Procuradores y tribunales pedirán más recursos contra el narcomenudeo

Procuradores y tribunales pedirán más recursos contra el narcomenudeo

Rosa Santana
31 de agosto de 2012 · Sin comentarios
Nacional

CAMPECHE, Camp. (apro).- La procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, anunció que los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia solicitarán al Congreso de la Unión mayores recursos en el presupuesto 2013 para el combate al narcomenudeo.

Al dar a conocer las conclusiones del XII Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, la funcionaria dijo que con la nueva Legislatura “se vislumbra una posibilidad de explorar nuevos mecanismos de respetuosa colaboración con el Poder Legislativo, a fin de impulsar los proyectos construidos de común acuerdo por los representantes de las instancias de impartición y procuración de justicia”.

Añadió que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados mexicanos, acordaron impulsar un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión.

Lo anterior, dijo, “para presentar una previsión de los recursos presupuestales que requieren las instancias de procuración y administración de justicia estatales y federales en el corto y mediano plazo para fortalecer su infraestructura, equipamiento y capacitación en diversos rubros, tales como el narcomenudeo, entre otros”.

Además, convinieron procurar un mayor aprovechamiento de las experiencias alcanzadas en la formación sobre juicios orales, derivado de la alianza estratégica de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Oeste de Estados Unidos y de la implementación del Proyecto Diamante aplicado por la Procuraduría General de la República con el apoyo del Departamento de Justicia estadunidense.

Para ello, “convenimos integrar una comisión especial para desarrollar mecanismos tendientes a compartir los apoyos recibidos en materia de capacitación y extender sus beneficios al personal de las instituciones locales de procuración e impartición de justicia del país”.

Respecto al proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales de corte adversarial, los tribunales, procuradurías y fiscalías del país “acordamos hacer un llamado a la Sexagésimasegunda Legislatura del Congreso de la Unión para su pronta aprobación”, señaló.

Asimismo, con el objeto de establecer lineamientos para el debido proceso que puedan ser homologados en todo el país, dijo Morales, acordaron analizar la propuesta de la Procuraduría General de Justicia de Campeche y de la propia PGR consistente en formular un proyecto de reforma constitucional para que el Congreso expida un Código Procesal Penal único, tanto para el fuero federal como para el común.

El objetivo, agregó la procuradora, es fortalecer la aplicación y los resultados de la figura de extinción de dominio que permite afectar y disminuir los recursos económicos de la delincuencia”.

Además, se acordó actualizar las 14 leyes locales en la materia, los criterios judiciales y las propuestas de modificación contenidas en la minuta que reforma la Ley Federal de Extinción de Dominio, pendiente de aprobación en el Senado.

También, promover en las 18 entidades federativas que aún no cuentan con ley de extinción de dominio las correspondientes iniciativas para su aprobación en las legislaturas locales y armonizar los protocolos de actuación ministerial para la aplicación de la figura de extinción de dominio.

Respecto a la aplicación e interpretación de la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, la Conferencia asumió el compromiso de compartir con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de estados, el modelo de capacitación unificado en la materia, que actualmente se desarrolla dirigido al personal sustantivo de ambas instancias para que una vez consensuado se proceda a su implementación.

“Dicha capacitación también contemplará los temas de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos en materia de trata de personas, jurisprudencia tanto de tribunales nacionales como de internacionales, los alcances, implicaciones y contexto en que se desarrolla la trata de personas”, agregó.

Inexistente, sistema nacional de combate al narcomenudeo: procuradores y jueces

Designan a Ruth Villanueva subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR

Acusan al Congreso de la Unión por no asignar recursos para ello desde 2009
Gustavo Castillo García
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 22

Campeche, Camp., 31 de agosto. Procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia del país coincidieron en que el sistema nacional de combate al narcomenudeo es inexistente porque no se han creado ni las fiscalías ni los juzgados especializados, ni tampoco existen cifras exactas del problema ni vinculación entre los consejos estatales y el Consejo Nacional para Prevenir las Adicciones (Conadic) con las instancias de procuración y aplicación de la justicia.

Durante su encuentro nacional, los encargados de procurar e impartir justicia en todo el país señalaron que no se han creado las instancias necesarias para combatir el delito de narcomenudeo, debido a que el Congreso de la Unión no ha asignado desde 2009 los recursos para ello.

Por esa razón, los procuradores y presidentes de tribunales elaborarán un diagnóstico de necesidades económicas para poner en marcha las agencias o fiscalías y juzgados especializados, y exigirán a los nuevos legisladores federales que cumplan con la ley.

Al respecto, Renato Sales Heredia, procurador de Campeche, dijo que en distintas reuniones de procuradores ya se ha considerado que la legislación en materia de narcomenudeo no es aplicada ni por la mitad de las entidades, y que se cuenta con una legislación paradójica, ya que el consumo está legalizado y no así la producción ni el almacenamiento de enervantes, de tal manera que si una persona es detenida con 4 gramos o hasta cuatro kilos 900 gramos de mariguana, el Ministerio Público la puede enviar a su casa, pero si fue aprehendida con cinco kilos debe ser procesada.

Entre los acuerdos alcanzados por los procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia destacan: la posibilidad de explorar nuevos mecanismos de colaboración con el Poder Legislativo, y para ello presentarán un estudio de “los recursos presupuestales que se requieren en el corto y mediano plazo para fortalecer la infraestructura, equipamiento y capacitación en diversos rubros, como el narcomenudeo”.

Asimismo, la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, dijo que se solicitarán recursos "para la instrumentación de la reforma al sistema de justicia penal".

Adelantó que los asistentes al encuentro acordaron "procurar un mayor aprovechamiento de las experiencias alcanzadas en la formación sobre juicios orales, derivado de la alianza estratégica de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Oeste de Estados Unidos y de la implementación del Proyecto Diamante de la PGR con el apoyo del Departamento de Justicia" de ese país.

Nombramiento

Por otra parte, Morales Ibáñez designó a Ruth Villanueva Castilleja como subprocuradora de Derechos Humanos, en sustitución de Miguel Ontiveros Alonso.

La designación fue aprobada por el presidente Felipe Calderón, y por esa razón la nueva funcionaria participó en el encuentro de procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia con temas como el Protocolo de Estambul, un estudio que permite identificar casos de tortura en personas detenidas, y el combate a delitos cometidos contra las mujeres.

Ontiveros Alonso estaba considerado en el programa inicial de esta reunión, sin embargo, según explicaron funcionarios de la dependencia federal, la decisión de sustituirlo en el cargo había sido tomada desde hace más de ocho días y se estaba a la espera de que fuera autorizada por el Presidente de la República.

Entre otras funciones, la nueva encargada de la subprocuraduría tiene bajo su responsabilidad atender las quejas que se presenten contra servidores públicos de la PGR por violaciones a derechos humanos, así como las recomendaciones que envíe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los asuntos que correspondan a la fiscalía para periodistas y la fiscalía para delitos cometidos contra las mujeres.