Aspectos legales como consecuencia de Tlatlaya y Ayotzinapa

Fragata
08 de febrero del 2015

México, 8 de febrero.- Los daños colaterales tras la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero -ocurrida la madrugada del 26 de septiembre del año pasado-, finalmente alcanzaron a la Marina.
Si el caso Tlatlaya no representaba mayor asunto que el de la simple confirmación de hechos y dichos de los 21 marinos que llegaron a la bodega de San Pedro Limón cuando la ejecución de 22 civiles ya había concluido, lo de Ayotzinapa, pinta para otra cosa.
Aunque a los mandos navales el tema no parece inquietarles gran cosa y están ahora más ocupados en redistribuir el presupuesto para el 2015, que era de poco más de 27 mil 026 millones de pesos, es innegable que el caso Ayotzinapa comienza a meterles ruido.
El tema de Tlatlaya está prácticamente zanjado para el Almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz. Solo es cuestión de tiempo para que los marinos que arribaron a la bodega para conocer los hechos tras el enfrentamiento entre los 22 civiles y las tropas del 102 Batallón de Infantería, ratifiquen lo que los soldados les contaron aquella mañana del último día de junio del 2014.
No debe haber mayor problema y seguramente no lo habrá en este tema. Pero lo de Ayotzinapa es un asunto de gravedad que sigue sin resolverse y ahora va a escenarios internacionales, en donde los padres de familia de los normalistas desaparecidos y sus representantes y asesores legales reavivan su activismo en busca de pronunciamientos y de una nueva etapa de lucha que presione al gobierno de Enrique Peña Nieto a dar respuestas verdaderas, no solo consideraciones finales al estilo Murillo Karam.
Los padres de los normalistas buscan y exigen la verdad histórica. Recurren ahora a instancias elevadas en Ginebra, Suiza, en donde hablaron ante el Comité del Examen Periódico Universal de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),ante el cual expresaron todas las irregularidades y manejos opacos del gobierno federal en torno al caso. Nuestros siguen vivos, explicaron.
Los ecos de esta actividad van adquiriendo diversas formas y buscan caminos para que las demandas no se pierdan en el aire. Indagar hasta el cansancio cada párrafo del expediente de Ayotzinapa y encontrar pistas que permitan avanzar hacia la verdad histórica, implica abrir escenarios y tramos oscuros, de duda y posible replanteamiento.
Tal es el caso de nuevos testimonios o versiones en torno a lo declarado por los policías municipales detenidos, cuya credibilidad es, para los padres de los 43 normalistas, poco o nada existente luego de los continuos traspiés que distintas instancias del aparato de justicia mexicano han tenido en los últimos años; desde montajes televisivos sobre plagiarios detenidos en vivo, en horario matutino triple “A”, hasta casos relevantes llevados por la PGR que se han venido abajo por su pésima y facciosa hechura.
Los padres de los 43 normalistas dudan –y con toda la razón– de las versiones de la PGR, porque esta institución ha demostrado su ineficacia, su impreparación o manejo amañado y contumaz de testigos protegidos para enderzarle cualquier tipo de acusación a civiles y militares (recuérdese los casos de los generales Dauahare, Dawe, Escorcia) a partir de testimonios fabricados a placer en interrogatorios viedograbados a placer.
Este es el punto de inflexión en el que hoy la Marina aparece en el ojo de una incipiente depresión tropical que quiere llegar a tormenta. Algunos de los abogados que asesoran a los padres de los normalistas descubrieron pistas sobre posibles torturas y abusos físicos por parte de los Infantes de Marina que participaron en la detención de varios policías municipales de Cocula e Iguala implicados en los hechos.
Las versiones han ido reforzándose tras confrontar las posturas y discursos oficiales con lo que dice el expediente del caso. Las contradicciones y omisiones, las horas, lugares, momentos y fechas incongruentes brincan en cada nueva indagatoria de los asesores legales y de la prensa nacional y extranjera.
En este tramo, destacan contradicciones entre las horas y lugares en donde la Marina coadyuvó con detenciones en Guerrero y en Morelos. Raúl Núñez Salgado, dueño de una carnicería en Iguala, Guerrero, fue detenido en Acapulco, cuando salía de un centro comercial.
En su declaración, admitió formar parte de la estructura de los Guerreros Unidos, repartir dinero entre mandos policiacos y agentes y tener en una lista de pagos al alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Meses más tarde, Núñez Salgado rectificó sus declaraciones y aseguró que todo lo que dijo fue bajo torturas a los que lo sometieron los marinos, quienes ya tenían unas listas de cosas que él tenía que admitir y varios nombres de personas a quienes debía inculpar en aquella primera confesión.
Este es parte del nuevo escenario que enfrenta la Marina y que los padres de los 43 normalistas y sus asesores han ido a plantear a Ginebra. Sin embargo, el tono que han adquirido las cosas no ha significado mayor inquietud para el Almirante Soberón y sus asesores jurídicos.
Lo cierto es hasta el momento no existe ninguna queja o denuncia abierta ante alguna instancia por probables actos de tortura, intimidación, coacción, violación a los derechos humanos o amenazas interpuesta por alguno de los detenidos en el caso Ayotzinapa.
Es aquí en donde radica la confianza de la Marina para sacar adelante el caso: la mayoría de los detenidos y acusados de pertenecer a la delincuencia organizada alegan este tipo de cosas para tratar de revertir las acusaciones en su contra.
En el Estado Mayor General de la Armada de México (EMG) hay plena confianza en que ninguno de estos señalamientos prosperará en las semanas y meses por venir, porque su gente nunca torturó a nadie.

“Violaciones al debido proceso…”
Por cierto, la Marina acaba de hacer historia, pero de la mala, al convertirse en la primera institución con la que se estrena la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) luego de que el Pleno de dicha instancia decidió que el médico veracruzano Oscar Augusto Valle Sánchez, secuestrado y torturado por elementos de la Armada de México, reciba la primera indemnización en la historia de la aplicación de dicho instrumento.
La CEAV, que encabeza Jaime Rochín del Rincón, informó el 28 de enero de este año en su boletín 010/2015 que, “en un hecho sin precedentes en nuestro país”, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aprobó la primera reparación integral con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición -tal como mandata la Ley General de Víctimas-, a una víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, específicamente por falta al debido proceso y a la libertad personal, así a como a sus padres (víctimas indirectas).
Sin referirse a la Secretaría de Marina-Armada de México por su nombre o siglas y sin mencionar tampoco al doctor Valle Sánchez, la CEAV indicó que “la víctima fue detenida de manera arbitraria por autoridades federales y obligada a confesar que pertenecía a una organización criminal. Por dicha acusación, la víctima pasó 21 meses en prisión antes de que el juez le dictara sentencia absolutoria y determinara que hubo violaciones a sus derechos humanos”.
Los marinos sacaron de su casa al doctor Oscar Valle luego de recibir una denuncia anónima (de su vecino) en la que se le señalaba como médico de los Zetas y propietario de un arsenal en su casa.
Sin mediar órdenes de aprehensión y mucho menos una investigación seria y a fondo, basada en la tan llevada y traída inteligencia militar y naval, los marinos mantuvieron al doctor incomunicado y luego de torturarlo y amenazarlo lo enviaron a un penal en Veracruz en donde estuvo recluido casi dos años sin ser culpable de nada.
De manera unánime los cinco comisionados aprobaron un programa y un cronograma para que el doctor Valle fuera indemnizado por el abuso naval.
Estos hechos, señala el boletín, “afectaron profundamente a la víctima directa en el ámbito laboral, económico e incluso social, pues fue dañada su reputación por haber sido señalada como delincuente; así mismo, sus familiares sufrieron daño moral”.
Y agrega: “En su búsqueda de justicia, se acercaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para solicitar asesoría y la reparación del daño. Como mandata la Ley General de Víctimas, la CEAV la reconoció como víctima directa y a sus familiares como víctimas indirectas en 2014”.
De acuerdo con el artículo 27 de la ley de víctimas, la reparación integral debe comprender medidas de: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. En este sentido, a la víctima directa se le brindaron las siguientes medidas de reparación:
a) Restitución: 1. Vinculación con las instituciones idóneas para facilitar su reincorporación al empleo. 2. Solicitar la eliminación de sus datos registrales de identificación relacionados con la causa penal que se seguía en su contra.
b) Rehabilitación: 1. La víctima y sus familiares recibirán atención médica permanente y atención psicológica o psiquiátrica a través de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 2. Para la víctima directa: informar a la institución correspondiente la resolución de la CEAV a fin de facilitar su reincorporación a sus estudios.
c) Compensación: Tomando como referencia estándares internacionales marcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en casos similares, se determinó otorgar una cifra que asciende a 805,582.65 pesos, a fin de compensar los conceptos de: daño moral, lucro cesante, pago de gastos y costas judiciales, así como gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación.
d) Satisfacción: 1. Publicación de los resolutivos de la CEAV mediante los cuales se les reconoce su calidad de víctimas directa e indirectas. 2. En aras de conocer la verdad de los hechos de que fue objeto, instruir a la Dirección General de Asesoría Jurídica Federal para dar seguimiento a los procedimientos que lleven a determinar la responsabilidad de los servidores públicos que llevaron a cabo la detención.
e) No repetición: Que las Direcciones Generales de Políticas Públicas y de Vinculación Interinstitucional de la CEAV generen los mecanismos de coordinación con las instituciones idóneas para que, de considerarlo pertinente, se impartan cursos de capacitación dirigidos al personal de la institución involucrada, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de sus capacidades y salvaguardar los derechos humanos.

BITÁCORA.-
Más vale tarde que nunca y con año de retraso el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) publicó por fin los cuatro números trimestrales que debieron aparecer en su página de internet durante el 2014.
Sin explicación alguna, la dirección del CESNAV dejó de publicar en línea los cuatro números que debían haber cubierto la difusión del quehacer y pensar en las aulas del centro de estudios.

Jorge Medellín

@JorgeMedellin95