Suben homicidios, violaciones, plagios y narcomenudeo en Michoacán
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Suben homicidios, violaciones, plagios y narcomenudeo en Michoacán
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán confirmó que los homicidios (dolosos y culposos), violaciones y secuestros han tenido un incremento considerable en la entidad en los últimos 12 meses.
En su último informe de labores enviado al Congreso local, que a su vez lo turnará a la Comisión de Justicia para su análisis, la dependencia señala que también los delitos de narcomenudeo, fraudes, amenazas y abuso de autoridad van a la alza.
El documento minimiza el tema de las guardias comunitarias y tampoco incluye algún diagnóstico sobre la situación de inseguridad que priva en las regiones en las que operan los grupos de autodefensa.
La PGJ –al frente de la cual se encuentra Marco Vinicio Aguilera como encargado de despacho, luego de la renuncia del procurador Plácido Torres Pineda, el pasado jueves 1– hace una sola mención sobre esos grupos, al señalar que en mayo pasado “se brindó apoyo” al alcalde de Los Reyes “para resguardar el municipio y evitar que se tomara la presidencia en el rescate de las supuestas guardias comunitarias que detuvo la Policía Municipal”.
El documento no informa si se realizó la detención de algún integrante del grupo delictivo conocido como Los Caballeros Templarios y tampoco se citan o reportan avances en las investigaciones por la muerte de limoneros de La Ruana y Buenavista, emboscados en abril pasado.
En materia de desapariciones forzadas no se hace ninguna referencia, simplemente se apunta que el 30 de mayo de 2013 “se recibió a representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, escuchando sus inquietudes y dando atención a sus planteamientos en el ámbito de nuestra competencia”.
Respecto de los derechos humanos, el informe maneja dos datos diferentes. En la página 23 señala que “se dio atención a las 225 solicitudes de informes que presentaron las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos”, pero en la página 34 la cifra cambia. Sostiene que para dar plena vigencia a los derechos humanos, “la Procuraduría ha privilegiado la atención a las solicitudes de información de los organismos de esta materia respondiendo a 474 requerimientos de la CNDH y 26 de la CEDH”.
Puntualiza que ambas comisiones emitieron 11 recomendaciones a la PGJ, de las cuales se han cumplido siete, es decir, 64%, y añade que se han realizado diversas reuniones con los visitadores regionales de Derechos Humanos, con el fin de mantener un estrecho vínculo que derive en el respeto a los principios del debido proceso.
En el último año, la dependencia recibió al menos una queja por día contra alguno de sus servidores públicos, lo que dio una suma total de 418 casos, de los que sólo en 153 se logró un acuerdo vía la conciliación, y en el resto se iniciaron procesos administrativos internos.
De acuerdo con el documento, la mayoría de las quejas son contra los agentes del Ministerio Público, y sostiene que se iniciaron cinco procedimientos administrativos internos derivados de las recomendaciones emitidas por la CEDH contra dichos agentes.
Detalla que uno de ellos fue destituido, 19 suspendidos, ocho apercibidos, 14 amonestados, 35 absueltos, 27 expedientes fueron sobreseídos y en 10 casos se dictaron acuerdos de incompetencia.
FUENTE:
http://www.proceso.com.mx/?p=351266
En su último informe de labores enviado al Congreso local, que a su vez lo turnará a la Comisión de Justicia para su análisis, la dependencia señala que también los delitos de narcomenudeo, fraudes, amenazas y abuso de autoridad van a la alza.
El documento minimiza el tema de las guardias comunitarias y tampoco incluye algún diagnóstico sobre la situación de inseguridad que priva en las regiones en las que operan los grupos de autodefensa.
La PGJ –al frente de la cual se encuentra Marco Vinicio Aguilera como encargado de despacho, luego de la renuncia del procurador Plácido Torres Pineda, el pasado jueves 1– hace una sola mención sobre esos grupos, al señalar que en mayo pasado “se brindó apoyo” al alcalde de Los Reyes “para resguardar el municipio y evitar que se tomara la presidencia en el rescate de las supuestas guardias comunitarias que detuvo la Policía Municipal”.
El documento no informa si se realizó la detención de algún integrante del grupo delictivo conocido como Los Caballeros Templarios y tampoco se citan o reportan avances en las investigaciones por la muerte de limoneros de La Ruana y Buenavista, emboscados en abril pasado.
En materia de desapariciones forzadas no se hace ninguna referencia, simplemente se apunta que el 30 de mayo de 2013 “se recibió a representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, escuchando sus inquietudes y dando atención a sus planteamientos en el ámbito de nuestra competencia”.
Respecto de los derechos humanos, el informe maneja dos datos diferentes. En la página 23 señala que “se dio atención a las 225 solicitudes de informes que presentaron las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos”, pero en la página 34 la cifra cambia. Sostiene que para dar plena vigencia a los derechos humanos, “la Procuraduría ha privilegiado la atención a las solicitudes de información de los organismos de esta materia respondiendo a 474 requerimientos de la CNDH y 26 de la CEDH”.
Puntualiza que ambas comisiones emitieron 11 recomendaciones a la PGJ, de las cuales se han cumplido siete, es decir, 64%, y añade que se han realizado diversas reuniones con los visitadores regionales de Derechos Humanos, con el fin de mantener un estrecho vínculo que derive en el respeto a los principios del debido proceso.
En el último año, la dependencia recibió al menos una queja por día contra alguno de sus servidores públicos, lo que dio una suma total de 418 casos, de los que sólo en 153 se logró un acuerdo vía la conciliación, y en el resto se iniciaron procesos administrativos internos.
De acuerdo con el documento, la mayoría de las quejas son contra los agentes del Ministerio Público, y sostiene que se iniciaron cinco procedimientos administrativos internos derivados de las recomendaciones emitidas por la CEDH contra dichos agentes.
Detalla que uno de ellos fue destituido, 19 suspendidos, ocho apercibidos, 14 amonestados, 35 absueltos, 27 expedientes fueron sobreseídos y en 10 casos se dictaron acuerdos de incompetencia.
FUENTE:
http://www.proceso.com.mx/?p=351266
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