Ganancias del narco. Lavado de Dinero en Mexico.

Reforma | 04-01-2012 | 09:34

Distrito Federal─ La captura en 2010 de una mujer que pretendía transportar 100 mil dólares a Centroamérica, desencadenó una investigación que puso al descubierto una red delictiva en el Distrito Federal con la que Joaquín, "El Chapo", Guzmán pagaba sobornos a funcionarios y probablemente estaba ligada a políticos.

La detención de la transportista de dinero llevó hasta Chrystian Guillermo Lucenilla Salazar, un abogado que era blanco de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por supuestamente ser un importante operador financiero del Cártel de Sinaloa.

Del litigante, indagaciones de agencias policiacas señalan que presuntamente era cabecilla de una célula que transportaba dinero a Sudamérica, pagaba sobornos a funcionarios de todos los niveles de gobierno y probablemente lavaba activos con la ayuda de restauranteros del DF.

Es señalado también de vender en Jardines del Pedregal una casa que, sospecha la PGR, usaban los Beltrán Leyva para reunirse con servidores públicos y políticos. No obstante este indicio, la PGR ubica al abogado en el bando de "El Chapo".

El 24 de septiembre pasado la Policía Federal detuvo a Lucenilla en su casa de Jardines del Pedregal, junto con tres colombianos y dos mexicanos. Para sorpresa de los agentes, Lucenilla llevaba dos placas que lo acreditaban como asesor de la LXI legislatura, en el Senado de la República.

"No he usado la credencial del Poder Legislativo Federal, no la he sacado del domicilio y ha permanecido en el cajón", le dijo a la PGR, sin explicar cómo las había obtenido.

De acuerdo con informes policiales, este abogado de 38 años de edad también es investigado en Estados Unidos porque probablemente está vinculado con un cargamento de droga que fue asegurado en un avión en Nicaragua.

Cuando fue detenido en septiembre, sus captores le preguntaron a quién le "movía" dinero y pagaba sobornos: "no les puedo dar esa información porque tendría problemas", habría respondido, de acuerdo con una fuente policial.

Algunos investigadores afirman que Lucenilla era un hombre clave de "El Chapo" en el pagos de sobornos a altos funcionarios de todos los niveles, pero cuando declaró ante la PGR dijo que jamás ha visto ni conoce al capo sinaloense, a quien refiere como "señor".

* * *

El 5 de mayo de 2010, en las pantallas de rayos X de la sala de llegadas del AICM, fue detectado un equipaje que mereció una orden de verificación de mercancía de comercio exterior.

Se trataba de paquetes de billetes envueltos en material plástico transparente, que sumaron 96 mil dólares y de una bolsa de mano con 4 mil 455 dólares y mil 929 pesos.

El hallazgo se llevó a cabo casi simultáneamente al momento en que Hereyko Hayashi Orozco se presentó en la sala de llegadas Internacionales para retirar su equipaje, porque ya no abordaría su vuelo a Panamá, con escala en Guatemala.

Era tarde, pues el personal de la Administración General de Aduanas, adscrito al SAT, avisó a la PGR y la detuvieron.

Hayashi manifestó durante su juicio que el dinero asegurado era parte de su negocio de compra y venta de vehículos, al que dijo que se dedicaba desde hace algún tiempo.

Sin embargo, no logró aclarar a las autoridades judiciales una serie de viajes previamente realizados a Colombia, Panamá y Guatemala, lo que dio lugar a que un juez federal la condenara a 5 años de cárcel y el pago de una multa de 57 mil 480 pesos por el delito de lavado de dinero en su modalidad de transportación.

La captura de Hayashi sólo significó el inicio de la cuenta regresiva para Lucenilla, quien ya era blanco de la Agencia Antidrogas estadounidense, porque supuestamente lo ubicaba como coordinador de las operaciones de compra venta de cocaína hasta por 5 millones de dólares semanales.

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La madrugada del sábado 24 de septiembre, Lucenilla y su novia colombiana Janeth Perilla Ramírez despertaron rodeados en su cama por las armas largas del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal.

Los agentes habían entrado a las 5:30 horas en su casa de Cerrada de Risco 160, Jardines del Pedregal, con la justificación de la flagrancia, pues no llevaban orden de cateo.

Dijeron que una denuncia anónima alertó de hombres armados y un posible secuestro en dicho domicilio. Los sicarios supuestamente huyeron del zaguán al interior del inmueble y dejaron la puerta abierta. También fueron detenidos los mexicanos Eduardo Altamirano Charis y Diego Paredes Escalante, así como los colombianos Jorge Hernán Valencia González y Carlos Augusto Echeverri López.

El operativo tuvo lugar apenas seis días después de que el Ejército Mexicano capturara en la Colonia Prado Coapa del DF a José Carlos Moreno Flores "La Calentura", operador de "El Chapo" en Guerrero.

"(Los agentes) nerviosamente no dejaban de preguntarnos en dónde tenía las armas, secuestrados y dinero, a lo cual les contesté que desconocía sobre qué me estaban preguntando", relató Lucenilla sobre su detención.

El abogado reconoce como propias dos de las 5 armas que la policía afirma haber hallado en su casa. Eran una pistola Beretta calibre 9 milímetros y una pistola marca Walter calibre 22, regaladas según su dicho- por su compadre Gerardo Rodríguez Jiménez, dueño de varios billares.

En el parte informativo, los federales dicen que el litigante en realidad traía una pistola en mano y les ofreció un soborno a cambio de dejarlo en libertad.

"Lucenilla Salazar nos dijo que no lo detuviéramos porque trabajaba para el 'Chapo' Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, y que su función era de operador financiero, que si queríamos nos daba una fuerte cantidad de dinero en dólares porque manifestó que él tenía en dicho domicilio más de 900 mil dólares en efectivo y que no se iba a dar por mal servido, además de que él no era chillón y no nos iba a reclamar nada después", señala la corporación.

Algunas fuentes policiales refieren que, recién detenido, Lucenilla dijo dedicarse a la defensa jurídica de narcotraficantes, "mover dinero" de grupos criminales y hacer "pagos especiales" a autoridades, pero no dio un solo nombre.

En la SIEDO, rechazó haber confesado cualquier vínculo criminal ante la Policía Federal y sostuvo que tiene un modo honesto de vivir.

"En mi vida jamás he conocido ni he trabajado, ni tengo contacto con el señor 'Chapo' Guzmán, y jamás he mencionado trabajar para él", declaró.

* * *

Cuando a Lucenilla le preguntaron de dónde provenían el casi millón de dólares en efectivo hallado en una caja fuerte, su coartada fue que se trataba del dinero de la venta de una residencia en Jardines del Pedregal.

"De lo que hasta ahora recuerdo tenía la cantidad de aproximadamente 990 mil dólares americanos, producto de la venta de una propiedad en la calle Rocas 195, colonia Jardines del pedregal, delegación Álvaro Obregón", dijo.

La historia oficial que el propio Lucenilla contó a fiscales federales, en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/417/2011, es que él y su madre heredaron 80 millones de pesos de su hermano Miguel Ángel. Con ese dinero, recientemente decidió convertirse en empresario inmobiliario.

Cuenta que invirtió en la casa de Calle Rocas, para remodelarla y venderla en 1 millón de dólares a una señora, hace año y medio. Desde entonces, afirma, guardó todo el dinero en su caja de seguridad.

De su trayectoria de corredor inmobiliario, también menciona que en marzo pasado abrió la empresa Deep Blue S.A. de C.V., con domicilio fiscal en el pueblo de Xul-Ha, Quintana Roo, con la que dice ganaba 180 mil pesos mensuales.

Pero pretender revestir de legalidad el origen del numerario asegurado, proporcionó a las autoridades otro dato: la casa que decía haber vendido, la usaron los Beltrán Leyva hasta el año pasado para reuniones privadas con funcionarios.

El testigo protegido "Mateo" declaró a la SIEDO que Héctor Beltrán Leyva "El H" y Sergio Villarreal Barragán "El Grande" se reunieron con el ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Manuel Añorve, para entregarle 5 de 15 millones de dólares a su campaña.

Añorve ha rechazado públicamente la acusación y la PGR ha sostenido que ese testimonio sólo tendrá valor en la medida en que sea robustecido por otros medios de convicción, cosa que de momento no ha sucedido.

Pero el hecho es que la casa que menciona "Mateo" sobre esa reunión, es la de Rocas 195 y fue cateada por la Procuraduría desde el 20 de octubre de 2010.

Las autoridades tampoco pasaron por alto que Lucenilla dijera dedicarse a litigar procesos penales de presuntos narcotraficantes, pues es desconocida su trayectoria en el foro de los defensores legales o, en su defecto, sería más novedosa que su incursión en el ramo inmobiliario.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el detenido es graduado de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Panamericana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y apenas en el 2010, cuando cumplió 37 años, obtuvo su cédula como abogado.

Los codetenidos también tienen un perfil que a la PGR le resultó poco usual, pues eran profesionistas y empresarios que dormían en la misma casa de Lucenilla.

Eduardo Altamirano Charis, oaxaqueño originario de Juchitán, es un ingeniero civil que según la policía dejó de reparar casas para escoltar a Lucenilla, a quien acompañaba a pagar los sobornos del Cártel de Sinaloa a sus contactos en distintas instituciones.

Otro caso es el de Jorge Hernán Valencia González, un colombiano de 51 años que prefirió quedarse a trabajar con el abogado mexicano, en lugar de atender sus restaurantes de nombre Tex Mex, en su natal Pereira.

Un pista que, según fuentes policiacas, apareció en esta investigación, apunta a que Lucenilla estaría relacionado con el dueño de un exclusivo restaurante en las Lomas de Chapultepec.

Banco usado por el narco mexicano protegió las cuentas de Ye Gon.

WASHINGTON, 17 de julio.- El caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon fue presentado hoy aquí como evidencia de los débiles controles del banco internacional HSBC en México, que permitieron el lavado de dinero proveniente de cárteles de las drogas.

Un reporte dado a conocer este martes por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado refiere cómo ejecutivos de HSBC permitieron que Ye Gon mantuviera sus cuentas en esa institución.

“Las cuentas no fueron designadas como de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones que habían llamado la atención varias veces entre el 2003 y el 2007”, indica el informe divulgado en una audiencia.

Ye Gon, sometido a un proceso de extradición a México, fue detenido en el vecino estado de Maryland en 2007 a solicitud de ese país, y acusado aquí de cargos de producción y intento de distribución de metanfetaminas.

El reporte de más de 300 páginas refiere que en 2005 las cuentas de la empresa Unimed Pharm Chem México S.A. de C.V, propiedad de Ye Gon, fueron retenidas en la filial mexicana de HSBC en 2005 bajo el argumento de “actividades sospechosas”.

Cuando la oficina de HSBC a cargo de temas de lavado de dinero promovió el cierre de esa cuenta, la propuesta fue desechada después que la oficina de servicios personales financieros del mismo banco dio el visto bueno a Ye Gon.

En un correo electrónico, un funcionario de esta división argumentó que Unidem era un cliente “en buen estado, documentado de manera apropiada y reconocido”.

Tras la investigación posterior que dejó al descubierto las operaciones ilegales de Ye Gon, el funcionario en cuestión dijo haber sido engañado por otros empleados de la institución financiera.

Las pesquisas de HSBC revelaron también que las visitas por parte de funcionarios del banco a la empresa, registradas en reportes internos, nunca tuvieron lugar.

HSBC, con casa matriz en Londres, anunció la víspera en un comunicado que este martes reconocerá ante el subcomité senatorial estadunidense que, en el pasado, sus estándares “en algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes”.

La institución financiera mencionó que ofrecerá disculpas en la reunión, en la cual se analizará la vulnerabilidad del sistema financiero en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en este país.

HSBC se disculpa por lavado de dinero en Senado de EU

WASHINGTON, 17 de julio.- El grupo financiero HSBC Holdings Plc se puso el martes a disposición del Senado de Estados Unidos, admitiendo defectos en sus operaciones contra el lavado de dinero y prometiendo solucionar lo que un feroz reporte definió como una cultura "extensamente contaminada" en el banco.

Además, David Bagley, un destacado ejecutivo de supervisión de responsabilidades en HSBC desde el 2002, dijo al panel de investigación del Senado que renunciaría tras la presentación del informe.

El informe del Senado, que derivó de una investigación que se extendió por un año, dijo que el banco había actuado rutinariamente como financista de clientes transfiriendo fondos desde los lugares más peligrosos del mundo, entre ellos México, Irán y Siria.

Aunque los grandes problemas de lavado de dinero del banco británico han sido seguidos por reguladores desde hace casi una década, el reporte y la audiencia aumentan la presión sobre la entidad, que espera una importante multa de parte del Departamento de Justicia.

Asimismo, se produce en un momento en que la reputación de los bancos internacionales ha sufrido un duro golpe por acusaciones de manipulación de una importante tasa interbancaria global.

El informe del Senado detalló el lunes cómo entre 2007 y 2008, las operaciones del HSBC en México transfirieron 7.000 millones de dólares a las operaciones en Estados Unidos. Según el reporte, las autoridades de ambos países advirtieron al banco que la cantidad de dinero podía ser tal sólo si estaba vinculada a procedimientos ilegales de narcóticos.

El senador Carl Levin, que preside el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, inició la audiencia el martes con una exhaustiva explicación sobre cómo los lapsus del HSBC fueron una amenaza para los mercados financieros en todo el mundo.

"La contabilidad de la conducta pasada es esencial. Es lo que estuvo ausente aquí", declaró Levin, agregando que la cartera del banco podía estar en riesgo si no mejoraban las cosas.

Narcoeconomía mexicana, la próspera impunidad

La flexibilidad de la industria de la droga en México se debe en parte a su exención de los derechos de importación arancelaria, derivado de la Convención única sobre estupefacientes

David Figueroa Dávila*
agosto 26, 2012 12:54 am

Tomando en consideración las crecientes crisis económicas del mundo y el malestar generalizado en torno a la economía, el mercado ilegítimo del narcotráfico cuenta con un flujo de dinero que aporta aproximadamente 11% de las exportaciones mexicanas, aunque es difícil tener una cifra exacta al ser un mercado económico que no puede contabilizarse por su naturaleza ilegal.

A pesar de dichas cifras, se pensaría que no han sido tiempos fáciles para el narcotráfico mexicano gracias a cierta disminución del consumo estadunidense por las drogas fuertes derivada de las campañas de prevención de adicciones y el impulso del gobierno americano en el combate frontal al narcotráfico, el cual ha disminuido en 40% en el primer trimestre del 2012, de acuerdo a datos del reporte mundial de drogas 2012.

De acuerdo al punto de vista de uno de los narcotraficantes más poderosos del país y responsable del 25% del tráfico de drogas ilegales entre México y Estados Unidos (Forbes, febrero 2012), Joaquín Guzmán Loera, su negocio no se ve afectado por dicha medida, ya que los jóvenes estadunidenses son más de fumar marihuana, producto el cual es importado casi en su totalidad desde México y en gran medida desde su cártel (The Economist, 21 julio 2012).

La flexibilidad de la industria de la droga en nuestro país se debe en parte a su exención de los derechos de importación arancelaria, derivado de la Convención única sobre estupefacientes, firmada en 1961 por parte de la ONU, con el propósito de prohibir la producción y el suministro de determinados estupefacientes (nominalmente) y medicamentos -a excepción de aquellos que tienen licencia para usos específicos, tales como el tratamiento médico y la investigación- y la cual prohíbe la regulación o la fiscalización de su producto en un mercado ilegal que aporta alrededor de cuarenta mil millones de dólares, en contraste a los casi ocho mil millones que genera el petróleo en México.

Los congresistas liberales de California propusieron en noviembre del 2010, con el respaldo del gobernador Schwarzenegger, la iniciativa de control y regulación de la cannabis con el fin de fiscalizar este negocio, del cual se recaudarían mil millones de dólares al año por la legalización.

Favoreciendo la ilegitimidad e impunidad de esta industria, lamentablemente para la situación que se vive en México, los conservadores votaron a favor de mantener ese negocio libre de impuestos, ante una eventual legalización que generaría más control sobre esta industria en el país con mayor consumo. Dicha política, de aprobarse, incentivaría además que el precio de la marihuana bajara, limitando así el ingreso millonario de los cárteles.

* Psicólogo y asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

México, el número dos en flujo de dinero ilícito

Policía • 30 Septiembre 2012 - 4:42am — Alicia Rivera

Circulan de manera ilegal de 40 a 48 mil millones de dólares.

Sólo tres estados de la República tipifican en sus leyes el delito de lavado de dinero.

Huixquilucan • El lavado de dinero en México es aproximadamente de 10 a 12 mil millones de dólares al año; por tratarse de una nación de tránsito, pago, venta y consumo de drogas, dijo en una conferencia dictada en la Universidad Iberoamericana, Benjamín Pérez Ortega, encargado de la Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad de la Procuraduría General de la República (PGR).

En su disertación denominada “Guerra contra el Narcotráfico”, aseguró que podría hablarse de que en nuestro país circulan de manera ilícita de 40 a 48 mil millones de dólares.

No obstante que las estructuras financieras permiten a los delincuentes autofinanciarse, y contar con equipo y armamento sofisticado, aclaró que sólo tres estados de la República Mexicana tipifican en sus leyes el delito de lavado de dinero, figura que el resto de entidades federativas deben adoptar.

Como hoy la delincuencia se combate con el fomento de base de datos, destacó la importancia de generar la creación de unidades de espionaje económicas -como la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la PGR-, para recopilar información de padrones vehiculares, registro de propiedad y comercio, que permitan identificar actividades donde se emplean activos ilícitos.

Desde un punto de vista internacional el investigador en derecho y economía Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, añadió que Estados Unidos concentra 19 por ciento del lavado de dinero mundial.

Asimismo 20 países aglutinan 68 por ciento de todo el lavado de dinero del mundo, donde no figura México. Empero, nuestro país es el número dos en cuanto a flujo de dinero ilícito.

Respecto al monto de dinero asegurado al crimen, José Cuitláhuac Salinas Martínez, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), mencionó que en 2011 se decomisaron 131 millones 33 mil 276 pesos, 30 millones 146 mil 564 dólares y 142 mil euros.

Tales cantidades lograron incrementarse en el presente año, pues hasta el momento se han asegurado 351 millones 310 mil 228 pesos, 8 millones 314 mil 768 dólares y 18 mil 64 euros.

El funcionario de la PGR, reconoció que la detención de los líderes financieros y operativos de los grupos delincuenciales no es suficiente para desarticularlos.

Lo anterior porque, por ejemplo, un halcón (informante) puede llegar a convertirse en ocho meses o un año en jefe de plaza, “esto muestra lo rápido que se sustituye o sube en jerarquía la gente en los cárteles”.

Claves
Golpe al crimen
- Respecto al monto de dinero asegurado, el subprocurador de la SIEDO, mencionó que en 2011 se decomisaron 131 millones 33 mil 276 pesos, 30 millones 146 mil 564 dólares y 142 mil euros.
- Tales cantidades lograron incrementarse en el presente año, pues hasta el momento se han asegurado 351 millones 310 mil 228 pesos, 8 millones 314 mil 768 dólares y 18 mil 64 euros.

Aval a ley contra lavado, celebra PGR

La procuradora Marisela Morales externó su satisfacción a través de redes sociales; será una herramienta importante para combatir al crimen asegura
ARTURO ÁNGEL
octubre 11, 2012 7:35 pm

La aprobación de en el Senado de la Ley federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, será una herramienta importante para combatir los recursos del crimen organizado, aseguró titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Marisela Morales.

A través de dos mensajes en su cuenta oficial en “Twitter”, la funcionaria reconoció la aprobación por unanimidad la validación del nuevo instrumento jurídico, el cual llevaba casi dos años bajo análisis en el Poder Legislativo.

“Celebro la aprobación de la Ley (…) este instrumento jurídico será de invaluable ayuda en el combate a las estructuras financieras de la delincuencia Organizada Trasnacional”, apuntó la Procuradora en la red social.

Cabe señalar, que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, que ahora está pendiente de promulgación, crea entre otras cosas la Unidad Especializada de Análisis Financiero dentro de la PGR.

La nueva normativa, también obliga a compañías privadas, a que informen a las autoridades de cualquier movimiento sospechoso de dinero que pudiera derivarse de una operación de lavado.

Aprueba Senado en lo general Ley Antilavado

Jenaro Villamil
11 de octubre de 2012 · Sin comentarios
Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- Por unanimidad, las bancadas del Senado aprobaron en lo general la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “ley antilavado”, después de un proceso de más de dos años de dictaminación y de mantenerla “congelada” en comisiones.

La nueva ley busca debilitar las estructuras del crimen organizado e inhibir la renta que reciben de sus actividades ilícitas. La minuta calculó que el lavado de dinero asciende de 10 mil a 14 mil millones de dólares al año.

A través de esta ley se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero, al interior de la PGR, así como establece la obligación de que la Secretaría de Hacienda actúe de manera coordinada con el Ministerio Público federal.

Se establecen una serie de actividades consideradas como “vulnerables” de ser utilizadas para lavar dinero como las apuestas, concursos, sorteos, al tiempo que ordena la investigación de tarjetas de servicios de crédito prepagadas y transferencias por determinados montos.

Esta es la segunda iniciativa preferente enviada por el presidente Felipe Calderón.

Aspectos inútiles en la ley de lavado de dinero

Ubaldo Díaz


- Para Ignacio Morales Lechuga, la reforma contra el lavado de dinero tiene una parte inútil, entre otras cosas cuestionables. El jurista dice que la parte de esta ley que obliga a los notarios y corredores públicos a informar de las operaciones de compra venta de inmuebles ya lo hacían desde antes de esa disposición. Los notarios ya informaban de esas operaciones a la Secretaría de Hacienda y a los gobiernos locales, entre otras autoridades. Entonces no tenía caso que los legisladores incluyeran tal disposición. Fue tanto como perder el tiempo. El ex procurador capitalino y nacional, y ex embajador de México en Francia, además de tener una notaría pública, platica que uno de los problemas de la mencionada reforma es lo que tendrán que hacer, por ejemplo los comerciantes de la Central de Abasto, donde se manejan diariamente millones de pesos en efectivo. Ese sí es un problema que no fue definido con claridad en la legislación.

- El vocero de la Secretaría de la Marina, José Luis Vergara, se va de agregado militar a Estados Unidos. Existen fuertes indicios que así será. Los rumores de su salida corren en las oficinas castrenses, luego del escandaloso asunto del abatimiento del narcotraficante Heriberto Lazcano El Lazca. Algunos dicen que su traslado a la sede diplomática mexicana es un cambio de rutina de mandos, otros aseguran que se aceleró su asignación por el mal manejo de comunicación que se dio durante la muerte del delincuente en Coahuila. Por lo pronto el vocero alista sus maletas para el cambio de rumbo.

A ese traslado se suma también el hecho que saldrá en misión diplomática al exterior uno de los colaboradores más cercanos al general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván. Así es que los reacomodos de militares en el exterior están a la orden del día.

- Sin la menor duda Enrique Peña Nieto está decidido a ser el presidente de las reformas. Su gobierno iniciará con varias de ellas: la de la lucha contra la corrupción, la de dotar de mayor autonomía y poder al IFAI para la transparencia y la polémica reforma laboral, si llega a aprobarse. Pero el Presidente electo también anunció que irá por una nueva reforma energética, una de desarrollo social y la necesaria reforma hacendaria. Casi nada. Pondrá a trabajar a marchas forzadas a los legisladores y sobre todo ponerlas en práctica porque se vislumbra una temporada de protestas de los que se oponen a todo.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
hombresdepoder.com

En México se lavan 10 mil mdd al año, según Hacienda

Nueva ley protegerá a sistema financiero y al resto de economía, dice NOTIMEX
octubre 21, 2012 4:36 pm
La ley contra el lavado de dinero recién aprobada protege al sistema financiero y al resto de la economía contra este delito, que en México se estima asciende a un monto de casi 10 mil millones de dólares al año, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Destaca que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que el pasado 11 de octubre la Cámara de Senadores aprobó en lo general y por unanimidad, establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones que involucren recursos ilegales.

En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal expone que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fenómeno delictivo que afecta a todos los países del mundo.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre dos y cinco por ciento del PIB mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra.

“En nuestro país se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año”, señala Hacienda en una nota informativa.

Refiere que la estabilidad financiera mundial depende de la adopción de medidas colectivas a escala internacional, pero también de la eficacia de los sistemas nacionales.

Las sólidas estructuras de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son un pilar fundamental del sistema internacional de regulación, supervisión y fortalecimiento del marco financiero mundial.

En este sentido, subraya, la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México adopta los criterios internacionales más avanzados en el mundo en materia de lavado de dinero.

Al mismo tiempo, se establece un sistema de vanguardia para la prevención y combate a este delito en el país, con el objeto de proteger el sistema financiero y la economía nacional.

Ello, a través de una coordinación interinstitucional, a fin de recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Tras hacer un recuento de las acciones que ha implementado México para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la dependencia menciona algunas de las características principales de la nueva legislación antilavado.

Entre estas destaca las restricciones a operaciones comerciales y financieras susceptibles para lavar dinero, y la verificación de identidad de clientes y usuarios a entidades e intermediarios no financieros.

Asimismo, nuevas obligaciones a entidades financieras para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones consideradas como vulnerables, y nuevas facultades a la SHCP y la Procuraduría General de la República para recabar información que permita cortar con el flujo de dinero proveniente de los grupos delictivos.

Se “lavan” en México 10 mil MDD al año: Hacienda

LA REDACCIÓN
21 DE OCTUBRE DE 2012 · 4 COMENTARIOS
DESTACADO
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El lavado de dinero en México asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda.

Al respecto, la dependencia señala que la ley contra el lavado de dinero aprobada recientemente protege al sistema financiero y al resto de la economía contra este delito.

En el Informe Semanal de su Vocería, Hacienda señala que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fenómeno delictivo que afecta a todos los países del mundo, indica la agencia Notimex.

En una nota informativa, la dependencia federal estima que “el monto del lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año”.

Asegura que la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México adopta los criterios internacionales más avanzados en materia de lavado de dinero.

Destaca que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la suma total de los fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2 y 5% del PIB mundial, además de que los recursos ilícitos pueden ser transferidos fácil e inmediatamente de una jurisdicción a otra.

Ley antilavado: El lado sucio

La nueva legislación contra el lavado de dinero tiene manchas. En 20 estados no se cuenta con leyes que la castiguen. Para burlarla solo bastaría cambiar de entidad. Va contra el narco, pero también afectará a negocios legítimos como el inmobiliario, joyero y automotriz
Por Georgina Howard - Viernes 19 de octubre de 2012
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La autonomía de los estados puede llegar a ser un obstáculo para la aplicación de una ley.

Un ejemplo claro es la recién promulgada Ley contra el Lavado de Dinero, sobre todo porque sólo 12 entidades federativas, incluido el Distrito Federal, tipifican como delito en sus legislaciones el blanqueo de efectivo.

La ausencia de este ilícito en la legislación de 20 estados, implica que más de la mitad del territorio nacional quedará desprotegido y a merced del crimen organizado, advierte el académico del Tec de Monterrey, Campus Santa Fe, Gerardo Palomar.
La ley cambia el concepto de “sujetos obligados” por “entes vulnerables” para el lavado de dinero a las entidades financieras, explica el especialista Luis Pérez de Acha
Es el lado flaco que tiene la nueva ley” pues esos 20 estados estarán propiciando que opere el crimen organizado a su localidad
La ley reconoce que hay negocios y profesiones no financieros con mayor vulnerabilidad para el lavado, por lo que hace énfasis en que no son las personas sino ciertas actividades las que quedarán sujetas a su aplicación

Los delincuentes pueden migrar de entidades como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz o el Distrito Federal, que sí tienen una ley, a estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco, o Yucatán que carecen de la misma.

La migración de la delincuencia de un estado a otro se ha denominado “el efecto cucaracha” en el terreno de la seguridad pública, explica a Reporte Indigo.

Explica que aquí tenemos dos vertientes: en el sector financiero la ley contempla el lavado de dinero como un delito federal.

Pero las transacciones en los sectores joyero, automotriz, inmobiliario, juegos y sorteos, casas de cambio, se rigen por leyes estatales y no están contempladas en los códigos penales.

Por ellos surgen “ciertas desventajas” porque los estados que no tipifican este delito “tienen que entrarle”, ya que la ley promulgada no servirá de nada si no se refleja en las legislaciones estatales.

Si bien no hay candados o regulaciones que obliguen a todas las entidades a aplicar leyes contra el blanqueo, considera que cada estado tiene que definir si legisla o no, en este sentido.

“Es el lado flaco que tiene la nueva ley” pues esos 20 estados estarán propiciando que opere el crimen organizado a su localidad.

No obstante, reconoce que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como se conoce oficialmente, constituye un avance muy importante.

A pesar de las restricciones en cuanto a pago en efectivo, dice, esta norma traerá ventajas a la economía pues da buenas señales a los inversionistas extranjeros en materia de seguridad judicial.

Sin embargo, afectará en una primera instancia al comercio porque limita ciertas operaciones en efectivo.

“Le pegará” esencialmente al sector inmobiliario, joyero, automotriz, artístico y casas de cambio.

Pero es evidente que al regular las operaciones en efectivo, subraya, la intención es ir al fondo del problema.

Sobre todo porque “estamos ahorcando los fondos que maneja el crimen organizado”.

Y es que a las autoridades federales contarán ahora con una legislación completa que ya no depende de dos artículos del Código Penal.

Resalta la importancia de crear unidades de espionaje económico –como la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la PGR–, para recopilar información de padrones vehiculares, registro de propiedad y comercio, que permitan identificar actividades en donde podrían emplearse activos ilícitos.

La ley, discutida por más de dos años, tiene como finalidad debilitar las estructuras financieras del narcotráfico y el crimen organizado, y armonizar sus criterios con los que rigen a la comunidad internacional.

Cifras oficiales revelan que en México se lavan alrededor de 12 mil millones de dólares anuales de procedencia ilícita.

De acuerdo con Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Estados Unidos concentra 19 por ciento del lavado de dinero mundial.

Son 20 países que concentran el 68 por ciento de todo el lavado de dinero del mundo, y aunque no figura México en esos lugares, dice, sí ocupa el segundo sitio en cuanto a flujo de dinero ilícito.

El objetivo, como lo definió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del senado, Alejandro Encinas, es detectar los 40 mil millones de dólares de ganancias que cada año genera el crimen organizado.

Para ello se creará una unidad especial que persiga este delito y estará a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Fiscalía nacional.

Los meten en cintura

Las autoridades que llevarán la voz cantante en esta nueva legislación son la Secretaría de Hacienda, en su calidad de autoridad financiera, y la PGR a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Para el experto Luis Pérez de Acha, uno de los aspectos relevantes del texto es que cambia el concepto de “sujetos obligados” por “entes vulnerables” para el lavado de dinero a las entidades financieras.

Pero sobre todo, dice, señala las obligaciones que se deben seguir acatando, como identificar y conocer a sus clientes y en su caso, reportar operaciones sospechosas a la SHCP.

La ley reconoce que hay negocios y profesiones no financieros con mayor vulnerabilidad para el lavado, por lo que hace énfasis en que no son las personas sino ciertas actividades las que quedarán sujetas a su aplicación.

El 70 por ciento de las transacciones que se realizan en la actualidad se hacen en efectivo, si bien la nueva legislación no las limitará, tendrá dientes para detectarlas.

Entre esas actividades destacan: las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta; concursos o sorteos; emisión o comercialización de tarjetas de servicio o crédito no bancarias; cheques de viajero.

También estarán vigiladas la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de inmuebles con constitución de derechos reales cuando involucren operaciones de compra-venta de bienes por cuenta o a favor de clientes.

La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales o piedras preciosas, joyas o relojes; las subastas de obras de arte; vehículos nuevos o usados.

Servicios de blindaje; donativos a asociaciones no lucrativas: prestación de servicios de comercio exterior; arrendamiento de bienes inmuebles, y servicios de fe pública.

Las faltas cometidas en contra de la restricción del uso de efectivo, agrega, serán sancionadas con multa, en la vía administrativa, y se tomará en cuenta:

La reincidencia del infractor, el monto de la operación vinculada con la obligación incumplida y la intencionalidad en la conducta sancionable.

Además, la legislación tipifica como delito las conductas de falsificar, alterar, modificar, divulgar o revelar información que vincule a un particular con alguna operación reportada a la SHCP.

Ante el impacto que tendrá la ley en la forma de hacer negocios, sus disposiciones cobrarán vigencia de forma escalonada:

Las disposiciones de la legislación se aplicarán a los nueve meses siguientes al de su publicación; la emisión del Reglamento, dentro de los 30 días siguientes de su entrada en vigor, y la presentación de nuevos avisos de actividades vulnerables, a los 60 días siguientes a la publicación del Reglamento.

Los topes

La Ley establece un régimen especial para restringir pagos con dinero en efectivo en determinadas operaciones con activos considerados de alto valor, como los siguientes:

> Transmisión de propiedad o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles con valor superior a 500 mil pesos o su equivalente en salarios mínimos.

> Transmisión de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados; relojes; joyería; metales preciosos y piedras preciosas, por un valor superior a 200 mil pesos o su equivalente en salarios mínimos.

> Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor superior a 200 mil pesos o su equivalente en salarios mínimos.

> Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor superior a 200 mil pesos o su equivalente en salarios mínimos.

> Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes antes referidos, por un valor superior a 200 mil pesos, o su equivalente en salarios mínimos.

Unidades "antilavado" en cada estado, plantea PGR

POLICÍA • 3 NOVIEMBRE 2012 - 3:28AM — RUBÉN MOSSO
Reunidos en Puebla, también acordaron fortalecer la base de datos de balística con las huellas del armamento de empresas privadas e incrementar la seguridad en la frontera sur.

Foto: HECTOR TELLEZ
EN LA CLAUSURA DEL ENCUENTRO, MARISELA MORALES EXPLICÓ QUE BUSCARÁN EL APOYO DEL SNSP.

Puebla • Marisela Morales, titular de la PGR, anunció que pedirá al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) otorgar apoyos a los 31 estados y el Distrito Federal para que cuenten con sus propias Unidades de Inteligencia Patrimonial Económica y fortalecer la investigación contra el lavado de dinero.

“Se acordó exhortar al secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se otorguen apoyos a las entidades federativas, a efecto de que puedan constituir Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica dentro de la estructura orgánica de sus instituciones de procuración de justicia”, manifestó.

Al clausurar los trabajos de la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, destacó entre los acuerdos alcanzados el protocolo para combatir el plagio.

Refirió que aprobaron el contenido de los operativos bajo los cuales guiarán su actuar las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, en materia de actuación en secuestros, vigilancia no intrusiva, atención a las víctimas y búsqueda de indicios.

Morales informó que también aprobaron una propuesta de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que tanto particulares y empresas privadas, registren la huella balística del armamento que tienen permitido portar.

El objetivo es fortalecer la integración de la Base de Datos de Identificación Balística (IBIS).

Comentó que analizaron la importancia de implementar los mecanismos necesarios para proteger a quienes intervienen en los procedimientos penales, en armonía con lo previsto en las leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, así como de las legislaciones federal y local en materia de protección a personas.

“Derivado de lo anterior, acordamos que la Procuraduría General de la República, elabore y remita a cada una las instancias locales de procuración de justicia, para su análisis y promoción, un proyecto de iniciativa para reformar su respectiva legislación a efecto de facultar a los directores del Registro Civil para expedir, cuando lo solicite la autoridad local o federal competente, las actas de nacimiento que posibiliten un cambio de identidad”, explicó.

Para atender la problemática delincuencial y de los flujos migratorios en la frontera sur del país, dijo que decidieron convocar a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, a fin de analizar y mejorar las medidas de control de ingreso y salida de extranjeros del territorio nacional, así como adoptar mecanismos biométricos para dicho efecto.

Indicó que se debe gestionar el incremento del despliegue de elementos de las fuerzas federales en dicha frontera para garantizar acciones contundentes en las labores de protección.

Costará a HSBC mil 500 mmdd escándalo por lavado de dinero

LA REDACCIÓN
5 DE NOVIEMBRE DE 2012 · 11 COMENTARIOS
NARCOTRÁFICO


Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F., (apro).- HSBC, el banco más grande de Europa, admitió hoy que la investigación que realiza Estados Unidos por fallas en el control para prevenir el lavado de dinero, le costará más de mil 500 millones de dólares y, probablemente, la institución enfrente cargos criminales.

En una teleconferencia, el presidente ejecutivo de la institución, Stuart Gulliver, reconoció que el escándalo por permitir operaciones de lavado de dinero causó “un considerable daño” a la reputación del banco.

“El reporte (del Senado de Estados Unidos) indudablemente causó un considerable daño en la reputación de HSBC. La extensión de esto, que ha resultado en pérdidas de negocios, es difícil medir, pero indudablemente ha dañado a nuestra marca”, dijo Gulliver.

En julio pasado, el Senado de Estados Unidos reveló que entre 2007 y 2008 la institución bancaria falló en sus procesos de control de transferencias por un monto de 7 mil millones de dólares producto de las actividades de la venta ilegal de drogas.

HSBC reconoció errores en sus estándares para prevenir el lavado de dinero.

Hoy, Gulliver explicó que el banco tiene separados 800 millones de dólares para cubrir multas por fallas en México; además de los 700 millones de dólares que apartó en julio pasado, cuando estalló el escándalo.

“Esto podría ser significativamente más alto”, admitió el directivo, quien detalló que las últimas estimaciones se basaron en discusiones con varias autoridades estadunidenses involucradas en la investigación.

“La resolución de estos asuntos probablemente involucrará la presentación de cargos criminales corporativos, así como cargos civiles y la imposición de multas significativas, penalidades y/o confiscaciones monetarias”, reconoció el banco en sus resultados trimestrales.

Añadió que una parte del personal ha abandonado la firma como resultado de la investigación.

HSBC reportó una ganancia subyacente -después de separar el impacto de desinversiones y cambios en el valor de su propia deuda- en el trimestre de julio a septiembre de 5 mil millones de dólares, por encima de la cifra revisada de 2 mil 200 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

Los gastos operativos subyacentes crecieron 16% en el trimestre y en comparación con el año anterior, informó HSBC.

Además, indicó que está pagando entre 200 y 300 millones de dólares de más cada año para cumplir con regulaciones más rigurosas y mejorar su nivel de cumplimiento en Estados Unidos,.

La proporción entre los costos subyacentes y los ingresos fue del 63.7 por ciento en el tercer trimestre.

El presidente ejecutivo del banco admitió que llegar a su objetivo de entre 48 y 52 por ciento había sido complicado, pero aclaró que seguía comprometido con el cumplimiento de esta meta para fines de 2013.

HSBC asumió otro cargo por 353 millones de dólares por ventas abusivas en Gran Bretaña, principalmente en seguros de protección de pagos.

Los negocios legales del Cártel de Sinaloa

La Redacción
20 de noviembre de 2012 · 11 Comentarios
Narcotráfico
Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. Foto: Especial

MÉXICO, D.F. (apro).- El Cártel de Sinaloa que dirige Joaquín El Chapo Guzmán opera como una verdadera empresa, con negocios legalmente constituidos en diversas entidades del país y al corriente de sus contribuciones fiscales.

Según el portal de noticias La Policiaca.com, dicha organización ha realizado inversiones en bares, canchas de futbol rápido y venta de andamios en el Distrito Federal, San Luis Potosí y el Estado de México, a través de operadores financieros, como José Luis Laddaga López y Pedro Alfonso Alatorre Damy, El Piri.

Ambos personeros de El Chapo, actualmente detenidos, confesaron a las autoridades ministeriales que ‘lavaron” recursos del Cártel de Sinaloa en la constitución de varios negocios, según se desprende de documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Uno de ellos fue registrado con la razón social Mundo de Entretenimiento y Diversión SA de CV, en cuyo directorio de accionistas aparecen Laddaga López y Alatorre Damy, junto con una funcionaria del Poder Judicial de la Federación identificada con el nombre de Raquel Mora Rodríguez.

De acuerdo con los documentos, dicha empresa operaba el bar Paradise World de Plaza Galerías ubicado en el municipio mexiquense de Metepec, donde conviven las clases política y pudiente del Estado de México con familiares de narcotraficantes recluidos en el penal federal del Altiplano, según la indagatoria UEIORPIFAM/AP/052/2010.

La empresa fue constituida el 14 de diciembre de 2004 con un total de 500 acciones con valor de 100 pesos cada una, 83 de ellas a nombre de Laddaga y otro tanto de El Piri.

Roberto Barrera Pineda, quien administraba la empresa, tenía 168 acciones; Eduardo Sánchez Pedraza, también encarcelado por lavado de dinero, tenía 83, la misma cantidad que Raquel Mora Rodríguez, secretaria de un tribunal colegiado penal en Toluca.

Esta empresa se dio de alta en el Registro de Contribuyentes y pagó puntualmente sus impuestos durante tres años. El Piri invirtió en ella 900 mil pesos y recibía rentas de 20 a 25 mil pesos mensuales, según su propio dicho.

La UIF fue la primera dependencia gubernamental en percatarse de los movimientos inusuales del negocio, pues en la cuenta 4028502532 de HSBC, a nombre de Mundo de Entretenimiento y Diversión, detectó 12 operaciones relevantes de 2005 a 2007.

“Derivado del análisis se detectó que los ingresos a la cuenta son por medio en su mayoría de depósitos en efectivo los cuales son retirados por cheques pagados y cheques depositados”, reportó el banco a la UIF.

En 2004 el negocio reportó al fisco cero ingresos y 77 mil 70 pesos de deducciones; en 2005 registró ingresos por 3 millones 980 mil 857 pesos y deducciones por 4 millones 892 mil 456 pesos; en el siguiente año ingresó 6 millones 265 mil 913 pesos y 6 millones 504 mil 913 pesos en deducciones. No hubo año en que no tuviera pérdidas fiscales.

Con esos elementos, la PGR logró que el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal iniciara un juicio contra Alatorre y Laggada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero no era el único negocio. En su declaración ministerial, El Piri, también fundó una empresa especializada en andamios en San Luis Potosí.

“También soy socio de la negociación denominada ‘Andamios la Tradición’, en unión de Mariano Ibarra Parra, esto en la ciudad de San Luis Potosí, sin que recuerde la dirección del negocio, y en este invertí la cantidad de 350 mil pesos y Mariano Ibarra la cantidad de 100 mil pesos, y de este negocio no recibo nada”, declaró.

En mancuerna con Laddaga, el operador financiero del Cártel de Sinaloa también invirtió en la construcción de canchas de futbol rápido en el Distrito Federal, en particular con una empresa que previamente ya estaba constituida por otros accionistas.

“Soy socio de la negociación Olimpus, que son unas canchas de fútbol 7, ubicado en una escuela de Lindavista, en donde invertí 500 mil pesos, siendo los socios Alejandro Quiyono, Fernando Becerra, quienes tienen el 73 por ciento de las acciones, y yo con José Luis Laddaga, tenemos el 27 por ciento”, declaró El Piri” de acuerdo con la indagatoria UEIORPIFAM/AP/052/2010.

En economía, un sexenio exitoso… para el crimen organizado

CARLOS ACOSTA CÓRDOVA
26 DE NOVIEMBRE DE 2012 · 1 COMENTARIO
REPORTAJE ESPECIAL

Calderón y Cordero. Dupla inepta.
Foto: Benjamín Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Fueron muchos los errores y fracasos de los gobiernos panistas, que este 30 de noviembre llegan a su fin, luego de 12 años en el poder.

Uno de los principales, acaso el más dramático por sus efectos en la economía –la cual no creció de acuerdo con su potencial ni produjo un mayor bienestar social–, es que las medidas adoptadas no pudieron romper con el viejo pacto fiscal, ese por el que los gobiernos cobran poco y gastan mal –dejando “amplios espacios para la corrupción de quienes ejercen el gasto y de quienes están bien conectados con el poder”–, es decir, gastaron mucho más de lo que obtuvieron vía impuestos.

Los gobiernos panistas siguieron la fórmula fácil que instauraron los priistas desde mediados de los años 70: valerse del petróleo y sus generosos ingresos para compensar su debilidad recaudatoria.

Pero no sólo eso, en el balance bisexenal se observan dos fenómenos igual de graves: aparte de que no se redujo la economía informal, en la que ya se ocupan 30% de los mexicanos con trabajo, la debilidad del Estado y sus instituciones ha permitido una creciente e incontrastable economía criminal: grupos de la delincuencia organizada desafían al Estado y, aun, lo sustituyen en algunos ámbitos, como el cobro de “impuestos”.

Así lo cree el politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra –doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, exdirector general del CIDE y exembajador de México ante la OCDE–, y lo documenta en su nuevo libro: Con dinero y sin dinero… Nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio fiscal.

En este texto, ya en librerías desde la semana pasada, bajo el sello de Random House Mondadori, colección Debate, el autor explica las tres premisas del pacto fiscal que nos tiene estancados.

La primera, dice, es que se cobra relativamente poco como proporción de toda la riqueza que se genera en el país. “Esto es así porque el gobierno cobra mal, tanto por incapacidad administrativa como porque la ley fiscal tiene tantos huecos y privilegios que el cobro de impuestos es inequitativo y las posibilidades para evadirlos o darles la vuelta son muy atractivas y pueden ser autojustificadas en vista de la baja calidad del gasto público. Incluso entre individuos que reciben el mismo ingreso las tasas impositivas efectivas pueden ser muy distintas en función del origen de esos ingresos”.

La segunda premisa, afirma el autor, “es que el gasto público, generalmente de mala calidad y con muchos desvíos a favor de quienes lo controlan, siempre es mayor que ese ingreso y muchas veces es acaparado por grupos con capacidad de presión política o por la burocracia encargada de ejercer el gasto, ya sea a través de derechos laborales favorables respecto a los que hay en el mercado laboral privado, por desperdicios provocados por la desorganización administrativa o por la vía de la corrupción”.

Y justo lo que ha permitido la existencia del binomio “impuestos bajos-gasto alto” es el caudal de recursos que deja el petróleo. Esa es la tercera premisa de nuestro pacto fiscal, dice Carlos Elizondo.

Explica: “Los ingresos petroleros generados a lo largo de décadas se han gastado para cubrir la diferencia entre los impuestos que efectivamente se recaudan y el gasto público que ejerce el gobierno. No invertimos esos ingresos en actividades que generarían una mayor riqueza en el futuro ni los ahorramos, como sería razonable y justo con las generaciones venideras”.

Nada de eso cambió una vez que el PRI salió de Los Pinos, a finales del año 2000, afirma. Y lamenta: “En ocasiones las transiciones democráticas proporcionan la oportunidad para rehacer el pacto fiscal. Cuando el gobierno ya es resultado del voto popular, se supone que debería gastar los recursos públicos en beneficio de la sociedad en general, pero en nuestro caso dicho cambio no se ha dado.

“Peor aún, en el camino se deterioraron otros ámbitos; la transición debilitó el poder político del presidente, lo que, aunado a la baja capacidad de muchos de quienes llegaron al poder a partir del año 2000 y a las débiles instituciones que heredó el priismo en materia de recaudación y gasto, provocó incluso que crecieran los espacios donde existen pactos fiscales informales o ilegales.”

Además, advierte Elizondo Mayer-Serra, particularmente en los últimos seis años se dio paso a una creciente presencia del crimen organizado, sobre todo en las economías regionales.

Escribe: “En algunas zonas del país la crisis de seguridad se ha convertido en un conflicto entre el Estado y las mafias criminales por ver quién le cobra a la sociedad.

“La mafia le llama derecho de piso, pero es una suerte de impuesto que no da servicios públicos sino que garantiza no ser violentado. Incluso también protege contra los recaudadores fiscales, lo que le permite, gracias al flujo constante de ese ingreso, desafiar al Estado y hasta sustituirlo en ciertos ámbitos.

“Si en la economía informal hay grupos fuera del Estado que con apoyo de sus propios agentes construyen un pacto que no pasa por las leyes, en la economía criminal un grupo de organizaciones pretende desplazar al Estado.”

En el caso de los criminales, dice, no hay pacto alguno. “Es una imposición. Las organizaciones delictivas pretenden suplantar al Estado, a veces con la colaboración de sus agentes, a los que tienen comprados o amenazados, a veces también apoyando a algún candidato en una elección local, incluso con algún apoyo social, pero el control de la relación está en el crimen organizado”.

Con autorización del autor y de la editorial, se reproduce el siguiente fragmento del capítulo 6:

* * *

A pesar de la alternancia y de que el voto se ha convertido en el instrumento para llegar al poder político, nuestro pacto fiscal no ha cambiado. Sigue descansando en una lógica perversa: recaudar poco y gastar mal. Sigue prevaleciendo la práctica de devorar todos los recursos fiscales posibles, algo propio de un sistema basado en la opacidad del gobierno y la desconfianza de los ciudadanos.

La democracia nos dio la oportunidad de enfrentar el problema de la legitimidad gubernamental y construir un pacto fiscal distinto basado en un gasto público de mayor calidad, liberado de los amarres corporativos y de las ineficiencias y corrupciones del pasado. Sin embargo, como ya vimos, la oportunidad no fue aprovechada por varias razones. En primer lugar, el presidente Vicente Fox consumió el capital político de la alternancia en escaramuzas y embates sin que hubiera claridad en sus objetivos. Esto permitió que prevaleciera la naturaleza del viejo sistema político, el cual otorga a los actores bien organizados un peso inusualmente alto para una democracia. En segundo lugar, el hecho de que “el presidente de la alternancia” nunca tuviera una mayoría en el Congreso, hizo que su incapacidad para enfrentar a los grupos privilegiados se magnificara: no logró llevar a cabo las reformas que hubieran generado otra relación entre ciudadano y Estado. En la elección intermedia de 2003, lejos de ganar más espacios en la Cámara de Diputados, Vicente Fox los perdió, a pesar de que el lema panista de la campaña fue “Quítale el freno al cambio”.

Su falta de liderazgo, la ausencia de reformas que disminuyeran las barreras de entrada para la participación de la sociedad y la pasividad de ésta permitieron que nuestro viejo pacto fiscal sobreviviera sin alteraciones. El presidente Calderón tuvo menos margen que su antecesor y tampoco fue capaz de cambiar nuestro pacto fiscal que, en sentido estricto, se volvió peor, dado el ingreso petrolero excedente por el aumento en el precio internacional del crudo, que permitió tener más ingresos sin tener que recaudar más, y la creciente descentralización de los recursos fiscales federales a las entidades, las cuales en general gastan con menos rendición de cuentas que el gobierno federal. Seguimos padeciendo un gobierno caro y de baja calidad, pero que no nos cuesta tanto como contribuyentes. Como el ingreso del petróleo es un dinero que no ha salido de nuestro bolsillo, hemos protestado poco por el mal uso que se ha hecho de él. Nuestra democracia se ha construido sobre la renta petrolera.

Los gobiernos de la alternancia sí lograron mantener la estabilidad fiscal en medio de una seria crisis macroeconómica mundial. No es poca cosa. Los gobiernos no democráticos, que tenían mucho más poder, no pudieron hacerlo. De 1976 a 1994 hubo regularmente una crisis macroeconómica de fin de sexenio. Sin embargo, nuestro actual equilibrio depende en buena medida de la renta petrolera. No es suficiente. Los gobiernos de la alternancia no lograron construir un nuevo pacto fiscal y perdieron amplios segmentos del territorio a manos del crimen organizado. Por tanto, no es sorpresa que sólo 25% del electorado votara por la candidata del partido en el poder.

Piden debilitar al narco con combate al lavado

Dinero, lo que más les duele: Carlos Lozano
Claudio Bañuelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 8 de diciembre de 2012, p. 19

Aguascalientes, Ags., 7 de diciembre. El gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre se pronunció por incrementar las investigaciones y las sanciones a nivel nacional contra el lavado de dinero, con el objetivo de "debilitar" al crimen organizado y abatir los altos índices delictivos en el país. En entrevista colectiva, resaltó que "obviamente donde más duele es en el dinero".

El mandatario aprovechó para deslindarse del punto de acuerdo que el Congreso del estado aprobó este jueves en sesión ordinaria, para solicitar una mayor coordinación con los cuerpos policiacos de Zacatecas, toda vez que en los años recientes, cuando delincuentes organizados perpetraban un acto violento en Aguascalientes, se fugaban con frecuencia por caminos de la entidad vecina.

Al respecto, Lozano de la Torre señaló que “en lo particular, mi amistad y mi respeto al pueblo zacatecano, y debo decirles que lo que le pasa a ese estado, o lo que le pasa a San Luis Potosí, o lo que le pasa a Tamaulipas, o lo que le está pasando a Coahuila, Nuevo León, Chihuahua o a Guerrero, es una desgracia para el país, porque no es sólo un estado, son muchos los que tienen problemas.

"Respeto la posición (del Congreso del estado), nunca tuve que ver con el punto de acuerdo, lo entiendo, pero creo que no es de esa forma como lo vamos a resolver", manifestó.

De igual manera, se refirió al debilitamiento de las organizaciones criminales y agregó que "el combate al lavado de dinero es un tema que tiene que incrementarse en México, y obviamente el refuerzo de la coordinación y la seguridad".

HSBC: lavan mil mdd y sólo los despiden

El banco HSBC conoció que desde sucursales de Culiacán, Sinaloa, se lavaron mil 100 millones de dólares, por lo que sólo despidió a empleados involucrados, pero no pidió ninguna investigación sobre ellos

RASTREO. Las autoridades estadounidenses documentaron los depósitos en efectivo y transferencias electrónicas vía HSBC en México para lavar miles de millones del cártel de Sinaloa. En la imagen, la ruta que siguió el dinero ilegal . (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Jueves 13 de diciembre de 2012
Doris Gómora | El Universal

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doris.gomora@eluniversal.com.mx

A pesar de que el Banco HSBC aceptó que lavó mil 100 millones de dólares en sucursales de Culiacán, Sinaloa, la institución bancaria no procedió en contra de los gerentes, ni los empleados involucrados en el esquema, e informó a las autoridades de Estados Unidos que éstos sólo fueron despedidos y no se pidió ninguna investigación sobre su actuación, indican los documentos que fueron presentados a la Corte por parte del Departamento de Justicia y en el acuerdo al que llegó HSBC con el gobierno estadounidense.

“En 2007, el Grupo HSBC conoció a través de los correos de sus empleados de lo que llamaban un masivo esquema de lavado de dinero ejecutado por empleados de HSBC México y gerentes en las múltiples sucursales en el estado de Sinaloa”, señalan los documentos cuya copia tiene este medio.
Como resultado de lo anterior, “HSBC México cerró todas las cuentas involucradas en el esquema y despidió a los empleados. Sin embargo, las sucursales de HSBC México continuaron aceptando depósitos en dólares en el estado de Sinaloa”, se detalla.
De acuerdo con los documentos, el cártel de Sinaloa utilizó dos esquemas de lavado de dinero a través de las sucursales de HSBC: depósitos de dólares en efectivo a través de las sucursales de Culiacán, y además transferencias electrónicas hacia Estados Unidos.
En los documentos presentados a la Corte, incluyendo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el Banco HSBC no precisó el número de sucursales en Culiacán que fueron utilizadas para el lavado de dinero por parte del cártel de Sinaloa, ni tampoco el número de gerentes y empleados que estuvieron involucrados en los esquemas.
Entre 2006 y 2008, HSBC México envió a Estados Unidos mil 100 millones de dólares producto de depósitos de dólares en efectivo desde el estado de Sinaloa hacia el Banco USA, se explica en los documentos de la Corte.
“A pesar de las advertencias de oficiales mexicanos a finales de 2007 y principios de 2008, HSBC México exportó 4 mil 100 millones de dólares, esto es más depósitos en efectivo de dólares en 2008, que en cualquier otro año”, refieren los documentos.
Una investigación interna del Banco HSBC México reveló que 312 clientes depositaron 32% del total de dólares en efectivo en enero de 2008, y la mayoría se realizaron en Culiacán, en Sinaloa.
Los documentos mencionados señalan que tanto el Grupo HSBC como HSBC México, ambos, “advirtieron de los riesgos de lavado de dinero en caso de realizar negocios en dólares en el estado de Sinaloa”.
El gobierno de Estados Unidos acusó a HSBC de no haber tomado las medidas necesarias para monitorear las transferencias de dinero, entre ellas 9 mil 400 millones de dólares desde México tan solo vía depósitos en efectivo, de los cuales mil 100 millones provinieron de Culiacán.
En el caso de las autoridades mexicanas, tras ubicar el esquema de lavado frenaron los depósitos en efectivo de dólares en las sucursales de HSBC México, por lo que fue el primer banco en el país en adoptar esa medida, debido a que fallaron en realizar acciones sobre esas cuentas, y los ejecutivos repetidamente desestimaron las recomendaciones de su propio comité de antilavado de dinero de cerrar esas cuentas con actividad sospechosa.
“Aun cuando HSBC México determinó que la relación debería ser terminada, frecuentemente tomó años para ser actualmente cerradas. En diciembre de 2008, hubo aproximadamente 675 cuentas pendientes de ser cerradas basadas bajo sospecha de lavar dinero”, se apuntó.

En cinco años la PGR incautó 243 mil bienes

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 2 de enero de 2013, p. 12

En el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2011 la PGR aseguró 243 mil bienes, entre ellos aeronaves, armas, embarcaciones, obras de arte, inmuebles y joyas. Según la dependencia, 2011 fue el año en que mayor número de objetos, bienes y vehículos fueron decomisados a grupos criminales.

El Informe de rendición de cuentas de la administración pública federal 2006-2012, refiere que de diciembre de 2006 a diciembre de 2007 fueron asegurados 16 mil 504 bienes; en 2008, 47 mil 603; en 2009, 40 mil 568; 2010, 49 mil 924. y en 2011 88 mil 431.

Según el Ministerio Público Federal, están desglosados así: 314 aeronaves, 95 mil 388 armas, 242 embarcaciones, 965 objetos históricos y obras de arte, mil 944 inmuebles, la mayor parte era utilizada por bandas de secuestradores y dedicadas al narcotráfico, 5 mil 511 joyas, 24 mil 131 vehículos. Los bienes son entregados al Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda, la cual tiene entre sus facultades entregar en comodato a otras instituciones federales bienes incautados.
En el caso de la PGR se le entregaron anualmente un promedio de 38 aeronaves, 15 inmuebles, 15 vehículos. Durante la pasada administración federal, se mejoraron los sistemas informáticos para conocer la situación jurídica y el destino legal de los bienes asegurados, y se "crearon programas de trabajo para agilizar la transferencia de los bienes al SAE", señaló la PGR.

Mexico's Cartels and the Economics of Cocaine

January 3, 2013 | 1030 GMT
Stratfor
By Scott Stewart
Vice President of Analysis

At Stratfor, we follow Mexico's criminal cartels closely. In fact, we are currently finishing our 2013 cartel forecast, which will be released later this month. As we analyze the Mexican cartels, we recognize that to understand their actions and the interactions between them, we need to acknowledge that at their core they are businesses and not politically motivated militant organizations. This means that although violence between and within the cartels grabs much of the spotlight, a careful analysis of the cartels must look beyond the violence to the business factors that drive their interests -- and their bankrolls.

There are several distinct business factors that have a profound impact on cartel behavior. One example is the growing and harvesting cycle of marijuana in the Sierra Madre Occidental. Another is the industrialization of methamphetamine production in Mexico and the increasing profit pool it has provided to the Mexican cartels in recent years. But when we are examining the transnational behavior of the Mexican cartels, the most important factor influencing that behavior is without a doubt the economics of the cocaine trade.
The Cocaine Profit Chain

Cocaine is derived from the leaves of the coca plant, and three countries -- Colombia, Peru and Bolivia -- account for all the coca harvested in the world. Turning coca into cocaine hydrochloride is a relatively simple three-step process. Once the leaves of the coca plant are harvested, they are rendered into what is known as coca paste. From there, the coca paste is processed into cocaine base, which eventually becomes cocaine hydrochloride. The process involves several precursor chemicals: kerosene, sulfuric acid, sodium carbonate, hydrochloric acid, potassium permanganate and acetone. Most of these chemicals are readily available and easily replaced or substituted, making them difficult for authorities to regulate.

According to figures from the U.N. Office on Drugs and Crime, coca farmers in Colombia receive $1.30 for each kilogram of fresh coca leaf. In Peru and Bolivia, where the leaf is air-dried before being sold, farmers receive $3.00 per kilogram.

For the fresh leaf used in processing in Colombia, it takes somewhere between 450 and 600 kilograms of coca leaf to produce 1 kilogram of cocaine base, depending on the variety of coca plant used (some varieties have a higher cocaine alkaloid content). At $1.30 per kilogram, this means that it costs somewhere between $585 and $780 to purchase the coca leaf required to produce one kilogram of cocaine base. One kilogram of cocaine base can then be converted into roughly one kilogram of cocaine hydrochloride, which is commonly referred to as cocaine.

The Cocaine Value Chain
As cocaine progresses from the production site to the end users, it increases in value. According to figures provided by the Colombian National Police, a kilogram of cocaine can be purchased for $2,200 in the jungles in Colombia's interior and for between $5,500 and $7,000 at Colombian ports. But the price increases considerably once it leaves the production areas and is transported closer to consumption markets. In Central America cocaine can be purchased for $10,000 per kilogram, and in southern Mexico that same kilogram sells for $12,000. Once it passes through Mexico, a kilogram of cocaine is worth $16,000 in the border towns of northern Mexico, and it will fetch between $24,000 and $27,000 wholesale on the street in the United States depending on the location. The prices are even higher in Europe, where they can run from $53,000 to $55,000 per kilogram, and prices exceed $200,000 in Australia. The retail prices per gram of cocaine are also relatively high, with a gram costing approximately $100-$150 in the United States, $130-$185 in Europe and $250-$500 in Australia.

Along the supply chain there is also quite a bit of "cutting," which is when substances are added to the cocaine to dilute its purity and stretch profit. According to the Colombian National Police, the purity of cocaine leaving the country is about 85 percent. By the time it reaches the United Kingdom, purity is 60 percent, and it drops further to about 30 percent at the retail level, according to the U.N. World Drug Report 2012.
Cartel Behavior

There has been a thriving two-way flow of contraband goods across the U.S.-Mexico border since its inception. Mexican organized crime groups have been involved in the smuggling of marijuana to the U.S. market since the U.S. government began to restrict marijuana in the early 1900s, and Mexican organized criminals profited handsomely during the Prohibition era in the United States. As U.S. demand for illicit drugs increased in the second half of the 20th century, Mexican organizations branched out to become involved in smuggling other types of drugs, including pharmaceuticals and black tar heroin; poppy cultivation was also introduced to Mexico in the 1930s.

These Mexican organized crime syndicates, such as the Guadalajara cartel, also began to traffic cocaine into the United States in the late 1970s, but for many years the Mexican organizations worked as junior partners for the powerful Colombian cartels in Medellin and Cali. Mexico was a secondary route for cocaine compared to the primary route through the Caribbean. As a result, the Colombians pocketed the lion's share of the profit made on cocaine trafficked through Mexico and the Mexicans received a fee on each kilogram they transported. (However, they did not assume any of the risk of losing shipments between South America and Mexico.)

In the late 1970s and the 1980s -- the early phase of Mexican involvement in the cocaine trade -- Central American middlemen such as Juan Matta-Ballesteros were also heavily involved in the flow of cocaine through Mexico. They moved cocaine from South America to Mexico, becoming wealthy and powerful as a result of the profits they made.

As U.S. interdiction efforts, aided by improvements in aerial and maritime surveillance, curtailed much of the Caribbean cocaine flow in the 1980s and 1990s, and as the Colombian and U.S. governments dismantled the Colombian cartels, the land routes through Central America and Mexico became more important to the flow of cocaine. It is far more difficult to spot and seize contraband moving across the busy U.S.-Mexico border than it is to spot contraband flowing across the Caribbean.

This increase in the importance of Mexico allowed the Mexican cartels to gain leverage in negotiations with their Central American and Colombian partners and to secure a larger share of the profit. Indeed, by the mid-1990s the increasing importance of Mexican organizations to the flow of cocaine to the United States allowed the Mexican cartels to become the senior partners in the business relationship.

In a quest for an even larger portion of the cocaine profit chain, the Mexican cartels have increased their activities in Central and South America over the last two decades. The Mexicans have cut out many of the middlemen in Central America who used to transport cocaine from South America to Mexico and sell it to the Mexican cartels. Their efforts to consolidate their control over Central American smuggling routes continue today.

This move meant that the Mexican cartels assumed responsibility for the losses incurred by transporting cocaine from South America to Mexico, but it also permitted them to reap an increasing portion of the profit pool. Instead of making a set profit of perhaps $1,000 or $1,500 per kilogram of cocaine smuggled into the United States, the Mexican cartels can now buy a kilogram of cocaine for $2,200 or less in South America and sell it for $24,000 or more to their partners in the United States.

But the expansion of the Mexican cartels did not stop in Central America. According to South American authorities, the Mexican cartels are now becoming more involved in the processing of cocaine from coca leaf in Colombia, Peru and Bolivia. There have also been reports of seizures of coca paste being smuggled to cocaine processing laboratories in Honduras and Guatemala. The use of these Central American processing laboratories, which are run by Mexican cartels, appears to be a reaction to the increased efforts of the Colombian National Police to crack down on cocaine laboratories and the availability of cocaine processing chemicals.

U.S. counternarcotics officials report that today the Mexican cartels are the largest players in the global cocaine trade and are steadily working to grab the portion of cocaine smuggling not yet under their control. But the efforts of the Mexican cartels to increase their share of the cocaine profit are not confined to the production side; they have also expanded their involvement in the smuggling of South American cocaine to Europe and Australia and have established a footprint in African, Asian and European countries. Furthermore, they have stepped up their activities in places like the Dominican Republic and Haiti in an attempt to increase their share of the cocaine being smuggled through the Caribbean to the U.S. market. As seen by recent operations launched by U.S. law enforcement, such as Operation Xcellerator, Operation Chokehold and Operation Imperial Emperor, the Mexican cartels have also been increasing their presence at distribution points inside the United States, such as Chicago, Atlanta and Dallas, in an effort to increase their share of the cocaine profit chain inside the United States.

While marijuana sales have always been an important financial source for the Mexican cartels, the large profits from the cocaine trade are what have permitted the cartels to become as powerful as they are today. The billions of dollars of profit to be had from the cocaine trade have not only motivated much of the Mexican cartels' global expansion but have also financed it. Cocaine profits allow the Mexican cartels to buy boats and planes, hire smugglers and assassins ("sicarios") and bribe government officials.

Cocaine is a product that has a very limited and specific growing area. Consequently, that distinct coca growing area and the transportation corridors stretching between the growing area and the end markets are critically important. With a business model of selling cocaine at over 10 times the cost of acquisition -- and even greater over the cost of production -- it is not surprising that the competition among the various Mexican cartels for the smuggling corridors through Mexico to the United States has become quite aggressive.

Peña Nieto revive a Bazbaz, el “sabueso sin olfato” del caso Paulette, y lo pone a “buscar” a los lavadólares

Por: Sin Embargo - enero 6 de 2013 - 12:20

Ciudad de México, 6 de dic (SinEmbargo).– El Gobernador Enrique Peña Nieto no tuvo más opción que despedirlo. Presentó su renuncia el 25 de 2010, acosado por la prensa nacional e internacional porque, como Ministerio Público, había cambiado tres veces la versión sobre el caso todavía nebuloso de Paulette Gebara Farah.

Alberto Bazbaz asombró al país pero de mala manera. Primero dijo que la pequeña había sido asesinada y después, secuestrada. Al final no tuvo más opción que desdecirse y afirmar que la menor había muerto por asfixia: su cuerpo apareció entre su cama y la cabecera. Los sabuesos amaestrados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) no dieron con ella antes. Fue “la casualidad”. Nadie creyó un ápice sus versiones. Sólo Peña Nieto salió en su defensa entonces, como sólo Peña Nieto sale en su defensa hoy.

Con el prestigio de sabueso sin olfato, lo acaba de nombrar titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Él estará a cargo de buscar a los lavadólares, los eternos evasores de la ley, los sofisticados integradores del dinero del crimen organizado a las redes formales del sistema financiero mexicano. Sí, él.

Los datos más conservadores dicen que en México se lavan cerca de 10 mil millones de dólares. La Asociación Mexicana de Bancos habla de 20 mil millones, pero otros afirman que la cifra es mucho mayor: hasta 40 mil millones.

Bazbaz, quien no pudo resolver a satisfacción el caso Paulette, será el que enfrente a un mundo de finos entramados que involucran no sólo a las cabezas del narcotráfico internacional, sino a instituciones financieras que se han prestado –y han obtenido ganancias– para que el dinero que viene del tráfico de drogas y de humanos, de la extorsión y el robo, sea legitimado en México. JP Morgan, Bank of America Corp, Western Union, HSBC Bank USA, Monex y otras instituciones, cuando menos, han sido señaladas por Estados Unidos por lavar dinero en México.

BANCOS LAVADORES: EL ESCÁNDALO EN GRANDE:

Las multas por “operaciones irregulares” (principalmente las de lavado de dinero) son exorbitantes. Las instituciones bancarias han pagado miles de millones de dólares en los últimos cinco años; son instituciones financieras que operan principalmente en Estados Unidos y que tienen oficinas o negocios en México y con mexicanos.

Según reportes de autoridades estadunidenses, las montañas de billetes son del narco. Sin embargo, todo ese dinero no se puede comparar con las ganancias de la venta de drogas, armas, tráfico de personas y demás actividades ilícitas. Los cárteles de la droga saben que en Estados Unidos los bancos lavan dinero de forma muy fácil y que, en el caso de ser descubiertos, las autoridades sólo podrán ponerles una sanción millonaria pero, finalmente, sencilla de pagar para ellos.

En México, el panorama para combatir este problema es peor. Hasta el momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha implementado nuevas estrategias para identificar este tipo de delito, pero los resultados siguen siendo escasos y tardados.

CERCA DE SALINAS, Y DE PEÑA NIETO

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, campus estado de México; desde hace 11 años es catedrático de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en la misma universidad, Alberto Bazbaz Sacal nació el 24 de octubre de 1973. Fue elegido por Peña Nieto procurador mexiquense en marzo de 2008. Se benefició de la desgracia de Abel Villicaña Estrada, quien no pudo resolver el asesinato de Enrique Salinas de Gortari además de cientos de 600 feminicidios. Bazbaz se rozó todavía más directamente con la familia Salinas.

Fue también parte del equipo de defensa de Raúl Salinas de Gortari desde la firma Moreno y Bazbaz. En 1994 fue agente del Ministerio Público en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y de 1996 a 2006 se desempeñó como abogado litigante. En 2007 fue asesor de la Coordinadora de Planeación, Innovación y Desarrollo Institucional de la Procuraduría General de la República. “Lo importante es no peder de vista de dónde viene Bazbaz Sacal y quién ha movido sus hilos desde sus años mozos.

Nos referimos al multipremiado por la comunidad judía, el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Fedelman, con quien Bazbaz compartió pupitre en la Universidad Anáhuac y tiempo después, hasta despacho”, escribió Jesusa Cervantes en Proceso. “Ante la desaseada investigación por el caso Paullete Gebara Farah, el escándalo y la indignación que se generó en todo el país, los asesores de Peña Nieto le recomendaron la destitución de Bazbaz Sacal.

El primer nombre en que se pensó fue justamente en David Korenfeld, entonces encargado del Sistema de Agua del Estado de México, pero éste declinó la propuesta bajo el argumento –sostienen quienes los conocen–, de que en esa área (el Sistema de Agua) se manejaba más dinero que pronto les sería útil para la campaña presidencial”, agrega la periodista. “El posible desvío de una parte del presupuesto del Sistema de Agua hacia la campaña presidencial no pudo ser comprobado ni siquiera por la oposición encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, lo que sí quedó claro fue que el señor Korenfeld se convirtió muy pronto en la puerta de entrada de Peña Nieto con la comunidad judía; incluso se le mencionó como uno de los personajes que habrían ultimado sus contactos en el medio oriente para, mediante una complicada transacción financiera como la que se utiliza para lavar dinero, sacar el millones de pesos de México, llevarlos a España, pasarlos por Israel y regresarlos al país vía banco Monex”, publicó la revista apenas se supo del nombramiento de Bazbaz.

EL IRRESPONSABLE

En junio de 2010, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presentó dos denuncias en contra del ya para entonces ex Procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal. Pidió que se le castigara administrativa y penalmente por las violaciones cometidas durante la investigación del caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah. El secretario general del PAN mexiquense, Víctor Hugo Sondón Saavedra, acudió a la sede de la Secretaría de la Contraloría de la entidad para presentar la denuncia.

En su exposición de motivos, el PAN pidió que sele inhabilitara por 20 años para ocupar cargo público. Fue incluso a la mesa de responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Edomex para que se iniciara una averiguación previa y fuera sancionado por violaciones a la Constitución y al Código de Procedimientos Penales del Estado de México, al no respetar la secrecía de la investigación. “El ex Procurador violentó el artículo 42 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado, y el articulo 242 del Código de Procedimientos Penales de la entidad.

No sólo pedimos que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en la contraloría, sino vamos a la procuraduría, para que se le sancione penalmente y se consigne al ex procurador por los errores cometidos”, explicó Sondón. “Es lamentable que la autoridad misma reconozca y fomente la impunidad de esta manera.

Nosotros no queremos sacar raja política de este asunto, pero tenemos la responsabilidad de verificar la correcta actuación de las instituciones y en este caso se actuó deficientemente y lo tenemos que decir”, expresó. Esa era la posición del PAN en ese año. No está claro si ahora, cuando ha decidido unir su esfuerzo al Gobierno de Peña Nieto, sostendrá su palabra.

Bazbaz en inteligencia financiera, la verdadera razón

Jesusa Cervantes
4 de enero de 2013 · 18 Comentarios
Análisis

Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP. Foto: David Deolarte
Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP.
Foto: David Deolarte

MÉXICO, D.F. (apro).- Durante tres meses, del 22 de marzo al 24 de mayo de 2010, el entonces procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, dio muestras de su ineficiencia e impericia en el ramo de la investigación. Uno de los hombres fuertes de Enrique Peña Nieto, hizo el ridículo público por el caso de la pequeña Paulette Gebara Farah.

Según las agudas indagaciones que realizó Bazbaz como Ministerio Público, la niña había sido “asesinada”; luego, al no dar con los autores materiales de tan monstruoso hecho, optó por “secuestrarla”. Finalmente salió con la novedad de que nadie mató ni secuestró a la pequeña, sino que ésta había fallecido por “asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión toraxicoabdominal”, al quedar atrapada entre su cama y la cabecera.

Todo esto le aconteció a la pequeña en su propia habitación, según declaró ante la prensa Bazbaz Sacal. La misma habitación que los perros entrenados del exprocurador revisaron minuciosamente. La inverosímil historia resultó más que complicada, absurda, sin embargo fue sostenida por autoridades y el propio Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.

Sin embargo, esta monumental pifia del agudo procurador de Peña Nieto, no impidió que este 4 de enero Bazbaz se reuniera nuevamente con sus viejos amigos de la burocracia estatal y que hoy dirigen las principales dependencia del gobierno federal.

El exprocurador, al que se le pierden los cadáveres y confunde la asfixia con el asesinato e incluso con el secuestro, será el encargado, en el gobierno federal, de atrapar a los insaciables lavadores de dinero.

La burla que pudiera desatar este nombramiento es lo de menos. Lo preocupante es que el joven, inexperto y cínico funcionario federal estará a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. El área que debiera dar seguimiento a los más de 20 mil millones de dólares que anualmente se lavan en México, según cifras de organismos internacionales reconocidas por la Asociación Mexicana de Bancos.

Si el exprocurador tardó días en encontrar un cadáver que estaba en una habitación, ¿qué podrá pasarle con los miles y millones de dólares que circulan por entramados financieros?

Cualquiera pudiera decir, ante semejante nombramiento, que en Peña Nieto la inteligencia está peleada con el autoritarismo, sin embargo esa sería una visión superficial.

Aquí lo importante es no peder de vista de dónde viene Bazbaz Sacal y quién ha movido sus hilos desde sus años mozos.

Nos referimos al multipremiado por la comunidad judía, el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Fedelman, con quien Bazbaz compartió pupitre en la Universidad Anáhuac y tiempo después, hasta despacho.

Ante la desaseada investigación por el caso Paullete Gebara Farah, el escándalo y la indignación que se generó en todo el país, los asesores de Peña Nieto le recomendaron la destitución de Bazbaz Sacal. El primer nombre en que se pensó fue justamente en David Korenfeld, entonces encargado del Sistema de Agua del Estado de México, pero éste declinó la propuesta bajo el argumento –sostienen quienes los conocen–, de que en esa área (el Sistema de Agua) se manejaba más dinero que pronto les sería útil para la campaña presidencial.

El posible desvío de una parte del presupuesto del Sistema de Agua hacia la campaña presidencial no pudo ser comprobado ni siquiera por la oposición encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que sí quedó claro fue que el señor Korenfeld se convirtió muy pronto en la puerta de entrada de Peña Nieto con la comunidad judía; incluso se le mencionó como uno de los personajes que habrían ultimado sus contactos en el medio oriente para, mediante una complicada transacción financiera como la que se utiliza para lavar dinero, sacar el millones de pesos de México, llevarlos a España, pasarlos por Israel y regresarlos al país vía banco Monex.

De todo eso, los únicos que pueden investigar son el IFE y la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo del audaz abogado Bazbaz Sacal, quien ha sido pieza clave de Korenfeld Fedelman a la hora de operar políticamente para Peña Nieto; y dicen, incluso, que tiene el aval de la propia sobrina de Carlos Salinas de Gortari, la señora Claudia Ruiz Massieu, con quien, por cierto trabajó, por un breve tiempo en la PGR en tiempos del panismo.

Sólo con esta liga se puede entender la designación de Bazbaz Sacal en una posición tan importante para México, Estados Unidos y la Comunidad Europea. Porque detrás de él estará siempre el hábil y también joven Korenfeld Fedelman. Este último es el mismo que el 6 de septiembre de 2009 quiso hacerse el desentendido cuando un chubasco colapsó el túnel emisor poniente en la colonia Valle Dorado, lo que provocó que cientos de familias nadaran entre las heces fecales y el agua de lluvia, y perdieran no sólo sus pertenencias, sino además exponiéndose a graves enfermedades.

Pues bien, en aquella época, Korenfeld quien se negaba a indemnizar a los afectados alegando que el Sistema de Aguas del Estado de México no era responsable de la desgracia de los más pobres, hoy sí tendrá que asumir dicha responsabilidad. Pues el pasado 28 de diciembre, los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado resolvieron un amparo promovido por los habitantes de Valle Dorado, y ahí se estableció que la Conagua, dependencia a cargo del señor Korenfeld, sí tuvo responsabilidad civil, independientemente de la fuerte lluvia que cayó ese día.

“El servicio de drenaje ofrecido fue deficiente debido al mantenimiento que recibió el túnel, lo que influyó a su ruptura”, de acuerdo con la tarjeta informativa que el Consejo de la Judicatura dio a conocer el pasado 28 de diciembre.

Así es que ahora, el señor Korenfeld tendrá que pagar a los afectados lo que se negó a hacer hace cinco años. Aunque bueno… tampoco sabemos si tendrá que pagar otras facturas a otros que hayan “colaborado” afanosamente en la campaña de Peña Nieto. Esto, al tiempo…

@jesusaproceso
mjcervantes@proceso.com.mx

Endurecen reglas para casas de empeño

Juan Carlos Cruz Vargas
17 de enero de 2013 · Sin comentarios
Nacional

MÉXICO, D.F., (apro).- El gobierno federal obligará a las casas de empeño a transparentar sus operaciones y enlistarse en un registro público a partir de mañana.

Al publicar el decreto por el que se reforman los artículos 65 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Secretaría de Economía (SE) anunció que a partir del próximo jueves 17, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encargará de ejecutar un programa de verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan al público contratos de mutuo interés y garantía prendaria.

El decreto, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), puntualiza que para que una casa de empeño opere, debe inscribirse en el Registro de Casas de Empeño y contar con los contratos de adhesión de sus clientes; de lo contrario, deberá pagar multas que irán de los 617.41 pesos a los 2.4 millones de pesos.

“La operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro de Casas de Empeño se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis”, según el documento.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), de las 6 mil 500 casas de empeño que existen en el país, aproximadamente 2 mil están afiliadas a ese organismo o tienen contrato de adhesión con la Profeco, principal regulador de esas empresas.

No obstante, aproximadamente siete de cada 10 establecimientos de ese tipo opera al margen de la ley, con tasas de interés elevadas y nula transparencia, sin descontar que son lugares donde podría lavarse dinero, como lo han señalado diversos especialistas.

Entre los requisitos para que se establezca una casa de empeño destacan: nombre, denominación o razón social, representante legal, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se asiente la administración de la casa de empeño, así como la dirección de las sucursales en las que se prestará el servicio, domicilio para oír y recibir notificaciones, y fecha y lugar de la solicitud.

En cuanto a las transacciones hechas en esos centros prendarios, la dependencia encabezada por Ildelfonso Guajardo detalló que deberán contar con información sobre cambios, el costo diario totalizado y el costo mensual totalizado, que deberán expresarse en tasas de interés porcentual sobre el monto prestado.

“La información a la que se refiere el presente artículo deberá resaltarse de manera clara, notoria e indubitable y permitir su fácil comprensión y comparación por parte de los consumidores”, puntualiza el decreto.

Las casas de empeño también tendrán que establecer procedimientos que le garanticen al pignorante la restitución de la prenda, y en caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño, el pignorante podrá optar por la entrega del valor del bien conforme al avalúo, o de un bien del mismo tipo, valor y calidad.

En el caso de los metales preciosos, el valor de reposición del bien no podrá ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición.

Con este decreto, las casas de empeño contarán con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de mañana, para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones.

Corrupción, lavado y crimen, la desventaja de México: Kroll

Escándalos como el de HSBC son una clara señal de que algo anda muy mal, dice la agencia de inteligencia privada.

ENRIQUE HERNÁNDEZ
enero 21, 2013 1:10 am

Para que México remplace a Brasil como la gran potencia económica de América Latina necesita combatir y erradicar el crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción, advierte Kroll Advisory Solutions.

“Si México desea convertirse en el líder económico de Latinoamérica, el gobierno debe implementar reformas para modernizar el sector público, promover la transparencia en los negocios y reducir la corrupción de los funcionarios”, dice Ernesto Carrasco, director general y jefe de la oficina de Kroll en México.

En un estudio para sus clientes, del cual posee copia 24 HORAS, el especialista recuerda que el Senado de Estados Unidos acusó el año pasado de blanqueo de capitales al banco HSBC, con sede en Londres, por, entre muchas cosas más, trasladar siete mil millones de dólares en efectivo al país norte desde su sucursal en México.

“Escándalos como ése son una clara señal de que algo anda muy mal y que las autoridades mexicanas pueden prender alarmas. La multa de 27.5 millones de dólares que HSBC debió pagar por incumplir con las normas de lavado de activos fueron un simple jalón de orejas”, manifiesta.

El investigador privado revela que entre enero de 2007 y julio de 2012, únicamente 83 personas fueron condenadas por lavado de dinero en México.

“Es una cifra mínima teniendo en cuenta el tamaño y el alcance del problema. Y este decepcionante resultado es sintomático del problema mayor”.


BAJO LOS REFLECTORES

El responsable de la empresa estadunidense encargada de analizar los riesgos y fraudes en varias naciones del mundo señala que actualmente la comunidad internacional espera la adopción de medidas como leyes de lavado de activos y seguridad nacional.

Kroll se estableció como “el detective de Wall Street”, ya que es una firma encargada de ofrecer servicios de inteligencia global para evitar cualquier riesgo en el sector empresarial.

“Si esas medidas no se adoptan. México no solamente perderá la oportunidad de convertirse en el líder económico del hemisferio, sino también se etiquetará como una nación de alto riesgo y vedado para la inversión extranjera”, manifiesta el especialista.

Se confirmaría un estigma. Según el estudio de Mexicanidad, realizado por la consultora De la Riva Group, ocho de cada 10 mexicanos creen que los extranjeros ven a México como país violento y corrupto.

En un análisis de riesgos sobre México, el jefe de Kroll señala que la economía mexicana enfrenta retos como reducir la tasa de delitos violentos, la cual afecta a la ciudadanía y siembran incertidumbre entre los inversionistas extranjeros.

“Y otros factores que pueden socavar los prospectos de crecimiento económico de México son la corrupción, el crimen organizado, la burocracia y la falta de confianza en la fuerza pública del país”, enfatiza Carrasco.

Sin embargo, una de las preocupaciones más importantes para la agencia de investigación Kroll es el lavado de dinero en la República, al cual considera “es enorme”.

“No es de extrañar que los cárteles mexicanos se encuentren entre los más ricos y más poderos del mundo”, asegura.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, 85% de las drogas ilícitas vendidas en el mercado estadunidense pasan por México o Centroamérica. En 2010 se lavaron 10 mil millones de dólares en la República Mexicana.


PERMEA A EMPRESARIOS

En México las operaciones comerciales clandestinas de los cárteles de la droga han permeado a toda la economía, incluso en ámbitos controlados por el estado tales como el sector petrolero, agrega.

“Los sectores de bienes raíces y la construcción son otros dos sectores inundados de efectivo es una de las opciones más fáciles a las que tiene acceso el crimen organizado para lavar dinero”, comenta el especialista.

El Tesoro estadunidense, a través de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), publica con mucha insistencia una lista negra de empresas y narcos mexicanos con quien no pueden hacer negocios, así como transacciones financieras o comerciales.

La semana pasada 24 HORAS informó que el Tesoro estadunidense identificó a la familia Meza Flores como un nuevo cártel mexicano, y lo consideró como enemigos de El Chapo Guzmán.

Además, la autoridad de Estados Unidos vinculó a tres empresas con la nueva organización, siendo una gasolinera que obtuvo la franquicia durante el gobierno de Felipe Calderón y una constructora recibió contratos, en dos meses, por más de 700 mil pesos del gobierno de Guasave, Sinaloa.

A lo largo del año pasado, la OFAC advirtió que empresas de construcción, inmobiliarias, tienda de ropa, accesorios y gasolineras son usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero, mientras Los Zetas utilizaban a una firma de servicios petroleros.

“Las autoridades gubernamentales cuentan con información fiable de que el crimen organizado no sólo está implicado en el comercio ilegal de gasolina robada, sino también que empresas constituidas legalmente se encuentran entre los compradores más habituales”, menciona el director general de Kroll México.

Entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida por tres mil 900 millones de pesos por el robo de combustibles de los ductos. Durante este periodo se robaron tres millones de barriles.

Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Jalisco y Puebla son las entidades donde se detectó el mayor número de tomas clandestinas.

“El sector privado debe jugar un papel en la lucha contra el lavado de activos al promover una cultura que respete las leyes y sus consecuencias, una ética basada en controles internos que incluya medidas preventivas para vetar a proveedores y a otros terceros en las cadenas de suministro, así como límites a los pagos en efectivo de artículos caros como automóviles y propiedades de bienes raíces”.