Corrupcion en la PGR

PGR consigna a Ministerio Público y perito por presuntos actos de corrupción

La Visitaduría General ha consignado a 288 funcionarios, mientras que de junio a la fecha se han dictado 33 autos de formal prisión
Notimex

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre.- La Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante jueces penales y obtuvo órdenes de aprehensión contra dos ex servidores públicos de la dependencia acusados de los actos ilícitos de cohecho y contra la administración de justicia.

Mediante un comunicado la institución subrayó que la detención de quienes se desempeñaban como agente del Ministerio Público Federal y perito grafólogo forma parte del proceso de depuración que se impulsa en la PGR para sancionar conductas ilícitas de sus funcionarios.

El primer caso involucra a un funcionario adscrito a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la dependencia por presuntamente solicitar a un denunciante cinco mil pesos para integrar un expediente.

Agentes de la Policía Federal Ministerial de la Visitaduría General trasladaron al detenido al Reclusorio Preventivo en el estado de Jalisco, donde se llevará el proceso penal en su contra.

En tanto el perito grafólogo, quien también ofrecía ese tipo de servicios de manera particular, es presuntamente responsable de los delitos de falsedad de declaraciones y en informes dados a una autoridad, así como de otros hechos irregulares cometidos durante su encargo como especialista de la PGR.

El inculpado fue internado en el Reclusorio de Barrientos, Estado de México, donde recibe el tratamiento procesal correspondiente.

De acuerdo con el comunicado, como resultado de la estrategia para combatir la corrupción, del 7 de abril de 2011 a la fecha la Visitaduría General ha consignado a 288 funcionarios, mientras que de junio a la fecha se han dictado 33 autos de formal prisión por delitos cometidos por servidores públicos de la institución.

Infiltra 'El Chapo' a SIEDO

Implican testigos a funcionarios de Procuraduría y del Cisen

REFORMA/ Redacción

Ciudad de México (16 octubre 2012).- Joaquín "El Chapo" Guzmán pagó la colaboración de funcionarios dentro de la propia Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

De acuerdo con documentos ministeriales y judiciales, los servidores públicos le facilitaban información anticipada sobre cateos y pesquisas que la dependencia llevaría a cabo contra el Cártel de Sinaloa.

Los papeles revelan que operadores de esta organización criminal también consiguieron el apoyo de servidores públicos del centro de arraigos de la PGR y el Cisen.

A principios de año, dos abogadas de los socios de "El Chapo" fueron detenidas y, para evitar la cárcel, decidieron colaborar con la PGR y revelar supuestos sobornos a funcionarios.

Así, "Libre" y "X" -nombres clave de las testigos protegidas- revelaron que el principal publirrelacionista del Cártel era José Gerardo Ortega, yerno del ex Secretario de la Marina Ricardo Ruano Angulo y quien hoy se encuentra preso en el Penal de Matamoros.

La organización criminal de Joaquín "El Chapo" Guzmán presuntamente se hizo de las redes de corrupción en el Gobierno federal que antes detentaban sus competidores los hermanos Beltrán Leyva, de acuerdo con investigaciones de la PGR.

Conforme a la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012, el Cártel de Sinaloa pagó 250 mil dólares a funcionarios de la SIEDO para ser informado anticipadamente de los cateos contra sus propiedades.

Gratificaron con sumas de 100 mil pesos a 30 mil dólares a quienes les proporcionaron datos de averiguaciones y oficios que elaboró la SIEDO, para pedir a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el FBI, antecedentes de algunos narcotraficantes.

La investigación señala el probable involucramiento de fiscales federales, de mandos del centro de arraigos de la PGR y la Policía Federal Ministerial de la SIEDO, de un presunto integrante del Cisen y hasta de alguien que supuestamente es cercano a la titular de la PGR.

Los nombres, puestos y filiaciones de los sospechosos prácticamente han sido borrados por la PGR en diversos documentos, no así los de aquellos narcotraficantes que supuestamente sobornaron a los servidores públicos.

La indagatoria establece que Carlos Moreno Flores, "La Calentura", Felipe Cabrera Sarabia, "El Inge", y Noel Salgueiro Nevarez, "El Flaco Salgueiro", los principales mandos de "El Chapo" en Guerrero, Durango y Sinaloa, pagaron las "mordidas".

Los tres fueron capturados, pero gracias a la supuesta ayuda, lograron reducir los daños, como por ejemplo "La Calentura", quien según la indagatoria logró retirar 3 mil cabezas de ganado de un rancho en Chiapas, antes de que llegaran las autoridades a catearlo.

Esta indagatoria es la misma que llevó a la cárcel a Juan Carlos de la Barrera Vite, ex funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y está relacionada con el caso del General Juan Manuel Barragán Espinosa, también preso porque supuestamente se vinculó con emisarios de "El Chapo".

La investigación en su conjunto es quizá la más relevante de la PGR al cierre del sexenio del Presidente Felipe Calderón y vuelve a indagar supuestas redes de corrupción que se consideraban erradicadas desde la "Operación Limpieza" de 2008.

En aquella ocasión fue contra los supuestos colaboradores de los Beltrán Leyva; hoy la novedad es que aquellos fueron relevados por el bando contrario, el que encabeza "El Chapo".

***

"Yo le entregaba dinero a Gerardo Ortega Maya y éste a cambio me daba información de las averiguaciones que se integraban en la SIEDO o de los operativos que se iban a realizar en contra de la organización de los Cabrera Sarabia.

"Gerardo Ortega siempre se encargó de la cooptación de diversas autoridades en las dependencias, pero sí me queda claro que fue principalmente de la PGR", declaró el 2 de febrero la testigo "Libre".

Esta abogada, recuerda en su testimonio del 1 de febrero, le preguntó el año pasado a Ortega de sus contactos en la SIEDO.

"Hay cuatro coordinaciones y por cada coordinación hay dos fiscales y por cada fiscal 10 Ministerios Públicos", le respondió Ortega, a quien enseguida volvió a preguntarle "¿y en esas 4 coordinaciones, con cuántas estamos bien?".


"Con dos", le respondió.

Tanto esta informante como "X" mencionan que Ortega se reunía con familiares y abogados de narcotraficantes, en compañía de una persona de nombre Esteban Amezcua, a quien identifican como funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

"Me dijo que trabajaba en Cisen y me proporcionaba información de SIEDO y de Cisen respecto de los operativos que se iban a realizar en contra de la organización de los Cabrera Sarabia, anotándolo como Esteban Amezcua, Cisen", cuenta "Libre".

Ortega, según este testimonio, también conocía a alguien de la PGR que decía ser muy "cercana" a Marisela Morales, la Procuradora. El 27 de diciembre pasado esta persona se reunió con la abogada en el Toks de Polanco, para recibir 20 mil dólares.

El pago era por información del caso de Felipe Cabrera Sarabia "El Inge", detenido cuatro días antes en Culiacán por el Ejército.

"Le hice entrega de 20 mil dólares a Gerardo Ortega, esto fue a través de un tercero del cual recuerdo que su nombre es (...), quien supuestamente trabaja en la PGR, que es una de las personas muy cercanas a la licenciada Marisela Morales, inclusive se identificó con credencial oficial, este dinero lo entregó mi pareja sentimental", cuenta la testigo protegido.

Tiempo atrás, "Libre" ya había empezado a manejar dinero para los sobornos.

Cuenta que luego que el Ejército capturara el 19 de septiembre de 2011 a Carlos Moreno "La Calentura", en Villacoapa, DF, el narco Luis Alberto Cabrera "El Arqui" le pidió que se contactara con la hermana, María de la Luz Moreno, y tratara de resolver su caso.

La abogada se citó con la hermana, María de la Luz Moreno Flores, en el Sanborns de Perisur. "Le comenté que para arreglar el asunto querían 700 mil dólares americanos, 350 mil dólares en ese momento y 350 mil cuando saliera, que iba a salir sin delito alguno, esto porque era la cantidad que me exigía (...) y la licenciada (...), quienes tenían toda la relación en SIEDO para arreglar ese asunto".

La hermana del narco le contó que, a través de Ortega Maya, ya habían pagado a funcionarios de la subprocuraduría la cantidad de 250 mil dólares, por la información de los inmuebles que iban a catear en Edomex, Chiapas, Jalisco y la Colonia Nápoles y Santa Fe, en el DF.

"La familia de 'El Calentura' me dijo que habían podido extraer aproximadamente 3 mil cabezas de ganado, gracias a la información que les había dado, la cual a su vez me dio Gerardo Ortega Maya.

"Otra información que me dio fue la relacionada a los hechos cuando habían salido libres en la plaza de Chilpancingo, Guerrero, una persona de nombre (...) y un teniente Coronel del Ejército de apellido (...), quienes son colaboradores de 'El Calentura' en Guerrero", dijo.

Entre las personas que ubica como colaboradoras con la causa de los traficantes, señala a una funcionaria de la SIEDO, a una fiscal "que trabajaba en la 50" y que a su vez conseguía información a través de un fiscal de la Unidad Antisecuestros de la misma subprocuraduría.

A esta última dice que le pagó 30 mil dólares por información de la indagatoria de Noel Salgueiro "El Flaco" Salgueiro, el líder de "Gente Nueva", uno de los brazos paramilitares de "El Chapo". También menciona por nombre a otra persona.

"Le entregué a Verónica Guadalupe Esquivel Cuevas la cantidad de 100 mil pesos por documentos en donde se piden antecedentes e informes a procuradurías y otras autoridades que se enviaron dentro de la averiguación previa de Felipe Cabrera Sarabia alias 'El Inge' y posteriormente le entregué a (...) otros 100 mil pesos por los oficios que se iban a enviar a la DEA y al FBI solicitando antecedentes de Felipe Cabrera Sarabia alias 'El Inge' y que (...) prometió que no se iban a enviar", señala "Libre".

***

El 20 de enero pasado la milicia abatió en Durango a Luis Alberto Cabrera Sarabia alias "El Arqui", hermano de Felipe "El Inge", y capturó a 10 de sus presuntos sicarios.

Las autoridades tardaron tres días en presentar a estos últimos, pero Gerardo Ortega Maya supuestamente consiguió la información sobre estos sospechosos e incidió para que los aleccionaran a la hora de declarar ante el MP, según las defensoras del cártel.

"Libre" asegura que Ortega Maya pagó 10 mil dólares a una persona que identifica como comandante de AFI en SIEDO, para que les pasara recados a los detenidos, les llevara comida y les dijeran que no hablaran o se relacionaran con "El Inge".

Según "X", la otra abogada, funcionarios de la SIEDO pidieron 300 mil dólares "para acomodar las declaraciones de los 10 detenidos", pero Ortega Maya no quiso pagarles esa suma. Luego, los servidores públicos buscaron a Ortega para bajar el precio a 100 mil.

El 25 de enero "X" dice que acudió al estacionamiento del Toks de Polanco con ese dinero, para entregárselo a Ortega. La parte que aun se indaga es si Ortega entregó la suma o estafó a sus clientes.

Siete funcionarios; tres de la PGR, tenían vínculos con El Chapo

Manuel Arroyo Hernández, formaba parte del cuerpo técnico de control de la subprocuraduría, es uno de los detenidos por tener nexos con el cártel de Sinaloa
Redacción

2012-10-17 13:09:00

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre.- Personal de la Procuraduría General de México (PGR) fueron detenidos por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, informó hoy el subprocurador de investigación de delincuencia organizada, Cuitláhuac Salinas.

La PGR informó que capturó y envió a prisión a siete funcionarios federales y locales, tres de ellos de esta institución y uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de ellos es responsable de las investigaciones contra cárteles del narcotráfico, destaca Manuel Arroyo Hernández, formaba parte del cuerpo técnico de control de la subprocuraduría.

"La Procuraduría General de la República, desde la llegada de su actual titular, ha sido puntual en su determinación de actuar en contra de todos los servidores públicos que realicen actos de corrupción", dijo Salinas.

Además, testigos colaboradores de la fiscalía dieron a conocer, según las versiones periodísticas, que abogados que servían a grupos criminales llegaron a proponer al cártel atentados contra algunos funcionarios, entre ellos la procuradora Marisela Morales, y el secretario de la Defensa, Guillermo Galván.

“El Chapo” y la corrupción en el sexenio

Por: Redacción / Sinembargo - octubre 18 de 2012

México, 18 de octubre (Sin Embargo).- Se ha cuestionado mucho entre la opinión pública y especialistas del tema de seguridad que el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ha sido beneficiado por el gobierno Felipe Calderón Hinojosa.

Ahora, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) consignó siete servidores públicos de distintas instancias federales –incluidas la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación– por su probable vinculación con el también llamado Cártel del Pacífico, las sospechas sobre ese “empoderamiento” se han redoblado. Los analistas reconocen que, gracias al poder económico alcanzado por este grupo, le ha sido fácil sobornar a funcionarios e infiltrar las más altas esferas políticas, empresariales y de procuración de justicia del país.

Pero también se pregunta cómo es que esto apenas y si empieza a clarificarse, justo cuando faltan 43 días para que el panista Calderón Hinojosa entregue la Presidencia de la República al priista Enrique Peña Nieto. Además, destacan, los principales golpes de la guerra contra el narco se han aplicado contra dos de los principales enemigos de Guzmán Loera, en la zona que el narcotraficante más poderoso del país perdió en los ochenta: el Golfo de México.

La primera semana de septiembre de 2012 fue aprehendido por elementos de la Marina en Tamaulipas, Mario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel (capturado el 14 de marzo de 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007), y heredero del Cártel del Golfo, luego de la muerte –el 5 de noviembre de 2010– de Antonio Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”. Luego, el pasado 7 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina ejecutaron a Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, líder del Cártel de “Los Zetas”, que también desde esa zona desplegó su lucha por adueñarse nuevos territorios. Pero esos no son los únicos casos de detenciones o asesinatos de cárteles enemigos de “El Chapo”: El gobierno de Calderón ha detenido a cabecillas como Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, el 12 de septiembre de 2012 en Tamaulipas; Arnoldo Rueda Medina, “La Minsa”, el 11 de julio de 2009 en Morelia, Michoacán; Nazario Moreno González, “El Chayo”, abatido por el Ejército el 9 de diciembre de 2010, también en Michoacán, y Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, capturado el 30 de agosto de 2010 en los límites de Guerrero y Morelos. Además a Eduardo Arellano Félix, arrestado el 28 de octubre de 2008 en Tijuana, Baja California; Arturo Beltrán Leyva, asesinado en diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos; Ignacio Coronel Villareal, “Nacho”, acribillado el 29 de julio de 2010 en Zapopan, Jalisco, y Ezequiel Cárdenas Rivera, de 23 años, hijo de Ezequiel Cárdenas Guillén, detenido el 30 de noviembre de 2011 en Tamaulipas.

El doctor Edgardo Buscaglia, entrevistado por el semanario ZETA, habló sobre la caída de Lazcano Lazcano y dijo que su muerte no tendrá ningún tipo de efecto en el poder patrimonial de Los Zetas, pues el hombre estaba en decadencia. Sin embargo, el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana y experto e seguridad, comentó que, independientemente de quien ostente el liderazgo de Los Zetas, lo realmente importante es el fortalecimiento que ha tenido el Cártel de Sinaloa en el sexenio de Felipe Calderón: “Cuando tú quieres disminuir la violencia a través de un proceso donde no tienes instituciones adecuadas, no hay controles judiciales, patrimoniales, lo que queda es esperar que se consolide una alianza de grupos criminales regionales, nacionales, trasnacionales, alrededor de un eje central que es Sinaloa; y al consolidarse esa área criminal territorialmente, si bien no va a ser en todo el país, marginando a ‘Los Zetas’, los Beltrán Leyva y demás, lo que sucede es que disminuye la violencia”.

El doctor en Derecho y Economía, y Jurisprudencia y Política Social, por las Universidades de Illinois y de Berkeley, considera que ese “empoderamiento” no recae exclusivamente en “El Chapo”, sino justo en la red de corrupción que ha tejido el Cártel de Sinaloa: “Yo no personalizaría el poder de Sinaloa en un solo individuo. Sinaloa es muchísimo más que un solo individuo, es una empresa criminal trasnacional con miles de franquicias, con presencia empresarial en muchos países del mundo; que tiene un directorio formado por políticos, gerentes operativos como Esparragoza [Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”], como ‘El Mayo’ Zambada [Ismael Zambada García], y empresarios leales poderosísimos. Ninguna empresa criminal trasnacional, de delincuencia organizada, puede sobrevivir sin miembros políticos, empresarios legales, y gerentes operativos como ‘El Chapo’ en su directorio”.

Y sí, difícilmente se entiende ese “empoderamiento” sin la infiltración de ese grupo criminal entre políticos –de todos los niveles de gobierno– y encargados de administrar la justicia, como da cuenta ahora la PGR. Por ello, el caso de los funcionarios detenidos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se antoja apenas como la punta de un iceberg de dimensiones colosales. ¿De qué tamaño es el cochinero que empezaremos a partir de que Felipe Calderón deje la Presidencia? ¿Hasta dónde llega esa corrupción?

Son más de siete los funcionarios coludidos con el crimen: Seido

Afectaron operativos contra líderes de los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva

Luego de escuchar varias detonaciones y encontrar un cuerpo, soldados detuvieron la madrugada de este jueves a dos sospechosos de asesinato cerca de la Garita de Otay, en la ciudad de Tijuana, Baja CaliforniaFoto Xinhua
Gustavo Castillo y Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 19 de octubre de 2012, p. 19

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) no descarta que la red de corrupción que proporcionaba información a grupos criminales sea mayor a los siete que ya han sido puestos a disposición de jueces federales, señalaron fuentes ministeriales y del Poder Judicial federal.

Dijeron que solicitaron diversas órdenes de intervención telefónica y consignaron dos averiguaciones previas que han dado pie a dos investigaciones más.

Funcionarios del Poder Judicial federal revelaron que el juzgado segundo de distrito, con sede en Toluca, estado de México, tiene bajo su responsabilidad el proceso penal contra dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la presunta comisión del delito de revelación de secretos en favor de grupos criminales. Sin embargo, se negaron a proporcionar la identidad de los indiciados y a revelar si ya se encuentran sujetos a proceso penal.

La información obtenida refiere que a finales de diciembre de 2011 la Procuraduría General de la República (PGR) empezó sus investigaciones en torno a una red de corrupción que involucra a servidores públicos de distintas esferas gubernamentales, y que continúa sus indagatorias debido a que fueron afectados varios operativos en el norte del país, que tenían como objetivo la captura de líderes los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con el contenido del proceso penal 14/2012, entre las operaciones que fracasaron por la filtración de información ministerial que obtuvieron miembros del crimen organizado por medio del abogado José Gerardo Ortega Maya –ex yerno de Luis Ricardo Ruano Angulo, secretario de Marina durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari– se encuentra una investigación relacionada con casas de seguridad en las que se había detectado la presencia de Joaquín El Chapo Guzmán.

Según la investigación de la Seido, Manuel Arroyo Hernández, uno de los siete ex funcionarios involucrados en la red de corrupción, cursó solamente dos semestres de derecho en la Universidad Latina, en la ciudad de México, y durante su vida laboral se desempeñó como comandante de la Policía Judicial capitalina, de abril de 1989 a agosto de 1997, y fungió como director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de junio de 2002 a noviembre de 2004.

En el gobierno federal prestó sus servicios como director de área en la Unidad de Combate al Secuestro y Terrorismo de la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de octubre de 2006 a abril de 2008; retornó al gobierno capitalino al ser designado "prestador de servicios profesionales" en la Contraloría General, de marzo de 2010 a febrero de 2011.

El 16 de octubre de 2011 obtuvo empleo como subdirector de área en la PGR, supuestamente adscrito directamente a la oficina de la procuradora Marisela Morales, realizando labores de "supervisión".

Lanceros de Toluca escribió:Nombre ni que decir de la SSPF.

Ultimamente he estado pensando que el CISEN debe desaparecer para que se de la creacion de una unidad de Inteligencia Militar conjunta como los Military Intelligence 5 y 6 (MI-5, MI-6) britanicos

Indaga la PGR por lavado a 8 de SEIDO

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la pesquisa inició a raíz de escuchas telefónicas legales

REFORMA / Redacción

Ciudad de México (20 octubre 2012).- La Procuraduría General República investiga a ocho funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ya que se presume habrían proporcionado información a Filemón García, "Filemón Billetes", prófugo por lavado de dinero en casas de cambio, según información del Gobierno federal.

El sospechoso, un empresario zacatecano, es dueño de los centros cambiarios Prodira que fueron cateados por la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado 25 de junio, el mismo día que policías federales mataron a tres de sus compañeros.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la pesquisa inició a raíz de las escuchas telefónicas legales a García Ayala, quien se presume habría conversado sobre localizar a ciertos fiscales federales que llevaban la indagatoria en su contra.

La investigación surgió luego de que en abril fue consignado Édgar García Ayala, hermano de “Filemón Billetes” y quien había sido capturado en el Aeropuerto de Zacatecas con una maleta de valores cuyo registro no coincidía con la documentación de soporte.

A partir de ese momento, quien apareció ante el Ministerio Público Federal como representante legal de los hermanos García Ayala fue Elena Cecilia Luengas Ávila.

La abogada era una vieja conocida de los fiscales que llevaban la averiguación previa, pues había sido coordinadora general de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

Información pública indica que Luengas laboró en la Unidad Antilavado de la SEIDO entre el 11 de enero de 2005 y el 15 de mayo de 2009; tras renunciar como funcionaria, comenzó a litigar algunos asuntos que investigaba la oficina que antes coordinó.

Con base en la información recabada, los agentes ministeriales investigados por la SEIDO son varios de los mencionados en las conversaciones telefónicas de “Filemón Billetes”, así como otros que fueron subalternos de la ex fiscal y con quienes tenía contacto.

Las escuchas al dueño de Prodira también arrojaron, según las fuentes gubernamentales, señalamientos al Juez Segundo de Distrito en Zacatecas, Enrique Torres Segura, quien es responsable del procedimiento penal en contra de Édgar García Ayala.

De acuerdo con la pesquisa, “Filemón Billetes” se jactaba de tener el respaldo del juez para conseguir que su hermano fuera trasladado de la prisión de Cieneguillas, Zacatecas, al penal federal de Occidente, en Jalisco, donde estaba internado por lavado de dinero.

De hecho, Torres Segura autorizó el traslado de su hermano y por ello días después se escuchó a Filemón García hablar de “recompensar” al impartidor de justicia por esta decisión.

Sin embargo, el 29 de mayo, Fabiola Quiroz, directora de la prisión local informó al juez que no aceptaría a Édgar García en Cieneguillas, debido a que el sitio no tenía ningún área para internos de alta seguridad.

Semanas después se dio a conocer que la directora del penal fue secuestrada y hasta el momento se desconoce su paradero.

Filemón García está prófugo de la justicia; no obstante, que sucursales de sus negocios en varios estados han sido intervenidas por la PGR; en tanto, su hermano continúa en prisión.

Tampoco se ha informado si la SEIDO ha logrado acreditar que alguno de sus funcionarios estuviera comprado por el presunto lavador.

Por motivos personales, dimite Cuitláhuac Salinas

POLICÍA • 15 NOVIEMBRE 2012 - 4:30PM — RUBÉN MOSSO
Dentro de unas horas, la PGR dará a conocer de manera oficial los motivos de la renuncia del titular de la SEIDO.

Foto: Notimex /Archivo

Ciudad de México • El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), José Cuitláhuac Salinas Martínez renunció a su cargo debido a motivos personales, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Como encargado de dicha subprocuraduría quedó el responsable de la Unidad de Delitos Cometidos contra la Salud, Gerardo Salazar Bolaños.

La titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, reconoció y felicitó a Cuitláhuac Salinas por la forma en que condujo la subprocuraduría a su cargo, en donde encabezó asuntos muy delicados y que causaron impacto nacional.

Hasta el momento, la PGR no ha oficializado la renuncia del subprocurador; sin embargo, personal ministerial confirmó que después del mediodía el funcionario se despidió de algunos de sus más cercanos colaboradores.

La renuncia se da a dos semanas de que concluya el sexenio panista de Felipe Calderón y a un año de que asumiera el cargo de titular de la SIEDO.

En unas horas, señalaron, la PGR dará a conocer de manera oficial la renuncia del funcionario, quien hace unos meses emprendió una pesquisa contra servidores públicos de su área que presuntamente brindaban información al cártel de Sinaloa sobre las indagatorias que hay en su contra.

Archundia Barrientos, nuevo titular de la SEIDO

POLICÍA • 15 NOVIEMBRE 2012 - 9:26PM — MILENIO.COM
Rodrigo Archundia era el jefe de la Unidad Especilizada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. La PGR confirmó que la salida de Cuitláhuac Salinas obedece a motivos personales.

Ciudad de México • Rodrigo Archundia Barrientos, quien era el jefe de la Unidad Especilizada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro fue designado como el nuevo titular del despacho informó la PGR.

Por la tarde se hizo pública la renuncia de Cuitláhuac Salinas, quien desde el 1 de noviembre de 2011 se desempeñó como Subprocurador Especializado en Investigación contra la Delincuencia Organizada.

En su carta, Salinas Martínez agradeció al presidente Felipe Calderón y a la procuradora Marisela Morales la oportunidad de “haber prestado servicios de tan alta responsabilidad”.

Aclaró que su decisión de abandonar el cargo surge de motivaciones de carácter personal.

Arresta la PGR a ex agente

'Jennifer', el testigo estrella de la 'Operación Limpieza' de 2008, inmiscuye a Veramendi Martínez con ilícitos relacionados con su entonces jefe

REFORMA / Redacción

Ciudad de México (14 diciembre 2012).- Cuatro años después de laborar para la Embajada de Estados Unidos en México y de ser premiada por el Embajador Carlos Pascual, la mexicana Beatriz Elena Veramendi Martínez fue detenida por la Procuraduría General de la República por el delito de delincuencia organizada.

El 4 de diciembre, cuando realizaba actividades de buceo en La Paz, Baja California Sur, la Policía Federal Ministerial capturó a Veramendi, quien hasta noviembre se desempeñó como agente de seguridad diplomática del Departamento de Estado.

Indagan delitos en la SEIDO

Las investigaciones alcanzan a por lo menos cuatro ex fiscales, de los cuales por lo menos uno está arraigado, en tanto que otro promovió un amparo para evitar su detención

ARTURO ÁNGEL, MÓNICA HERNÁNDEZ y MARÍA IDALIA GÓMEZ
diciembre 18, 2012 1:05 am

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a por lo menos cuatro ex funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Funcionarios del gobierno precisaron a 24 HORAS que uno de los servidores públicos investigados es Dax Hervest García Vidal, quien fuera titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la SEIDO, y fuera separado del cargo en noviembre pasado, tras dejar el cargo el entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas.

Los nombres del resto de los funcionarios sometidos a investigación no fueron revelados, pero las fuentes consultadas explicaron que ocuparon cargos directivos dentro de la SEIDO hasta noviembre pasado.

Se trata, coincidieron las fuentes, de una indagatoria administrativa que evolucionó al ámbito penal, por posibles irregularidades cometidas en la integración de averiguaciones previas que habrían beneficiado a personas que eran investigadas o incluso habían sido arraigadas con la intención de ser consignadas a un juez.

Estas investigaciones se suman a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012, iniciada por la posible colusión de otros funcionarios de la misma SEIDO con el Cártel del Pacífico (Beltrán Leyva). Por este caso fue detenido y consignado Manuel Arroyo Hernández, integrante del Cuerpo Técnico de Control de esa subprocuraduría.

Hace unos días, el propio García Vidal promovió un amparo ante el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo para protegerse de cualquier acción penal que pudiera haber iniciado la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra. Aunque en realidad este juicio de garantías se le conoce como amparo buscador, que permite detectar si en alguno de los juzgados federales existe una orden de aprehensión en su contra y así poder preparar su defensa.

El ex fiscal de SEIDO ha estado al frente de investigaciones sensibles, porque era una de las personas de confianza de Cuitláhuac Salinas. Por ejemplo, estuvo a cargo de las indagatorias contra el líder de Los Zetas en Tamaulipas, Salvador Martínez Escobedo, La Ardilla, persona cercana a Heriberto Lazcano, El Lazca, y Miguel Ángel Treviño, El Z-40; así como de la balacera entre policías federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y de los ataques contra agentes de la CIA en la zona de Tres Marías, por parte de, al menos, 14 elementos de la Policía Federal.

Las pesquisas
Aunque los detalles de las investigaciones no fueron dados a conocer, los funcionarios del gobierno señalaron que el expediente administrativo se inició desde octubre, por órdenes de la entonces procuradora Marisela Morales.

Al encontrarse indicios de irregularidades, la entonces titular de la PGR se confrontó con Cuitláhuac Salinas, quien se opuso a la destitución de García Vidal y la de otros funcionarios de la misma área. Al día siguiente el subprocurador dejó el cargo.

En 2009 García Vidal había sido cuestionado, cuando cinco personas que permanecieron más de cuatro años en prisión acusadas de haber participado en el secuestro de las hermanas de Thalía, Laura Zapata y Ernestina Sodi, quedaron en libertad tras confirmare que eran inocentes.

Lo agraviados, exigieron una indemnización de 32 millones de pesos, luego de que Dax Hervest García Vidal fue el fiscal encargado de consignarlos. El caso no se ha cerrado.

Porsu parte, el nuevo procurador Jesús Murilo Karam, ordenó una revisión profunda del trabajo que se estaba realizando en la SEIDO.

Error de la PGR deja libre a empresario implicado en desaparición

Un error de la PGR en la integración de la averiguación previa dejó en libertad al empresario, quien había sido condenado a 10 años en prisión por la desaparición de un ingeniero
diciembre 25, 2012Paris Martínez (@paris_martinez)

A raíz de un error en la integración de la averiguación previa elaborada por la Procuraduría General de la República, el 30 de noviembre pasado quedó en libertad el empresario Carlos Enrique Haro Villarreal, uno de los cinco procesados penalmente por la desaparición del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, quien hace tres años y 10 meses fue secuestrado por una célula de Los Zetas en Coahuila, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Haro Villareal fue procesado a mediados de 2011 y sentenciado a diez años de prisión, luego de que cuatro sicarios de Los Zetas lo señalaran como el responsable de cobrar, en nombre de dicho grupo criminal, el pago por derecho de piso a la empresa ICA Fluor Daniel (para la que trabajaba el ingeniero al momento de su rapto), además de haber sido identificado por sus cómplices como el autor intelectual de las amenazas que recibieron los padres del ingeniero Robledo, cuando emprendieron la búsqueda de su hijo.

“Este sujeto había sido condenado a diez años y cinco meses de prisión -narra don Antonio Robledo, padre del ingeniero desaparecido desde 2009-, luego de que los involucrados en el secuestro de mi hijo lo señalaran como cómplice en este delito; y, posteriormente, durante un cateo realizado en su casa fueron halladas cinco armas de uso exclusivo del Ejército, así como una carpeta titulada ‘Expediente Robledo’, que incluía toda la información publicada por la prensa desde que fue consumado el crimen contra mi hijo.”

Indignado, don Antonio Robledo subraya: “Según sus mismos cómplices, Haro Villarreal ordenó que dos zetas nos fueran a visitar al hotel en que estábamos mi esposa y yo, en Monclova, Coahuila, el 5 de febrero de 2009, fecha en que nos amenazaron para que no acudiéramos con ninguna autoridad a denunciar el rapto de nuestro hijo. se trata de una persona que fue protegida durante el gobierno de Humberto Moreria en esa entidad y, de hecho, quien en ese entonces era procurador del estado, Jesús Torres Charles, se negó a que estas amenazas fueran mencionadas en la averiguación previa abierta por la desaparición de mi hijo José Antonio.”

Desde mayo de 2011, explicó en entrevista don Antonio Robledo, cinco personas fueron procesadas por el rapto de su hijo, sin embargo, aclaró, “a pesar de que la entonces titular de la PGR, Maricela Morales, garantizó que contra todos los inculpados se abriría juicio por secuestro, en realidad al empresario Haro Villarreal le retiraron los cargos por privación de la libertad y delincuencia organizada, y sólo fue juzgado por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ignorando conscientemente que los otro cuatro inculpados lo señalaban directamente como cómplice. pero como él tiene mucho dinero y apoyo de la clase política del Coahuila, empezando por el ex gobernador Humberto Moreira, él ahora está libre, mientras que los otros cuatro delincuentes, como son pobres, siguen en la cárcel”.

Luego de un año de juicio, que el empresario Haro Villlarreal enfrentó en prisión, en el penal de Matamoros, fue el 27 de julio de 2012 cuando se dictó sentencia condenatoria en su contra, aunque, destaca don Antonio Robledo, “ya desde ahí lo venían ayudando, porque esa condena le fue impuesta por la posesión de tres armas de uso exclusivo del Ejército encontradas en su vivienda, cuando en realidad habían sido cinco armas las decomisadas, pero extrañamente dos de esas armas no fueron incluidas en la sentencia, porque la averiguación previa las describía como ‘pistolas’, no como ‘revólveres’, ese fue el argumento.

Y ese sujeto, que se encargaba de dar protección a los empleados de ICA en Monclova, al momento de ser detenido reconoció, en su declaración ministerial, que esas armas eran suyas, pero aún así, la sentencia que le dictaron, cuatro meses después (el 30 de noviembre de 2012) fue invalidada por el Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito.”

-¿Cuáles fueron los argumentos del juez, para invalidar la sentencia? -se pregunta al padre del ingeniero José Antonio Robledo Fernández.

-El magistrado Carlos Nicéforo Olea Peñaflores aprovechó un error de redacción en la integración de la averiguación previa, para declarar que el Ministerio Público federal había actuado de mala fe en contra del empresario coahuilense. resulta que durante el cateo realizado en la casa de Haro Villarreal estuvieron cuatro testigos presentes, designados por las partes. Todos presenciaron y dieron fe de que en el domicilio cateado fueron detectadas cinco armas de grueso calibre y la carpeta titulada ‘Expediente Robledo’; incluso, el empresario y su esposo admitieron ser propietarios del armamento hallado. pero luego, por un asunto que no nos ha sido explicado, el nombre de uno de los testigos del cateo apareció inscrito en el acta de otra diligencia, realizada horas después de la revisión en la casa de Haro, y ese simple hecho, según el magistrado Olea Peñaflores, es prueba de que el cateo no cumplió con el protocolo y, por lo tanto, las pruebas quedan anuladas y este sujeto en libertad. es una burla para mi hijo, y para nosotros, que llevamos casi cuatro años buscándolo.”

Y abunda: “De nada sirvió que los otros cuatro cómplices lo delataran como partícipe en el secuestro y desaparición de nuestro hijo, así como en el cobro de extorsiones a la empresa ICA; de nada sirvió que distintas pistas enviadas a la PGR lo ubiquen como prestanombres de Los Zetas en el negocio de los caballos de carreras; de nada sirvió que reconociera poseer armamento que sólo el Ejército puede manejar. de nada -se lamenta, con rabia, don Antonio-, luego de tanto esfuerzo por hallar justicia, Carlos Enrique Haro Villarreal ha vuelto a las calles.”

Sólo fueron consignados 537 empleados en ese periodo

De 2006 a 2012 se recibieron 11 mil 590 denuncias contra servidores públicos de PGR
Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Sábado 5 de enero de 2013, p. 5

La Procuraduría General de la República (PGR) recibió, de 2006 a 2012, 11 mil 590 quejas por la presunta comisión de delitos cometidos por servidores públicos de esa dependencia. Sin embargo, en el mismo periodo solamente fueron consignados 537 empleados.

Un informe de la Visitaduría General, el órgano que se encarga de la evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público Federal, de la Policía Federal Ministerial, peritos y empleados administrativos, dio a conocer que en 2007 recibió 2 mil 774 quejas y denuncias; en 2008, 949; en 2009, mil 425; en 2010, mil 70; en 2011, 3 mil 711, y en 2012, mil 671.

El órgano de la PGR informó haber iniciado 4 mil 687 expedientes de investigación, que se abren cuando "se tiene conocimiento de la posible consulta indebida atribuida presumiblemente a un servidor público de la institución", éstas indagatorias se desgolsan de la siguiente manera: en 2007, 697; en 2008, 591; en 2009, 712; en 2010, mil 41; en 2011, mil 91, y en 2012, 554.

De acuerdo con el documento cuya copia tiene La Jornada, "los delitos más recurrentes cometidos por los servidores públicos de la institución que se investigan en las averiguaciones previas, son por uso de documentos falsos, contra la administración de justicia, cohecho, fraude, ejercicio indebido del servicio público, robo, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, extorsión, amenazas, abuso de confianza, peculado y falsedad de declaraciones".

En 2007, la Visitaduría General inició 243 averiguaciones previas; en 2008, 354; en 2009, 286; en 2010, 273; en 2011, 485, y en 2012, 660.

En lo que se refiere a consignaciones, la Visitaduría General "encontró elementos para determinar la probable responsabilidad" de 537 servidores públicos, 17 de ellos en 2007, 117 en 2008, 135 en 2009, 111 en 2010, 113 en 2011 y 53 en 2012.

Investiga la PGR a más de la mitad de los agentes del MP que tiene a su cargo

La visitaduría de la institución realiza un rastreo de los perfiles de esos servidores públicos

Desde diciembre pasado la dependencia mantiene reportes y actas administrativas sobre mil 952 personas

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de enero de 2013, p. 11

La visitaduría general de la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a más de la mitad de los agentes del Ministerio Público Federal a cargo de esa dependencia y realiza un rastreo de los perfiles profesionales y del desempeño como servidores públicos de los fiscales adscritos a las diversas áreas de la institución, revelaron fuentes ministeriales.

De acuerdo con esta información, desde diciembre pasado la PGR mantiene "reportes, actas administrativas y/o investigaciones internas" acerca de mil 952 agentes ministeriales –de un total de 2 mil 572– adscritos en sus mil 47 oficinas centrales y mil 527 delegaciones distribuidas en todo el país.

Jefa en aprietos

Destaca el caso de la fiscal de Delitos Financieros, Vanessa Georgina Aguilar Villegas, de 34 años de edad, a quien se le atribuyen actos de negligencia en su actuar como jefa de 18 agentes del Ministerio Público.

Diversos despachos de abogados penalistas han presentado quejas administrativas contra esa fiscal, a quien acusan de ineficiencia laboral, desconocimiento de la materia jurídica que tiene a su cargo, dilación en la integración de las averiguaciones previas e inexperiencia en el ámbito del servicio público ministerial, revelaron fuentes de la PGR.

Las inconformidades incluyen quejas por supuesto trato despótico y altisonante que la funcionaria da a los 18 agentes del Ministerio Público a su cargo, así como a los pasantes de derecho y abogados que acuden a las instalaciones de esa fiscalía para tratar asuntos relacionados con delitos en que se encuentran involucrados bancos e instituciones de crédito.

Según las fuentes consultadas, el caso de la fiscal Aguilar Villegas no es el único que investiga actualmente la visitaduría de la PGR.

Hasta noviembre pasado, esa dependencia tenía adscritos un total de 2 mil 572 agentes ministeriales, de los cuales mil 952 son investigados por la visitaduría, fundamentalmente debido a quejas por negligencia laboral presentadas por litigantes.

Además, esa instancia de la PGR mantiene abiertas pesquisas en contra de al menos 12 fiscales que laboran en diversas áreas de esa dependencia desde la pasada administración que encabezó la procuradora Marisela Morales.

En su mayoría, las actas administrativas abiertas por la visitaduría contra agentes ministeriales se iniciaron a partir de denuncias anónimas o de reportes presentados por algún superior de área, ante la posible comisión de conductas ligadas con actos de corrupción o de negligencia en el desempeño de las funciones públicas.

De acuerdo con las cifras oficiales que ha elaborado la procuraduría, 52 por ciento de los fiscales y agentes ministeriales que a nivel federal indagan delitos, son potencialmente sancionables, porque pudieron incurrir en diversos ilícitos.

En 2011 la visitaduría obtuvo 149 órdenes de aprehensión y 104 autos de formal prisión contra funcionarios de algún área de la PGR, la mayoría agentes ministeriales, muy superior a las 55 órdenes de captura y 39 procesados de 2010.

En el mapa de riesgos institucionales aparecen como principales irregularidades averiguaciones previas mal integradas, procesos litigados de forma poco confiable, deficiente investigación de delitos, vulneración de información y funciones indebidamente realizadas.

Cada año la visitaduría realiza un reporte denominado "vista", en el cual los funcionarios de esa área elaboran un reporte sobre alguna probable anomalía que haya resultado de sus evaluaciones técnico-jurídicas y de supervisión de los expedientes y averiguaciones previas.

Mil 158 "vistas"

En 2012 la Procuraduría General de la República alcanzó un techo histórico en este indicador, pues se registraron mil 158 "vistas", casi cuatro veces más que las 387 del año anterior.

Los reportes involucran a mil 960 funcionarios por probables conductas irregulares pues, además de los mil 352 agentes del MP, también están 237 agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos, 120 mandos, 13 medios, 11 administrativos y 51 no determinados. De los señalamientos a mandos superiores, 84 están dirigidos a delegados, 19 a subdelegados, nueve a encargados de unidad y tres a responsables de subdelegados.

Noé Ramírez, ex titular de la SIEDO, es acusado de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva

Isabel González

30/03/2013 03:23


CIUDAD DE MÉXICO, 30 de marzo.- En los primeros días de abril de este año, el ex zar antidrogas de la PGR, Noé Ramírez Mandujano, será sentenciado por un juzgado federal luego de más de cuatro años de enfrentar un proceso penal por presunta colaboración criminal con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El fallo será emitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en el penal de El Rincón, Nayarit. Ese tribunal tiene en sus manos absolver o condenar a quien fungiera como titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, antes SIEDO) durante 2007 y parte del año 2008.

El plazo de 30 días para emitir sentencia dentro de la causa 29/2009 comenzó a correr después del 5 de marzo pasado, una vez que tuvo lugar la audiencia de conclusiones ante el juzgado federal y en la que tanto el agente del Ministerio Público federal como la defensa del ex funcionario federal reiteraron sus posiciones.

Es decir, el primero demandó a la instancia judicial la máxima pena contra Ramírez Mandujano por considerar que efectivamente colaboró con la delincuencia organizada aprovechando su cargo como servidor público a cambio de entregas millonarias en dólares en su favor.

El segundo, la defensa del procesado, expuso ante el juez Mauricio Fernández de la Mora absolver a su cliente en razón de que las acusaciones vertidas en su contra provienen de “testigos de oídas”, que asegura carecen de fundamentos.

En agosto de 2008, a Ramírez Mandujano la PGR le acusó, en el marco de la llamada Operación Limpieza, de vender protección a la organización de los Beltrán Ley-va, según advirtieron diferentes testigos protegidos identificados con los nombres de Jennifer, David, Moisés y Saúl, entre otros.

En específico, el testigo Jennifer declaró que, a mediados de 2006 y durante el mes de septiembre del siguiente año, el titular de la entonces SIEDO tuvo al menos dos encuentros con capos pertenecientes al cártel de los Beltrán Leyva en lugares públicos, siendo éstos los restaurantes Guadiana, en Satélite, y Champs Elysées, de Reforma.

Lugares donde, afirmó el testigo, el funcionario recibió en pago por sus servicios alrededor de 450 mil dólares.

Ramírez Mandujano y su defensa exhibieron ante el juzgado de Nayarit documentación que lo ubicó en las fechas referidas por Jennifer en lugares distintos a los aseverados.

Por ejemplo, en un viaje a Estados Unidos para encontrarse con personal de la agencia antidrogas de ese país para tratar el caso del lavador de dinero Zhenli Ye Gon, así como un convivio de fin de año celebrado en las instalaciones de la propia Subprocuraduría.

PGR investiga a más de la mitad de sus agentes del MP

16 de Jan, 2013 a las 7:32 am

La visitaduría general de la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a más de la mitad de los agentes del Ministerio Público Federal a cargo de esa dependencia y realiza un rastreo de los perfiles profesionales y del desempeño como servidores públicos de los fiscales adscritos a las diversas áreas de la institución, revelaron fuentes ministeriales.

De acuerdo con esta información, desde diciembre pasado la PGR mantiene “reportes, actas administrativas y/o investigaciones internas” acerca de mil 952 agentes ministeriales -de un total de 2 mil 572- adscritos en sus mil 47 oficinas centrales y mil 527 delegaciones distribuidas en todo el país.

Jefa en aprietos

Destaca el caso de la fiscal de Delitos Financieros, Vanessa Georgina Aguilar Villegas, de 34 años de edad, a quien se le atribuyen actos de negligencia en su actuar como jefa de 18 agentes del Ministerio Público.

Diversos despachos de abogados penalistas han presentado quejas administrativas contra esa fiscal, a quien acusan de ineficiencia laboral, desconocimiento de la materia jurídica que tiene a su cargo, dilación en la integración de las averiguaciones previas e inexperiencia en el ámbito del servicio público ministerial, revelaron fuentes de la PGR.

Las inconformidades incluyen quejas por supuesto trato despótico y altisonante que la funcionaria da a los 18 agentes del Ministerio Público a su cargo, así como a los pasantes de derecho y abogados que acuden a las instalaciones de esa fiscalía para tratar asuntos relacionados con delitos en que se encuentran involucrados bancos e instituciones de crédito.

Según las fuentes consultadas, el caso de la fiscal Aguilar Villegas no es el único que investiga actualmente la visitaduría de la PGR.

Hasta noviembre pasado, esa dependencia tenía adscritos un total de 2 mil 572 agentes ministeriales, de los cuales mil 952 son investigados por la visitaduría, fundamentalmente debido a quejas por negligencia laboral presentadas por litigantes.

Además, esa instancia de la PGR mantiene abiertas pesquisas en contra de al menos 12 fiscales que laboran en diversas áreas de esa dependencia desde la pasada administración que encabezó la procuradora Marisela Morales.

En su mayoría, las actas administrativas abiertas por la visitaduría contra agentes ministeriales se iniciaron a partir de denuncias anónimas o de reportes presentados por algún superior de área, ante la posible comisión de conductas ligadas con actos de corrupción o de negligencia en el desempeño de las funciones públicas.

De acuerdo con las cifras oficiales que ha elaborado la procuraduría, 52 por ciento de los fiscales y agentes ministeriales que a nivel federal indagan delitos, son potencialmente sancionables, porque pudieron incurrir en diversos ilícitos.

En 2011 la visitaduría obtuvo 149 órdenes de aprehensión y 104 autos de formal prisión contra funcionarios de algún área de la PGR, la mayoría agentes ministeriales, muy superior a las 55 órdenes de captura y 39 procesados de 2010.

En el mapa de riesgos institucionales aparecen como principales irregularidades averiguaciones previas mal integradas, procesos litigados de forma poco confiable, deficiente investigación de delitos, vulneración de información y funciones indebidamente realizadas.

Cada año la visitaduría realiza un reporte denominado “vista”, en el cual los funcionarios de esa área elaboran un reporte sobre alguna probable anomalía que haya resultado de sus evaluaciones técnico-jurídicas y de supervisión de los expedientes y averiguaciones previas.

Mil 158 “vistas”

En 2012 la Procuraduría General de la República alcanzó un techo histórico en este indicador, pues se registraron mil 158 “vistas”, casi cuatro veces más que las 387 del año anterior.

Los reportes involucran a mil 960 funcionarios por probables conductas irregulares pues, además de los mil 352 agentes del MP, también están 237 agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos, 120 mandos, 13 medios, 11 administrativos y 51 no determinados. De los señalamientos a mandos superiores, 84 están dirigidos a delegados, 19 a subdelegados, nueve a encargados de unidad y tres a responsables de subdelegados.

PGR cierra el expediente contra ex fiscal "antinarco"

Policía • 25 Abril 2013 - 3:37am — Rubén Mosso

La medianoche del pasado martes venció el plazo para interponer el recurso; no había elementos que lo ligaran al hampa, asegura.


Foto: CUARTOSCURO/ARCHIVO
El ex titular de la SIEDO.


México • La Procuraduría General de la República (PGR) decidió cerrar el expediente abierto contra Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pues no apeló su liberación, quedando así firme la sentencia absolutoria.

Funcionarios ministeriales informaron que a la medianoche del pasado martes venció el plazo para que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SEIDO (antes SIEDO) presentara el recurso de apelación.

Indicaron que la subprocuraduría dio por concluido el asunto, pues no hay elementos que relacionen a Ramírez Mandujano con alguna actividad delictiva.

El ex funcionario federal fue detenido como parte de la investigación de la Operación Limpieza, que inició en 2008 y culminó en 2012 con la detención de Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, quien la semana pasada recuperó su libertad.

El pasado 15 de abril el ex titular de la SIEDO abandonó el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, donde permaneció encarcelado por más de cuatro años.

Mauricio Fernández de la Mora, juez primero de distrito de procesos penales federales de Nayarit, dictó sentencia absolutoria en el juicio que emprendió la PGR contra el ex funcionario federal, a quien acusó de delincuencia organizada.

El juzgador detectó que el testigo protegido de nombre clave Jennifer (Roberto López Nájera) “fabricó pruebas” contra Ramírez Mandujano, además de que la PGR obtuvo declaraciones de otros testigos de manera ilegal.

Por esa razón pidió al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que investigue a dicho testigo protegido, ya que se condujo con “falta de probidad”.

“En relación con el principal testigo colaborador de nombre clave Jennifer, se demostró que se condujo con falta de probidad, pues se evidenció que mintió al rendir sus declaraciones. También se advirtió que otros testigos colaboradores no hicieron imputación directa contra el acusado, Noé Ramírez Mandujano, mientras que otras declaraciones de testigos se obtuvieron de manera ilegal”, señaló el juez.

Ramírez Mandujano estaba preso en el penal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, acusado de negociar con el cártel de los Beltrán Leyva, pero fue absuelto y liberado el pasado lunes 15 de abril por la noche.

La PGR acusó entonces al zar antidrogas de la PGR de recibir sobornos mensuales (450 mil dólares) de narcotraficantes, todo a partir de las acusaciones del testigo protegido identificado como Jennifer.

En noviembre de 2008 el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, anunció el arraigo de Ramírez Mandujano y de seis funcionarios más por haber cometido varios delitos.

Tras la liberación del ex titular de la SIEDO, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el caso representan una lección para que la PGR presente pruebas sólidas al acusar a algún funcionario público o a un ciudadano acusados de delincuente.

Debe PGR dar nombres de implicados en el caso de Alfredo Beltrán Leyva


Petición de particular sobre sentencias de funcionarios: Ifai


Karina Avilés


Periódico La Jornada


Martes 11 de junio de 2013, p. 10


La Procuraduría General de la República (PGR) deberá revelar los nombres y cargos de los servidores públicos involucrados en las averiguaciones previas de los casos en que haya sentencias condenatorias que hubieran causado estado, seguidas en contra de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo –considerado uno de los líderes del cártel del Milenio– instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

A su vez, el órgano colegiado determinó procedente clasificar los nombres de los funcionarios públicos que hayan recibido sentencia absolutoria en el proceso penal federal que se les hubiere iniciado, derivado de su presunta colusión con la organización criminal de los Beltrán Leyva.

En su respuesta inicial, la PGR sugirió a la solicitante acudir ante el agente del Ministerio Público, ya que dichos datos son confidenciales y están reservados por un periodo de 12 años. Sin embargo, la peticionaria impugnó la negativa de acceso al considerar que la información relacionada con un servidor público es de interés general y puede resultar relevante para la evaluación de su desempeño.
En el análisis del caso, el Ifai consideró que la PGR cuenta con otras unidades administrativas que podrían conocer de la información relacionada con averiguaciones previas y procesos federales, como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

Además, el instituto localizó un boletín de prensa de la PGR en el que se señala que el capo tenía a su cargo las operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos para su organización en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit. En consecuencia, las delegaciones de dichas entidades serían competentes para conocer de los requerimientos de la recurrente.

El combate contra malos servidores públicos debe ser permanente: PGR

01 de noviembre del 2013


México, 1 de noviembre.- Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, establecido por el Gobierno Federal, la Procuraduría General de la República realiza acciones comprometidas a erradicar la corrupción y el cohecho por parte de malos servidores públicos, a fin de evitar el deterioro y rompimiento del tejido social y el debilitamiento de las instituciones.

Este ordenamiento se lleva a cabo a nivel nacional e internacional para evitar que se den este tipo de delitos, ya sean cometidos por personas físicas o morales mexicanas a servidores públicos extranjeros o por extranjeros a servidores públicos mexicanos.

Así quedó establecido durante la Clausura del Primer Curso de Cohecho Internacional organizado por la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales a cargo de la Maestra Mariana Benítez Tiburcio, quien afirmó que la estrategia principal es combatir la corrupción y  transparentar la acción pública en materia de justicia.

“Los delitos que involucran conductas de corrupción trastocan a todas nuestras instituciones y dañan el tejido social, porque son manifestaciones de debilidad institucional y también del rompimiento del tejido social, por lo anterior para el Gobierno de la República el combate a todas las formas de corrupción es una prioridad, así de claro”.

Luego de agradecer, a nombre del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a los ponentes extranjeros que participaron con sus experiencias en materia de combate al cohecho, la Subprocuradora Benítez dijo que se trabaja a paso firme en generar políticas, estrategias y acciones específicas que mejoren la eficacia del combate en las distintas expresiones de la corrupción y en particular del cohecho transfronterizo a partir de la firma y ratificación de las Convenciones Internacionales en las que participa la OCDE, para hacer que las normas previstas en dichas convenciones sirvan para mejorar la capacidad del Estado y sancionar estas conductas delictivas que involucran a más de un país.

“Necesitamos incentivar la denuncia de estos delitos, a fin de que no queden impunes”.

Mariana Benítez Tiburcio reconoció por ello a los expositores extranjeros el que hayan compartido su experiencia, ya que se requiere una capacitación constante y especializada en la materia para los agentes de investigación y ministerios públicos, a fin de mejorar sus capacidades y atención de este fenómeno delictivo, además de sensibilizarlos sobre la importancia de la detección de estos delitos con investigaciones exitosas en materia de cohecho internacional, que ya se han dado en otros países cuya metodología puede servir de referente.

En el curso participaron 58 servidores públicos de esta institución, de ellos 43 son agentes del Ministerio Público de la Federación de la Unidad  Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia y 15 son servidores públicos de otras Unidades Administrativas, quienes escucharon la experiencia de expertos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y Finlandia, así como de los representantes de la División Anticorrupción de la OCDE.

La maestra Mariana Benítez estuvo acompaña por Jorge Emilio Iruegas Álvarez, representante del Instituto de Formación Profesional, y de Jorge Antonio Luna Calderón, director de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos  y Contra la Administración de Justicia.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor