El sistema penal, contra acusados de crimen organizado

El sistema penal, contra acusados de crimen organizado

Los acusados por delincuencia organizada, aun antes de ser juzgados, pierden derechos que sí poseen incluso criminales enjuiciados y sentenciados por otros delitos

PRUEBAS. El mismo día en que los federales dicen haber capturado a Diego, sus padres levantaron un acta en la PGJ denunciando su desaparición dos días antes. (Foto: ARIEL OJEDA EL UNIVERSAL )


Lunes 27 de agosto de 2012 Esteban Román y Benjamín Salinas | El Universal
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esteban.roman@eluniversal.com.mx

Diego duerme de día para que el tiempo pase más rápido, igual que sus ocho compañeros de celda en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz. No pueden hacer otra cosa en el espacio de seis metros cuadrados que tienen como celda. Oficios y actividades de esparcimiento comunes en penales estatales no existen en este, el Cefereso número 5. Diego lleva un año así, en espera de que un juez decida si para ser culpable basta con que alguien diga que su voz se parece a la de un secuestrador.

Todos los acusados de delincuencia organizada en México, como el joven de 25 años Diego Armando Tirado Márquez, están bajo un régimen penal de excepción o de “garantías atenuadas”. Incluso un homicida confeso y sentenciado tiene más derechos que Diego, a quien nadie lo imputa directamente y contra el que no hay un juicio concluido.

Quienes están acusados de delincuencia organizada no tienen derecho a atacar la averiguación previa del ministerio público, la cual —a diferencia del resto de los delitos— tiene pleno valor probatorio ante el juez. Es decir, aun si el acusado puede demostrar que las pruebas en su contra son falsas, esto no servirá para “tumbar” esos elementos en el juicio.

Además, los presuntos delincuentes organizados son tratados igual que los sentenciados, algo que está prohibido para el resto de los delitos.

En la película “Presunto culpable”, documental que refleja arbitrariedad en el sistema penal, el protagonista llama a los policías que lo detuvieron para refutar los motivos de su detención. Diego no puede hacer eso, a pesar de su familia lo reportó como desaparecido dos días antes en la procuraduría del DF, lo cual consta en el acta TS./1788/11. del Centro de Apoyo para Personas Extraviadas y Ausentes.

Este diario hizo un recorrido en el lugar donde los policías dicen haber agarrado a Diego. Según los federales, a las 8:25 horas del jueves 9 de junio de 2011 detuvieron a nueve personas, todas armadas y a bordo de cinco diferentes vehículos, en una gasolinera ubicada frente al Metro Mixhuca en la Ciudad de México. Un despliegue en hora pico que nadie, ni siquiera los despachadores de la gasolinera ni el gerente de la misma recuerdan, tampoco los trabajadores de negocios aledaños.

Las pruebas no son necesarias

El año que Diego ha estado en la cárcel parte de una denuncia anónima con número 5664148. Según ésta, “alguien” denuncia que una banda de secuestradores se reuniría frente al metro Mixhuca para planear su siguiente golpe. Lo anterior consta en la declaración de los policías, de la cual tiene copia EL UNIVERSAL.

Dicen los federales que, sin necesidad de usar la fuerza, los supuestos secuestradores confiesan sus crímenes en el trayecto a la PGR, donde son ingresados. Los detenidos, en cambio, afirman haber sido capturados uno a uno y torturados desde el 7 de junio para declararse culpables.

“La denuncia anónima es un vehículo para justificar la actuación arbitraria del Estado. ‘Recibimos, policía, una denuncia anónima, por lo tanto, podemos hacer lo que queramos’. De hecho, el primer criterio en la Corte que surgió para excluir de los juicios las pruebas recabadas de forma ilícita fue por una denuncia anónima que derivó en el allanamiento de un domicilio sin orden del juez,” comenta Javier Angulo, investigador y director de la Clínica de Interés Público del CIDE.

A pesar de estar acusado por delincuencia organizada, Diego es el único dentro de la supuesta banda de 14 personas que no es identificado por ninguno de los otros detenidos. El Ministerio Público no pudo probar cuál era su papel dentro de la presunta organización criminal. Él es además el único sin antecedentes penales ni víctima denunciante.

Diego fue arraigado en doble término, es decir, por 80 días, tiempo en el que la única prueba que se recabó en su contra fue la declaración de una víctima que identifica su voz como la de uno de sus captores. Este elemento, sin embargo, no ha sido contrastado por alguna prueba pericial de voces.

La Suprema Corte de Justicia ya había declarado inconstitucional el arraigo, pero en 2008 los legisladores lo incorporan a la Carta Magna para que no pudiera declararse inconstitucional, pese a violar los derechos fundamentales, de acuerdo con el criterio judicial.

“La locura de nuestro arraigo es que pueden retener a cualquier persona con cualquier motivo so pretexto del ‘éxito de la investigación’, que quién sabe qué quiera decir. Es una patente de corso para las procuradurías,” dice Javier Angulo.

En Argentina, Brasil o Estados Unidos, donde también existe el arraigo, este no puede otorgarse por segunda ocasión sin darle antes pruebas al juez de que la primera retención sirvió de algo. En México basta con argumentar “el éxito de la investigación”.

Como EU con los terroristas

La reforma penal a la Constitución de 2008 dio prioridad a las normas de derechos humanos sobre el resto, pero al mismo tiempo incorporó permitir a las autoridades dar un trato de excepción a los acusados de delincuencia organizada, término vago, de acuerdo con especialistas, que sirve como pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de las personas recluidas.

“Las mismas medidas que se están implementando en el mundo contra el terrorismo, por ejemplo, Estados Unidos y Guantánamo, de personas que ven a su abogado por televisión, que no saben del estado de su juicio, que por cuestiones geográficas están incomunicadas, en México se aplican para delincuencia organizada”. “Sólo cambia el enemigo, entonces, habemos ciudadanos de primera clase y de segunda clase según el criterio de la autoridad”, dice Javier Angulo.

“Es exactamente la misma lógica que está detrás de todas las leyes antiterroristas”, dice Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “Este tipo de regímenes jurídicos excepcionales consisten en la suspensión de los derechos de las personas acusadas y se les somete a un régimen penal en el cual no cuentan con las garantías que la Constitución ofrece a todos los demás ciudadanos”.

Esto impacta en las condiciones en que se detiene a la persona, en el juicio al que se le somete y en el tipo de reclusión en la que termina, añade Salazar. “Coloca a las personas en especial vulnerabilidad y rompe con el principio de la igualdad en derecho”.

No es conveniente desde el punto de vista de los estados de derecho que se apliquen penas que puedan llegar incluso a la neutralización del individuo. Es un problema del propio legislador, dice Joaquín Merino, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Añade: se trata de un régimen de excepción aplicado en otros países contra terroristas. “Pero hay que preguntarnos como sociedad si ese es el camino: ‘Ya me sentenciaste, ahora qué más sigue’”.

Trato “especial”

EL UNIVERSAL hizo un recorrido con una familia desde la Ciudad de México hasta el penal federal de Villa Aldama Veracruz, llamado Centro Federal de Readaptación Social 5. El lugar, sin embargo, no tiene actividades para readaptar a los internos según familiares.

Entrevistados a las afueras del reclusorio, mientras esperaban ingresar a su visita de cada 16 días —y de manera aislada—, las personas refieren que los internos no tienen actividad alguna durante todo el día y son alimentados con lo mímino. Por ello, dicen, duermen durante el día, “para que el tiempo se pase más rápido”.

Hasta el día de ayer, la dirección del penal, así como el área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública federal no habían respondido a las peticiones de entrevista sobre este tema. A una solicitud de información sobre las normas disciplinarias de en los centros penitenciarios federales, la secretaría remitió al Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Ceferesos, el cual dice que es suficiente con que un servidor público “presencie la comisión de alguna conducta considerada como infracción o delito” para que un interno sea incomunicado durante el tiempo que determine la autoridad dentro el penal.

La incomunicación es la constante. Pueden pasar varios meses entre visitas si el interno está “castigado”. Los familiares sólo pueden enterarse por medio de una llamada de tres minutos a la que los reclusos tienen derecho una vez cada 16 días.

Antes de la visita a los familiares se les somete a una revisión exhaustiva que incluye mostrar su ropa interior. Todo documento que deseen firmar los reos es previamente revisado y aprobado por la sección de Trabajo Social dentro del penal, lo cual deja legalmente a los internos a la voluntad de lo que les hagan llegar sus abogados.

En el caso de Diego, él nunca ha visto a su abogado de oficio, porque si bien está recluido en Veracruz, el juzgado que lleva su caso se ubica en Naucalpan, a 400 kilómetros de distancia. Debido a ello, a pesar de que el juicio en su contra fue repuesto en abril pasado tras una apelación, fue hasta junio cuando se le asignó nuevo defensor.

La familia gasta mil 300 pesos en cada viaje sólo en casetas, gasolina y alimentación desde el DF. Es perder todo un día pues toma de las 5 am a las 9 pm el trayecto —en algunos casos de terracería— y porque si no se llega temprano ya no les toca “ficha”.

“El sistema penitenciario debe verse bajo el enfoque de las redes que conectan a la persona en reclusión. Un interno representa un drama familiar y eso tiene efectos corrosivos para el tejido social”, dice Pedro Salazar.

Para Diego, lo peor es que el año que ha pasado en la cárcel fue “de gratis”. Cuando un tribunal encontró irregularidades en su defensa, repuso el proceso. Es decir, en abril pasado empezó todo de nuevo, como si hubiese sido detenido apenas un día antes del fallo del tribunal.

Aumenta arraigo, no las condenas

Activistas afirma que el arraigo se convirtió en un recurso ante la incapacidad para realizar una verdadera investigación

Henia Prado

Ciudad de México (4 noviembre 2012).- Mientras el número de personas sometidas a arraigo por las autoridades federales se incrementó de forma constante durante este sexenio, la proporción de quienes fueron condenados se mantuvo en niveles mínimos.

Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), el número de presuntos delincuentes trasladados al Centro de Investigaciones Federales (CIF) se incrementó 181 por ciento entre 2007 y 2011, al pasar de 844 a 2 mil 374.

En tanto, estimaciones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) a partir de reportes oficiales indican que durante el periodo 9 de de cada 10 arraigados fueron consignado a algún reclusorio pero sólo 3.2 por ciento recibió sentencia condenatoria.

De acuerdo con los datos proporcionados por la PGR en respuesta a una solicitud de información de las 8 mil 186 personas sometidas a arraigo en el CIF entre 2007 y 2011, el 91 por ciento correspondió a hombres y el 9 a mujeres.

En el 45.4 por ciento de los casos, la medida cautelar se aplicó contra presuntos responsables de delitos contra la salud, en 24.6 por secuestro y en 15.8 por terrorismo.

Para Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, el arraigo se convirtió en este sexenio en un recurso para aparentar golpes contra el crimen organizado ante la incapacidad para realizar una verdadera investigación.

"Se ha vuelto una técnica de investigación criminal en México. Supuestamente, el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero en la práctica permite la vigilancia permanente del Ministerio Público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada a éste, con el fin de incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona bajo arraigo", indicó el activista en entrevista.

"El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa del juicio. Ello se traduce en que no se investiga para detener a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada y en la gran mayoría de los casos obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo los principios básicos de justicia en una democracia", reprochó.

El abogado remarcó que además de constituir una forma de detención arbitraria, el arraigo viola, entre otros derechos, los de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, además de las garantías del debido proceso, además de que amplía las posibilidades de que una persona pueda ser torturada o sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

"Han pervertido la interpretación de la delincuencia organizada. Ésta, como tipo abstracto, genérico, permite el arraigo, junto con otras figuras como terrorismo, delitos contra la salud, secuestro, en el ámbito federal", apuntó "Los sorprendente es que se arraigue hasta por robo de vehículo. Por otro lado, el alto porcentaje de terrorismo implica que estamos en un estado de conmoción interior. Nosotros no hemos sabido que existan grupos terroristas en México, o por lo menos no se ha hecho público. Es un tema que preocupa. ¿A quién están atacando,a en dónde, qué grupo fue?", cuestionó.

Ven complicado crear código penal único

Especialistas advierten que temas como aborto podrían atorar plan; consideran que se tendrá que negociar en entidades

Abel Barajas

Ciudad de México (3 diciembre 2012).- El propósito del Presidente Enrique Peña Nieto de impulsar un Código Penal Único es positivo, porque pretende evitar la balcanización del sistema de justicia, sin embargo, uno de sus obstáculos es la negociación de temas polémicos como el aborto, delito en prácticamente todos los estados.

Así lo expresó Renato Sales, Procurador de Justicia de Campeche, quien respalda la propuesta de Peña y elabora -por encargo de los procuradores del País- un proyecto de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un Código Procesal Penal único.

“Lo que se puede hacer (en el tema del aborto) es buscar mediar, lo que se hace al margen de cuestiones ideológicas, lo que hacen algunos códigos penales, que sí sancionan el aborto en las 12 primeras semanas de gestación, pero se sanciona mínimamente con jornadas de trabajo en favor de la comunidad, es simbólica la sanción.

“Realmente se sanciona después de la décima segunda semana, como es en el DF. Es un tema de negociación muy fina y difícil en estos temas de aborto, en eutanasia. Allí se puede atorar (el código único)”, dijo.

Sales reconoció que esta es la parte más complicada de la propuesta, porque se trata de un tema en donde las posturas son intransigentes y polarizadas; por lo demás, estimó que es más fácil zanjar temas como las diferencias en la incidencia delictiva en cada estado, a la hora de legislar un código de este tipo.

“El abigeato en el DF no existe y no se concebirían algunos códigos penales de algunos estados del País sin ese tipo penal, entonces ¿cómo respetarías el federalismo? Se respeta incorporando también en el Código Penal Único los tipos penales que las entidades federativas planteen.

“Creo que es un tema sensible que se ha planteado a nivel nacional, en lo que hace a la idea de estar en contra de la balcanización del sistema, porque uno de los problemas de la implementación de los juicios orales es la dispersión que se manifiesta en cada código, el hecho de que unos manejen criterios de oportunidad de una manera, procedimiento abreviado de otra. Entonces, para dar un paso fundamental, es este planteamiento de la codificación única”, comentó.

Peña Nieto se comprometió a concretar un Código de Procedimientos Único, una idea más ambiciosa que el Código Federal de Procedimientos Penales que ha sido aprobado en comisiones del Congreso, pero no ha sido llevado al pleno, También planteó un sólo Código Penal para todo el País, idea que ya había sido abandonada desde hace unos años.

En 31 de agosto pasado, en la última Conferencia de Procuradores de Justicia, se le encomendó a Sales elaborar una propuesta de iniciativa para una norma procesal aplicable a todo el País, lo que buscaría homogeneizar los procedimientos de los juicios orales.

Al mismo tiempo, Sales mencionó que en la última reunión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el líder civil Alejandro Martí planteó la propuestas de los dos códigos únicos que retomó Peña Nieto entre sus “13 decisiones presidenciales”.

El funcionario reconoció el interés del nuevo mandatario por considerar estas propuestas, las cuales consideró factibles.

si fuésemos una nación

El cambio al sistema de justicia no puede quedar en buenas intenciones, señala Silva Meza

La protección de garantías, incompleta sin reformas penal y de amparo: SCJN

Deben ciudadanos entender que el derecho no es una forma de represión, dice Murillo Karam.

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Sábado 8 de diciembre de 2012, p. 17

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, hizo un llamado "para que la reforma al sistema de justicia penal no quede anclada en las buenas intenciones, ya que sin la consolidación de las reformas penal y de amparo, la protección a los derechos humanos estará incompleta".

Durante un acto realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en el cual el presidente del máximo tribunal del país fue investido con un doctorado honoris causa, el procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo que en la actualidad "hablar de servicio a la comunidad es una tarea difícil; los efectos en la credibilidad, ya no sólo en los funcionarios, sino en el Estado, se encuentran en una situación que podría ser crítica, por lo que es necesario que los ciudadanos puedan captar y entender que el derecho no es una forma represiva del Estado".

En su discurso, Silva Meza apuntó que es preocupante que después de cuatro años de que se aprobó la creación de un nuevo sistema de justicia penal, aún no existe seguridad de que el avance en su instauración sea proporcional con el tiempo transcurrido, y aún más, todavía hay quienes dudan, con serios argumentos, de sus bondades”.

Apuntó que "en la actualidad se puede advertir que son muy pocas las entidades federativas (Chihuahua, México y Morelos) que han logrado la operación total de la reforma".

Consideró que la información resulta inquietante y "preocupa que a escala federal haya una agenda legislativa de trascendental importancia para la reforma penal, la cual aún no ha sido desahogada".

Dijo que con los cambios en materia de amparo y derechos humanos, la reforma penal está en marcha. Sin embargo –señaló–, es quizás la que más representa, a los ojos sensibles de la sociedad, el funcionamiento del sistema de justicia. No es casual que, incluso profesionales del derecho, suelen considerar que el universo de las garantías fundamentales se contiene y agota en el derecho penal”.

Luego de hacer un reconocimiento al presidente de la SCJN, Murillo Karam sostuvo que "el estado de derecho no es como por desgracia parece ser: la simple fuerza del derecho imponiendo una situación; por el contrario, debe ser la fuerza de la sociedad, que ha creado una serie de instituciones que se encargan de vigilar que las conductas que consideró no se ajustaban a una vida común deben ser, primero, prevenidas; segundo, anunciadas; tercero, en el caso de la falta, primero juzgadas y luego, si hay necesidad, y en mi personal concepto, sólo si hay necesidad, deben ser sancionadas".

Exigen al Senado crear código único de procesos penales
V. Ballinas y A. Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 19 de diciembre de 2012, p. 12

Integrantes de organizaciones civiles, empresariales y de defensa de los derechos humanos se reunieron ayer en el Senado con miembros de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia, y les demandaron que legislen un código único de procedimientos penales para combatir homicidios, trata de personas, secuestros e ilícitos relacionados con la delincuencia organizada.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad (PRI), tras escuchar las exigencias advirtió: "Habrá una reforma en materia de seguridad pública y justicia, pero no podemos abusar de ciertas figuras jurídicas pensando que la situación es de tal alarma que para combatir la criminalidad se construya un sistema que atente contra los derechos humanos, porque después lo lamentaremos".

A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil (PAN), señaló que "la reforma al sistema de justicia penal exige un cambio procedimental, por lo menos en la jurisdicción federal, y no la podemos detener porque hay una propuesta del presidente Enrique Peña de modificarla, pero hay que seguir avanzando en un código único de procedimientos penales".

Anunció que "el PAN y el PRD tenemos la intención de hacer propia la propuesta de código único que nos entregan, para que se convierta en iniciativa formal y se pueda dictaminar y discutir".

Posteriormente les propuso crear mesas de trabajo. Aconsejó que se constituyan cuatro subcomisiones que estudien las propuestas.

El investigador Samuel González dijo a los senadores: "Nos debemos quitar el prejuicio de que el código único viola los derechos humanos. Esta propuesta es compatible con los tratados internacionales y pueden incluirse el arraigo y las escuchas telefónicas".

La activista de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda, dijo que la propuesta tiene como base la realidad social y constitucional mexicana, así como los tratados internacionales para poder llevar a cabo juicios orales transparentes y expeditos.

Una reforma lenta para acelerar la justicia en México


El sistema judicial promete hacerse más eficiente, transparente y rápido

Esta transformación radical va a contra reloj: debe estar lista para 2016 y solo tres Estados están preparados



Raquel Seco   México  27 JUL 2013 - 23:28 CET28


"Es un sistema que te detiene sin orden de arresto, te acusa sin pruebas y te juzga sin juez". Así describía la justicia en México en una ocasión el abogado Roberto Hernández, responsable de retratar al sistema judicial mexicano a través del documental Presunto Culpable. El anquilosado y a menudo injusto sistema judicial de México se dispone a cambiar, pero el proceso, igual que los juicios de antes y hasta ahora, es largo y engorroso.

Si el Gobierno cumple lo aprobado cinco años atrás se acabarán los juicios interminables, las acusaciones sin pruebas, los procesos opacos en los que el acusado no ve ni una sola vez al juez y la prisión preventiva para todos (de los 242.750 reclusos solo 142.450 están sentenciados, según datos de la Secretaría de Gobernación de enero de 2013).

“Los procesos son escritos, largos. En ellos el juez no siempre está presente en las audiencias (se hace ante secretarios, por las cargas de trabajo) y al final dicta sentencia en un proceso en el que no fue un actor principal”, explica José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de México.

La reforma penal avanza al ritmo lento y preocupante de los juicios por escrito: solo tres de los Estados (Chihuahua, Estado de México y Morelos) tienen implantado el nuevo sistema. Y la fecha límite para una nueva justicia es junio de 2016. Las dificultades de arrancar en todo el país tienen que ver con la ambición de las medidas. “En una sola audiencia se presentará la acusación, la defensa, el ofrecimiento de pruebas de fiscal y defensa, los testigos…”, explica Cossío.


La fecha límite para una nueva justicia es junio de 2016. Hasta el momento, solo tres Estados la han completado

Algo opuesto al tedioso proceso por escrito que impera hasta ahora, en el que las partes componían el caso durante meses, siempre basándose en una primera denuncia que se tomaba como la única verdad. Parece que la reforma sí puede resultar en una justicia más ágil: “En Nuevo León, que ha empezado a implementar el sistema, se ha pasado de más de seis meses a tres semanas el tiempo para procesar delitos menores”, dice Ernesto Canales, presidente de Renace, una de las instituciones privadas y organizaciones civiles que la impulsaron.

Para ello, promete la ley, los juicios serán orales, con interacción de fiscales y abogados de acusación. Los magistrados, dicen varios activistas, ya han estado recibiendo formación para adaptarse al nuevo modelo. Los abogados todavía no, y nadie parece saber muy bien cómo se hará. La reforma penal también obliga a la presencia de un juez en las audiencias (hoy día se hace ante secretarios debido a la carga de trabajo) y en la fase de investigación “para que agentes del Ministerio Público (fiscales) no desborden su actuación”, explica Cossío. Aunque resulte increíble, hasta ahora el juez que dictaba la sentencia no escuchaba a la víctima, al acusado ni a los testigos, según recuerda la coalición de organizaciones civiles - Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Red por los Derechos de la Infancia - que pelean por acelerar la implantación de la reforma penal en México.

Los policías, promete asimismo la ley, se convertirán en una especie de peritos científicos. Aprenderán a hacer mejores investigaciones (la inmensa mayoría de las acusaciones hoy carecen de pruebas físicas, según abogados y activistas). Pero, una vez más, la manera en la que se llevará a cabo es una incógnita. “El fundamento es la investigación, las pruebas científicas y legítimas. Para eso hace falta un cuerpo que se prepare para investigar y por ahora lo que está ocurriendo es que se cambia el nombre a la policía judicial, pero no se le enseña a investigar. Hay un cambio de ley, pero no de institución. No hay un equipo”, dice Edgar Cortez, abogado especialista en Derechos Humanos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Un punto importante será la prisión preventiva,que pasará a estar limitada acasos de peligro para la sociedad y no para delitos menores. Se apostará por medidas alternativas, negociaciones y reparaciones del daño en un 70% de los casos, según la SecretaríaTécnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Hoy las cifras hablan por sí solas: “Se estima que en prisión hay alrededor de 200.000 personas. Un 40% está ahí por delitos menores a 5.000 pesos (unos 400 dólares), como el robo de celulares, por ejemplo. Otro porcentaje importante de personas están ahí, privadas de su libertad, en espera de recibir sentencia; al final muchos resultan inocentes pero llegan a pasar incluso años en la cárcel”, critican las organizaciones civiles.


De los 242.750 reclusos que había en enero de 2013, solo 142.450 están sentenciados

Otro punto positivo del sistema que, en teoría, entrará en marcha en 2016: la transparencia. Mientras los productores y abogados de Presunto Culpable, Layda Negrete y Roberto Hernández, enfrentan una veintena de demandas civiles por grabar en un juzgado la lucha para liberar a un preso inocente, el nuevo proceso asegura que las audiencias serán públicas. Pero el proceso, que reforma los 33 códigos de procedimientos penales - uno por cada Estado y otro para los delitos federales- está resultando opaco para algunos activistas. “En los Estados donde se ha empezado a implementar no estamos teniendo una información continua y confiable de los resultados que está habiendo. Se da dinero pero no sabemos dónde se invierte. Sí se están construyendo salas de juicios orales (son sistemas de grabación, capacidad suficiente…) pero en detrimento de lo que no se ve”, asegura Cortez. Es decir, se invierte en edificios “vistosos” pero se olvidan puntos vitales, como la formación de abogados y magistrados.

El Senado discute actualmente la homologación de todos los procedimientos penales, pero por ahora no hay un modelo federal, así que cada cual lo aplica como sabe y como puede.

El presidente Enrique Peña Nieto, además, prometió al inicio de su mandato un código penal único para castigar de igual modo los delitos en toda la República, algo que todavía debaten los expertos. Lo que podría parecer una ventaja resultaría, según los más progresistas, un paso atrás. El ejemplo más claro es el aborto: un Estado tan conservador como Guanajuato (donde el aborto se considera un delito) no aceptaría unificar el código penal con el Distrito Federal (donde está despenalizado).

Y aun así, hay esperanza. Así lo cree Ernesto Canales, de Enlace: “En los Estados donde se ha implementado totalmente la reforma o donde lleva un alto grado, los resultados son muy satisfactorios. En Chihuahua, el índice de denuncias ha pasado del 15% al 45%. En Estado de México, aquellas personas ya condenadas y sentenciadas, el 73% tenía la percepción de que había sido condenada de manera injusta. Actualmente ha bajado a menos del 40%”.

Lanceros de Toluca escribió:

si fuésemos una nación

Quieres decir que no lo somos?!?!  

SHACK-AL escribió:Creo que mas que homologar algun Codigo, o aumentar penal a ciertos delitos, lo mas importante es la actuacion del MP, es decir, se detenga realmente a los responsables de algun delito, y que efectivamente paguen la sancion por ese delito, de otra forma, codigos van codigos vienen y los delincuentes, siguen delinquiendo.

Resisten abogados oralidad

17 de noviembre del 2013

México, 17 de noviembre (Reforma).- Abogados del País se resisten a aceptar la reforma penal.

Por ignorancia, falta de preparación o incluso porque lucran con el actual sistema inquisitorio, este gremio se ha convertido en un obstáculo para el cambio, alertaron especialistas.

En algunos casos, los abogados se han resistido a ser capacitados.

En otros han escrito artículos o libros en contra de la reforma, no han cooperado con su implementación o han llegado a dar charlas a estudiantes de Derecho contra los llamados juicios orales.

En entrevista con REFORMA, José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, trazó un negro panorama.

Aseguró que los abogados dedicados al litigio penal parecen no tener claridad sobre el tamaño del cambio cultural que implica el nuevo sistema, previsto en la Constitución desde 2008.

“Más nos vale reaccionar como profesión y empezar a hacer un ejercicio de adecuación de tantas cosas, no es fácil porque la profesión está muy desarticulada, las escuelas de Derecho proliferan alegremente, no tenemos los sistemas registrales, los sistemas de afiliación, entonces es una profesión muy descentralizada.

“Pero si no empieza a haber reacciones específicas de diplomados, maestrías, para adquirir habilidades en el juicio, yo creo que esto no va a caminar”, dijo en entrevista.

A unos días de cumplir 10 años como Ministro de la Primera Sala de la Corte, Cossío, de 53 años, ve preocupante la proliferación de más de 2 mil escuelas de Derecho con reconocimiento de validez de estudios, la gran mayoría de las cuales no están capacitando a los estudiantes para enfrentar el nuevo sistema.

También rechaza los pretextos que se han dado para postergar el cambio, entre ellos, la falta de recursos económicos y, últimamente, que aún no se aprueba el código procesal único que fijará las reglas a nivel nacional.

“Creo que Gobierno, legisladores, escuelas de Derecho, barras y colegios, siguen suponiendo que basta con que se transformen los jueces para que todo se transforme, ese es el error de origen”, explicó.

“No hemos podido socializar que es una reforma cultural gigantesca que nos va a afectar a todos muchísimo”.

Y si el sistema no funciona, o se realiza una simulación como la que, según sus críticos, se presenta en entidades como el Estado de México, la justicia federal tendrá que empezar a conceder amparos a delincuentes que no fueron juzgados con las reglas que prevé la Carta Magna.

Para Cossío, la reforma penal implica la adopción de un sistema mucho más sofisticado y exigente, que requiere nuevas habilidades de todos los actores, porque a fin de cuentas las pruebas y testimonios se tienen que desahogar en una audiencia oral, pública y adversarial.

“Los abogados de este País nos hemos construido para escribir, abogados y jueces, aunque lo hagamos en general muy mal.

“Porque luego se quejan los litigantes de nuestras sentencias, también los jueces podríamos quejarnos de sus escritos, demandas y alegatos”, apuntó.

Según Jorge Nader Kuri, ex director general de Planeación, Capacitación y Difusión de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, hay abogados que creen que perderán oportunidades laborales con el cambio.

Otros, dijo, tienen dudas jurídicas sobre su eficacia.

“Los abogados se resisten a cambiar de mentalidad porque ya tienen una formación jurídica y cultural a la que se han dedicado durante muchos años: ya conocen sus vicios, sus recovecos, y han ganado dinero con ellos”, opinó Nader Kuri.

En el actual sistema, coincidió María Teresa Paredes, docente certificada en el sistema acusatorio, hay abogados que abusan de sus clientes para obtener más dinero e incluso llegan a alargar los juicios.

Víctor Fuentes y Diana Baptista