Puebla aprueba uso de armas contra manifestaciones

Puebla aprueba uso de armas contra manifestaciones

El Congreso de Puebla aprobó la iniciativa de ley impulsada por el gobernador, Rafael Moreno Valle, para el uso legítimo de la fuerza durante las manifestaciones. Una propuesta que fue rebautizada en redes sociales como Ley Bala.

MAYO 20, 2014Ernesto Aroche Aguilar (@earoche)


Con el aval de la comisión legislativa de Derechos Humanos, el voto a favor de panistas, priístas y perredistas y con la oposición de diputados del PT, Convergencia y Verde Ecologista se aprobó en el Congreso de Puebla la iniciativa de ley impulsada por el gobernador Rafael Moreno Valle, para el uso legítimo de la fuerza durante las manifestaciones. Una propuesta que fue rebautizada en redes sociales como Ley Bala.

La iniciativa fue calificada por la organización no gubernamental Artículo 19 como una legislación que atenta contra la protesta social y viola los derechos humanos.

Luego de un análisis al dictamen aprobado por el congreso local, el organismo externó su preocupación por la creciente “criminalización indirecta de la protesta social” que se ha venido replicando en varios estados del país.

“En días anteriores, legislaciones locales han establecido restricciones ilegítimas a los derechos a la protesta social y la libertad de expresión. Legislaciones del Distrito Federal, Quintana Roo y Chiapas son ejemplos de esta amenaza sistemática. Desafortunadamente, la tendencia continúa esta vez en el Congreso de Puebla”.

El organismo señala además que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de Derechos Humanos “están obligadas a interponer las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, como parte del cumplimiento de sus obligaciones de garantía de los derechos humanos”.

Aprueban por mayoría

En la sesión extraordinaria, a la que se convocó para aprobar un paquete de iniciativas relacionadas con la seguridad y los derechos humanos, entre ellas la iniciativa que abre la puerta a las fuerzas de seguridad para que repriman con fuerza letal las manifestaciones violentas, sólo un orador subió a tribuna a defender la ley: el priista Sergio Céspedes Peregrina, presidente de la comisión de derechos humanos.

Previo a la aprobación de la propuesta legislativa, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Seguridad, Franco Rodríguez, explicó que los principales criterios de aplicación de la nueva ley son el regular el uso de la fuerza no letal como macanas, balas de gibas y químicos, en caso de actos delictivos. Y precisó que solo se prevé el uso de armas de fuego cuando se ponga en riesgo la vida del uniformado o terceros.

Por su parte, el priista Cespedes Peregrina al momento de subir al estrado a fijar postura, planteó que la ley no limita la libertad de expresión, por el contrario, dijo, “resguarda la vida, propiedad y seguridad de manifestantes y de terceros; hay fortalecimiento de la autoridad, no autoritarismo”.

Agregó que la iniciativa “no es una licencia para reprimir o limitar el derecho a manifestarse, sino regular el uso de la fuerza de autoridades y evitar abusos”.

Minutos después de la sesión, el presidente de la bancada tricolor, Víctor Giorgana, reconoció que la iniciativa forma parte de una estrategia nacional que dice, pone reglas y límites a las fuerzas de seguridad en los estados.

Los puntos de la polémica ley

De acuerdo con el análisis realizado por Artículo 19 si bien la ley recoge algunos estándares internacionales también deja fuera otros que son indispensables para el ejercicio libre de los derechos.

“Entre otros problemas, establece una cláusula abierta para clasificar las armas no letales fuera de la ley; cataloga de manera general en manifestaciones violentas y pacíficas; establece criterios ambiguos y discriminatorios para determinar el tipo de operativo frente a cada manifestación; y es poco clara o incluso contradictoria en el tema del uso de armas de fuego en contextos de manifestaciones”.

Artículo 19 hace hincapié en la ambigüedad de ciertos apartados, por ejemplo aquellos en donde se hace mención a las manifestaciones violentas, cuando a decir del organismo los estándares internacionales señalan que las autoridades están obligadas a distinguir dentro de la masa de manifestantes a aquellos “que ejercen su derecho a manifestarse sin ser una amenaza y aquellas otras personas que por sus acciones son una amenaza inminente para la vida o integridad de terceros”, es decir, que se puede generalizar por una persona o grupo de personas a todo el movimiento.

“Las autoridades deben determinar qué personas llevan a cabo acciones que exceden el ejercicio legítimo de sus derechos y actuar en torno a ellas con estricto apego a sus derechos humanos”.

La organización señala también las contradicciones del artículo 46, “primero, establece una clara prohibición al uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones, para luego señalar –en el mismo artículo y mismo párrafo- que “se dotarán a los elementos de los cuerpos policiales, de los distintos tipos de armas, municiones y equipo adecuado de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza, así como de armas de fuego”.

“Esta disposición, lejos de fijar una prohibición a favor de los derechos involucrados, termina siendo poco clara y abriendo posibilidades de ser aplicada en contra de las personas que los ejercen, llegando al extremo de hacer uso de armas de fuego de manera letal en casos donde supuestamente busca evitarlo”.

Y concluye el organismo: “Estas disposiciones son una amenaza para la libertad de expresión y para las personas que ejercen la protesta social en el Estado de Puebla, pero además, son muestra de una tendencia preocupante en dirección a un mayor control por parte de las autoridades y a un menor espacio de ejercicio de libertades fundamentales de todas las personas”.

“Esta tendencia parece mostrar un intento sistemático de restringir las manifestaciones y de ampliar el uso discrecional y arbitrario de la fuerza en las mismas, contrariando una idea más robusta de democracia, donde la disidencia no sólo es tolerada sino que es valorada y tutelada como un elemento indispensable para ampliar el debate democrático”.

En Nuevo León se rechazó una ley similar

Y mientras en Puebla la iniciativa del gobernador pasó por mayoría en el Congreso, en otros estados propuestas de ley similares han sido rechazadas. Ejemplo de ello es el caso del Congreso de Nuevo León que en 2012 rechazó una ley al respecto con el argumento de que el asunto de la seguridad pública es un tema que atañe a los tres ordenes de gobierno, lo que obligar a que primero se redacte y apruebe una Ley General del Uso Legítimo de la Fuerza, “en donde esta faculte a las entidades federativas para el efecto de legislar localmente sobre la creación de mecanismos homogéneos en este tema partiendo de una ley madre”.

Aquí el dictamen aprobado por el congreso poblano:


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Miércoles, 21 de Mayo de 2014 00:00

La Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública está apegada a tratados y estándares internacionales

Esta ley protege a la ciudadanía y regula la actuación de los cuerpos de seguridad al establecer protocolos para evitar discrecionalidad.

Comunicado 159
21 de mayo de 2014
Puebla, Pue.

El Congreso del Estado aprobó el pasado 19 de mayo una ley de avanzada, la cual busca garantizar los derechos humanos de las y los poblanos, así como alinearse a los más altos estándares existentes.

Para la elaboración de esta norma, se consideraron criterios como la Asamblea General y el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, criterios de la CNDH y el Convenio del Gobierno Federal con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Esta ley votada en Pleno, fue resultado de una intensa y productiva sesión de trabajo donde participaron funcionarios del Gobierno del Estado y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública, pertenecientes todos ellos a los distintos grupos legislativos con representación estatal.

Entre las bondades de dicha ley destacan los siguientes puntos:
- Limita la utilización de la fuerza policial en favor de los derechos humanos.
- Fortalece los derechos ciudadanos.
- Establece la capacitación policial a favor de la aplicación de protocolos para proteger la integridad de los ciudadanos.
- Queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones.

En el propio título de la ley se refleja el espíritu de la misma, “Proteger los Derechos Humanos y garantizar el uso Legítimo de la Fuerza Pública por parte de los elementos policiales del Estado de Puebla”.

Invitamos a la ciudadanía a consultar la minuta de decreto de la ley recién aprobada, la cual se encuentra publicada en el sitio web del Congreso del Estado y en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, para que de esta forma, en los foros informativos que realizará el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado, se puedan dar a conocer mayores detalles de este esfuerzo en favor de las y los poblanos.

La organización señala también las contradicciones del artículo 46, “primero, establece una clara prohibición al uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones, para luego señalar –en el mismo artículo y mismo párrafo- que “se dotarán a los elementos de los cuerpos policiales, de los distintos tipos de armas, municiones y equipo adecuado de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza, así como de armas de fuego

Artículo 19 hace hincapié en la ambigüedad de ciertos apartados, por ejemplo aquellos en donde se hace mención a las manifestaciones violentas, cuando a decir del organismo los estándares internacionales señalan que las autoridades están obligadas a distinguir dentro de la masa de manifestantes a aquellos “que ejercen su derecho a manifestarse sin ser una amenaza y aquellas otras personas que por sus acciones son una amenaza inminente para la vida o integridad de terceros”, es decir, que se puede generalizar por una persona o grupo de personas a todo el movimiento.

El niño José Luis Tehuatlie, primera víctima mortal de la ley bala en Puebla

GABRIELA HERNÁNDEZ
18 DE JULIO DE 2014
DESTACADO


PUEBLA, Pue. (apro).- El niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien resultó herido durante el operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, fue declarado hoy con muerte cerebral.

El director del Hospital General del Sur, José Antonio Martínez García, confirmó lo que ya desde hace días se venía manejando en los medios locales: que el niño se mantenía vivo en el nosocomio sólo porque estaba conectado a aparatos y que sería la primera víctima mortal de la llamada ley bala.

José Luis se mantiene hospitalizado desde el miércoles 9, cuando elementos de la Policía Estatal Metropolitana desalojaron de manera violenta a habitantes de Chalchihuapan que mantenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el servicio del Registro Civil se reintegrara a las Juntas Auxiliares.

Esta tarde, en un breve comunicado, el médico dijo que el informe sobre la salud del niño se hacía público con previo consentimiento de la familia Tlehuatlie Tamayo y después de haber realizado las pruebas de encefalograma y Doppler cerebral de este día.

Tras esos estudios, se precisa que el niño presenta ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociocépticos.

Por lo tanto, “se concluye conforme a la Ley General de Salud que lamentablemente el menor José Luis Tlehuatle Tamayo se le diagnostica muerte encefálica”, confirmó el médico.

De hecho, familiares de José Luis habían informado que desde el mismo día en que resultó herido, el menor de 13 años fue intervenido quirúrgicamente y que desde entonces no había cobrado la conciencia.

El domingo anterior, el niño fue de nueva cuenta sometido a una operación, pero igual no reaccionó y se manejó la versión de que su situación había empeorado, ya que su cerebro se inflamó súbitamente.

La diputada federal Roxana Luna acusó entonces al gobierno de Rafael Moreno Valle de prohibir al personal del hospital que informara sobre el estado de salud de niño y que ni siquiera los familiares sabían con precisión en qué condiciones se encontraba.

El martes 15, el periodista Jesús Manuel Hernández, a través de su cuenta de Twitter, había dado a conocer una tomografía que le tomaron al menor que revelaba que el impacto que recibió en la cabeza le causó pérdida de masa encefálica y le provocó un infarto cerebral desde el mismo día del operativo policiaco.

La madre del niño, Elia Tamayo, acusó a los policías de ser los responsables de la herida que sufrió su hijo en la cabeza. Elia y su hijo no participaron en la manifestación que fue dispersada por los granaderos. Ese día, ambos regresaban de la escuela, ya que la mujer decidió ir por el niño antes del horario de salida al darse cuenta de la movilización policiaca.

“Los granaderos estaban aventando cosas que explotaban y cuando yo oí eso, mi hijo cayó de lado”, denunció la mujer desde el primer día de los hechos.

Después, Tamayo acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso de la Unión, y volvió a acusar a los policías y al gobierno de Moreno Valle de ser responsables de que su hijo se debatiera entre la vida y la muerte.

También denunció que funcionarios del gobierno del estado la habían hostigado para que firmara una declaración en la que deslindaba a los policías de la agresión sufrida por su hijo y que en cambio acusara a pobladores de Chalchihuapan.

Los pobladores de esa comunidad han señalado que, el día del operativo, desde un helicóptero les disparaban con cartuchos de gas lacrimógeno y balas de goma, lo que originó la mayoría de los heridos graves, entre los que se encuentra un hombre que perdió el habla porque una bala de goma le perforó la mandíbula, otro que perdió un ojo y uno más que perdió una mano.

De hecho, los afectados por este operativo han mostrado ante los medios decenas de restos de los artefactos que utilizó la policía para atacarlos, entre los que se encuentran cilindros metálicos con punta y una especie de torpedos de goma negra.

Sin embargo, el gobierno de Moreno Valle ha insistido en que el niño fue lesionado por los propios manifestantes y como prueba mostró fotografías en las que aparecen lugareños lanzando cohetones de los que se usan en las ferias.

El gobernador aseguró que los manifestantes eran responsables de que en el operativo hubieran resultado niños heridos porque los usaban como “escudo humano”.

“Lo lamentable”, dijo, “es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal, me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.

Igual, el gobierno poblano ha defendido que ese día se aplicara la ley bala, ya que aseguró que se siguieron los protocolos de disuasión y negociación previos al uso de las armas “no letales”.

Sin embargo, algunos de los pobladores de Chalchihuapan han revelado que ese día no hubo representantes del gobierno estatal ni intentos de diálogo como lo ha asegurado la autoridad.

“Uno de los policías nos dio cinco minutos para desalojar la carretera, pero todavía no pasaban tres cuando los policías avanzaron contra nosotros”, denunció uno de los participantes.

Previo a este operativo, el juzgado cuarto de distrito había decretado la suspensión provisional en un juicio de amparo que iniciaron organizaciones civiles contra la ley bala.

Esta semana, el mismo juzgado otorgó la suspensión definitiva a dos personas que se ampararon contra esa misma legislación.

Puebla: ven estrategia de choque en protestas
Édgar Ávila Corresponsal| El Universal
Jueves 24 de julio de 2014
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Puebla: ven estrategia de choque en protestas

El procurador general de Justicia de la entidad, Víctor Carrancá, asegura que las primeras investigaciones exoneran a la Policía Estatal Preventiva de la muerte del menor que recibió un impacto en la cabeza durante un choque entre policías e inconformes, en el que el menor José Luis Tehuatlie no participaba

PUEBLA

El resultado de las primeras investigaciones por la muerte de un niño durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco revela que había una estrategia de choque por parte de un grupo de sujetos ajenos a los habitantes inconformes y exonera a los elementos de la policía estatal, aseguró el procurador General de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá.

El funcionario detalló que los dictámenes forenses y periciales realizados por las autoridades estatales señalan que el menor que resultó lesionado durante el enfrentamiento entre policías y habitantes de San Bernardino Chalchihuapan murió a causa de un estallido explosivo y no por una bala de goma, como acusaban los pobladores.

“Los trabajos que hemos realizado (...) nos llevan a la conclusión, tanto con la observación de videos como los dictámenes, que fue un cohetón de los que fueron lanzados los que lesionaron al menor”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

Las indagatorias, detalló, demuestran que los efectivos policiacos que participaron en el operativo del 9 de julio no portaban arma alguna que pudiera provocar una lesión de ese tipo al menor, la cual “es típica de una onda expansiva a consecuencia de una explosión porque hubo desprendimiento de hueso”.

El fiscal aclaró que los exámenes practicados son independientes a los que deberá efectuar la PGR por el enfrentamiento derivado de la inconformidad ciudadana por la desaparición del registro civil en sus comunidades.

“De momento estos dictámenes son nuestros, es el dictamen de necropsia que hicieron médicos forenses del Tribunal Superior, pero estuvo la CNDH, la PGR y otras instancias”.

Indicó que como parte de las indagatorias una de las principales hipótesis es que la “confrontación” con los agentes fue planeada por los grupos de choque.

“Estaba calculado que llegara la policía estatal por el cierre de autopista y estaban preparados para agredir a la policía en el momento en que intervinieran”, dijo el funcionario, quien exoneró a los pobladores que participaron en el bloqueo, pues dijo que los videos demuestran que hay dos grupos, uno que participó en la manifestación y otro en el enfrentamiento.

“Una aclaración: en videos es claro que hay dos tipos de participación, pobladores, mujeres, niños y gente de la tercera edad, que desde luego no participan en los hechos de violencia, pero hay grupos de jóvenes, incluso dos cubiertos con tapabocas que son los que participan en los hechos violentos”, señaló.

“Yo no he dicho que ellos hubieran planeado lesionar al menor, pero lo que sí fue provocado fue la confrontacion”, insistió el funcionario.

La 'Ley Bala' de Puebla tuvo corta vida, pero generó una gran polémica

La regulación sobre fuerza pública desató protestas; un menor de edad murió en una manifestación, y el gobernador decidió dar marcha atrás

Jueves, 24 de julio de 2014 a las 06:25


La “Ley bala”, como se conoce a la reciente legislación que contempla el empleo de armas en el uso de la fuerza pública en Puebla, desató rechazo en la entidad, el cual se agudizó luego de que un adolescente de 13 años de edad falleció durante la dispersión de una protesta, y terminó por provocar que se diera marcha atrás a la norma.

La ley –propuesta el pasado 7 de mayo por el gobernador Rafael Moreno Valle y aprobada por el Congreso de la entidad (ubicada en el centro-oriente de México) el día 19 del mismo mes, con el apoyo del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza y partidos locales, y la oposición de Movimiento Ciudadano, PT y PVEM– prevé mecanismos para hacer prevalecer el “orden colectivo” privilegiando “el diálogo, la persuasión o la advertencia”, y no descarta el uso de armas no-letales por parte de los policías, como última medida para defenderse a sí mismos o a terceros de agresiones.

La ley indica que las “armas incapacitantes no letales” son las que no ocasionan lesiones que puedan poner en riesgo la vida de las personas, pero no ejemplifica qué tipo de artefactos pueden ser utilizados por la fuerza pública.

La iniciativa original enviada por el Ejecutivo estatal –bajo el nombre de Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública– incluía la posibilidad de usar armas de fuego como último recurso, pero el dictamen que finalmente fue publicado excluyó esta opción.

El Congreso de Puebla justificó que la legislación incorporó criterios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Pero esto no convenció a muchos poblanos. Organizaciones civiles como Articulo 19, Nodo de Derechos Humanos o Contingente Puebla criticaron la medida desde antes de su aprobación, y fue en redes sociales donde se le denominó como #LeyBala.

¿Quién mató a José Luis Tehuatlie?

El punto de mayor rechazo resultó luego de que el 9 de julio se llevó a cabo una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, cuando pobladores protestaron contra la desaparición de las oficinas del Registro Civil en las Juntas Auxiliares –autoridades comunitarias desconcentradas de los municipios poblanos.

Ante la protesta, el gobierno desalojó un bloqueo en la autopista Puebla-Atlixco, desatando un enfrentamiento entre elementos locales e inconformes; los policías dispararon latas de gas lacrimógeno, y los participantes en la protesta, utilizaron palos, piedras y cohetones.

Fue en este contexto que el adolescente José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo resultó herido con un proyectil que le perforó el cráneo; otro civil fue golpeado por una lata de gas lacrimógeno, uno más por una roca y 48 policías salieron lesionados, según la versión de la procuraduría local.

Los manifestantes afirmaron que lo que causó las lesiones en el menor fue una bala de goma disparada por policías, en tanto que las autoridades del estado aseveran que los agentes no portaban este tipo de armas y culparon a los cohetones lanzados por los propios pobladores... El menor fallecería 10 días más tarde, por complicaciones con las heridas en el cráneo.

“Muchos de estos cohetones fueron lanzados contra la policía, y tenemos elementos suficientes para establecer que uno de ellos se desvía de su curso y lesiona al menor en la cabeza”, dijo a CNN en Español el procurador de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá.

“De lo que hemos analizado en todos los videos que nos han puesto a disposición, y muchos de ellos están en las redes (sociales), la Policía estatal no utilizó en ningún momento balas de goma; además, una bala de goma no hubiera producido tal lesión”, agregó en una entrevista transmitida este martes.

El funcionario estatal señaló que, de acuerdo con “pruebas técnicas” que han realizado, una lata de gas lacrimógeno como el que usaron los agentes no provoca una herida como la que lesionó a Tehuatlie Tamayo, pero un cohetón como los que se usan en las fiestas parroquiales locales, sí.

Carrancá añadió que el médico que recibió al menor estableció que éste había sido impactado por un “objeto contundente explosivo”, y que la madre del niño también declaró ante el Ministerio Público que su hijo había sido golpeado por un cohetón.

Al viernes siguiente se realizó una nueva manifestación contra la citada ley afuera del Hospital General del Sur, donde estaba internado este menor de edad, que falleció el pasado sábado.

Moreno Valle da marcha atrás

Este martes, el Gobierno de Puebla envió al Congreso estatal una propuesta para derogar dicha ley y solicitar al Legislativo la elaboración de una nueva norma en esta materia.

“En virtud de que esta ley desde su aprobación ha sido estigmatizada con temas que, a pesar de no estar incluidos en su texto, han generado una errónea percepción de la misma, considero pertinente su revisión integral con objeto de emitir un nuevo ordenamiento formulado por los integrantes del Congreso que sustituya la anterior”, indica la nueva iniciativa firmada por el gobernador Moreno Valle.

El documento fue enviado a las comisiones unidas del Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad Pública, en el Congreso poblano.

En tanto es emitida la nueva legislación, sigue vigente la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, aunque el Ejecutivo local ha renunciado a aplicarla.

Legisladores dan a CNDH sus FOTOS y VIDEOS sobre la campal en Chalchihuapan que llevó a la muerte de niño de 13 años

Por: Laura Cordero - agosto 5 de 2014 - 16:06
De revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 1 comentario

Legisladores presentan pruebas del enfrentamiento en Chalchihuapan, Puebla. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Legisladores presentan pruebas del enfrentamiento en Chalchihuapan, Puebla. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– Los legisladores Roxana Luna Porquillo y Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para entregar fotografías y videos del enfrentamiento del pasado 9 de julio en la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, entre elementos de la Policía Estatal y habitantes de la comunidad que dejó como saldo a un menor muerto, así como a diversos pobladores y uniformados lesionados.

Acompañados por los abogados de la madre del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió a consecuencia del impacto que recibió de un proyectil disparado por los uniformados, fueron recibidos por el titular de la dependencia, el doctor Raúl Plascencia Villanueva.

Entre las evidencias que entregaron figuran fotografías y videos que captaron los propios habitantes para demostrar el uso de armas en contra de los habitantes con el fin de reprimir la manifestación en la que pedían la restitución del servicio de Registro Civil a la presidencia de la Junta Auxiliar.

Al término, en una breve conferencia de prensa especificaron que las pruebas que se entregaron es con el fin de que sean valoradas y produzcan convicción sobre los hechos en la investigación seguida por la Comisión y en su caso, se produzca una recomendación.

Se presentaron diez fotografías donde se pueden ver los cartuchos y granadas de mano que contienen distintos tipos de gases, además de las armas que lanzan los cartuchos de gas pimienta y gas lacrimógeno. En otra de las fotografías se puede ver un arma de propulsor que dispara cartuchos de gas y balas de goma y corcho. inanemente cuatro fotografías más con las heridas causadas por balas de goma a una persona adulta y al menor José Luis.

Además, se entregaron tres videos, uno editado por el Diario Central, titulado “Video contundente-Policía de Puebla disparó PRIMERO contra los habitantes de Chalchihuapan, otro más donde se ven las lesiones al ciudadano Martín Xelhua en la mandíbula y al menor José Luis, y finalmente otro del medio e-Consulta titulado “No fue cohetón lo que mató a niño de Chalchihuapan-neurólogo”.
El documento, firmado por la madre de José Luis, Elia Tamayo Montes, pide que las pruebas sean admitidas y consideradas para valorarlas y que se emita una recomendación a las autoridades correspondientes, así como a los funcionarios públicos que resulten responsables en la investigación que realice la CNDH.

Por su parte, Raúl Plascencia dijo que la información entregada es muy importante para la investigación y servirá de complemento con las declaraciones que haga mañana miércoles el Secretario de Seguridad de Puebla, Facundo Rosas Rosas y el Procurador General de Justicia del estado, Víctor Carrancá Bourguet quien acudirá el próximo viernes.

Aseguró que con esto, en la brevedad emitirán un informe para revelar “la verdad de estos sucesos, particularmente, cuál fue la causa del niño de 13 años y de los demás lesionados”.

La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación por Violaciones Graves a los Derechos Humanos sobre los hechos del pasado 9 de julio, por ello es que se citaron a los funcionarios para que rindan un informe correspondiente con relación al operativo.

La investigación se ha integrado con 114 entrevistas, 66 videos y 525 fotografías. También se compone de 10 solicitudes de información a diferentes autoridades y la solicitud de la CNDH de medidas cautelares para proteger a la población de San Bernardino Chalchihuapan, especificó Plascencia.