Reseñas historicas del narco en Mexico. MUST SEE.

Cártel del Golfo (I)

Alberto Islas
septiembre 18, 2012  1:22 am

El Cártel del Golfo se remonta a los años 70, bajo las ordenes del contrabandista Juan Nepomuceno Guerra, quien contaba con el apoyo de algunos integrantes de la Policía Judicial. Sin embargo fue su sobrino Juan García Ábrego, que expandió las líneas de negocio. En lugar de cobrar un porcentaje por cargas ilegales de contrabando, coches robados o droga, el decidió incursionar en este negocio como inversionista. En 1989, García Ábrego ya había establecido relaciones importantes con el entonces denominado Cártel de Colombia, donde la cocaína desplazo a la marihuana debido a su menor tamaño y mayor margen de utilidad. El 14 de enero de 1996 García Ábrego fue detenido en una finca localizada a las afueras de Monterrey, Nuevo León, antes de ser deportado al día siguiente a EU.

Su principal colaborador, Óscar Malherbe de León, reemplazó a Juan García Ábrego, en tanto, Humberto García Ábrego, su hermano, fungió como subalterno; ambos se encargaron de coordinar la introducción de cocaína a territorio estadounidense un año más. El 27 de febrero de 1997, justo en el periodo en el que el Congreso de Estados Unidos estudiaba certificar la lucha contra el tráfico de drogas en México, la Procuraduría General de la República (PGR) informó de la detención de Malherbe de León. Fue entonces que Salvador “El Chava” Gómez Herrera, ex investigador de la Policía Ministerial de Tamaulipas, tomó el mando de la organización. “El Chava” Gómez estaba identificado como el líder visible del “Cártel del Golfo”, pero este liderazgo sólo duró unos meses al frente de la organización delictiva ya que este fue asesinado por Osiel Cárdenas Guillén en 1998.

Osiel Cárdenas Guillén (a) El Matamigos, asumió la jefatura del Cártel del Golfo. Él había ingresado a la compañía debido a su trabajo en la PGR como entrenador de perros, y sabía como esconder los cargamentos de cocaína para no ser detectados. Esto redujo la merma del Cártel y llamo la atención de García Abrego que le encomendó la tarea de cooptar más “técnicos” de la PGR.

Una de las primeras acciones que hizo Cárdenas Guillén fue la creación de una escolta personal conformada por militares de élite del Ejército mexicano que en los años siguientes, después de su detención en 2003, iniciarían un camino propio en el mundo del narcotráfico, al grado de convertirse a finales de 2007, en una estructura delictiva independiente, cuyos integrantes eran conocidos como “Los Zetas”.

De forma análoga se crearon diversos grupos cuyo objetivo era mejorar las operaciones y asegurar la continuidad del negocio a través de la instalción de procesos y división del trabajo. Con esto se pretendía garantizar el tránsitode drogas observando una reducción en los riesgos de traslado.

Después de meses de labores de investigación e inteligencia —que incluyó la infiltración de agentes encubiertos—, el operativo para capturar a Cárdenas Guillén se efectuó el viernes 14 de marzo de 2003, cuando efectivos militares rodearon una casa situada frente a un jardín de niños del fraccionamiento Satélite de Matamoros.

El lugar de Osiel fue asumido temporalmente por Jorge Eduardo Costilla (a) El Coss y Ezequiel Cárdenas que pactaron con Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Treviño Morales la formación de La Compañía, sociedad entre el Cártel y su otrora brazo armado Los Zetas. La Compañía operó con El Coss, Tony Tormenta y El Lazca como consejo gobernante o triunvirato; bajo este esquema, mantuvieron controladas las plazas localizadas a lo lardo del litoral del Golfo de México y la frontera noreste del país. De acuerdo con información de la DEA, La Compañía llevó a cabo la transportación de grandes volúmenes de cocaína y mariguana a través de las tres modalidades de tráfico —marítima, aérea y terrestre— desde Colombia, Venezuela y Guatemala hacia Texas, mismo que fungía como centro de acopio y distribución de los cargamentos, los cuales una vez en territorio estadounidense, eran enviados a distintos puntos de este país.

La Compañía utilizó programas sofisticados para controlar embarques, empleo, salarios y pagos realizados a agentes de las fuerzas del orden público, así como cuentas a cobrar y a pagar.

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Cartel del Golfo (2)
Alberto Islas Septiembre 25, 2012 1:20 am

Desde 2003, Jorge Eduardo Costilla Sánchez (a) “El Coss” había sido la verdadera cabeza operativa de la organización desde la caída de Osiel Cárdenas, los integrantes de la organización lo identifican con la clave Sombra, y a pesar de que casi no se conocián fotografías la prensa nacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, difundían carteles donde se aprecian que los rasgos de Costilla erán muy similares a su apariencia actual. Se sabe que contaba con credencial del IFE y que esta probablemente fue utilizada en 2006.

De 1992 a 1995, “El Coss” trabajó como policía municipal en Matamoros. Sus antecedentes se remontan a la época en la que Osiel y él eran vendedores de grapas de cocaína; los dos solían delatar a los “narcomenudistas” rivales. Esta actividad hizo que pronto se convirtieran en soplones de la Policía Judicial Federal en Tamaulipas.

Eduardo Costilla y “Los Zetas” intentaron rescatar a Osiel del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. “Los Zetas” habían sobornado a decenas de custodios y a funcionarios del penal; pero todo se frustró tras la detención de varios integrantes del Golfo en la ciudad de Toluca, Estado de México, involucrados también en el operativo de rescate.

En 2006, las diferencias entre lo que quedaba de la cúpula del “Cártel del Golfo” y su brazo armado “Los Zetas”, fueron intensificándose, toda vez que, se había perdido el dominio sobre “Los Zetas” y paulatinamente, Ezequiel Cárdenas Guillen y Jorge Eduardo Costilla Sánchez (a) El Coss dejaron de operar a gran escala, por la caída de sus socios colombianos, así como un aumento en los decomisos en los EE.UU. por parte de la DEA, disminuyendo su actividad delictiva al municipio de Matamoros, Tamaulipas. El Cartel del Golfo tenía un problema de flujo de efectivo, el cual aumentaría con la intervención del Gobierno de los EE.UU. al banco Stanford. Esto provoco que no se cubrieran los gastos fijos de la organización, esto fue el inicio de su debilitamiento como Cartel.

Como consecuencia, gran parte del personal operativo prefirió trabajar con “Los Zetas” debido a que ellos tenían incentivos más claros para ascender de puesto, ya que las metas eran basadas en resultados por plaza. En cambio la falta de coordinación entre Ezequiel Cárdenas Guillen y el Coss aumentaban las fricciones entre sus subalternos.

El quiebre con Los Zetas fue porque a Heriberto Lazcano le molestó el hecho de que “El Coss” intentara negociar con el “Cártel de Sinaloa” para terminar con la violencia. Según indagaciones de la DEA, Costilla Sánchez fue una pieza clave para el acercamiento del “Cártel del Golfo” con la organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán. “El Coss” se entrevistó en varias ocasiones con Ignacio Coronel e Ismael “El Mayo” Zambada con el propósito de sellar una alianza para controlar el tráfico de drogas y conformar un “megaconsorcio” delictivo que pusiera fin a las “ejecuciones” al menos en los territorios dominados por ambos grupos.

Después de la ruptura con “Los Zetas”, el “CDG” con “El Coss” al frente, quedó conformado por los hermanos Héctor Manuel y Gregorio Sauceda Gamboa; Zeferino Peña Cuéllar, Alfonso Lam Liu (a) El Gordo Lam, y un individuo conocido como “El Gringo”, quien solamente actúa en Nuevo León y Tamaulipas, donde reside.

El 18 de febrero de 2010 en Reynosa se difundió en medios abiertos la presunta colocación de una manta en cuyo texto se señalaba lo siguiente: “Si no se van los marinos vamos a secuestrar niños”, hecho que generó psicosis entre la población. Cuatro días después, en diversas ciudades de Tamaulipas se avistaron convoyes de camionetas con las siglas “CDG” en los costados, la “aparente calma” que hasta entonces prevalecía, se vio interrumpida. Unas semanas antes, la DEA había informado de esta ofensiva, lo que coincidió con la divulgación en México de la declaración de Osiel Cárdenas Guillén como parte del proceso que se le seguía en Estados Unidos, donde recibió una sentencia mínima, resultado de una presunta “negociación” en la que el narcotraficante colaboró aportando información sustantiva para desarticular a “Los Zetas”, lo que el grupo armado increpó de “traición”.

Es probable que el Coss sea extraditado a los EE.UU. dentro de un par de meses, y que sus abogados traten de llegar a un acuerdo similar al que obtuvo Osiel Cárdenas Guillen. Y esto hará que continúe la historia del Cartel del Golfo.

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México: la tormenta perfecta

Octubre 2012
Por Enrique Krauze

La violencia que enfrenta México tiene una historia que se remonta a un siglo y, al mismo tiempo, es producto de hechos concretos sucedidos durante la actual administración. El tiempo largo y el tiempo corto de la mal llamada “guerra contra el narco” en este texto de interpretación global.

Pareciera que cada cien años México tiene una cita con la violencia. La guerra de independencia estalló en 1810, costó al menos doscientos mil muertos (5% de la población total) y desplegó una ferocidad extrema: los insurgentes recurrieron al saqueo y al degüello, los realistas exhibían los cadáveres y cráneos de sus adversarios, para “escarmiento público”. Aunque la independencia se decretó en 1821, el país no se pacificó hasta 1876.

La Revolución mexicana, que duró igualmente una década, cobró no menos de un millón de muertos, el 7% de la población: la tercera parte, víctima de tifo e influenza, el resto por hambre y muerte violenta. Las tropas incendiaron casi todo el país practicando el fusilamiento a nivel masivo. Todavía en los años veinte, México vivió la guerra cristera, que dejó setenta mil muertos. E igual que en el siglo XIX, los caminos se volvieron intransitables, las ciudades riesgosas y el poder se concentró en los caudillos locales.

En ambos ciclos históricos, la violencia fue política y se resolvió con el advenimiento de regímenes autoritarios. En el primero, el general Porfirio Díaz concentró el poder absoluto subordinando a los caciques regionales. En el segundo, el general Plutarco Elías Calles integró a las fuerzas revolucionarias en un partido hegemónico, usó al ejército federal para someter o matar a los caudillos rebeldes y ordenó el acceso a la Presidencia mediante un sistema cuasi monárquico.

De pronto, la violencia ha vuelto a desatarse dejando hasta ahora un saldo aterrador de más de sesenta mil muertos en cinco años (no hay cifras exactas: recientemente el gobierno anunció, contra lo prometido, que no daría la “cifra oficial” de homicidios ligados al narco.) Pero, a diferencia de las dos experiencias históricas anteriores, México no puede resolver o acotar el problema del crimen organizado mediante una centralización absoluta del poder en las manos de un dictador o de un presidente todopoderoso. México tiene que encarar el problema en el marco legal de la democracia. Y la salida no puede ser mágica, sencilla o inmediata.

La violencia que enfrentamos ahora no es política ni revolucionaria pero tampoco es meramente delincuencial: es una compleja guerra civil –con fuegos cruzados y alianzas turbias e inestables–, entre los grupos organizados del crimen y el narcotráfico, y también una guerra entre estos y las fuerzas del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. En algunos puntos del país, los grupos criminales amenazan a los gobiernos locales hasta casi suplantarlos. Aunque en relación a la población total esta violencia es menor que la de Honduras, Guatemala, Venezuela o Brasil, lo que sorprende es su omnipresencia y su crueldad. Solo algunas regiones del país (la península de Yucatán, algunos estados del centro, y notoriamente el Distrito Federal) permanecen a salvo... por lo pronto. Vivimos una vuelta al pasado, pero en vivo y en YouTube: ejecuciones, decapitaciones, mutilaciones, secuestros, extorsiones, masacres colectivas. Día tras día, en México, no en Afganistán.

Hemos llegado a la cita con la violencia. No es producto de una súbita erupción sino de una “tormenta perfecta” que se fue formando a lo largo de décadas de paz, y que casi nadie vislumbró.



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El narco, del periodista inglés Ioan Grillo, narra con claridad, lujo de detalle y mesura la historia de esa tormenta perfecta, que comenzó a formarse a fines del siglo XIX en el rincón noroeste de México que Grillo llama “la Sicilia mexicana”. Los trabajadores chinos que llegaron a tender la vías férreas que unirían norte y sur del país plantaron el opio en la propicias sierras de Sinaloa. A partir de entonces hasta los años setenta del siglo XX, alrededor del opio (cuyo consumo fue prohibido en Estados Unidos desde 1908) ocurrieron presagios de lo que, a una escala infinitamente superior, sobrevendría después.

Hacia 1918, un gobernador de Baja California, el general Esteban Cantú, incurrió en el primer caso de complicidad política con los cultivadores y exportadores chinos. Al levantarse la prohibición del alcohol, sobrevino el primer apoderamiento hostil de la industria a manos de los rancheros sinaloenses en contra de los chinos, a quienes acosaron, despojaron, expulsaron y aun exterminaron. Durante la Segunda Guerra Mundial aparecieron las primeras teorías de la conspiración –en este caso particular, no inverosímiles– sobre la connivencia oficial norteamericana en la importación de opio (base de la morfina) para proveer a los hospitales militares. En los años cincuenta (cuando nacieron en Sinaloa muchos de los grandes capos del narcotráfico, como Joaquín “el Chapo” Guzmán), el cultivo del opio (popularmente conocido como “la goma”) se había vuelto una tradición practicada por generaciones: hasta un equipo local de beisbol se llamaba Los Gomeros. Una década más tarde, con la llegada de los hippies y el frenesí de la mariguana, aparecieron los primeros oscuros personajes de esta que podría parecer una novela sangrienta. Uno de ellos, el cubano Alberto Sicilia Falcón (amigo de Irma Serrano, la amante oficial del presidente Gustavo Díaz Ordaz), fue probable cómplice de Sam Giancana, el capo de la mafia escondido en Cuernavaca, con quien colaboró en una operación encubierta para canalizar dinero del narcotráfico sinaloense a la CIA.

En 1976, tras la guerra frontal que declaró Nixon al tráfico y uso de drogas, un hecho acabó con la edad de la inocencia en nuestro país: oficiales mexicanos entraron en complicidad con los narcotraficantes. Con apoyo americano, el gobierno envió a Sinaloa una flota aérea y diez mil efectivos del ejército para destruir plantíos y apresar a cientos de traficantes. Aunque la operación pareció un éxito, bajo la superficie los militares y policías se hicieron del mando de las ciudades o pueblos estratégicos (las llamadas “plazas”), no para destruir el cultivo, la producción y el tráfico sino para controlarlos. Según testimonios recogidos por la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco, el arreglo consistía inicialmente en cobrarles un “impuesto” que se utilizaba para la lucha contra las guerrillas de la época. La colusión era natural. En un sistema no democrático donde los políticos no tenían que rendir cuentas, la corrupción era consustancial. Si el presidente en turno tenía ya bajo su poder el petróleo, la electricidad, las minas, el manejo del banco central y la hacienda pública, nada impedía tolerar y aun alentar el negocio secreto de la droga. Muy pronto, la cadena del poder (políticos, militares, policías) comenzó a entender que el dinero del narcotráfico podía “aceitar” muchas manos, hasta las más encumbradas.

En el tema de la corrupción, el libro de Hernández complementa el tratamiento más amplio de Grillo. Los “señores” a los que se refiere el título no son solo los narcos sino sus cómplices o socios en los sucesivos gobiernos. Aunque deshilvanado y difícil de seguir por la cantidad de personas que cita, ha vendido en México alrededor de ciento setenta mil ejemplares. En su peor instancia –la correspondiente a los sexenios de Fox y Calderón– es un puñado de teorías de conspiración basadas en testimonios o declaraciones parciales, insuficientes cuando no fantasiosas. Pero para los años del PRI el libro es una mina de información verificada, o al menos verosímil. En cualquier caso, la periodista (premiada internacionalmente por su valeroso ejercicio de la libertad de expresión) ha sufrido amenazas de muerte y trabaja en la ciudad de México protegida por una guardia personal.



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La historia empieza a calentarse al doblar los ochenta, con el “boom de la cocaína” (“The all American drug”, tituló el Time en 1981). El 90% del consumo americano se surtía a través del corredor marítimo y aéreo Colombia-Miami, con conexiones en la Cuba de Castro y servicios de lavado financiero en el Panamá de Manuel Noriega. Miami se convirtió en la capital de la corrupción policiaca y el crimen, un ensayo de lo que sería el México de nuestros días. En enero de 1982, el gobierno de Reagan controló la crisis con el uso de la South Florida Task Force, pero para entonces un nuevo personaje de novela (el hondureño Ramón Matta Ballesteros, preso desde 1988 en Estados Unidos) había puesto en contacto a los traficantes de Sinaloa con los cárteles colombianos, en particular con el de Pablo Escobar en Medellín. Esta traslación del eje de la droga al Pacífico mexicano fue el siguiente cambio cualitativo: convirtió a los mexicanos en transportistas exclusivos. En los ochenta, Matta y Miguel Ángel Gallardo Félix, su socio mexicano, pasaban cinco millones de dólares de cocaína por semana “al otro lado”. Y el negocio estaba en pañales.

En febrero de 1985, ocurrió en Guadalajara el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena por parte de un cuñado del expresidente Luis Echeverría y sus socios traficantes. Hernández documenta los escalofriantes detalles del caso. En noviembre de 1984, Camarena había descubierto las operaciones del rancho “El Búfalo” en Chihuahua, enorme plantío de mariguana en el que trabajaban casi diez mil personas. Tras el inevitable decomiso de casi ocho mil millones de pesos, los narcos juraron venganza. Ante la presión americana, dos capos mayores fueron arrestados y extraditados a los Estados Unidos, pero el narcotráfico recibió un apoyo inesperado en las operaciones encubiertas e ilegales de la CIA, cuyo combate a la guerrilla centroamericana y a los sandinistas se financió –en parte, a través de Matta– con dinero de la droga mexicana. El caso, citado por Grillo y detallado por Hernández, no admite dudas. Ya en 1986, tres comisiones del Congreso (Tower, Walsh y Kerry) habían concluido que “existió tolerancia para que diversos capos traficaran drogas hacia Estados Unidos, a cambio de que donaran recursos a la Contra nicaragüense”.

La caída del Muro de Berlín llegó cargada de acontecimientos que oscurecieron cada vez más la nube del Occidente mexicano. El corredor del Caribe se cerró definitivamente. En una historia sombría (omitida por Grillo y Hernández) Fidel Castro ejecutó a los militares que manejaban la operación (sus chivos expiatorios). Estados Unidos, que en 1988 había atrapado a Matta en Honduras, hizo lo propio con Noriega en Panamá. Tras la toma de posesión de su cargo, el presidente Carlos Salinas de Gortari mandó apresar a Miguel Ángel Félix Gallardo, el último gran capo involucrado en el asesinato de Camarena, que como el Padrino de la película de Coppola concitaba la lealtad y obediencia de todas las organizaciones. La captura tuvo un efecto de hidra que se replicaría en el futuro: la narcotribu sinaloense que manejaba el tráfico ilegal a lo largo de la frontera (con excepción de Nuevo Laredo, en el extremo noreste, territorio perteneciente al cártel del Golfo) se reunió para repartirse pacíficamente el territorio, pero a pesar de sus vínculos de familia, el pacto entre ellos duraría poco tiempo.

En la década de los noventa, Salinas pudo mantener todavía el control del aparato político, policial y militar sobre el negocio del tráfico ilegal (quizá con ganancias personales para su hermano Raúl, según sugiere la investigación de los bancos suizos que Grillo cita). Tras la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio (1994), el tránsito (lícito e ilícito) entre los dos países se multiplicó exponencialmente. Ese crecimiento, y la eficacia de la guerra del gobierno colombiano contra los narcos (Pablo Escobar fue abatido en 1993), animó a los narcos mexicanos a ejecutar un apoderamiento decisivo. Creyendo reducir sus riesgos de captura y extradición, los productores colombianos cometieron el error de convertir a los transportistas mexicanos en distribuidores, pagándoles con droga, lo cual volvió a estos primero competidores y finalmente dueños del negocio.

Para México –explica Gabriel Zaid (Reforma, 31/X/10)– esta mutación fue una desgracia, porque indujo el desarrollo de “un mercado interno masivo de drogas, integrado desde la producción hasta el menudeo, el contrabando (de armas, materias primas, productos terminados y dólares en efectivo), la operación de filiales en Estados Unidos y el lavado de dinero”. Todo ello aunado a la plaga mayor de narcomenudeo, que años después manifestaría sus letales efectos: “el narcomenudeo –apunta Zaid– multiplica los cómplices (requiere varias veces más personal que el mayoreo), refuerza la corrupción tradicional, daña a las familias y facilita el desarrollo de otros servicios: secuestros, extorsiones, asaltos, trata de personas... En algunas localidades los narcos dejan de ser empresarios al margen de la ley para convertirse en las autoridades y la ley”.

Nada de eso parecía inminente a final del siglo, entre otras cosas por la captura reciente (1996) de Juan García Ábrego, gran capo del cártel del Golfo (que operaba en Nuevo Laredo), la reclusión (desde 1993) del ya entonces famoso “Chapo” y la patética muerte (en una cirugía plástica) del poderoso líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, apodado “el Señor de los Cielos” por su uso inventivo e intensivo del traslado aéreo de droga de Colombia a Estados Unidos.



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México inauguró el siglo XXI con una tersa y festiva transición a la democracia. La derrota del PRI tuvo varios efectos positivos (división de poderes, plena libertad de expresión, elecciones libres, Ley de Transparencia en el gobierno federal) y uno inesperado: al limitar el poder presidencial, la democracia desató a los poderes locales, los legales (gobernadores, alcaldes) y los ilegales, los capos y los criminales. “Con el derrumbe del PRI –escribe Grillo, con razón– las bases del sistema de poder se derrumbaron. Esa fue la clave de la quiebra mexicana.” Sin el control político y policiaco central que se ejercía desde la Presidencia, las condiciones para la guerra hobbesiana de todos contra todos estaban dadas. Solo era cuestión de tiempo que estallara.

Ioan Grillo llegó a México precisamente en el año 2000. Periodista con un grado en Historia (su tesis fue sobre la Falange fascista en España), se empleó en un diario local en inglés y pronto se vio atrapado por el candente tema de las drogas, cuyo consumo había abatido a amigos suyos en Brighton, su ciudad natal. Para comprenderlo se propuso conocerlo de primera mano. Su primera estación fue Tijuana, donde trató al heroico periodista Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta y víctima de diversos atentados. Dominada por los sangrientos hermanos Arellano Félix, Tijuana era el escenario donde se ensayó lo que vendría después, una capital del tráfico, el secuestro y el asesinato (del subdirector de Zeta, por ejemplo) que Grillo reporteó puntualmente y en cuya tragedia Blancornelas (que murió en 2004) leyó la escritura en la pared: “Pronto el narco tocará la puerta de la residencia presidencial [...] Lo cual traerá consigo enormes peligros.”



En enero de 2001 ocurrió la misteriosa fuga del Chapo Guzmán de una prisión de alta seguridad. De manera profusa pero no convincente, Hernández la atribuye a una complicidad total y directa con las más altas esferas del nuevo gobierno de Vicente Fox. Lo que sin duda ocurrió fue la participación de mandos inferiores comprados por el Chapo, quien, tras su reciente fuga, convocó a una nueva cumbre de la tribu sinaloense (compuesta por amigos y parientes) para repartirse pacíficamente el negocio. El resultado fue una fugaz “Federación”, integrada por el cártel de Sinaloa (comandado por el Chapo y otros socios experimentados), el de Juárez (encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado), los Beltrán Leyva (primos de Guzmán Loera, que operaban en Sinaloa), y representantes de un grupo heterodoxo, con extrañas inspiraciones místicas, al que ni Grillo ni Hernández prestan suficiente atención: “la Familia Michoacana”.

El objetivo de la “Federación” era establecer una alianza contra los dos cárteles rivales más poderosos: los Arellano Félix en Tijuana y el cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas, heredero de García Ábrego, cuya ferocidad estaba inscrita en su apodo: “el Mata Amigos”. En 2002, la captura y extradición de Benjamín Arellano Félix (el Michael Corleone del grupo) y la muerte de su hermano Ramón (un iracundo Sonny que disolvía con ácido a sus víctimas) alimentó la teoría de que el gobierno cooperaba con la “Federación”. En 2003, el gobierno apresó y extraditó a Osiel Cárdenas. Parecía que la “Federación” se consolidaba.

No ocurrió así. En 2004 la administración americana levantó la prohibición de venta de armas de alto poder, que pronto inundaron México. Grillo no duda de sus efectos: “el relajamiento del control de armas no fue la causa principal del conflicto pero sin duda arrojó gasolina al fuego”. Y ese mismo año, como sucedía siempre, la “Federación” se rompió por rencillas internas. Se abrieron dos frentes: uno en Ciudad Juárez, donde el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes (atribuido al Chapo), encendió la guerra de este contra los Carrillo Fuentes. Y el otro en Nuevo Laredo, la joya de la corona del cártel del Golfo, ciudad por la que trasladaban anualmente seiscientos mil millones de dólares (el doble de Ciudad Juárez y cuatro veces más que Tijuana). La captura del Mata Amigos había resultado contraproducente, porque alentó a un nuevo y temible protagonista, que cambió desde entonces las reglas del juego. Contratado por el Houston Chronicle, Grillo estuvo ahí para contarlo.



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Lo que encontró fue la sorprendente irrupción de un grupo de desertores del Ejército mexicano que habían sido contratados por Osiel Cárdenas para defenderse del cártel de Sinaloa. Aunque en un principio se trataba de un contingente pequeño, el grupo (autodenominado los “Zetas”) crecería hasta la actual cifra de aproximadamente diez mil efectivos. En sus orígenes, se trataba de un cuerpo de élite entrenado en Estados Unidos (en Fort Bragg, Carolina del Norte, entre otros sitios) para la lucha contrainsurgente. “Los ‘Zetas’ –explica Grillo– no estaban pensando como gángsters sino como un grupo paramilitar.” Su objetivo desde entonces fue ocupar territorios del país mediante tácticas de terror (decapitaciones, ejecuciones masivas, propaganda en mantas y sitios de internet) que les permiten desplegar toda una gama de operaciones delictivas que va más allá de la droga y el narcomenudeo (que son sus intereses mayores), como la extorsión, el tráfico de migrantes, la piratería, la trata de blancas, el robo de autos. Los Zetas tomaron el control del cártel del Golfo y harían sentir su presencia en todo el noreste y no pocos estados del sureste, el centro y sur del país, con ramificaciones en Centroamérica.

En enero de 2007, el presidente Calderón declaró la “guerra contra el narco” y ordenó al Ejército mexicano combatir a la Familia Michoacana. Los primeros resultados (decomisos, capturas) fueron prometedores, y eso lo animó a generalizar la estrategia, no solo con fines de salud pública sino políticos: lograr una legitimidad que, tras las disputadas elecciones de julio del año anterior, muchos le regateaban. Pero Calderón no contaba, ni remotamente, con una fuerza policiaca como la americana. Muchos mexicanos piensan que fue una medida precipitada e irresponsable: había que priorizar el problema, recabar información, trazar una estrategia, focalizar la acciones. Calderón ha respondido a sus críticos que no tenía más remedio que actuar de inmediato, y que “si solo hubiera tenido piedras con las que pelear, con piedras lo habría hecho”. En opinión de Grillo, fue un “serio error de cálculo”. “Puede ser que Calderón sea honesto –escribe Grillo, que entonces trabajaba para Associated Press– pero declaró la guerra a los cárteles del narco con un aparato estatal podrido, que ni siquiera estaba bajo su entero control.” El resultado inmediato fue una nueva cumbre de los capos (en agosto de 2007) seguida de la previsible ruptura. Y a principios de 2008, México comenzó a vivir lo que Grillo llama “una explosión criminal a gran escala”: el estallido final de la tormenta perfecta.

La chispa fue la aprensión de Alfredo Beltrán Leyva, “el Mochomo”, uno de los hermanos Beltrán Leyva, cuya organización atribuyó a una filtración del Chapo. En represalia, aquellos acribillaron a un hijo del Chapo y a altos agentes de la Policía Federal. Al poco tiempo, en la alguna vez apacible ciudad de Cuernavaca, cayó abatido por la Marina Arturo Beltrán Leyva, “el Barbas”. Una guerra enormemente confusa se generalizó entre los propios cárteles (aliados a diversas policías locales) y entre los cárteles y el Ejército, la Marina Armada y la Policía Federal. Las principales zonas de acción fueron Culiacán, Tijuana y Ciudad Juárez (convertida en un infierno con bandas juveniles exterminándose indiscriminadamente). Grillo estuvo en todas ellas, recogiendo testimonios directos de testigos, periodistas, familiares de víctimas, drogadictos, “halcones”, pequeños traficantes callejeros, sicarios presos.

Los años siguientes verían el debilitamiento relativo de los cárteles de Tijuana, el Golfo, Juárez, el grupo de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana. Otro fenómeno evidente ha sido la fragmentación y la aparición de grupos criminales que actúan por cuenta propia, o amparados por una “franquicia”. Esta ha sido una de las razones que explican la expansión de los Zetas. En la antesala de las elecciones de 2012, ellos y el cártel de Sinaloa escenificaban una guerra sin cuartel. Pero la diferencia entre ambos es esencial: el clan del Chapo se ha concentrado en el negocio de la droga, mientras que los Zetas –comandados por el exmilitar de 38 años llamado Heriberto Lazcano, alias “el Lazca”, al que la Marina acaba de abatir– se diversificaron a todos los ramos criminales: el secuestro (de empresarios, profesionistas, migrantes), la extorsión a escala masiva y sistemática, el asesinato colectivo (de migrantes, de bandas contrarias), la corrupción de policías locales para enfrentarlos con los policías federales, y el cuantiosísimo robo de gasolina en oleoductos de Pemex (3,700 millones de pesos en 2011). “Durante los años del PRI –escribe Grillo– se escenificó una delicada danza de corrupción; en los años de la democracia, presenciamos una danza de corrupción con la muerte.”

Una de las mayores fortalezas de los Zetas es el reclutamiento de efectivos en zonas pobres de México (como Oaxaca). Otra ha sido la contratación de los kaibiles, los salvajes paramilitares guatemaltecos entrenados en el descuartizamiento, la decapitación y la tortura de indígenas y campesinos. La presencia de los Zetas se ha hecho sentir como una ominosa mancha de sangre, no solo en todo el noreste del país (Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango) sino en Veracruz y estados del sur como Guerrero, donde aterrorizan a los cultivadores de mariguana. Actuando como una guerrilla (con células autónomas, mensajes encriptados, apoyo de las policías locales, etcétera) los Zetas –sostiene Grillo– representan “una captura en vivo del Estado”, un riesgo mayor para la supervivencia del Estado mexicano, una “narco-insurgencia”. Tiene razón en cuanto al peligro que representan, pero el término “narco-insurgencia” parece inadecuado. En Colombia existe una liga directa entre el narco y la guerrilla. En México la guerrilla es marginal y no tiene nexos semejantes. Los Zetas no parecen interesados en el alcanzar el poder sino en la expoliación de los territorios que dominan.



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La historia que narra Grillo es un macabro thriller de “Sopranos” narcotraficantes y brutales paramilitares, políticos corruptos y conspiradores internacionales, todos compitiendo (pactando o matándose entre sí) por un mercado de sesenta mil millones de dólares al año, la mitad para los criminales. Pero esa élite encontró en México un terreno propicio, no solo por la vecindad con el mayor mercado de drogas (y exportador de armas) sino por las condiciones de pobreza, falta de oportunidades y desigualdad que empujan a muchos jóvenes a delinquir. En Ciudad Juárez, por ejemplo, generaciones de chavos han crecido sin más hogar que las bandas criminales que los acogen. El resultado es que el narco es hoy un sofisticado negocio enraizado en la sociedad no solo por motivos económicos: ha engendrado una auténtica cultura de la muerte, cuyo análisis necesitaba la mirada de un antropólogo. Hijo de un profesor de antropología de la Universidad de Sussex, Grillo pasa la prueba: su “anatomía” del narco es la parte más sustancial y aterradora del libro.

“El negocio consiste en el movimiento de narcóticos, simple y llanamente, y moverlos 365 días al año”, escribe Grillo, para luego detallar minuciosamente la operación y el tráfico: sus diversas formas de movilidad, sus sistemas de almacenamiento, distribución y lavado de dinero; el arte con que disfrazan su producto (velas, balones de futbol, muñecas), el personal que emplea (espías en las esquinas, policías corruptos, asesinos de distintas especialidades etcétera). Son escalofriantes las conversaciones que sostuvo en la cárcel de Ciudad Juárez con “Gonzalo”, de 38 años, encargado de coordinar secuestros para el cártel de Juárez, y con “el Frijol” (sicario del mismo cártel, de diecisiete años y miembro de una banda con decenas de muertos en su historial). Recobran la atracción siniestra de vivir peligrosamente, en un sórdido ambiente de placeres fáciles y muertes súbitas. “Cobrar 85 dólares por víctima –la cuota del Frijol, explica Grillo– es muestra de una terrible degradación en la sociedad.”

Pero debajo de los protagonistas y del negocio, trabajando también para ellos, está la cultura, que en México –a diferencia de muchos países de Latinoamérica– ha mantenido una antigua familiaridad con la muerte. Es sabido que buena parte de la Revolución mexicana perduró en la memoria colectiva gracias a los corridos, baladas de viejo cuño que recuerdan la vida de héroes gigantescos o villanos célebres. Ahora los “narcocorridos” combinan la reverencia por el hombre fuerte, el macho entre machos, con la admiración por el “bandido social” que se preocupa por los pobres (imagen que muchos capos tratan de cultivar). Grillo ofrece una visión breve pero penetrante de este género musical que promete gratificaciones inmensas a quienes, con gran riesgo, lo practican. Sinaloa es el paisaje de estas épicas canciones, con sus ritmos bailables y sus letras feroces sobre capos y balaceras. Los capos sienten una macada debilidad por estos corridos y los pagan generosamente, más aún cuando el compositor tiene fama:

Armas de grueso calibre,

rifle de alto poder,

mucho dinero en la bolsa [...]

Primero mandaban kilos,

ahora ya son toneladas.
Pero siempre se corre el riesgo de que una balada particular (sobre todo si se canta en un territorio rival) pueda ser el canto del cisne de un autor. “El riesgo de morir asesinado te acompaña siempre –confiesa un músico ligado al cártel de Sinaloa– pero es preferible ser una estrella por unos años que vivir miserablemente toda tu vida.” Sinaloa, sobre todo sus mujeres, han llorado a varios famosos músicos, entre ellos a Valentín Elizalde, “el Gallo de Oro”, asesinado en Reynosa por un miembro de los Zetas.

En todo México, desde tiempos inmemoriales, la celebración del Día de Muertos marca el encuentro natural de los vivos con los muertos. Pero en Sinaloa todos los días son día de muertos. En los “narco-cementerios” que visitó –con gran riesgo personal– Grillo atestiguó el número creciente de lujosas tumbas y mausoleos (con sus mármoles italianos y sus paredes incrustadas de joyas) y vio las peregrinaciones familiares que a toda hora las frecuentan para honrar a sus muertos y departir con ellos, en un marco festivo de música y comida.

Pero la violencia ha alimentado fenómenos mucho más macabros. En Sinaloa, de tiempo atrás, se rinde culto al bandido Jesús Malverde, un Robin Hood que supuestamente vivió en tiempos de Porfirio Díaz y cuya fama, en años recientes, ha traspasado fronteras. No es un santo oficial, pero –según Grillo– la Iglesia no lo repudia. Los narcos lo adoran, casi tanto como a la aterradora imagen de la “Santa Muerte”, calaca de elaborado y colorido atuendo cuya devoción se ha expandido enormemente en solo una década.



• • •



El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se ha comprometido a mejorar la seguridad nacional. Una de las medidas que ha anunciado es la contratación, como su asesor, del prestigiado general colombiano Óscar Naranjo, que con 36 años de experiencia tuvo una participación sobresaliente en el combate al crimen en su país. Pero Naranjo tendrá frente a sí un problema fundamental: la policía mexicana no está, ni remotamente, a la altura de la colombiana. Aunque en años recientes ha recibido –sobre todo a nivel federal– una atención particular y ha mejorado sustancialmente su condición, entrenamiento y equipo, la corporación mexicana es mucho menos numerosa, profesional, honesta y apreciada (por el público, y hasta por sí misma) que su contraparte colombiana. En el nivel estatal y municipal el contraste es aún mayor, lo cual es grave, porque en este ámbito los problemas locales reclaman soluciones locales.

Además de fortalecer y profesionalizar a las policías, el nuevo gobierno necesitará alentar significativamente la participación social y buscar un imprescindible consenso contra el crimen que ahora, por desgracia, no existe. No le será sencillo por el recelo que despierta el PRI, con su conocida historia de pactos con el crimen. Y México requiere además la convergencia de muchas otras reformas: en su lento y anticuado aparato judicial, en sus porosas aduanas y en sus cárceles, que son, a un tiempo, escuelas y oficinas corporativas del crimen organizado. Desde ellas se ejerce la extorsión telefónica y se planea el secuestro.

La experiencia de Estados Unidos en Colombia es relevante. Implica preguntarnos si conviene librar simultáneamente (o con igual intensidad) la batalla contra el narcotráfico y la batalla contra la violencia extrema. Colombia ha alcanzado un éxito considerable en limitar la violencia asociada al narco, pero el país sigue exportando cantidades enormes de cocaína e incluso ha extendido sus actividades al vecino Perú. A los mexicanos, no hay duda, nos preocupa más detener la violencia que acotar el tráfico de drogas. ¿Permitiríamos, para lograrlo, un involucramiento mayor de las agencias norteamericanas, como ocurrió en Colombia? Todo dependerá del ánimo público y de los eventuales avances en un tema muy sensible: el control de armas de alto poder. Tiempos extraordinarios reclaman medidas extraordinarias, y tal vez la siguiente administración estadounidense se resuelva a reponer la prohibición de armas de asalto. No es probable que ocurra –así de poderoso es el lobby de la Asociación Nacional del Rifle– pero el debate comienza a abrirse paso.

De cualquier forma, en los próximos años la disposición mexicana a colaborar y a pedir colaboración en los ámbitos policiacos y de inteligencia será mayor, con un límite infranqueable: el uso de tropas norteamericanas en territorio mexicano, que deberá descartarse siempre por profundas y justificadas razones históricas. Y de acuerdo con los argumentos de Anabel Hernández en el capítulo de su libro, una zona de particular interés mutuo deberá ser el rastreo del lavado de dinero en uno y otra lado de la frontera.

Grillo comparte con varios expresidentes latinoamericanos la idea de que, a la larga, solo la legalización de la mariguana podría contribuir a derrumbar (como el alcohol en tiempos de la Prohibición) el negocio de la droga. Muchos mexicanos estarían de acuerdo. Con todo (a pesar de la libertad en el uso médico de la mariguana en veinte estados de la Unión Americana), las posibilidades actuales son muy remotas. Pero aun ahí el ánimo del electorado podría cambiar. Además de la presencia creciente de los narcos mexicanos en el comercio de la droga (e incluso en el cultivo mismo) dentro de territorio estadounidense, Grillo apunta a un peligro que los Estados Unidos no pueden soslayar:

Ahí donde prospera el tráfico ilegal de drogas, las organizaciones rebeldes tratarán de aprovecharlo. En algunos casos, como los Contras nicaragüenses, pueden ser aliados de los Estados Unidos. Pero pueden resultar sus enemigos, como el caso de las FARC colombianas o los talibanes. Y alguna vez ese dinero podría incluso caer en las manos de adversarios aún más peligrosos.
La expansión del narco mexicano a Centro y Sudamérica y sus vínculos con otros continentes representa un peligro global. Pronto sabremos si el nuevo gobierno de México logra instrumentar un programa de largo aliento que lo limite antes de que escape de todo control, y no solo en México sino en el mundo. ~

Agradezco el apoyo de Eduardo Guerrero, Fernando García Ramírez y Hank Heifetz en la elaboración de este texto.

LA GRAN TRAICIÓN: LA INTELIGENCIA EN MANOS DEL NARCO

Por: Humberto Padgett - septiembre 5 de 2013 - 0:00 INVESTIGACIONES, Investigaciones especiales, México, TIEMPO REAL, Último minuto

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Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Si se revisan los expedientes abiertos por el Ejército Mexicano contra sus efectivos levados por el narcotráfico, se crea la idea de que los cárteles desarrollaron la habilidad de infiltrarse hasta uno de los órganos más sensibles del Estado, en el centro neurológico de la institución de las armas, su sistema de inteligencia.

Si se observan los documentos iniciados por el sistema de justicia civil contra los agentes policíacos, se piensa que los narcotraficantes invadieron áreas tan delicadas como la Dirección Federal de Seguridad, el servicio secreto mexicano durante los años de la Guerra Fría.

Pero si se analizan los expedientes particulares de los hombres que vendieron trozos del Estado y los legajos de quienes los compraron, se concluye que la filtración fue en el sentido contrario: los hombres de las armas infiltraron al narcotráfico no favor del interés público, sino del suyo propio.

La bola se fue pa’ Juárez

CONSEJO DE GUERRA

Con la cara rígida, perfectamente rasurada sobre los uniformes tapizados de insignias, los generales reunidos el 10 de julio de 2006 en Consejo de Guerra en El Salto, Jalisco, se preguntaron:

“¿Es el sargento segundo escribiente Marcelino Alejo Arroyo López culpable de que, perteneciendo a la Oficina de Inteligencia Antinarcóticos de la Secretaría de la Defensa Nacional, haberse incorporado a la organización criminal Cártel de Juárez, del cual era el dirigente, cabecilla o jefe narcotraficante Ismael Zambada García El Mayo Zambada y otros individuos, intermediarios de Arturo Hernández González El Chaky, quien dirigía una de las células del cártel también denominado La Empresa, con la intención de realizar labores de contrainteligencia?”.

Los militares ya habían hojeado el grueso legajo de la causa penal 2491/2005, el expediente con decenas de declaraciones, partes policíacos de investigación e intervenciones telefónicas. El mismo documento que da santo y seña de cómo el Cártel de Juárez y sus ex socios del Cártel de Sinaloa infiltraron al ejército y del que SinEmbargo posee copia.

Arroyo López habló. Se defendió.

Los generales lo escucharon y luego respondieron su propia pregunta.

***

El sargento Arroyo López causó alta el 21 de noviembre de 1987 como policía militar.

En enero de 1990 tomó una vacante en la Policía Judicial Militar. Inició como cabo policía militar, siguió como agente con el mismo rango y, poco después, lo ascendieron a sargento segundo escribiente. Estuvo en esa corporación hasta septiembre de 1995.

“No sé si por selección o azar me enviaron junto con otros nueve elementos de la Policía Judicial Militar a causar alta en el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN). Efectivamente he recibido dinero a cambio de información que sustraía de la Oficina de Inteligencia Antinarcóticos donde laboro para hacerla llegar a una organización dedicada a dar seguridad a narcotraficantes”.

Arroyo nunca efectuó curso alguno de inteligencia. Y así quedó directamente subordinado al CIAN, dependiente de la secretaría particular del Secretario de la Defensa, entonces Enrique Cervantes Aguirre, designado por el Presiente Ernesto Zedillo.

Marcelino Arroyo coincidió en el CIAN con Pedro Bárcenas, Capitán Perico, de quien se hizo compadre y quien luego desertó para integrarse al Cártel de Juárez. Aunque no se tienen datos detallados de cómo ocurrió, lo cierto es que Arroyo se convirtió en informante del crimen organizado. Y justo por estar en esa oficina fue blanco de los esfuerzos por comprarlo. No fue nada difícil.

Arroyo operó en una rústica estructura de inteligencia en que los reportes eran entregados por escrito, a manera de informes o, en casos de emergencia, dictados por teléfono a Bárcenas. Éste informaba a Francisco Tornez Castro El Pancho, quien reportaba a Arturo Hernández González El Chaky, jefe de sicarios de Amado Carrillo El Señor de los Cielos.

El sargento segundo escribiente obtenía información cuando los analistas del CIAN le comisionaban recabar datos de domicilios, números telefónicos fijos o celulares, vehículos. Tras clasificarla, la entregaba a su contacto. ¿Qué clase de información entregaba el sargento Arroyo al narcotráfico?

***

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Mes y medio antes de la detención de Arroyo, el cártel se inquietó.Se rumoraba de una andanada de cateos a las casas del Mayo Zambada en Culiacán, Sinaloa.

–¿Sabes si hay personal trabajando en Sinaloa? –preguntó Perico a Arroyo.

–Sí. Hay una base de trabajo de aquí, de la oficina (del Distrito Federal), en Sinaloa. Va un capitán al mando

–respondió el militar activo.

–¿Cómo se llama?

–Es un capitán segundo de zapadores.

–¿Es el que lleva el asunto del Chaky?

–Ese asunto lo lleva el teniente de arma blindada de apellido Ornelas.

–¿Quién está de jefe de cubículo del Cártel de Juárez.

–El capitán Ornelas.

Perico aseguró que buscaría al capitán encargado de la investigación en Sinaloa para sobornarlo. Arroyo no supo más. No debía saber nada más. Era sólo una de varias piezas.

El flujo de datos era permanente. Nombres de adversarios o socios de Juárez eran entregados en condición de incógnita a los militares y volvían al cártel con domicilios, números telefónicos y detalles de las investigaciones en su contra.

Otro ejemplo. A Perico le urgía tener información sobre un capitán aviador diplomado del Estado Mayor infiltrado por el Cártel de Juárez, pero integrado a otra célula. Competencia interna. Arroyo escuchó atentamente en la oficina. Se encontró con el tema y anotó todo en una libretita.

Reportó: “Me dijo que la revisaría con su patrón, pero que lo más interesante para ellos era toda la información relacionada con el Cártel de Juárez y, particularmente, con El Chaky”.

Era una maraña de espías contra espías. En otra ocasión, Arroyo López fue buscado por Perico. Le advirtió sobre un teniente de infantería que anteriormente estuvo en el CIAN. Le describió su auto y domicilio. Se debían cuidar de él: estaba empleado por otro cártel.

Bárcenas también proporcionó dos sobrenombres: El Yeyo y El Chacho, gente de Osiel Cárdenas Guillén, entonces capo del Cártel del Golfo. Había guerra. El tamaulipeco había mandado matar al Chaky. Y esos apodos eran dos de los sicarios que iban tras la vida del jefe de sicarios de Juárez, cabeza de la red de informantes de Amado.

El sargento Arroyo nunca conoció personalmente al Chaky, excepto por las referencias que de él hacían Pancho Tornez y Perico como “el patrón”. Arroyo, en el escalafón más bajo del cártel, cobraba directamente de la mano de Capitán Perico en las estaciones del metro Panteones, Normal o Cuitláhuac.

Él mismo dio los detalles: “En tres años recibí dinero en 25 ocasiones. Las cantidades iban desde 500 a mil dólares”.

Así de barato.

***

¿Ante la deslealtad a las armas había lealtad al narcotráfico? En su declaración ante el Ministerio Público Militar, Arroyo López deja claro que tampoco. El sargento también actuaba como correo para la entrega de sobornos a otro militar antinarcóticos, Pedro González Franco, quien causó baja de esa área por reprobar un examen de polígrafo –se entiende que Marcelino sí aprobaba ese filtro de seguridad– y, en vez de despedirlo, se le trasladó a la Zona Militar de Toluca, en el Estado de México.

Pero los sobres a su favor seguían llegando. Pedro Bárcenas Perico recomendó a Arroyo quedarse con el dinero. “Me dijo que yo aportaba más datos para la organización y que tenía derecho a cobrarlo”, se justificó el sargento segundo.

Los beneficios que dio Arroyo fueron más allá de la entrega de datos. También participó en el reclutamiento de más informantes. Uno de ellos fue el propio González Franco, a quien se reclutó por tener acceso a información del Cártel de Tijuana.

El CIAN se divide o dividía en módulos de análisis para cada cártel de las drogas.

A González Franco le pidieron antecedentes de Fabián Martínez El Tiburón, jefe de los Narcojuniors, cuerpo de sicarios y contrabandistas de clase media y alta reclutados por los Arellano Félix durante la década pasada. El Chaky “se lo quería chingar”, aclaró González Franco al ministerio público.

“En otra ocasión que regresé a Tijuana, el sargento Marcelino me dijo que Pedro (Perico) le había comentado que necesitaban información del Metro. Después regresé a mi base en Tijuana y por esas fechas agarraron a Alcides Ramón Magaña, narcotraficante del Cártel de Juárez”.

El Metro, quien a la muerte del Señor de los Cielos se apoderó del control del tráfico en la región sureste del país, fue detenido en 2001.

“(Luego) me dijo Perico que su compadre Pancho, Francisco Tornez, me mandaba dinero. Sacó un periódico que llevaba doblado con 5 mil dólares y que era por el trabajo para que aprehendieran al Metro. Un premio para nosotros, ya que con la captura del Metro se les había quitado un peso de encima”. La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un boletín de prensa cuando, en 2007, el traficante fue condenado en definitiva a 47 años de prisión en 2007:

“Con esta sanción (…) Durante la administración del presidente Felipe Calderón, el gobierno de México refrenda su compromiso de aplicar la ley con todo vigor y energía en contra de cualquier manifestación de la delincuencia organizada”.

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EL INGENIERO AGRÓNOMO

El asunto de los espías del cártel de Juárez detonó el 19 de octubre de 2001, cuando una patrulla del ejército circulaba por un camino de terracería en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

Los soldados observaron dos camionetas, una Suburban roja y GM negra granito, ambas con vidrios polarizados. Las siguieron y en segundos el seguimiento se hizo persecución. Quienes llevaban las camionetas frenaron en seco, las abandonaron y huyeron a pie.

Los militares revisaron los vehículos y encontraron 60 mil 400 dólares y 34 mil 400 pesos. También un anillo de oro blanco con nueve incrustaciones de piedras preciosas, una pulsera de oro de 14 kilates, dos bolsas con 34 gramos de cocaína y nueve estuches para el polvo o periqueras.

Tres cuernos de chivo, una pistola Colt con las cachas grabadas con figuras de tiburones y cientos de balas. Siete teléfonos celulares y uno satelital. Y documentos a nombre de Jerónimo López Landeros.

La camioneta negra granito, que resultó blindada, era propiedad de Javier Torres Félix. Su esposa se presentó al Ministerio Público para reclamar la devolución del vehículo y aseguró que su marido era agricultor y ganadero.

Torres Félix era un viejo conocido de la policía. En la tierra del Mayo se le tenía como su lugarteniente y sólo fue asunto de revisar los expedientes.

A finales de mayo de 1997, Torres Félix fue detenido en Cancún, Quintana Roo, con otros tres traficantes y 380 kilos de coca empaquetada en plástico transparente y hule amarillo. Sin embargo, Torres Félix resultó absuelto, salió de prisión al año y reanudó la operación para los Carrillo Fuentes en un momento en que, debe quedar claro, personajes hoy identificados plenamente en el bando de Sinaloa, mantenían operación para Juárez.

Esto, antes de dos hechos fundamentales para el presente del narco mexicano: la muerte de Amado Carrillo y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, con quien luego se alinearía El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza Moreno El Azul, entre otros.

Como con cualquier trabajo, una de las ventajas de ser un narco viejo es ir y venir por los cárteles con una gruesa agenda de contactos en el bolsillo.

***

Vale la pena comentar, al menos de manera resumida, el perfil de Javier Torres Félix, uno de los más reputados sicarios al servicio de los capos de Sinaloa, incluso antes de la existencia del cartel propiamente establecido.

Por eso y porque era el hombre sentado a la derecha de El Mayo.

Segundo de cinco hermanos, El JT nació el 19 de octubre de 1960. Abandonó la escuela en el segundo año de primaria y más o menos por ese tiempo comenzó a trabajar en el campo. A los 17 años ya inhalaba de la cocaína que luego vendería por toneladas. Como todos los narcotraficantes sinaloenses de la época, se presentaría como agricultor y ganadero.

En 1984, a sus 24 años de edad fue aprehendido en Sinaloa por el rapto de su novia. Meses después quedó en libertad.

Seis años más tarde, ya estaba formalmente instalado en el narcotráfico. Según la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR), en 1990 era el operador de Manuel Salcido El Cochiloco, colocado en la segunda línea de mando del ya extinguido Cártel de Guadalajara, liderado por Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo.

En junio de 1990 el JT fue detenido por el Ejército en Mazatlán, Sinaloa, en posesión de más de 800 kilos de mariguana y cuatro rifles AK-47, por segunda vez fue encarcelado. Un año después quedó en libertad.

Desde 1992 la DEA lo ubicaba ya como lugarteniente del Mayo Zambada.

Volvió a prisión en 2005. Fue internado en el Reclusorio Norte, la misma cárcel que años antes albergara a Caro y a Don Neto. Ahí coincidió con José Alberto Márquez Esqueda El Bat, ex jefe de sicarios del Cárrtel de Tijuana y enemigo suyo a muerte. La cercanía de ambos ocasionaba la inmediata sensación de muerte.

El JT compartió dormitorio con Carlos Ahumada Kurtz, el empresario que destapó los videoescándalos. En una ocasión, durante un carcelazo o depresión relacionada con el encarcelamiento, Ahumada lloraba de manera desconsolada.

–Ya, cabrón, no llores– decía el sicario en cuclillas frente un anafre en el que cocinaba. Visto en esa posición, quedaban al descubierto las cicatrices en la coronilla de la cabeza por el implante de cabello que se hizo.

Pero el complotista de Andrés Manuel López Obrador no podía contener el llanto.

–Mira, tranquilo, te hice una quesadilla– extendió El JT la tortilla doblada con queso adentro.

Curioso detalle proveniente de un hombre cuya personalidad le fue advertida a su juez:

“Esquizo-paranoide con características antisociales: sujeto impulsivo con conflictos con la figura de autoridad, suspicaz, manipulador, racionalista y egocéntrico. No aprovecha la experiencia siendo híper vigilante (sic) ante cualquier amenaza percibida manejando ideas megalómanas de logro y realización personal con los que encubre sentimientos de minusvalía”.

***

En junio 2001, agentes de la Federal de Investigación que dieron seguimiento al caso y fe de los objetos encontrados en las camionetas de Cosalá reportaron otras cantidades de dinero: 70 mil 400 pesos y 20 mil dólares.

Reiteraron que entre los documentos encontrados, entre estos la licencia de conducir a nombre de Jerónimo López Landeros, cuya fotografía era la imagen del Mayo Zambada”.

No fue el único papel con el pseudónimo del Mayo.

Se encontró una tarjeta blanca enmicada impresa con la oración “H. Ayuntamiento del municipio de Durango 1998-2001” y un escudo. Tenía escrito a máquina:

“El portador de la presente, Ing. Agrónomo Jerónimo López L me ha sido recomendado ampliamente, por lo que pido a los elementos de la dirección de Seguridad Pública de Vialidad que, en caso de cualquier incidente en que se vea involucrado, antes de proceder en su contra, se comuniquen con el suscrito”.

Lic. Raúl Obregón A. (director general de la Policía Judicial del estado), una firma ilegible, un sello en color azul y en la parte inferior un lema: “Durango, tarea de todos”.

***

Otro hallazgo importante fue el de los teléfonos celulares, propiedad de Javier Torres Félix, el segundo del Mayo Zambada en ese momento.

Uno de los números mantenía comunicación con otro a nombre de Karla María Monge Corral, con domicilio en apartado postal 28, Culiacán, Sinaloa, propiedad del gobierno del estado de Sinaloa.

Desde este teléfono, a su vez, se establecía contacto frecuente con un teléfono fijo registrado a nombre de María Teresa Zambada Niebla, hija del Mayo, en la colonia Colinas de San Miguel, en Culiacán.

También por las conexiones telefónicas se ubicó otra casa en Las Quintas, misma ciudad, a nombre de Miriam Patricia Zambada Niebla y Mónica del Rosario Zambada Niebla. Los policías vigilaron, preguntaron a los vecinos y pronto apareció el nombre Ismael Zambada Niebla El Vicentillo.

En esta casa había alrededor de 15 vigilantes y desfile permanente de las Suburban, las Gran Cherokee y las Cheyennes sin placas, nunca detenidas por los retenes semifijos de la Policía Ministerial, la Policía Estatal Preventiva y Policía Inrtermunicipal.

Todas las residencias quedaron bajo vigilancia. Los agentes anotaron:

“El 3 de junio de 2002 arribó un convoy de las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, así como un vehículo Hummer del ejército mexicano y cuatro patrullas de la Policía Ministerial, Estatal y Preventiva. Del domicilio salió un hombre de 28 años y 1.75 metros. Moreno claro, complexión regular y cabello corto. Platicó con los elementos y luego regresó a la casa. La patrulla se fue”.

También se vigiló al menos una casa a la que vieron llegar, en una Ford Lobo Harley, a Édgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Se le siguió al Tec de Monterrey, unidad noroeste, en donde estudiaba.

Los mismos teléfonos incautados dejaron bien clara la relación entre El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán. Las llamadas de uno de esos aparatos conectaba con Griselda López Pérez, entonces esposa del Chapo y socia de restaurante de comida china en la calle Álvaro Obregón del centro de Culiacán.

Los federales siguieron las pistas de los teléfonos. Encontraron uno más en la colonia Las Flores, en Ciudad Lerdo, Durango. Pero esta línea estaba desviada a otra casa en la misma ciudad a donde llegaba un hombre al que todos reverenciaban y llamaban El General.

Otros teléfonos registraban comunicación con varias casas de Culiacán y la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, con domicilios en Carretera Internacional Norte 1207, Venadillo, Mazatlán, cuya principal accionista es Rosario Niebla Cardoza, ex esposa del Mayo Zambada.

“La señora Ana María Zambada García –hermana del Mayo– registra comunicación con el número telefónico perteneciente a Karla María Monge y, a su vez, éste con el que está a nombre de José Luis Castro Soto, personas que registra comunicación con el ingeniero Domingo Silva Monter”.

El ingeniero Silva sería pieza clave en la investigación para desarticular a los infiltrados. Silva vendía equipo de comunicación e intercepción de llamadas directamente al cuerpo de seguridad del Mayo. A la vez, tenía relación con la célula de contrainteligencia compuesta por militares y ex militares subordinados al Chaky.

Tras los seguimientos que se hicieron de los teléfonos de Torres Félix y las casas con que mantenían comunicación, la policía federal dibujó la red completa.

La descripción del hombre de 28 años coincidía con la del Vicentillo, primogénito del Mayo, cuya primera esposa e hijas fueron ubicadas perfectamente de manera física en ese momento y luego ubicadas por agencias mexicanas y estadounidenses como principales lavadores de dinero del capo sinaloense. Estaba dada la posibilidad de capturar a familiares del Chapo presuntamente participantes de sus actividades ilegales.

EL CAPITÁN PERICO

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Si es cierto lo dicho por Iván Castro Sánchez o Pedro Bárcenas –las autoridades civil y militar creyó en su declaración del 13 de octubre de 2002–Comandante Perico, conoció en la neblina de tabaco y sudor del bar Pacinco, en el Distrito Federal, a un hombre que lo llevó ante Francisco Tornez.

Pancho y Perico compartían un par de cosas: ambos habían pertenecido al ejército, los dos se hacían pasar aún por capitanes y los dos tenían modos de vender inteligencia militar al narco.

Perico compraba la información a los militares del CIAN que luego entregaba los datos a Pancho Tornez. Al inicio de la relación recibía 2 mil o 3 mil pesos; al final, hasta 2 mil dólares por reporte.

Las relaciones descritas por el militar desertor abarcaban generales. Uno de ellos fue Guillermo Álvarez  Nahara, ex director de la policía judicial federal.

“Lo fui a ver en compañía de Venancio Bustos, ex militar –también con pasado en Inteligencia Antinarcóticos del ejército–, y Carlos Águila, agente federal de investigaciones en activo. Fuimos a ver al general, porque existe el rumor que lo iban a nombrar titular de la PFP. Lo visitamos en sus oficinas ubicadas a un lado del Banco del Ejército, pero el general nos dijo que ni siquiera sabía la existencia de ese rumor.

“También recibo llamadas a mi celular de Adrián y El Brandon, quienes trabajaron anteriormente en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN)”.

Otra muestra de que Perico no sólo incorporó militares en activo a las filas de Juárez es Rubén Escalante Camarillo El Lobo, quien inició carrera en las armas en 1993 asignado como auxiliar de administración en el Campo Militar Uno de la Ciudad de México, donde conoció a Marcelino Arroyo López y a Perico.

En 1996, El Lobo se empleó en una empresa relacionada con recursos humanos que era propiedad de la familia de Miguel de la Madrid como chofer escolta de los hijos del ex presiente –uno de ellos, Enrique, fue designado por el Presidente Enrique peña Nieto como director general de Banco Nacional de Comercio Exterior–. Perdió el trabajo el día en que la familia ex presidencial dejó México y se asentó en Europa.

Lobo ingresó al CISEN como agente investigador. Salió en 2000 de manera directa a la Policía Federal Preventiva donde estuvo adscrito como suboficial, hasta su detención, en octubre de 2002, a la Dirección General de Operaciones Especiales.

Desde ahí sirvió al Cártel de Juárez. Formalmente apoyaba el cumplimiento de órdenes de aprehensión del fuero común y del federal. Entre las revelaciones aportadas por El Lobo están los detalles que aportó sobre un cateo masivo previsto por la PFP en Culiacán.

Perico fue también quien advirtió de la inminente persecución contra Javier Torres Félix, a quien se le imputó una masacre de 12 personas en Sinaloa.

Las infidencias de los militares no sólo actuaban a favor de la seguridad de los líderes del Cártel de Juárez. Perico declaró que Arturo Hernández González El Chaky ofrecía dinero por la muerte de Osiel Cárdenas Guillén, el ex capo extraditado del Golfo.

En la libretita con espirales de Perico, los policías encontraron un par de direcciones Paseos de Churubusco y Polanco, en el Distrito Federal. En ambas se leía un  nombre, escrito con su propia mano: Osiel. Los domicilios eran las oficinas de Cárdenas Guillén en la capital. Le fueron proporcionados por Marcelino Arroyo y terminaron en manos de Francisco Tornez.

Otro nombre investigaba Perico en la red de infiltrados. Le fue anotado por Francisco Tornez en un trozo de papel de estraza: “Jerónimo López Landeros Mayo”, uno de los seudónimos con que las agencias estadounidenses identifican al Mayo Zambada.

EL CAPITÁN PANCHO

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Francisco Tornez Castro también se llamó Víctor Manuel Llamas Escobar. Pero le gustaba más ser el Capitán Pancho.

Ingresó al ejército mexicano en el complicado 1968, año de la represión en Tlatelolco, y causó baja en 1975 con el grado de sargento primero, cuando se adhirió al grupo ENLACE –así lo identificó en su declaración– como miembro de la Policía Judicial de Guerrero.

En ese grupo, puntualizó, participaban elementos de la PGR, la Policía Judicial Militar, la Policía Estatal de Guerrero y la Dirección Federal de Seguridad. Su función era combatir los restos de la guerrilla de Lucio Cabañas, muerto en 1974.

Pancho entró por recomendación de un general sin mayor trascendencia y recomendado por el entonces teniente coronel Arturo Acosta Chaparro, director de la Policía Judicial y Seguridad Pública en Guerrero durante los años de la Guerra Sucia.

ENLACE, pues, fue una denominación de la Brigada Blanca. A Tornez le tocó seguir al segundo en mando después de Lucio Cabañas. Al año y medio dejó la Brigada Blanca de manera formal y se convirtió en policía judicial de Durango gracias a la recomendación, esta vez, del propio Acosta Chaparro.

Como judicial de Guerrero conoció a los hermanos Gustavo, Alfredo, Manuel, Otoniel Tarín Chávez, todos de la máxima confianza de Acosta Chaparro. También a Germán Bello Salgado, sargento segundo del ejército quien, al poco tiempo se convirtió en comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Cuando la DFS desapareció en 1985, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena por órdenes de Ernesto Fonseca –bajo cuyas órdenes inició carrera en el narcotráfico El Mayo Zambada–y Rafael Caro Quintero dadas a agentes y agentes de la misma policía política, el comandante Bello se mudó con mismo cargo a la Policía Judicial Federal hasta 1997, cuando fue dado de baja por un delito no especificado en el expediente de la justicia militar.

Ese mismo año era ya “el secretario particular del Chaky”, según Pancho Tornez quien, para hablar con el jefe de sicarios del Señor de los Cielos, antes debía hablar con Bello y a éste le reportaba toda la información recolectada por la red de militares, agentes del CISEN, de la Federal Preventiva, de la Fiscalía de Delitos contra la Salud y de las judiciales estatales a los que Juárez tuvo en su nómina entre mediados de los noventa y mediados de esta década.

“También conozco a Juan Parra Cortés. Es mi amigo y me presentó a Perico. También fue quien me consiguió la credencial de la Secretaría de la Defensa que me acredita como policía judicial militar. Es amigo del general Acosta Chaparro.

“Y a Jaime Delgado. Es subsecretario de Seguridad Pública en Acapulco, Guerrero, ya que fue chofer de Acosta Chaparro y es a quien llamo para cuestiones de licencias y trámites administrativos”, declaró Tornez ante el ministerio público federal.

***

El Capitán Pancho vivía bien, al menos a su entender. Tenía dos mujeres con relaciones fijas lo que, explicó Perico, le impuso la necesidad de tener dos nombres.

Nunca dejó de presentarse como capitán del Ejército, aun cuando ni sus novias lo vieran alguna vez uniformado. Decía estar comisionado en alguna operación que le imponía dejar el uniforme en el clóset. Tenía cuatro casas en Cuernavaca, otra rentada en el DF y un departamento también alquilado en la ciudad de México y cuatro vehículos, incluidos una camioneta 4×4 y un Trans Am.

Empleaba una cocinera de Guerrero y su chofer era un ex militar dado de baja por violación sexual.

El Capitán Pancho tenía su caballo en el club hípico de Santo Tomás Ajusco, donde también solía montar el director de la Dirección Federal de Seguridad comprado por el narco, José Antonio Zorrilla Pérez, y era propietario de un rancho de borregos.

Pero Pancho era sobre todas las cosas un hombre de relaciones. Entre sus amigos estaba Julián Marín Ávila, jefe de la policía motorizada de Seguridad Pública de Chilpancingo, Guerrero.

“Me ayudó a causar alta en esta corporación como oficial comandante, donde recibo un sueldo de 4 mil pesos mensuales sin acudir a trabajar. Mi amigo Julián Marín se encarga de que me pasen lista. Únicamente me presento en las quincenas para cobrar mi sueldo.

Así, utilizaba a la vista una pistola escuadra grande de cargo en su calidad de comandante de la policía de Chilpancingo y se ocultaba una pequeña calibre .25.

“Marín me invitó a financiar la campaña política de su compadre Gonzalo Gallardo como candidato del PRI a la presidencia municipal de Copala, Guerrero. A cambio me daría todas las obras públicas de ese municipio. Aporté 300 mil pesos”, confesó Pancho Tornez 12 de octubre de 2002.

Ante la perspectiva del gran negocio de ser contratista de gobierno, Tornez compró maquinaria para la construcción.

Pero Gonzalo Gallardo perdió. En aquel momento. Hoy es el alcalde de Copala.

No hay espía sin libretita. La de Tornez era de una agenda dorada con el logotipo de Mexicana de Aviación. Los nombres en el cuadernillo incluían a Agustín Montiel López, ex director de la Policía Judicial en Morelos, y a Humberto Fernández, custodio de la penitenciaría de Cuernavaca.

Otro apunte decía simplemente “Granados”.

El ex militar perseguidor de comunistas explicó: “Corresponde al general Luis Enrique Granados Alamillo. Lo conozco porque fue mi comandante en la brigada del ejército en 1970; a la fecha le sigo hablando, porque fue mi padrino de bodas”.

Granados fue cuarto paracaidista en la historia de la aviación mexicana y amigo personal de otro general, Mario Arturo Acosta Chaparro.

***

Los contraespías eran espiados. Entre mediados de septiembre y mediados de octubre de 2002, la Agencia Federal de Investigación interceptó cientos de llamadas entre Perico y Pancho Tornez, entre éste y Germán Bello, así como de personajes secundarios.

Una de las intervenciones registró el diálogo entre Capitán Perico y Capitán Pancho, Francisco Tornez sobre dos colombianos de quienes habían hablado en conversaciones anteriores.

Perico: Son dos hermanos. Te voy a platicar de dónde procede este pedo. ¿Te acuerdas que hace como mes y medio o dos meses agarraron a dos viejas en un avión con 2 millones de dólares?

Pancho: Ajá.

Perico: Al parecer una era vieja de este cabrón. Y estos güeyes están relacionados con una organización que está trabajando en Hermosillo, Sonora. ¿Te acuerdas que me habías dicho que había unos güeyes muy bravos, que estaban ahí?

Pancho: Ándale, sí.

Perico: Estos güeyes son, pero resulta que de este lado todo el pedo lo hizo la AFI. Pero ahorita están relacionando a estos dos cabrones con El Minino –como en clave se referían al Azul; en otras ocasiones, en referencia a la misma persona, la transcripción consigna el apodo de Mi Niño.

Pancho: Sí.

Perico: Entonces están movilizando gente, porque son más de 200 casas de estos güeyes.

Pancho: ¡Hijo de la c******a! ¿Tanto?

Perico: Doscientas veintitantas, ¿eh? No están encausadas todas, porque, pues tú sabes, el p****e MP no autoriza o el juez no autoriza los cateos ni nada.

Pancho: ¡Ajá!

Perico: Entonces mira: el nombre es Juan Diego Espinoza Ramírez y su hermano Mauricio con los mismos apellidos –y repite para que Tornez tome nota.

Pancho: Ajá.

Perico: Bueno, la esposa de Juan Diego se llama…

Pancho: Sí…

Perico: Sandra…

Pancho: Sí…

Perico: Ávila.

Pancho: Sí…

Perico: Beltrán­ –pronunció el ex militar el nombre de la Reina del Pacífico.

Pancho: Sí…

Perico: Esta p****e vieja está atorada. Se sabe que todas las casas son de ella. Están a su nombre y tiene varios nombres. Pero yo los sacaría ya. Estos cabrones estaban trabajando sin pedo alguno y andaban muy recio…

Pancho: Muy recio.

Perico: Al primer güey, a Juan Diego, le dicen El Tigre.

Pancho: ¿Entonces cuando empiezan?

Perico: Los asuntos ya empezaron, pero hay muchos pendientes que tiene que avalar el juez. No es tan fácil, pero están esperando.

Pancho: Bueno.

Perico: A todos los relacionan con El Mayo Zambada.

Pancho: ¡Hummmmu! Te encargo mucho. Estate al pendiente, estate al pendiente de los otros asuntos.

Perico: Sí. Y lo que sigue es Guadalajara. Sandra Ávila Beltrán, sobrina del viejo capo Miguel Ángel Félix Gallardo, y su novio El Tigre –a quien conoció por medio de Ignacio Coronel, el único capo de Sinaloa muerto durante los últimos tres sexenios– serían capturados hasta finales de septiembre de 2007 en el centro comercial de San Jerónimo, en la Ciudad de México.

***

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La Agencia Federal de Investigación grabó una llamada entre Francisco Tornez Capitán Pancho y el Comandante Bello.

Pancho: ¿Dónde anda ese hombre?– preguntó por el Chaky.

Bello: No está ‘orita.

Pancho: Mire, pa’ que tome nota, a ver si estos muchachos son de la empresa.

Bello: Permítame…

Pancho: Juan Diego Espinoza Ramírez El Tigre y su esposa Sandra Ávila Beltrán. Al parecer a ella ya le hicieron su fiesta. Y el hermano de Juan Diego es Mauricio.

Bello: ¿Cuándo le hicieron la fiesta?

Pancho: No se sabe, pero a estos dos se la van a hacer mañana o pasado en Hermosillo y de ahí se vienen a Jalisco. Ya están los muchachos allá para llevar a cabo la pachanga. Entonces los muchachos quieren saber si son gente de allá, de la misma empresa de nosotros o no, para que dejen trabajar a estos muchachos.

Bello: ¿Entonces van a hacer la fiesta en Hermosillo y Guadalajara?

Pancho: Entonces, pero los están relacionando con gente del Minino. Al parecer sí, pero ellos quieren saber, porque quieren meter trabajo ellos. Ya están allá y van con gente de la AFI.

Bello: ¿Ah sí?

Pancho: Y quieren saber si son gente de la familia, si es la empresa, pues, ¡para que les avisen ustedes que les van a hacer su fiesta! Y si no son, pues callados van a trabajar.

***

Pancho: Aquí los muchachos se van hoy y mañana se van muchos guachos. Puros de inteligencia… militar. Yo ahorita acabo de hablar con el capitán que va al mando.

Bello: ¿De hoy y mañana sale gente o llega gente?

Pancho: ¡Llega genta allá ya pa’ reventar! Hoy y mañana, porque el lunes van a reventar. Una de las casas que van a reventar… está la señora del Mayo. ¡Sáquenla!

Bello: ¿Entonces es el domicilio de la señora?

Pancho: Sí, uno de los domicilios, ¿se acuerda de los tres domicilios que le mandé?

Bello: Mmmjm. Pero no dicen qué domicilio es…

Pancho: ¡No! ¡No! ¡No dicen!

Bello: Permítame tantito, que estoy cuadrando aquí bien.

Pancho: ¡Sí, sí! Y van a reventar el lunes. ¡El lunes!

Bello: ¡El lunes!

Bello: ¿La esposa del Nino (sic), verdad?

Pancho: ¡Sí! Bueno, yo acabo de hablar con el capitán. Ahí le va el nombre del capitán que va al mando. Va el capitán Ornelas. Yo ya hablé con él y me dijo que nos dan chance de abandonarlo todo. Pero va reforzado por el general brigadier, anótelo ahí, director de la Policía Judicial Federal Militar (se omite nombre). Este general llegó la semana pasada de un curso en Colombia.

Bello: ¡Uhmmmm!

Pancho: Entonces al tiro, porque vienen bien reforzados. Van perros, ¡no hay tregua aquí! ¿Eh? Ahorita con el único que pude hablar fue con el capitán. Me mandó a llamar tempranito.

Bello: ¡Uhmmmm!

Pancho: Me dijo: “Mira, quiero que lo hagan hoy mismo, que abandonen todo, porque no sea que el p****e general se vaya a calentar y quiera empezar a catear desde el domingo, desde mañana”.

Bello: ¡Hey!

Pancho: Pero él mismo va a trazar la gente para que no se catee mañana, se catee hasta el lunes, pero dijo que no quiere que corramos riesgos. ¡Trata de hacerlo hoy mismo, cabrón!

***

Marcelino Arroyo fue quien informó de que su oficina había colocado vigilancia al capitán Salvador Ortega Barrera, piloto de la Fuerza Aérea  adscrito a la Dirección de Erradicación de la PGR.

Salvador también colaboraba, aunque en otra nómina, para el mismo Cártel. Ortega Bernal, según el conjunto de declaraciones, proporcionó la primera alerta a Javier Torres Félix, lugarteniente del Mayo Zambada, de que ocurriría una andanada de cateos a casas de su propiedad en Culiacán.

El asunto trascendió y fue motivo de otra conversación entre Pancho y Bello.

Pancho: Ustedes deben tener un amigo, gente del Mininio.

Bello: ¡Sí!

Pancho: Un capitán piloto aviador de la Fuerza Aérea…

Bello: ¡Ajá!

Pancho: Salvador Ortega Bernal. Le doy todos los datos. A este capitán le agarraron la llamada dando información a la gente de allá. ¡Cuidado! Ya le pusieron cola y se lo van a chupar.

Pero quienes tardaron años en ser “chupados” fueron los hijos del Chapo y del Mayo, cuya red de lavado de dinero, encabezada por sus hijas se vigente hasta hoy, según la DEA.

EL INGENIERO

Domingo Silva Montaner, ingeniero de profesión, dedicó toda su vida al espionaje. Primero lo hizo para la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política que desapareció cientos de disidentes y guerrilleros durante los 70, y luego para el Cártel de Juárez.

Uno de los teléfonos encontrados en las camionetas de Cosalá mantenía comunicación con otro celular de la zona metropolitana de la Ciudad de México a nombre suyo con domicilio en la colonia Portales del DF, que coincidía con la dirección de la empresa Enlaces de Comunicaciones.

Los agentes federales de investigación también probaron su relación directa con la empresa Comunicaciones Culiacán. Y, para entonces, ya estaba relacionado mediante intercepciones telefónicas con Germán Bello, secretario particular del Chaky y Pancho Tornez.

“Por medio de las investigaciones realizadas se sabe que el Ing. Domingo Silva es quien proporciona asistencia técnica y el equipo de comunicaciones a Ismael Zambada por medio de sus empresas”, reportaron los policías.

Domingo Silva era una parte fundamental en la organización de inteligencia del cártel, tanto que los infiltrados recibieron la consigna de ubicar su expediente en la PGR y desaparecerlo.

Según Francisco Tornez, la averiguación previa estuvo disponible gracias a una agente del ministerio público federal de nombre Leticia Gutiérrez, quien solicitó 30 mil pesos por entregar el documento.

“Le llamé al Chaky para comentarle de esta situación. Me contestó el comandante Germán Bello y me dijo que los mandara a la c******a, porque ellos tienen gente más cercana que podía conseguir el expediente”, declaró Tornez.

EL DISCÍPULO DEL DIABLO

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El Chaky se deslumbró con el poder de las insignias: barras y estrellas y estriadas de cinco picos en las sobrehombreras, aunque las veía generalmente bordadas en negro, porque eran vestidas con el uniforme de campaña. Y la campaña era la persecución de los guerrilleros dispersos en la montaña de Guerrero.

Arturo Hernández González, un muchachito acapulqueño medio desarrapado de 10 o 12 años, no podía más que maravillarse por esos años, la primera mitad de la década de los 70, ante el paso desafiante de los jefes militares.

Uno de ellos, al que lavaba el auto en la comandancia de la Policía Judicial de Guerrero, lo adoptó. En ese tiempo, el militar llevaba dos estrellas doradas. Era teniente coronel. El tiempo le traería la estrella plateada y solitaria sobre el escudo nacional, seña distintiva de un general brigadier: Mario Arturo Acosta Chaparro.

En esos años, el jovencito también conoció a unos hermanos que serían definitivos en su vida de apellidos Tarín Chávez.

Uno de ellos, Manuel, trabajó en 1972 como ayudante de la Policía Judicial de Chihuahua. Tres años después, entre 1975 y 1981, causó alta en la Policía Judicial de Guerrero como jefe de grupo bajo las órdenes de Acosta Chaparro, padrino de su hermano Ezequiel. Otros dos hermanos suyos, Otoniel y Gustavo, estuvieron en la misma corporación con igual asignación, pero comisionados por la Policía Judicial Militar.

“Estuve asignado a un grupo que combatía las células guerrilleras directamente con el general Acosta Chaparro, a quien frecuento todas las veces que vengo a la Ciudad de México”, declaró Manuel Tarín en abril de 1989.

Pocos años después, su hermano Gustavo se convertiría en testigo protegido y uno de los principales acusadores de los generales Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo en los procesos que se le siguieron por la matanza de disidentes políticos y por narcotráfico.

Manuel Tarín y Arturo González se odiaban como sólo pueden quienes bien se conocen. En 1975, el lavacoches se convirtió en chofer de la familia del primero, hasta que Arturo y una hermana de los Tarín Chávez se enamoraron. La muchacha resultó embarazada.

Manuel relató el momento:

“Mis hermanos Gustavo y Otoniel lo golpearon. Lo amarraron y lo colgaron en los separos de la Policía Judicial de Acapulco. Abogó por él su madre, que en realidad era su hermana mayor. También Acosta Chaparro, que en ese tiempo ya era mayor”.

El honor se resarció en el altar. Pero sólo el de la familia. Según Manuel Tarín, desde el día de la boda entre su hermana y el sicario, éste la golpeó hasta el momento de su separación.

De aquellos años y de su inclusión al mundo compartido entre narcotraficantes, policías y anticomunistas Arturo González El Chaky recordaría una estampa:

“Conocí a Juan José Esparragoza Moreno El Azul cuando trabajé en la Dirección Federal de Seguridad. Estaba en Tuxtepec, Oaxaca. Ahí se sembraba marihuana. El Azul llegaba con mucha gente en camionetas y él también sembraba. El comandante de la Federal de Seguridad, que entonces era Tomás Morlet, les daba chance para la siembra”.

En 1985, el comandante de la región norte de la agencia de la Dirección Federal de Seguridad y narcotraficante confeso, Rafael Chao López, señaló a su compañero Tomás Morlet como uno de los comandantes que con regularidad entregaban dinero del narcotráfico al director de la agencia mexicana de espionaje en ese momento, José Antonio Zorrilla Pérez, encarcelado por el asesinato del periodista Manuel Buendía y vendedor de protección a Rafael Caro Quintero.

Tomás Morlet fue uno de los hombres que abrieron la conexión entre la DFS y el futuro Cártel de Juárez, en primera instancia. Se asoció con Rafael Aguilar Guajardo, ex comandante de la corporación de inteligencia y cofundador del Cártel de Juárez desde donde operó un equipo de contrainteligencia implantado en el CISEN. Tomás murió como uno de los jefes de sicarios del Cártel del Golfo.

***

La siguiente viñeta de la vida del Chaky existente en el expediente de los narcoespías militares le coloca, a principios de los 90, como integrante del Grupo Palma de la Policía Judicial Federal, creado por la PGR en 1987, y Guillermo González Calderoni, quien luego vendería protección al Cártel del Golfo.

El quinteto de Los Tigres del Norte incluyó en recopilación de sus 20 Corridos Prohibidos, las canciones Pacas de a Kilo, Jefe de Jefes y Gabino Barreda. Y El Discípulo del Diablo, dedicada a Guillermo González Calderoni.

“En 1994 conocí a Amado y Vicente Carrillo Fuentes en una carrera de caballos en la ciudad de Chihuahua”, declararía el propio Chaky.

Sin embargo, Pancho Tornez describió al Chaky tiempo antes, en 1991, volcado a la riqueza, olvidado el aspecto costeño, vestido como vaquero del norte. Un servidor de Juárez.

Admitió que recibía tráileres cargados de cocaína o marihuana en Durango para escoltarlos con dos o tres vehículos de la de la caseta de Cuencame, Durango, a los límites de este estado con Chihuahua.

El propio Arturo explicaría su apodo: “Tengo como apodo El Muñeco, aunque alguien después de una fiesta me dijo que me parecía al Chuky –palabra transformada en Chaky por la repetición– y así se me quedó de apodo. Soy adicto desde hace muchos años a la cocaína”.

***

El Señor de los Cielos murió y se convirtió para siempre en leyenda de la mafia. Falleció en la mesa del quirófano, en 1997, cuando cuatro cirujanos plásticos se afanaban en transformar todos sus rasgos. El Chaky, presumió la PGR, asesinó a los médicos, segmentó los cuerpos y los sumergió en un tambo de cemento y dejó los cadáveres en la Autopista del Sol.

También se le atribuye el asesinato de 10 pistoleros rivales en Ciudad Juárez a quienes habría enterrado en el Rancho La Campana.

Se le acusó del asesinato de Carlos Ventura Moussong, hombre de confianza de la DEA, aprehensor de Ernesto Fonseca, Caro Quintero, El Azul Esparragoza y el ex Gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva. El agente del MP le preguntó sobre el asunto.

“Con el comandante Ventura Moussong tuve gran amistad”. Tanta que, según él, le avisó cuando un amigo lo quiso delatar en la PGR. Traicionado, El Chaky ordenó la muerte del soplón.

“Se anda diciendo que yo lo mandé a matar. Esto es falso y explico por qué: cuando detuvieron a mi sobrino, me dijeron que lo había detenido Ventura Moussong. Y sí dije: lo voy a matar. Pero Ventura me mandó a decir que él no había sido, que conocía a Jorge desde pequeño y que él no me haría algo así. Y ahí quedó todo”.

El Chaky dio detalles de su personalísima nómina. La que le mantenía salvo en Gómez Palacio los años que ahí vivió. Había un policía municipal, quien lo alertaba de la presencia de policías extraños a cambio de 4 mil o 5 mil pesos.

Habló de Víctor Blancas, comandante de la Policía Judicial Federal en la misma ciudad, encargado de avisar cuando la policía no comprada se le acercaba demasiado. “A este sujeto yo mismo le daba cada vez 5 mil dólares”.

Cuando la Policía Judicial Federal se convirtió en la Agencia Federal de Investigación, reclutó al agente federal de investigación Néstor Tobías de la Cruz a quien se retribuía con 3 mil o 4 mil dólares cuando avisaba de operativos.

En la oficina de Gómez Palacio tenía un hombre, sólo identificado como Amado, a quien daba 8 mil o 10 mil pesos por cada línea segura que desviaba: se contrataban líneas telefónicas a registrarse en un domicilio, pero se desviaban a otro para que no fueran ubicables.

Y habló de sus cuñados, los Tarín Chávez. Los que lo colgaron con el cuerpo hinchado de tanta tunda en los separos de Acapulco. Apuntó especialmente a Gustavo, convertido en testigo protegido y principal acusador de Acosta Chaparro.

“Efectivamente conoció a Amado y a su hermano Vicente, con quienes trabajó. Pero no le tienen confianza, porque asesinó a su hermano”. (El fratricidio entre los Tarín fue el mismo argumento invocado por Acosta Chaparro para denostar las palabras de Gustavo cuando le tocó turno de ir al banquillo).

Lo detuvieron con su sombrero y sus botas. Traía documentación de su deportación de Estados Unidos por estar en ese país sin papeles. Se sentía mal por su hipertensión y el dolor que le recordaba una vieja lesión en la pierna izquierda. Al final de su declaración, el Chaky buscó la influencia de su pasado.

“Mi conducta puede ser avalada por los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo”.

EL GENERAL

¿Quién era Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite en Guerrero, en los mismos años en que los narcotraficantes relacionados con él iniciaron su desarrollo empresarial hasta ser hoy los capos, los fundadores de la República de las Drogas? ¿Qué cimientos hubo para que ese estado sea zona de guerra de los cárteles modernos?

El espionaje de Estado es un sistema que por naturaleza se espía a sí mismo. Acosta Chaparro fue seguido con atención por la Federal de Seguridad y se escribieron decenas de reportes sobre sus actividades policíacas en Guerrero, en esos años gobernado por la familia Figueroa. Uno de ellos, Rubén, candidato en 1974 a la gubernatura del estado, fue secuestrado por la gente de Lucio Cabañas.

Luis Echeverría, identificado como colaborador directo de la CIA, pero también amigo cercano de Rubén Figueroa, enfureció y lanzó a “los tigres” en su contra. El maestro guerrerense se convirtió en una de las prioridades de Acosta Chaparro, en ese momento con grado de teniente coronel del Ejército, y ese mismo año, en diciembre, fue cazado y su cadáver fotografiado con sus captores alrededor a manera de muestra del trofeo conseguido.

Acosta se convirtió en una especie de policía plenipotenciario. En algún momento de 1976 ya era director de la Policía y Tránsito de Acapulco y fue nombrado, a la vez, jefe de grupo de la Policía Judicial del estado en este puerto. En la época, el cultivo de marihuana y amapola a gran escala era extendida por los narcos sinaloenses hacia el Pacífico Sur.

Respecto al nombramiento, el órgano de vigilancia de la Secretaría de Gobernación anotó:

“Se ha rumorado insistentemente que esta actitud del gobernador del estado Rubén Figueroa Figueroa se debe a que uno de sus hijos fue secuestrado, indicando que con esta acción el mencionado mayor se encargará de las investigaciones al respecto”.  



Con frecuencia, Acosta enfrentó acusaciones por las desapariciones ocurridas en Guerrero. En noviembre de 1976, el militar retuvo a ocho policías de Acapulco. La detención fue pública y las familias de los uniformados reclamaron la entrega de los detenidos, quienes permanecieron en calidad de desaparecidos durante un mes. La presión creció y el responsable de la Brigada Blanca en el sitio los debió presentar:

“Estaban sujetos a investigación por delitos cometidos contra la sociedad”, legisló Acosta al momento. A continuación lo designaron jefe de la Policía Judicial de Guerrero, encargo que incluía mandato sobre todas las demás policías, es decir, también la de Tránsito y Seguridad Pública.

Acosta Chaparro pertenecía, al mismo tiempo, a la DFS. Su desempeño le llevaría a llevar el cargo de Jefe del Departamento de Asuntos Exteriores de la Dirección Federal de Seguridad. En otras palabras: discutía y acordaba con funcionarios de otros países asuntos relacionados con la contención “del terrorismo”, término ya utilizado desde entonces.

Llama la atención un diagnóstico político de Guerrero realizado por la Dirección Federal de Seguridad, en que consignan las otras actividades de Acosta Chaparro, además de integrante de la Brigada Blanca o Especial. Tiene fecha de 14 de mayo de 1976:

“El mayor Arturo Acosta Chaparro es atacado por sus manejos turbios que le reditúan fuertes sumas de dinero al mes, comentándose que tiene protección incondicional del Lic. Rubén Figueroa Alcocer, hijo del gobernador del estado –y futuro mandatario del mismo, responsable político de la matanza de Aguas Blancas”.

***

¿Cómo operaba Acosta la contrainsurgencia? De acuerdo a los documentos recabados de los archivos de la DFS, el militar también desarrollaba tareas de propaganda.

En 1977, las organizaciones sociales de Guerrero acusaban la desaparición de 150 personas a causa de su posición política. A principios de marzo, convocaron a una concentración en el puerto de Acapulco para el día cuatro de ese mes y reclamar la presentación de sus compañeros y el freno a la persecución.

En la víspera de la manifestación, la patrulla 105 de Policía y Tránsito de Acapulco, a cargo de Acosta, repartió un volante que, en síntesis, decía:

“¡La hora de iniciar la guerrilla urbana en Guerrero ha llegado!

“Brutalmente soberbio ha regresado el burgués José López Portillo (Presidente de México) después de su entrevista con (Jimmy) Carter (Presidente de Estados Unidos) que sostuviera en los Estados Unidos y aquí en Guerrero han radicalizado sus procedimientos los defensores del sistema capitalista encabezados por el oligarca monopolista y explotador Rubén Figueroa.

“¡Te invitamos al mitin más violento que se haya realizado en Acapulco! ¡Debemos desenmascarar a todos los peleles del régimen!

“El 4 de marzo es el día fijado para iniciar la guerrilla urbana en el puerto. Estamos estrechamente unidos con nuestros heroicos compañeros de la Liga Comunista 23 de Septiembre (…) Estamos dispuestos a que renazca la acción armada que dejaron trunca nuestro héroes Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.

“¡Los comunistas te convocamos a la revolución armada! ¡Con el fusil en la mano salvarás a tus hermanos!”.

***

El 14 de marzo de 1972 fue secuestrado Cuauhtémoc García Terán, hijo del cafeticultor Carmelo García Paniagua por la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres que comanda Lucio Cabañas.

Los guerrilleros solicitaron 3 millones de pesos de rescate, no dar aviso a las autoridades y publicar el ideario de la agrupación. El 8 de junio de ese mismo año García Terán recuperó su libertad una vez que su familia pagó 500 mil pesos en efectivo y 800 mil pesos en documentos.

El siguiente reporte de la Dirección Federal de Seguridad da cuenta de cómo se operó el rescate. Es, también un indicio del supuesto manual de operaciones para la captura de los comunistas. Un ex agente del servicio secreto mexicano explicó que las técnicas del secuestro en México devienen de las tácticas empleadas por la Dirección Federal de Seguridad.

El informe, fechado en Acapulco el 15 de abril de 1972. Está firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, director de la DFS y hombre de todas las confianzas de Fernando Gutiérrez Barrios. De la Barreda fue un hombre a quien el primer –o penúltimo–gobierno panista intentó llevar a prisión por la desaparición del activista Jesús Piedra.

El texto se transcribe a continuación:

Con motivo de que los secuestradores de Cuauhtémoc García Terán dirigieron a la familia de éste el cuarto comunicado, la Comandancia de la 27 Zona Militar elaboró la siguiente directiva:

Misión.

Efectuar operaciones a partir de las siete horas del 15 de abril de 1972 sobre el camino de Atoyac de Álvarez-El Paraíso con el fin de localizar a los secuestradores y proceder a su captura o exterminio y rescatar al joven.

Concepto de la operación.

a) La efectuará el persona del 50 Batallón de Infantería, reforzado con personal de los 27 y 48 Batallones de Infantería ayudados por el personal de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial del Puerto de Acapulco.

b) A partir de las 7 de la mañana del 15 de abril se despacharán diez patrullas motorizadas en el tramo comprendido entre San Andrés de la Cruz-El Paraíso, con cinco patrullas en cada uno de los sentidos de dicho camino con el fin de hacer presión sobre los elementos maleantes obligándolos a colocar señalas o actuar en el tramo comprendido entre Atoyac de Álvarez-San Andrés de la Cruz.

c) Las patrullas se moverán en cada sentido con un intervalo de tres kilómetros entre cada patrulla a partir de las siete de la mañana del 15 de abril de 1972 hasta las tres de la tarde del 17 de abril de 1972.

d) El tramo entre Atoyac de Álvarez-San Andrés de la Cruz deberá quedar totalmente despejad9o de toda vigilancia ya sea por parte de las tropas como de otras fuerzas de seguridad.

e) Una vez que salga de Atoyac el coche VW color amarillo, el cual irá equipado con una estación de radio PRC77, le precederá a una distancia de un kilómetro un vehículo civil con un pelotón de fusileros vestidos de civiles manteniendo una velocidad igual a la que se desplaza el VW.

f) La retaguardia del coche VW a una distancia de un kilómetro se desplazará a otro vehículo civil y con otro pelotón de fusileros en la misma forma que antecede al coche.

g) Cada uno de los vehículos que transporte a los dos pelotones deberá ir equipado con una estación de radio PRC77 manteniendo la comunicación con la estación que se transporte en el coche VW.

h) Una vez que el coche durante su recorrido llegue al lugar en donde se encuentra la señal convenida de inmediato lo reportará el personal que se transporte tanto a su vanguardia como a su retaguardia mediante una señal convenida.

i) Al recibir el personal la señal del coche de inmediato desmontará de su vehículo e iniciará su desplazamiento hacia la dirección en que se encuentre el coche, moviéndose a campo traviesa como eje de la carretera y desplegados.

j) A partir de las 9 horas del 15 de abril se establecerá una vigilancia discreta con personal de la Policía Judicial sobre el domicilio de Carmelo García con la misión de interceptar cualquier otro comunicado que pudieran enviar los secuestradores.

k) El comandante del 50 Batallón de Infantería mantendrá una reserva móvil en condiciones de acudir al punto que se requiera en el menor tiempo posible.

l) Se establecerá en forma escalonada y a una distancia convenientes estaciones de radio fijas para complementar la comunicación entre los elementos participantes.

m) En caso de haber detenciones, los detenidos serán interrogados por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, capitán Acosta Chaparro y agente Bravo, así como por el comandante de la Policía Judicial de Acapulco, Wilfrido Castro y el jefe de grupo Isidoro Galeana Abarca.

El anterior instructivo es firmado por el general de división Joaquín Solano Chagoya.

***

Ya nada se escribió de la suerte de los guerrilleros secuestradores. La rutina era torturarlos, golpearlos.

Y los hombres de la DFS sabían golpear. Los entrenaba el hombre mejor preparado para esto, quizá el mejor karateka en la historia de México, un médico que se volvería, décadas después, en un funcionario crucial en el tema de las drogas.

Quizá el destino de los “subversivos” fue el del avión Aravá, perteneciente a la Defensa Nacional y desde el cual en los setenta se lanzaron al mar guerrilleros sin vida. Hablaría de la aeronave el general Francisco Quirós Hermosillo, jefe de la Brigada Especial, dependencia dedicada a trabajos contrainsurgentes, y mancuerna de Acosta en los asuntos de la Guerra Sucia y del narcotráfico también:

“Estaba a disposición de la brigada (Blanca) que comandaba”. La tripulación del Aravá fue detenida en noviembre de 1979 por transportar droga de la base militar de Pie de la Cuesta, Guerrero, a Laredo, Texas.

El primero de diciembre de 1984, la DFS estaba particularmente atenta a los rumores relacionados consigo misma. Se discutía en corredores y se insinuaba en columnas periodísticas la sustitución de su director, José Antonio Zorrilla Pérez, ya sujeto de sospechas por su colaboración con Rafael Caro Quintero y el asesinato del periodista Manuel Buendía.

Los rumores tomaron forma en un memorándum redactado por el agente de la DFS adscrito a Acapulco, Guerrero, quien redactó:

“En el Hotel Las Brisas –cuartel y despacho de uso frecuente de Acosta– de este puerto, el teniente oficinista  encargado del departamento de seguridad de dicho hotel manifestó que debían prepararse para trasladarse a la Ciudad de México ya que el coronel paracaidista Mario Arturo Acosta Chaparro será próximamente director Federal de Seguridad (…)”.

***

El Frente Estatal contra la Represión en Guerrero acusó a Acosta Chaparro de ser responsable de dos desapariciones en las que intervino personalmente. El organismo, apoyado por investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero ofreció en julio de 1981 un listado de oficiales y civiles integrantes de la Brigada Blanca responsables de secuestros y detenciones ilegales en ese estado, Oaxaca y Morelos. Fueron mencionados los hermanos Tarín Chávez, Francisco Barquín y el policía estatal Isidro Galeana Abarca al que acusaron del “secuestro de 10 personas”.

Guerrero estaba demasiado harto de Arturo Acosta Chaparro, a quien el cambio de sexenio, a favor de Miguel de la Madrid, no le llevaría hacia arriba en su carrera política. Los propios reportes de la DFS señalaban su enriquecimiento inexplicable, la extorsión como forma habitual de comportamiento de sus policías y los constantes señalamientos de su protección al narcotráfico.

Al siguiente año, ya fungía en Veracruz, en similares tareas antiguerrilleras.

El 7 de julio de 1982 fue nombrado como director de la policía de Coatzacoalcos, Veracruz, al mayor Gustavo Tarín Chávez por orden del director de Seguridad Pública de Veracruz, el teniente coronel Mario Arturo Acosta Chaparro. Tarín fue nombrado además delegado del Quinto Distrito, que comprendió la supervisión de todas las policías preventivas del sur del estado.

Tarín, pues, era un hombre cercano a Acosta, lo suficiente como para decir, 18 años después, que su general era un hombre del Cártel de Juárez.

EL KARATEKA

El 27 de julio de 1977,  Manuel Mondragón aparecía en los informes de la Dirección Federal de Seguridad como presidente de la Federación Mexicana de Karate. El médico cardiólogo e internista era seguido desde años atrás por la policía secreta.

En esa fecha, el actual Comisionado Nacional de Seguridad envió una carta a la propia DFS en que expuso su preocupación por la falta de regularización de algunas escuelas de karate.

Escribió a Fernando García Paniagua, en ese momento director Federal de Seguridad, y dueño de otro dato interesante en su biografía: fue hijo del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en medio de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Mondragón fue al grano en la misiva: “El propósito de esta comunicación es reiterar a la Dirección federal de Seguridad nuestro vivo deseo de continuar otorgándole la colaboración y asesoría técnica en materia de karate, tae kwon do, kung-fu y artes marciales semejantes y afines y, en consecuencia, recibir el apoyo de ese prestigiado organismo para el mejor cumplimiento de los estatutos, normas y reglamentos de nuestra Federación”.

Dicho de otra manera: el cardiólogo e internista Mondragón y Kalb enseñaba cómo golpear y defenderse a algunos de los agentes responsables de cientos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos por delitos del orden político, secuestros, violaciones y torturas ocurridas durante la Guerra Sucia de los setenta.

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Dos años después, en 1984, Mondragón lucía un nuevo sombrero. El procurador general de la República, Sergio García Ramírez, lo designó coordinador social. Eran años en que la función pública y, en particular, la administración de la justicia, acumulaba un claro rechazo social.

El narcotráfico estaba asentado en Guadalajara y la nómina de agentes de la DFS y de la Policía Judicial Federal pertenecía, en buena medida, a los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Tanto, que ambas corporaciones desaparecieron años después por esta causa. El retrato documental más puntual de la connivencia de autoridades hacia criminales organizados de esos días está plasmada en el libro Desperados. Los caciques de la droga, los agentes de la ley y la guerra que Estados Unidos no puede ganar, de Elaine Shannon (Lasser Press, 1989).

El médico aseveró el 12 de mayo de 1984:

“El procurador general de la República se ha preocupado por hacer valer la justicia y aplicarla con neutralidad y honor por medio de la consulta popular (…) En México ya se inició la reforma de la justicia y demanda social, pues se han preocupado las autoridades competentes de quitar los velos de misterio a las policías del Ministerio Público Federal, como son la Policía Judicial Federal y como auxiliares a los policías judiciales de los estados, ya que se ha puesto un hasta aquí a los malos representantes de la ley sea cual fuere su jerarquía. Las puertas de la inconformidad de las injusticias están abierta