Nuevo Sistema Penal de Juicios Orales

Procuradora pide aprobar reformas

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 31 de octubre de 2012, p. 10

Durante un encuentro privado que tuvo lugar en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), la procuradora Marisela Morales Ibáñez hizo un llamado a los senadores del PRI para que aprueben las reformas legales que han sido propuestas por el Poder Ejecutivo en materia de procuración de justicia, como en el caso del Código Federal de Procedimientos Penales.

Funcionarios de la PGR informaron que en el encuentro la procuradora hizo un reconocimiento a los integrantes del Poder Legislagivo por haber aprobado la ley contra el lavado de dinero, y les solicitó que en este periodo ordinario de sesiones discutan la aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, por considerar que es sustancial para la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio.

Por otra parte, el próximo jueves, en la ciudad de Puebla, tendrá lugar la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual será la última sesión de ese tipo que presida la actual titular de la PGR, ya que solamente que fuera ratificada en el equipo del priísta Enrique Peña Nieto, se mantendría como presidenta de este órgano consultivo y de negociación entre procuradurías.

Entre los temas que discutirán los procuradores del país se encuentra la aprobación de un protocolo para llevar a cabo la declaratoria de ausencia y presunción de muerte de servidores públicos que han sido víctimas de grupos del crimen organizado.

Además, se dará cuenta del diagnóstico nacional y protocolo de búsqueda de indicios en materia genética en casas de seguridad y lugares donde se encuentren víctimas de secuestro.

Podría la SCJN decretar la inconstitucionalidad del arraigo

En 2008, los legisladores ignoraron el criterio definido por la Corte
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 3 de enero de 2013, p. 14

En el año 2006, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad del arraigo penal, en razón de que violaba las garantías de libertad personal y de tránsito previstas en la Carta Magna; sin embargo, en el gobierno de Felipe Calderón la acción se convirtió en una de las principales herramientas en la guerra contra el crimen organizado. Seis años después, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, puso en duda la constitucionalidad y eficacia de dicha posibilidad.

Fuentes judiciales confiaron que hay un paquete de amparos en contra del arraigo listados para su discusión en la primera sala de la SCJN en las próximas semanas y que, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la nueva estrategia anticrimen, los ministros podrían decretar su inconstitucionalidad e invalidez.

En 2008, con el aval de PRI y PAN, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia penal que facultó a la autoridad judicial a decretar el arraigo de una persona, "de quien se presuman conductas delictivas" relacionadas con el crimen organizado por un plazo máximo de 80 días.

La decisión de los legisladores ignoró el criterio del máximo tribunal definido en las tesis XXII/2006 y XXIII/2006 que declararon que el artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua violaba la Carta Magna, con el pretexto de "facilitar la integración de la averiguación previa y evitar que se imposibilite la eventual orden de aprehensión que llegue a dictarse".

Cuando el pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 20/2003 presentada por la minoría parlamentaria del PAN en el estado de Chihuahua, cuestionó que la norma considerara que "no obstante que la averiguación todavía no arroja datos que conduzcan a esclarecer que en el ilícito tenga probable responsabilidad penal una persona, se ordena la privación de su libertad personal hasta por un plazo de 30 días, sin que al efecto se justifique tal detención con auto de formal prisión, en el que se den a conocer los pormenores del delito que se le imputa, ni la oportunidad de ofrecer pruebas para deslindar su responsabilidad".

Para no dejar dudas, el pleno aprobó también la tesis XXIII/2006 que establece: "El artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, es violatorio de la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

El criterio señala que la garantía de libertad de tránsito se traduce en el derecho que tiene todo individuo para entrar o salir del país, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, permiso o autorización, "libertad que puede estar subordinada a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil".

El arraigo penal –previsto en el artículo referido– impide al arraigado salir de un inmueble, por lo que "es obvio que también le está prohibido salir de lugar donde se encuentre, lo que atenta contra su libertad de tránsito".

No obstante que desde el año 2006 la Corte fijó su postura en contra del arraigo, ninguno de los amparos que llegaron a la primera sala (que se encarga de los asuntos penales y civiles) en contra de arraigos concedidos por jueces federales fue concedido en la SCJN.

Ministros consultados al respecto afirman que "no hubo línea" para no conceder amparos contra arraigos, pero lo cierto es que todos los amparos que se presentaron ante el máximo tribunal fueron desechados por tecnicismos legales.

El procurador Murillo Karam tomó recientemente una decisión inédita: solicitar a un juez que levantara el arraigo en contra de Beatriz Elena Veramendi Martínez, ex funcionaria de la PGR investigada por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, debido a que no había elementos suficientes en su contra.

Además, en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, el procurador cuestionó que "las medidas extraordinarias" violentaron "con frecuencia" derechos fundamentales, en concordancia con las tesis aprobadas por la Corte hace seis años.

Propone PRI reducir arraigos penales a sólo ocho días

El vicecoordinador del PRI en el Senado, Arturo Zamora Jiménez, presentó la propuesta incluida en la agenda legislativa, en la que se señala debe suprimirse el arraigo del texto constitucional.
enero 26, 2013


El PRI en el Senado acordó presentar en el periodo ordinario que iniciará este 1 de febrero una iniciativa que modifique los arraigos penales y en donde esta figura sólo pueda extenderse por ocho días y no hasta 80 días como se aplica en la actualidad.

El vicecoordinador del PRI en el Senado, Arturo Zamora Jiménez, presentó la propuesta incluida en la agenda legislativa, en la que se señala debe suprimirse el arraigo del texto constitucional, ya que no es acorde con el modelo de tutela de los derechos fundamentales instituido en nuestro país.

En entrevista, expuso que durante el arraigo, que puede prolongarse hasta 80 días, se registran lapsos de inactividad indagatoria, lo cual va en detrimento de la dignidad humana; o se deviene en la obtención de pruebas intrascendentes, en contravención al Artículo 17 de la Constitución Federal, en cuanto a lograr una justicia rápida y expedita.

“Debe acudirse en alternativa a una medida especial, eminentemente procesal y con tutela efectiva judicial, circunscrita a la figura ilícita de delincuencia organizada, para lograr un equilibrio entre los derechos fundamentales de los detenidos y la facultad investigadora del Ministerio Público”.

Zamora Jiménez comentó que el término extendido de la detención debe tener por objeto únicamente la obtención de elementos surgidos en la inmediatez de la detención del inculpado y de forma paralela se plantea suprimir la figura del arraigo, modificar el Artículo 16 de la Constitución párrafo décimo.

“Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial”, indicó el vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República.

Asimismo en la agenda legislativa del PRI se aprobó realizar adecuaciones a la Ley General de Víctimas y a otras leyes para armonizarla y hacerla más efectiva e impone una serie de obligaciones a las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno y crea mecanismos de coordinación.

También apoyos en materia de educación, desarrollo económico y social, protección de las personas y su patrimonio, así como todas aquellas medidas que sean de utilidad para restablecer a los individuos en el goce pleno de sus derechos, indicó.

Arturo Zamora Jiménez, senador por Jalisco, comentó que se prevén cambios a 24 leyes como el Código Penal Federal; Código Federal de Procedimientos Penales; Código Fiscal de la Federación; Ley de Asistencia Social; Ley de Migración; Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Además a la Ley del Servicio Exterior Mexicano; Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; Ley Federal de Defensoría Pública; Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, entre otras.

El Ministerio Público Federal tiene el reto de implementar el Sistema de Justicia penal: PGR


17 de julio del 2013
Por Angel Silva Juarez

Cleominio Zoreda Novelo. Foto: EspecialMéxico, 17 de julio.- Al celebrarse el Día del Ministerio Público Federal, la Procuraduría General de la República distinguió su trabajo y esfuerzo al entregar reconocimientos a 21 homenajeados, quienes tienen el compromiso ético con la sociedad: hacer justicia, no sólo consignar.

El Subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales (SEIDF), Cleominio Zoreda Novelo, al encabezar la entrega de reconocimientos afirmó que los ministerios públicos federales tienen un gran reto en la realización de sus trabajos: la implementación de un sistema de justicia penal.

La sociedad, dijo, exige la aplicación irrestricta de la ley y les recordó las palabras dirigidas a los ministerios públicos por el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam: “Hacer justicia es la tarea, no sólo es consignar”.

“Es entender dónde están las responsabilidades y es también tratar de hacer valer la inocencia. Es proteger a las víctimas”, señaló.

Asimismo y acompañado de los titulares de las distintas Unidades Especializadas en Investigación de Delitos, el encargado de la SEIDF mencionó que la implementación de un sistema de justicia penal permitirá lograr un Estado de Derecho, basado en cuatro pilares: defensoría de oficio, Ministerio Público, juez y evidencias.

Lo anterior, con el fin de garantizar una procuración de justicia e investigación científica sólida para la persecución de los delitos que impacte en la convivencia pacífica de la sociedad.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

El nuevo sistema de justicia penal garantiza una justicia equilibrada: Murillo Karam

04 de octubre del 2013
Por Angel Silva Juarez


México, 4 de octubre.- La justicia no tiene límites, nos compete a todos y nos obliga a encontrar fórmulas para su adecuada aplicación, afirmó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, al participar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Centro, celebrada en Cuernavaca, Morelos.

Acompañado del Gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido, subrayó que la justicia no tiene límites, no está condenada, no está aferrada ni cercada, la justicia nos compete a todos y su aplicación es el objetivo.

Con la participación de los procuradores de Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Distrito Federal,  Murillo Karam detalló que la PGR ya instrumentó la primera parte de su reestructuración.

Se refirió a la Agencia de Investigación Criminal ya que en el nuevo Sistema de Justicia Penal se necesitan investigadores con capacidad y conocimientos en todas las especialidades por lo que estas reuniones de coordinación son indispensables.

La segunda parte de la reestructuración de la Procuraduría, explicó, permitirá mayor coordinación de los esfuerzos institucionales y de las procuradurías estatales; porque la justicia nos compete a todos, autoridades federales y locales, y ése es el espíritu que reina en esta reunión.

Destacó que como ejemplo de la coordinación del Estado, se encuentra el apoyo del Ejército Mexicano, a quien le hizo un reconocimiento por su respaldo constante, firme y disciplinado ante las peores circunstancias que han azotado al país.

También mencionó el compromiso de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en las tareas sustanciales de la representación social.

En el marco de esta Segunda Sesión Ordinaria y con la presencia de  los principales responsables de las tareas de la Procuraduría y funcionarios  de los tres niveles de Gobierno, Murillo Karam destacó que la esencia de las procuradurías, es la representación de las víctimas, de los valores jurídicos que están señalados en las leyes que protegen a la sociedad a través del Ministerio Público.

Previamente, el Gobernador Graco Ramírez dijo que la figura de la coordinación nos permite atender con mayor efectividad las demandas de la sociedad, en particular, las relacionadas con la seguridad y procuración de justicia.

A su vez, el Procurador de Justicia de Morelos, Rodrigo Salgado Dorantes, reiteró su compromiso de colaborar en coordinación con las dependencias federales y fiscalías para establecer programas que fortalezcan el tejido social y permitan hacer frente a la delincuencia en sus diferentes modalidades.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

11 de abril del 2014

México, 11 de abril.- La Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez manifestó como la piedra angular para implementar el nuevo sistema de Justicia Penal a la capacitación y la implementación con las fiscalías y procuradurías en todos los estados.

Al participar en las Jornadas de Justicia Penal, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Benítez Tiburcio, explicó la planeación de las fases a cumplir para poder transitar plenamente en junio del 2016 hacia el nuevo sistema.

Los países con dificultades para implementar el nuevo sistema penal, señaló, es la falta de capacitación, la cual genera las condiciones para tener la infraestructura necesaria, los protocolos, bajo los cuales se va a operar.

Se refirió a la necesidad de un cambio cultural de quienes participan en la procuración e impartición de justicia, acorde al nuevo sistema, señalando a los académicos, los futuros abogados y los operadores como quienes tienen la responsabilidad de llevar a buen puerto esta implementación.

Asimismo, Benítez Tiburcio hizo un recuento de los aspectos torales del Código Nacional, en los cuales se recogen los principios constitucionales, esencia del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

En junio de 2016 se aplicará nuevo modelo en todo el país; Fromow dice que los agentes serán la columna vertebral, pues su papel cambia radicalmente

23/04/2014 05:55 Isabel González

Segunda y última parte

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril.- La policía investigadora es la columna vertebral del sistema acusatorio mexicano, procedimiento por el cual se desarrollarán todas las investigaciones de los delitos y los juicios orales en el país, sin dilación, a partir de junio de 2016.

Así lo reconocen las autoridades, como María de los Ángeles Fromow, titular de la secretaría técnica del Consejo para Implementar el Sistema de Justicia Penal, perteneciente a la Secretaría de Gobernación.

“Esa columna vertebral la constituyen policías, peritos y ministerios públicos, pero esencialmente la primera fase son los policías, su papel cambia radicalmente y ahora toman un protagonismo esencial en lo que es esta procuración de justicia, ellos serán los encargados de procesar la escena de los hechos del crimen, en su momento determinado, y también será bien importante que ellos puedan identificar a los testigos, puedan proteger a la víctima.”

Los impulsores de la reforma, como Ernesto Canales Santos, de la asociación Renace, destacan lo importante que será contar con policías calificados para que las decisiones judiciales tengan sustento, independientemente de cuál sea su sentido.

“El nuevo sistema requiere de una policía calificada que tenga capacidad de obtener pruebas para que se presenten en audiencia pública y sean las que den base a la decisión judicial.

“Forman el primer eslabón del sistema de justicia y con esa característica del nuevo sistema, de que los juicios de alto impacto se ventilan en una audiencia pública, la actuación de la policía va a ser precisamente observada y calificada, van a tener un incentivo, una razón para actuar de una manera que el público lo apruebe, sea creíble”, agregó Canales Santos.

“Hay escepticismo”

Frente a las nuevas atribuciones de los policías investigadores, los escépticos del sistema acusatorio lanzan cuestionamientos sobre el nivel de profesionalización que poseen los cuerpos de seguridad mexicanos, tanto a nivel local como federal.

Es el caso del abogado penalista Juan Velásquez, quien criticó la falta de experiencia profesional de los hacedores de la reforma del modelo de justicia. “Nada más que los hacedores de los juicios son eminentemente, y desde luego es muy loable, académicos, autores de libros, que nunca, nunca, nunca han litigado; bueno, yo diría que ni siquiera han sacado a un amigo preso por el alcoholímetro”, aseveró.

Por su parte, el diputado federal Alejando Carbajal, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, critica la tardanza en la certificación de los policías por parte de los gobiernos estatales, quienes primero tuvieron un plazo de cuatro años para evaluar a sus policías y tuvo que concedérseles otros dos años más a finales de la pasada administración, porque no existían avances sustanciales en la evaluación de sus cuerpos de seguridad y persecución de los delitos.

“Lamentablemente en todos los estados, el año pasado en esta Legislatura se prorrogó una vez más la certificación de las policías estatales, porque ellos lo que argumentan, los gobernadores, es que no tienen el recurso necesario, pero también creo que es una parte de negligencia, que no se ha presentado la suficiente coordinación y esto viene a entorpecer absolutamente todo, si no generamos esta certificación y además la profesionalización de los elementos, va a ser muy terrible, porque las investigaciones no serán lo profesionales ni científicas que se esperar”, advirtió el legislador.

En este contexto, el litigante Juan Velásquez, con más de 40 años de trayectoria profesional, alerta sobre lo difícil que será alcanzar el objetivo del sistema acusatorio cuando México tiene una de las “polecías” más corruptas del mundo.

“El problema es que en México tenemos una de las diez policías más ineficientes en el mundo, la más ineficiente de América Latina y la segunda más corrupta mundialmente, en México no tenemos policía, en México lo que tenemos es ‘polecía’ y entonces mientras que a nosotros los abogados se nos adiestra en la defensa de esos juicios, yo me pregunto si lo mismo está sucediendo con ese primer eslabón de la policía, cuando hay 400 municipios sin policía, 800 municipios con policías que apenas cursaron la primaria y gana mil pesos”, sentenció.

La certificación

De acuerdo con la asociación civil Causa en Común que preside María Elena Morera de Galindo, el ranking de la certificación policial en el país, hasta febrero de este año, se ubica así: los estados más atrasados en evaluar a sus cuerpos de seguridad son: Tamaulipas, Baja California Sur, Quintana Roo, Guerrero, Durango, Jalisco, Baja California, Michoacán, Morelos y el Estado de México. Últimas dos entidades en donde el sistema acusatorio opera desde 2008 y 2009, respectivamente.

En tanto, Colima, Campeche, Oaxaca, Aguascalientes y Zacatecas se ubican en los primeros cinco lugares de avance de la certificación de sus policías, pero sólo en Oaxaca y Zacatecas opera el sistema acusatorio desde el 2007 y 2009, respectivamente.

El Distrito Federal se ubica, en este listado, en el lugar número 12 de un total de 32 entidades al evaluar a cerca de 95 por ciento de su estado de fuerza policiaca.

El reto para todas las autoridades mexicanas es mayúsculo, debido a que el nuevo modelo de justicia no sólo es un cambio de procedimiento para llevar juicios o construir acuerdos entre las partes de un conflicto; es también cultural ya que la pretensión consiste en reducir al máximo los casos que lleguen a tribunales orales y el ingreso de las personas a prisión.

“Todos tenemos que cambiar, incluso la sociedad, la sociedad tiene que ver que hay un nuevo rol en la justicia penal, que no es simplemente poner la denuncia y nos olvidamos sino que tiene la atribución de tener un asistente jurídico que va a poder conseguir una reparación del daño, se tiene calculado que más de 70 por ciento de los casos se van a resolver vía conciliación, mediación y un acuerdo que permita que exista una reparación del daño de la víctima”, expuso Fromow.

Es decir, que sólo un porcentaje muy pequeño llegará a la etapa del juicio oral, fase última del procedimiento acusatorio.

“Se pretende que quienes lleguen a un juicio oral y quienes lleguen a estar en privación de la libertad y en cumplimiento de una sanción penal sean los casos graves, sean los casos que verdaderamente la sociedad sintió un impacto”, abundó la funcionaria.

Contrario a esa percepción, Juan Velásquez subraya dos de las implicaciones que a su juicio impactarán en la sociedad los procedimientos abreviados que contempla el sistema acusatorio.

“Soy culpable y hay todas las pruebas en mi contra, me voy a declarar culpable en tanto una negociación, porque si logro negociar con el fiscal, está previsto que me impongan todavía un mínimo de la pena”, detalló un primer caso.

“Entonces entre que inocente o culpable, más bien en lo que esta historia va a acabar es en lo que se llama procedimientos abreviados, juicios abreviados, juicio sin juicio en tanto un reconocimiento de culpabilidad”, indicó como segunda posibilidad.

“Hoy por hoy en la cárcel hay más de 40 por ciento de los reos que se encuentran en prisión aun antes de haber sido condenados, precisamente porque se les aplicó la prisión preventiva que equivale a que sean culpables antes de que se les demuestre su culpabilidad; es decir, son presuntos culpables no presuntos inocentes como dice la Constitución y en este sistema se enmienda o corrige ese vicio de nuestro mundo penal”, destacó por su parte Canales Santos.

Éstos son los diagnósticos que se recogen entre la autoridad y los expertos, a dos años de que el sistema acusatorio ponga fin a la era de un procedimiento penal escrito, inquisitorio y con muchos vicios de origen.

Argumentos en favor y en contra sobre un sistema que llevará años construir, porque en los estados donde ya es vigente el modelo, los vicios del sistema escrito son evidentes, denunció el diputado Alejandro Carbajal.


“Los juicios adversariales lo que caracteriza es la oralidad y lo que hemos podido observar es que es mixto, llegan a leer los defensores, los jueces en su mayoría están más metidos, pero los defensores, el Ministerio Público ya traen su apuntador y lo que hacen es lectura, no a todos se nos facilita hablar en público, hay incluso ministros que les da pánico escénico, necesitamos cambiar los planes de estudio de las universidades.”

En el caso de los medios de comunicación, el modelo de justicia acusatorio demanda a los periodistas una profesionalización en cuanto a conocer las etapas que lo componen, las nuevas autoridades que surgen, así como las restricciones que la ley establece para evitar juicios mediáticos o alteración de la escena del crimen.

Los impedimentos para videograbar una audiencia de juicio oral por cualquier medio obligan a la creatividad y a pensar en la necesidad de recurrir a los servicios de dibujantes o caricaturistas para describir con ilustraciones e imágenes momentos importantes de un caso relevante.

En suma, la capacitación sobre el sistema acusatorio también es para periodistas y comunicadores, no sólo para abogados, consideró Fromow Rangel al precisar que sin limitar la libertad de expresión y el derecho a la información hay que trabajar en la capacitación de este sector de la sociedad para que la ciudadanía comprenda a cabalidad la transformación jurídica que implica el nuevo modelo de justicia.

Se reúnen con el relator de Naciones Unidas sobre Tortura

Gustavo Castillo

Periódico La Jornada
Viernes 25 de abril de 2014, p. 12

Procuradores de la zona occidente del país se reúnen con el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura, Juan E. Méndez, como parte de los trabajos de la primera sesión de este año de la conferencia de procuración de justicia.

Encabezados por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, los procuradores de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Nayarit trabajan para desarrollar mecanismos y acuerdos tendientes a la implementación del nuevo sistema de justicia penal y la aplicación del código nacional de procedimientos penales.

En el desarrollo de este encuentro los procuradores de justicia avanzarán en la instauración de los nuevos mecanismos para el proceso de evaluación de los integrantes de las procuradurías de justicia.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios de la PGR, durante el encuentro el relator especial Juan E. Méndez hizo un reconocimiento a las autoridades mexicanas porque sin haber tenido una agenda predeterminada, se le ha permitido desarrollar su labor y visitar las instalaciones que ha solicitado, entre ellas el centro nacional de arraigo de la PGR.

Los procuradores de la zona occidente crearon mecanismos para homologar protocolos de actuación y la instrumentación del Programa de Capacitación Integral en el Modelo Adversarial y el desarrollo de un programa de Cooperación en Materia de Averiguaciones Previas que permita mayor agilidad en la comunicación entre autoridades ministeriales.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/corte-anula-pruebas-tras-arraigos-fallidos-215187.html

México tendrá nuevo Sistema de Justicia Penal en 2016
07 de mayo del 2014

México, 7 de mayo.- Para 2016, México contará con un nuevo Sistema de Justicia Penal con los principios del sistema acusatorio y adversarial, donde la reparación del daño a la víctima en la presunción de inocencia, la investigación científica, los juicios orales, la mediación y la conciliación, serán factores esenciales en la reforma penal, subrayó la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel.

Actualmente, 16 estados del país operan este nuevo sistema de justicia penal, de los cuales Chihuahua, Morelos y Estado de México lo hacen de manera total, y están en proceso Oaxaca, Zacatecas, Durango, Baja California, Guanajuato, Yucatán, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas.

Este año también iniciarán su instrumentación Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Aguascalientes, Baja California Sur y Tlaxcala. En tanto que Colima, Guerrero, Hidalgo y Nayarit lo harán en el último trimestre de este mismo año, mientras que el Distrito Federal, Michoacán y Campeche entrarán en operación parcial en 2015 y Sonora, en 2016.

Fromow Rangel explicó que el nuevo Sistema de Justicia Penal “es una reforma que nació de la sociedad, que fue una demanda de la sociedad y que el Estado mexicano la hizo suya para poder generar toda una estrategia para que en nuestro país exista una justicia penal transparente”.

Asimismo, se trabaja en la profesionalización, en la capacitación de los operadores de este Sistema, mediante protocolos y manuales de actuación, así como en la difusión a nivel nacional para dar a conocer el nuevo sistema de justicia penal.

Por último, indicó que se trabajará de la mano de las organizaciones sociales en la parte de la evaluación y el seguimiento de su impacto, a fin de lograr un mejor Sistema de Justicia Penal en nuestro país.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

Urgen a capacitar en reforma penal
11 de mayo del 2014

México, 11 de mayo (Reforma).- A dos años de que concluya el plazo para que se materialice la reforma al sistema de justicia penal, la capacitación de sus actores -policías, peritos, fiscales, jueces y abogados- presenta un atraso, advirtió Antonio López Ramírez, director operativo de la Coordinación General de Investigación de la PGR.

El rezago, señaló, podría derivar en la aplicación de viejas prácticas.

“Ya se tiene un Código (Nacional de Procedimientos Penales), lo que nos da un parámetro de cómo se aterrizará la reforma constitucional al proceso en concreto, ese es un gran avance, ahora hay que hacer capacitación basándose en la Constitución, tratados internacionales, el código nacional y la jurisprudencia de los tribunales federales y supranacionales, en eso estamos en pañales”, comentó en entrevista.

La reforma constitucional aprobada en junio de 2008 transforma radicalmente el sistema de justicia penal y establece en junio de 2016 la fecha límite para entrar en vigor en todo el país.

Sin embargo, a López Ramírez, también profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho, le preocupa la falta de capacitación, principalmente en torno a la nueva estructura probatoria.

“Más de 90 por ciento de los delitos que llegan a una sentencia condenatoria son cometidos en flagrancia, es decir, no derivan de una investigación ministerial. Actualmente, el sistema inquisitivo (acusatorio formal) permite que las actuaciones del Ministerio Público sean practicadas unilateralmente, sin contradicción de las partes y adquieren valor probatorio pleno”, detalló.

“Dichas actuaciones se van a juicio y sin la necesidad del desahogo de pruebas durante el proceso ante el juez se puede llegar a una sentencia condenatoria”.

Con la reforma, indicó, se transitará a un sistema que sustituye las diligencias escritas por audiencias orales y públicas.

“En este modelo, si la prueba se recabó en un cateo ilegal, o fue derivada de intervención de comunicaciones privadas fuera de la ley, si en la preservación de la prueba se violó la cadena de custodia, o bien se obtuvo, propuso, admitió, preparó, desahogó o valoró con violación a derechos fundamentales, será una prueba ilícita”, explicó.Además, abundó, el dictamen un peritaje no servirá para fundamentar una sentencia si no se desahoga en el juicio oral.

Para ello, insistió, se requiere capacitar a los actores involucrados en un procedimiento penal para hacer efectivo el nuevo sistema.

Benito Jiménez

Habrá mejor justicia con el nuevo sistema penal: PGR
Gustavo Castillo

Periódico La Jornada
Domingo 11 de mayo de 2014, p. 15

El nuevo sistema de justicia penal busca eliminar los espacios de discrecionalidad, que existan juicios justos y transparentes, y exige a los impartidores de justicia una actuación imparcial, señaló el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Cleomino Zoreda.

En conferencia impartida en la Universidad de las Américas de Puebla, Zoreda habló sobre la restructuración que ha emprendido la PGR para mejorar su operación e integración de funciones, con base en el nuevo sistema de justicia penal.

Refirió que el "Estado, a través de sus instituciones, debe conservar el orden social y para ello se apoya en un marco normativo, creado por la propia sociedad mediante sus representantes, es decir, los ­legisladores".

Explicó que en el caso de la reforma constitucional sobre justicia, aprobada en 2008, “se marcó una pauta histórica en el ámbito del derecho y la justicia. Se trata del tránsito hacia un sistema penal acusatorio que fortalezca el estado de derecho y de garantías de un proceso transparente y apegado a ­derecho.

El nuevo Sistema de Justicia Penal reducirá en 40% el tiempo de los procesos: PGR
13 de mayo del 2014

México, 13 de mayo.- El Código Nacional de Procedimientos Penales permitirá el descongestionamiento del sistema hasta en un 40 por ciento señaló la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (SJAI), Mariana Benítez Tiburcio, al inaugurar el Foro “Código Nacional de Procedimientos Penales”.



En el Auditorio “Alfonso Quiróz Cuarón” del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y con la presencia de investigadores, académicos y representantes de organizaciones penales, la Subprocuradora Benítez afirmó que con la promulgación del Código Nacional se ha logrado definir y homologar las reglas que habrán de regir al nuevo sistema que se aplicará por todos, sin prórroga alguna, a partir de junio de 2016.

El objetivo es tratar de renovar el Sistema Penal con miras a garantizar que el Estado Mexicano cuente con las herramientas necesarias para responder a los retos actuales y que toda persona acceda de manera eficaz, pronta y expedita a la justicia.

Al mismo tiempo enfatizó que hace falta llevar a cabo una profunda y exhaustiva profesionalización y desarrollo de capacidades de quienes operarán directamente el Sistema: Ministerios Públicos, policías, peritos, abogados y jueces.

Por último, dijo que el gran reto es fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración e impartición de justicia, y será a partir de los resultados como la ciudadanía se acercará y colaborará, porque el éxito de este nuevo sistema corresponde y le compete a todos.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

Urgen a capacitar policías en oralidad
14 de mayo del 2014

México, 14 de mayo (Reforma).- El éxito de una buena investigación criminal en un juicio oral está basado principalmente en la capacidad de la Policía para recabar pruebas, por lo que es indispensable capacitar a estos cuerpos de seguridad en el nuevo sistema de justicia penal, sostuvo Ernesto Canales, presidente de la organización Renace.

En entrevista previa al inicio del “Sexto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. Cómo sí implementar la reforma penal”, el activista indicó que en esta fase de la reforma, que inició en junio de 2008 y deberá estar concluida en junio de 2016, lo más importante es enseñarle a todos los implicados en el aparato de justicia cómo operar en el nuevo modelo.

“Una de las características más importantes del sistema es su transparencia y en donde se manifiesta claramente este principio es en que el nuevo sistema establece que para los delitos controversiales se presenten todas las pruebas en público, entonces, una Policía que no tenga capacidad de levantar pruebas duras no va a poder impulsar condenas para los delincuentes”, señaló.

Canales, quien es integrante de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Juicios Orales y Debido Proceso, indicó que a nivel federal y estatal, en los años anteriores se ha hecho mucha inversión en equipamiento y certificación policial, lo cual podrá servir de base para desarrollar de mejor manera la capacitación.

“Estamos en una etapa en la que se requiere en que los actores del sistema penal conozcan a cabalidad las nuevas reglas y tengan capacidad, equipo, preparación, coordinación, etcétera, todo lo que conlleva a dar resultados en los que mejore la justicia”, indicó.

En el foro, que se realizará hoy y mañana en la Ciudad de México, participarán 60 expertos quienes en 10 mesas explicarán la manera en que se desarrolla la implementación del nuevo sistema de justicia.

“En febrero fue aprobado un nuevo código de procedimientos penales, un código nacional de procedimientos penales, fue aprobado por unanimidad de diputados y de senadores, entonces, este foro, que es el sexto, constituye un parteaguas porque es el primero que celebramos ya sobre un nuevo cuerpo legislativo”, destacó.

Entre los ponentes que participarán, dijo, se encuentran los más indicados para hablar sobre el tema, como lo es el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza.

“Es una oportunidad para que exponga qué criterios va aplicar el Poder Judicial con el nuevo código, las nuevas leyes; muchos años de litigios innecesarios se podrían ahorrar si el juez local que inicia un asunto ya conoce los criterios de aplicación de la Corte, de manera que la sociedad no se tendría que esperar, tres, cinco, siete años, para que el asunto llegue a la resolución final”, indicó.

Canales dijo que el avance que ha tenido el nuevo sistema, que ya se aplica en forma parcial en la mitad de los estados del país, convalida la trascendencia que tiene, pues en esos lugares la percepción que tienen los ciudadanos es de mayor confianza hacia sus autoridades.

“En los estados en los cuales ya se cuenta la reforma, los resultados que se han tenido son muy satisfactorios, por ejemplo, la media nacional de denuncias de delitos en el país es de un 15 por ciento, y en estados con reforma ésta ha subido a un 35 por ciento, hay una mayor confianza o incentivo para las víctimas”, aseguró.

Rolando Herrera

Se implementará a tiempo la reforma de justicia penal, asegura Silva Meza

La sociedad, ansiosa de creer que tiene jueces confiables


Alfredo Méndez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 15 de mayo de 2014, p. 13
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, aseguró ayer que la falta de recursos destinados a la edificación de instalaciones para juicios orales no será impedimento para que se implemente a tiempo la reforma del sistema de justicia penal de 2008.

Esa reforma incluye un sistema adversarial y mayor transparencia en el desarrollo de los procesos penales. El plazo definitivo para su aplicación en todo el país vence en 2016.

Al participar en la ceremonia inaugural de sexto Foro Anual sobre Seguridad y Justicia, Silva Meza aseguró que la reforma nos aclarará a todos que las víctimas del delito no pueden ser revictimizadas por los actos burocráticos de las autoridades, pero también aclarará que los imputados no pueden ser sometidos a actos arbitrarios de la autoridad.

Agregó que la misión de los jueces es proteger y hacer valer los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana y por los tratados internacionales que ha firmado el país.

Resaltó que la sociedad necesita creer en sus instituciones, y en lo particular está ansiosa de creer que tiene jueces confiables.

A su vez, el activista y empresario Alejandro Martí, quien también participó en esa ceremonia, dijo que uno de los principales retos a los que se enfrenta al nuevo sistema de justicia penal es lograr que México cuente con cuerpos policiacos profesionales que se ganen el respeto de la sociedad. De otro modo, la reforma corre el riesgo de fracasar, dijo.

Reiteró que otro punto preocupante que debe solucionarse en los próximos dos años (tiempo que resta al plazo de ocho años para que sea implementada la reforma penal) es modificar la ley contra la delincuencia organizada, a fin de que sea correlativa con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Alejandro Martí solicitó al Poder Legislativo que analice y apruebe en un periodo extraordinario de sesiones la reforma a la ley contra la delincuencia organizada, con el fin de evitar que colapse el sistema de justicia penal.

“Sólo con ella evitaremos que personas que ya están en prisión por delitos de esta magnitud mantengan el contacto con terceros para seguir delinquiendo.

Si no contamos con esta ley (contra la delincuencia organizada), con la misma vara con la que se mida a personas que se roban un pan, será la misma con la que se mida a personas que secuestren o trafiquen con drogas, advirtió el empresario.

Añadió que es indispensable construir un país en el que se perfeccione un sistema de justicia equilibrado, para que no se favorezca ni a las víctimas ni al imputado, sino que sea una justicia ciega que se sustente en pruebas para llegar a la verdad legal de los hechos.

No hay marcha atrás en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal: Osorio Chong
15 de mayo del 2014

México, 15 de mayo.- En la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal “no hay marcha atrás”, afirmó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien aseguró que este modelo permitirá acceder a una justicia más expedita, ágil, transparente y efectiva en todo el país.

Al inaugurar el Sexto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, organizado por las organizaciones México S.O.S y la Institución Renace, indicó que la implementación del sistema está en una etapa decisiva, por lo que no existe justificación para dejar de trabajar en cumplir con el objetivo.

El encargado de la política interior del país destacó el total compromiso por parte del Gobierno de la República en la implementación del Nuevos Sistema de Justicia Penal. Prueba de ello son los más de 7 mil 757 millones de pesos destinados para tal efecto.

El Secretario Osorio Chong afirmó que al término del presente año el Nuevo Sistema de Justicia Penal operará de manera total o parcial en 28 estados. Para lo cual, se han llevado a cabo reuniones con todos los gobernadores y con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de definir estrategias y agendas instrumentales para la implementación.

“El Nuevo Sistema de Justicia Penal contribuirá a generar mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar y proteger sus derechos. Además, logrará que tengan acceso a un Sistema de Justicia de calidad y a una adecuada reparación del daño a las víctimas”, destacó el funcionario.

Por su parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, manifestó: “la sociedad requiere de creer en sus instituciones y en contar con jueces confiables, por lo cual, el Nuevo Sistema de Justicia Penal representa la oportunidad para fortalecer la confianza en la sociedad y la institucionalidad en México”.

En su oportunidad, el Presidente de México S.O.S., Alejandro Martí, consideró vital para lograr el cambio en el Sistema de Justicia Penal, la colaboración y el firme compromiso de todos los sectores de la sociedad, del Estado mexicano y, en especial, de los tres poderes en todos sus niveles, y de manera imprescindible de la eficaz y auténtica voluntad política de los gobernadores de las entidades del país.

Agregó que la sociedad demanda tres grandes temas: una nueva ley de delincuencia organizada, la aprobación de la Ley de Justicia Alternativa, avanzar en la transformación del sistema de ejecución penal y emprender un proceso de armonización legislativa en materia penal.

Finalmente, se pronunció por la profesionalización de una policía bien pagada, digna, confiable y con servicio profesional de carrera.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

Se implementará a tiempo la reforma de justicia penal, asegura Silva Meza
Alfredo Méndez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 15 de mayo de 2014, p. 13

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, aseguró ayer que la falta de recursos destinados a la edificación de instalaciones para juicios orales no será impedimento para que se implemente a tiempo la reforma del sistema de justicia penal de 2008.

Esa reforma incluye un sistema adversarial y mayor transparencia en el desarrollo de los procesos penales. El plazo definitivo para su aplicación en todo el país vence en 2016.

Al participar en la ceremonia inaugural de sexto Foro Anual sobre Seguridad y Justicia, Silva Meza aseguró que "la reforma nos aclarará a todos que las víctimas del delito no pueden ser revictimizadas por los actos burocráticos de las autoridades, pero también aclarará que los imputados no pueden ser sometidos a actos arbitrarios de la autoridad".

Agregó que la misión de los jueces es proteger y hacer valer los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana y por los tratados internacionales que ha firmado el país.

Resaltó que la sociedad necesita creer en sus instituciones, y "en lo particular está ansiosa de creer que tiene jueces confiables".

A su vez, el activista y empresario Alejandro Martí, quien también participó en esa ceremonia, dijo que uno de los principales retos a los que se enfrenta al nuevo sistema de justicia penal es lograr que México cuente con cuerpos policiacos profesionales que se ganen el respeto de la sociedad. De otro modo, la reforma corre el riesgo de fracasar, dijo.

Reiteró que otro punto preocupante que debe solucionarse en los próximos dos años (tiempo que resta al plazo de ocho años para que sea implementada la reforma penal) es modificar la ley contra la delincuencia organizada, a fin de que sea correlativa con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Alejandro Martí solicitó al Poder Legislativo que analice y apruebe en un periodo extraordinario de sesiones la reforma a la ley contra la delincuencia organizada, con el fin de evitar que colapse el sistema de justicia penal.

“Sólo con ella evitaremos que personas que ya están en prisión por delitos de esta magnitud mantengan el contacto con terceros para seguir delinquiendo.

"Si no contamos con esta ley (contra la delincuencia organizada), con la misma vara con la que se mida a personas que se roban un pan, será la misma con la que se mida a personas que secuestren o trafiquen con drogas", advirtió el empresario.

Añadió que es indispensable construir un país en el que se perfeccione un sistema de justicia equilibrado, para que no se favorezca ni a las víctimas ni al imputado, sino que sea una justicia ciega que se sustente en pruebas para llegar a la verdad legal de los hechos.

Ven rezago policiaco ante reforma penal
15 de mayo del 2014

México, 15 de mayo (Reforma).- Activistas en seguridad pública coincidieron en que los policías tienen una relación fracturada con el Ministerio Público, que se sienten en “penumbras” ante el nuevo sistema penal y que se les exige más a cambio de poco.

“Creo que la mayoría de la gente que ha promovido la reforma penal no habla con los policías, la verdad es que a la Policía casi nunca se le escucha”, reprochó Ernesto López Portillo, Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.

En su participación en el Sexto Foro Nacional de Seguridad y Justicia Penal, Portillo afirmó que con base a datos recopilados por su organismo, los policías no quieren protocolos.

“Dicen dos cosas: uno, los protocolos obstaculizan nuestro trabajo, y dos, interfieren en la investigación para dar resultados”, expuso Portillo.

Añadió que además, la relación entre los policías y el MP se encuentra fracturada.

“Nos estamos engañando”, acusó Portillo al ejemplificar que la Policía se aleja de donde están los problemas por miedo, porque no sabe qué hacer o porque no lo quiere hacer.

María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, A.C., asentó que los agentes que ha entrevistado reconocen que se sienten en “penumbras”, pues no saben cómo van a actuar con el nuevo sistema penal.

“Si el policía ni siquiera sabe cómo tratar las pruebas ya me imagino la prueba que va a tener el Ministerio Público (…) me cuesta trabajo pensar que la reforma se hizo en 2008 y casi 8 años después resulta que ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y queremos que en dos años estén todas nuestras policías bien preparadas “, planteó Morera.

Morera urgió un sistema de capacitación policial homologado para que sus actuaciones sean las mismas en todo el País.

Por otra parte, en la mesa, Tomás Zerón de Lucio, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, reconoció que esa dependencia atravesó por una descoordinación interna.

Sin embargo, destacó que sus elementos están cada vez más especializados en la investigación, en el análisis de información y se coordinan mejor a nivel interno.

“Hoy se prepara profesionalmente a todos los agentes, se adquiere innovación en tecnología y se fortalece el equipamiento, vamos a entregar buenas cuentas”, dijo en referencia al sistema penal que se implementará en dos años.

Enrique Galindo, Comisionado de la Policía Federal, presumió que hoy en día existe más coordinación con la PGR.

“Sí, nos sentimos en el camino de la coordinación”, resaltó.


Alvar Cabeza de Vaca Appendini, Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, consideró que la capacitación homologada es vital.

“No es un asunto de mucho dinero, es un asunto de mucha voluntad política, alejada de la cuestión política partidista”, destacó.

Adrián Emilio de la Garza Santos, Procurador General de Justicia de Nuevo León, opinó que todas las conductas delictivas deben ser atendidas, no obstante, destacó que existen siempre unas a las que debe darse prioridad.

“Si nosotros queremos investigar un cristalazo donde se robaron unos CDS de Bronco y tenemos que investigar un homicidio, y si el estado tiene dos investigadores, pues se manda a los dos a investigar el homicidio, esas han sido las estrategias en Nuevo León, investigar cuáles son los casos de prioridad a investigar”, planteó.

El moderador de la mesa fue Alejandro Ponce de León, director general del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID, quién “actuó” en una simulación de juicio oral en el inicio del foro.

Urgen a difundir la reforma penal

Es urgente avanzar en la difusión del contenido de la reforma penal entre la sociedad, coincidieron el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el abogado penalista, Rafael Heredia.

“Me parece que sigue siendo preocupante, yo sigo todavía en esta tesitura, insistiendo que pudiéramos hacer un frente común para la difusión de lo que significa la implementación del sistema acusario. Hay que insistir en la difusión”, planteó Mancera.

Durante el Sexto Foro Nacional Sobre Seguridad y Justicia, el Jefe de Gobierno sostuvo que al ser el cambio jurídico tan radical, es necesario que éste se platique a la gente.

De lo contrario, advirtió, la población se verá sorprendida por ejemplo con la acotación de lo que hoy se conoce como prisión preventiva.
En su turno, el abogado Heredia sostuvo que la difusión de la reforma por parte de las autoridades federales y locales es importantísima no sólo para que la sociedad la conozca, sino también para que haga valer sus derechos.

En otro tema, el penalista, quien participó en el documental Presunto Culpable, alertó que en el País se están impartiendo cursos de actualización “patito”, por lo que hizo un llamado a la atención de los gobernadores.

“No los conocen, por favor, tomen a gente profesional y no los van a defraudar. Espero de verdad que nuestra reforma vaya adelante”, externó.

Benito Jiménez y Antonio Baranda

Impugnan CNDH e Ifai los aspectos preocupantes del nuevo código penal
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 19 de mayo de 2014, p. 11

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar lo que consideran "aspectos preocupantes" del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

El organismo defensor de los derechos humanos impugnó 13 artículos de la ley secundaria que regirá las investigaciones criminales y los procesos orales en todo el país, entre ellos los artículos que regularán las facultades de investigación y prevención de los delitos de las policías, así como las reglas de detención en flagrancia.

De su lado, el Ifai, que también tiene facultades para interponer acciones de inconstitucionalidad de leyes, impugnó el artículo 303 del CNPP –también cuestionado por la CNDH–, que permite la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles involucrados en la comisión de delitos.

La CNDH cuestionó las 14 medidas cautelares que podrán imponer los jueces a los procesados, entre ellas el embargo de bienes, prohibición de abandonar un territorio, colocación de localizador electrónico o resguardo en su propio domicilio.

Además, la CNDH impugnó la facultad del Ministerio Público para asegurar cuentas, el registro forzoso a detenidos que no cooperen, las atribuciones del juez para mantener el orden en las audiencias y las 10 actuaciones de investigación que no requerirán permiso de los jueces de control, como operaciones encubiertas, entrevistas a testigos y revisiones corporales.

El novísimo Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de marzo, regula lo relativo a las medidas cautelares en el capítulo IV, título VI de su libro segundo.

De acuerdo con el artículo 155 de dicho código, A solicitud del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; exhibición de una garantía económica; embargo de bienes; inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

La policía no está preparada para aplicar el CNPP: experto

Agentes carecen de elementos para actuar en el nuevo sistema
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 19 de mayo de 2014, p. 11

Al momento de aplicar a escala nacional el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), los menos preparados serán las policías, aseguró el criminólogo y criminalista Armando Rodríguez Vélez.

El especialista dijo en entrevista con La Jornada que es muy probable que la mayoría de los cuerpos policiacos ni siquiera cumplan en su totalidad con el debido cuidado a la cadena de custodia, lo que dará lugar a que los delincuentes bien asesorados por sus defensores puedan recuperar su libertad por violaciones al debido proceso legal.

Añadió que si un juez de control detecta que se cometió el mínimo error en el cuidado de la evidencia hallada en la escena del crimen, "estará obligado a decretar la inmediata libertad del imputado, aún si existieran pruebas contundentes sobre su responsabilidad penal".

De su lado, el penalista Ruperto Patiño dijo que en el CNPP, la capacidad de investigación de las policías será medular para determinar la culpabilidad o inocencia del señalado; no obstante, los cuerpos policiales aún carecen de los elementos necesarios para actuar correctamente en el contexto del nuevo sistema penal, advirtieron representantes de varias procuradurías del país.

En entrevista por separado, Patiño lamentó que los policías municipales y estatales no cuenten con los conocimientos necesarios para aplicar el nuevo sistema de justicia penal de corte oral y adversarial.

Dijo que los policías desconocen los métodos para realizar entrevistas, levantar pruebas, realizar la cadena de custodia o para entregar sus partes informativos.

Agregó que los agentes del Ministerio Público y los policías ministeriales tienen arraigada su forma de trabajar, lo cual fomenta la percepción pública de que no investigan a profundidad los casos.

"Sin capacitación activa, simplemente está reforma terminará por fracasar", sostuvo.

Define la Conago ruta crítica de trabajo para el nuevo sistema de justicia penal
José Antonio Román

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de mayo de 2014, p. 10

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) trazó ya una ruta crítica de trabajo para avanzar de manera más rápida en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, que tiene como plazo legal el 18 de junio de 2016 para todo el país, pero a la fecha muestra un retraso significativo.

La Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago aprobó la integración de cuatro grupos de trabajo con la misión de intercambiar experiencias en cada una de las etapas del proceso.

Hasta ahora, sólo en 16 entidades del país opera totalmente el nuevo sistema de justicia penal, mientras en 13 lo hace de manera parcial y en el resto está en planeación. Ya han transcurrido casi seis de los ocho años que otorgó la ley para su aplicación; entre los principales cambios están los llamados juicios orales. En unos días se incorporará Yucatán.

De acuerdo con información de la misma Comisión de Seguridad y Justicia, que se reunió el pasado fin de semana, los cuatro grupos de trabajo son los de normatividad, capacitación, difusión y socialización; financiamiento, infraestructura y equipamiento, y las de implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal.

A la reunión privada asistió la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, quien ofreció apoyo a los gobiernos estatales para avanzar de manera acelerada en este proceso, donde se requiere, entre muchas otras cosas, capacitación de los jueces y recursos económicos adicionales para la creación de espacios para más juzgados.

Fromow aseguró que en este proceso las universidades e instituciones de educación superior son fundamentales para que se articulen nuevos programas de formación y capacitación y así tener las nuevas generaciones de abogados que requiere el sistema de justicia penal.

El Código Nacional de Procedimiento Penales será una norma viva: Mariana Benítez
27 de mayo del 2014

México, 27 de mayo.- La riqueza de los criterios judiciales nos irán perfilando a la mejor interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que esta norma sea una norma viva y no una letra muerta, afirmó la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, durante la presentación del libro “Código Nacional de Procedimientos Penales Comentado”, en el Museo General Francisco Villa, en el estado de Durango.

Puntualizó que el Código Nacional es de todos, y es una norma que irá transformándose a partir de su aplicación, siendo perfectible y no inamovible, susceptible de sugerencias y cambios.

Afirmó que a partir de la publicación del nuevo Código Nacional se detonaron muchas decisiones, además de la capacitación, los planes de estudio y de trabajo, era sumamente importante un análisis puntual desde el punto de vista de los juristas, de la doctrina de este nuevo Código.

Resaltó que más allá de construir inmuebles y salas de juicios orales, y tener las mejores instalaciones, lo más importante es el cambio cultural en la mente de jueces, ministerios públicos, investigadores y policías, ya que sólo con el conocimiento, voluntad e intención de generar un cambio en la operación del nuevo sistema, es que se logrará el sistema de justicia que queremos.

Recordó que Durango es pionero, ya en el municipio, y próximamente en la región de La Laguna, en la implementación de este nuevo sistema, por lo que ha sido referente, marco y punto de salida para trabajar en lo que tenía que ser el primer gran marco del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

Procuradores analizarán los avances en el nuevo sistema de justicia penal
Gustavo Castillo

Periódico La Jornada
Jueves 29 de mayo de 2014, p. 8

El presidente Enrique Peña Nieto inaugurará este jueves los trabajos de la 31 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Los procuradores y fiscales del país analizarán en ese encuentro los avances en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y los resultados de las acciones para la localización de personas desaparecidas.

Asimismo pondrán en marcha nuevos mecanismos para compartir e intercambiar información, así como protocolos para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, de acuerdo con información proporcionada por colaboradores titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Durante la reunión que sostuvo con procuradores y fiscales de zona sureste, realizada en Oaxaca el pasado 9 de mayo, el procurador señaló que “las últimas reformas (legales) de 2008 para acá han ido en el sentido de darle a esas procuradurías, a esas fiscalías, la plenitud de la representación.

"Las últimas reformas del nuevo Código de Procedimientos, que nos implican ya un procedimiento distinto y al que tenemos que abocarnos de lleno, nos dan todavía una mayor facultad para poder entender nuestro papel de cohesionables de la integridad de la sociedad mexicana, nos obligan", expresó.

Además "nos permiten avanzar hacia el nuevo sistema y tienen que servir no sólo para darle forma y contenido al cambio, con sustento jurídico, calidad moral y la fuerza de sustentación de la opinión pública (...) con el requisito fundamental que tiene que tener cualquier acto de gobierno: credibilidad y confianza", afirmó el funcionario.

Busca PGR evitar fallas en modelo penal
30 de mayo del 2014

México, 30 de mayo (Reforma).- En la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la Procuraduría General de la República (PGR) ha puesto énfasis en la capacitación y profesionalización del personal operativo.

Así lo informó la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, al subrayar la necesidad de preparar a peritos, ministerios públicos y agentes investigadores.

“Precisamente eso es lo que queremos lograr, que estén listos todos aquellos que van a empezar a operar, desde el perito hasta el agente investigador, hasta los propios ministerios públicos y fiscales”, dijo en entrevista.


Luego de la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, señaló que se pretende evitar la mala experiencia de algunas entidades federativas con el cambio de modelo.

“Para que no pase lo que, estamos aprendiendo de lo que ha pasado en otros estados, que el primer día de un juicio algo falla, o alguno de los actores relevantes no está bien preparado y entonces empezamos a tener problemas. Queremos evitar eso y queremos llegar al día uno de nuestra implementación, en los dos primeros estados este año, con el personal plenamente capacitado”, precisó.

La funcionaria anunció que el encuentro de procuradores y fiscales del País, que concluirá este viernes, perfila la aprobación de una estrategia integral de capacitación.

Además, mencionó, abordarán la conveniencia de protocolos, guías y manuales de operación únicos, que ayuden a funcionar de manera homogénea.

Benítez Tiburcio anunció que la PGR empezará a capacitar a todo su personal, con gradualidad, a partir de junio. En primera instancia se hará en Durango y Baja California.

Asimismo, se adoptarán dichos criterios con los que estén en proceso de reclutamiento.

Pedro Tzuc

Homologarán protocolos para nuevo sistema penal
Gustavo Castillo
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 31 de mayo de 2014, p. 12

Mérida, Yuc., 30 de mayo.

Secretarios de Seguridad Pública, procuradores y fiscales de todo el país se reunirán en los próximos días para llegar a acuerdos de trabajo y generar protocolos homologados de actuación en la República, a fin de que se consolide el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor en 2016.

Al concluir los trabajos de la 31 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se anunció que la semana próxima –sin definir lugar ni día– la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) impulsarán los trabajos coordinados con las policías y las procuradurías del país.

Como conclusiones de este encuentro, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, informó que los procuradores y fiscales del país coincidieron en señalar que "es más claro que nunca que las instituciones de procuración de justicia son y serán una de las piezas imprescindibles y fundamentales para que nuestro nuevo sistema funcione bien, brinde justicia certeza, repare daños generados a las víctimas y permita pacificar al país".

Mencionó que "los retos para la debida transición a este nuevo sistema" son contar con infraestructura para que los operadores realicen adecuadamente sus funciones. Se requiere un marco jurídico armonizado a la Constitución y al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como normas, protocolos y manuales para ministerios públicos, investigadores y peritos, pero, indicó, el elemento central del cambio radicará en el aspecto humano, en que la fiscalía, policías, defensores, jueces y peritos apliquen "esas herramientas para darle vida, sentido y dirección al sistema de justicia penal".

En tanto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que son los procuradores y fiscales quienes “tienen la alta responsabilidad de lograr que la ciudadanía confíe en sus autoridades, cumpliendo eficazmente al investigar, al dar certeza de que quien viole la ley será castigado, y al garantizar los derechos del ciudadano agraviado (…) garantizando el estado de derecho y generando una cultura de la legalidad.

"Debemos seguir construyendo soluciones a los problemas de seguridad y procuración de justicia locales, tomando en cuenta que las realidades sociales pueden variar, pero que se tiene un solo objetivo: regular la convivencia a partir de normas claras y compartidas."

Capacitarán para los juicios orales
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 1º de junio de 2014, p. 17

A dos años de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal, sólo cuatro entidades operan al 100 por ciento y cuentan con los recursos humanos y materiales para apicar los procedimientos orales.

Ante el rezago que existe y para avanzar en la capacitación de estudiantes y abogados en el nuevo sistema de justicia penal, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal firmará un convenio de trabajo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

El convenio permitirá que más de 70 por ciento de las universidades modifiquen sus planes de estudio en las carreras de derecho.

La titular de la dependencia, María de los Ángeles Fromow Rangel, informó que la cobertura del nuevo sistema de justicia penal "se irá incrementando en los siguientes meses de manera paulatina".