San Quintín: un ejemplo de los tiempos renovados de desprecio y deshumanización

Muy antiguos en la historia  los nombres de lo que ocurre en el olvidado valle de San Quintín: racismo, explotación, injusticia. Nada nuevo bajo el sol de Baja California donde indígenas jornaleros tuvieron como respuesta del gobierno a sus peticiones justas una lluvia de balas de goma, de gas lacrimógeno y de órdenes de arresto por cometer el gravísimo pecado de pelear por sus legítimos derechos laborales.

Ellos habían permanecido en paro laboral durante más de 30 horas, pidiendo ponerle fin al acoso sexual en los campos y recibir mejoras salariales, entre otras peticiones. Nada nuevo bajo el sol en el Valle de San Quintín, donde generaciones de vidas agrietadas por la penuria llegan y se van con su amargura. Donde los propietarios se agarran a sus posesiones, a sus ganancias, y donde la tierra como testigo es la que siempre permanece.

Las peticiones de los jornaleros indígenas no eran una sorpresa para las autoridades, pues se las habían presentado ya al gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, del derechista Partido Acción Nacional, desde hace cinco meses, incluyendo solicitudes tan pertinentes como estas:

Que el salario de 110 pesos al día por una jornada de 12 horas, se incremente a por lo menos 300 pesos.

Que la jornada laboral sea disminuida al número de horas de Ley y no a las doce horas que trabajan actualmente.

Que los jornaleros sean afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que no cuentan actualmente con prestaciones sociales de ninguna clase.

Que les den vacaciones.

Que se respete el séptimo día de descanso y que las horas extra sean a voluntad y pagadas de manera adicional.

Desde hace décadas, el escritor y periodista estadounidense, David Bacon, conocedor a fondo de la situación de los trabajadores agrícolas en México y en Estados Unidos, advertía en sus investigaciones que los salarios en el Valle de San Quintín fueron mantenidos “intencionalmente bajos para ofrecer fresas, tomates y otros productos agrícolas, más baratos, en ciudades como Nueva York o Los Ángeles”.

Hace muchos años  que los productores agrícolas de San Quintín miraron hacia el norte para desarrollar su imperio basado en el suministro de productos agro-industriales para el inmenso y lucrativo mercado estadounidense, apoyándose sobre los miles de trabajadores que emigran cada año de sus comunidades indígenas en situación de extrema pobreza en estados del sur y sureste de México como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz.

Son mixtecos, zapotecos, tiquis y nahuas, quienes en su mayoría viajan a Baja California para incorporarse a una fuerza laboral que en temporada alta llega a contar con varias decenas de miles de trabajadores jornaleros migrantes.

Algunos deciden irse más al norte para probar fortuna hacia Estados Unidos, dejando a sus mujeres y a sus hijos en Baja California, lo que muchas veces se ha traducido en abusos y violaciones a las mujeres, esposas o hijas que se quedaron desprotegidas por la ausencia de la figura masculina.

En diciembre de 2014, una investigación de Los Angeles Times mostró a sus lectores cómo detrás del auge de la exportación de México, está la explotación y el abuso de los trabajadores agrícolas mexicanos: “Los consumidores estadounidenses obtienen toda la salsa, las calabazas y los melones que quieren comer a precios accesibles. Y las principales cadenas de Estados Unidos, como Wal-Mart, Whole Foods, Subway y Safeway, entre muchas otras, se benefician de los productos de los que han llegado a depender”.

Entre los descubrimientos que hizo Los Angeles Times están:

“Muchos trabajadores agrícolas están básicamente atrapados durante meses en campos infestados de ratas. A menudo sin camas y a veces sin baños que funciones o sin un suministro confiable de agua, mientras algunos mayordomos de los campos retienen ilegalmente los salarios de los trabajadores para impedirles que se vayan durante los periodos de cosecha”.

El diario menciona también que “es evidente el contraste entre la forma en que son tratados los productos agrícolas y la forma en la que son tratadas las personas que los producen”, quienes además de necesitar el “pan nuestro de cada día”, expresan su necesidad de dignidad y de respeto.

La situación de estos jornaleros indígenas mexicanos debiera sacudir la conciencia de la clase política mexicana, de las autoridades estatales y federales, de la sociedad en su conjunto, tanto en México como en Estados Unidos, pero proliferan desgraciadamente, cada vez más, los síntomas de una grave patología de indiferencia y hasta de estupidez como la demostrada hace unos días por la Diputada Federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz al decir que los migrantes “son un peligro para la ciudadanía” y que a donde llegan “ejercen la prostitución y matan”. (http://www.sinembargo.mx/23-03-2015/1290712)

“Quisimos mostrarnos, que nos vieran y comprendieran que los jornaleros somos hombres y mujeres de carne y hueso, no sólo manos para el campo. Tenemos rostro, nombre y familia; somos decenas de miles, porque junto a nosotros están nuestros hijos también jornaleros como lo han sido nuestros padres”, dijo recientemente  uno de los líderes del movimiento más grande de trabajadores agrícolas que se haya registrado en el valle de San Quintín , al sur de Ensenada.

“De uno en uno nos ven débiles, pero ahora saben que somos muy fuertes porque somos muchos y estamos unidos”, agregó el líder campesino de decenas de miles que se han unido para salir de su invisibilidad en un país donde fascina hablar cada vez más de clientes, competitividad, mercados, ganancias, empresarios, pero no así de trabajadores, derechos laborales o salarios justos; siendo la empresa Valladolid y Aragonés, según ha reportado la prensa local, propiedad de Manuel Valladolid Seamanduras, secretario de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California, una de las que más quejas recibe por parte de los jornaleros.

Nada nuevo bajo el sol en San Quintín, donde la posición aventajada de unos pocos se nutre de la desventaja de muchos que han decidido gritar contra su explotación silenciosa y rechazar el camino predestinado en el que  se les impone sin alternativa que “lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará”.

Debiera sacudir  las conciencias de los mexicanos y de quienes en Estados Unidos consumen los alimentos producidos por este dolor humano cubierto de piel indígena. Debiera sin duda sacudirlas, pero no hay nada nuevo bajo el sol, vivimos tiempos de renovados desprecios y menosprecios, de explotación, incomprensión, indiferencia y deshumanización.










fuente:http://hoylosangeles.com/san-quintin-un-ejemplo-de-los-tiempos-renovados-de-desprecio-y-deshumanizacion/

En San Quintín, rebelión contra un porfiriato del siglo XXI
Gloria Leticia Díaz
28 de marzo de 2015
Destacado
Se enfrentan policías y jornaleros en San Quintín. Foto: Semanario Zeta
Se enfrentan policías y jornaleros en San Quintín.
Foto: Semanario Zeta
Como en el porfiriato, en las fincas de Baja California los jornaleros son casi esclavos: trabajan de sol a sol y reciben como pago un puñado de pesos; viven en condiciones paupérrimas, sin agua potable ni electricidad, y la amenaza del despido pende siempre sobre sus cabezas. En cambio, los dueños de los ranchos se enriquecen en forma obscena. Llenar una caja de moras, por ejemplo, le reditúa al trabajador 14 pesos, aunque el precio de exportación de esa misma caja sea de 60 dólares. Hartos de esta explotación brutal, los jornaleros se organizaron y ya tienen en jaque al gobierno del estado.

VALLE DE SAN QUINTÍN, BC. (Proceso).- Como miles de sus paisanos expulsados por la pobreza lacerante del sur del país, Juan Hernández López, triqui de Oaxaca, escogió esta región como lugar de residencia hace 30 años.

Aquí se casó, nacieron sus ocho hijos, y es fundador de la colonia San Juan Copala y del Frente Independiente de la Lucha Triqui, la cual forma parte de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, agrupación que mantiene en vilo a la agroindustria de la región tras dos semanas de paro laboral.

Como los 70 mil jornaleros que trabajan en el Valle de San Quintín, 65% de ellos residentes, don Juan ha visto crecer fortunas de rancheros exportadores de fresa, mora, jitomate y pepino, entre otros productos.

Uno de ellos es su actual patrón, Juan Villalobos, dueño del rancho Santo Domingo, que alimenta a Moramex, una de las filiales de la estadunidense Berrymex, y con quien labora desde 2007. “Mi patrón nomás cultivaba dos hectáreas y ahora tiene 60 hectáreas, 14 camiones y siete mayordomos. Y yo, apenas hace ocho años empecé a construir mi casita y no la puedo terminar”.

Con la experiencia de pizcar las frutas y vegetales más selectos en las tres últimas décadas de su vida, don Juan presume llenar una caja de moras en un minuto, por lo que percibe 14 pesos. “Esa misma caja el patrón la vende a 60 dólares en Estados Unidos. Un día le pedí que me vendiera una caja para mi familia, y me la dio a 350 pesos”.

Pese al crecimiento de las empresas instaladas, las jornadas laborales se han mantenido inalteradas desde 2001, recuerda don Juan, uno de los voceros de la Alianza: “Desde entonces ganamos de 100 a 120 el día; entre ocho y diez pesos por caja de fresa, que ellos la venden a 50 dólares”.

Para el tomate, uno de los productos más devaluados en mano de obra pero altamente cotizados para la exportación, en ranchos como Los Pinos y El Vergel, el jornal obligatorio es de 35 botes de 20 pesos, por lo que los jornaleros perciben 120 pesos, pero a partir del bote 36, los 20 kilos de tomate valen un peso.

Don Juan trabajó 11 años en el rancho Los Pinos. De ahí fue despedido por enfrentarse a los mayordomos y al patrón. “Fui humillado, maltratado y discriminado, y como reclamé mis derechos me dijeron que ahí no cabían los políticos. No me dieron nada de retiro”.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación)
http://www.proceso.com.mx/?p=399677

Esta cabrona la situacion STAFF cobertura por favor.

Oaxaca, Oaxaca, abril 10.- La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del Valle de San Quintín, inició hoy 10 de abril un boicot comercial a la empresa Driscoll´s en Estados Unidos y a todos aquellos consorcios que esclavizan y abusan de las personas que trabajan en el campo de Baja California.
La acción internacional de protesta la complementarán con la realización de una mega marcha de trabajadores del campo, que tiene como objetivo mantener vivo el movimiento por mejores condiciones laborales y sociales.
“Nuestra gente en el Valle de San Quintín sufren muchas violaciones, en varios ranchos hay campamentos donde ni las autoridades pueden entrar, porque lo tienen prohibido. Tienen hasta 10 horas de jornada de trabajo y un salario mínimo de 110 pesos”, señaló Salvador Caballero Julián.
Salvador Caballero Julián, vicecoordinador del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional en Baja California explica que Driscoll’s y otras compañías comercializan frutas y legumbres producidas en San Quintín, donde trabajan miles de personas oaxaqueñas.
“En el Valle de San Quintín es temporada de fresa, después sigue el pepino y el tomate cherry”. Empresas que lamentablemente no tiene conciencia social y han crecido sus emporios a partir de la sangre y el sudor de las y los oaxaqueños.
“Las personas que trabajan ahí dicen que vale la pena sufrir y trabajar por una causa justa, ya no podemos seguir aguantando a los capataces”.
Uno de los problemas vinculados a la falta de regulación y vigilancia de los ranchos y empresas agrícolas que funcionan en Baja California Norte, es la relación de los dueños con los grupos políticos locales, además de que los políticos también son empresarios.
“Hay gobiernos detrás de esto, en el rancho Los Pinos tiene funcionarios de alto nivel, por lo mismo no hacen nada”.
Durante el pasado fin de semana hubo una protesta en solidaridad con las y los jornaleros del Valle de San Quintín desde Estado Unidos, un grupo de al menos 50 manifestantes obligó a la compañía Driscoll’s a cerrar su centro en Oxnard al norte de Los Ángeles.



fuente: http://monitoreconomico.org/noticias/2015/apr/10/inicia-boicot-internacional-contra-la-empresa-driscolls/

Demandan atención médica para las jornaleras de San Quintín enfermas
de cáncer y las embarazadas.

México, DF, 18 de abril.­ Lucila Hernández, jornalera del Valle de San Quintín, Baja California, pidió la intervención de diputadas y diputados federales para que garanticen que las trabajadoras embarazadas o con enfermedades graves, como cáncer, gocen de servicios de salud de calidad.

“Esta vez no venimos a hablar únicamente del aumento de salario o del precio de la fresa y el tomate, venimos en nombre de las jornaleras y jornaleros de todo el país que enfrentan lo mismo
que nosotros”, explicaron los representantes del movimiento.

Tras las movilizaciones en defensa de sus derechos laborales, primero en los campos agrícolas de Ensenada y luego en toda la entidad, las y los jornaleros de San Quintín decidieron viajar a esta capital y acudir a instancias federales para denunciar las condiciones de explotación y violación a sus derechos humanos que padecen.

Con la comitiva de 15 representantes jornaleros viajó Lucila Hernández, indígena mixteca de 40 años de edad, que explicó a integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados y a funcionarios federales los múltiples abusos laborales y contra sus derechos humanos que enfrentan en particular las trabajadoras del Valle de San Quintín.

La jornalera y sus compañeros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social detallaron este viernes durante una jornada maratónica que las trabajadoras, sin
importar su edad, están expuestas a los abusos y acosos sexuales por parte de los “mayordomos” que las supervisan en los campos agrícolas.

Denunciaron que el gobierno de Baja California antepone las necesidades de empresarios estadunidenses a la de los miles de trabajadores del campo que reciben salarios precarios, están
expuestos a pesticidas y productos químicos, y no gozan de ningún derecho que manda la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Lucila Hernández declaró ante diputados que las 80 mil personas que trabajan los campos agrícolas en Ensenada cuentan con los derechos de maternidad establecidos en la LFT.

Por esta razón pidió que se brinde atención médica a las jornaleras que padecen cáncer, provocado por los productos químicos con los que trabajan, o aquellas trabajadoras que están embarazadas.

También demandó el derecho de las jornaleras a vivir una vida libre de violencia, en especial libres de abusos y acoso sexual.

Las jornaleras y jornaleros lograron el respaldo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y un pronunciamiento a su favor por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

También se concretó el compromiso del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, de asistir en persona a Baja California para sostener el próximo 24 de abril una reunión con el movimiento de
los jornaleros.

A la reunión también asistirán funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, eventualmente, el gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid.

Para este sábado se preveía que la comitiva del movimiento jornalero llegara al Senado, para demandar la atención del gobierno federal frente a una problemática que padecen las y los trabajadores desde hace más de 30 años.

(Cimac)

http://www.m-x.com.mx/2015-04-18/demandan-atencion-medica-para-las-jornaleras-de-san-quintin-enfermas-de-cancer-y-las-embarazadas/

Jornaleros de México laboran en condiciones que existían en EU hace 50 años: Grupos Civiles

Por Redacción / Sin Embargo abril 24, 2015 - 10:48h



Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– Grupos civiles manifestaron su solidaridad con los trabajadores agrícolas de San Quintín en su demanda de mejores condiciones laborales y de vida y expresaron que su movimiento es solo un botón de muestra de la realidad de los campesinos mexicanos, “quienes trabajan en condiciones de explotación y desigualdad”.

“Los jornaleros agrícolas de San Quintín, como la mayor parte de los jornaleros agrícolas que laboran en México, lo hacen en condiciones que existían hace 50 años en los Estados Unidos. En el caso de San Quintín la mayor parte del producto va justamente para el mercado estadounidense” dijo Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM).

En tanto, Adelita San Vicente, de Semillas de Vida, mencionó la necesidad que tienen los trabajadores agrícolas para incorporar al trabajo a sus hijos y parejas con el fin de asegurar los ingresos suficientes para una familia.

“Los jornaleros se apoyan en el trabajo de sus parejas y sus hijos porque se les paga a destajo. El producto de la labor de todos ellos, se suma al pago que se hace al padre o madre de familia; en el mejor de los casos, únicamente el jornalero es considerado asalariado”, comentó.

Mediante un pronunciamiento las organizaciones ANEC, Ashoka, El poder del consumidor y Fundar plantearon mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en nuestro país, a través de:

Redistribución de los subsidios productivos para que apoyen de manera representativa a los campesinos.

Revalorización del pequeño productor y su papel fundamental como agente económico.

Propuesta de una política pública diseñada participativamente con los pequeños productores, la sociedad civil y el sector público.

Para Regina Ganem de Fundar “la alta concentración de subsidios en los grandes productores, además de quitarle el sentido lógico al subsidio de revertir problemas estructurales de la economía, incrementa la división social e imposibilita el crecimiento y el desarrollo económico del país”.

Fidel Sánchez, vocero de la Alianza de los Jornaleros de San Quintín, dijo este día en entrevista para Radio Fórmula que si en la reunión que sostendrán este viernes en Baja California con el Subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, no se llega a un acuerdo habrá  ”un boicot económico internacional”.

“Estaremos tomando una acción siguiente, que sería un boicot económico internacional ante esta actuación de Baja California”, comentó Sánchez. Indicó que Luis Enrique Miranda tiene claro que los jornaleros buscan que el salario mínimo sea de 200 pesos.



LAS PROTESTAS

En marzo pasado salieron a la luz pública diversos casos en torno a la explotación laboral que padecen miles de jornaleros en México y que incluye bajos salarios, jornadas laborales de más de 12 horas, cero prestaciones laborales –como aguinaldo, seguro social y vacaciones–, además de denuncias de acoso sexual hacia las mujeres por parte de los empleadores y la contratación de menores de edad en los campos agrícolas.

El 16 de marzo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció el rescate de más de 200 indígenas rarámuris que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en dos municipios de Baja California Sur.

De acuerdo con la dependencia federal, los indígenas, entre los que se encontraban niños y mujeres,  fueron reclutados en Chihuahua por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola y trasladados con engaños a Comondú, en Baja California Sur, para trabajar “en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial”.

Una semana después, el 23 de marzo, la STPS rescató a 49 jornaleros agrícolas mixtecos, 13 de ellos menores de edad, de un centro de trabajo dedicado a la producción de pepino, en el estado de Colima.

Pero el caso que se mantiene todavía en los reflectores de la opinión pública es el de la comunidad de San Quintín en Ensenada, Baja California. El pasado 17 de marzo, cientos de jornaleros agrícolas de esta localidad realizaron un paro general y bloqueos  en la carretera Transpeninsular para denunciar la explotación laboral que sufren.

Jornaleros agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (AONEMJUS) iniciaron la lucha en demanda de mejores condiciones laborales y en protesta por la falta de interés que el gobierno estatal de Baja California –que encabeza el Gobernador de extracción panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid– le concedió al pliego petitorio que emitieron en octubre del año pasado.

Luego de más de 30 horas de bloqueos, policías de los tres niveles de gobierno desalojaron a los jornaleros y detuvieron a 200 trabajadores. En el enfrentamiento presuntamente usaron balas de goma y gas lacrimógeno para reprimir la manifestación.

Las protestas arrojaron pérdidas económicas, de cultivos, cierres de comercios, suspensión de clases, la alerta del Consulado de los Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos para evitar viajar a San Quintín y un temor generalizado entre los habitantes. A pesar de esta situación ni los representantes patronales, ni el Gobernador acudieron a la zona del conflicto.

Tras dos días de bloqueos y protestas, finalmente el mandatario local acudió a las mesas de negociaciones, las cuales concluyeron el pasado 28 de marzo con el levantamiento del paro. De acuerdo con medios locales, la mayoría de los jornaleros regresaron a los campos, sin embargo voceros de la AONEMJUS desmintieron esta versión y dijeron que se mantenían en la lucha.

Las condiciones laborales de los jornaleros es un tema que mantiene en alerta tanto a las organizaciones sociales como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso al Gobierno federal, que el mes pasado rescató a más de 400 trabajadores que laboraban y vivían en condiciones infrahumanas en campos agrícolas del país.

UN DÓLAR LA HORA, SIN SEGURO, SIN DESCANSO

Hace casi una semana que un grupo los jornaleros de San Quintín, Baja California, está dando vueltas por la Ciudad de México. Del Senado a comisiones de derechos humanos; de la radio a foros sindicales que prometen ayuda al movimiento de alrededor de 70 mil campesinos que estalló en huelga desde el 25 de octubre pasado.

“Vamos a tener justicia”, repiten una y otra vez.

Están de brazos caídos para presionar a 25 compañías que les da trabajo sin seguro médico ni prestaciones sociales por un salario de entre 10 y 15 dólares al día; en jornadas de 12 horas sin pago de horas extra y un solo día de descanso. A veces ninguno.

Según Encuesta Nacional Jornalera 2009, las condiciones de San Quintín son la punta del iceberg de dos millones de personas en condiciones similares en 17 de los 32 estados del país, de Baja California a Chiapas; 60 por ciento de ellos migrantes indígenas del sur del país cuyos representantes volverán este 24 de abril a la mesa de negociaciones.

“NOS ROCIABAN PESTICIDAS”



El mundo era como un juego a los ocho años de Luis Alberto García, principalmente cuando se aproximaba la avioneta a bajo vuelo y el ruido de los motores hacía latir su corazón: era el aviso para echarse a correr.Nadie era alertado previamente, pero los campesinos que trabajaban en los plantíos de tomate del rancho Los Pinos–niños y adultos- sabían que el sonido del vuelo era la señal para huir antes de que cayera el “agua amarilla” que no era otra cosa que pesticidas.

“Empapaba los tomates y a quien no corría a tiempo le caía arriba”, recuerda García, quien hoy tiene 30 años, con cierto aire de rencor porque en ese tiempo no sabía de las enfermedades que provocan los químicos: cáncer, hongos y otras que posteriormente presentaron hombres y mujeres sin lugar donde curarse.

“Casi ningún jornalero en San Quintín tiene seguro médico, ni edad para empezar a trabajar”, explica.

Luis Alberto conoció la playa una mañana que el capataz lo montó a un camión junto con otros niños a quienes llevó a Cielito Lindo porque había una auditoria del gobierno contra el trabajo infantil y no quería que los viera.



GANO 70 DÓLARES A LA SEMANA



A los 15 años, Juventino Martínez escuchó en Cañada de Galicia, una minúscula aldea de Oaxaca, que en Baja California había mucho trabajo como jornalero, no sólo tres meses de temporal como en el pueblo.

Era 1986 y sin pensarlo dos veces emigró miles de kilómetros al norte donde el dinero le rendía para sus caprichos de hombre de campo soltero, ya una cerveza, ya un pantalón, hasta que se casó y con tres hijos el salario se le hizo agua.

“Emigré varias veces a Estados Unidos para hacer mi casa pero siempre regresaba para estar con la familia y en algunas de esas idas y vueltas me agarró la migra. La última vez me llevó seis meses preso y dejé de ir”.

Entonces supo lo que era la miseria: “Gano dos salarios mínimos y mis hijos gastan más de la mitad y por eso me he tenido que endeudar”.

SÓLO QUIERO VIVIR MEJOR



Alex Herrera no entiende cómo él y sus compañeros se organizaron para hacer las protestas que despertaron al Valle de San Quintín.

“Trabajamos hasta 12 horas y sólo queda tiempo para regresar a casa, bañarse y dormir para el día siguiente”.

Herrera, de 38 años oriundo del estado de Morelos, suelta estas palabras y de pronto cae en cuenta. “Claro -dice- fue a la hora del almuerzo: nadie estaba conforme, todos nos quejábamos hasta que dijimos ‘vamos a hacer algo’”.

- ¿Se arrepiente de haber emigrado a Baja California?- se le pregunta.

- No, aquí conocí a mi esposa, también jornalera de Guerrero. Sólo quiero vivir mejor.

http://www.sinembargo.mx/24-04-2015/1321240

Oaxacalifornia: los campos de San Quintín



https://www.youtube.com/watch?v=FFrfDo0Pcs4

San Quintín: patrones desconocen acuerdos con jornaleros agrícolas

Reiteran que sólo habrá el aumento de 15% pactado en marzo

Entrampan al gobernador; rechazan su participación en la mesa de diálogo

Antonio Heras y Olga Aragón
La Jornada Baja California
Periódico La Jornada
Sábado 16 de mayo de 2015, p. 13

Ensenada, BC.

Los propietarios de los campos agrícolas del valle de San Quintín desconocieron el compromiso más importante que Francisco Vega de Lamadrid asumió con los jornaleros movilizados en demanda de un salario mínimo de 200 pesos diarios. Veinticuatro horas después de que el mandatario y autoridades federales festejaron lo que parecía el fin de un conflicto que tiene semiparalizado el sur del estado, reiteraron que sólo darán el 15 por ciento de aumento salarial que habían ofrecido desde que inició el paro, aclarando que no participaron en la mesa de diálogo donde se signaron los 13 acuerdos que parecía dejaban contentas a las partes.

Así, los patrones –varios de ellos funcionarios y ex funcionarios de las administraciones estatales panistas– entramparon al gobernador del estado, quien se había comprometido a procurar que la propuesta (de incremento salarial de los empresarios) se traduzca en un incremento lo más cercano posible a la demanda de la Alianza (200 pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo, en un contexto donde el gobierno federal ofreció formar un fideicomiso para aportar la diferencia que no acepten pagar los agroindustriales.

Durante una conferencia de prensa en la que por primera vez los grandes productores hablaron a nombre propio –siempre usaron al gobierno del estado para que llevará sus propuestas a la mesa– el vocero del Consejo Agrícola de Baja California, Marco Estudillo Bernal, reiteró que los agricultores no pagarán más de 15 por ciento de aumento salarial que concedieron desde el pasado 27 de marzo, y que Alberto Muñoz, representante legal de su organización en la mesa del diálogo –presidida durante 14 horas por David Garay Maldonado, jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación– asistió unicamente para conocer lo que ahí se trataba, pero sin facultades para acordar o negociar.

Formalmente, acotó, ellos no han participado en las mesas de diálogo, y no habrá variación en esa postura ni en el porcentaje. De manera contradictoria, en un desplegado publicado el viernes dicen que sí participaron en la mesa del diálogo, y que ahí se reconoció el histórico esfuerzo de los agricultores de la zona costa de Baja California para, a partir del 27 de marzo de 2015, aumentar 15 por ciento el salario directo, que fue otorgado en dos modalidades: a) por salario mínimo diario y b) por destajo.

En relación al punto 13 de los acuerdos, dicen en su desplegado: estamos a la espera de que el Gobierno Federal nos indique los mecanismos de operación por el cual aportará los recursos adicionales para cubrir el diferencial y responder con el salario señalado.

El punto 13 de los acuerdos firmados la madrugada del 14 de mayo por el gobernador, los jornaleros y el gobierno federal dice: El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín.

Aunque el acuerdo, de algún modo abrió un receso hasta el próximo 4 de junio, el ambiente en la reunión fue de concordia. El gobernador, que siempre adoptó la postura de los agroindustriales en la mesa de negociación, dio la impresión de que conseguiría algo más que el 15 por ciento de aumento salarial de sus amigos. Tanto, que hubo abrazos, se acordó liberar a los presos que había a raíz del conflicto, y todos se fueron a su casa cansados pero contentos.

El gobierno otorgó el perdón por daños y quedan libres cuatro indígenas triquis

Antonio Heras Corresponsal

Tijuana, BC.

Con paso lento, los cuatro jornaleros de San Quintín abandonaron la prisión de Ensenada, donde permanecieron desde el pasado sábado cuando fueron detenidos por la la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante los disturbios ocurridos ese día.

La salida de estos jornaleros fue posible luego que el gobierno de Baja California otorgó el perdón por los daños provocados a dos patrullas y un vehículo de asalto de la Policía Estatal Preventiva (PEP), por lo que los trabajadores quedaron en libertad durante la tarde de este viernes al anularse la querella por la reparación, estimada en 26 millones de pesos.

Un agente del Sistema Penitenciario de Baja California los condujo hasta la puerta del penal, donde los esperaba una camioneta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que se hizo cargo del pago de las fianzas.

Dos vestían de pantalón corto y camisetas, los otros portaban pantalón caqui y mostraron huellas de balas de goma.

La mañana del sábado anterior la PEP acudió a en auxilio de un ranchero que advirtió que un grupo de personas se querían meter a su propiedad para incendiar sus parcelas de cultivo. La PEP realizó redadas en la colonia Nuevo San Juan Copala, lo que produjo un enfrentamiento con los jornaleros, que postaban palos y piedras, mientras los policías usaron balas de goma y toletes.

El saldo fue 70 lesionados, entre ellos dos policías, 17 jornaleros detenidos, dos patrullas incendiadas y un vehículo blindado desvencijado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal presentó entonces una denuncia penal por daños en propiedad ajena, lesiones contra dos policías y delitos contra funcionarios públicos y solicitó a la Agencia del Ministerio Público que se fijara a tres detenidos una fianza individual de 7 millones 815 mil pesos y de 542 mil pesos para un cuarto arrestado.

El desistimiento de la reparación de los daños fue uno de los 13 acuerdos adoptados en una reunión en la que participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, del gobierno estatal, de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social y legisladores federales.

El delegado de la oficialía mayor de la administración estatal, Aníbal Santana, acudió ante representantes del juzgado de San Quintín para otorgar el perdón a los integrantes de la comunidad triqui.

El coordinador de la Defensoría Pública en el área penal en Ensenada, Daniel Valeriano Aguilar, dio a conocer que para obtener la libertad de los jornaleros se fijó una fianza por las lesiones a dos policías y delitos contra funcionarios públicos.

La CDI se hizo cargo de las fianzas –17 mil pesos en total– correspondientes a Juan Carlos Chávez, Aarón Francisco Gamboa, Moisés Gil y Antonio Álvarez. El Sistema Penitenciario del Estado fue notificado de la resolución judicial a las 16:30 horas, por lo que inició el procedimiento administrativo para su liberación que se produjo dos horas después.

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/16/politica/013n1pol

Unos 18.000 jornaleros tendrán salarios diferenciados en noroeste de México
Spanish.xinhuanet.com 2015-08-12 07:34:18
MEXICO, 11 ago (Xinhua) -- Unos 18.000 trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín en el municipio de Ensenada en el estado de Baja California en el noroeste de México, recibirán salarios diferenciados por capacidad económica, informó hoy el secretario Alfonso Navarrete.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México señaló en conferencia de prensa que 122 empresas agrícolas de ese estado se comprometieron a cumplir con la prerrogativa en beneficio de los jornaleros locales.

Indicó que de acuerdo con lo acordado, un total de 19 empresas ubicadas en el nivel A pagarán 180 pesos (unos 11 dólares) al día, mientras que 39 más del nivel B destinarán 165 pesos (10 dólares) como salario a sus empleados.

Otras 64 firmas del nivel C otorgarán un salario de 150 pesos (9 dólares) por jornada.

Las compañías también deberán cubrir un bono de fin de año para cada trabajador, equivalente a dos semanas de servicio, es decir, 2.500 pesos (unos 153 dólares).

Alrededor de 30.000 trabajadores del campo mantienen desde abril pasado una huelga en demanda de mejores condiciones salariales, lo que incluso derivó en enfrentamientos con la policía en ciudad Vicente Guerrero en Baja California.

A raíz de ello, la autoridad federal propuso una mesa entre las partes en conflicto para negociar el tabulador de pago y mayores prestaciones.

Los trabajadores que laboran a destajo en esa zona del país latinoamericano tienen un salario promedio de 120 pesos (unos 7,35 dólares) al día.

Navarrete aseguró que para dar cumplimiento a lo acordado por las empresas, la entidad a su cargo realizará un operativo especial de inspección en la región.

El Valle de San Quintín es el principal centro agrícola del estado de Baja California y está conformado por las ciudades de San Quintín, Lázaro Cárdenas, Vicente Guerrero y Calamú.

Se le considera también como la principal región productora de rubros destinados a la exportación como jitomate, fresa y frambuesa.

http://spanish.xinhuanet.com/2015-08/12/c_134505786.htm