¿Qué hacer frente a la delincuencia y al narcotráfico?

¿Qué hacer frente a la delincuencia y al narcotráfico?


Mauricio Macri

Coordinar las políticas públicas garantiza el bienestar y la protección de los ciudadanos

Con el influjo del fenómeno de la globalización en los últimos 15 años, el mundo ha ingresado en una etapa histórica muy vertiginosa y llena de desafíos. La creciente integración económica, el acceso al libre comercio y la inversión contribuyeron a consolidar procesos de desarrollo sostenido y a reducir la pobreza en muchos países.

China es, quizás, el mejor ejemplo. Hace más de 20 años, era una nación que todavía no había podido salir del atraso. Hoy, se encamina a convertirse en la principal potencia mundial. La India es otra evidencia en igual sentido.

Esta tendencia ha tenido correlato en otras zonas del planeta, cuyo desarrollo estuvo postergado durante décadas, y que hoy están viviendo momentos de expansión: tal es el caso de Latinoamérica, favorecida como nunca por los frondosos ingresos que genera la exportación de mercancías, la ampliación de su mercado interno y la fusión de bienes y servicios. Pero esas ráfagas de prosperidad no se han repartido de manera equitativa en todos los rincones de la Tierra. Sigue habiendo muchos países y regiones cuyas poblaciones están hundidas en la miseria. Se estima que la onda favorable de crecimiento económico se mantendrá con firmeza hasta 2020, y que en distinto grado alcanzará a todas las zonas del mundo. Ojalá que el pronóstico sea certero y que se cumpla, ya que, de ser así, contribuirá a recortar esos desequilibrios e inequidades que todavía mantienen a tantos seres humanos sin acceso a condiciones de vida dignas.

Queda claro, entonces, a partir de estas experiencias, que la globalización enciende grandes desafíos y oportunidades para los países y para las ciudades, pero también genera miedo e incertidumbre. Y, lamentablemente, además, ha incubado nuevas modalidades delictivas y formas de violencia: el flagelo de la droga, y su internacionalización a través de la acción de las bandas de narcotraficantes, emerge como un azote en las grandes ciudades y se ha transformado en el principal generador de delincuencia e inseguridad.

En las últimas 2 décadas, según revela un informe global sobre asentamientos urbanos que elaboró una comisión de Naciones Unidas, han aumentado los asaltos, secuestros y asesinatos a escala mundial un 30%, hasta alcanzar una tasa de 3 000 crímenes por cada 100 000 personas. Y Buenos Aires, la metrópoli que tengo el honor de gobernar desde fines de 2007, no ha estado ni está al resguardo de las amenazas que representan las organizaciones del crimen organizado. Es cierto que nuestra ciudad no tiene estadísticas de inseguridad tan alarmantes como las de otras capitales de Latinoamérica, pero el problema igual se ha agravado, particularmente por el crecimiento de la actividad del narcotráfico.

Argentina, un país maravilloso, pero con una democracia poco entrenada en la búsqueda de consensos, no se ha ocupado debidamente de elaborar planes y políticas de seguridad integrales y de alcance nacional. Esto ha derivado en que hoy su vasto territorio ha dejado de ser un espacio de tránsito para la droga y corre serio riesgo de transformarse en una factoría de distribución regional e internacional. La prevalencia de puestos fronterizos permeables y la ausencia de radares en los puntos clave en donde las avionetas clandestinas descargan la droga han convertido a nuestra geografía en un campo propicio para que se instalen bandas de narcos que triangulan mercadería.

Para mi gobierno, el tema de la inseguridad ocupa un lugar central y prioritario en la agenda de gestión, a partir de una fuerte demanda de la ciudadanía que siente que su libertad y su vida están permanentemente amenazadas por el crecimiento del delito. Conscientes del desafío que asumimos hace más de 5 años, cuando la gente le dio su confianza con amplio respaldo electoral a Propuesta Republicana (pro), nuestro partido político, el más joven de Argentina, pusimos en marcha un plan de seguridad que incluye un conjunto de políticas específicas orientadas a abordar el problema desde una concepción integral.

En ese camino, tomamos decisiones revolucionarias, como la creación de la Policía Metropolitana, que marcó un hito para Buenos Aires al incorporar a la vida de la capital argentina una nueva fuerza que interviene en cuestiones de seguridad locales, mientras el gobierno de la nación mantiene las funciones de policía relativas a asuntos federales. La Metropolitana es una policía de proximidad y de respuesta rápida al vecino, que ya cuenta con más de 4 000 efectivos con alto nivel de entrenamiento y equipamiento tecnológico de avanzada. Esta decisión nos llena de orgullo, sobre todo hoy, cuando los resultados están a la vista y nos demuestran lo acertado que fue embarcarnos en aquel proyecto, pese a lo difícil que es y a la gran complejidad que tiene la tarea de arrancar con una nueva policía desde cero.

Lo que sí lamento es que esto no haya sido fruto de un trabajo de consenso entre las diferentes fuerzas y actores políticos y sociales de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina, como hubiera sido deseable en una democracia moderna. Por el contrario, las condiciones que dieron origen a su creación tuvieron un marco político muy hostil y desafortunado. En Argentina, había un compromiso contraído en 2007 por el ex presidente Néstor Kirchner y su partido político de transferir a la ciudad de Buenos Aires el manejo de la Policía Federal con sus correspondientes recursos, tal como lo establece el texto de nuestra Constitución Nacional reformada en 1994.

Esa promesa nunca se concretó. Ni en tiempos en que gobernaba el ex mandatario ni despúes, cuando su esposa lo sucedió en el ejercicio de la Primera Magistratura. La presidenta Cristina Fernández también mantuvo un cerrado rechazo al cumplimiento de una norma que es indispensable para garantizar de manera efectiva la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo nunca ha tolerado que Buenos Aires le resulte un territorio electoral adverso y le molesta tener que convivir con una alcaldía gobernada por otro espacio político. Por eso, suele haber tanta mezquindad y especulación en sus decisiones, aunque se trate de un tema esencial como éste, que hace al cuidado de la vida de las personas.

Frente a esa realidad, no nos quedamos con los brazos cruzados. Había que honrar el compromiso que habíamos contraído con la gente en la campaña electoral, y así lo hicimos. Por eso, tomé la decisión de crear una nueva policía, que muchos consideraron audaz y frente a la cual no faltaron los agoreros e incrédulos que pronosticaron su fracaso. Pero hoy, la Metropolitana es una realidad, y su puesta en marcha nos ayudó a dar un salto cualitativo de gran magnitud en materia de seguridad ciudadana.

La referencia a esta experiencia de gestión personal sirve también como disparador para otra reflexión que considero esencial a la hora de explorar e indagar cuáles son las políticas, los instrumentos y los procedimientos más eficaces para encarar con éxito la lucha contra el delito y el crimen organizado. Hay algo que surge como evidencia irrefutable en ese contexto de análisis: no hay ninguna política de seguridad que pueda garantizar buenos resultados y llevar tranquilidad y confianza a los ciudadanos si no se ejecuta a través de una acción conjunta y coordinada entre la nación, los estados provinciales y los municipios. Se necesitan políticas de Estado perseverantes, consistentes y perdurables, que privilegien la colaboración y la complementación de todas las fuerzas en sus diferentes jurisdicciones. No hay ciudades seguras si no hay países seguros, y al momento de defender la vida y la libertad de las personas, no puede haber ninguna especulación política de por medio. Toda la fuerza del Estado debe estar concentrada sin fisuras al servicio de ese objetivo.

Iniciamos este análisis con una identificación del problema de la inseguridad como parte de un mundo que internacionaliza conflictos. Hablamos también de la incidencia determinante del narcotráfico como usina alimentaria de la violencia. Y quiero avanzar ahora con el que, a mi juicio, es el aspecto medular y sustancial de todo lo referente al armado de políticas públicas para prevenir y combatir el delito en los grandes conglomerados urbanos.

Me refiero a la convergencia de programas de acción simultáneos y basados en una concepción integral, que contemplen tanto lo atinente al trabajo específico de las fuerzas de seguridad, su equipamiento y su capacidad disuasiva, como también los instrumentos legales para fortalecer la labor de jueces y fiscales, el cuidado del espacio público mediante una activa presencia del Estado que impida la existencia de zonas liberadas, así como un fuerte trabajo de prevención y contención social, principalmente en los barrios más humildes, con el foco puesto en los sectores juveniles, para levantar barreras que los alejen del delito y de las adicciones.

Con esta visión estamos trabajando en Buenos Aires. Por eso equipamos a la Policía Metropolitana con tecnología de última generación, con móviles provistos de cámaras y sistemas de posicionamiento global (gps), para fortalecer su presencia en el espacio público; hacia ese mismo objetivo apuntaron la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires y la instalación de más de 2 000 cámaras en la vía pública para asegurar respuesta inmediata ante la acción del delito.

Hoy, contamos con una policía cuyos efectivos son formados en el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por ley en esta gestión, donde los cadetes reciben capacitación intelectual humanística especializada en Derecho y en seguridad, además de un entrenamiento físico de alto rendimiento, con recreación de situaciones o hechos delictivos que tienen lugar en la vida cotidiana, y el ejercicio de las más diversas prácticas y técnicas de intervención policial.

Un segundo capítulo del plan engloba las reformas legales que ampliaron las atribuciones de los fiscales y simplificaron los procedimientos de trabajo del Ministerio Público, con lo cual se lograron reducir sensiblemente los tiempos de las causas judiciales que se inician por denuncias de vecinos por delitos y contravenciones. Los fiscales tienen a su disposición un Cuerpo de Investigaciones Judiciales y pueden ordenar pericias y procedimientos.

A esto se suman las acciones orientadas a garantizar el cuidado y la puesta en valor del espacio público, mediante la ejecución de un programa que ya ha transformado en realidad múltiples obras de infraestructura para mejorar calles y luminarias, remodelar los grandes centros de trasbordo de pasajeros y más de un centenar de parques y plazas, y promover actividades que convoquen a la gente a disfrutar de su ciudad en familia y con amigos a través de festivales, conciertos o encuentros recreativos y deportivos. La idea es crear cada vez mejores condiciones para que el espacio público sea un punto de encuentro para la buena convivencia entre los vecinos, que es la mejor manera de expulsar y de aislar a la violencia.

Y tanto o más importante que todo lo anterior es el eje estratégico que trazamos desde el primer día de gestión para recuperar la zona sur, que ha sido históricamente la más postergada y olvidada de la ciudad de Buenos Aires, y la que concentra, además, a los barrios de mayor vulnerabilidad social. Ningún gobierno de la ciudad ha hecho tanto como el nuestro para terminar con esa inequidad y para que Buenos Aires sea una ciudad más inclusiva e integrada.

Además, estamos impulsando un inédito proceso de urbanización de los barrios de emergencia con apertura de calles, instalación de redes cloacales y pluviales, centros de salud, una amplia red de comedores comunitarios y Centros de Primera Infancia, donde los padres pueden dejar a sus hijos al cuidado de profesionales cuando van a trabajar, y escuelas de oficios para jóvenes.

Son todas obras de enorme valor, que contribuyen a construir ciudadanía, porque llegan a muchas familias que se encontraban fuera del sistema social, cultural y productivo de la ciudad y que, a partir de estas transformaciones, comienzan a integrarse para iniciar una nueva etapa en sus vidas, con derechos y con obligaciones, y sabiendo que de ahora en adelante sus hijos van a poder crecer y desarrollarse con igualdad de oportunidades.

Así, el Estado está interviniendo donde más se necesita y donde viven los que más lo necesitan. Eso también incide de manera contundente en el recorte de los márgenes de acción de las bandas de delincuentes que, como sucede en la mayoría de los países de nuestra región, apuestan a hacerse fuertes en los bolsones urbanos donde está concentrada la pobreza para imponer sus códigos y controlarlos como territorio propio.

Espero que este conjunto de reflexiones pueda ser de utilidad para todos aquellos que aspiran a trabajar con profesionalismo en una tarea tan ardua y compleja como la que implica articular políticas para cuidar y proteger a los ciudadanos. Estamos conscientes de que este esfuerzo es crucial para la vida de nuestras ciudades, porque cuando hay inseguridad, hay miedo, y cuando hay miedo, comenzamos a perder nuestra libertad.