Anula presidenta argentina a su servicio de inteligencia

Anula Kirchner servicio de inteligencia


AFP
Buenos Aires, Argentina (26 enero 2015).- La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI), después de haber acusado de un complot a espías tras la muerte la semana pasada del fiscal Alberto Nisman.

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El proyecto establece la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, cuyas máximas autoridades serán designadas por el Poder Ejecutivo pero con acuerdo del Senado, indicó la Mandataria en un discurso emitido en cadena nacional de radio y televisión.

Por primera vez desde la muerte el domingo pasado de Nisman, el fiscal de la causa en que se investiga el atentado a la mutual judía AMIA, Kirchner habló para defender su gestión en defensa de derechos humanos y lucha contra la impunidad de los casos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura argentina (1976-1983).

El Gobierno había removido la cúpula de la SI en diciembre pasado.

Kirchner indicó que enviará al Congreso antes de su viaje a China el próximo fin de semana, un proyecto de reforma del sistema de inteligencia y convocó a sesiones extraordinarias del Parlamento a partir del 1 de febrero para debatirlo.
Hora de publicación: 18:30 hrs

Kirchner despide a sus espías y critica a jueces y periodistas "amplificadores"

Paula Zumeta

martes, 27/01/15 - 14:17
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La presidenta argentina ha anunciado la creación de una nueva Agencia Federal de Inteligencia porque "no ha servido a los intereses nacionales".
Además, Kirchner ha tardado ocho días en hablar sobre la muerte del fiscal Nisman, de la cual sigue pensando que es un asesinato.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, ha sacado 'las uñas'. Anunció este jueves, a través de un vídeo grabado emitido en la cadena nacional, que enviará un proyecto de Ley al Parlamento con el propósito de disolver la Secretaría de Inteligencia y crear así una nueva Agencia Federal de Inteligencia.

"Es una deuda pendiente de la democracia". En su primera aparición pública tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, explicó que la reforma de estos servicios responde a la necesidad de dar "transparencia" a un sistema que "no ha sido de diligencia y no ha servido a los intereses nacionales".

Tras la rúbrica del acuerdo de entendimiento alcanzado con Irán en el año 2013, se comenzó a observar, según Kirchner, que "ciertos organismos, más concretamente la Secretaría de Inteligencia, comenzaron a bombardear el acuerdo".

La presidenta denunció además que se han intensificado las "denuncias" contra su persona: "Comienzan a sucederse con ritmo de vértigo con la complicidad de grupos de jueces, denunciantes anónimos y también de los periodistas amplificadores o los medios de desinformación amplificadores", afirmó. Se presentaron, continúa Kirchner, "todo tipo de denuncias contra la presidenta como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia", insistió.

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Delitos de terrorismo, tráfico de armas o narcotráfico

Fernández explicó también los motivos que la llevaron a renovar la cúpula de los servicios de inteligencia, a finales del pasado año, y a nombrar al frente a un hombre de su máxima confianza, Oscar Parrilli, con dos instrucciones: desplazar a agentes que venían de la dictadura y trabajar en un proyecto de reforma del sistema

Entre sus competencias, la nueva Agencia tendrá la de investigar sobre terrorismo, tráfico de armas, ciberdelitos, trata de personas, narcotráfico y delitos contra el orden económico y financiero.

La Agencia abarcará a la unidad de Inteligencia criminal que ahora depende el ministerio de Seguridad.

Además, se transfiere el sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal.
La única vía de conexión será la institucional

Según el proyecto, "toda relación o actuación de funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos vinculadas a las actividades reguladas por la ley" deberán ser dirigidas solo al director o al subdirector de la agencia.

Elimina así el contacto entre jueces, ministros y cualquier funcionario con los agentes de inteligencia, una práctica cuestionada tras la muerte del fiscal Alberto Nisman por los vínculos destapados entre el sistema judicial y los servicios secretos.

"La única vía para conectarse va a ser precisamente la institucional", remarcó Fernández, que adelantó que enviará el proyecto al Parlamento con carácter urgente, antes de su viaje a China que iniciará el próximo fin de semana, y que marcará un plazo máximo de 90 días para su tramitación.
Ocho días ha tardado en hablar sobre la muerte de Nisman

Ocho días han pasado desde que la muerte del fiscal Alberto Nisman conmocionó a Argentina. Ocho días ha tardado Cristina Fernández Kirchner en hablar por primera vez sobre esta muerte. En un vídeo de nueve minutos, vestida de blanco y sentada en una silla de ruedas, Kirchner comenzó a enumerar distintas razones por las que considera que la denuncia del fiscal fallecido contra ella y miembros de su Gobierno no tiene “fundamento”.

La presidenta argentina crea la Agencia Federal de Inteligencia y descalifica la denuncia de Nisman

Volvió a calificar su muerte como un asesinato, tal y como había hecho a través de una carta que publicó en las redes sociales. Además, comparó el ataque a Nisman con el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.

La imagen que llamó la atención, según resalta el diario Clarín, fue ver a la Presidenta sentada en la silla de ruedas, puesto que está recuperándose aún de la fractura de tobillo que sufrió el pasado 26 de diciembre. “Llamativo “porque “siempre cuida la imagen” y “la semana pasada en una reunión en Olivos fue exigente con las fotografías que le tomaban para que no se vea la bota negra”, se resalta en el diario. Esta vez no procuró ocultarla.

Pidió a la Justicia “investigar en serio” para esclarecer el caso y encontrar a los culpables. El mensaje de Kirchner se grabó en Olivos. Defendió el memorándum de entendimiento con Irán por el caso AMIA y descalificó de nuevo la acusación de Nisman contra ella, el canciller Héctor Timerman y otros dirigentes kirchneristas por el presunto encubrimiento a los iraníes acusados de planificar el atentado contra la mutual judía.

Anunció además la puesta en marcha de un nuevo proyecto de Ley para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear así una nueva agencia. Enviará esta propuesta al Congreso para que se trata en sesión extraordinaria el próximo mes.

“Esta denuncia, sin ningún fundamento, ningún asidero, y la muerte del fiscal Nisma están directamente vinculadas con el antecedente del memorándum de entendimiento firmado con Irán y con el atentado contra la AMIA”, insistió la presidenta en el mensaje transmitido por una cadena de televisión nacional. Kirchner también ironizó en que “parecer ser que en realidad nadie quisiera que se investigara a fondo o se tomara declaración a alguien” sobre el atentado contra la mutual judía, el cual dejó 85 muertos en el año 1994.
La denuncia de Nisman tiene "argumentos absurdos"

Así, afirmó que la denuncia de Nisman es “descabellada”; tiene “argumentos absurdos” y ningún experto “puede creer que fue escrito por un abogado, y menos por un fiscal”, agregó la máxima responsable del Ejecutivo argentino.

“No puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir firmando un tratado internacional aprobado por el Congreso”, incidió Kirchner. A lo largo del vídeo se encarga de desmontar los argumentos de la denuncia del fiscal, desde la declaración del ex jefe de la Interpol, confirmando que las “alertas rojas” contra los acusados iraníes se mantienen en vigor, hasta la caída del comercio con los iraníes a partir del año 2010 –que se acentuó tras la firma del acuerdo de entendimiento-.

En su discurso, Kirchner afirmó que “nunca” compran petróleo a Irán porque el petróleo iraní no sirve “por los componentes que tiene para ser tratado en Argentina”. Datos que la presidenta recalcó que están al alcance de “cualquiera, datos públicos”. “Hubiera bastado ver esto para no incurrir en estos groseros errores”, afirmó.

Por otra parte, la presidenta afirmó que se enteró de la muerte del fiscal en la madrugada del lunes, de boca de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez. Además, aportó, según señala la Agencia Efe, más datos sobre la figura de Diego Lagomarsino, el colaborador de Nisman que le proporcionó el arma que acabó con su vida y que es hasta ahora el único imputado.
El periodista Lagomarsino, un "feroz opositor al Gobierno"

Al parecer, un informático contratado por Nisman que Fernández definió como un “feroz opositor al Gobierno” y que trató de renovar su pasaporte el pasado día 14. Casualmente, según Kirchner, el mismo día en que el fiscal presentó la denuncia contra la presidenta por presunto encubrimiento.

De ahí que Fernández denunciara ocultación de información: “No interesa atacar o perseguir la corrupción” sino “atacar al Gobierno”.

Kirchner, con tono amenazante, insistió en que no la iban a extorsionar. “A mí no me van a intimidar”, remarcó, para añadir que no “les” tiene “miedo”. “Que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien”, amenazó.

Durante su discurso la mandataria argentina también recordó que ya se han cumplido 21 años del atentado contra la AMIA. “Alguien pretendió con una denuncia sin fundamentos que queríamos desviar la atención y ocultar a los iraníes por la venta de granos”. Recordó además que las empresas que venden a Irán son en su mayoría multinacionales y “nadie puede pensar que ninguna es precisamente amiga del Gobierno”.

“Seguimos como estábamos en 2003, queremos saber y para eso se necesita tomar declaración y se necesita la cooperación judicial que le reclamamos durante años a Irán, y cuando se firma el memorándum de entendimiento, la justicia argentina, producto de presiones fiscales y jueces, lo declara inconstitucional y no se mueve absolutamente nada”, aseveró.

Argentina's President Fends Off Challenges from the Intelligence Service
Analysis
February 3, 2015 | 10:00 GMT
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Supporters listen to Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner in the Palmeras courtyard of the government house in Buenos Aires on Jan. 30.
Summary

Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner announced Jan. 26 that she would reform her country's civilian intelligence organization, the Intelligence Secretariat (SI). Soon after, the office of the president said it would submit a draft law to reform the SI to the Senate on Feb. 3. In addition to changing the organization's name to the Federal Intelligence Agency, the reform is expected to significantly weaken the SI by limiting its ability to gather signals intelligence, revealing a wider political dispute.

Fernandez's motivations for reforming the SI are not completely clear, but concerns that criminal charges could be brought against her and other members of the government once they leave office might have been a factor. Moreover, though the reform appears to be immediately motivated by concerns over the SI's loyalty to Fernandez, it may significantly affect how the Argentine security apparatus functions long after her term in office ends.
Analysis

Although the Fernandez government has not released the details, the reforms would drastically alter the way the SI functions. Previously, the organization could engage in domestic intelligence collection after obtaining a federal judge's approval, but the new reform will likely require more steps and more oversight. A federal judge would have to request a warrant to conduct intelligence gathering from the prosecutor general's office, and the actual collection process would be either conducted or overseen by that office. The president appoints the prosecutor general, and approval of the reform would grant this post, currently filled by Gils Carbo, significant intelligence collection abilities for the remainder of Fernandez's presidency and likely into the next presidency.

The planned reform follows a mass reshuffling of the SI's top leadership. On Dec. 16, Fernandez ordered the removal of Secretary of Intelligence Hector Icazuriaga and Deputy Director Fernando Larcher, both longtime ruling-party allies. Icazuriaga and Larcher had been appointed to the positions more than a decade earlier, and according to unconfirmed reports, had worked closely with former President Nestor Kirchner, the late husband of Fernandez. Under the direction of Icazuriaga and Larcher, the SI provided the government with intelligence on political opponents, including labor organizations and members of rival political parties. The reshuffle also claimed Director of Operations Jaime Stiusso, who had served in the organization since 1974.

The Argentine government filled the leadership positions with individuals closely tied to the ruling party. ​Oscar Parrilli, Fernandez's former chief of staff, was named the new director of the organization, and Juan Martin Mena, a legal official closely linked to current Justice Minister Julio Alak, was named deputy director. Moreover, unconfirmed reports indicate that Fernando Basanta, an official loyal to Fernandez's son Maximo Kirchner, is now in direct control of the SI's finances. Basanta is part of La Campora, a political patronage network crucial to securing political support within the government for the ruling Front for Victory party. Kirchner has direct control over the network that has significantly increased its presence in state ministries and companies over the past several years.
Lasting Consequences

It appears that Fernandez is reforming the intelligence apparatus in response to a behind-the-scenes political dispute to minimize challenges from political rivals from the SI and from the broader government. If certain aspects of the intelligence reform pass, the SI will lose most of its intelligence gathering capabilities, and individuals loyal to the current government could carry control of the SI into another administration. The intelligence reform allows Fernandez not only to disrupt a potential threat to herself and her followers once they leave office, but it also creates a legal reform that weakens the intelligence agency — one a successor organization would have to undo through a legislative vote. Given the ruling party's control of Congress, reversing any changes to the intelligence organization would likely be difficult for the next government.

The SI has reportedly been split into factions for the past two years. Some are loyal to the ruling party and others are more difficult to control. For example, SI interior protocol chief Fernando Pocino was allied with the government (allegedly through his close connections with former Defense Minister Nilda Garre), but Stiusso and Larcher were more confrontational. Nestor Kirchner reportedly used the SI's loyalist faction, which at the time included Stiusso, as a key tool to collect domestic intelligence and manage political allies and enemies. The information that SI accrued made it a politically powerful organization, albeit one with no strict loyalty to Fernandez. This sense of a lack of loyalty was likely amplified by Stiusso's close cooperation with prosecutor Alberto Nisman, who, before being found shot to death in his apartment Jan. 18, was reportedly set to reveal information he claimed implicated Fernandez and other officials in a cover-up of Iran's role in the 1994 bombing of a Jewish cultural center in Buenos Aires.

Unconfirmed reports indicate that Fernandez saw the SI as a potential threat because its dissident wing allegedly provided federal judges with information to pursue criminal cases against the president and other high-ranking officials. A report from July 2013 also claimed that both Larcher and Stiusso had met with Sergio Massa, a defector from the ruling party who will be a principal challenger to the ruling party as the Renewal Front party's nominee in the October presidential elections.

The SI's lack of loyalty threatens Fernandez in several key ways that are particularly consequential in an election year and as she prepares to leave the presidency. An unconfirmed report claims that the SI failed to inform Fernandez that Massa would run in the October 2013 legislative elections. Moreover, once Fernandez leaves office, the outgoing government will lose immunity from prosecution. Fernandez is currently being investigated because a hotel firm she owns was allegedly involved in money laundering. Four government officials, including the vice president and the justice minister, are also facing criminal investigations. These open cases provide a strong incentive for the government to populate the SI with loyalists. In addition, a report from November indicated that Fernandez was negotiating the appointments of four of the five justices on the National Criminal Court of Cassation, the highest judicial body that hears corruption cases. Taken together, the shakeup at the SI and possible judicial appointments indicate that Fernandez is trying to secure judicial immunity for herself and her loyalists for when they leave office.

The fate of the SI and its potential to pose problems for future governments depend on how deep Fernandez's intelligence reform will go. Passing the legal draft of the reform will likely require only minimal negotiations because such draft laws need no more than an absolute majority for passage. Because the Front for Victory party controls 39 of the 72 seats in the Senate and 130 of the 257 seats in the lower house, it is probable the changes will be passed quickly. If the reform extends only to the agency heads, then it is possible an incoming administration will be able to simply undo many of Fernandez's efforts by replacing the organization's leaders. However, if Fernandez positions members of La Campora deep into the organization, it could keep it loyal to the Front for Victory well into another presidential administration. Even if the government manages to remove members of La Campora from the SI in the coming years, it will still need to reverse the reform's institutional changes, a process that will likely take some time.