Hablaban de política, del narco?

–De política, en general, y en ese tiempo el narco era otra cosa; no había la violencia de ahora. Pero él tenía cierta conciencia social y consideración hacia la gente pobre. En la cárcel ayudaba a los que no tenían recursos.

–Los cárteles y la guerrilla de Colombia hacen negocios y mantienen alianzas estratégicas. ¿Guzmán le propuso algún trato parecido?

–No exactamente. Aunque una vez me comentó: “En lugar de estar aquí, encerrado, mejor me hubiera ido a la sierra con ustedes y les hubiera financiado”. En otra ocasión, ya cerca de las elecciones presidenciales del 2000, me hizo una propuesta. Él sabía de nuestros vínculos con el PRD (Partido de la Revolución Democrática), que llevaba de candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. Vino a preguntarme quien iba a ganar y yo le respondí que Cárdenas. “¿No será el señor de las botas?” (Vicente Fox, candidato de la derecha), dijo. Yo se lo negué, aunque luego así fue. Entonces me ofreció: “Dile a ‘Témoc’ que, si quiere ganar, trate con nosotros”. Nunca lo hice.

–¿Quién salió primero de la cárcel?

–Fui yo, en el 2000, y Joaquín me anunció la fecha. “Te vas el 6 de abril”, me dijo. Y así fue. También me pidió que cuando él saliera, yo le recogiera. Entendí que me quería armado… “Gente que tira plomazos, tengo a montones, pero no tengo el poder que tu tienes, el del prestigio. Voy a salir siendo amigo de Bertoldo Martínez”, me dijo. Yo sentía el deber moral de hacerlo, como agradecimiento hacia él, por habernos defendido. Pero no sucedió así: en el año 2001 se fugó.

–¿Le gustaría volver a verle?

–Sí. Para echarme una buena plática con él. Preguntarle por qué tanta crueldad, tantas muertes inocentes. Y pedirle que utilice su poder y su dinero para ayudar a la gente.