Lavado de Dinero en Estados Unidos.

Familiares de Rafael Caro Quintero nombrados en ‘Ley de Cabecillas’ de EUA

By Malcolm Álvarez-James
Para agorarevista.com
2013-07-05

El gobierno de EUA, que está cooperando con México en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales, designó recientemente a 18 personas y 15 empresas relacionadas con el capo de la droga prisionero Rafael Caro Quintero por su participación en lavado de dinero.

Las personas y empresas fueron designadas conforme a la denominada “Ley de Cabecillas”, una ley de EUA que combate el lavado de dinero realizado por narcotraficantes. La Ley de Designación de Cabecillas Internacionales de Narcotráfico (Ley de Cabecillas) prohíbe a personas o compañías de EUA hacer negocios con las personas y compañías designadas por su participación en lavado de dinero.

Los activos que las 18 personas y las 15 empresas tengan en Estados Unidos se han bloqueado, como lo prevé la Ley de Cabecillas, dijeron autoridades de EUA.

El secuestro y asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena

Caro Quintero es un cofundador del ahora extinto Cártel de Guadalajara. Se le conoce también como “El Número Uno”. Se encuentra cumpliendo una condena de 40 años por narcotráfico y el asesinato del agente antidrogas de EUA Enrique “Kiki” Camarena y Alfredo Zavala, un piloto mexicano que ayudaba al agente de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

En febrero de 1985, bajo las órdenes del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Padrino”, sicarios del cártel de drogas secuestraron a Camarena y Zavala. Los sicarios torturaron y asesinaron a Camarena. Los operarios del crimen organizado también asesinaron al piloto. Las autoridades de EUA creen que El Número Uno fue uno de los sicarios que torturaron a Camarena.

Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los principales lugartenientes de El Padrino, también fue parte de la conspiración, dijeron autoridades mexicanas y estadounidenses. También se le conoce como “Don Neto”. Los líderes del Cártel de Guadalajara Cartel se enojaron con Camarena porque en 1984 él trabajó con soldados del Ejército mexicano, que destruyeron 1,000 hectáreas de mariguana en un campo conocido como “Rancho Búfalo”, en el estado de Chihuahua.

Agentes de seguridad costarricenses detuvieron a El Número Uno en ese país en abril de 1985. En ese momento, él tenía una fortuna personal con valor de $650 millones de dólares, señalaron las autoridades. Las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a Don Neto en Puerto Vallarta ese mismo mes. En abril de 1989, agentes de seguridad mexicanos arrestaron a El Padrino en la Ciudad de México.

Igual que El Número Uno, Don Neto fue condenado por los asesinatos de Camarena y Zavala y narcotráfico. El Padrino fue condenado por narcotráfico. También están cumpliendo condenas de 40 años en prisiones mexicanas.

El asesinato de Camarena y la investigación acerca de su muerte sirvió de base para el libro “Desperados” (“Forajidos”), de la autora Elaine Shannon, y la miniserie de 1990 para la televisión “Drug Wars: The Camarena Story” (“Camarena [La guerra de las drogas]”).

Familiares de El Número Uno

La acción de EUA en virtud de la Ley de Cabecillas está dirigida a seis de los familiares de El Número Uno, incluyendo sus hijos adultos, su esposa y su nuera. La demanda también está dirigida a varias compañías de Guadalajara controladas por la familia de Caro Quintero, incluyendo una cadena de gasolineras, una tienda de productos de baño y belleza, una compañía de zapatos y un spa llamado Hacienda Las Limas.

Las designaciones de la Ley de Cabecillas son resultado de la cooperación entre los gobiernos de México y EUA, declararon las autoridades.

“Rafael Caro Quintero ha utilizado una red de familiares y prestanombres para invertir su fortuna en compañías aparentemente legítimas y proyectos de bienes raíces en la ciudad de Guadalajara”, dijo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EUA, en un comunicado emitido el 12 de junio. “Con la ayuda del gobierno de México, la OFAC continúa apuntando a narcotraficantes, el lavado de ganancias obtenidas de manera ilegal, y quienes les ayudan en sus actividades ilícitas.”

El hermano de El Número Uno, Miguel Caro Quintero, fundó el ahora extinto Cártel de Sonora después del arresto de Rafael, en 1985. Miguel Caro Quintero fue arrestado en México en 2001 y fue extraditado a EUA en febrero de 2009 mediante la cooperación de los gobiernos de México y EUA. Miguel Caro Quintero se declaró culpable de los cargos de narcotráfico y fue sentenciado en 2010 a 17 años en una prisión de EUA.

Familiares de El Azul

En la misma designación de la Ley de Cabecillas, oficiales de EUA también se dirigieron a miembros de la familia Sánchez Garza, que radica en Guadalajara y presuntamente participa en operaciones de lavado de dinero a nombre de la organización Caro Quintero. Miembros de la familia Sánchez Garza están presuntamente vinculados a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, exsocio de El Número Uno. El Azul es ahora un lugarteniente principal del Cártel de Sinaloa, dirigido por el capo fugitivo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cooperación México-EUA

La demanda contra los familiares de El Número Uno y la familia Sánchez Garza es otro ejemplo de la cooperación México-EUA en la lucha contra el crimen organizado, señaló Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

“Si México puede probar estas conexiones y demostrar que Rafael Caro Quintero continúa estando activo en el narcotráfico, podría facilitar su extradición a Estados Unidos”, después de que El Número Uno termine su condena en prisión en México, dijo Barrón Cruz.

La cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses ha llevado a varios éxitos en la lucha contra el crimen organizado en los últimos meses. Por ejemplo:

• En abril de 2013, la Policía Federal mexicana arrestó al suegro de El Chapo, Inés Coronel Barrera, de 45 años, bajo cargos de narcotráfico. La detención se llevó a cabo cuatro meses después de que el nombre de Coronel se añadiera a la “Lista de Cabecillas” de los narcotraficantes más importantes.

• En mayo de 2012, el gobierno de EUA agregó a dos de los hijos de El Chapo, Iván Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, a la lista de capos de las drogas. En junio de 2012, autoridades de EUA también agregaron a otro de los hijos de El Chapo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y a su exesposa, María Alejandrina Salazar Hernández, a la lista de sanciones por narcotráfico.

23/Jul/2013 10:51 HRS



EU va por dinero de operadores zetas



El gobierno norteamericano designó a dos mexicanos como sujetos de acciones de decomiso de bienes

por Redacción



Washington.- El gobierno de Estados Unidos señaló a dos mexicanos, presuntos operadores financieros de Los Zetas, como sujetos a acciones de bloqueo y decomiso de bienes ubicados bajo su jurisdicción.



Ahora, el Departamento del Tesoro puede decomisar hasta 20 millones de dólares a José Odilón Ramírez Perales, quien enfrenta cargos de lavado de dinero en una corte federal de Texas.



Asimismo, podría realizar bloqueo o decomiso de bienes al presunto narcotraficante Ismael López Guerrero.



Las designaciones de ambos individuos se hicieron al amparo de la ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros conocida como la ley Kingpin.



Ambos sospechosos se encuentran bajo custodia de las autoridades mexicanas después de sus arrestos en operaciones separadas.



Ramírez Perales fue detenido en el norteño estado de Coahuila durante un operativo en octubre de 2012, en el que también fueron capturados tres individuos más, incluyendo uno señalado como el jefe regional de los Zetas en esa entidad.



De acuerdo con el Departamento del Tesoro, López Guerrero era el encargado de colectar las ilícitas ganancias de los Zetas en la localidad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.



Los fondos eran trasladados posteriormente a Coahuila para su resguardo a cargo de Ramírez Perales, quien de acuerdo con las autoridades estadunidenses fue responsable del lavado de "decenas de millones de dólares".



El director de la OFAC, Adam J. Szubin, calificó la designación como una significativa acción con la que se espera debilitar aún más la estructura financiera de los Zetas.



Dijo que la reciente captura del líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, junto con dos miembros más del grupo, incluyendo su contador, "es un claro ejemplo de la importancia de los operadores financieros dentro de la estructura operativa de los cárteles de las drogas". (Con información de Notimex).

06/SEP/2013


En EU, sentencian a familiares del Z-40


Indicaron que a la sobrina y cuñada de Miguel Ángel Treviño Morales, y a 4 entrenadores de caballos les dictaron sentencia por lavado de dinero
POR REDACCIÓN


En Estados Unidos, un juez federal de Texas sentenció a seis integrantes de “Los Zetas”, por el delito de lavado de dinero.

Entre las personas condenadas están Zulema Treviño y Alexandra García Treviño, cuñada y sobrina de Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, presunto líder de la agrupación delictiva, que fue capturado el pasado 15 de julio en Tamaulipas.

Ambas mujeres se declararon culpables como cómplices en el delito de lavado, por lo que el juez de Austin Texas, determinó que deberán purgar una condena de tres y dos años de prisión, respectivamente.

Junto con ellas, fueron sentenciados cuatro entrenadores profesionales de caballos, Eusevio Maldonado Huitron, quien fue sentenciado a ocho años; Adán Farías y Felipe Alejandro Quintero, purgarán una condena de tres años, mientras que Raúl Ramírez pasará un año en prisión.

Vamos a continuar señalando a las empresas e individuos que apoyan las redes de Esparragoza Moreno, su socio criminal Rafael Caro Quintero, y otros líderes del cártel de Sinaloa.

Nuera de proveedor de ‘El Chapo’, sería hija de funcionario de ‘Malova’

REDACCION  Febrero 27, 2014    8:24 pm

Gabriela Amarillas, a quien el departamento de Estado de EU liga con Hugo Cuellar Hurtado, es identificada por Río Doce como hija del subsecretario de Finanzas, Gildardo Amarillas


Gabriela Amarillas López, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifica como nuera del México-colombiano Hugo Cuellar Hurtado —proveedor de cocaína de Joaquín El Chapo Guzmán—, sería hija del subsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Gildardo Amarillas.

Así lo informa el portal de noticias Río Doce, en una nota informativa con que lleva el siguiente titular: “Hija de funcionario de Malova es boletinada como socia del ‘Chapo’”.

Malova es el acrónimo del nombre del gobernador del estado, Mario López Valdez, quien también ha sido señalada de haberse reunido en la comunidad de La Tuna, con El Chapo Guzmán, sin que hasta ahora se haya comprado el presunto vínculo.

Gildardo Amarillas López asumió el cargo de subsecretario de Administración y Finanzas tras la renuncia de Arturo Duarte García, quien en 2012 decidió contender por la alcaldía de Ahome.

Antes Amarillas López ocupaba el cargo de subsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa.

Hoy el Departamento del Tesoro impondrá sanciones financieras a siete personas y 10 empresas, entre ellas varias colombianas, acusadas de tener vínculos con el cártel de Sinaloa que lideraba el capo recién capturado Joaquín El Chapo Guzmán.

La Oficina de Control de Bienes a Extranjeros (OFAC) informó que sancionará a Hugo Cuéllar Hurtado, quién trafica drogas desde hace décadas y trabajó para el cártel de Medellín antes de proveer cocaína a la gente de El Chapo a fines de los 90.

La misma dependencia anunció acciones de decomiso y aseguramiento de bienes contra un colombiano identificado como un importante abastecedor de cocaína de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

Junto a Cuéllar Hurtado, el Departamento del Tesoro nombró a seis personas más, todos familiares de éste, además de una docena de negocios en ambos países, todos los cuales quedaron sujetos a acciones de decomiso y aseguramiento por parte de autoridades estadunidenses.

El resto de los designados son su esposa Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez, sus hijosJohn Fredy Cuellar Silva, Jenny Johanna Cuéllar Silva, Víctor Hugo Cuéllar Silva, su nueraGabriela Amarillas López, además de Lucy Amparo Vargas Núñez, quien maneja sus bienes en Colombia.

Los negocios sujetos a estas acciones identificados por la OFAC incluyen entre otros Agrícola y Ganadera Cuemir y Cooperativa Avestruz Cuemir, en el estado mexicano de Jalisco, además de Agro y Comercio de Santa Bárbara Lagromer y la Compañía Agro Comercial Cueta, en Colombia.

Secretario del Tesoro de EU tratará aquí redes del narco

Notimex

Periódico La Jornada
Sábado 15 de marzo de 2014, p. 10
Washington, 14 de marzo.

La cooperación entre Estados Unidos y México para atacar las redes financieras del narcotráfico será un tema que el secretario del Tesoro, Jack Lew, abordará durante su visita al país la próxima semana, informó una fuente oficial.

No esperamos anuncios específicos, pero el secretario continuará la discusión sobre la colaboración con autoridades mexicanas, tanto con (la secretaría de) Hacienda como con (encargados) del combate de narcóticos, declaró un oficial del Departamento del Tesoro.

Lew estará el martes en la ciudad de México como parte de la gira internacional que realizará a partir del próximo lunes. Se prevé que se reúna por separado con el presidente Peña Nieto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.

De acuerdo con la dependencia, el funcionario enfatizará la importancia de la cooperación continua para combatir el lavado de dinero.

El gobierno de EU congela cuentas a familia de Jalisco que “lavaba” dinero para “El Azul” y Rafael Caro Quintero

Por: Redacción / Sinembargo - abril 10 de 2014 - 15:52


Esquema de operación del supuesto grupo delictivo. Foto tomada del Diario de Juárez.



Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo/ Diario de Juárez).– El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), congeló las cuentas a diez empresas y a cinco personas vinculadas a la familia de los Sánchez Garza, una organización de lavado de dinero establecida en Guadalajara que comenzó a operar en beneficio de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, en los años ochenta.

En un comunicado emitido hoy desde Washington, el gobierno estadounidense informó que conforme a la Ley Kingpin, la acción de hoy prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con estos individuos y empresas, y congela cualquier activo que puedan tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

“La designación de hoy se centra en un grupo cuyas operaciones inmobiliarias y enlaces aparentemente legítimos tienen su origen en las actividades ilícitas de las organizaciones de tráfico de drogas de Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno”, dijo el director de la OFAC del Departamento del Tesoro, Adam J. Szubin.

En junio de 2013, la OFAC designó a los miembros de la red de los Sánchez Garza, responsables del desarrollo de comunidades residenciales en Zapopan, Jalisco, en beneficio de Caro Quintero, y que también han invertido en una propiedad previamente designada Provenza Residencial de Esparragoza Moreno.

Los designados incluyen a Mauricio Sánchez Garza acusado formalmente en el Distrito Oeste de Texas (San Antonio), por un cargo de conspiración para lavar dinero y a la fecha se encuentra fugitivo por dicho cargo.

La designación de hoy incluye también a tres primos de los hermanos Sánchez Garza previamente designados: José Sánchez González, Fernando Sánchez González y Javier Sánchez González, quienes están involucrados en la construcción de varias propiedades con la familia Sánchez Garza y que tienen vínculos con las empresas previamente designadas de los Sánchez Garza.

La OFAC también designó hoy a los siguientes miembros de la familia Sánchez Garza por actuar en nombre de las previamente designadas: María Aurora Sánchez Contreras y Eva Luz Rosales Morfín, las respectivas esposas de Diego Sánchez Garza y José de Jesús Sánchez Garza. Las empresas designadas hoy incluyen nueve empresas de desarrollo inmobiliario y un restaurante, Bocados de Autor, SA de CV (alias Lucrecia Bar).

La OFAC ha designado a más de mil 300 empresas y personas vinculadas a 103 cabecillas del narcotráfico conforme a la Ley Kingpin desde junio de 2000. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta mil 075 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas.

El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas por violación criminal de la Ley Kingpin de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos.

Por: Redacción / Sinembargo - abril 11 de 2014 - 15:30
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Nueva York, 11 Abr (Notimex).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a una unidad del banco Citigroup en California por no informar sobre transacciones sospechosas que podrían involucrar a posibles narcotraficantes, reveló hoy The Wall Street Journal (WSJ).

El diario apuntó que el Departamento busca determinar si la unidad del banco falló en alertar al gobierno sobre transacciones bancarias sospechosas en la frontera entre México y Estados Unidos “que en algunos casos involucraban a supuestos miembros de cárteles de la droga”.

Según fuentes que conocen la investigación, pero que no fueron identificados por el diario, los fiscales de Estados Unidos intentan saber la razón por la que el banco no emitió informes sobre sus sospechas en torno a esas transacciones.

El diario asentó que la investigación subraya “la amplitud de los problemas” que encara Citigroup, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos rechazara su plan de capitalización y del supuesto fraude que su sufrió su filial en México, Banamex.

En marzo pasado, Citigroup informó que un gran jurado emitió órdenes de comparecencia para investigar su unidad Banamex USA, con sede en California, por posibles fallas en sus controles contra el lavado de dinero y por probables violaciones al secreto bancario.

http://www.sinembargo.mx/11-04-2014/959913

Desconocemos en PGR detalles de la narcolista”

Pedirán a EU la extradición de 'El Vicentillo', pero no se entregará a 'El Chapo', asegura.

Redacción 15/04/2014 01:38 AM

México

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aceptó no tener conocimiento de la narcolista que dará a conocer la Secretaría de Hacienda para impedir a personas y empresas ligadas al crimen organizado y el terrorismo realizar operaciones en el sistema financiero.

En entrevista con Enrique Campos, en el espacio radiofónico de Joaquín López-Dóriga, dijo que de "manera formal" no tiene conocimiento del tema anunciado por el titular de Hacienda, Luis Videgaray, en una visita a Estados Unidos.

—¿Esta lista negra la manejará PGR o Hacienda?

—Hasta este momento la PGR no tiene conocimiento de eso.

—¿Se enteró por la prensa?

—No, tengo más (información), pero formalmente no (sic).

"Desconozco los detalles. Pueden ser cuestiones de orden fiscal, pueden ser, no sé... cualquier cosa que diga es una especulación", señaló Murillo Karam, y dijo que una vez que regrese Videgaray lo buscará para hablar del tema.

—Cualquier información es buena para combatirlos, ¿no?

—No tengo la menor duda, ha sido la mejor vía que hemos tenido en el último año.

El sábado pasado, en Washington, Luis Videgaray señaló que gracias a la recién aprobada reforma financiera, "por primera vez tenemos capacidad de emitir una lista que impida a cualquier institución financiera hacer transacciones con estos individuos".

Precisó que el gobierno federal se apoyará en las listas de la Organización de Naciones Unidas y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"La ley nos faculta para hacer propias las listas de organismos multilaterales, particularmente la lista de la ONU, que es una lista que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo. Y listas de este tipo, como la que tiene OFAC en Estados Unidos", agregó el titular de Hacienda.

Detalló que para realizar la lista hay un proceso de consulta con Estados Unidos, porque la ley faculta a la Secretaría de Hacienda a adoptar resultados de la investigación de ese país para prohibir operaciones financieras con estas personas o empresas.

Sobre la situación de Jesús Reyna, ex secretario de Gobierno de Michoacán, arraigado 40 días, Murillo Karam dijo que cuenta con evidencias de sus vínculos con el crimen organizado.

"Lo que estamos determinando es hasta dónde este acercamiento tiene carácter delictivo y, de serlo, cuáles son los tipos de delito y la gravedad de los mismoa", agregó.

También señaló que México gestionará ante Estados Unidos la entrega de Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, al margen del arreglo que hizo ese país con el detenido.

"Los tratados de extradición señalan con toda claridad que una vez que se cumpla la sentencia en un país (los detenidos) tienen que regresar al otro para cumplirla", declaró.

En tanto, sobre la eventual extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, reveló que no existe "ninguna intensión de mandarlo" a ese país. Reveló que tampoco hay una solicitud formal del gobierno de Barack Obama ni ha habido un acercamiento oficial.

Hay 321 mexicanos y 207 empresas en la 'narcolista'
Desde 2000 hasta abril del presente año los estadunidenses han señalado a nacionales, entre los cuales hay líderes del narcotráfico, además de familiares, prestanombres y otras empresas.

Rubén Mosso 17/04/2014 01:22 AM

México

Durante más de 15 años la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha boletinado a cientos de personas y empresas que guardan relación con el narcotráfico o con actividades de terrorismo en todo el mundo.

En ese periodo los estadunidenses han señalado y ordenado congelar las cuentas de 321 mexicanos y 207 empresas que tienen su sede en territorio nacional y que supuestamente se constituyeron con ganancias del tráfico de drogas y acciones violentas.

Ahora los avisos que se dan cada mes o quincenalmente sobre los presuntos criminales que se dedican a lavar dinero pretenden ser usadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para alertar a los mexicanos de que se abstengan de realizar negocios con los sospechosos.

En Estados Unidos la OFAC es la encargada de realizar los señalamientos conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin que entró en vigor en 1999).

Dicha ley prohíbe a los ciudadanos de ese país a realizar transacciones financieras o comerciales con individuos y compañías; también congela los bienes que los sospechosos puedan tener dentro de esa nación. Quienes no respetan el ordenamiento se hacen acreedores a sanciones multimillonarias e incluso pueden ser llevados a prisión.

Desde 2000 a abril del presente año los estadunidenses han señalado a 321 mexicanos, entre los cuales hay líderes del narcotráfico, además de familiares, prestanombres y empresas (contra las que no hay sentencias) para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Algunas de las personas o negocios que han sido señalados han protestado públicamente y rechazado las acusaciones en su contra.

El pasado 12 de abril, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró en Washington que la dependencia a su cargo emitirá una lista de personas y empresas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y actividades de terrorismo para impedirles realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier institución del sistema financiero.

Mencionó que gracias a la recién aprobada reforma financiera, "por primera vez tenemos la capacidad de emitir una lista y que ésta impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estos individuos." El gobierno federal, abundó, se apoyará los listados de la Organización de Naciones Unidas y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta medida es desconocida por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien desde el comienzo de su gestión se ha caracterizado por no mencionar a las personas investigadas.

PERSONAJES

En 2000 la OFAC señaló por vez primera a 12 personas pertenecientes a los cárteles de Juárez, de Colima, de Sinaloa y de Tijuana de ser las cabezas de dichas organizaciones criminales y lavar dinero.

Entre ellos están José de Jesús Amezcua Contreras (de Colima), conocido como El Rey de las Metanfetaminas; los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix (Tijuana); Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy (Juárez) y a Rafael Caro Quintero (Sinaloa).

Un año después, se advirtió sobre siete mexicanos más: José Álvarez Tostado (Juárez); Osiel Cárdenas Guillén (líder del cártel del Golfo y Los Zetas); Miguel Ángel Caro Quintero (Sinaloa) y Joaquín El Chapo Guzmán (cabeza de Sinaloa), entre otros.

Y así lo han hecho sucesivamente con los nuevos grupos, como Los caballeros templarios, quien nación de una escisión del cártel de La Familia michoacana.

El 31 de enero de 2002 la OFAC señaló a las primeras ocho empresas en territorio mexicano que servían para lavar las ganancias de los hermanos Arellano Félix, e incluso señaló a Enedina, hermano de los capos de encargarse de tales operaciones.

Las compañías mencionadas como ilegales son Accesos Electrónicos, Administradora de Inmuebles Vida, ADP, Distribuidora Imperial de Baja California y Farmacia Vida Suprema, por mencionar algunas.

Otro ejemplo es el de Blanca Cazares Salazar, La Emperatriz, quien fue "descubierta" por Estados Unidos como una de las principales lavadoras del actual líder absoluto del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

Están dedicadas a la venta de zapatos, ropa, accesorios y cosméticos en ciudades como León, Acámbaro y Celaya, la mayoría de las cuales son sucursales de firmas establecidas en otras entidades del ...
Redacción 23/04/2014 01:05 AM

México

Empresas que se dedican a la supuesta venta de zapatos, accesorios, cosméticos y ropa, establecidas en León, Dolores Hidalgo, Salamanca, Acámbaro y Celaya, forman parte de la lista de los nombres vinculados con grupos del crimen organizado que hizo pública el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La lista se integra por nombres de personas físicas y morales de diferentes países, en la que se incluye a México. La mayoría de los domicilios que están dados de alta en el país se ubican en Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Estado de México, Guerrero, Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Puebla, Morelos y Coahuila.

En su página de internet, el Departamento del Tesoro publica en el apartado de Centros de Recursos y sanciones financieras, la denominación "Lista de Nacionales Especialmente Designados", que se emitió el pasado jueves 17 de abril.

De cada una de las empresas físicas y morales se da a conocer domicilio, RFC, fecha de alta y los lugares en los que tiene presencia; en el caso de las personas físicas, también cuentan con el CURP y hasta número de licencia o serie de la cartilla militar.

De las empresas en Guanajuato, la mayoría son sucursales que tienen base en el Distrito Federal o Jalisco.

En la lista se encuentran firmas de calzado como CX Inspira, CX Moda, CX-Shoes, todas relacionadas con Pronto Shoes, que operó en León, en avenida Tecnológico 210, del fraccionamiento Industrial Julián de Obregón. Hoy en ese domicilio está una oficina de seguridad privada.

Mientras que Chika's, Accesorios y cosméticos, Importclub, Sinmex Importadora S A de C V (que son una misma empresa e inclusive se promociona en Facebook) tiene su sede en el Distrito Federal y en León opera en la zona centro.

Esta empresa también está relacionada con Comercializadora Jalsin o Jalzin, con domicilio en Guadalajara, que opera en León, en la calle Reforma, esquina Comonfort local 11.

A la lista se suma El Baño de María, una compañía dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, con sede en Guadalajara y cuenta con una sucursal en Celaya.

Entre las personas físicas se encuentran Ramón Ulises Carbajal Reyes, Rigoberto Dias Paniagua, Esteban Morfín Rodríguez y Esteban Rodríguez Jiménez.

Estos nombres se dieron a conocer luego de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, visitó Washington, donde anunció que la dependencia emitiría en los próximos días una lista de personas y empresas relacionadas al narcotráfico para impedirles realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier institución del sistema financiero.

Dijo que elaborarían la lista con base en datos de organismos nacionales o extranjeros.

Lavador de ‘El Chapo’ anda libre en EU tras llegar a acuerdo; tiene cuentas pendientes en México
La Redacción
1 de junio de 2014
Narcotráfico

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Un cerebro financiero de los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Colombia, principal implicado en el caso de lavado de dinero del narcotráfico en la Casa de Cambio Puebla, goza de libertad en Miami, Florida tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según información que publica el diario Reforma, Pedro Alfonso Alatorre Damy El Piri, fue detenido el 8 de noviembre de 2007 en su casa en Huixquilucan, Estado de México y encarcelado en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz.

Luego fue sujeto a un proceso de extradición y dos juicios penales por delitos que cometió en México.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) lo identificó como el personaje que manejaba una red financiera internacional que usaron los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Colombia para adquirir 12 aeronaves que transportaron 15 toneladas de cocaína.

Alatorre Damy fue extraditado a Estados Unidos el 9 de noviembre de 2012 pero pronto selló un acuerdo con el Departamento de Justicia estadunidense, pues a cambio de declararse culpable de un solo delito (conspiración para lavar dinero), la justicia de aquel país le retiró 54 cargos federales por blanqueo de activos del narcotráfico.

El 12 de abril de 2013 la Corte Federal lo condenó a 65 meses de prisión, sentencia que compurgó desde hace más de un año, detalla Reforma.

El Piri quedó en libertad el 22 de abril de 2013 y a pesar de que existía una orden del juez para que fuera puesto a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ser deportado a México, el sujeto goza de libertad en Miami.

En México, Alatorre Damy podría ser condenado a un mínimo de 20 de años de cárcel sólo por el delito de delincuencia organizada, que significa cuatro veces más que su condena en Estados Unidos.

Presuntamente El Piri litiga ante tribunales migratorios su remoción o deportación a México.

Alatorre tiene dos juicios pendientes en México por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud en la modalidad de fomentar el narcotráfico.

Detiene la DEA a hijo de exalcalde coahuilense
La Redacción
3 de junio de 2014
Narcotráfico


MÉXICO, D.F. (apro).- Elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) detuvieron el pasado fin de semana a 27 coahuilenses por delitos federales, principalmente lavado de dinero, entre ellos a Remberto Castro Pérez, hijo del exalcalde del municipio de Morelos, Remberto Castro Escobedo.

El operativo comenzó el pasado viernes y culminó la noche de ayer con el arresto del hijo del exfuncionario morelense. La mayoría de los detenidos son comerciantes y residentes del municipio de Morelos, Coahuila.

Hasta los nombres de los detenidos se mantienen bajo reserva porque la investigación sigue su curso.

Lo único que se sabe es que entre las personas arrestadas se encuentran varios comerciantes del municipio de Morelos, ubicado en la Región Cinco Manantiales de Coahuila, que son propietarios de negocios como gaseras, ferreterías y distribuidoras de pinturas.

El presente es uno de los golpes más duros asestados en los últimos años por la DEA a las redes criminales que operan a lo largo de la región fronteriza.
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ed de políticos de Coahuila lavó sobornos del narco y de contratistas, sospechan los gobiernos de Texas y EU

Por: Redacción / Sinembargo - agosto 3 de 2014 - 17:08
De revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 1 comentario



El ex tesorero Héctor Villarreal es acusado de enviar sobornos de México a Texas. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– Autoridades federales y estatales de Texas investigan a una red de empresarios y ex funcionarios de Coahuila, durante el mandato del ex Gobernador priista Humberto Moreira Valdez, que se trasladaron a San Antonio durante los últimos siete años donde, afirman los fiscales, lavaron millones de dólares en sobornos provenientes de cárteles de la droga y de contratistas de esa entidad, reportó el diario San Antonio Express-News.

Los más recientes problemas en el estado, afirmaron las autoridades estadounidenses, son los narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y funcionarios de alto rango que lavaron más de 35 millones de dólares en sobornos para contratos estatales.

Los fiscales han confiscado decenas de millones de dólares en bienes raíces en San Antonio, los cuales, aseguran, fueron saqueados del gobierno de Coahuila desde el 2007 durante el mandato del ex Gobernador Humberto Moreira.

Además, basados en entrevistas, documentos y registros, han presentado demandas para confiscar cuentas de bancos y propiedades, entre ellas, un centro comercial y restaurantes.

Entre los acusados está el ex tesorero estatal, Héctor Javier Villarreal Hernández, acusado de enviar sobornos de México a Texas; varios empresarios propietarios de casas en San Antonio, y Jorge Juan Torres López, el ex Gobernador interino de Coahuila en 2011, quien para las autoridades de EU tiene calidad de prófugo.

El fiscal Cliff Herberg acusó a Villarreal Hernández de obtener fondos a partir de un contrato inflado con una empresa extractora de mineral controlada por los Zetas.

El Senador panista Fernando Salazar dijo al San Antonio Express-News que el ex tesorero Villarreal y el ex Gobernador interino Torres fueron las personas más cercanas al ex Gobernador Moreira, a quien señaló como el culpable directo de “todo este lío”.

Moreira Valdés es requerido por las autoridades texanas como testigo junto con el actual Gobernador coahuilense, su hermano Rubén Moreira.

En noviembre pasado, Villarreal Hernández y Torres López fueron acusados formalmente ante una corte federal de delitos financieros.

La acusación señala que Villarreal y otras personas realizaron “transacciones financieras relacionadas con el producto de una actividad ilegal”.

Además se estableció que, como parte del esquema, Villarreal transfirió fondos dentro y fuera de Estados Unidos con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza, el origen y la propiedad de los fondos procedentes de actividades delictivas.

Villarreal era buscado desde hace dos años, luego que autoridades federales y del estado de Texas presentaran ante distintas cortes demandas para decomisarle millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades, relacionadas con delitos de lavado de dinero.

Sin embargo, el ex funcionario de Coahuila se entregó en febrero a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, y fue trasladado a una cárcel de San Antonio. Los fiscales que siguen su caso alegan que blanqueó millones de dólares en Texas, producto del tráfico de drogas, el soborno, la malversación de fondos y fraude.

Al respecto, Héctor Javier Villarreal García, padre de Javier Villarreal Hernández, afirmó que el ex Gobernador Humberto Moreira es el único autor del megafraude del que se le acusa a su hijo.

“Mi hijo es inocente, de eso no me cabe duda. Aquí el único responsable es Moreira. Él era el Gobernador, él es el autor de todo esto”, indicó el padre del ex funcionario en una entrevista con El Norte del pasado 14 de febrero.

ACTUALIZADO - 04/08/2014
19:18:02

ESTADOS UNIDOS - 09/01/2013 13:17:00
Señalan a principales figuras de Cartel de
Sinaloa

Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos, a través de la Oficina
de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC)
anunció hoy la designación de dos operadores
claves del cártel de Sinaloa, incluyendo a un
importante lugarteniente del cártel y al suegro
del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín
“Chapo” Guzmán Loera. La acción de hoy, en
conformidad con la Ley de Designación de
Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley
Kingpin) prohíbe a los estadounidenses realizar
transacciones financieras o comerciales con
estos dos individuos y también congela
cualquier activo que puedan tener bajo la
jurisdicción de los E.U.

OFAC está designando al lugarteniente del
cártel de Sinaloa Dámaso López Núñez por su
rol en actividades de tráfico de narcóticos para
Joaquín "Chapo" Guzmán Loera y por tener un
papel significativo en el tráfico internacional de
estupefacientes. López Núñez, alias "El
Licenciado," asistió a Guzmán Loera a
escaparse de una prisión federal mexicana en
2001. Él se convirtió desde ese momento en
uno de los altos líderes del cártel de Sinaloa,
el cuál es responsable de múltiples envíos de
toneladas de narcóticos desde México hacia
Estados Unidos. La OFAC además designó a
Inés Coronel Barreras por su papel en las
actividades de tráfico de estupefacientes de
Guzmán Loera. Inés Coronel Barreras es el
padre de Emma Coronel Aispuro, quién es la
tercera esposa de Guzmán Loera. El Presidente
de los Estados Unidos previamente identificó a
Joaquín Guzmán Loera y al cártel de Sinaloa
como importantes narcotraficantes extranjeros
conforme a la Ley Kingpin en 2001 y 2009,
respectivamente.

"Hoy, OFAC designó al hombre de confianza y
al suegro del Chapo Gúzman," dijo el Director
de OFAC, Adam J. Szubin. "Trabajando con
nuestros socios de procuración de justicia a
nivel federal, continuaremos investigando los
bienes y la infraestructura del cártel de
Sinaloa, dondequiera que se encuentren."

La acción de hoy, no hubiese sido posible sin
el respaldo de la Administración para el
Combate de Drogas (DEA).

Internacionalmente, OFAC ha designado a más
de mil 200 empresas e individuos con vínculos
a 97 cabecillas del narcotráfico desde junio del
2000. Las violaciones a la Ley Kingpin pueden
ser castigadas con multas de hasta mil 075
millones de dólares por cada violación y penas
criminales más severas. Las multas criminales
para los directivos de empresas pueden ser
hasta de 30 años en prisión y multas hasta de
5 millones de dólares. Multas criminales para
las empresas pueden alcanzar los 10 millones
de dólares. Otros individuos pueden enfrentar
hasta 10 años en prisión por violaciones a la
Ley Kingpin y multas conforme al Título 18 del
Código de Estados Unidos.

Libre, operador del cártel de Sinaloa condenado en EU
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 10 de septiembre de 2014, p. 11

El juzgado cuarto de distrito condenó a 12 años y seis meses de prisión a dos empleados de la casa de cambio Puebla, en la que realizaban lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

La sentencia fue emitida por la juez Taissia Cruz, titular del juzgado cuarto, quien halló penalmente responsables a Eduardo Sánchez y Juan González de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, fundamentalmente bajo la hipótesis de adquirir una flota aérea que transportaba cocaína.

Por esos mismos hechos fue condenado, pero por un tribunal de Estados Unidos, el sinaloense Pedro Alatorre Dami, El Pirri, quien recibió una condena mucho menor (cinco años con cinco meses) y actualmente está en libertad tras haber compurgado una pena por el delito de lavado de dinero.

De acuerdo con los registros judiciales de este caso consultados en el juzgado cuarto de distrito, El Pirri era jefe de Juan González y Eduardo Sánchez; estos dos últimos se encuentran detenidos en un reclusorio en la ciudad de México.

Los ahora sentenciados no sólo purgarán una condena de más del doble de temporalidad que la de Alatorre Damis, sino también deberán pagar una multa de 268 mil 650 pesos.

La casa de cambio Puebla fue desmantelada en noviembre de 2007 por elementos de la Policía Federal, luego de descubrirse que el cártel de Sinaloa y la agrupación criminal colombiana Norte del Valle lavaron millones de dólares por intermediación de ese establecimiento cambiario, en un caso que contó con información aportada por la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) a las instituciones de inteligencia mexicanas.

Sánchez y González eran gerentes de la empresa cambiaria y específicamente la Procuraduría General de la República les imputó haber pagado en Estados Unidos el precio de aviones que en 2006 fueron asegurados en Colombia, Guatemala y México con un total de 15 toneladas de cocaína.

10 de septiembre de 2014 Escrito por La Redacción

MÉXICO, D.F. (apro).- En un operativo “sin precedentes”, más de mil policías del centro de Los Ángeles, California arrestaron a nueve personas y confiscaron más de 65 millones de dólares, provenientes del lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

Según un reporte de la agencia Associated Press, el llamado “Operativo Fashion Police” derivó también en decenas de órdenes de arresto y cateo.

La procuradora general de California, Kamala Harris, lo calificó como un “golpe probablemente histórico” contra el narcotráfico. En conferencia, aseguró: “Esto va a crear un enorme hoyo en las operaciones de estas organizaciones criminales transnacionales. Va a debilitarlos de manera significativa”.

El Fashion Police comenzó la mañana de este miércoles cuando agentes federales, estatales y locales llegaron a la zona de negocios de ropa conocido como el Distrito de Modas.

De acuerdo con la investigación previa de las autoridades, los acusados lavaban dinero a través de mercancía que enviaban de Estados Unidos a México. Las transacciones las realizaban intermediarios quienes, luego de vender los bienes en México, entregaban el dinero a los cárteles.

Así, el efectivo derivado presuntamente de la venta de cocaína, heroína y metanfetaminas no salía del terreno estadunidense, sino que se usaba para comprar más bienes en tiendas del Distrito de Modas y, con ello, completar el círculo del lavado del dinero.

Robert Dugdale, asistente del jefe de la División Criminal del Oficina del Procurador General, dijo que otros cárteles mexicanos probablemente estaban involucrados pero no dio más detalles porque la investigación continúa.

Según el reporte de AP, las autoridades policiacas buscan a otros presuntos narcotraficantes involucrados, incluyendo tres sospechosos en México.

El origen

El “Operativo Fashion Police” se originó luego de que autoridades federales estadunidenses presentaron tres demandas contra sospechosos por asociación ilícita para lavar de dinero, así como otros cargos sobre violaciones financieras.

Una ellas asegura que el Cártel de Joaquín El Chapo Guzmán usó un negocio en el Distrito de Modas para lavar dinero proveniente de pagos por el rescate de un estadunidense al que secuestró. Al parecer, la víctima era un exdistribuidor de drogas que fue tomado como rehén y torturado en un rancho en Culiacán, según las autoridades.

El reporte asegura que los familiares del rehén pagaron un rescate de 140 mil dólares entregados en una tienda en el Distrito de Modas. Posteriormente, el dinero fue repartido a otros negocios de la zona en montos menores para evadir a la ley y las autoridades.

Robert Dugdale, asistente del jefe de la División Criminal de la Oficina del Procurador General, aseguró que la ciudad de Los Ángeles se ha convertido en el “epicentro” del lavado de dinero del narcotráfico.

Agregó que el Distrito de Modas y otras zonas financieras con gran presencia hispana han servido para lavar dinero desde hace mucho tiempo.

No obstante, dijo que esta actividad ha aumentado desde el 2010, cuando México aprobó regulaciones financieras. A partir de ese año, cárteles han buscado otras maneras de lavar dinero, entre ellas, la que practican en Los Ángeles, actividad que iniciaron los cárteles colombianos años atrás.

“Diles en México que voy a ganar, que no me voy a morir aquí en Texas”
Francisco 'Pancho' Colorado, el veracruzano condenado a 20 años por comprar caballos de raza en EU con dinero de los Zetas, habla en exclusiva con Ciro Gómez Leyva desde la cárcel.
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Ciro Gómez Leyva 03/09/2014 07:55 AM

Bastrop, Texas

Diez y cuarto de la mañana del domingo 24 de agosto en la cárcel de Bastrop, un poblado sobre la carretera, a 20 minutos de Austin, Texas. El único custodio visible en la pequeña, limpia sala de recepción abre una puerta y seis pares de personas entramos al cuarto de locutorios. Mi pareja es uno de los abogados de Pancho. Locutorio 24. Del otro lado del cristal manotea afectuosamente un hombre que por las fotografías yo suponía colosal y bigotudo. Debe haber perdido unos 20 kilos. Antes de descolgar su teléfono, lanza un par de exuberantes abrazos al aire para no dejar duda de que está contento con mi visita. Nunca lo había visto en mi vida.

Pancho Colorado. ¿Cuánta gente lo recordará en México? Pancho Colorado, el hombre leyenda de Tuxpan, Veracruz, que compraba en Estados Unidos espectaculares caballos de carrera para los Zetas. Pancho Colorado sin bigote, con su traje de presidiario de rayas horizontales rojas y blancas, el piyama de los reos peligrosos. Dos años en la cárcel, apenas la décima parte de su sentencia por lavado de dinero, que él insistirá, recalcará, es producto de un juicio miserable, racista, plagado de corrupción, irregularidades, sustentado en testigos protegidos y mentiras.

--Veinte años por delante, Pancho.

--Quieren quedarse con mis 25 millones de dólares que tenía depositados en Florida y mis dos aviones de Houston. Por eso quería que vinieras, para que me vieras a los ojos, para que veas que estoy diciendo la verdad. Para que sepas que estoy desesperado.

--Usted compró en Estados Unidos caballos que eran para los Zetas.

--Hablémonos de tú, que somos de la edad –me propone como primer intercambio–. Todo fue bajo extorsión y lo puedo probar. Y no hay un dólar que no haya salido de mi empresa. Es imposible que haya habido lavado de dinero.

--¿Qué fue, entonces?

--Una extorsión, me mataban o mataban a mi familia si no los obedecía. Nos mandaban decir: si no pagas los caballos, despídete de tu vida o la de tus hijos, al que encontremos primero. Y es un asunto de caballos, c******a madre. Costaban 100 millones y se vendieron en ocho millones. Eso, quien sepa de caballos, te lo puede explicar muy bien. ¿O en serio creen que esa cantidad de caballos se iban a comprar con menos de 10 millones de dólares?

"Una extorsión, me mataban o mataban a mi familia si no los obedecía"


Una voz segura en el rostro de un cincuentón, entrecano, quizá todavía pasado de peso que, casi como segundo saludo, me muestra la parte inferior izquierda de su dentadura para explicarme que acaba de perder una muela por falta de atención médica.

--Tengo entendido que el servicio consular mexicano te ha apoyado poco –le digo.

--Cero –responde y hace el número con dos dedos de la mano izquierda.

--¡Cero!

--Cero. Ni siquiera han preguntado. Cero, redondito.

--¿Cuándo comenzaste a comprar caballos?

--En 2004. Caballos ganadores en México y Estados Unidos.

--Caballos para los Zetas.

--A ver, te explico –mueve la cabeza con el fastidio del especialista ante al neófito que soy--. Desde 2008, los Zetas nos forzaron a varios allá en Veracruz a comprar caballos de carreras muy costosos. Los Zetas ya sabían que yo era dueño de algunos de los mejores caballos de México. A mí me buscó Carlos Nayen, me dijo que los Zetas querían que los ayudara a escoger caballos ganadores en las subastas.

Carlos Nayen, hoy preso por el mismo delito que Pancho y a quien, según Pancho, conocía por cuestiones familiares.

--Yo era amigo de su abuelo –cuenta mientras se rasca nerviosamente la cabeza. Salvo por una dermatitis grave en los brazos y la muela recién perdida, parece estar en buena forma: física, mental, anímica--. Yo le dije que no a Nayen, pero me dijo que era a güevo.

Ahí habría iniciado todo. En el segundo semestre de 2009, asesorados por Pancho, Nayen y sus socios comenzaron a ganar subastas en Estados Unidos.

--Entonces Nayen me dijo que además de escoger los caballos, ¡tenía que pagarlos! Le dije que no y mandaron a un sicario de los Zetas, muy conocido por allá, con una nota manuscrita para el gerente general de ADT, mi empresa.

La nota decía: "Paga los caballos cabrón o chingamos a la familia Colorado". Firmaba "Yoyo". Pancho entregó el primero de 16 pagos para comprar caballos para los Zetas en un lapso de tres años.

--Pero lo más duro fue lo que venía. En septiembre de 2010, en la subasta de Ruidoso, Nuevo México, Nayen, junto con José Treviño, el hermano del Zeta 40, compraron 23 caballos por más de dos millones de dólares; dos millones 200 mil, más o menos. Y me obligaron a pagarlos.

--El segundo pago.

--Le dije a Nayen que ya no haría más compras y a los pocos días unos "desconocidos" --hace la señal del entrecomillado-- balearon mi casa en Tuxpan.

Para que nadie hiciera como que no había entendido, cuenta que días después de aquella agresión, otro de sus colaboradores recibió una nueva carta de "Yoyo" con esta advertencia: "Si no pagan los caballos, despídete de Colorado o de unos de sus hijos, al que encontremos primero".

De acuerdo con Pancho, animados por los reiterados éxitos, sin nadie que los contuviera, Treviño y Nayen compraron 12 caballos al inicio de 2011, por un total de 546 mil dólares.

--Fue en la subasta de Herritage Place, en Oklahoma City. De esa cantidad, me obligaron a pagar 132 mil dólares. El resto lo pagó Alejandro Barradas, otro empresario de Veracruz forzado. Después de eso, Barradas se quiso liberar, dijo que ya no quería que los caballos estuvieran a su nombre, y lo asesinaron los Zetas. Así de cabrón estaba. Te lo digo a los ojos.

El modus operandi se repitió en septiembre de 2011. Nayen y su gente compraron 18 caballos en Ruidoso por 2 millones 350 mil dólares, dinero que salió también de las cuentas de ADT. El mismo mes, se adquirieron otros 23 caballos en la subasta de Heritage Place. Colorado desembolsó un millón 300 mil dólares.

--Casi 4 millones de dólares en 2011, Pancho.

--Y todavía en noviembre, los Zetas me pidieron que pagara una compra adicional, pero ya no tenía liquidez y, la verdad, me dio miedo decirles que no tenía el dinero. Por eso le pedí el préstamo a Arian Jaff, de los préstamos Quick Loans, en San Diego.

--Entenderás que esto no es sencillo de creer.

--Te estoy diciendo la verdad.

Jaff habría pagado directamente, y por cuenta de Colorado, 733 mil dólares a Heritage Place. El préstamo habría sido saldado tiempo después con dinero de ADT.

--Pero por esos días tú fuiste a la boda de Nayen, en Jalapa.

--Me lo pidió mi abuela y después de que intentaron secuestrar a mi hijo –ataja--. Ya no aguantamos más y nos mudamos a Estados Unidos. Ya aquí, todavía tuve que pagar como 230 mil dólares por otra compra en enero de 2012.

**+**

Por esos días ocurrió un evento que tiñó definitivamente de sospecha a Pancho Colorado. Él ya vivía en Houston cuando se registró un enfrentamiento entre elementos de la Marina y los Zetas en la carretera que va de Alamos a Tuxpan. Describe que los marinos perseguían a los criminales. En la persecución, se desviaron por una brecha que conducía al rancho Flor de María, propiedad de Colorado. Entraron a toda velocidad, derribando la puerta de hierro. Ya adentro, abrieron fuego. Murieron dos zetas y fueron detenidas 26 personas. Las noticias dieron cuenta de que los Zetas habían repelido a la Marina fortificados en el rancho de Pancho Colorado.

Lo cierto es que los trabajadores fueron dejados en libertad días más tarde y el velador del rancho enfrentó cargos de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Por falta de elementos, también se le dejó en libertad.

"Una semana después de la detención, el gobierno de EU le canceló la visa y la Oficina de Control de Activos Extranjeros le congeló sus cuentas"


--Y al poco tiempo te detuvieron, Pancho.

--En junio, el gobierno de Estados Unidos reveló que había una acusación en contra de 19 personas, entre las cuales estábamos Nayen y yo. A Nayen lo detuvieron en California. Yo, en cambio, me presenté voluntariamente ante las autoridades el 14 de junio, en Houston, para explicarles lo que necesitaran sobre el caso. Su respuesta fue meterme a la cárcel y negarme el beneficio de la libertad bajo fianza.

Dos años han hecho que Colorado exprese con pulcritud de jurista los términos legales. La cárcel, dice, da mucho tiempo para pensar y aprender.

Una semana después de la detención, el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa y la Oficina de Control de Activos Extranjeros le congeló sus cuentas.

--Ahí me di cuenta de que tenían que agarrarme porque sí, y que querían quedarse con mi dinero. En la siguiente audiencia, me dijeron que yo no representaba ningún peligro para la sociedad, pero que no me otorgarían la libertad bajo fianza, porque estaba en peligro de que me mataran los Zetas. ¡Hazme el c******o favor!

Después de la audiencia, el gobierno estadunidense revocó también las visas de su esposa, María Salman; sus hijos Michel y José Antonio; su hermano Sergio; y su socio Ramón Segura.

--Y tal parece que tu primer abogado, Mike DeGeurin, no te defendió como esperabas.

--¡p$#@ madre! –echa la cabeza para atrás--. Lo contraté por su prestigio como penalista, pero no presentó los recursos que normalmente se ofrecen antes de un juicio y que iban a demostrar lo improcedente del caso. DeGeurin ni siquiera investigó, ni preparó las constancias de las amenazas de los Zetas. Carajo, ni siquiera presentó como evidencia que Nayen había declarado que yo era inocente y que todo el tiempo estuve amenazado por los Zetas.

--¿Por qué?

--¿Tú crees que por técnica? –me pregunta él.

--¡No sé, Pancho!

--Saca tus conclusiones. Tampoco presentó, aunque se lo pedí, las evidencias de que el dinero para comprar los caballos era mío, de mi empresa, y no de los Zetas. Tampoco se aseguró que comparecieran mis empleados que podían probar el origen del dinero para comprar los caballos. Con eso hubiera quedado más claro que el agua que yo no lavaba dinero del narcotráfico.

**+**

El gobierno de Estados Unidos acusó que ADT Petroservicios se fondeaba con el dinero de las actividades ilegales de los Zetas, y que Colorado utilizaba su negocio, en apariencia lícito, para canalizar dinero en México y Estados Unidos al grupo criminal a través de la compra y mantenimiento de caballos de carreras de cuarto de milla.

El abogado DeGeurin comprometió presentar en la Corte a los testigos que probarían la larga experiencia de Colorado en el negocio de los caballos, y que lo habría convertido desde tiempo atrás, entre otras cosas, en el principal generador de empleos en Tuxpan. Ofreció, además, presentar a un prominente contratista de servicios de seguridad, al que la familia Colorado contrató para protegerse de las amenazas y acciones de los Zetas. Pero terminó la etapa de pruebas y no presentó ninguna evidencia a la Corte y el jurado.

--Pero además me aconsejó que no testificara en mi propia defensa, a pesar de que yo lo quería hacer. Me discipliné, le hice caso y me chingué. Me chingó y me chingué.

**+**

Los actuales defensores de Colorado aseguran al día de hoy que el gobierno estadunidense jamás pasó de la duda razonable, no presentó evidencia alguna de que el dinero para la compra de los caballos derivaba de recursos y actividades ilegales.

Según los defensores, el gobierno de Estados Unidos contaba con 50 mil documentos, entre llamadas telefónicas grabadas y fotografías, y en ninguna de ellas había rastro de Pancho Colorado. En lugar de eso, afirman, su evidencia consistió en el testimonio de varios testigos protegidos.

Ponen como ejemplo el caso del testigo protegido Mario Alfonso Cuéllar, condenado por asesinato, quien afirmó que había visto a Colorado en varias carreras de caballos a las que también asistieron líderes de los Zetas. Pero Cuéllar no pudo identificar a Colorado en la propia sala donde se celebraba el juicio.

Hablan, asimismo, de José Carlos Hinojosa, sentenciado a 20 años por distintas actividades criminales. Él testificó que Efraín Torres, el Zeta 14, le dijo que ellos le daban dinero a Colorado. Hinojosa aseguró, incluso, que tenía registro de las transacciones de Colorado con los Zetas en una memoria USB que le confiscó el FBI, pero ni el USB ni la computadora fueron presentadas ante el jurado.

Refieren un caso más, el de Héctor Moreno. Él admitió ser narcotraficante, secuestrador y sicario de los Zetas, y dijo que escuchó que Colorado recibió dinero de los criminales para pagar los caballos. Su testimonio, según esto, le permitió pasar de prófugo a recibir la residencia legal en Estados Unidos, amén de una fuerte cantidad de dólares.

Durante el juicio, concluyen los abogados, se desacreditó también a Colorado sugiriendo un nexo entre su dinero y la política en Veracruz, pero no se probó nada.

--¿Apoyaste a Javier Duarte en la campaña de 2010?

--Sí, como muchos otros empresarios, pero ¿eso qué tiene que ver? –corta de tajo Colorado tapándose los labios–. Tengo documentado que todos los activos de mi empresa fueron adquiridos con fondos legales y legítimos, y que los contratos que nos otorgó Pemex se asignaron por nuestra capacidad única para enfrentar muy bien y remediar las contingencias ambientales provocadas por Pemex. Además, tenemos una experiencia demostrada como contratista eficiente. No teníamos retrasos, respetábamos los presupuestos.

--¿Nada de eso expuso el abogado DeGeurin?

--Tristemente, no lo hizo.

--Platícame de Alfonso del Rayo.

--Pues es un empresario de Veracruz al que secuestraron y torturaron los Zetas por nueve días. Lo soltaron sin rescate de por medio, muy madreado, lo tuvieron que someter a cirugía facial reconstructiva. Cuando lo dieron de alta, lo fue a ver Nayen para decirle que tenía que ir a Oklahoma a pagar unos caballos que compraron los Zetas, porque ese era el precio por haberlo dejado libre. Luego lo siguieron extorsionando.

--Él también fue testigo protegido.

--Así es, pero se limitó a decir que yo había ido a la boda de Nayen. Del Rayo no sabía de la relación amistosa con el abuelo de Nayen. A Del Rayo lo acusaron de lo mismo que a mí, pero a él sí le dieron la oportunidad de que explicara cómo hizo los pagos. Por eso, aunque teníamos cargos idénticos, las acusaciones contra él fueron desechadas. ¿Sabes por qué?

--Cuéntame.

--La única diferencia entre Del Rayo y yo es que a mí me requisaron mis cuentas en el UBS de Miami por 25 millones de dólares y me quitaron mis dos aviones que tenía en Houston. Si hubieran desechado las acusaciones en mi contra, los gringos me hubieran tenido que regresar el dinero y los aviones. Y luego dicen que la corrupción en México es muy grande. La verdad es que es una cosita comparada con la de aquí.

Hace una pausa para reflexionar, baja la voz.

--Esto que te estoy diciendo me va a costar muy caro, pero ya me desesperé de tanto tiempo, tanta mentira y corrupción. Además, como el caso ya estaba en los medios, ellos no se podían dar el lujo de quedar expuestos como que me habían acusado falsamente.

En la parte final del juicio, el gobierno llamó a declarar a un agente especial del Servicio de Recaudación Interna, Michael Fernald, esposo de la fiscal del caso contra Colorado, Michelle Fernald. Pese a la irregularidad procesal por el parentesco, el agente testificó que los fondos usados para comprar los caballos no pudieron haber salido de ADT. Por tanto, solo podrían provenir de los Zetas. El agente no acreditó documentos bancarios, pero se disculpó aduciendo que si no los revisó era porque no hablaba español.

El del agente Fernald es quizá el episodio más significativo del juicio. Un testimonio que tendría que haber sido descartado desde un inicio, pasó a convertirse en la carta ganadora de la fiscal, de la esposa del agente. Colorado fue sentenciado a 20 años de prisión y a perder su dinero y aviones.

--Ve el tamaño del fraude. Tenían la duda razonable, pero no presentaron una prueba y me condenaron. No probaron ni demostraron que un ciudadano mexicano lavara dinero en Estados Unidos. En otras palabras: la Corte creó una excepción mexicana para lavado de dinero, "la excepción Pancho Colorado" –vuelve a entrecomillar con los dedos.

--Cuéntame de Ramón Segura. ¿Tampoco tuvo nada que ver?

--Es mi contador y mi amigo. Le pedí que integrara todos los registros documentales y financieros para que no quedara duda de que yo no lavé dinero para los Zetas. Ya había venido aquí varias veces a Bastrop. Lo que no sabía es que los marshalls de aquí ubicaron a un informante en esta cárcel.

Uno de esos informante se llama Marcelino Aguirre y, de acuerdo con el relato de Colorado y sus defensores, fue quien presentó a un amigo suyo, Henry Garza, con Segura. Ocurrió en la propia cárcel de Bastrop. El pretexto que dio Garza es que él conocía al activista comunitario que Pancho Colorado andaba buscando para darle notoriedad a la injusticia de la que era víctima.

Segura y uno de los hijos de Pancho, Francisco Colorado Cebado, Panchito, se verían enredados en un complejo caso y fueron condenados a un año y un día por conspiración para sobornar a un juez. Ayer, finalmente, llegaron deportados a México (esta historia se publicó en mi columna de MILENIO el pasado lunes 1 de septiembre)

--¿Y te castigaron a ti también por este caso?

--Le dije a la Corte que podía confiar que mi hijo se presentaría a juicio. Y le dije que si no se presentaba, entonces yo renunciaría a la posibilidad de apelar mi sentencia de 20 años y aceptaría, sin chistar, que se quedaran con mi dinero y los aviones. A pesar de eso, le negaron la libertad bajo fianza a mi hijo y a mí me castigaron, me mandaron a una celda de aislamiento ¡seis meses! Y eso que el reglamento aquí en Bastrop prohíbe que te tengan aislado más de un mes.

Eso no es todo, concluye Pancho Colorado, y relata que el gobierno de Estados Unidos lo colocó ante la disyuntiva de liberar a Panchito si se desistía de apelar la sentencia de 20 años. Quid pro quo.

--Y, pues no. Me declaré culpable de conspiración para que mi hijo y Ramón Segura fueran declarados culpables de un delito menor, pero me reservé el derecho a apelar mi p****e sentencia.

--Todo se ve muy cuesta arriba, Pancho: 18 largos años más en Bastrop.

--Vamos a ganar la apelación. Esto es una injusticia. Te lo quería decir viéndote a los ojos. Te la pongo más fácil. Es plata o plomo, contra la justicia norteamericana. ¿Cuál te parece peor? Ya viví la primera en Veracruz. Estoy padeciendo la segunda. Pero vamos a ganar. A mí me extorsionaron, me forzaron a comprar los caballos, los compré con mi dinero. A lo mejor debí hacer otra cosa. Pero no hay delito, no hay lavado, no hay nada de eso. Ahora tengo abogados valientes.

--Y ganas de pelear en las cortes, por lo que veo.

--Yo no me voy a morir aquí. Diles en México que no me voy a morir aquí. Y diles que esto es una gran injusticia.

Ligan a exfuncionario de Sedesol con el Cártel de Sinaloa
La Redacción
11 de septiembre de 2014
Narcotráfico

MÉXICO, D.F. (apro).- Las autoridades estadunidenses vincularon al empresario y exfuncionario sinaloense Ignacio Muñoz Orozco, con el Cártel de Sinaloa.

El exdirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y exjefe de la oficina de Sedesol en Veracruz en 2010 forma parte de la red de empresas desmanteladas ayer en un operativo “sin precedentes” efectuado en la ciudad de Los Ángeles California, donde fueron detenidos nueve presuntos delincuentes y confiscados 65 millones de dólares al grupo criminal.

Según el portal electrónico del semanario sinaloense RíoDoce, Muñiz Orozco es dueño de una de las empresas –María Ferré— que presuntamente lavaban dinero al Cartel de Sinaloa.

El empresario fue presidente de la Canaco de 1991 a 2001 y tiene 31 tiendas de ropa en el país, ocho de las cuales se encuentran en Sinaloa. Actualmente, vive en la Ciudad de México.

“Nos hemos enfocado en las actividades de lavado de dinero en el Distrito de la Moda, basados en una gran cantidad de información sobre numerosas empresas que participan en el mercado negro del peso mexicano”, explicó ayer Robert Dugdale, asistente del fiscal de Estados Unidos, que supervisa la División Criminal en el Distrito Central de California.

En las acciones, agregó, también participó personal de Servicio de Impuestos Internos (IRS), y corporaciones locales y estatales de California.

Las autoridades estadunidenses aseguraron también que el Cartel de Sinaloa utilizó un negocio del Distrito de la Moda para aceptar y lavar dinero proveniente del rescate de un ciudadano estadunidense, secuestrado por el grupo criminal y torturado en una finca en México.

Otras dos acusaciones ejecutadas alegan que varios negocios de este distrito comercial de Los Ángeles participaron en el mercado negro de pesos mexicanos (BMPE).

El proceso consiste en que personas que necesitan ‘lavar’ dólares adquiridos en negocios ilícitos en Estados Unidos, principalmente el narcotráfico, contactan a un intermediario en Los Ángeles.

El intermediario busca negocios en el extranjero, en este caso en México, que compran productos a vendedores de Estados Unidos y que necesitan dólares para pagar por esa mercancía.

El intermediario hace arreglos para que los dólares obtenidos ilegalmente les sean entregados a los vendedores con base en Estados Unidos.

Una vez que los productos enviados a México son vendidos, los comerciantes de ese país entregan el dinero adeudado en pesos al intermediario, quien a su vez hace el pago al traficante de drogas, completando el ciclo de lavado.

Las empresas Pacific Eurotex, QT Maternity and Andres Fashion, Yili Underwear y Gayima Underwear de Los Ángeles, y María Ferre –propiedad de Ignacio Muñoz Orozco- de México fueron señaladas como los principales negocios de una lista de cerca de 20 que han participado en el lavado de dinero.