Destapan red corrupta en Chile

Destapan red corrupta en Chile





AFP
Santiago, Chile (10 enero 2015).-
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Alarma corrupción de manera global
Una investigación sobre delitos tributarios destapó un escándalo político en Chile, que involucra a uno de los principales grupos económicos del país y salpicó al mayor partido de la derecha opositora.

Después de seis meses de investigación, la Fiscalía anunció que formalizará por soborno y delito tributario a los dos controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de bancos, aseguradoras, clínicas y firmas inmobiliarias, con activos que bordean los 20 mil millones de dólares.

Otros tres ejecutivos del holding también serán imputados junto a Pablo Wagner, ex viceministro de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), acusado de cohecho y lavados de activos por recibir pagos de Penta mientras se desempeñaba en el cargo.

Délano y Lavín admitieron haber cometido "errores e irregularidades" dentro del manejo contable de sus empresas, por medio de las cuales pagaban a familiares y financiaban campañas políticas, particularmente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) el mayor partido de derecha, contra la entrega de boletas de honorarios por servicios no prestados a la compañía.

"Lamentamos lo ocurrido y nos disculpamos ante la ciudadanía por cualquier conducta individual de alguno de nuestros militantes que suponga un financiamiento de campañas políticas de manera irregular", declaró Ernesto Silva, presidente de la UDI, en conferencia de prensa.

A través de estas boletas "ideológicamente falsas", como lo estipula la legislación tributaria chilena, lograban agregar gastos a la contabilidad del holding y con ello descontar el pago de impuestos. Hasta ahora el grupo ha restituido al Fisco unos cuatro millones de dólares de lo defraudado más multas e intereses.

Génesis del escándalo económico y político


Lo que se inició a mediados del año pasado como una investigación tributaria sobre una red montada por un ex funcionario del Servicio de Impuestos (SII) para defraudar al Estado derivó insospechadamente en uno de los mayores escándalos políticos y económicos de los últimos años en el país.

La investigación sobre la red, compuesta por unas 100 personas que alteraban declaraciones de impuestos ante el SII para recibir devoluciones indebidas hasta ahora estimadas en unos 4.2 millones de dólares, llegó hasta Hugo Bravo, gerente general de Penta, lo que llevó al Fisco a fijarse en este poderoso grupo económico.

Acorralado por la investigación, Bravo reveló que sus jefes descontaban impuestos a través de boletas falsas emitidas por sus esposas además de otros familiares, y usaban esta misma fórmula para financiar a la UDI, y las campañas de varios políticos.

Fue así como quedó al descubierto una irregular forma de financiamiento de campañas políticas que involucra hasta ahora a dos senadores, Ena von Baer e Iván Moreira, y los ex candidatos presidenciales Andrés Velasco y Laurence Golborno, junto al actual Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

"La controversia está en que nosotros creemos que esos hechos constituyen infracciones a las leyes tributarias y electorales pero no delitos penales, y esta diferencia con la Fiscalía la discutiremos en los tribunales", afirmó el abogado de los controladores de Penta, Julián López.

Golborne admitió haber recibido casi 200 mil dólares en aportes de Penta a través de facturas falsas, mientras que el senador Moreira recibió fondos por unos 34 mil dólares.

Von Baer recibió unos 44 mil dólares.

La legislación chilena permite los aportes de las empresas a las campañas políticas pero éstos tienen un tope y deben realizarse durante un período acotado de las campañas y ser declarados ante el Servicio Electoral.

Aún no se han levantado cargos contra los políticos involucrados. No hay unanimidad entre juristas acerca de las penas que arriesgan, ya que en el caso de los parlamentarios gozan de fuero. Por delito tributario, arriesgan penas los terceros que prestaron sus boletas.

Supuesto cohecho a ex viceministro


En el caso más grave, la Fiscalía imputará los delitos de cohecho y lavado de activos, con una pena de hasta 15 años de cárcel, al ex viceministro de Minería Pablo Wagner, a quien Penta pagó unos 70 mil dólares con boletas de familiares mientras estaba en el cargo.
Wagner, militante de la UDI y ex empleado de Penta, intentó favorecer desde su cargo la puesta en marcha de un proyecto minero que llevaba adelante una empresa vinculada con uno de los máximos ejecutivos de Penta.