Los cárteles que disputan el Edomex de Eruviel

Pide gobierno mexiquense a municipios mapas de riesgo de seguridad.

Policía • 18 Septiembre 2013 - 1:03pm — Notimex

El objetivo es identificar las zonas prioritarias, considerando los índices delictivos y las demandas ciudadanas.

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Foto: Archivo
Se busca incrementar la presencia de la Policía Estatal, así como mejorar la coordinación entre las corporaciones municipales.

Ciudad de México  • Ante la inseguridad en el Valle de México, el gobierno del Estado de México solicitó a los municipios presentar los mapas de riesgo con focos en esa materia, para desarrollar algunas acciones, informó Cuauhtémoc García, director de Gobierno región ocho.

Detalló que por el momento se espera la entrega de los mapas de Naucalpan, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo y Villa Nicolás Romero.

Indicó que una de las primeras acciones que se llevarán a cabo es la actualización de esos mapas y la identificación de las zonas prioritarias, considerando los índices delictivos y las demandas ciudadanas.

El funcionario informó que, por el momento, para abatir la inseguridad se contempla incrementar la presencia de la Policía Estatal, con una coordinación entre las corporaciones municipales.

Aseguró que se descarta solicitar la presencia de elementos federales y del Ejército para este fin.

Cuautitlán, en alerta ante posible disputa de cárteles

Jonathan Nácar Febrero 25, 2014 2:15 am

La aparición de una manta el fin de semana pasado, con un mensaje firmado presuntamente por el Cártel del Golfo


Autoridades del Estado de México mantienen una alerta ante la probable disputa territorial de grupos vinculados al crimen organizado. En Cuautitlán Izcalli, la aparición de una manta el fin de semana pasado, con un mensaje firmado presuntamente por el Cártel del Golfo, despertó la alarma

Funcionarios del gobierno mexiquense aseguraron que las acciones de seguridad y vigilancia eran permanentes tanto en ese municipio, como en el resto del estado, donde en el mes de enero, sumaron 185 asesinatos, 129 extorsiones, 19 secuestros, y 4 mil 631 robos con violencia, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Efectivamente se localizó este mensaje, pero en el municipio (Izcalli) como en el resto del estado se mantiene la seguridad y la vigilancia. No podríamos decir que estamos a la expectativa, porque sería dar por un hecho (la amenaza), pero sí hay coordinación y una especial vigilancia en la zona”, sostuvo a este diario un funcionario del gobierno estatal.

En el mensaje de la manta, colocada en el puente peatonal de Avenida Ejército Mexicano, una de las principales entradas al ayuntamiento, la presunta célula del cártel del Golfo, advierte de una “limpia de la plaza”.

Lo cual reafirma la presunta disputa territorial entre grupos criminales antagónicos, la cual ha desatado un incremento en el índice de asesinatos, y atentados contra negocios, en exigencia del cobro de extorsiones. Cuautitlán Izcalli, Chalco, Nezahualcóyotl, y Coacalco son los municipios más afectados.

Sobre la manta, Indalecio Ríos, vocero de Seguridad estatal, informó ayer, que se había iniciado la averiguación pertinente sobre la localización del mensaje, del cual refirió se buscará determinar el móvil, y los sospechosos de haberla colocado.

“El Gobierno del Estado asume y no minimiza el hecho de que hayan aparecido (la manta) No hay que dejar escapar que en muchos casos estas mantas pueden representar distractores para querer alarmar a la ciudadanía o para distraer a la propia autoridad”, sostuvo el funcionario.

EDOMEX: LA GUERRA POR CUAUTITLÁN IZCALLI

Por: Humberto Padgett - marzo 18 de 2014 - 0:00


Cuautitlán Izcalli, 18 de marzo (SinEmbargo).– El narcotráfico extiende su violencia ahí, donde el Presidente Enrique Peña Nieto parece colocar menos interés en la lucha contra el crimen organizado: en el Estado de México, su estado.

Si bien desde hace un par de décadas se consideraba a Ciudad Nezahualcóyotl, en el oriente de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, un municipio surtidor de vendedores de droga al menudeo, las ejecuciones se han extendido con velocidad no sólo al resto del oriente mexiquense, sino a los municipios más prósperos del poniente, de manera destacada Cuatitlán Izcalli.

Funcionarios relacionados con la estrategia de seguridad en el norponiente mexiquense mostraron y explicaron el mapa de lo que ocurre en Cuautitlán Izcalli. A cambio, solicitaron el anonimato por temor a represalias del crimen organizado y/o del Gobierno del Estado de México.

Izcalli está en crisis por la entrada casi simultánea de dos cárteles: Jalisco Nueva Generación, identificado con los intereses del Cártel de Sinaloa, y el Cártel del Golfo.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado por la DEA como la organización criminal emergente más importante de 2013, ingresa a esa parte del Estado de México de la mano de un ex jefe policíaco. Una ficha obtenida por este medio proporciona más datos:

“El líder es un expolicía que estuvo trabajando en Izcalli como subdirector y en Guadalajara en Ameca (sic) el cual, en el sistema Plataforma México aparece como inactivo, llamado Noé Bernardo Navarrete Valencia alias El 80”.

Luego del ingreso del Ejército mexicano a Izcalli mediante las Bases de Operación Mixta, compuestos por militares y policías estatales y federales, los de Jalisco redujeron su presencia y contrataron a un sicario identificado como El Pato, un asesino, a decir de los funcionarios consultados, tan violento como poco diestro, pero relacionado con 30 homicidios en Izcalli, Tultitlán, Atizapán y Tlalnepantla.

Las autoridades conocieron la relación entre Navarrete Valencia y El Pato, porque este último fue detenido el 9 de enero de 2014 durante una movilización de las Bases de Operación Mixtas. Las autoridades recibieron una llamada anónima denunciando a un grupo de personas armadas y vestidas de negro cambiando sus ropas y lavándose manos y caras en el estacionamiento de un centro comercial. En el llamado se decía, además, que otro grupo de personas estaba recibiendo armas del primero.

Soldados y policías llegaron, pero el segundo grupo huyó con las armas. Algunos hombres del primero huyeron a pie y, al menos uno de ellos, se guareció en una tienda de abarrotes, donde fue detenido. Lo revisaron y encontraron una pistola de juguete. El hombre rio y dijo su apodo: El Pato. “El cabrón amenazó a todo el mundo de que los iba a matar, pero al final se dobló. Existen tres tipos de policías: los que se intimidan, los que agarran dinero y los que aguantan. De estos últimos le tocaron al Pato, que aceptó su participación en 30 asesinatos y su relación con El 80”, dice un funcionario estatal.

“Como no había nada, lo llevaron al Ministerio Público estatal para ahí obligarlo a que tomara una pistola y procesarlo por la portación de esa arma sucia con sus huellas. Esto es algo que se hace para torcer cabrones y supongo que también a gente inocente. Cuando llegaron, un ministerial del estado salió a defenderlo diciendo que El Pato era halcón de la Procuraduría, es decir, un informante de este lado. Cuando el militar que iba al mando se dio cuenta que El Pato estaba protegido soltó el asunto. Luego hicieron lo mismo los estatales y estatales”.

¿Qué había pasado antes? La decapitación de dos narcomenudistas de la colonia Infonavit Norte, una de las más asoladas, lo que explicaría el lavado de manos y caras de los hombres en el estacionamiento. Sólo un descabezamiento fue completo. El otro no se logró culminar en virtud de que, según las autoridades, el asesino utilizó un simple cuchillo en la maniobra.

Uno de los traficantes muertos, un muchacho menor de edad, había sido detenido algunos días antes. Antes de ser liberado por la poca cantidad de drogas que portaba, el muchacho relató que lo habían abordado para prevenirle que, en adelante, sólo compraría al Cártel Jalisco Nueva Generación.

–¡Se van a la v&#!@! –habría dicho el muchacho antes de desaparecer en su motoneta y condenarse a muerte.

¿Qué pasó después? Al día siguiente, 10 de enero, hubo cuatro ejecuciones en la Colonia San Francisco Tepojaco y uno más en Santa Rosa de Lima.

El problema del Estado de México no se constriñe al trasiego y venta a menor escala de sustancias prohibidas. Cerca de Cuautitlán Izcalli, en los municipios Nicolás Romero y Villa del Carbón se han encontrado laboratorios para la producción de metanfetaminas y piedra.

Un microempresario estándar de las drogas en esta zona del Estado de México vende mercancías por mil pesos al día, lo que representa unos 500 pesos diarios de ganancia, más de siete salarios mínimos. Un sueldo de obrero en la zona es de alrededor de 200 pesos diarios.

Los antecedentes de la presencia de los cárteles en el norponiente mexiquense son recientes.

Según las fuentes consultadas, una corriente de narcotraficantes asociados a La Familia Michoacana avanzó de los límites del Estado de México con Michoacán y Guerrero, de municipios como Tejupilco y Luvianos [donde en 2012 hubo una masacre con 18 muertos que el gobierno estatal pretendió ocultar], hacia el Valle de México.

Algunos mantuvieron identidad con ese cártel aún después de su colapso y refundación en el Cártel de los Caballeros Templarios, cuya presencia en Izcalli fue poco perceptible en mayo de 2013, según el conocimiento de las autoridades informantes: dos o tres de ellos pretendieron tomar el municipio asaltando cajeros automáticos hasta que su líder murió en un accidente de motocicleta en el centro del municipio.

En Izcalli existían bandas consolidadas. Una de estas es conocida como Los Cabiños, apodo de su líder, un hombre señalado en 2009 por la Procuraduría estatal de pagar 150 mil pesos mensuales al entonces director de Seguridad Pública municipal de Cuautitlán Izcalli, Jaime Becerra García, a cambio de protección. Las ejecuciones anteriores a la actual racha de asesinatos habían sido vinculadas a este narcotraficante, quien actuaba relacionada con alguno de los grupos del Cártel de los Beltrán Leyva.

Durante la administración del panista David Ulises Guzmán Palma, el último Alcalde panista en Izcalli (2006-2009), su jefe de la policía, César Valentín Payán, filtró información relativa a la presencia de Los Zetas luego de extorsiones a restaurantes, bares y cines.

La flecha pareció dirigida a Karim Carvallo, actual Alcalde priista, quien es hermano de Jorge, exsecretario particular del ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, acusado de gobernar en contubernio con Los Zetas.

César Valentín Payán fue jefe de escoltas del ex Gobernador panista de Querétaro Ignacio Loyola Vera y quien, según los informantes del Estado de México, trajo consigo a la policía municipal de Izcalli a Noé Bernardo Navarrete Valencia, El 80, el hombre que supuestamente abre paso al Cártel de Jalisco Nueva Generación, también conocidos como “Los Matazetas”.

Valentín Payán es relacionado con unas cabezas humanas enviadas en 2007 al jefe de la policía del vecino municipio de Tepotzotlán y, actualmente, está considerado como desaparecido. Finalmente, los vecinos de Izcalli podrían tener un cártel más en la guerra que se libra en sus calles: el Cártel del Golfo, que recientemente desplegó una manta:

“Ciudadanos de Izcalli, sabemos que están hartos de la inseguridad y de los rateros que acosan cada día a la gente. Somos del Cártel del Golfo y venimos a limpiar la plaza para que usted y su familia estén tranquilos.

“Rateros, secuestradores, violadores, extorsionadores, malos funcionarios y contrarios. Más vale que se alinien (sic) porque no se va a tolerar estas conductas que laceran a la sociedad.

“Autoridades municipales, estatales, federales y ejército, la guerra no es con ustedes, déjenos trabajar y nosotros no nos metemos con ustedes. “Empieza la limpia, déjenos trabajar y verán los resultados.

“Atte: El comandante Tigre CDG”.

Las anteriores no son las únicas pandillas del crimen organizado. Otros funcionarios públicos que solicitaron mantenerse anónimos sostienen que la industria del secuestro en la zona conurbada del Estado de México al Distrito Federal es de policías ministeriales, particularmente de miembros del grupo antisecuestros.

Y el negocio de robo de autos, aseguran, es negocio de la Policía Estatal.

“Cuando las policías municipales persiguen un auto robado, por ejemplo, los ladrones buscan el Circuito Exterior Mexiquense, una vía en que sería muy fácil detenerlos porque es una autopista urbana de cuota a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, pero no. Resulta que una vez ahí se esfuman”.

Al no funcionar como un contenedor, entonces el Circuito Exterior se convierto en una inmejorable medio de escape: sus 110 kilómetros de longitud recorren 18 municipios del Estado de México y conecta con las autopistas México-Querétaro, Chamapa-Lechería con dirección a Toluca, México-Pachuca, México-Tuxpan, Peñón-Texcoco y México-Puebla.

En entrevista, el Alcalde de Izcalli, Karim Carvallo Delfín, apunta que los muertos de su municipio son narcomenudistas. Esto es sabido porque algunas de las víctimas habían sido detenidas y fichadas antes de su muerte.

En su versión, los vendedores históricos en el municipio, situados en las mismas colonias en que se han hallado los cadáveres, pretendieron resistirse a la incorporación obligada de los cárteles.

“Estamos muy preocupados por Michoacán y con las incursiones en Jalisco o en Sinaloa, pero se nos olvida el verdadero corazón del país: somos la entidad más poblada, con mayor parque vehicular, con más movimiento urbano y más parque logístico en toda la nación, que es el Estado de México”, dice Carvallo.

“Tenemos una condición privilegiada de tener en nuestro territorio algunas de las autopistas más transitadas del país, entre estas la México-Querétaro. Esto también ha sido atractivo para los delincuentes”.

Karim apunta a otros factores sociales para explicar el crecimiento de la violencia, el incremento del número de pobres y el rezago educativo que se exacerba en la falta de escuelas preparatorias y universidades.

“Nos falta empleo. ¿Qué hacemos con los chavos de 16 a 23 años? Estoy hablando del rango de edad de los hoy sicarios y narcomenudistas. Son los chavos a los que yo detengo y que deberían estar estudiando en una preparatoria o una universidad. Es una chamba atractiva para los jóvenes”.

Durante el año pasado, detalla el Alcalde, detuvieron a algunas decenas de pequeños vendedores de drogas y elaboraron un padrón. No utilizaban armas ni estaban involucrados en delitos más elaborados como extorsión y secuestro. La policía municipal los dejaba libres, porque solían portar no más que las cantidades admitidas para consumo personal y así evitar su procesamiento penal.

El de Izcalli era, en realidad, un sistema elemental de empresa: organizado en el sentido de que no había conflicto entre los pequeños grupos y centrado en la venta de drogas.

Por este listado es que el gobierno local sabe que los muertos esparcidos en banquetas o baleados en automóviles estaban en el negocio de las drogas desde antes de la aparición de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Golfo.

Hace 20 años, el levantamiento zapatista de Chiapas, los conflictos sociales de Guerrero, el narcotráfico asentado en Morelos y la delincuencia común desborda en el Distrito Federal hacían ver al Estado de México como un remanso de calma.

Con excepción del municipio de Nezahualcóyotl, que junto con el barrio de Tepito del Distrito Federal surtía el gran mercado de drogas del área metropolitana de la Ciudad de México, la violencia relacionada con las drogas permaneció con poca visibilidad hasta la segunda mitad de la década pasada.

Existían grupos de narcomenudistas dispersos en toda la mancha urbana, pero sólo por excepción dirimían diferencias con la violencia, recurso que se abarató y extendió alrededor de 2007, cuando la Familia Michoacana y Los Zetas pretendieron extenderse hacia los municipios forcejearon por la hegemonía en municipios como Ecatepec y Coacalco.

Hoy es tan diferente la situación en la entidad original del Presidente Enrique Peña Nieto que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido la porción más poblada del país en sus alertas de viajes:

“Difiera viajes esenciales a los municipios de Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca situados en el oriente de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, justo al este del Aeropuerto Benito Juárez del Distrito Federal a menos que lo haga a través de vialidades mayores. Estas áreas han observado altos niveles de crímenes e inseguridad”.

Dicho de otra manera: para la administración de Barack Obama, el sitio donde viven más de 6 millones de paisanos de su homólogo Enrique Peña Nieto no debe considerarse más que un sitio de paso de visita sólo en casos obligados o de tránsito rápido.

La alerta es la vigente y aún no considera el alza de las ejecuciones relacionadas con el narcotráfico en poniente del Estado de México, donde se ubican Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan.

De acuerdo con un conteo de ejecuciones realizado por el diario Reforma y publicado el 13 de marzo, en ese momento Cuautitlán Izcalli era el municipio con más ejecuciones en el Estado de México.

En 2014, en el estado del Presidente se tienen registradas cerca de 170 ejecuciones y la quinta parte han ocurrido en Cuautitlán Izcalli que, con 33 defunciones entre el inicio de año y el 16 de marzo de 2014, supera los decesos del tipo registrados en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Chalco, los dos primeros además con mayor población que Izcalli.

La siguiente es una lista proporcionada por el Ayuntamiento de Izcalli en que se muestra la tendencia desde el inicio del problema, a comienzos del año pasado.

3 de diciembre de 2013: 3 ejecutados en Las Palomas (Avenida José María Morelos y Pavón)

9 enero de 2014: 2 ejecutados en Infonavit Norte 10 de enero de 2014: 4 ejecuciones en la Avenida las Torres, Colonia Los Pinos San Francisco Tepojaco; 1 ejecutado en Santa Rosa de Lima

7 de febrero de 2014: 2 ejecutados en Infonavit Norte 11 de febrero de 2014: 1 ejecutado en Infonavit Norte, cerca de la Unidad Viveros

12 de febrero de 2014: 3 ejecutados en Santa María Guadalupe Las Torres

15 de febrero de 2014: 1 ejecutado Colonia Luis Echeverría, Avenida Río Verde

Como se puede ver, en un mes, de mediados de febrero a mediados de marzo, la cifra se duplicó. Las colonias listadas son básicamente las mismas en que han ocurrido los demás asesinatos.

El hecho no debería extrañar si se atiende a los hallazgos del semanario Zeta de Tijuana en su registro de ejecuciones. Un dato interesante es que mueren más personas ejecutadas en el Estado de México que en Chihuahua, Michoacán o Sinaloa, entidades históricamente intervenidas por el gobierno federal para controlar la situación.

La publicación elaboró el siguiente cuadro de muertes violentas asociadas al narcotráfico comprendidas entre el primero de diciembre de 2012, al inicio de la administración federal de Peña Nieto, y el 31 de octubre de 2013.

Cuautitlán Izcalli es un municipio cuyo índice de desarrollo humano es considerado como muy alto por la Organización de las Naciones Unidas. Pero, si se atiende al miedo que se percibe en el lugar, ese indicador no podría ser entendido como calidad de vida.

Durante los últimos dos meses, los habitantes han dado por ciertos los rumores sobre la instauración de un toque de queda, lo que ha sido desmentido por las autoridades, pero las personas no necesariamente creen en sus autoridades.

Las redes sociales son un avispero de temores. Es difícil no recordar el pánico colectivo propagado en ciudades de Tamaulipas y Nuevo León durante 2010, en la víspera del recrudecimiento de las guerras entre los cárteles.

Dice de manera escueta, perceptiblemente atemorizada, una persona representante de los vecinos de Cuautitlán Izcalli:

“Estoy sola en esto, las familias estamos solas en esto. No tengo ningún apoyo del Presidente municipal. Somos personas de la tercera edad y vivimos con miedo. No sabemos bien qué está pasando y no nos sentimos apoyados por nadie”.

Otros vecinos con más cercanía al Partido Revolucionario Institucional, instituto que postuló al Alcalde Karim Carvallo Delfín, condescienden con la estrategia de seguridad pública implementada por el Ayuntamiento y apelan a la responsabilidad de cada quien por evitar que sus hijos se involucren con las pandillas.

Un empresario habla: “En Cuautitlán Izcalli, desde hace unos meses, ya estamos pagando impuestos al crimen organizado. Se trata de una cuota mensual de entre 10 mil y 20 mil pesos. Sabemos que es inútil denunciar porque las autoridades están coludidas. Lo cierto es que no todos los empresarios están en condiciones de pagar y necesariamente habrá cierre de talleres y pequeñas fábricas.

“Yo, en lo personal, estoy considerando dejar el municipio. Hablo de mi negocio, porque a mi familia ya la saqué al Distrito Federal. ¿Quién diría hace 20 años que nos iríamos corriendo al DF para sentirnos más seguros? Un loco. Y pues sí, esta es una locura”.

MAQUILLAJE

Cuando alguien está decidido a ser Presidente busca todas la maneras para que un problema es su entidad no se convierta en un foco rojo y llame la atención de la opinión pública y de otras autoridades y así sucedió con los crímenes en contra de mujeres en el estado de México durante la administración del hoy Presidente Enrique Peña Nieto, considera el investigador de la Universidad de Columbia Edgardo Buscaglia, quien explica que la forma de mantenerlos ocultos ha sido clasificándolos en el fuero común.

El presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México indica que a pesar de que el Edomex ha tenido tasas mayores a las nacionales en muertes violenta de mujeres y que forman parte de la delincuencia organizada, nunca se clasificaron como tal para que no los atrajeran las autoridades federales encabezadas por un partido distinto al del PRI que gobierna en la entidad.

“La razón por la cual los federales no atraen casos del estado del ex Gobernador Enrique Peña Nieto era porque él y su partido se aseguraban de que sus casos no fuera clasificados de delincuencia organizada, pero lo eran tanto como los del Gobernador de Sinaloa.

“Pasó que el ex Gobernador Peña Nieto ya tenía una perspectiva presidenciable y no quería tener un flujo infinito de delitos que era organizados y, a través de una negociación política, esos ilícitos se mantuvieron clasificados como del fuero común” señala el académico en entrevista.

Cuando un Gobernador será Presidente, subraya, no permite que en su estado el gobierno federal  decrete que existen más feminicidios y más delincuencia organizada que en otros estados en donde ya se tiene un problema grave.

Discrecionalmente, apunta Buscaglia, se hicieron acuerdos políticos para que los casos se quedaran en el Estado de México y pasaran debajo del radar de las autoridades federales y la DEA o el FBI de Estados Unidos.

Buscaglia asegura que en el fondo son problemas de crimen organizado: “los homicidios son casos perpetrados por el Cártel de los Zetas hasta 2010 y  son casos del Cártel de Sinaloa y de los Caballeros Templarios de Michoacán a partir de 2010”. El académico recuerda la existencia de 22 delitos clasificados como de delincuencia organizada, entre estos, secuestro y extorsión, con lo que el Estado de México es la entidad con mayor cantidad de delitos de delincuencia organizada violenta en el país, pero que se simulan detrás del fuero común.

Buscaglia contrasta: el Distrito Federal es el lugar donde más delincuencia económica organizada existe en el país, pero es “pacífica”, condición “natural” de la delincuencia organizada, pues ésta no opera con base a violencia y los conflictos armados que colocan el negocio en riesgo pues se debe dedicar mucho dinero a las actividades predatorias y lo quiere la empresa criminal quiere es el negocio.

“No se trata de atacar a las personas sino a las políticas criminales, que son políticas criminales de encubrimiento lo que hay en el Estado de México. No digo que el ex Gobernador Peña no haya tenido buena voluntad; la debió tener, pero bajo las condiciones políticas que se encontraba su grupo de poder no era factible aplicar el mismo criterio aplicado a Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y a todos los demás estados, porque de acá saldría el próximo Presidente”.

Buscaglia recordó que al término del mandato de Peña Nieto como Gobernador, en 2011, el semanario británico The Economist lo acusó de maquillar las cifras de disminución de delitos en su entidad en su último informe de gobierno.

Mientras Peña presentó como uno de sus logros de gobierno más significativos la reducción de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 54 por ciento, el medio inglés calificó la información de “absolutamente falsa” al señalar que entre 2007 y 2011 este delito había aumentado 40 por ciento, según estadísticas del gobierno federal.

Esto fue reconocido parcialmente por Peña Nieto al aceptar que hubo errores de metodología pues se dejaron de lado algunas variables.

Buscaglia ha asesorado reformas judiciales y estrategia de combate y prevención del delito organizado en países de los cinco continentes y, con respecto del Estado de México, sostiene que es hora de terminar con la política de encubrimiento de sus gobernantes.

“La entidad es un área de transito muy importante que varios grupos criminales han disputado por varios tipos de negocios. Para desarrollar esas actividades criminales organizadas se requiere de protección política y esa protección política es operativa a niveles municipal y estatal.

“La mayoría de los delitos no se procesan institucionalmente y no llegan a sentencia  y si llegan, lo hacen con violaciones procesales o no tienes acceso a la justicia de manera adecuada ni asesoría jurídica adecuada, es decir, la diferentes manifestaciones de violaciones a los derechos humanos puede ser enormemente creativa”.

EL NARCO SALE POR EL ORIENTE

Al Gobernador Eruviel Ávila se le apareció el diablo. O, mejor dicho, ya lleva algunos años en el Estado de México, pero ahora anda furioso.

En realidad, la presente violencia y su parafernalia ­–torturas, decapitaciones, escritos junto a los cadáveres– era previsible desde los días en que Enrique Peña Nieto caminaba hacia la Presidencia de la República.

Las claves están en el expediente penal del caso conocido como “michoacanazo” por el que fueron a prisión decenas de funcionarios municipales y estatales de la pasada administración pública en Michoacán.

Si bien todos los funcionarios resultaron exonerados ­por las acusaciones, no sin ausencia de controversia, el documento permite ver que la Procuraduría General de la República del panista Felipe Calderón no sólo estuvo en capacidad de colocar en el berenjenal político y judicial al perredista Leonel Godoy, sino también al priista Enrique Peña Nieto.

Santo y seña de cómo el diablo ya andaba por ahí y cómo las autoridades lo sabían quedaron asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/205/2009 la causa penal 02/2009-II instruida por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, y el toca penal 576/2009 resuelto por el Tribunal Unitario de Circuito de la Séptima Región.

SinEmbargo posee copia completa de estos documentos.

El Estado de México satisface tres intereses fundamentales del narcotráfico: posee, al sur, un territorio apto por clima, orografía y pobreza para la producción de marihuana, amapola y metanfetaminas; es una zona propicia para el tránsito aéreo y terrestre; al contener la mayor población del país, posee también el mayor mercado consumo potencial interno distribuido en dos de las mayores zonas metropolitanas, el Valle de México y el Valle de Toluca, y es un haz de ejes de conexiones terrestres y aéreas.

Grandes porciones de su clase política han sido señaladas por la corrupción y cuenta con una compleja diversidad geográfica y de fronteras: colinda con Michoacán [territorio de guerra pasada entre La Familia, Caballeros Templarios y Zetas y ahora de los grupos de autodefensa], Guerrero [se añaden los Beltrán Leyva, el Cartel del Pacífico Sur y otros de características más locales, como Guerreros Unidos], Puebla [avance de Zetas y El Golfo de Veracruz hacia el centro], Morelos [en guerra interna de las fracturas de los Beltrán Leyva y disputa con Los Chapos] y Querétaro. Por si fuera poco, es puerta de entrada y salida de la capital mexicana.

En los mapas elaborados por las agencias antidrogas y de inteligencia estadounidenses se establece presencia de todas las agrupaciones criminales en el Estado de México y el Distrito Federal. La diferencia, por ahora, es que en la capital apenas asoma la violencia.

No todo el crimen organizado en suelo mexiquense ha sido importado. Algunos grupos son de conformación propia. Uno es el llamado Cártel de Neza, con la peculiaridad de tener como cabeza a una mujer, Delia Patricia Buendía Ma Baker; uno más es el llamado Cártel del Centro y, otro más, La Mano con Ojos.

Ninguno ha tenido mayor relevancia. Algunos de sus integrantes, por ejemplo, obtienen armamento asaltando policías municipales solitarios y desprevenidos. Sin embargo, la diferencia con la delincuencia común es fundamental: quienes asumen la etiqueta del narco también mutilan, clavan mensajes en el pecho de sus ejecutados o los cuelgan de puentes vehiculares.

“En la Ciudad de México, el crimen organizado sí está organizado, en los demás sitios es un crimen desorganizado y por eso ocurre la violencia que a nadie conviene”, apuntala el experto y asesor de la ONU en el tema Edgardo Buscaglia.

No todo el crimen organizado en suelo mexiquense ha sido importado. Algunos grupos son de conformación propia. Uno es el llamado Cártel de Neza, con la peculiaridad de tener como cabeza a una mujer, Delia Patricia Buendía Ma Baker; uno más es el llamado Cártel del Centro y, otro más, La Mano con Ojos. Ninguno ha tenido mayor relevancia. Algunos de sus integrantes, por ejemplo, obtienen armamento asaltando policías municipales solitarios y desprevenidos.

Sin embargo, la diferencia con la delincuencia común es fundamental: quienes asumen la etiqueta del narco también decapitan, mutilan, clavan mensajes en el pecho de sus ejecutados o los cuelgan de puentes vehiculares.

Cuando “Ricardo”, un testigo protegido, declaró durante 2008 y 2009 respecto del caso conocido como “michoacanazo”, el jefe de La Familia Michoacana era el recién detenido Dionisio El Tío o El Licenciado Loya. Originario de Apatzingán, tenía por funciones la compra funcionarios de todos los niveles, preferentemente policías. También coordinaba con todos los partidos políticos la selección de los candidatos y sus colaboradores en las diferentes presidencias municipales, no solamente en Michoacán.

Subordinados a él, en los tiempos de la propagación michoacana al Edomex, estaban Jesús El Chango Méndez, ya detenido; Servando La Tuta Gómez, entonces encargado de Arteaga y Lázaro Cárdenas y ex capitán del Cártel del Golfo, grupo del que se desprendieron los militares de élite que asumieron el nombre de Zetas y cuyo líder, Heriberto Lazcano, envió a un tamaulipeco como encargado de la Plaza de Lázaro Cárdenas.

En mayo de 2007, antes de la ruptura, La Familia Michoacana designó a Saúl Solís El Lince, un ex jefe policíaco y candidato ganador a una diputación federal por el Partido Verde, como su encargado en el Estado de México y el DF. La misión era controlar la distribución y venta de cocaína, marihuana e ice; cobrar cuotas de protección a propietarios de bares, discotecas, lotes de autos y vendedores de discos piratas, y eliminar a cuanto Zeta y Beltrán Leyva se pudiera.

La decisión se tomó en un rancho de La Familia, cerca de Nueva Italia, en Michoacán. La avanzada al Estado de México colocó a El Lince como el inversionista inicial para el pago de sicarios, compra de vehículos, armas y drogas. La inversión se recuperaría con secuestros y venta de droga en la misma plaza. Funcionó algunos años, hasta que El Lince fue capturado en septiembre de 2011, pero ya no como enviado de La Familia, sino como lugarteniente de Los Caballeros Templarios.

Del emplazamiento de Solís al Estado de México –y la obligada guerra que vendría– el gobierno federal supo por las declaraciones de un hombre apodado El Chino dentro del legajo del michoacanazo.

En el documento se lee que un hombre joven de nombre Marco Antonio Vázquez y apodo El Chino se hizo narco en Coacalco, Estado de México. Lo detalló él mismo ante el ministerio público federal el 9 de junio de 2009. Tiempo atrás, se unió a La Familia Michoacana por invitación del Cuervo, un hombre a quien conoció a través de Ángel Arellano Flores, entonces delegado de Combate a la Delincuencia de la procuraduría mexiquense en Ecatepec.

La Familia necesitaba gente en Coacalco para identificar tienditas de droga y averiguar su pertenencia. El Chino obtuvo el empleo en el nivel más bajo, con sueldo de 8 mil pesos mensuales. La primera lección sobre el significado de la lealtad llegó rápido. La Familia ejecutó al Cuervo cuando se enteró que éste le robaba. El destino del comandante Ángel Arellano no fue muy distinto: cinco tiros frente a su esposa mientras compraba tamales el 24 de septiembre de 2008, el primer día en que el ejército entró al estado de México para pelearse con el narco.

El Chino pertenecía a una región de la mafia michoacana que incluye Coacalco, Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, donde opera un centenar de mafiosos divididos en al menos 10 células. Por ejemplo, la célula de Jeanluca, cuenta con un abogado que paga o pagaba los sobornos a funcionarios mexiquenses. La nómina asciende a 1.5 millones de pesos. El grupo del Roski levantaba y ejecutaba vendedores de droga que no trabajan para La Familia.

Los matones del Chino estaban encarnizados con una familia de policías apellidados Martínez de la Vega.  El 29 de noviembre de 2008, emboscaron a Ernesto, oficial de Coacalco. En febrero de 2009 siguió su hermano Mario, pero sobrevivió al único balazo que le acomodaron. En abril tocó turno a Roberto, policía municipal de Ecatepec y, hasta poco antes de que le metieran 90 tiros de AK–47, escolta del polémico obispo Onésimo Cepeda antes de su retiro.

La razón de La Familia Michoacana era simple e imperdonable. Los hermanos Martínez de la Vega no eran más que Zetas vestidos de azul. Todo esto durante el segundo gobierno municipal del hoy Gobernador Eruviel Ávila, a su vez político de la mayor cercanía con el obispo Cepeda.

Los demonios andaban sueltos. Las células de Francisco Calderón Ceja El Riata y El Nico ejecutaron al secretario particular del Presidente municipal de Coacalco, Eduardo Manzur, en diciembre de 2008. Un tipo identificado como El Zopilote explicó que el empleado de gobierno también trabajaba para Los Zetas.

La nómina de La Familia Michoacana incluiría al coordinador de la Agencia de Seguridad Estatal en Coacalco, un comandante de apellido Castillo. En el municipio de Melchor Ocampo, el hermano del Presidente municipal recibiría dinero para controlar a la policía municipal. También estarían comprados algunos jefes policíacos de Jaltenco, Nextlalpan, Zumpango y Tonanitla.

En la policía ministerial del estado, La Familia tendría un empleado de apellido Albarrán y a otro llamado Noé Alarcón. Además, se habían metido a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de Ecatepec a través de los bolsillos de un comandante de la ministerial y un policía federal. No se revelaron los nombres: no hubo investigación.

El Chino fue detenido en el Distrito Federal y declaró todo. Hasta que lo habían asaltado los mismos policías federales que lo presentaron ante el ministerio público. Se dijo despojado de 16 mil pesos, un anillo de oro blanco con un zafiro estrella y dos brillantes, dos cadenas Cartier de oro con imágenes de Cristo.

El procurador Jesús Murillo nada o casi nada ha explicado de la situación en el Estado de México, donde el diablo ya andaba desde que ahí gobernara el Presidente Peña Nieto y quien apenas ha insinuado su preocupación por el asunto. *

Otro intento de borrar a “Proceso”

LA REDACCIÓN
25 DE MARZO DE 2014
REPORTAJE ESPECIAL

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PROCESO 1950


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una vez más, presuntos operadores gubernamentales trataron de impedir la libre circulación de Proceso comprando dotaciones completas en locales cerrados y puestos de periódicos. Lo hicieron en varios municipios del Estado de México, en colonias del Distrito Federal y en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco. Aunque tarde o temprano la información se abre camino hasta los lectores, es sintomática –por torpe e inútil– la insistencia, los recursos y la voluntad de diversas autoridades por bloquear el trabajo periodístico.


Alrededor de 10 mil ejemplares de la edición 1950 de Proceso, que circuló la semana pasada, fueron comprados de manera masiva en el Estado de México, diversos puntos del Distrito Federal y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La portada de ese número destaca una foto del mandatario mexiquense Eruviel Ávila, con el encabezado: Estado de México. Disputa sangrienta, con el epígrafe: “En el gobierno de Eruviel Ávila, como antes en el de Peña Nieto, las narcobandas se matan por el botín mexiquense”.

El reportaje correspondiente, de José Gil Olmos, se sustenta, entre otros documentos, en un informe interno del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación.

Es una descripción del duro panorama de la violencia y sus secuelas en esa entidad desde que la gobernó Enrique Peña Nieto hasta la actualidad. Uno de los datos oficiales: la disputa del territorio por La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha dejado al menos 3 mil muertos. También se cita a funcionarios federales, quienes admiten que el alto nivel de violencia fue el principal motivo para cancelar el Hell and Heaven Fest 2014.

En el caso de Guadalajara, en donde se distribuye el suplemento Proceso Jalisco,­ la portadilla muestra al fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, y el encabezado: Fiscalía General. Sombras y dudas. El reportaje principal, de Alberto Osorio, trata sobre la sospecha creciente de que las corporaciones policiacas del estado y de sus municipios pueden estar implicadas con el crimen organizado.

La compra masiva se inició el domingo 16, en un operativo presuntamente orquestado por instancias gubernamentales. Los voceadores y vendedores de locales cerrados, como Sanborns, Vips y Walmart, relataron que desde muy temprano llegaron grupos a comprar todos los ejemplares de los puestos y anaqueles.

A diferencia de otras ocasiones, los acaparadores no acudieron a los distribuidores, sino a los voceadores. Personas no identificadas llegaban a los puntos de venta y ordenaban: “Quiero todos los ejemplares que tengas de la revista Proceso”. Pagaron en efectivo.

En el Estado de México, el operativo fue notorio principalmente en la capital, Toluca, y en prácticamente todos los municipios conurbados al Distrito Federal. En dicha zona, todas las tiendas mencionadas y los tradicionales puestos de periódicos se quedaron sin ejemplares de Proceso. Lo mismo ocurrió en lugares del Distrito Federal, como San Ángel, San Jerónimo y Lomas de Chapultepec.

En cuanto a Guadalajara, los compradores también llegaron en grupos a los puestos del centro histórico para llevarse todas las existencias del semanario. Igual ocurrió en los locales cerrados.

Aún faltan datos para completar la información sobre la compra masiva en la Ciudad de México, pero de los 3 mil ejemplares enviados a Guadalajara, casi todos fueron adquiridos en esta compra masiva, sobre todo en el centro histórico. Lo propio ocurrió con la dotación de los Sanborns (165 ejemplares) y los Vips (70).

En el Estado de México, las mil 864 revistas destinadas a Toluca se adquirieron desde temprano, en Atlacomulco 80 y en Valle de Bravo 40. En varios Sanborns de la entidad se llevaron 2 mil, en Vips mil 298 y en Walmart 230, de la misma forma.

El operativo de compra masiva de la edición 1950 de Proceso provocó una reac­ción importante en las redes sociales, donde muchos mexiquenses propusieron que el número se vendiera en internet para que los operadores del gobierno estatal no bloquearan la lectura de su contenido.

En otras ocasiones se han recogido o comprado masivamente ejemplares de la revista, pero en esta se han llevado más: cerca de 10 mil, según el último reporte.

El reportaje sobre la violencia en el Estado de México en la página Proceso.com.mx se disparó hasta 71 mil 500 visitas el viernes 21, con tendencia a incrementarse.



Una forma de incautación



En 2011 se realizó un operativo similar con la edición 1819 en las ciudades de Monterrey, Durango, Puebla y León, presuntamente para evitar que circulara. Las circunstancias fueron similares: personas desconocidas para los voceadores preguntaron cuántos ejemplares de Proceso había, para llevarse la dotación completa.

De entrada, esa vez en Monterrey desa­parecieron de los puestos alrededor de 2 mil 500 ejemplares, en Puebla 2 mil 100, y en León y Durango mil en cada una.

Esa edición destacó en su portada el reportaje Una historia siniestra, de Jesusa­ Cervantes y Álvaro Delgado, sobre el Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, y sus vínculos con funcionarios, políticos y jerarcas católicos.

En el interior, la información abrió con el encabezado: El gran corruptor y sus corrompidos, y una fotografía del cardenal Norberto Rivera Carrera y el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán, ambos flanqueados a la derecha por Rojas Cardona y a la izquierda por el senador panista Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

En esa reveladora imagen aparecen también Iván Garza Téllez, director del Registro Nacional de Miembros del PAN, y Arturo Rojas Cardona, hermano del Zar de los Casinos y presidente de la empresa Entretenimiento de México, así como David Aguilar Romero, director de comunicación social del alcalde panista de León, Ricardo Sheffield Padilla.

También ese tema se volvió viral en las redes sociales. En Durango, Rafael Herrera Piedra, estratega de medios y primo del gobernador Jorge Herrera Caldera, publicó en Twitter el mensaje: “¿Quién es (son) el (los) personajes que están comprando masivamente la edición de hoy domingo de la revista Proceso?”.

En 2012 volvió a suceder. En Reynosa, Tamaulipas, personas no identificadas adquirieron en locales cerrados y puestos de periódicos todos los ejemplares existente de la edición 1840, que traía en portada una foto de José Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del Golfo, con la cabeza: Tamaulipas: Ejército y Marina cobijan a “El Coss”, correspondiente a un reportaje de Jorge Carrasco Araizaga.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, entre 2007 y 2011, unos 53 mil ejemplares de Proceso fueron prácticamente incautados bajo la modalidad de compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

Otra de las compras masivas del semanario se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2011 en Veracruz. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 fueron adquiridos tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos por hombres jóvenes –algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores– que preguntaron amablemente por las dotaciones de Proceso en cada establecimiento. Las compraron todas, en efectivo.

En ese número apareció la fotografía de los 35 cuerpos arrojados al pie del Monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río, el 20 de septiembre de 2011. El encabezado principal fue: Veracruz sangriento. Reacomodo del narco.

Falsos cárteles crean violencia en el Edomex
Acepta que en la entidad operan bandas criminales y dice que en el sur los delincuentes enamoran a jóvenes para que cuiden a los secuestrados.


O El procurador mexiquense visitó la semana pasada las instalaciones de MILENIO en el Distrito Federal.
El procurador mexiquense visitó la semana pasada las instalaciones de MILENIO en el Distrito Federal. (Martín Salas)

Rubén Mosso 22/09/2014 03:03 AM

México

En el Estado de México hay presencia de grupos criminales como La Familiamichoacana, Guerreros Unidos y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero los incidentes de violencia registrados en algunos municipios fueron cometidos por bandas que se hacen pasar por cárteles para tener el control del narcomenudeo.

Alejandro Jaime Gómez Sánchez, procurador mexiquense, dijo que lo anterior deriva del intercambio de información con el Cisen y la Procuraduría General de la República (PGR).

“Hemos corroborado en muchas ocasiones que se trata de bandas, de grupos delictivos que no pertenecen a ningún cártel y se hacen pasar como tal”, dijo en entrevista con MILENIO.

“Eso no excluye la presencia de grupos delictivos que han sido identificados a escala nacional, como La Familia michoacana. Algunas personas dicen que son templarios. También (sabemos) de Guerreros Unidos o el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Corroboramos estos datos con el Cisen, la PGR y con las procuradurías vecinas, que es con las que trabajamos”.

Gómez dijo que en el caso de Guerreros Unidos, este grupo opera también esa entidad, además de Morelos, Michoacán y otra entidad federativa.

El procurador del Estado de México mencionó que, de acuerdo con informes recientes, el actual líder de La Familia michoacana en la zona sur de la entidad es Johnny Hurtado Olascagua, El Pez.

Explicó que este sujeto asumió el liderazgo de dicho grupo tras la detención en julio pasado de José María Chávez Magaña, El Pony.

Su zona de operación es Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya, Otzolotepec, Amatepec, Zacualpa, Zacazonapan y localidades que colindan con Guerrero.

Por lo que respeta al municipio de Ecatepec, donde también se han suscitado diversos incidentes, el funcionario señaló que lo ocurrido ahí tiene una lógica delictiva distinta.

“Es el municipio más poblado del país; ahí encontramos ciertas áreas de mucha pobreza y también ciertos lugares de insuficiencia de recursos, de servicios; se avanza en esa parte, y consecuentemente, tenemos mucha delincuencia que podríamos decir común, que no necesariamente es de un grupo delictivo, pero no deja de ser violenta.

“Además, tenemos presencia de grupos delictivos que hemos mencionado. ¿Cuál es el tema aquí? Que esos grupos están pelando por alinear a las narcotiendienditas o tiraderos de droga, que es lo que normalmente ocurre”, dijo el procurador mexiquense.

“Consecuentemente, también buscan alinear a las bandas que operan otro tipo de delitos, como robo de vehículos, asalto, robo, transeúnte o algún otro fenómeno delictivo.

Cuestionado sobre lo que sucede en el municipio de Cuautitlán Izcalli, dijo que ahí opera una organización criminal que es contraria a La Familia michoacana, misma que ha dejado mensajes para identificarse como célula del cártel del Golfo.

Sin embargo, señaló que esos delincuentes no pertenecen a esa banda, sino que se trata de una organización que pudo ser una escisión, pero actualmente no tienen una relación.

El procurador comentó que en el sur de la entidad adolescentes de escasos recursos, que viven en una situación precaria, se han convertido en blanco de miembros de La Familia, quienes las enamoran o hacen amistad y después son forzadas a ayudarlos para comerter delitos.

—¿Las obligan a participar en actividades ilícitas?

—Participar es algo relativo (...) Ellas no son quienes privan de la libertad, pero sí quienes preparan los alimentos para las personas secuestradas, porque están obligadas a hacerlo.

Caso Tlatlaya

Alejandro Encinas, senador del Partido de la Revolución Democrática, envió una carta al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que demanda esclarecer la muerte de 22 personas ocurrida en julio pasado en Tlatlaya, Estado de México.

Al menos dos testigos de esos hechos señalan que dichas personas no murieron en un enfrentamiento con personal militar, sino que fueron asesinados por los soldados. Por ello, la Sedena se dijo en la mejor disposición para esclarecer los hechos.

El escrito de Encinas fue enviado el pasado día 19 de septiembre. El perredista dijo confiar en que Osorio Chong coincidirá en que la justicia por propia mano y las ejecuciones sumarias son inaceptables en un Estado democrático y soberano.

Crisis de inseguridad en Ixtapan de la Sal pega a turismo
Ma. Teresa Montaño Corresponsal | El Universal
Martes 28 de octubre de 2014
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Crisis de inseguridad en Ixtapan de la Sal pega a turismo

CRIMEN PEGA A IXTAPAN. Elementos castrenses y de la Policía Federal desarmaron a 80 agentes municipales para investigar los permisos de las pistolas y si fueron usadas para cometer ilícitos. Los uniformados están "acuartelados" en sus domicilios; pasan lista en la mañana y regresan a sus hogares. (Foto: JORGE ALVARADO. EL UNIVERSAL )
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La violencia e inseguridad que azotan a Ixtapan de la Sal y sus alrededores han ocasionado que el turismo descienda 20%. El municipio aparece en la lista de las 13 localidades que rodean a Iguala y que están infiltradas por el crimen organizado, con al menos tres cárteles que se disputan el control: La Familia Michoacana, los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos

Toluca, Estado de México.

Enclavado en una de las zonas con mayor plusvalía y el mejor clima, sitio predilecto de empresarios y políticos, lugar donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pasa gran parte de sus fines de semana, el municipio de Ixtapan de la Sal aparece en la lista de las 13 localidades del Estado de México infiltradas por el crimen organizado dada su cercanía con Iguala, Guerrero, pero sobre todo, por la influencia que ha desplegado en la región el grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como responsable de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con el quinto regidor de la comuna, Alberto Pedraza Lagunas, a raíz de los hechos violentos que dieron pie a la incursión de las fuerzas federales, la actividad turística registró un descenso de 20% en promedio.

Esta situación, aseguró, impacta en la economía de la región, sobre todo si se toma en cuenta que 80% de las familias son prestadores de servicios.

El miembro del cabildo consideró que esta situación puede cambiar en los próximos días y conforme se den golpes al grupo Guerreros Unidos que se ha asentado en esta región.

Por lo que se refiere a la seguridad del municipio, el director de gobernación de la comuna, Antonino Bernal, aseguró que elementos del Ejército, la Marina y la Policía Preventiva realizan las labores que competen a la policía municipal.

Actualmente, los 80 elementos que integraban la fuerza pública están “acuartelados en sus domicilios”, es decir; por las mañanas acuden a pasar lista y regresan a sus casas.

A los elementos se les confiscaron sus armas de cargo y quedaron a disposición del Ejército, instancia que revisará los permisos correspondientes, además de practicar diversos exámenes de balística para corroborar que no estén relacionadas con algún hecho delictivo.

De acuerdo con las autoridades federales, se contemplan que permanezcan entre tres y cuatro meses, lapso en el que se llevará a cabo la limpia en la corporación policiaca y se pueda contar con agentes de confianza.

Zona de descanso

Bordeado por zonas residenciales de acceso exclusivo donde cada metro cuadrado disponible se cotiza en dólares e incluso euros y sus aguas termales, Ixtapan atrae a un promedio de 100 mil turistas cada semana.

Aún en el recuerdo flotan las celebraciones familiares y ceremonias oficiales con las cuales el ex gobernador Arturo Montiel y su sucesor, Enrique Peña Nieto, atendían a la clase política priísta en este municipio en sus campos de golf, hoteles de cinco estrellas y centros de convenciones que crecieron bajo el poder del político de Atlacomulco.

Fue Montiel Rojas quien colocó a Ixtapan de la Sal en la palestra nacional y abrió a la promoción internacional este destino turístico, el cual, en no más de 12 años, aumentó su plusvalía en un tiempo récord con millonarias inversiones entre 2000 y 2005, para mejorar su infraestructura hotelera, abrir centros de negocios, impulsar una autopista y abrir entre la zona montañosa y arcillosa de Ixtapan, exclusivos centros residenciales.

Entre estos se encuentra La Gran Reserva Golf Resort & Country Club.

El primer indicio del narco

El proyecto de desarrollo de Ixtapan de la Sal tuvo su primer revés en 2008, cuando el alcalde de extracción priísta, Salvador Vergara Cruz, es ejecutado por un comando armado, lo que puso al descubierto, por primera vez, la presencia activa del crimen en la región.

Aquel 4 de octubre de 2008, un grupo de encapuchados, que más tarde confesarían ser parte de La Familia y que devendría en La Familia Michoacana, interceptó al edil cuando transitaba a bordo de una camioneta Blazer acompañado por el entonces secretario del ayuntamiento, Alfredo Rodríguez Rivera y el tercer Regidor, Raymundo Fuentes González.

Salvador Vergara fue baleado mientras que sus compañeros resultaron ilesos. El munícipe murió al recibir dos disparos; uno en el pecho y otro en la cabeza.

Históricamente se trató de la primera ejecución de un edil por parte del crimen organizado a nivel nacional y que, paradójicamente, ocurría justo en los límites con Guerrero a la altura de la comunidad de Pilcaya, a tan sólo unos minutos del territorio de Iguala, donde el pasado 26 de septiembre desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Desde el punto de vista de diputados y personajes públicos que conocen la región, como Victorino Barrios Davalos, contralor interno de la Legislatura Local, el asesinato de Vergara Cruz significó, sin duda, un parteaguas en la historia de Ixtapan de la Sal.

Desde entonces, el mapeo criminal comenzó a configurarse en el territorio y actualmente, la zona forma parte de los 13 municipios que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identifica con presencia de al menos tres grandes cárteles que se disputan el control: La Familia Michoacana, los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos. Este último grupo criminal saltó a la escena en 2011 para controlar regiones de Morelos, Guerrero, Iguala, Taxco, Cuernavaca y ahora intentan in filtrar el sur mexiquense, según fuentes policiacas.

De acuerdo a la investigación “Crimen organizado en Sierra de Nanchititla: un viaje a través de las escalas implicadas en el desarrollo turístico sustentable”, de los investigadores Irma Luz Ramírez de La O, Gabino Nava Bernal, Maribel Osorio García y Sergio Franco Maass, los problemas de inseguridad y violencia en el sur de la entidad surgieron en 2007 cuando los narcotraficantes se instalaron formalmente en la zona.

“Regionalmente, la llegada del narcotráfico pudo ocurrir en 2007, con La Familia y Los Zetas instalándose en el Estado de México, tejiendo redes con la policía.

Más tarde aparecieron los Beltrán Leyva, y hoy en la región se encuentran los tres cárteles, por estar en la ruta de transporte de mariguana y amapola cultivadas en las sierras de Nanchititla, tarasca y guerrerense”.

La crisis

En medio de este panorama de inseguridad exacerbado con la protesta internacional por la desaparición forzada, el 26 de septiembre, de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa del vecino municipio de Iguala, Guerrero, el pasado 20 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que en 13 municipios del país hay indicios de infiltración del crimen organizado, mismos que colindan o rodean Iguala, entre ellos, Ixtapan de la Sal.

Un día antes, el 19 de octubre, los 82 policías municipales que integran la fuerza pública local fueron desarmados y el Ejército mexicano, la Marina y la Policía Federal asumieron el control de la seguridad.

Un día después, el alcalde Ignacio Ávila Navarrete fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, para declarar en torno a los probables nexos de su comandante, Efraín Pedroza Flores y el subdirector de la policía municipal, Marco Antonio Alvarez Guadarrama, con Guerreros Unidos.

Por tres días consecutivos, el edil fue sujeto a interrogatorios en las instalaciones de la SEIDO y la tarde del pasado jueves quedó en libertad, en tanto que sus dos colaboradores en materia de seguridad continúan sujetos a investigación.

Actualmente, los 80 elementos de seguridad pública de Ixtapan de la Sal que recién habían llegado de ser capacitados en Tlaxcala (como parte de un programa estratégico de seguridad para 13 municipios del sur del estado), se encuentran no acuartelados, simplemente en sus domicilios, como pudo confirmarlo el director de gobernación de la comuna, Antonino Bernal, a la espera de que la federación resuelva, literalmente, su futuro.

Ninguno de los 80 elementos, de acuerdo a lo que pudo constatar EL UNIVERSAL, está siendo investigado ni ha comparecido ante la SEIDO, simplemente cada mañana acuden al pase de lista y se regresan a sus domicilios.

En tanto la seguridad pública esta a cargo de 30 elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional; otros 15 de la Marina y 35 más de la Policía Federal y la SSC.

Guerreros Unidos

De acuerdo con un informe de la Policía Federal, este grupo delictivo nació en la zona de Tierra Caliente y con la caída de los Beltrán Leyva acrecentó su poder.

Fue entonces cuando se expandió hacia diversos municipios de la entidad mexiquense, tanto en el oriente como en el sur.

Incluso se les menciona en Valle de Bravo, donde hace unas semanas fue necesaria la presencia de las fuerzas federales.

Esta agrupación se ha especializado en el secuestro de importantes personajes; trafican con amapola y mariguana, así como también ofrecen sus servicios a otros cárteles.

Según el estudio, los Guerreros Unidos también sirven de “muro” para que diversos cargamentos de cocaína pasen por la entidad sin problema alguno.

Este año se han registrado cuando menos cuatro ejecuciones, incluyendo la de dos proveedores de teléfonos que fueron secuestrados y quemados vivos dentro de sus propios vehículos; además de la detención de cuando menos 10 personas implicadas en secuestros; un levantón y una docena de detenidos con marihuana en el vecino municipio de Zumpahuacán.

Otros eventos violentos en las inmediaciones de Ixtapan de la Sal dejan claramente observar el nivel de violencia que se ha alcanzado en la región.

Tan sólo en 2011 fue asesinado el alcalde del vecino municipio de Zacaualpan, Eduviges Nava Altamirano, y secuestros, ejecuciones y balaceras son continuos en los municipios vecinos de Zumpahuacán (donde se cultiva marihuana); Tenancingo, Coatepec Harinas, Villa Guerrero y Zacualpan, entre otros.
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