Violencia contra periodistas en Mexico

Defensores de derechos humanos y periodistas, ¿protegidos?

2. diciembre, 2012
Álvaro Cepeda Neri

Calderón y los calderonistas que dirigieron desde Los Pinos, con alcohólica manu militari, llevan a cuestas (en números oficiales) más de 100 mil homicidios desde que, junto con los narcotraficantes, impusieron la pena de muerte a sangre y fuego. No todos en el Partido Acción Nacional son corruptos, pero una mayoría se enriqueció gracias a su dios; y el desgobernador de Sonora, Padrés Elías, hasta se quiere robar el agua del Valle del Yaqui. Las fosas comunes excavadas por marinos, soldados y criminales, guardan miles de cadáveres. Y del foxismo al calderonismo hay entre ellos casi un centenar de periodistas asesinados que informaron, sobre todo como reporteros, de los hechos de la guerra panista-calderonista, que violenta el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sacarle la vuelta a la aprobación del Congreso de la Unión y violar sistemática y metódicamente los derechos humanos y sus garantías.

El periodista Carlos Moncada, en su investigación titulada Oficio de muerte. Periodistas asesinados en el país de la impunidad (editorial Grijalbo, 2012), puso en blanco y negro (y rojo de sangre) la matanza de mexicanos que raya en genocidio (por odio a la prensa y sus trabajadores). Entre ellos, quienes fueron privados de la vida por cumplir con su deber constitucional de informar a la opinión pública.

Ya en plena huida, Calderón y su policía en Gobernación, para lavarse las manos, dizque impusieron la ejecución de una seudoley (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012) para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Una vez más: todos los mexicanos exigimos seguridad. Que termine la “perturbación grave de la paz pública” y ya no se “interrumpa la observancia” de la Constitución por la rebelión de las delincuencias y el uso de la fuerza militar, marina y policiaca que sólo mata por matar, sin resolver el sangriento problema que impuso la violencia criminal por todo el territorio. No se trata de implantar “un mecanismo para protección de los defensores de los derechos y para periodistas”, cuando la indefensa población en general está padeciendo asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones, desplazamientos y violaciones a sus domicilios, con abusos sexuales por parte de militares, policías y delincuentes.

Calderón calificó a los mexicanos víctimas de su guerra como “daños colaterales”, y hasta el último día de su maldito y mal gobierno insiste en que su estrategia era la correcta. Otorgar en el papel de una ley cuidados a los periodistas y defensores de los derechos humanos, unos para dar testimonios de tales hechos en la información y otros para hacer valer los derechos de los asesinados, es un absurdo. Además, otorgar protección de esa manera excepcional va contra la igualdad de dar seguridad máxima a todos los mexicanos sin discriminar a nadie.

Que por toda la geopolítica mexicana se implante protección a periodistas y defensores, para que ante las amenazas no cumplidas reciban cuidados, es apenas un paliativo. A este paso, cada uno de los 114 millones de mexicanos necesitará protección (los funcionarios y los ricos ya tienen guardaespaldas y automóviles blindados). Y ni con ese “mecanismo”, defensores y periodistas estarán a salvo de las delincuencias, servidores públicos y Fuerzas Armadas que también cumplen amenazas contra ellos. Lo que está en cuestión es la seguridad nacional como regla sin excepción.

Calderón y los integrantes de su pandilla fueron incapaces de restablecer la paz pública. Estamos en el filo de un desastre mayor: la guerra de todos contra todos (prevista por Thomas Hobbes en su tratado Leviatán), para que cada quien defienda su vida. Los defensores de los derechos humanos son víctimas de agresiones, de obstáculos para cumplir con sus deberes. Los periodistas también. Y no hay mecanismo para erradicar la criminalidad de los delincuentes ni de los funcionarios con o sin uniforme.

Hace falta restaurar la paz pública. Es la única forma de garantizar los derechos de todos los mexicanos, entre los que están quienes se dedican a defender los derechos humanos y a informar, criticar y analizar los hechos en los medios de comunicación. Para hacer valer la vigencia constitucional de todos los mexicanos se debe extirpar la criminalidad de los participantes en la rebelión, y de los que tratan de acabarla, hasta ahora sin éxito, en el toma y daca de privar de la vida a unos y otros.

La nación exige protección general si es que, cuando menos en la seguridad, somos iguales para vivir con paz pública, donde no impere el hacerse justicia por propia mano. Y menos con arreglo a la pena de muerte, que no tiene ningún sustento legal.

“Es peor informar del narco que de la guerra. Aquí no hay trincheras”

La periodista mexicana ha puesto su interés en los desplazados por la guerra contra los cárteles
BERNARDO MARÍN 14 DIC 2012 - 22:25 CET19

La periodista Marcela Turati (México, 1974) da un consejo por si alguien quiere ir a cubrir una información sobre narcotráfico a un lugar conflictivo. “La clave es no decir que eres periodista hasta el final. Y luego te vas corriendo al aeropuerto”. Eso, los que pueden irse. Porque los que trabajan sobre el terreno se convierten en perpetuos corresponsales de guerra. “Yo creo que es aún peor”, asegura, “porque además de testigo te conviertes en objetivo. Y aquí no sabes dónde están las trincheras. No sabes si el alcalde o el policía con el que hablas es un traficante”. Ella hace un trabajo que en su país ha costado la vida a 50 compañeros en los últimos seis años. Pero habla con tanta pasión de su oficio que se olvida de desayunar. Entonces dejamos de preguntarle y la obligamos a comer un poco. Y luego nos sigue contando.

Turati, redactora de la revista Proceso, ha sido noticia dos veces en los últimos días. Este jueves la Nieman Foundation para el periodismo en Harvard le ha concedido el Premio Louis Lyons a la conciencia e integridad en el periodismo “por su papel en la formación y protección de los reporteros en México y como abanderada de quienes arriesgan su vida para narrar la ola de violencia”. Y a primeros de este mes, cuando se celebró esta entrevista, presentó en la Feria Internacional de de Guadalajara Entre las cenizas, un libro colectivo elaborada junto a otros compañeros de la Red de Periodistas de a Pie, de la que es fundadora, en el que se repasa la guerra contra el narco del sexenio de Felipe Calderón desde el punto de vista de las víctimas.

“Casi toda la crónica de este período se ha hecho en clave de horror”, cuenta. “Pero decidimos fijarnos en quienes han sufrido. Y no solo en los que están tirados en el piso, sino en los que resistieron y consiguieron cambiar algo con pequeños actos solidarios sostenidos en el tiempo. La gente que decidió dejar la parálisis e intervenir en la historia”. En el texto que Turati escribió para el libro, se habla de los desaparecidos. Muchos no regresarán pero sus familias, enojadas y huérfanas de autoridades, presionaron y lograron leyes y protocolos de búsqueda para quienes sigan desapareciendo. En otro capítulo, las protagonistas son las mujeres sanadoras de Juárez, que aprenden tanatología o terapias florales para sacar a los hombres del duelo y aliviar a las viudas. “Esas gotitas constituyen un acto de amor y marcan el camino para que el Gobierno sepa a quiénes ayudar, dónde y hasta cómo”, explica.

Ante la crueldad, la escritora cita a un forense: "Ahora rezo por los vivos"
Los movimientos ciudadanos pueden presionar pero se necesita del Estado para emprender grandes cambios. ¿Qué le pide al nuevo Gobierno de Peña Nieto? La periodista no duda. “Hay que crear un sistema integral de protección a la víctimas. Y depurar el sistema judicial, hacerlo fuerte y llenarlo de gente honesta que investigue los crímenes. Si resultan impunes, el sicario queda en el inconsciente colectivo de las familias golpeadas: los adolescentes dejan la escuela, las mujeres tienen que trabajar el doble y si les queda fuerza, pedir justicia, los niños crecen con un enojo incontenible. Las víctimas deben tener asistencia sanitaria, atención psicológica, educación asegurada, pero sobre todo, necesitan saber que alguien paga por el delito”.

Eso son sus deseos. Pero es escéptica. “Creo que la guerra va a seguir. Aparentemente la violencia se ha normalizado, a niveles altísimos. Pero temo, y comparto ese miedo con otros periodistas, que no disminuyan los crímenes, que simplemente se hable menos de ellos. Hay gente que celebra que ganara un partido con experiencia de gobierno. Pero también tiene experiencia en controlar muy bien los medios. En los Estados gobernados por el PRI con senadores y diputados priístas no habrá contrapesos. Y eso me asusta”.

Al escuchar a Turati uno se admira de la extraordinaria vocación de muchos periodistas para seguir ejerciendo en condiciones tan terribles. “Hay reporteras muy valientes a las que sus propios esposos les piden que no vayan a buscar a los niños a la escuela, porque son un factor de riesgo. Y cargan con la culpa de sentirse tóxicas en su familia, pelean por la pasión del oficio y al tiempo piensan que pueden matar a sus hijos”. Y es que, aunque ese amor a la profesión no se pague con la muerte, se paga casi siempre con un gran desgaste psicológico. “Unos se ven como suicidas y si se acaba la violencia en su ciudad, se trasladan a otra. Otros se convierten en almas en pena, aunque todo haya pasado. Un compañero fotografió 19 cadáveres en diferentes lugares de Juárez en ocho horas. ¿Cómo te vas a casa luego con eso?”, se pregunta.

Por eso en la Red de Periodistas no solo enseñan protocolos de seguridad. También se preocupan de fomentar el autocuidado emocional. “En Veracruz han matado a nueve reporteros”, cuenta Turati. “Y sus compañeros nos decían: ‘Necesitamos psicólogos para terapias colectivas, nos da miedo salir de casa’”. En los talleres que organizan una de las estrategias consiste en convencerles de que no se culpen, de que no se sientan malas personas por los ataques de ira que enturbian su vida familiar: “Porque muchas de sus reacciones forman parte de un estrés postraumático, como el de los combatientes de un conflicto bélico”.

Seamos terriblemente optimistas y pensemos que mañana se acaba la violencia ¿Qué pasa con los asesinos? Hay gente por la calle con cientos de crímenes a sus espaldas. Turati no tiene una respuesta. “Son víctimas victimarias”, reflexiona. “Hice un reportaje con sicarios y a casi todos los echaron de la secundaria por ingobernables. Y pensé: ahí hay una política pública que crear. Son gente criada en la impunidad, sin respeto por la vida. Detuvieron a un hombre en Juárez y su hijo de nueve años explicó: ‘Mi papá se dedicaba a cortar cabezas’. ¿Qué haces con eso?”. Y concluye con la reflexión de un forense que examinó 55 cadáveres torturados que sacaron de un pozo: “Antes rezaba por los muertos. Ahora también rezo por los vivos’”.

La mexicana Marcela Turati, premiada en Harvard por su cobertura del narcotráfico

El jurado del Louis M. Lyons reconoce también el papel de la periodista en la formación y protección de otros reporteros

BERNARDO MARÍN México 13 DIC 2012 - 23:32 CET20

La periodista mexicana Marcela Turati ha obtenido el Premio Louis M. Lyons a la conciencia e integridad en el periodismo, según ha anunciado este jueves la Nieman Foundation de la Universidad de Harvard, que concede el galardón. Según la nota del jurado, “Turati ha sido elegida por su cobertura de la guerra contra el narcotráfico y por el papel que ha desempeñado en la protección y formación de los periodistas en México, convirtiéndose en abanderada de quienes arriesgan su vida para documentar la devastadora ola de violencia en el país”.

Turati se mostraba tremendamente emocionada tras conocer el premio. “Estoy nerviosa, ay que miedo, quiero llorar”, decía en conversación telefónica con EL PAÍS esta reportera que se ha jugado la vida tantas veces por su oficio. Y quería dedicar el galardón a “todos los periodistas mexicanos que cubrieron la violencia y que se dedicaron a cuidar de los otros”. “Me eligieron a mí en nombre de todos”, ha explicado.

La reportera, que en la actualidad trabaja para la revista Proceso ha contado que la llamaron hace un mes y medio para pedirle datos de su biografía, pero que el anuncio del premio este jueves ha sido para ella una gran sorpresa. “Me dijeron que no lo contara hasta que fuera oficial”, explica, “pero no iba a hacerlo en ningún caso: temía que fuera una broma”.

En su designación, los Nieman Fellows, que forman el jurado, destacaron la "excelencia periodística y el liderazgo de Turati, además de su coraje y el de otros periodistas mexicanos en la cobertura del crimen organizado”. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa, con cerca de 50 asesinados o desaparecidos en los últimos seis años.

En 2007 Turati fue fundadora de Periodistas de a pie, una red que presta apoyo a los reporteros que cubren temas de pobreza, participación ciudadana y violencia contra las mujeres. A principios de este mes, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este colectivo presentó Entre las cenizas, un libro coral en el que se repasa, desde el punto de vista de las víctimas, la guerra contra el narco emprendida por el presidente Calderón.

“Casi toda la crónica del sexenio que concluye se ha hecho en clave de horror pero nosotros decidimos fijarnos en los que han sufrido, en los que resistieron y con pequeños gestos solidarios lograron cambiar algunas cosas”, comentó entonces la reportera a este periódico. Según Turati, informar sobre el narco puede ser incluso peor que cubrir una guerra. “Aquí no solo eres testigo. Puedes ser también un objetivo”.

El premio le será entregado a Turati el 7 de febrero, en un acto en la Nieman Foundation for Journalism en Harvard. Este galardón fue creado en 1964 como homenaje a Louis M. Lyons, un enérgico defensor de la libertad de prensa que ese mismo año se retiró después de un cuarto de siglo al frente de la fundación.

Los Nieman Fellows de 2013, que incluyen a 12 periodistas internacionales y 12 estadounidenses, han elegido a Turati porque “es una de las pocas reporteras que ha informado sistemáticamente sobre las víctimas en la guerra contra el narcotráfico, y también por la dedicación a asegurar la supervivencia de sus colegas periodistas. Reporteros como Turati han visto morir a muchos compañeros brutalmente asesinados, o forzados a abandonar el país. Y aun así todavía creen que pueden marcar la diferencia. Siguen para dar testimonio".

Criminales usan las redes sociales para perseguir a periodistas.

La Redacción
19 de febrero de 2013 · 8 Comentarios
Nacional


Memorial de agravios contra periodistas en el Ángel de la Independencia.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Los periodistas mexicanos utilizan cada vez más plataformas en línea, redes sociales y dispositivos móviles para enviar comentarios o informes sobre la delincuencia y la corrupción, como medida para evadir las agresiones en su contra. Sin embargo, las agencias gubernamentales y las organizaciones criminales están utilizando cada vez más las tecnologías de vigilancia digital y móvil para recabar información sobre los periodistas y los blogueros.

Este es uno de los resultados de la encuesta “Seguridad digital y Móvil para Periodistas y Blogueros”, realizada por la oficina México de Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), y presentada ayer en Washington.

En el comunicado de prensa destacaron que debido al uso creciente de medios digitales, a las agresiones a periodistas y medios de comunicación en México de los últimos años, se ha sumado el caso de ataques de tipo digital.

La investigación sobre seguridad digital fue realizada entre 102 periodistas y blogueros de 20 estados de México, entre octubre y noviembre de 2012, quienes coincidieron en que los riesgos más graves son el espionaje por internet y la piratería de correo electrónico de sus cuentas.

“La información generada por la encuesta no sólo ayudará en el diseño de cursos de seguridad informática, sino también a tomar conciencia tanto en periodistas como en blogueros acerca de los riesgos relacionados con el uso de tecnologías de telefonía digital y móvil”, dijo Mariclaire Acosta, directora de la oficina México de Freedom House.

La encuesta también destacó varias recomendaciones, incluida la necesidad urgente de aumentar la seguridad digital y móvil, alentar a los editores de medios para proporcionar recursos en seguridad digital, e invitar a los periodistas a construir una red dedicada a la seguridad en línea y móvil.

Lanceros de Toluca escribió:Pues lo que si puede hacer la autoridad es enviar presentado. ojo PRESENTADO, no detenido a cualquier persona al MP por 24 horas, si no mal recuerdo, en lo que se averigua si son peras o manzanas.

Periodistas de varias ciudades de Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal y Los Ángeles, California se manifestarán simultáneamente este domingo 28 de abril

Abril 28, 2013

Violencia contra periodistas. Foto: Cuartoscuro

Periodistas de 11 ciudades de México y Estados Unidos organizaron el domingo una manifestación para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Regina Martínez, una corresponsal de la revista Proceso, que fue encontrada en el baño de su casa con señales de tortura y asfixia.

Periodistas de varias ciudades de Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal y Los Ángeles, California se manifestaron simultáneamente este domingo 28 de abril para conmemorar el aniversario luctuoso de la periodista asesinada.

Los periodistas exigen seguridad para realizar su trabajo, pues lejos de que la situación mejores, la organización defensora de la libertad de prensa “Artículo 19″, registró 50 ataques a periodistas y medios de comunicación en el primer trimestre del 2013, que representan un 20% más de los que hubo en el mismo periodo del 2012.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos se sumaron a la convocatoria en Xalapa, la capital de Veracruz, donde el 28 de abril de 2012 fue asesinada la reportera de Proceso. Al mismo tiempo se realizarán marchas en otras ciudades mexicanas, incluida la capital.

El semanario Proceso y organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), han denunciado que el crimen contra Martínez quedó impune a pesar de que hay un hombre purgando una condena.

Seis meses después del asesinato de Martínez, la fiscalía de Veracruz presentó a Jorge Antonio Hernández Silva como presunto asesino y dijo que el móvil del crimen fue un robo. Hernández Silva fue sentenciado a 38 años de prisión a pesar de que en una audiencia pública denunció haber sido torturado para confesar.

Proceso reiteró la postura que tuvo desde que ocurrió el crimen. “No les creímos entonces que esclarecerían el asesinato y no les creemos ahora que han sentenciado a quien no se puede defender”, denunció tras la sentencia.

La sentencia fue apelada en las cortes y el caso sigue abierto.

El asesinato de Martínez fue uno de los más emblemáticos y con mayor difusión por la influencia del semanario para el que trabajaba y porque es uno de los pocos ataques a medios de circulación nacional.

Las cifras sobre ataques a periodistas varían. Según Artículo 19, en el 2012, siete comunicadores fueron asesinados, dos desaparecidos y ocho medios de comunicación atacados con violencia. Según el informe, el principal agresor es el estado, responsable del 43 por ciento de los casos, mientras que la delincuencia organizada es responsable del 14% de las agresiones.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que 81 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. Un informe convertido en libro, de la asociación Nuestra Aparente Rendición, contabilizaba 127 comunicadores asesinados de 2000 a 2012, los dos sexenios gobernados por el Partido Acción Nacional.

Los ataques a la prensa aumentaron en el 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la Guerra contra las Drogas, pero la llegada de un presidente de otro partido, Enrique Peña Nieto, en diciembre pasado, y el cambio de discurso gubernamental sobre la lucha contra el narco, no ha disminuido la violencia contra los periodistas, ni ha cambiado la impunidad en que quedan la mayoría de los crímenes.

En enero, un periodista del Diaro Cardel, de Antigua, Veracruz, desapareció mientras regresaba a casa de su trabajo. Este mes, el cuerpo de un fotógrafo del diario norteño La Vanguardia, de Coahuila fue encontrado mutilado. Las instalaciones de la organización Artículo 19, en la Ciudad de México, fueron atacadas, lo mismo que las del diario El Siglo de Torreón, una de las ciudades más afectadas por el narcotráfico, y Mural, el diario del Grupo Reforma en Guadalajara, entre otros.

Veracruz, el estado de Martínez, es uno de los más peligrosos para los periodistas. Entre mayo de 2011 y junio de 2012, nueve han sido asesinados y tres desaparecidos.

A pesar de eso, el 2 de abril, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) entregó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, un premio por su defensa de los periodistas.

Con información de AP y Proceso

¿Amenazó un cártel de drogas al defensor de prensa Artículo 19?

Por José Luis Polo

Para agorarevista.com

2013-04-29

¿Es un violento cártel de drogas el responsable de una reciente amenaza anónima contra Artículo 19, una organización sin fines de lucro en la Ciudad de México que ayuda a los periodistas que han sido amenazados por el crimen organizado?

En años recientes, la organización por la libertad de expresión Artículo 19 ha ayudado a varios periodistas mexicanos que han dejado sus trabajos y casas después de haber sido amenazados por los cárteles de drogas. La organización sin fines de lucro proporciona hospedaje temporal, alimentos, apoyo psicológico y asistencia legal a periodistas amenazados. El Artículo 19 también proporciona asistencia legal exhortando a los periodistas a que reporten dichas amenazas a las autoridades.

El 19 de abril del 2013, miembros de la organización sintieron lo que es recibir una amenaza así. Esa mañana, una carta de una hoja, escrita a máquina, se encontró cuando aparentemente había sido deslizada bajo la puerta de la oficina de Artículo 19 en la colonia de San Miguel Chapultepec.

Palabrotas y amenazas

La carta iba dirigida a “El Jefecito,” una aparente referencia a Darío Ramírez, el director de Artículo 19 en la Ciudad de México. “No sabes con quién te estás metiendo”, empieza la carta.

En lenguaje altisonante, la carta desacredita la idea de “libertad” y amenaza, “estamos viéndote”.

“Sabes quienes somos y que sí lo podemos hacer”, termina la carta.

Autoridades federales investigan

Después de leer la carta, Ramírez informó a las autoridades federales. También escribió en su cuenta de Twitter que agradecía cualquier seguridad que las autoridades federales le pudieran proporcionar.

La oficina del procurador general (PGR) respondió en forma rápida. La PGR lanzó una investigación y asignó agentes federales para proporcionar seguridad a los directores y empleados de Artículo 19. La policía federal vigiló las oficinas de Artículo 19 los siguientes días después del ataque.

La amenaza no desanimará a Artículo 19 de proteger a los periodistas amenazados y promover la seguridad de los periodistas, dijo Ramírez.

“Vamos a seguir con nuestro trabajo y apoyar las causas de los periodistas y activistas de los derechos humanos, sin poner la integridad física de nadie en riesgo, dijo Ramírez. También aceptamos la seguridad que las autoridades federales nos proporcionan, y nos ponemos en sus manos”.

México, un lugar peligroso para periodistas

México es el país más peligroso en Latinoamérica para periodistas, y uno de los tres países más peligrosos en el mundo para reporteros, según las organizaciones que defienden la libertad de prensa.

Por lo menos ocho periodistas fueron presuntamente asesinados por Los Zetas y otras organizaciones criminales transnacionales en el 2012, dijeron organizaciones de libertad de prensa. Eso convirtió a México en el tercer país más peligroso en el mundo para periodistas, después de Somalia y Siria, de acuerdo a Reporteros sin Fronteras (RSF), quien tiene su sede en Paris.

Los periodistas asesinados en México en el 2012 incluyen:

• En noviembre, el periodista independiente Adrián Silva y su asistente fueron asesinados en el estado de Puebla, donde trabajaban en una historia sobre la posibilidad de que Los Zetas estuvieran robando grandes cantidades de petróleo en la región.

• En mayo, Guillermo Luna, fotoperiodista con veracruznews.com, fue asesinado en el estado de Veracruz. Su cuerpo fue encontrado junto con los de Gabriel Huge, fotoperiodista con Notiver, y Esteban Rodríguez, un fotógrafo de Veracruz quien se retiró del periodismo diario en el 2011.

• En mayo, René Ortega Salgado, reportero para el Sol de Cuernavaca en Morelos, fue muerto a balazos.

• En mayo, Marco Antonio Ávila García, quien trabajaba como periodista en Sonora, fue muerto a balazos.

• En abril, Regina Martínez, una reportera de investigación para Proceso, fue golpeada y estrangulada en su casa en Xalapa, Veracruz.

• En enero, Raúl Regolo Garza, reportero de Última, fue muerto a balazos en Sonora.

Otros periodistas son asesinados

El 25 de abril del 2012, los cuerpos mutilados de un periodista y otro hombre joven fueron encontrados en Saltillo, Coahuila, dijeron funcionarios con la oficina del procurador del estado.

Una de las víctimas era Daniel Martínez Basaldúa, de 22 años, fotógrafo quien recientemente había sido contratado por el periódico Vanguardia. La otra víctima fue identificada como Julián Zamora, de 23 años.

Algunas de las partes de los cuerpos de las víctimas habían sido cercenadas, dijeron las autoridades. La policía encontró un recado escrito a mano cerca de los cuerpos. El mensaje sugiere que Los Zetas son los responsables de los asesinatos, dijeron los procuradores estatales.

El 15 de abril del 2013, Alonso de la Colina Sordo, el antiguo presentador de un programa de televisión en Guerrero, fue asesinado a balazos cuando salía de un banco en la ciudad de Puebla. La víctima, de 50 años, era el presentador del programa noticioso “Hechos en Guerrero”. Había dejado el noticiero en febrero del 2013. Dijo que tenía otros proyectos en puerta.

El 3 de marzo del 2013, un pistolero balaceó y mató al periodista Jaime Guadalupe González Domínguez en Ojinaga, Chihuahua. González Domínguez fue asesinado mientras comía en un puesto de tacos. Era editor del sitio de noticias OjinagaNoticias.com.

Violencia e intimidación

Grupos del crimen organizado utilizan la violencia e intimidación para callar a los periodistas y organizaciones que protegen a los reporteros, tal como Artículo 19, dijo Margarita Torres, profesora de comunicaciones en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

Los asesinatos y amenazas “tienen como propósito acallar” a la prensa, dijo Torres.

Los Zetas matan y amenazan a periodistas

Por José Luis Polo

Para agorarevista.com

2013-05-26


Los Zetas son responsables de muchos de los ataques que han hecho de México uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, según la organización para la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras (RSF).

RSF presentó los alegatos en su reporte anual. El reporte, titulado “Depredadores de la Libertad de Prensa”, menciona al capo de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, como uno de los líderes de cárteles de la droga que ha hecho todo para matar, amenazar y acosar a los periodistas en México. Treviño también es conocido como “Comandante 40” y “40.”

Desde el año 2000, 86 periodistas han sido asesinados en México y otros 18 han desaparecido, de acuerdo con el reporte. Algunos periodistas están escondidos después de haber sido amenazados o secuestrados por ejecutores del crimen organizado.

Por lo menos 10 periodistas fueron asesinados en México en 2012, según organizaciones que abogan por la libertad de prensa. Eso colocó a México como el tercer país más peligroso del mundo para periodistas, después de Somalia y Siria, de acuerdo con RSF.

Asesinatos de periodistas en Veracruz

Desde 2010, nueve periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz y otros dos han desaparecido, de acuerdo con el reporte de RSF.

“Reporteros sin Fronteras acusa a Los Zetas de ser responsables de la muerte de periodistas en Veracruz, un estado en el que nueve periodistas han sido asesinados y dos más han desaparecido desde 2010”, dice el reporte.

Los Zetas también son responsables de los asesinatos de periodistas en otras partes del país, según dicho reporte.

Por ejemplo, se sospecha que operarios de Los Zetas tuvieron que ver en el asesinato, en noviembre de 2012, del periodista Adrián Silva Moreno, quien fue muerto a balazos en el estado de Puebla. Pistoleros del crimen organizado, que presuntamente están con Los Zetas, mataron a balazos a Silva y a su asistente Misrael López González minutos después de que los periodistas cubrieran una operación del Ejército, en la cual soldados revisaron un almacén donde estaban guardadas grandes cantidades de petróleo robado a PEMEX. No se han hecho arrestos por estos asesinatos.

Museo honra a periodista asesinado

El 13 de mayo de 2013, el Newseum de Washington, D.C., agregó el nombre de Silva al muro en el que se honra a los periodistas que han sido muertos en el cumplimiento de su trabajo. Se leyeron en voz alta los nombres de 88 periodistas de todo el mundo durante esta sombría ceremonia.

Silva fue el único periodista asesinado en México en 2012 cuyo nombre se agregó al muro conmemorativo. Después de que Ágora proporcionó los nombres de otros nueve periodistas asesinados en México en 2012, los funcionarios de Newseum dijeron que considerarían la posibilidad de agregar los nombres de todos al muro conmemorativo. Los otros periodistas asesinados en México en el 2012 incluyen:

• En junio, Víctor Manuel Báez Chino, reportero policíaco de Milenio, fue asesinado a balazos en el estado de Veracruz. Se sospecha de dos sicarios de Los Zetas por el asesinato de Báez, dijo la policía. Báez escribía artículos acerca del crimen organizado que molestaron a los líderes de Los Zetas, señaló la policía.

• En mayo, Guillermo Luna, reportero gráfico para veracruznews.com, fue asesinado en el estado de Veracruz. Su cuerpo fue encontrado junto con los de Gabriel Huge, reportero gráfico de Notiver, y de Esteban Rodríguez, fotógrafo que dejó el periodismo en 2011. El cuerpo de Ana Iracema, la novia de Luna, fue encontrado con los restos de los tres periodistas. Todos los cuerpos mostraban señales de tortura.

• En mayo, René Ortega Salgado, reportero de El Sol de Cuernavaca, en Morelos, fue asesinado a balazos.

• En mayo, Marco Antonio Ávila García, quien trabajaba como periodista en Sonora, fue muerto a balazos en ese estado.

• En abril, Regina Martínez, reportera de investigación para Proceso, fue golpeada y estrangulada en su casa, en Xalapa, Veracruz.

• En enero, Raúl Regolo Garza, reporto para Última, fue muerto a balazos en Sonora.

Capturan a sospechosos de tres asesinatos de periodistas

En agosto de 2012, efectivos de la Marina capturaron a un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, del que se sospecha en los asesinatos de Luna, Huge, Rodríguez y la novia de Luna, Iracema Becerra. El sospechoso, Juan Carlos Hernández Pulido, conocido como “La Bertha”, fue capturado en el puerto de Veracruz.

Los marinos encontraron una identificación de Iracema Becerra dentro de la camioneta de La Bertha. La captura de La Bertha llevó a los arrestos de otros siete presuntos operadores del crimen organizado que son sospechosos de los asesinatos.

¿Cómo se debe proteger a los periodistas del crimen organizado?

01/08/2013

Los días de plomo

Héctor de Mauleón


El 24 de marzo de 2011 un fotógrafo de La Prensa de Monclova llegó a Monterrey para entrevistar a un popular animador de televisión. El viaje acabó mal.

El fotógrafo tenía 20 años. Se llamaba José Emmanuel Ruiz. Acababa de estrenarse en la profesión, pero una foto suya había ganado ya el premio estatal de periodismo. José Emmanuel había sabido entonces que servía para el oficio. Decidió emprender un trabajo mayor: hacer un documental que contara la vida de José Luis Cerda Meléndez, un presentador de Televisa Monterrey conocido como La Gata, que había surgido de los barrios bajos de esa ciudad y, al dejar atrás un pasado marcado por las adicciones y la delincuencia, se había convertido en estrella indiscutible de un programa de entretenimiento: ahora caminaba por las calles repartiendo autógrafos.

La tarde de aquel jueves en que llegó a Monterrey con una cámara de video al hombro, José Emmanuel se reunió con su entrevistado y presenció la grabación del programa. A las ocho de la noche, acompañados por un primo del animador, abordaron un Stratus. Antes de subir al auto, La Gata se tomó una foto con una admiradora. Iba a ser la última de su vida.

Una cuadra más adelante, una Suburban les cerró el paso. Los cuerpos de José Emmanuel y el primo del animador fueron localizados 12 horas más tarde, amarrados con cinta adhesiva. Cada uno había recibido un balazo en la frente.

Un automovilista descubrió el cadáver de La Gata en un terreno baldío del municipio de Guadalupe. Sus asesinos habían escrito con aerosol, en un muro cercano: “Ya no sigan cooperando con Los Zetas”.

Llegaron agentes ministeriales y municipales, que marcaron el perímetro con cinta amarilla, y reporteros enviados a cubrir la nota. Los policías recibieron entonces “una llamada”, y pidieron a los periodistas que se retiraran “porque existe riesgo de que regrese algún comando y abra fuego”. Minutos más tarde, un grupo de sicarios apareció a bordo de un Mercedes y se llevó el cuerpo del presentador.

El cadáver reapareció el mismo día frente al Parque Fundidora. Le habían buscado algo en los bolsillos —los tenía de fuera— y le habían quitado los zapatos. Le habían tirado encima “unas botas de cowboy muy usadas”.

La nota se la llevó el presentador. El asesinato de José Emmanuel fue informado por los medios sólo de paso. Un año después las autoridades estatales presentaron a los presuntos asesinos, quienes declararon que La Gata trabajaba “para un grupo contrario”. Según la procuraduría, el animador “seguía implicado en la venta de droga”. No existe una nota que explique por qué se dio muerte al fotógrafo de La Prensa.

De todas las historias de periodistas asesinados recientemente en México a causa del ejercicio de su profesión, ésta es una de las peores, porque le pusieron fin cuando apenas comenzaba. Aquella salida a Monterrey era el primer viaje de trabajo que el joven fotógrafo realizaba. Cuando salió de Monclova con una maleta, una cachucha y una cámara, a José Emmanuel le faltaban unos días para graduarse de la carrera de Comunicación. Estaba preparando su tesis de licenciatura. Terminó tirado con las manos atadas a la espalda en el baldío de una ciudad extraña, pagando por algo que no le correspondía. Su última foto estremece.

El periodista Humberto Millán, asesinado el mismo año en Culiacán, se ubicaba al otro borde del espectro: con casi 30 años en el oficio conocía como pocos los atajos y los pliegues de la política sinaloense. Jefe de prensa en tiempos del gobernador Renato Vega Alvarado (1993-1998), había tejido una red de información que incluía fuentes de primer nivel. Fundador del polémico semanario A Discusión —reza alguno de sus obituarios—, “frecuentemente obtenía primicias que exhibían los sótanos de la función pública”.

El 25 de agosto de 2011, a las 6:20 de la mañana, ocho hombres que habían estudiado sus trayectos lo interceptaron cuando se dirigía a las instalaciones de Radio Fórmula, en donde conducía el programa Sin ambages.

Millán pidió a sus agresores que dejaran en libertad a la persona que lo acompañaba, su hermano, alegando que estaba enfermo de las piernas. Los desconocidos accedieron. A él se lo llevaron en su propia camioneta.

En Sinaloa todavía estaba fresco el recuerdo espeluznante de la muerte del conductor del noticiero radiofónico Línea directa, José Luis Romero, quien fue encontrado en una bolsa de plástico, con los huesos de las manos y las piernas quebrados. Lo habían secuestrado a las afueras de un restaurante de mariscos. Permaneció en calidad de desaparecido durante 16 días. Cuando una manta colocada en un puente pidió al ejército que fuera a buscarlo a Plan del Río, Guasave, y señaló los nombres de sus presuntos asesinos (“el Chapo Isidro, el Güero Wives, Chuy y Nacho González”), los restos del periodista fueron desenterrados de alguna parte y arrojados, sucios de lodo, y en completo estado de descomposición, en un paraje solitario de la carretera Los Mochis-El Fuerte.

A un año de aquellos sucesos, con el fantasma de Romero rondándoles en la cabeza, los periodistas de los medios más importantes acordaron ejercer la máxima presión, en un intento de que Humberto Millán fuera devuelto con vida. La impresión del gremio era que no podía tratarse de un secuestro orquestado por el crimen organizado: el periodista no acostumbraba tocar ese tipo de temas. “Su ángulo era político, no policial”, explica su hijo, César Millán, actual director del semanario.

Los reporteros sitiaron en enjambre las oficinas del procurador, del secretario de gobierno, del delegado de la PGR. La petición fue la misma: “Queremos a Millán con vida”.

La camioneta del comunicador fue encontrada 26 horas después en un campo de riego. Millán estaba en el asiento trasero con dos tiros de 9 mm. en la nuca.

La procuraduría admitió que la línea de investigación más poderosa era la relacionada con su desempeño profesional. La indagatoria iba a centrarse en las críticas que el periodista había realizado a los políticos que protagonizaron el complicado proceso electoral de 2010, que condujo a la gubernatura a un súbito desertor del priismo, el abanderado panista Mario López Valdéz, Malova. Varios de los funcionarios que habían hallado acomodo en el gabinete del gobernador habían sido cuestionados por el periodista.

—La procuraduría revolvió su oficina, revisó sus archivos, se llevó su CPU: dos años después no lo han devuelto, ni dado muestras de avance en la investigación. Todo está encaminado a que gane el olvido —relata César Millán.

A Discusión había sido vetado en tiempos del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla (2005-2010): según el hijo del fundador, la publicación fue asfixiada desde el palacio de gobierno, desde la presidencia municipal de Culiacán, a cuyo frente estaba Jesús Vizcarra, y desde la oficina del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén: ningún impresor de la entidad admitió al semanario en sus rotativas. Humberto Millán decidió convertirlo, entonces, en una publicación digital.




A Discusión había dado a conocer la supuesta relación entre el alcalde Vizcarra y El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cártel del Pacífico (el asunto se convirtió luego en escándalo nacional), y los presuntos vínculos que uno de los yernos del rector de la UAS tenía con narcotraficantes.

—Un personaje del crimen organizado le mandó decir “amablemente” a mi padre que le iba a ir mal si seguía tocando el tema de los políticos y el narcotráfico —recuerda César Millán—. Él registró la amenaza, sintió que estaba en peligro, y decidió no volver a tocar el asunto.

El asesinato sobrevino en momentos en que una guerra de sangre y lodo enturbiaba el paisaje político del estado. Seis meses antes del asesinato del periodista, una de sus principales fuentes de información había sido secuestrado en casa de una vidente. Se trataba de Luis Domingo Pérez, un ex funcionario al que se acusaba de dirigir los servicios de espionaje político durante la gestión del gobernador priista Juan S. Millán (1999-2004). Su cuerpo apareció en el estacionamiento de un centro comercial, con signos de tortura. En el ambiente político local se afirma que Pérez había entregado información sensible que favoreció el triunfo de Malova. Algunos de los principales medios locales han anotado que el ex funcionario aspiró a convertirse en secretario de seguridad pública de la actual administración, y que cuando se le dio la espalda filtró datos que afectaban al círculo cercano al gobernador.

La vidente con la que Pérez se encontraba el día de su secuestro, una cartomanciana de moda entre los políticos, fue asesinada al poco tiempo de un tiro en la cabeza. Dos meses más tarde, secuestraron y asesinaron a Humberto Millán, el principal contacto que Pérez tenía en la prensa.

Millán era el cuarto periodista asesinado en Sinaloa en los últimos ocho años. En México existe la impresión de que ocho años son muchos y cuatro muertos son nada. El secuestro y asesinato de este comunicador se inserta, sin embargo, en un contexto de agresiones sistemáticas a la prensa en aquel estado. Un reporte de Artículo 19 —organización independiente que protege y promueve el derecho a la libertad de expresión— ilustra las condiciones en que se practica el periodismo en Sinaloa: en noviembre de 2008 las oficinas del periódico El Debate de Culiacán son atacadas con granadas de fragmentación: directivos del diario afirman que se trata de un “mensaje” de intimidación; en septiembre de 2009 un grupo armado corta con tenazas los candados de una cortina de acero, logra levantar esta última unos centímetros y arroja en la planta baja del semanario RíoDoce un artefacto explosivo; en enero de 2010 es incendiado un vehículo de la Organización Impulsora de Radio de Los Mochis, al lado del cual se deja un mensaje: “Esto les pasará a todos los reporteros. Los quemaremos. Atte: La Mochomera”; en septiembre de ese año son acribilladas las instalaciones del periódico El Noroeste de Mazatlán: al poco tiempo, desconocidos exigen el pago de 200 mil pesos para que el edificio no sea “volado”; en octubre, ametrallan con AK-47 y AR-15 la fachada del El Debate de Mazatlán; en julio de 2011 aparecen dos cuerpos decapitados a las puertas de El Debate y El Noroeste, con mensajes dirigidos al gobernador Malova.

—Lo que esas muertes y esas agresiones han provocado —concluye César Millán— es un cambio radical en la forma de hacer periodismo en Sinaloa. El miedo, la amenaza, la eterna sensación de riesgo han provocado que se eviten temas, que se cuiden las palabras, que la información se edite hasta llegar a la autocensura total. El mensaje es claro: si matan a alguien que revela ciertas cosas, todos tienen que cuidarse de revelar esas cosas. Nadie quiere aparecer en una carretera dentro de una bolsa, así que la prensa dejó de investigar, dejó de documentar, dejó de narrar. El periodismo en este estado ha sido totalmente silenciado. El resultado está a la vista: nuestra prensa es absolutamente oficialista.




Los años críticos
20 de noviembre de 2006. El periodista michoacano José Antonio García Apac sale de la redacción del modesto semanario que dirige, Eco de la Cuenca del Tepalcatepec, y enfila rumbo a Morelia. Ha dejado dicho que va a entrevistarse con alguien en el cruce conocido como La Ruana. A las 7:30 llama a su casa por celular para preguntar si hace falta algo para la cena. Su hijo Aldo, de 24 años, toma la llamada. Mientras conversan, Aldo escucha que su padre es detenido y que alguien le pregunta: de dónde vienes, a dónde vas, a qué te dedicas. El muchacho no se alarma. En los últimos tiempos, los retenes se han vuelto frecuentes en la zona. “Siempre lo dejaban seguir cuando les decía que era periodista”, dice Aldo en entrevista.

Aquella tarde, sin embargo, la frase no surte efecto. Aldo escucha una voz que ordena a su padre: —Apaga el teléfono.

El periodista oprime algunas teclas para simular que obedece, y se guarda el celular en la bolsa de la camisa. Su hijo escucha que abren la portezuela, oye un forcejeo, oye que su padre es sacado del auto. En ese instante, el saldo del teléfono se agota.

El semanario que García Apac dirigió hasta aquella noche había dado a conocer la lucha entre los grupos criminales que buscaban dominar el tráfico de droga en Michoacán. Ese año se habían contabilizado en la entidad cerca de 500 asesinatos relacionados con el crimen organizado: acababa de hacerse pública la existencia de La Familia Michoacana. La noticia de que un grupo de sicarios había arrojado cinco cabezas cortadas a machete en un bar de Uruapan le puso los cabellos de punta al país entero.

García Apac llevaba a las páginas del semanario el clima de inseguridad, las extorsiones a comerciantes y empresarios, el aumento en la cifra de homicidios, la percepción de violencia desmedida que estaba sacudiendo al estado. El Eco llegaba a todos los quioscos de Tierra Caliente. “Era un semanario muy leído en esa zona”, cuenta Aldo.

En los meses previos a su desaparición, García Apac había denunciado ante la PGR el acoso de autoridades municipales (el semanario había acusado al presidente municipal de Tepalcatepec de presuntos vínculos con el narcotráfico) y la llegada de varias amenazas por parte de grupos del crimen organizado.

—Aquella noche, cuando la llamada se cortó, una columnista del semanario, Silvia Martínez Peña, intentó averiguar si las autoridades habían montado algún retén en La Ruana. Nadie supo informarle. Nos hicieron esperar 48 horas para poder levantar la denuncia por desaparición. Hicimos por fin la denuncia, y llevamos siete años esperando resultados.

Los familiares de García Apac intentaron tomar en sus manos la investigación. Presentaron recortes de las notas más polémicas publicadas por el semanario. Entregaron a las autoridades copia de las denuncias que su padre había levantado por el delito de amenazas. Ofrecieron una lista que contenía los nombres de los funcionarios municipales a los que el semanario había incomodado. En un esfuerzo por conocer con quién iba a reunirse su padre en La Ruana, solicitaron sin éxito las “sábanas” de las llamadas que García Apac había recibido en los últimos días.

—Fue como si las autoridades no existieran. Pasaron dos administraciones estatales, pasó un gobierno federal, y el caso fue enviado a la reserva. Siete años después, estamos como el primer día —dice Aldo.

En contra de los consejos de familiares y amigos, Aldo y su madre, la periodista Rosa Isela Caballero, decidieron seguir al frente de la redacción. Tres semanas después de la desaparición, el 11 de diciembre de 2006, el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico e inició en Michoacán el primer Operativo Conjunto. “Nos cayeron encima los años críticos, no sólo para el pueblo de Michoacán, sino también para los periodistas del estado. Quedamos sumergidos en un periodo de inseguridad crónica”, explica el director del Eco. Entre 2007 y 2010, a la redacción del semanario llegaron noticias sobre la muerte o la desaparición de otros seis reporteros michoacanos.

—El caso de mi padre fue significativo porque estaba anunciando lo que iba a venir. No representó sólo la desaparición de un periodista: representó la desaparición del periodismo. Los medios locales comenzaron a mesurar la información. Se dejó de hablar del crimen organizado. Cada vez fue más difícil decir las cosas directamente. A partir de ese día ya no fue posible practicar con libertad el periodismo.

El Eco sigue apareciendo cada miércoles, “pero procuramos no publicar nada que ponga en riesgo la integridad de los reporteros. Al igual que en el resto del estado, el nivel de la cobertura se deterioró. Hoy gran parte de la información se hace a partir de boletines”, concluye Aldo.

En un pequeño poblado de Michoacán comenzaba lo que el Comité de Desaparición de Periodistas, con sede en Nueva York, ha considerado “uno de los periodos más violentos para la prensa que jamás se haya registrado en el mundo”. Un periodo de ataques reiterados a periodistas y medios de comunicación, que entre 2006 y 2012 dejó 42 periodistas muertos (en 20 casos se ha confirmado que las muertes estuvieron directamente relacionadas con el ejercicio de la profesión), seis desaparecidos y 26 comunicadores desplazados de sus respectivas regiones. Una etapa en la que se registrarían 39 agresiones a medios de comunicación, y una caída en la calidad de la información en 14 estados, casi la mitad del país. Según el Comité de Desaparición de Periodistas, México iba a colocarse en ese tiempo —al lado de Colombia, Iraq, Somalia y Sri Lanka— “entre los cinco países con mayor índice de impunidad, donde la violencia letal contra la prensa no se castiga”. De acuerdo con el Centro Nacional de Documentación, en el último sexenio quienes ejercieron el periodismo pasaron a formar parte de una población altamente vulnerada. “El crimen organizado fue uno de los agresores más contundentes —se lee en un informe del Cencos, ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la libertad de expresión en México—, pero uno de los principales perpetradores de agresiones en contra de periodistas fueron los propios agentes del Estado”.

Saltillo, Coahuila.- El 29 de diciembre de 2009, el reportero Valentín Espinosa, del periódico Zócalo, publica una nota que narra la captura de El Comandante Cachorro, un líder de Los Zetas, y de un sujeto conocido como Ricochet, auditor de las células de esa organización en varios estados de la República. Cachorro y Ricochet habían sido aprehendidos, con 10 de sus guardaespaldas, en un hotel de Saltillo: el Marbella.

Días más tarde, el 7 de enero de 2010, un grupo armado irrumpe en el hotel para exigir los videos de seguridad que han registrado la detención de los líderes. Los empleados piden ayuda, se activa el “código rojo” y varias unidades del grupo de elite Acción Rápida acuden al llamado. La persecución culmina en el fraccionamiento Privadas La Torre. Hay una balacera intensa. Aparece el ejército. Tres sicarios son aprehendidos. El reportero Espinosa es enviado a cubrir la información. Su nota aparecerá al día siguiente.

El mismo día de la publicación, varios desconocidos lo esperan a las puertas del periódico. Van por él, por nadie más: los dos colegas que lo acompañan son golpeados severamente, pero al final son puestos en libertad.

El cuerpo de Valentín Espinosa es hallado horas más tarde frente al hotel Marbella, con cinco disparos y una nota de advertencia en el pecho: “Esto les va a pasar a los que no entiendan. El mensaje es para todos”. La versión que corre en el periodismo local es que, al dar a conocer la detención, Espinosa echó por tierra la posibilidad de un “arreglo”.

Acapulco, Gro.- En la tarde del 7 de junio de 2011, reporteros del periódico Novedades comienzan a indagar el paradero de su jefe de información, Marco Antonio López Ortiz. “No se presentó a trabajar como de costumbre”, informará el diario. La búsqueda entre amigos, familiares y conocidos revela que López Ortiz había asistido la noche anterior al bar Dos Arbolitos, ubicado en el centro de Acapulco. Abandonó aquel lugar a las 23:30. Cuando se disponía a abordar su auto, varios vehículos lo rodearon. Se encuentra desde entonces en calidad de desaparecido. La procuraduría de justicia del estado admitió que estaba manejando una sola línea de investigación, pero no detalló nunca el carácter de ésta.

Tras dos meses de pesquisas fallidas, las autoridades locales dejaron de contestar las llamadas de los familiares del periodista. La desaparición de López Ortiz no era más que un eslabón la serie de hechos de violencia que en menos de cuatro años había dejado siete periodistas muertos en el estado. La ola había comenzado con el asesinato del corresponsal de Televisa en Guerrero, Amado Ramírez, acribillado frente a una estación de radio, y con la confusa investigación que terminó por acreditar su muerte a “problemas con una muchacha” (los asesinos de Ramírez se habían entregado a la policía alegando que sus propios contratantes —miembros de un grupo armado— los buscaban para matarlos, luego del escándalo que el crimen que había desatado en la prensa). La violencia imparable perseguía desde entonces a periodistas y medios de comunicación del estado:

13 de febrero de 2009. Mientras se dirigía a cubrir a un accidente automovilístico, fue asesinado en Iguala el fotógrafo Jean Paul Ibarra, del periódico El Correo. Los testigos vieron descender de un auto deportivo a un desconocido que, ignorando a la reportera que iba en compañía del fotógrafo (viajaban en una motocicleta), le dio un disparo en la cara.

29 de julio de 2009. Alguien localiza en un baldío de Acapulco, semienterrado, y con cinta adhesiva cubriéndole la cara, el cadáver del conductor del noticiero W-Radio Guerrero, Juan Daniel Martínez Gil. El periodista había sido brutalmente golpeado. La cinta canela le había provocado asfixia por sofocación. Era especialista en la fuente policiaca. Las autoridades dejaron entrever que los asesinos “probablemente eran sicarios contratados por particulares”. Hasta la fecha se desconoce la identidad de los responsables.

29 de enero de 2010. En Ayutla de los Libres es asesinado en el asiento de su auto el director de El Sol de la Costa, Jorge Ochoa Martínez. En el piso del auto aparece un casquillo de .45 mm. Seis meses antes, en una denuncia ante el ministerio público, el periodista se había declarado víctima de amenazas. Señaló que lo presionaban para que dejara de publicar “notas sobre algunos políticos de la Costa Chica” y denunció, también, acoso telefónico. “Sé dónde estás. Te estoy viendo ahorita”. Las autoridades atribuyeron la muerte “a una discusión de vialidad”.

21 de marzo de 2010. Un cadáver llega en calidad de desconocido al forense de Chilpancingo. La identidad se corrobora 24 horas más tarde: es el reportero Evaristo Pacheco Solís, del semanario Visión informativa. El cuerpo presenta tres impactos de bala. Se desconoce el móvil. El crimen permanece sin castigo.

28 de junio de 2010. En un café internet de Coyuca de Benítez, dos individuos que empuñan armas cortas disparan sobre el corresponsal de El Sol de Acapulco, Juan Francisco Rodríguez Ríos, y su esposa, la editora del semanario Nueva Línea, María Elvira Galeana. Él había ventilado en su trabajo periodístico el acoso sufrido por periodistas de la región, a manos de crimen organizado y las autoridades locales. La hipótesis de la Policía Investigadora es que se trató de un robo. La UNESCO condena los asesinatos y afirma que “tiñen de luto a toda una profesión”. La Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigen que el caso sea llevado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Cinco meses después, en noviembre de ese año, la investigación aún se hallaba “en trámite” ante un juez penal del fuero común.

10 de noviembre de 2010. Un grupo de hombres armados se ubica frente a la fachada del periódico El Sur, editado en Acapulco. Uno de ellos ingresa en la redacción con un bote de cinco litros de gasolina y comienza a rociarla por el lugar. Sus acompañantes, mientras tanto, hacen varios disparos sobre la fachada del edificio. La aparición de la Policía Estatal los hace huir. En la redacción de El Sur se desata una crisis de pánico. Las autoridades dicen que el ataque tuvo como fin “destruir documentos de la publicación”.

Según Artículo 19, Guerrero se ha convertido en un estado de alto riesgo para ejercer el periodismo: “La cobertura de los hechos de violencia se ha modificado debido a la desconfianza que hay en las autoridades, sobre todo en los cuerpos policiacos”, señala la organización. Uno de sus reportes indica que “hay certeza entre editores locales de que el trabajo de los medios es fiscalizado por la delincuencia organizada y para evitar malentendidos se recurre cada vez más a los boletines oficiales como una forma de no colocarse en riesgo”.

Xalapa, Veracruz.- El cuerpo de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, es encontrado con una mordida en el cuello, dos costillas rotas y el maxilar destrozado. Una vecina, alarmada porque la casa de la periodista había permanecido abierta durante todo el día, acababa de alertar a la policía. Son las seis de la tarde del 28 de abril de 2012.

Con Regina Martínez llega a cinco el número de periodistas asesinados en Veracruz en sólo 14 meses, el tiempo que en ese entonces lleva al frente del gobierno el priista Javier Duarte.

La computadora de la corresponsal ha desaparecido. También una pantalla de plasma y dos teléfonos celulares. La procuraduría local establece el robo como línea principal de investigación. Al poco tiempo filtra la hipótesis de que el asesino puede ser un periodista del estado. Varios reporteros son llamados a comparecer. Se les toman fotografías y placas dentales, para compararlas con la mordedura encontrada en el cuello de la víctima. Proceso resuelve que se trata de un acto intimidatorio —“destinado a considerar a los periodistas como sospechosos”, explica el reportero Jorge Carrasco—, y protesta porque la procuraduría excluyó desde el principio la hipótesis profesional.

Duarte había anunciado la creación de una comisión encargada de esclarecer el asesinato. Como representante del semanario, el propio Jorge Carrasco es designado “coadyuvante en la investigación”. El reportero proporciona a las autoridades copias de los trabajos de la corresponsal, para que determinen si pudieron acarrear algún tipo de represalias. “Lo que pretendíamos era que no se descartara ninguna línea de investigación”, afirma Carrasco. La investigación se centra, sin embargo, en el entorno de la periodista.




El 30 de octubre se anuncia el esclarecimiento del caso: crimen pasional. La procuraduría atribuye el asesinato a un sujeto apodado El Jarocho, con quien la corresponsal habría tenido una relación sentimental. Según las autoridades, tras una fuerte discusión, El Jarocho golpeó a Martínez con una manopla. Luego, la asfixió.

El Jarocho permanece prófugo y el hombre que proporciona esa versión a las autoridades, Jorge Antonio Hernández, El Silva, presunto copartícipe en el crimen, afirma poco después que fue obligado a declarar bajo tortura.

—La revista solicitó que el caso fuera atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión —dice Carrasco—, pero la procuraduría de Veracruz le escatimó a ésta la entrega de datos, alegando problemas técnicos.

El semanario dudó de la investigación, “porque las conclusiones de la procuraduría no están apoyadas en ningún procedimiento pericial”, y lanzó una serie de artículos críticos. Cuenta Carrasco:

—En el pasado mes de abril, después de la publicación de uno de mis reportajes, la revista recibió información de que funcionarios del gobierno de Veracruz habían decidido que yo no entendía, y estaban planeando detenerme, incluso atentar contra mi integridad. Acudimos a la Comisión de Derechos Humanos, a la PGR y a la Secretaría de Gobernación, y fui puesto bajo el mecanismo de protección a periodistas. No me está permitido ir a Veracruz y, por lo tanto, no puedo seguir escribiendo sobre el tema. Si querían que me callara, lo lograron.

A los cinco días del asesinato de la corresponsal, los cuerpos de tres reporteros gráficos que durante años habían trabajado la fuente policiaca, y el de la pareja sentimental de uno de ellos, Irasema Becerra, empleada de ventas del diario El Dictamen, aparecieron en un canal de aguas negras de Boca del Río. Los cuatro cadáveres estaban desmembrados. Los restos fueron metidos en bolsas. Los tres fotorreporteros habían huido del estado un año antes por amenazas directas del crimen organizado, y se hallaban en una lista de periodistas desplazados de la región por razones de seguridad. Uno de ellos, Gabriel Huge, había emigrado tras la decapitación de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz de la Cruz, ocurrida en julio de 2011. Huge era el fotógrafo que acompañaba a la periodista en sus coberturas. Aunque Artículo 19 reportó a la PGR y a la Secretaría de Gobernación la situación de los comunicadores, ni Huge ni sus compañeros recibieron protección alguna. Se afirma que el fotógrafo volvió a la entidad apremiado por la falta de trabajo, y se dedicó desde entonces a hacer freelances. Los otros asesinados eran Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. El primero trabajaba para la agencia VeracruzNews; el segundo acababa de renunciar al periódico AZ Veracruz.

Un año antes, cuando el cuerpo de la reportera de Notiver Yolanda Ordaz apareció decapitado con un mensaje que decía: “También los amigos traicionan, atentamente Carranza”, el entonces procurador estatal Reynaldo Escobar relacionó la muerte de la periodista con la delincuencia organizada. “El asesinato nada tiene que ver con el ejercicio de su función como periodista —dijo—. Se investigan versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con el crimen organizado”.

El procurador había señalado que el responsable de la decapitación era Juan Carlos Carranza, El Ñaca, un ex agente de tránsito de Veracruz a quien también se acusaba del asesinato, “por graves diferencias”, del columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco. La muerte de “Milo Vela” —tal era el seudónimo con que López Velasco firmaba sus artículos— había dado la vuelta al mundo: la madrugada del 20 de junio de 2011, en el puerto de Veracruz, un grupo numeroso, a bordo de tres camionetas negras, cerró ambos extremos de la calle donde vivía López Velasco, destruyó las puertas de su casa y disparó más de 30 veces. Quedaron cerca del periodista los cuerpos de su esposa Agustina y de su hijo Misael, que acababa de debutar como fotógrafo del diario.

López Velasco era el columnista más leído de Notiver. La noticia de su muerte no apareció en el periódico en el que había escrito durante más de 20 años porque al día siguiente éste suspendió su edición en señal de protesta. Ni El Ñaca ni los otros probables responsables de la agresión fueron detenidos.

El 15 de agosto de 2012, el nuevo procurador de justicia del estado —el anterior, Reynaldo Escobar, renunció tras el hallazgo de 67 cadáveres en Boca del Río: también había relacionado esas muertes con la delincuencia organizada— informó sobre la aprehensión de una célula perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los detenidos, Isaías Flores Pineda, confesó el asesinato de los fotorreporteros. En una conferencia en la que no se admitieron preguntas, el procurador aseguró que Flores Pineda había declarado que la muerte de los periodistas gráficos obedecía “a que ellos fueron los causantes de la muerte de otros periodistas asesinados por Los Zetas”. Es decir, “que los reporteros se estaban matando entre ellos”, según ironizó un columnista local.




El gobierno estatal comenzó a filtrar versiones que indicaban que los comunicadores asesinados en el puerto recibían de la delincuencia organizada “sueldos” de entre ocho y 15 mil pesos al mes, y se hallaban bajo las órdenes de Rolando Veytia Bravo, jefe de Los Zetas en la entidad. Según esas versiones, Yolanda Ordaz “era la que daba línea a los reporteros del puerto de qué sí y qué no publicar en los medios”; la publicación de notas “no autorizadas” habría desatado la carnicería que en aquellos días se vivió en el puerto.

Los asesinatos culminaron con un rosario de renuncias masivas en diversos medios de comunicación. “Ahora nos manda la mafia”, escribió un columnista. En ese estado el periodismo también fue silenciado. La organización Reporteros sin Fronteras indica en un informe que encontró en Veracruz “un panorama de miedo de los periodistas por el crimen organizado, pero también por el control tremendo del gobierno del estado sobre los reporteros que se atreven a cuestionar determinados datos o situaciones”.

En 2011 Veracruz fue considerado por la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión como el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México.

En negros
La lista de periodistas asesinados durante los años de violencia desmedida que singularizaron el sexenio de Felipe Calderón pasa por la ciudad de Oaxaca, en donde el columnista Raúl Marcial Pérez fue acribillado en diciembre de 2006 en la propia redacción del periódico en que trabajaba, El Gráfico; por Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en donde el reportero de la fuente policiaca Saúl Noé Martínez fue secuestrado en abril de 2007, a las puertas de la estación de policía a la que había llegado a pedir ayuda, y luego machacado a golpes hasta perder la vida; por Agua Prieta, Sonora, en donde el cadáver del articulista y asesor jurídico de Noticias de la Frontera, Gastón Alonso Acosta, fue hallado con el rostro y el cuerpo destrozados en un basurero municipal, en diciembre de 2007; por Uruapan, Michocán, en donde ese mismo mes el reportero del periódico La Opinión, Gerardo Israel García, fue muerto a tiros en su domicilio, hasta donde llegó perseguido por pistoleros.

Pasa también por Camargo, Tamaulipas, en donde el periodista Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del Diario de México, recibió ocho disparos desde una camioneta en movimiento; por Villahermosa, Tabasco, en donde el conductor radiofónico Alejandro Fonseca Estrada cayó acribillado mientras se manifestaba contra el crimen organizado y colocaba una manta que decía: “No al miedo, no al secuestro, no a la impunidad”; por la ciudad de Chihuahua, en donde hombres armados que se identificaron como efectivos de la AFI masacraron en un bar al reportero de El Diario de Chihuahua, David García Monroy; por Santa María del Oro, Durango, en donde el periodista Carlos Ortega Melo Samper, de El Tiempo, recibió tres tiros en la cabeza mientras se resistía a ser secuestrado por los tripulantes de una camioneta; por Gómez Palacio, Durango, en donde el líder de una célula de Los Zetas, Lucio Fernández, El Lucifer, decretó el asesinato ejemplarizante del reportero de La Opinión Eliseo Barrón, secuestrado por 11 encapuchados y ultimado a plomo para que los periodistas de la Comarca Lagunera no siguieran publicando información sobre las actividades de ese cártel; por Montemorelos, Nuevo León, en donde el conductor del noticiario Informativo 800 de Radio La Tremenda fue hincado en un paraje y muerto de un tiro; por Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde el reportero gráfico de El Diario, Luis Carlos Santiago Orozco, fue abatido a tiros en el estacionamiento de un centro comercial (sobre su cuerpo quedó colgando el gafete que lo acreditaba como periodista); y pasa también por Tamaulipas, en donde el periódico El Mañana recibió en menos de un mes dos ataques con granadas y armas de alto poder; en donde diversos medios han sufrido siete ataques en el transcurso de seis años, y en donde  —indica un informe de Reporteros sin Fronteras— “la autocensura se convirtió en el único recurso de las redacciones, expuestas como nunca a atentados y ataques a mano armada”.

En 2010 la realidad que a lo largo del país habían vivido cotidianamente los periodistas y los medios de la mayor parte de la República, estuvo a punto de alcanzar a la empresa de comunicación más poderosa de México.

El 22 de julio de ese año, Milenio Televisión dio a conocer un narcovideo en el que un policía de Lerdo, Durango, hincado, con el torso desnudo, el rostro golpeado y las manos atadas, acusaba a la directora del Cereso de Gómez Palacio de permitir que un grupo de reos del Cártel de Sinaloa saliera por las noches, con armas y vehículos del penal —a veces acompañados por custodios—, a realizar asesinatos por encargo entre los miembros de una organización rival, Los Zetas. El video, que revelaba también el apoyo de diversas autoridades de Lerdo a la mafia sinaloense, llegaba en el momento en que una serie de masacres ocurridas en bares de Torreón convulsionaba a México. Dichas matanzas habían cobrado en semanas la vida de 35 personas.

En la redacción de Punto de Partida, el programa de televisión que conduce Denise Maerker, se decidió que el reportero Héctor Gordoa realizara un reportaje sobre la lucha entre los cárteles que deseaban dominar la Comarca Lagunera. La directora del Cereso acababa de ser destituida. El ejército y la Policía Federal habían ingresado al penal. Familiares de los reos se manifestaban contra la remoción de la funcionaria.

—Por como iban sucediendo las cosas en el país —relata Maerker—, nuestros reporteros habían tenido cada vez más encuentros con el crimen organizado. Cada vez nos estaban rozando más. Pero éste no era uno de los casos que a mí me asustaban. Héctor no iba a ir a la sierra: iba a ir a Torreón, iba a ir a Gómez Palacio, a hacer entrevistas y cubrir una manifestación de familiares de los presos, en donde, por lo demás, seguramente estaría el resto de los medios del país. En el equipo de Punto de Partida no imaginamos ni de lejos lo que iba a ocurrir.

Gordoa voló el 26 de julio. El camarógrafo Marco Tinoco perdió el avión: el retraso lo salvó, pero llevó a vivir la peor pesadilla de su vida a un camarógrafo de Televisa Laguna, Alejandro Hernández.

—Alejandro Hernández fue enviado a apoyarme —cuenta Gordoa—. Nos fuimos a entrevistar al presidente municipal de Gómez Palacio y cuando bajábamos del coche una mujer policía que iba en una Van nos dijo: “Van a ir por ustedes, cabrones, abusados”. No la tomamos en cuenta.

Los periodistas grabaron los testimonios del alcalde, del secretario de Seguridad Pública de Durango, de varios policías municipales que hablaron sobre los riesgos que vivían en aquella zona “caliente”. Más tarde se trasladaron al Cereso y entrevistaron a los familiares de los reos, que negaban las acusaciones en contra de la directora y se oponían a su detención.

Relata Gordoa:

—A las tres de la tarde nos retiramos. Unos metros más adelante nos cerraron el paso. Conté tres autos. De cada uno bajaron tres personas. Vi pistolas y cuernos de chivo. Abrieron la puerta de atrás, me dieron unos cachazos y dijeron: “Sigue al auto de adelante”. Había un agente de tránsito en una esquina contraria, se detuvo un camión con gente que empezó a gritar, escuché los gritos. Nadie hizo nada. Me ordenaron meterme en una brecha, los cuatro autos pasamos a buena velocidad frente a un convoy militar, pero tampoco ellos hicieron caso. Nos detuvimos junto a un canal. Allí nos bajaron con la playera en la cabeza y comenzaron a revisar nuestras cosas. Nos quitaron carteras e identificaciones. En mi libreta estaban los nombres del director de Seguridad Pública y del policía que había aparecido en el video. “¿Por qué tienes teléfonos del director de Seguridad Pública? ¿Por qué tienes el nombre de este cabrón anotado aquí? Ya valiste v&#!@ con todo esto”, me dijeron. Volvieron a pegarme. Después, nos encajuelaron. Serían las tres y media, y estábamos en verano, en una cajuela, a más de 40 grados. Alejandro dijo: “Dios mío, te encargo a mi familia, te encargo a mis hijos”. Le respondí: “Te necesito firme, vamos a echarle ganas”. Pero lo que pensé fue: “Que sea un tiro, que no haya tortura”. Pasó media hora, no sé, 40 minutos. Abrieron la cajuela y preguntaron: “¿Quién es Héctor Gordoa?”.

Para entonces, la noticia del secuestro ocurrido a plena luz del día había llegado a México. Denise Maerker recibía a esas horas una llamada del director de Milenio TV, Ciro Gómez Leyva:

—Acaban de “levantar” a unos periodistas en La Laguna. Hay uno nuestro y otros tuyos —le dijo a Maerker.
Gordoa lo ignoraba aún, pero el grupo que lo tenía en su poder se había apoderado también de un reportero de Milenio Laguna, Javier Canales.

—¿Está confirmado? —preguntó la periodista.

—Lo siento mucho, pero está confirmado —respondió Gómez Leyva.

Recuerda Maerker:

—Sabía que el procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, tenía línea directa con un alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Luis Cárdenas Palomino, y le llamé. Fue lo primero que hice. A partir de entonces no dejé de hacer llamadas. Intenté averiguar quiénes eran los que los tenían, para saber si había alguna posibilidad de sacarlos vivos, y decidí que el asunto debía cobrar la mayor magnitud posible, a la menor brevedad, para que los secuestradores supieran que iba a ser muy costoso si les hacían algo. Ésa fue mi apuesta.

A Gordoa lo habían sacado de la cajuela y colocado bajo la sombra de un árbol. Uno de sus raptores jugaba con una pistola. “Va a ser un tiro. Así nos va tocar”, pensó el reportero.

—De repente —dice—, me cayó el 20: “¿Y si nos trajeron porque necesitan algo de nosotros?”. Le dije a uno de ellos: “Oiga, pregúntele a su jefe qué necesita, en qué les podemos ayudar”. Oí que se comunicaban por radio: “Que dice el güero que en qué nos puede ayudar”. Alguien contestó: “Tráiganlos para acá”. Nos aventaron al piso trasero de otro auto y ahí sentí a otra persona, era el reportero de Milenio, Javier Canales. Fuimos trasladados a una casa de seguridad. Había un cuarto en obra negra en un patio trasero. Ahí estaban secuestrados tres agentes ministeriales, un taxista y un policía municipal. En medio había una cubeta llena de orines y excremento. Pensé: “Llevan varios días”. Nos pusieron dos guardias y nos prohibieron hablar entre nosotros. El calor nos hacía sudar. Era una tortura. Cuando tienes miedo, el sudor pica. Como a las siete de la noche nos llevaron, vendados, al interior de la casa. El líder del grupo, le decían El Adán, nos dijo: “A ver cabrones, queremos que pasen unos videos en la tele. Ésa es la condición para que los dejemos ir con vida”.

Gordoa entendió que querían “responder” al video difundido por Los Zetas. Dijo: “Para que eso sea posible necesito hablar con Denise Maerker”. Se ofreció como interlocutor, dice, para que en Televisa supieran que estaba con vida —y para hacerse “necesario” ante los secuestradores.

—Cuando Héctor me habló a mi celular —recuerda Maerker—, y nos enteramos de que lo que ellos pedían era “aire”, entendí que el caso era delicadísimo. Hasta donde yo sabía, era la primera vez que pasaba una cosa semejante en la historia de la televisión en México.

Sigue Gordoa:

—Denise me preguntó: “¿Estás bien?”. Le dije: “Sí. Pero quieren que se transmitan unos videos en la televisión”. Se quedó callada un segundo. “Está bien, vamos a ver qué podemos hacer”, contestó. Le dije: “Sólo necesitamos ese apoyo”. Javier Canales intentaba, mientras tanto, comunicarse a Milenio Laguna. No le querían contestar. Estaba entrando en desesperación. Tuve que llamar yo mismo, y decir que era de Televisa, para que le contestaran. Pasó un rato y volvieron a sacarnos del cuarto, nos dijeron: “Este es el link del video que tienen que transmitir”. Volví a hablarle a Denise: “Ya esta gente sabe que no somos los dueños de la televisora, pero haz lo posible, haz el esfuerzo por favor”. En el video, los policías ministeriales y el agente que tenían capturados hablaban de la protección que el gobierno de Humberto Moreira le daba a Los Zetas en Torreón.

—Logramos que Televisa Laguna sacara algo en el noticiero local. No el video, sino una pequeña nota sobre el video —dice Maerker.

Los periodistas no fueron liberados. Pasó esa noche, el olor de los desechos contenidos en la cubeta inundaba el cuarto, había moscos y alacranes. Uno de los sicarios, drogado, entraba al cuarto a amedrentarlos, cortando cartucho.

El Adán regresó al mediodía:

—Nos dijo: “Queremos otro favor para liberarlos. Que los videos pasen a nivel nacional. Eso, si sus jefes quieren volverlos a ver con vida”. El abatimiento en que caímos era indescriptible. No habían cumplido. No había ninguna probabilidad de que cumplieran.

En la sala de Televisa en donde Maerker y el equipo de Cárdenas Palomino aguardaban noticias de los reporteros, el ambiente era semejante:

—Cárdenas Palomino me dijo que el panorama era sombrío, que se acababan las posibilidades de que regresaran con vida —cuenta la periodista—. En ese momento llegó la nueva llamada de Héctor, con la exigencia de que querían el video a nivel nacional. Le dije: “Pásame a las personas”. Volví a escuchar la petición, ahora por boca de uno de ellos. Le dije: “Qué garantías me da usted de que ahora sí van a cumplir. Porque hasta ahora, ustedes son los que no han cumplido: los reporteros no han sido liberados”.

El jefe de los sicarios replicó: “Háganlo y ellos van a estar bien”. Las comunicaciones se interrumpieron durante más de 12 horas.

—Se acerca lo peor —dijo Cárdenas Palomino—. Las posibilidades se agotan.

La Policía Federal había detectado que las llamadas venían de una colonia de Gómez Palacio. Pero la ubicación del domicilio no era precisa.

—Cárdenas proponía que sus agentes iniciaran cuanto antes un operativo —relata Maerker—. Pero la búsqueda tendría que hacerse prácticamente casa por casa. A mí me parecía importante que los criminales sintieran la presencia de la policía en la zona, pero entonces todo podía terminar en un tiroteo y los antecedentes de rescates de este tipo no eran prometedores. Sentía que había que presionar mucho al Estado, que tenía que involucrarse incluso el presidente, para que los secuestradores supieran que habían pasado una línea, y que eso no podía pasar ni en Gómez Palacio, ni en ningún otro medio, ni en ningún otro lado.

El miércoles 29, a las seis de la tarde, El Adán llamó nuevamente a Gordoa:

—Queremos que Televisa mande un reportero a investigar lo que verdaderamente está pasando en la Comarca Lagunera y que el reportaje se transmita a nivel nacional.

—Les dije: “Ese reportaje ya está hecho. A qué creen que vine. Ahí en la cámara están las entrevistas. Ya hablé con el alcalde de Gómez Palacio, con el secretario de Seguridad Pública, con los familiares de los reos y de los custodios del Cereso: todos niegan que la directora dejara salir a nadie, dicen que no es cierto”. “Eso queremos que salga”, me respondió El Adán.

Maerker recibió a la medianoche la llamada del reportero:

—Ya me van a soltar, pero tengo que pasar una nota. Mis compañeros van a quedarse como garantía. Dicen que si no cumplo, los van a asesinar.

Continúa su relato el periodista:

—Era la medianoche del miércoles. Pasó la mañana del jueves, y no me liberaron. Les expliqué que editar una nota llevaba varias horas, que si querían verla en la televisión esa misma noche tenían que dejarme ir. Trajeron un auto, me despedí de mis compañeros, los tres nos pusimos a llorar. Les dije: “Tengo que irme a hacer una nota para liberarlos, pero les juro que no los voy a dejar”. Me vendaron, y luego me dejaron, con la cámara, en una calle cualquiera. Paré un taxi y me fui a Televisa Laguna. Ni siquiera pensé en llamar a mi familia. Quería terminar el reportaje para volver a ver a los otros con vida.

Denise Maerker sostiene que aquellas horas figuran entre las más difíciles  de su vida, y han sido las más críticas de  su carrera:

—En la reunión más complicada que tuvimos en Televisa, Bernardo Gómez fue contundente: me dijo que no podíamos poner el Canal 2 al servicio de un grupo de narcotraficantes. Que no era Héctor, que no eran los reporteros que estaban retenidos, sino todos los periodistas de este país los que iban a volverse rehenes de los mensajes que estos señores quisieran mandar. Entendí las consecuencias que eso tendría. Me resultaba dificilísimo explicárselo a Héctor, pero era cierto, no podíamos transmitir lo que quería un narco. Escribimos un editorial con la idea de que no íbamos a dirigirnos a los narcotraficantes, con la idea de que era el Estado quien tenía que garantizar las condiciones para ser periodista en un país donde no se podía y no se puede hacer periodismo. Héctor llegó a Televisa Chapultepec cuando estábamos por grabar el editorial. Le di un abrazo y le dije: “No voy a sacar tu nota, pero tampoco va a haber programa. Espero que me entiendas”. Entré en el foro. Nunca había sido tan difícil entrar en él.

—No comprendí la decisión —explica Gordoa—, la vida de mis compañeros dependía de la transmisión del reportaje. Denise me explicó sus razones. Le dije: “No te comprendo, pero te apoyo en tu decisión”. Hoy entiendo lo que habría pasado si ese reportaje sale al aire.

Esa noche, por primera vez en la historia de la televisión mexicana, el Canal 2 decidió suspender su transmisión y dejar la pantalla en negro. Maerker anunció que no había condiciones para la realización del programa.

—Irnos del aire era una forma de decir que estaba pasando algo muy grave en México. Era una forma de decirlo sin decirlo, porque no queríamos poner en riesgo la vida de los reporteros. El objetivo no era salir a hacer un programa que tratara de otras cosas: poner la pantalla en negro tenía por objeto provocar un gran impacto, decirle al Estado que así no era posible hacer periodismo, decirle a los narcos la gravedad de lo que estaban haciendo.

La pantalla quedó en negro, y todo se aceleró. Helicópteros de la Policía Federal comenzaron a sobrevolar Gómez Palacio. Los narcotraficantes liberaron a Alejandro Hernández y a Javier Canales en una calle, y abandonaron la casa de seguridad en la que los habían retenido. No se supo más del resto de los secuestrados. La historia terminó, emblemáticamente, con una conferencia de prensa en la que el secretario Genaro García Luna indicó que los periodistas habían sido rescatados “en un operativo de la Policía Federal, ordenado por el presidente de la República”.

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Los días de plomo no terminaron para la prensa con el sexenio que tocó a su fin el 30 de noviembre de 2012. En los primeros cuatro meses de la nueva administración, Artículo 19 reportó cinco secuestros de periodistas, un asesinato y cuatro agresiones a oficinas de medios de comunicación… n

Héctor de Mauleón. Escritor y periodista. Autor de La perfecta espiral, El derrumbe de los ídolos y El secreto de la Noche Triste, entre otros libros.

Con 225 agresiones, este año el más violento contra periodistas: Artículo 19

GLORIA LETICIA DÍAZ
11 DE OCTUBRE DE 2013
NACIONAL


MÉXICO, D.F. (apro).- Con 225 agresiones a medios y comunicadores registradas de enero a septiembre último, la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 no duda en afirmar que el 2013 es “uno de los años más violentos contra la prensa” mexicana.

De acuerdo con un informe del organismo civil, el tercer trimestre también sería el más agresivo contra la libertad de expresión en el Distrito Federal al documentar 67 actos de violencia contra ese derecho.

Incluso, advierte ciertos patrones en la capital el país desde el 1 de diciembre de 2012: “las autoridades locales no ofrecen garantías para documentar la protesta social y sus policías reprimen derechos fundamentales como la libertad de expresión en movilizaciones sociales”, criminalizando la protesta.

El documento detalla que la violencia contra la prensa de enero a septiembre de este año, supera al número de agresiones anuales cometidas en los últimos años. En 2012, se registraron 207 agresiones y un año antes, 172.

Entre los casos más violentos, la organización contabiliza tres asesinatos, dos desapariciones, cuatro ataques a medios, 26 amenazas y siete privaciones ilegales de la libertad.

Los periodistas asesinados son: Jaime González, de Ojinaga Noticias de Chihuahua (3 de marzo); Daniel Martínez Bazaldúa de Vanguardia, diario de Coahuila (24 de abril), y Alberto López Bello, de El Imparcial, de Oaxaca (17 de julio).

Para la organización, el último de estos casos sería “la agresión más grave a la libertad de expresión”, porque antes de su asesinato, López Bello fue víctima de una detención arbitraria por parte de policías estatales el 18 de mayo, por tomar fotografías a narcomantas.

Los comunicadores desaparecidos en este año son Sergio Landa de El Diario de Veracruz (22 de enero) y Mario Ricardo Chávez Jorge, de El Ciudadano, de Tamaulipas (24 de junio).

De acuerdo con la organización, la entidad donde se registra el mayor número de agresiones a la prensa en los últimos nueve meses es Veracruz, con 31 casos; seguida de Morelos con 25, y el DF y Coahuila con 18 cada una.

Con 16 reportes de agresiones también se reportan Guerrero, Oaxaca y Baja California y Chiapas con 14.

El informe de Artículo 19 identifica en el tercer trimestre de las 67 agresiones, en 36 casos a servidores públicos como responsables de las agresiones registradas este año, 19 del ámbito estatal; 12 municipales y cinco federales.

La organización manifiesta su preocupación porque en los últimos 67 casos registrados entre julio y septiembre “no exista castigo para los responsables de estos actos, más cuando, en 46% de los casos, son servidores públicos vinculados con corporaciones policiacas”.

En cuanto al resto de los casos, en 16 se desconoce al agresor; en tres se atribuye a la delincuencia organizada; en dos a una agrupación comercial; en una a una agrupación política; en cuatro a una organización social; dos a militante partidista y en tres casos las agresiones procedieron de candidatos, de acuerdo al análisis de Artículo 19.

En el tercer trimestre del año, Veracruz encabezó también la lista de violaciones a la libertad de expresión con 13 reportes; seguido de Baja California y el DF, cada uno con 10. Entre los casos relevantes, apunta la organización en su informe.

En su documento, Artículo 19 reflexiona sobre la situación de efervescencia social en el DF, que por “la centralización de la vida política en la capital política mexicana lo hace destino de la protesta social de las distintas latitudes”, situación que para la organización con sede en Londres, es “síntoma de una democracia en crecimiento y en construcción”.

Resalta, sin embargo, que a partir del primero de diciembre de 2012, “las protestas han cobrado un nuevo significado y se han tornado más violentas”, por la actuación de “un pequeño grupo de civiles” que han transformado las calles de la ciudad en “un campo de batalla exhibiendo a un cuerpo policiaco que carece de protocolos para garantizar por un lado, la libre expresión y por el otro, el procesamiento de quienes cometen un delito en el contexto de las protestas”.

Critica que las autoridades capitalinas “han llegado al extremo de detener y consignar a fotoperiodistas que cumplían con su labor informativa y obligándoles al pago de 126 mil 476 pesos (9 mil 700 dólares) para evitar llevar su proceso en prisión al presumirles culpables”, es el caso del fotoperiodista Gustavo Ruiz, sostiene la organización.

Según los registros de Artículo 19, del primero de diciembre de 2012 al primero de septiembre de este año, “once personas, la mayoría de ellas periodistas independientes han sido arrestadas en el DF por documentar la actuación de su policía. En siete casos fueron detenidos en un contexto de protesta social”.

En el tercer trimestre, también se registraron cinco ataques a páginas de internet de medios de comunicación; dos ataques con explosivos a las instalaciones de periódicos, un asesinato; 16 agresiones físicas y materiales; 30 actos de intimidación, en diez a través del veto y 5 robos. A ello se suma que dos periodistas han sido denunciados penalmente por difamación.

La organización de defensa de libertad de expresión considera “primordial que las autoridades federales y locales adopten protocolos de actuación que permitan que un derecho fundamental como la libertad de expresión se desarrolle sin ningún tipo de inhibiciones, pero sobre todo que castigue a los servidores públicos responsables de estos actos”.

Acumula PGR 150 averiguaciones por agresiones a periodistas

PEDRO MATÍAS
14 DE OCTUBRE DE 2013
NACIONAL


OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), ha iniciado 150 averiguaciones previas por agresiones contra periodistas en los primeros nueve meses del año, de las cuales 11 corresponden al estado de Oaxaca, informó el director adjunto de la dependencia, Alberto Peralta Flores.

Además, reconoció que en cuatro casos se requirió el exilio forzado y hubo que dictar medidas de seguridad; para evitar riesgos, agregó, fue necesario sacar de su lugar de origen a esas personas y llevarlas a otra entidad, particularmente al Distrito Federal.

Luego de señalar que en el último año del sexenio de Felipe Calderón fue cuando “más agresiones contra periodistas se cometieron”, precisó que a la fecha se tienen dictadas 147 medidas cautelares para la protección de igual número de comunicadores.

Peralta Flores destacó que “la cuestión de riesgo, si lo vemos a raíz de incidencias, de denuncias, ha bajado, igual que los delitos de alto impacto que han sido menos que el año pasado”.

Consideró que ello obedece a que se está apostando a la prevención y a promover la cultura de la denuncia. Eso, dijo, “tiene más impacto que dar medidas y brindar protección, es decir, antes de que llegue una agresión es preferible investigar”.

En el caso específico de Oaxaca, donde se investigan 11 casos, refirió que “la incidencia no es muy alta, pues hay otros estados, como el norte y el centro, que son más riesgosos”.

El funcionario federal hizo hincapié en que a la fecha se han consignado 47 averiguaciones previas por homicidios, abusos de autoridad y amenazas, con más de 50 personas consignadas.

Nuestra prensa y los cinco ensayos de “Nexos”

20. octubre, 2013 Álvaro Cepeda Neri * Defensor del periodista


No es común que aparezcan análisis sobre la prensa escrita, como en los cinco ensayos publicados por la revista Nexos (en su número 428, correspondiente al mes de agosto de 2013), que firman, en su orden de paginado, Héctor de Mauleón, Viridiana Ríos, Ricardo Mendoza Reséndez, Javier Garza Ramos y Miguel Ángel Sánchez Sánchez. A estos sobresalientes trabajos se debe agregar el ensayo de Mario Arriagada Cuadriello y el de J M Servín, de la sección “Medios”, del mismo número de Nexos. Los siete constituyen una crítica propositiva que es bienvenida para los que se quieran poner el saco o solamente mirarlo al derecho y al revés.

Quienes firman cada uno de esos puntos de vista van al corazón de la prensa en su conjunto, pero individualizando, a través del cristal por el que miran a los medios de comunicación impresos, sobre todo al llamado periodismo, para brindarnos sus pareceres que aportan, por así decirlo, una disección en general y en lo particular de esta actividad. Cada ensayo de los que presenta la revista aborda el tema de “Nuestra prensa”, como engloba la portada de la revista, con el subtítulo del nombre con el que bautizó Héctor de Mauleón su ensayo: “Los días de plomo”. En él, el autor hace un recorrido con información veraz entreverada con sus juicios por la violencia sangrienta que se abatió sobre los periodistas durante el sexenio calderonista.

De la página 40 a la 58 se publican “Los días de plomo”, para continuar con “¿Quién mata a los periodistas?”, donde Viridiana Ríos contribuye con su investigación sobre la denegación de justicia al 96 por ciento “de los periodistas asesinados […] en los últimos 10 años” cuando se han reportado 56 trabajadores de la prensa escrita víctimas de homicidio. A continuación está lo escrito por Ricardo Mendoza Reséndez intitulado “Letras de cajón”, refiriéndose al destino “de la mayoría de los medios de comunicación del Norte del país [donde] el crimen organizado es quien ha girado el cerrojo con las acciones […] de los últimos 5 años”. Cierra el expediente el ensayo de Javier Garza Ramos, llamado “La violencia ya no es novedad”, y quien, como subdirector editorial de El siglo de Torreón, sabe a ciencia cierta lo que es la embestida de las amenazas cumplidas que ha sufrido ese periódico, cuyas instalaciones “han sido atacadas en varias ocasiones”. El recuento termina con la aportación del auditor de contenidos de la agencia noticiosa Quadratín, Miguel Ángel Sánchez Sánchez, quien ratifica el profesionalismo de esa agencia al ejercer un periodismo radiofónico con gran veracidad y contrastando la información que ofrece diariamente, corriendo riesgos como toda la prensa escrita, oral y audiovisual del país.
*Periodista

México experimenta el año más violento para la prensa

Por editor / 24/11/2013 / Sin comentarios

México experimenta el año más violento para la prensa de los últimos 10 años, al registrar 225 agresiones contra comunicadores, 3 asesinatos, 2 desapariciones y 4 ataques contra medios de comunicación, entre otras violaciones, aseguró Iván Baez, de la oficina de México y Centroamérica de Artículo 19, quien participó en las conmemoraciones del Día Mundial contra la Impunidad, llevadas a cabo por IFEX-ALC en Bolivia, informa Melissa Vega (Cerigua).

Ifex impunidad 2012 México experimenta el año más violento para la prensaBaez destacó que entre el 2000 y el 2013, 75 periodistas fueron asesinados en México en el ejercicio de la profesión; en ese mismo periodo, se ha visto un esfuerzo de las autoridades federales por investigar, pero sin llegar a resultados contundentes, pues carecen de recursos.

Se perdió el flujo informativo en Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, pues los reporteros y periodistas sufren de constantes amenazas de muerte y ataques, a tal nivel que han decidido autocensurarse y la población ha perdido la oportunidad de acceder a la información, indicó el representante de Artículo 19.

Sin verdad, justicia y reparación para las víctimas, la violencia sigue y el silencio de la prensa crece, afirmó el profesional, quien consideró las amenazas y las agresiones contra los periodistas como una forma de tortura contra el periodismo en la región.

Baez hizo una fuerte crítica al gremio periodístico, ya que ha mostrado poco apoyo a las familias de profesionales de la información que han sido asesinados o desaparecidos; muchos ya no encuentran lugar donde vivir, pues cuando los arrendatarios se enteran que son periodistas, rechazan sus solicitudes por los problemas que conlleva su profesión.

Una noticia no vale la vida de un periodista, pero es fundamental que la información fluya como una medida de protección y para no privar a la sociedad de acceder a la información, enfatizó el experto.

Los datos presentados por Baez forman parte del informe “Rostros y rastros de la Libertad de Expresión”, elaborado por IFEX-ALC, una alianza de 19 organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión en la región; el documento fue lanzado el pasado jueves en Bolivia en el marco del Día Mundial contra la Impunidad, conmemorado cada 23 de noviembre.

Muere Mike O’Connor, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas

Publicado el Domingo 29 de diciembre de 2013


(20:56) El periodista Mike O’Connor, jefe de la oficina en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), murió, informó este domingo la organización no gubernamental Article 19, de la cual era colaborador.
“#ARTICLE19 lamenta el fallecimiento de Mike O’Connor representante del @pressfreedom en México”, escribió la ONG a través de su cuenta de Twitter.

“Mike fue un aliado, amigo, colega de #Article19, su defensa por la libertad de prensa en México siempre será recordada”, agregó la organización.

La organización no precisó la causa del fallecimiento, sin embargo, el diario sinaloense Río Doce, con el que el periodista tenía una estrecha relación destacó que O’Connor murió este domingo luego de sufrir un paro cardiaco.
O’Connor, veterano de guerra que cubrió conflictos en Centroamérica y los Balcanes, era representante del CPJ en México desde 2009, año desde el cual documentó agresiones y homicidios de periodistas en México en el marco de la lucha entre cárteles de la droga y entre estos y las autoridades.

O’Connor comenzó su carrera como corresponsal extranjero en 1983, cuando cubrió las guerras civiles en El Salvador y Nicaragua para CBS News. Luego se convirtió en corresponsal para asuntos de Centroamérica de la NPR y el diario The New York Times. Para el rotativo neoyorquino también cubrió el conflicto en los Balcanes, mientras que para NPR cubrió el conflicto palestino.

O’Connor y Carlos Lauría, jefe del CPJ en América Latina, presentaron el año pasado un informe sobre la violencia contra la prensa en México, en el cual resaltan cómo los medios en el estado de Zacatecas se vieron obligados a dejar de informar sobre la lucha entre los cárteles de la droga por razones de seguridad.

Limitada, protección a periodistas, acusan

José Antonio Gurrea C.| El Universal
Viernes 07 de febrero de 2014

Violencia provoca desplazamiento a otros estados, sostiene ONG
jose.gurrea@eluniversal.com.mx


En México, los mecanismos para la protección a periodistas son insuficientes y limitados, aseguró Rogelio Hernández López, coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, AC.

En entrevista, el comunicador hizo énfasis que a más de siete años de su creación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) todavía no puede actuar con suficiencia porque le faltan recursos y un marco legal interno.

En este contexto, ejemplificó que aunque dicha instancia legal atrae “casi de oficio” todos los casos de los cuales se entera vía denuncias o a través de su difusión en los medios, “el problema es de efectividad”, pues sólo en la cuarta pade los casos abre averiguaciones previas, y de éstas sólo en 10% hay consignaciones.

“Se trata de un universo grande, pero no puede actuar con suficiencia porque le faltan recursos y no se ha aprobado la ley orgánica de la PGR, que ubicaría a la fiscalía fuera del área de derechos humanos y la metería a la de delitos federales”, agregó Hernández López, quien señaló que hoy se cuenta con más personal, pero aún no están adscritos a la fiscalía porque la ley orgánica no le ha dado todavía esa autonomía.

Agregó que alrededor de 60% de las denuncias que ha recibido la fiscalía han sido contra servidores públicos por casos, sobre todo, de amenazas, acoso, hostigamiento y abuso de autoridad.

En relación con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Segob, creado en 2012, el periodista, quien también es integrante de su órgano consultivo, destacó que entre sus bondades, las medidas cautelares —es decir de protección policial automática— comienzan a funcionar, pues a las pocas horas se comunican con la gente amenazada y en dos días como máximo ésta ya tiene medidas cautelares.

Sin embargo, dice que hay varios problemas: “los periodistas y defensores en riesgo no están familiarizados con las formas para ingresar al mecanismo de protección, pues no hay la promoción nacional para que se diga dónde se puede acudir, que hay un número 1800, que hay un correo de emergencia, etcétera; entonces, los casos están llegando por las mediaciones de las organizaciones civiles”.

El segundo problema es que en entidades como Tamaulipas y San Luis se desconoce con precisión lo que pasa, pues por temor a sus agresores o desconfianza hacia las autoridades los periodistas no denuncian.

Desplazados

Informó que de noviembre de 2012 (cuando arrancó el mecanismo por mandato de la ley), y hasta junio de 2013, el mecanismo recibió 87 solicitudes de incorporación; 35 de periodistas y 52 de defensores de derechos humanos.

—¿Cuáles son los motivos por los cuales abandonaron sus entidades?

—Oficialmente sabemos que la mayoría de los incorporados al mecanismo solicitaron medidas ordinarias de protección y se quedaron en sus entidades. Hasta diciembre de 2013, del total de periodistas, sólo a 23 se les aplicaron medidas extraordinarias por riesgo alto, y de esos siete u ocho han salido de sus entidades. A esos les llamamos desplazados.

Sin embargo, hay otros desplazados que no están en el mecanismo por desconfianza. De éstos, al menos hay dos en el DF y cinco fuera del país, principalmente en EU. Sin embargo, Hernández López señala que el mecanismo de protección representa 10% o menos de las medidas que los periodistas necesitan para estar protegidos.

“Se brinda sólo protección cautelar, porque no hay, como lo hemos exigido, protección correctiva y preventiva. En el primer caso debe incluir protección social porque a los periodistas amenazados los arrancamos de su trabajo o de sus zonas de vivienda para protegerlos; o a veces, incluso los cambiamos de ciudad, y es como volver a empezar”.

El 2013, primero del sexenio de EPN, fue el más violento para la prensa en los últimos siete años: Artículo 19

Por: Redacción / Sinembargo - marzo 18 de 2014 - 0:04


Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– El 2013, primero del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fue el peor para la prensa en México en los últimos siete años, así lo considera Artículo 19 en su más reciente informe. En el documento “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013″, la organización internacional denuncia que durante el año pasado se registraron todo tipo de agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación.

De acuerdo con el informe cada 26.5 horas se agrede a un periodista en México. Sin embargo, no sólo los comunicadores son víctimas de ataques contra la libertad de expresión. Tan sólo ayer, el director de Artículo 19 en México, Dario Ramírez, denunció que su casa fue allanada y le robaron documentos de trabajo, su computadora personal, así como otras pertenencias.

A través de un comunicado, la organización dijo que “los hechos en casa del director son de suma preocupación dado el contexto de hostigamiento en el que viven los defensores de derechos humanos y periodistas. Si bien no podemos afirmar que el allanamiento es por razones vinculadas al trabajo de Article 19, tampoco podemos afirmar lo contrario”.

Entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. De éstas, el 26 por ciento se cometieron en sólo en 2013, el año más violento en cuanto a agresiones a trabajadores de medios en este periodo, con 192.

“Hacer periodismo se convirtió en algo peligroso”, afirma Gil Cruz, quien fue víctima de amenazas y hostigamiento. Él es Director Editorial del periódico Notivisión de Álamo Temapache, en Veracruz, la entidad con el mayor número de agresiones y homicidios relacionados con el trabajo periodístico.

“En Veracruz se asesinaron a 4 y 5 periodistas en 2011 y 2012 respectivamente. Desde el comienzo de la gubernatura de Javier Duarte [de Ochoa] se asesinaron en el estado a 10 periodistas, lo que lleva a que Veracruz tenga niveles de violencia contra periodistas similares a los de Pakistán, un país en guerra”, dice Artículo 19.

Sin embargo lo que más llama la atención –dice la organización– en cuanto a las agresiones contra trabajadores de la prensa, es que seis de cada 10 periodistas fueron agredidos por un funcionario público.

De las 330 agresiones a la prensa documentadas por Artículo 19 en 2013, en 146 casos la agresión provino de un funcionario público. Policías estatales y municipales fueron responsables de 87 ataques. Otros 24 periodistas fueron detenidos ilegalmente por la policía mientras se disponían a realizar una cobertura periodística.

En 39 casos, la agresión provino de miembros de la delincuencia organizada, en 49 de organizaciones sociales, 30 de particulares, 10 de fuerzas partidistas y en 56 casos se desconoce al agresor.

Artículo 19 destaca que en ninguno de los casos documentados, los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al ciento por ciento. “El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones, dejan de cubrir sucesos policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”, expone.



LAS AMENAZAS

El 20 de mayo de 2013, el director de Notivisión, Gil Cruz, recibió una nota de amenaza: “Bájenle de huevo o se los carga la c******a, p^%#$”.

Días después de esa advertencia, el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Esteban Arguelles –a quien Notivisión había acusado de negociar su participación en las elecciones locales a cambio de 500 mil pesos– habló para decir que si continuaban con esa línea, mandaría a su gente “a tomar las instalaciones del periódico”.

El 3 y 12 de noviembre pasados se registraron afectaciones en las instalaciones del diario.  Y antes, habían intentado secuestrar a uno de los socios del rotativo.

Tras los hechos, los directivos de Notivisión interpusieron dos denuncias penales. Una ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otra ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR.

A poco más de nueve meses de las denuncias no hay avances en las indagatorias de la Procuraduría Veracruzana y la FEADLE.

De acuerdo con Artículo 19, desde 2007 a 2013 un total de 213 periodistas han sido amenazados por cuestiones relacionadas a su trabajo. Tan sólo en 2013 se amenazaron a 49 de ellos, lo que hace a 2013 el segundo año más violento en cuanto a amenazas detrás de 2009, que solo cuantificó una amenaza más.

El año pasado las amenazas se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.

AGRESIONES

Artículo 19 documentó que en 2007 no se conocían casos de agresión en más del 50 por ciento (17 en total) de los estados de la República, actualmente sólo tres entidades registraron cero periodistas agredidos (Tabasco, Hidalgo y Nayarit); en el resto del país por lo menos una persona fue agredida por su labor periodística.

El Distrito Federal acumula el mayor número de agresiones en el periodo. Le sigue Chihuahua y Veracruz.

Carmen Olsen no vive en ninguna  de esas entidades, pero fue víctima de incidentes que pusieron en riesgo su integridad. Vive en Baja California y es colaboradora del periódico El Sol de Tijuana, el Semanario Ecos y la Televisora PSN.

Durante la administración de Francisco Castro Trenti al frente de la Policía Municipal, ha enfrentado hostigamiento por parte de policías. El 4 de enero del año pasado, elementos de seguridad la privaron de su libertad por cuatro horas. “Ahora sí Olsen, te vamos a chingar. Tenemos órdenes del director”, le gritaron los agresores.

Después de que la soltaran, la periodista puso una denuncia penal ante la FEADLE de la PGR. Además solicitó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Casi cuatro meses después, el representante de ese mecanismo le notificó que le brindarían una serie de medidas encaminadas a “salvaguardar su integridad”. Medio año después de presentada la denuncia, en julio, la FEADLE le notificó que desde hacía dos meses su caso había sido turnado a un Juez Federal de Tijuana.

Le explicaron que la acusación por privación ilegal de la libertad no había prosperado y que sólo  había una acción penal por “abuso de autoridad” y “lesiones dolosas”.

Actualmente, Carmen está acusada de agredir a un grupo de policías y permitir la fuga de cinco supuestos delincuentes que los elementos de seguridad iban a detener.

LOS SECUESTROS  

Mario Segura  sobrevive gracias a un show de payasos y botargas que ofrece en fiestas infantiles y supermercados. Después de ser privado de la libertad, supuestamente por miembros del crimen organizado, tuvo que huir de Tamaulipas y acogerse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Actualmente, las situación de Mario es precaria y vulnerable. No cuenta ni con los recursos para continuar su vida ni con la protección del Estado mexicano.

“En todo este tiempo no he encontrado un trabajo como periodista”, explica el periodista de 52 años.

Mario explica que su historia es para que el gobierno mexicano se pueda percatar de que la situación de los defensores de los derechos humanos y los periodistas no es fácil.  “Según mi experiencia, el Mecanismo te ofrece la protección, pero cualquier persona que se quiere poner fuera del alcance de los delincuentes sólo se tiene que irse lejos de su lugar de origen y no comentar a nadie que es una persona perseguida. Esa es la forma de seguir adelante con tu vida”, dice.

Desde que Artículo 19 empezó a documentar casos de periodistas secuestrados en 2010, se han acumulado 31 de estos eventos. El año con mayor número de periodistas secuestrados es 2012 con 11 de ellos. En 2013 se registraron siete casos, de ellos cinco sólo en Coahuila, el mismo número que se documentó en 2011.

Junto a Coahuila, el Distrito Federal concentra el mayor número de periodistas secuestrados, cada uno con siete periodistas secuestrados entre 2007 y 2013. Es decir, del total de periodistas secuestrados en el periodo, el 45 por ciento fue secuestrado en alguno de esos dos estados. Sin embargo, durante el año pasado no se registró ninguno.

IMPUNIDAD PERMANENTE

Jaime González se convirtió en el primer comunicador muerto en el sexenio de Peña Nieto. Dirigía el sitio web Ojinaga Noticias y fue amenazado por el Cártel de Juárez. El 3 de marzo de 2013 lo mataron de 18 disparos, 15 en el cuerpo y tres en la cabeza.

“Lo asesinaron porque no quiso publicar  información relacionada con el narcotráfico”, afirma un amigo de Jaime a Artículo 19. Según esta persona, que pide mantenerse en el anonimato, fueron por lo menos dos las ocasiones en las que recibió avisos del crimen organizado.

De acuerdo con el informe, Chihuahua es uno estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. No sólo por los 11 asesinatos de periodistas cometidos de 2000 a la fecha, sino por el alto índice de impunidad al momento de investigar los crímenes.

Ese fue el caso de Jaime. Según Artículo 19, su asesinato dejó al descubierto la ineficacia del sistema de justicia en México, quien se mostró incapaz de resolver los crímenes cometidos contra quienes tiene la misión de informar a la sociedad.

Hasta la fecha, su familia no ha podido cobrar el seguro de vida, establecido en 2010 bajo el Sistema Integral de Protección a Periodistas.

INTIMIDADO

De acuerdo con la organización, el allanamiento de la casa de Ramírez es el quinto incidente de seguridad que el personal de Artículo 19 ha tenido desde que, en abril de 2013, se recibió una amenaza de muerte en contra de Darío Ramírez y los defensores que laboran con él.

La organización denuncio que a pesar de las denuncias interpuestas, “hasta el día de hoy ninguno de estos incidentes ha sido investigado para dar con el paradero de los responsables”.

Artículo 19 exigió a las autoridades federales y a las del Distrito Federal “la garantía plena a nuestro trabajo, así como de la integridad de todas y todos los que laboramos en Article 19 y sus familiares”.

El allanamiento, que sucedió a dos días de la presentación del informe, preocupa que sea un “mensaje intimidatorio que busque inhibir nuestras funciones de defensa de la libertad de expresión. Por lo que ponemos en alerta a las autoridades de posibles hechos que se pudieran generar como consecuencia de la presentación del informe referido”.

Desde el sábado pasado se informó al Mecanismo para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, del gobierno federal, sobre el allanamiento a la casa de Dario Ramírez, motivo por el cual se solicitaron las medidas de protección necesarias para atender la emergencia.

Michoacán y Tamaulipas, primeros lugares en desaparición de periodistas: PGR

Redacción 24 HORAS Junio 1, 2014 1:20 am

Alberto Peralta Flores, director adjunto de la FEADLE, detalló que en cada uno de estos estados hay cuatro casos de periodistas desaparecidos


Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, son los estados que encabezan la lista de más desapariciones de periodistas, desde el 2005, y son considerados lugares donde ejercer el periodismo es de alto riesgo así lo reveló la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Alberto Peralta Flores, director adjunto de la FEADLE, explicó que con las reformas que se han realizado la dependencia federal busca blindar a los representantes de los medios de comunicación a través de diversos mecanismos.

Peralta Flores detalló que en cada uno de estos estados hay cuatro casos de periodistas desaparecidos y es lo que los coloca a la cabeza del ranking.

En la FEADLE investigan los casos de Ramón Ángeles Zalpa y María Esther Aguilar Casimbe, corresponsales del periódico Cambio de Michoacán, ya que la PGR atrajo los casos.

Destacó que hay diversos mecanismos para proteger a periodistas o defensores de derechos humanos, ya sea a través de la PGR o de la Secretaría de Gobernación, sobre todo en los estados donde mayor número de agresiones se presentan. (Con información de Quadratín)

102 periodistas muertos en el país, en 14 años
Silvia Otero| El Universal
Martes 17 de junio de 2014
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102 periodistas muertos en el pa�s, en 14 a�os

PROTESTA. En febrero pasado, periodistas de Guerrero marcharon en Chilpancingo para demandar la presentación con vida de su colega veracruzano Gregorio Jiménez, encontrado muerto días más tarde. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )


México rebasó el centenar de periodistas asesinados desde el año 2000 hasta abril de 2014 y se ubicó en 102, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República

silvia.otero@eluniversal.com.mx

En México se rebasó la cifra del centenar de comunicadores asesinados desde 2000 hasta abril pasado. Son 102 homicidios registrados, según datos de la Procuraduría General de la República.

La incidencia convierte al país “en uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión”, advierte Carlos Lauría, coordinador senior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), quien lamenta además que es grave el nivel de impunidad con el que se cometen este tipo de delitos.

En este sexenio suman diez los crímenes contra periodistas, lo que marca una tendencia a la baja, al considerar que durante el foxismo hubo 21 casos y con Felipe Calderón (2006-2012) se disparó a 71.

A estas cifras se suma la desaparición de 22 periodistas desde 2005, aunque la lista de delitos cometidos en agravio de este sector y de los medios de comunicación es extensa, como dan cuenta las 541 averiguaciones previas que ha iniciado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR, desde su creación el 5 de julio de 2010.

Catálogo de delitos

Amenazas, abuso de autoridad, homicidio, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad y secuestro, lesiones, robo, daño en propiedad ajena, intimidación, allanamiento de morada e intervención de comunicaciones privadas forman parte de un catálogo de 27 delitos denunciados e investigados en el fuero federal, revela el informe más reciente de la Feadle, con cuya copia cuenta EL UNIVERSAL.

Un escenario en el que los casos más graves, los homicidios y las desapariciones, se han registrado en 23 estados del país —prácticamente todo el territorio es un “foco rojo”—, aunque la mayor incidencia de estos crímenes se ha concentrado en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa con 62 de los asesinatos (60.7% del total).

Destaca que del más de centenar de homicidios, la fiscalía indaga 45, y 12 de las desapariciones de periodistas. De hecho, a partir del 4 de mayo de 2013, cuando se reformó el artículo 73 la Constitución para facultar a la PGR a conocer delitos del fuero común cuando tengan relación con ilícitos cometidos contra periodistas o la libertad de expresión, la dependencia ha atraído 20 expedientes, tres por asesinato.

El reporte de la Feadle destaca que desde su creación en julio de 2010 hasta abril de este año, ha consignado ante juzgados 60 expedientes contra los presuntos responsables, lo que equivale sólo al 11% de las averiguaciones que ha iniciado. Hoy están pendientes de resolución 462 indagatorias en las que se incluye aquéllas que inició la fiscalía que existía antes en la PGR para atender estos ilícitos.

Un ciclo de impunidad

Carlos Lauría, uno de los expertos más reconocidos sobre la investigación de este fenómeno, alerta que en México hay una crisis de libertad de expresión que pone en riesgo a la democracia; en muchas regiones del país el CPJ ha documentado que, aunado a los homicidios y desapariciones, hay periodistas y medios que “enfrentan un clima de amenazas y de intimidación, donde hay temas vedados, en un contexto de violencia que hacen imposible informar sobre aspectos sensibles que atañen a la sociedad”.

“Este fenómeno no sólo tiene un cariz de violencia, está produciendo una grave crisis de libertad de expresión, se está atentando contra este derecho fundamental, y cuando esto ocurre en un país, tiende a desestabilizar el sistema democrático (…) cuando no hay una sociedad informada, hay una nación menos democrática”, indica.

El CPJ de 1992 a la fecha ha documentado 30 casos de asesinatos de periodistas mexicanos, como represalia por su ejercicio profesional; otros 41 están pendientes por confirmar si la muerte está ligada a su labor; mientras que de 2005 a la fecha ha contabilizado a 13 comunicadores desaparecidos.

Con estas cifras el diagnóstico coloca a México entre los más peligrosos, pero la estadística de la PGR revela que los crímenes aún son más de los que registran las organizaciones, pues de 2000 a la fecha la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporta 87 casos.

“Hay una gran desconfianza, existe una gran deuda de justicia y no hay garantías para el ejercicio del periodismo”, apunta.

Estados con mayor incidencia

La Feadle detalla que de los 20 estados donde los comunicadores han sido asesinados, la mayor incidencia está en Chihuahua con 16 víctimas; Veracruz, con 15; Tamaulipas, 13; Guerrero 11 y Sinaloa, 7.

En esta administración, de los diez periodistas ultimados dos fueron en Sinaloa, en Oaxaca, 2 y hubo un caso en Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Respecto a los 22 comunicadores desaparecidos, 19 fueron durante el calderonismo, y tres más en el primer año de este sexenio. Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son estados con mayor incidencia, con cuatro casos cada uno.