Caso Blancornelas

Agentes del Ministerio Público Federal basaron sus acusaciones a los sicarios del Barrio Logan y a los hermanos Arellano Félix, solo en las declaraciones del director de ZETA, las cuales fueron desestimadas. Juez les llama la atención, y considera los testimonios de familiares de “El Pato” para absolverlo, y las declaraciones de narcotraficantes para sentenciarlo por delincuencia organizada. La impunidad continúa en la tentativa de asesinato al periodista
La primera vez que declaró sobre el asesinato en grado de tentativa contra Jesús Blancornelas, ante la entonces UEDO (Unidad Especializada en Delincuencia Organizada), Marco Antonio Quiñones “El Pato”, dijo que el año en que iban a asesinar al periodista, quedó de verse en el Sanborns del centro, con su cuñado, David Barrón Corona “El CH”.

Pero que se retrasó quince minutos y “El CH” ya se había ido. Esperó, pero éste ya no regresó. Horas después sabría –según él– que había caído muerto por fuego cruzado en la emboscada que sicarios del cártel Arellano Félix, de las células de los narcojuniors y de la calle 30 de Logan Heights, ejecutaron contra el director de ZETA, y donde asesinaron a Luis Valero, seguridad del periodista.

En la segunda declaración, años después y ante la PGR, “El Pato” cambió la versión. Dijo que aquel día 27 de noviembre de 1997 y desde 24 horas antes, él se encontraba en la casa con el número 9057 de la calle Obispado del fraccionamiento Monterrey, en compañía de cinco mujeres. Su esposa, la hermana de ésta, su suegra, otra familiar, y la señora del aseo.

Las cinco fueron citadas a declarar por la defensa, y las cinco declararon que efectivamente estaban con él en los preparativos de lo que sería la cena de acción de gracias, tradición norteamericana.

El Juzgador del Distrito 6 de Toluca, Estado de México, consideró las declaraciones de la esposa y la familia de “El Pato”, para absolverlo del asesinato en grado de tentativa contra Jesús Blancornelas, del asesinato de Luis Valero y del asesinato de David Corona. El mismo Juez y con los mismos elementos que desestimó para sentenciarlo por el crimen contra el periodista y su seguridad, lo condenó a doce años con nueve meses de prisión por delincuencia organizada.

Los elementos que el Juez Roberto Hoyos Aponte consideró para la sentencia por delincuencia organizada, fueron los testimonios de otros criminales integrantes del cártel Arellano Félix, en especial el de Emilio Valdez Mainero, testigo protegido de los Estados Unidos quien señaló a Quiñones “El Pato”, como parte de la célula de sicarios al servicio del CAF, que comandaba David Barrón Corona.

El Juez desestimó también las declaraciones del director del Semanario ZETA, quien incluso puso en la escena del crimen a “El Pato”, a Fabián Martínez “El Tiburón”, y a otros sicarios como sus atacantes. Jesús Blancornelas fue hostigado por la defensa de quienes desde la PGR fueron señalados como sus verdugos. Los abogados de José Alberto Márquez “El Bat”, y los de Quiñones, fustigaron al periodista en tres ocasiones.

PGR señala, ZETA publica, no indagan
David Barron Corona "El CH"
David Barron Corona “El CH”
No identificado oficialmente
No identificado oficialmente
No identificado oficialmente
No identificado oficialmente
Marcso Arturo Quiñonez "El Pato"
Marcso Arturo Quiñonez “El Pato”



El interrogador preguntó a Jesús Blancornelas:

–Que nos diga el testigo si sabe el motivo o la razón por la cual las organizaciones criminales denominadas “Mafia Mexicana” y “Logan Heights Calle Treinta”, prepararon el atentado de que fue objeto, hechos en los cuales perdiera la vida Luis Lauro Valero Elizalde, y el deponente resultara lesionado.

El Director de ZETA respondió:

“Que sabe que la publicación de una carta que le entregó la señora María Castaños y que publicó, en la cual esta última recriminaba a Ramón Arellano por haber matado a sus dos hijos, y el otro motivo que considera fue haber descubierto que ese mismo grupo asesinó a dos Agentes Federales en las afueras de los Juzgados de Distrito, que se ubican en el domicilio anterior y que fueron encabezados por Barrón alias ‘El CH’”.

El anterior es un extracto de la ampliación de declaración que le tomaron a Jesús Blancornelas el 11 de octubre de 2004, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Baja California.

Otras preguntas: A qué distancia tuvo a las personas señaladas como perpetradores de su atentado, el día del atentado por cuánto tiempo los vio, cómo, desde dónde, dónde se encontraban, cómo le quedaron a la vista, cuántos fueron los que quisieron matarle, si recuerda los nombres, que diga cómo los conoce y por qué, quién le informó, que si supo cuándo se preparó el atentado en su contra, cuál fue su reacción emocional.

Le insistieron al periodista: que dijera cuántos testigos le informaron de la llegada del grupo de sicarios a Tijuana días antes del atentado y del hospedaje de algunos de ellos en el Hotel Palacio Azteca; Blancornelas paciente, respondió como periodista y protegió a sus fuentes, a sus compañeros.

La realidad es que la información, las fotografías, los nombres, los hechos antes del atentado, la planeación del mismo, fueron informados a los editores de ZETA por parte de agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado –los mismos que custodiaban al periodista y se retiraron días antes del ataque–; de personal de la Procuraduría General de la República, de la investigación oficial iniciada en 1997, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que también indagaba sobre los responsables del atentado.

Un año después de aquel 27 de noviembre de 1997, en ZETA publicamos:

“Encabezados por ‘El CH’, los siete restantes están identificados como pistoleros y guardaespaldas de los hermanos Arellano Félix. De acuerdo a información de instituciones policíacas estadounidenses, todos pertenecen al Barrio Logan de San Diego y a la pandilla de la Calle Treinta.

“Felipe Pérez Cruz, Comandante de la Judicial Federal declaró recientemente que un Juez de Tijuana había librado siete órdenes de aprehensión contra sicarios del Barrio Logan, por el atentado a Jesús Blancornelas. No precisó nombres, pero extraoficialmente se sabe, que los a continuación presentados, participaron en el atentado: David Barrón Corona, Marco Arturo Quiñones ‘El Pato’, Antonio Peña Huerta o Adelaido Reyes ‘El Lalo’, Michael Anthony Jarboe ‘El Pee Wee’, Alfredo Araujo Ávila ‘El Popeye’. Otros: Isaac Guevara Hernández ‘El Zigzag’, José Alberto Márquez ‘El Bat’. También Fabián Martínez ‘El Tiburón’”.

Pero el interrogador para la defensa de “El Bat” y “El Pato”, cuestionó a Blancornelas. En total le formularon 30 preguntas, todas en el mismo tono. Buscaba que el periodista demostrara con su investigación periodística la participación exacta de sus atacantes. La investigación, el interrogatorio, tenía por fin, desestimar las declaraciones del periodista y sus publicaciones en el semanario.

Así lo anotan en el expediente donde se informa la absolución de Marco Antonio Quiñones “El Pato”: “De la anterior declaración se obtiene que el ofendido persistió en su conducta de omitir dar los nombres y direcciones de los testigos que según dice reconocieron en el lugar al sujeto activo, además de que todo lo supo por investigaciones periodísticas que realizó respecto de las organizaciones criminales denominadas ‘Mafia Mexicana’ y ‘Logan Heigths Calle Treinta’.”

Agregan respecto la ampliación de declaración del director de ZETA:

“Por lo que tal aseveración se denota vaga e insuficiente para la acreditación de una plena responsabilidad, ya que por una parte ni siquiera reconoce que Marco Antonio Quiñones alias “El Pato”, hubiera estado presente al momento de los hechos en que fue agredido; y dicho dato resulta esencial para que esta autoridad esté en posibilidades de determinar la forma de participación que tuvo el encausado en la comisión del delito, pues tal elemento no puede ser deducido por medio de meras conjeturas, ya que para tal fin, debe contarse con pruebas plenas que permitan dictar sentencia condenatoria apegada a derecho y justicia”.

MP Federal no investigó
Alfredo Araujo Ávila "El Big Popeye"
Alfredo Araujo Ávila “El Big Popeye”
Antonio Peña Huerta ó Adelaido Reyes, "El Lalo"
Antonio Peña Huerta ó Adelaido Reyes, “El Lalo”
Michael Antony Jabor "El Peewee"
Michael Antony Jabor “El Peewee”
No identificado oficialmente
No identificado oficialmente



Una parte sustancial de la investigación sobre la participación de Quiñones en el atentado a Blancornelas, está basada en la declaración del periodista. Ni la Agencia del Ministerio Público Federal, ni los investigadores asignados, presentaron sus indagaciones, si es que las realizaron. Lo confirman en la foja 145 de la sentencia absolutoria:

“Lo anterior se dice así, pues de las constancias existentes en la averiguación previa y durante la instrucción, como ya se vio, no obran pruebas aptas y bastantes que permitan plenamente establecer la responsabilidad del enjuiciado en la comisión de los antijurídicos que le atribuye el Agente del Ministerio Público de la Federación; ya que solo se cuenta con las declaraciones del agraviado José Jesús Blanco Ornelas, rendidas el 5 de diciembre de 1997 (una semana después del atentado), el 26 de octubre de 1998, el 26 de marzo y el 11 de octubre de 2004”.

Cuestionaron los abogados defensores que en el “parte informativo a dos días del atentado ya habían descubierto quiénes participaron en los hechos sin tener hasta ese momento ninguna declaración de ningún testigo presencial, solo sus investigaciones; luego once meses después la víctima…retoma los nombres señalados en el parte informativo con número de oficio 641 de 29 de noviembre de 1997”.

Abundaron: “Así mismo, respecto de los artículos periodísticos, que obran en la causa no son de tomar en cuenta ya que se trata de un punto de vista de quién lo hace ya que no forman una prueba documental ni pública ni privada”.

Finalmente resumen, ante la falta de actividad de investigación científica por parte del Ministerio Público Federal: “No existe indicio de cargo suficiente y bastante que lo ubique de manera concreta y personal en los actos ilícitos de que se trata…”.

Las declaraciones que sí tomaron como válidas, certeras, fueron las de “El Bat”. Asegura no conoce al resto de los integrantes de la Mafia Mexicana, ni a “El Pato”, y que en la fecha del atentado él se encontraba con su hermana de pesca en Los Cabos. Que tenía una orden de aprehensión en California por violar su libertad condicional y que por ello se vino a residir a Tijuana.

Sobre su viaje a Los Cabos, Márquez dice que se fueron en carro y que en todo momento, tanto en San Quintín como en Los Cabos, acamparon en la playa, por lo que en estricto sentido no puede probar su estadía en Baja California Sur, pero su palabra fue considerada como verdadera, sin mediar interrogatorios a familiares, buscar recibos que ubicaran al señalado en el trayecto a Los Cabos, o ubicarlo en Baja California Sur. El dicho del detenido fue más que suficiente.

Otro señalado, Adelaido Reyes, justificó que el día del atentado se encontraba en San Francisco del Rincón, Guanajuato, pero no presentó pruebas de ello; además que lo habían deportado cuatro meses antes de Estados Unidos y que no conoce a miembro alguno de la Mafia Mexicana.

Ante las inconsistencias, ante la falta de investigación por parte de los agentes del Ministerio Público Federal, el Juez reflexionó en el caso: “Se advierte que el representante social de la Federación que es a quien compete aportar las pruebas de cargo, en el presente asunto no cumplió con la carga probatoria que le era inherente, a fin de fortalecer y hacer culminar exitosamente su acción penal, pues el hecho de que el dicho del testigo de cargo (ofendido), se vea disminuido en su real dimensión probatoria, es el notorio desinterés, traducido en la falta de acuciosidad al interrogarlo…”.

Y coincidió que el caso acusatorio estaba basado exclusivamente en las declaraciones del periodista, y que la investigación no se continuó:

“Atendiendo los razonamientos expuestos, debe decirse, que los indicios de cargo existentes en el sumario son insuficientes para tener por acreditada la plena responsabilidad en la comisión de tal delito, siendo que es el fiscal federal al que le corresponde demostrar la conducta ilícita como base del ejercicio de la acción penal, lo que no acontece en el caso, pues los indicios recabados en la indagatoria, si bien son aptos para justificar el delito, no lo son para demostrar la participación del enjuiciado en la perpetración de los mismos, pues como ya se dijo, en ese sentido solo obra el dicho impreciso de José Jesús Blanco Ornelas, y en ese contexto, insuficiente para acreditar la intervención activa del encausado en su comisión”.

Acreditan la delincuencia organizada
Sin embargo, el Juez Hoyos Aponte sí sentenció a Marco Arturo Quiñones “El Pato” por delincuencia organizada. Es decir, los elementos que se desahogaron por la participación en el atentado al periodista, no fueron suficientes para procesarlo por ese delito, pero sí para probar que pertenece al cártel Arellano Félix, que participó en la comisión de delitos y por lo tanto fue sentenciado a doce años con nueve meses por delincuencia organizada, pues:

“Junto con otras personas formaba parte de la organización delictiva conocida como el cártel de Tijuana comandado principalmente por los hermanos Arellano Félix, la cual opera principalmente en el estado de Baja California…ya que el propio acusado tenía encomendada la función de sicario de la misma, continúa diciendo que se hace patente el reparto de tareas y funciones específicas que permiten obtener de manera eficaz los fines criminales pretendidos por dicho grupo delictivo, esto es, efectuar el tráfico de estupefacientes en las localidades en las que establecieron su asiento”.

Entre las varias declaraciones que ubican a la Mafia Mexicana o la pandilla de la Calle Treinta, liderada por David Barrón Corona y de la cual formaban parte los señalados como asesinos en grado de tentativa contra Jesús Blancornelas, destacada de la de Gustavo Miranda Santacruz, y en particular, la de Emilio Valdez Mainero, ambos en los ochenta y noventa, miembros del CAF.

Emilio Valdez Mainero declara que en mayo de 1992, él, Arturo “Kitty” Páez Martínez, Fabián Martínez González “El Tiburón”, David Barrón Corona y Jorge Alonso, fueron a buscar para matarlo, a Ricardo Olmos; que después que lo localizaron como usuario de un taxi, se emparejaron al vehículo y Valdez y Barrón descendieron del suyo y dispararon hasta matar a los del taxi, que en el ataque, Barrón Corona resultó herido, que Páez Martínez le disparó en un pie de manera accidental.

Después del ataque hablaron con Ramón Arellano para ver a dónde llevaban al herido David Barrón Corona, a un piso franco, y que lo entregaron a un Policía Judicial del Estado quien lo llevó a otro sitio para que lo operaran.

Textual la declaración de Valdez Mainero: “Yo sabía que Marcos Arturo Quiñones era un asesino de la organización Arellano Félix quien trabajaba bajo la dirección de David Barrón Corona”. El mismo sicario que cayó muerto durante el atentado contra el periodista.

En la foja 185 del expediente en cuestión se concluye sobre Emilio Valdez Mainero: “De la anterior declaración se obtiene que el testigo colaborador de la justicia americana reconoce la existencia de una organización criminal denominada cártel de Tijuana, comandada por los hermanos Arellano Félix, describiendo diversos eventos en los que intervino, resaltando el hecho de que entre las personas que señala que lo auxiliaron para llevar a cabo la ejecución se encontraba el propio David Barrón Corona, quien era gatillero de la organización”.

Documentos del FBI confirman las declaraciones de Valdez, y vinculan a “El Pato”, “El Pee Wee”, “El Zigzag”, a la pandilla criminal organizada Logan Heights calle Treinta”.

Identifican a Barrón como jefe de ese grupo y como ejecutor. Determinan: “Estas pruebas son eficaces para establecer que existió un grupo de sicarios que trabajó para la organización criminal de los Arellano Félix, uno de ellos es el ahora acusado Marco Antonio Quiñones alias “El Pato”.

Con ello van armando el caso para la sentencia por delincuencia organizada, pero no por el crimen contra el periodista, a pesar que el parte del 29 de noviembre de 1997, y ratificado ministerialmente por Manuel Cortés Martínez, Víctor Rodríguez Alcázar y Francisco Salvador Ciriaco, señalaba: que el occiso David Corona Barrón (sic) entre sus pertenencias traía códigos claves que de acuerdo a lo expresado por los agentes policíacos corresponden a los utilizados por una organización internacional relacionada con el narcotráfico, también se evidencia que la organización es encabezada por los hermanos Arellano Félix, y que éstos tienen nexos con pandillas del Barrio Logan, de la cual era miembro el occiso Corona Barrón, los cuales se empleaban como sicarios. Asimismo, se evidencia que Jesús Blanco Ornelas sufrió un atentado en el que intervinieron varios sujetos y que tuvieron contacto con otros, del grupo narcojuniors…”.

Las versiones de Quiñones
“El Pato” declara:

“En el año de 1997, fue cuando se atentó contra el periodista Jesús Blanco Ornelas, falleciendo ‘El CH’ en fuego cruzado, es decir en un tiroteo, recuerdo que en esa fecha ‘El CH’ me citó en el Sanborns que se ubica en el centro de Tijuana, a la cual yo llegué quince minutos más tarde, y me percaté que ya no estaban, esperando un tiempo pero ya no regresaron…”. Después cambia el tema y explica la organización del CAF.

No hubo más preguntas relacionadas con el crimen contra el periodista. El abogado defensor señalado en el expediente, Francisco Javier Galindo Sandoval, llevó el caso para terminar: Que “El Pato” nunca estuvo en los hechos, que salió de San Diego en 1994 y que de esa fecha hasta la detención en 2003, estuvo en Tijuana, que no se hospedó en ningún hotel, que son mentiras, que nunca ha pertenecido a Los EME, que no tuvo relación con las personas con quienes se le asocia salvo a Isaac Guevara “El Zigzag” con quien estudió en la secundaria.

En otra declaración, Marco Quiñonez “El Pato” cambió la versión: Que el 27 de noviembre de 1997 estaba en la casa con el número 9057 de la calle Obispado de Tijuana, con la familia de David Barrón Corona, y su esposa pues celebrarían el día del pavo. En esa declaración no reconoce la emitida a la UEDO. Además abundó en no podía disparar un arma pues tenía una lesión en la mano derecha que se lo impedía.

A diferencia del Ministerio Público que no investigó para probar la participación de los acusados en el atentado, el abogado defensor presentó a las mujeres familiares de “El Pato”, para “probar” que no estuvo en la escena del crimen. Las cinco, que eran su esposa, la esposa de Barrón Corona, la mamá de éstas, otra mujer y la del aseo, coincidieron en su versión, que en efecto ese día “El Pato” estaba con ellas.

El médico que declaró el sentenciado por delincuencia organizada, lo atendió de la mano, no pudo recordar el hecho, ni el tratamiento ni la capacidad motriz del señalado. Un perito determinó una limitación funcional del 30 por ciento en la mano derecha. Y que bien pudo accionar un arma con la izquierda.

Estas declaraciones, allegadas por la defensa al Juez, imperaron sobre la negligencia del Ministerio Público para probar los hechos que señalaron en la PGR: que la célula de David Barrón Corona, muerto en el atentado, había participado en el crimen, entre ellos el absuelto y siete personas más.

A diferencia de otros delincuentes que infunden terror en una sociedad, los narcotraficantes mexicanos no acostumbran adjudicarse los crímenes que cometen. Los mensajes en mantas y algunos espontáneos desplegados, son la mayor de las veces, para decirse inocentes, ofendidos, perseguidos, extorsionados y en todo caso, para amenazar a sus contrarios, los miembros de otros cárteles.

La ausencia de la práctica de una investigación científica, sea en el Ministerio Público Federal, o en el Local, ha llevado a sólo encarcelar a aquellos que son detenidos en flagrancia.

En el expediente de la sentencia 39/2009-IV donde el Juez del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, al licenciado Roberto Hoyos Aponte, el Ministerio Público Federal no le llevó las pruebas acusatorias para sentencias a quienes desde el inicio de la investigación, se señala como los perpetradores del atentado a Jesús Blancornelas: los sicarios del Barrio Logan, los narcojuniors y los hermanos Arellano Félix.


FUENTE:
http://www.zetatijuana.com/ZETA/reportajez/mp-federal-no-investigo/

Busca si hay un tema abierto sobre esto elite y lo fusionas, ademas el titulo es demasiadoa mbiguo, editalo para que se sepa de que hablan.

ok enterado

Transcurridos prácticamente 16 años del cobarde asesinato de nuestro compañero Luis Lauro Valero y el intento de homicidio cometido contra nuestro codirector fundador Jesús Blancornelas, ocurridos el 27 de noviembre de 1997, el proceso judicial solo continúa acumulando actos de impunidad.

El movimiento más reciente del expediente se dio en septiembre de 2013, por recursos interpuestos por uno de los homicidas detenido y el único acusado formalmente en México del ataque armado contra el directivo y el escolta de ZETA, Marcos Arturo Quiñónez Sánchez “El Pato”.

Ante la impericia –pagada o natural– de los agentes ministeriales federales que llevaron el caso, que de manera deficiente en extremo, ejecutaron interrogatorios y evadieron la responsabilidad de sustentar con pruebas adicionales, el criminal obtuvo el favor del Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, en Toluca.

Le fueron retirados los cargos por la muerte de Valero y el atentado contra Blanco y únicamente lo condenaron a 12 años 9 meses de prisión por el delito de “delincuencia organizada”. Según el juzgador lo único que pudo probar la PGR fue que Quiñónez perteneció al cártel Arellano Félix.

La Procuraduría General de la República interpuso un recurso de apelación contra la exoneración, sin embargo el Poder Judicial no la aceptó debido a que todos los implicados no han sido notificados –en este caso la familia de nuestro compañero Luis Valero– por lo que este procedimiento judicial queda en “espera”.

Lo que significa que si llega el mes de octubre del año 2016 sin que la PGR pueda notificar a la familia Valero, este pandillero del Barrio Logan de San Diego y sicario del CAF será liberado sin ser juzgado por la emboscada y el asesinato cometido contra de nuestros compañeros.

Tras 5 mil 835 días de disgusto, angustia e impotencia, en este 2013, de parte del gobierno federal solo continúa acrecentándose la lista de funcionarios que no han cumplido con su trabajo.

A lo largo de casi un año, el Presidente Enrique Peña Nieto y el procurador Jesús Murillo Karam se sumaron a los ex mandatarios Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y los ex fiscales Jorge Madrazo, Rafael Macedo, Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina, Arturo Chávez y Marisela Morales en la ausencia de acciones que permitirían alcanzar la justicia en estos cobardes ataques.

Mientras la PGR presenta un expediente desaseado que no ha tenido nuevas indagatorias o aportación de elementos de pruebas adicionales y necesarias desde 1998, los criminales implicados en el atentado –algunos detenidos pero no acusados– siguen burlándose de la justicia, de las autoridades y de los deudos de las víctimas.

Desde este espacio, tras 16 años de dolor reiteramos que no nos conformamos. Nuestros muertos, como los miles que se siguen acumulando mes a mes, merecen el respeto y la justicia que continuamos reclamando.

Exigimos que José Alberto Márquez Esqueda “El Bat” (extraditado a Estados Unidos), Alfredo Araujo Ávila “El Popeye y Antonio Peña Huerta y/o Adelaido Reyes, detenidos por autoridades mexicanas, sean interrogados e investigados por el homicidio de Valero y el ataque a Blanco. Y que los investigadores no se conformen con respuestas como ¿dónde pescó?, “en el mar”, porque de esa imprecisa y corrupta indignidad son las repuesta que los agentes ministeriales aceptaron en el expediente de Marcos Arturo Quiñónez Sánchez “El Pato”.

Requerimos también que la PGR investigue, fundamente y promueva órdenes de aprehensión por el atentado, en contra de Alejandro Weber Barrera (narcojunior aparentemente vivo), Michael Anthony Jarboe, Isaac Guevara Hernández (presuntamente prófugos por otros delitos), así como Alberto González Ortega, Fabián Martínez y Alberto González Ortega (supuestamente asesinados), sin que la autoridad haya corroborado los homicidios.

Y finalmente reclamamos que los autores intelectuales, los hermanos Arellano Félix, presos en Estados Unidos, también sean juzgados.

Repetimos como lo hacemos cada año: no seremos cómplices de la impunidad y no callaremos mientras las autoridades continúan evadiendo su responsabilidad y volteando hacia otro lado.

Licenciados Enrique Peña Nieto y Jesús Murillo Karam: pedimos justicia.

FUENTE:
http://www.zetatijuana.com/ZETA/para-empezar/bancornelas/