Violencia contra periodistas en Mexico

Recuerdo del primer mensaje :

Acusan a PF de otro montaje

Defensor de Alejandro Hernández Pacheco, ex camarógrafo de Televisa Torreón —uno de los cuatro comunicadores levantados por un comando—, acusa que en el operativo de los elementos federales existió “un auténtico manejo de escenarios” para manipular su libertad.



CIUDAD JUÁREZ

El “rescate” y la “presentación” de dos periodistas plagiados en Durango, luego de cubrir un motín y una protesta en un penal de Gómez Palacio el 26 de julio pasado, es un “montaje” de la Secretaría de Seguridad Pública federal y producto de “una serie de chantajes” para llevarlos ante los medios de comunicación, sostiene el abogado Carlos Spector-Calderón.

Defensor de Alejandro Hernández Pacheco, ex camarógrafo de Televisa Torreón —uno de los cuatro comunicadores levantados por un comando—, menciona en entrevista que en el operativo de los elementos federales, a mando del secretario Genaro García Luna y el comisionado nacional Facundo Rosas Rosas, existió “un auténtico manejo de escenarios” para manipular su libertad.

Jaime Canales Fernández, camarógrafo de Multimedios Laguna; Héctor Gordoa Márquez, jefe de información del programa Punto de Partida de Televisa México y Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa Torreón, fueron privados de la libertad luego de cubrir las protestas de reos y familiares en el Centro de Readaptación Social número 2 de Gómez Palacio.

En los hechos también estuvo involucrado Óscar Solís, del diario local El Vespertino, quien fue liberado horas más tarde en medio del hermetismo por el plagio de los periodistas y la petición de sus medios para que se abordar el tema con discreción. Su liberación se confirmó días después sin detalles.

El abogado asegura que los plagiados quedaron traumatizados y con secuelas de violencia física y emocional. Además, dice que fueron expuestos luego de que la Policía Federal omitió realizar una investigación discreta.

La Secretaría de Seguridad Pública informó el 31 de julio en conferencia de prensa y con la presencia de Canales Fernández y Hernández Pacheco sobre el rescate realizado en una casa de seguridad en la colonia Miguel de la Madrid en Gómez Palacio, Durango.

Genaro García Luna, al encabezar la presentación, mencionó que tras las negociaciones directas con el comando y la liberación del periodista Gordoa Márquez, la SSP tuvo elementos para ubicar al resto de los reporteros plagiados. Mencionó que tras garantizar su seguridad y montar un cerco en el perímetro de la casa, localizada entre las calles Invierno y Fresno, agentes federales entraron al domicilio cuando ya estaba vacío.

Durante la conferencia se cuestionó sobre la ausencia de detenidos, a lo que el funcionario argumentó que los responsables huyeron al percatarse de la incursión de las fuerzas armadas.

Esperaban la muerte

Alejandro Hernández, de 38 años, asegura que durante los días de cautiverio siempre pensó que todo acabaría “bajo la tortura y… asesinato a tiros”.

Spector-Calderón refiere que tras la liberación de Héctor Gordoa, los camarógrafos secuestrados pensaron que a ellos no les esperaba mas que la muerte, pues sus captores constantemente les decían que ese sería su fin, amenazándolos y apuntándoles con un arma en la cabeza.

El especialista en materia de migración y protección a reporteros considera que tiene todas las pruebas necesarias que exige el gobierno de Estados Unidos para lograr el asilo político a favor del periodista mexicano Alejandro Hernández Pacheco, ante la incapacidad del gobierno mexicano para protegerlo.

El litigante presentó el pasado 14 de septiembre a Hernández Pacheco en rueda de prensa en El Paso, Texas, donde dio a conocer algunos detalles e irregularidades cometidas por parte de las autoridades policiales, sustentadas en el testimonio del ex camarógrafo de Televisa.

El periodista, originario de Torreón, Coahuila, busca el exilio por las condiciones de inseguridad en México, pues señala que fue torturado y alejado de sus familiares. Hernández Pacheco es el primer periodista que no pertenece a empresas y medios periodísticos de la frontera y que solicita el apoyo de la firma Carlos Spector Attorney Law.

De acuerdo con el testimonio de Alejandro Hernández, manejado por su abogado Spector, los periodistas lograron escapar de sus captores la tarde del 31 de julio sin que hubiera ayuda policial. Pero en un hecho fortuito, la SSP aprovechó las circunstancias para manipular su libertad y la información.

Según el relato de Hernández, “los secuestradores oyen el ruido que produce un helicóptero, por lo que huyen y ellos (los dos camarógrafos) logran escapar”. Pero son ellos quienes encuentran a la policía, que no hizo ningún rescate… los muchachos los encontraron cuando habían logrado salir, dice el abogado.

Durante cinco días los muchachos fueron torturados y no se les dio de comer y ni siquiera tras su liberación hubo contacto con la familia.

Cuando salió Alejandro “estaba completamente golpeado”, le dieron un curita, pero no hubo atención médica para ninguno, ni siquiera les permitieron asearse para llevárselos y les dijeron que los llevarían a hablar con el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Y ya en un hangar de la ciudad de México, los trasladaron hacia otro punto donde estaba el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el comisionado nacional Facundo Rosas Rosas y un total de 32 cámaras, cada una de las cuales fue contada por el también profesional de la cámara Alejandro Hernández Pacheco.

“Fue un chantaje. Ellos se sintieron usados, sin que hubiera un consentimiento y sin saber a qué iban…”.

Al conocer estas declaraciones, la SSP dijo estar sorprendida y adujo que esta versión se encuentra en el contexto de solicitud de asilo en Estados Unidos. Afirmó que es “falso” que personal de la dependencia haya prometido al camarógrafo una entrevista con el presidente de la República.

Agregó que el informador tuvo la oportunidad de contar ante los medios de comunicación su versión de los hechos en una conferencia en la que se le garantizó su derecho a la libre expresión y esa versión de hace dos meses es muy diferente a la que hoy (el 14 de septiembre en El Paso, Texas) da a conocer.

“Iban traumatizados”

En la presentación —según las declaraciones de Hernández—, los dos reporteros iban traumatizados, y no pudieron en ese momento y bajo esa presión decir que la policía no los había ayudado. Pero todo estaba preparado, y hasta el nombre de los dos reporteros estaba escrito en las “mesitas”.

A los tres periodistas, incluido el re portero de Televisa, Héctor Gordoa, se les dijo que fueron secuestrados por una célula del cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. “Pero ellos no sabían lo que estaba pasando y fueron convertidos públicamente en enemigos de El Chapo”, comenta Spector-Calderón.

De acuerdo con la información citada por su cliente Hernández Pacheco, 19 días después fue identificado uno de los presuntos secuestradores y las autoridades lo soltaron, lo que incrementó el temor y los riesgos de los periodistas implicados.

¿Qué podemos hacer?, le preguntó el camarógrafo a uno de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que en una respuesta directa le dijo: “Ya no los vamos a proteger. Nada podemos hacer por ustedes”.

—¿A dónde voy a ir?

—A la “puntita” de Mérida

—A Estados Unidos, habría terciado en la respuesta otro oficial.

El relato y testimonio de Hernández puso al descubierto una advertencia que les habrían hecho sus plagiarios, todos ellos jóvenes, de los policías: “Nosotros somos los buenos, ¡aguas de los federales!”.

Spector-Calderón dijo que en el mismo sitio donde estaban plagiados los periodistas había tres hombres —que fueron identificados como policías federales—, y uno de los cuales estaba herido de bala. No se supo más a cerca de estos hombres.

Hasta ahora prevalece la hipótesis de que los periodistas plagiados habrían sido secuestrados para “obligar a Televisa a difundir videos en contra de Los Zetas. El abogado sostiene que demostrarán la incapacidad del Estado, para que se le otorgue asilo político a Alejandro Hernández.

 

eluniversal.com
16-Sep-2010

Ex Procurador que renunció por asesinatos de periodistas es ahora líder del PRI en Veracruz
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Por Redacción / Sin Embargo enero 31, 2016 - 18:51h 5 Comentarios
El PRI de Veracruz designó hoy a Felipe Amadeo Flores Espinosa como su líder en la entidad. Flores ocupó el cargo de Procurador estatal de 2012 a 2014, periodo en el que fueron asesinados seis periodistas, entre ellos, Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso y Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de los diarios Notisur y Liberal del Sur.

Con Flores Espinosa como Procurador, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa detuvo las investigaciones de los asesinatos de los periodistas Regina Martínez, Víctor Manuel Báez y el de Gregorio Jiménez. Foto: Twitter @PRIVer_
Con Flores Espinosa como Procurador, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa detuvo las investigaciones de los asesinatos de los periodistas Regina Martínez, Víctor Manuel Báez y el de Gregorio Jiménez. Foto: Twitter @PRIVer_

Ciudad de México, 31 enero (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz nombró hoy como su líder estatal a Felipe Amadeo Flores Espinosa, ex Procurador General de Justicia en la entidad, acusado de entrampar las investigaciones de seis periodistas asesinados durante su gestión, como el caso de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso y Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de los diarios Notisur y Liberal del Sur.

Con Flores Espinosa como Procurador, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa detuvo las investigaciones de los asesinatos de los periodistas Regina Martínez, Víctor Manuel Báez y de Gregorio Jiménez. Otros casos como los de Esteban Rodríguez del periódico AZ, Gabriel Huge y Guillermo Luna, ambos reporteros de Notiver, la Procuraduría no investigó y turnó los expedientes a la Procuraduría General de la República (PGR).

Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, fue asesinada en 28 de abril de 2012. Foto: Cuartoscuro
Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, fue asesinada el 28 de abril de 2012. Foto: Cuartoscuro

Poco después de haberse conocido el asesinato de Gregorio Jiménez, el 11 de febrero de 2014, y con la presión del escrutinio público y la prensa, Flores Espinosa presentó su renuncia “por motivos personales” y agradeció al Gobernador Javier Duarte de Ochoa “la oportunidad de trabajar con él”.

Gregorio Jiménez, periodista de la comunidad de Villa Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, fue plagiado el miércoles 5 de febrero de 2014 del interior de su casa. El 11 de febrero de ese año su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina de Las Choapas, junto con los restos de otras dos personas, entre ellas el ex líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Villa Allende, Ernesto Ruiz Guillén, quien había sido “levantado” el 18 de enero.

Colegas periodistas denunciaron que Goyo Jiménez cubría desde hace meses información de secuestros y extorsiones en la región, y en específico dio seguimiento al caso de Ruiz Guillén.

Los propios comunicadores locales, además de la familia de Goyo y activistas en pro de la defensa de los derechos de los periodistas, rechazaron la versión del entonces Procurador Amadeo Flores, quien afirmó que su asesinato fue “por una venganza personal”, y exigieron una investigación seria que considerara el trabajo de Jiménez de la Cruz como una posible razón de su muerte.

Gregorio Jiménez, periodista de la comunidad de Villa Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, fue plagiado el miércoles 5 de febrero de 2014 del interior de su casa. El 11 de febrero de ese año su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina de Las Choapas. Foto: Cuartoscuro
Gregorio Jiménez fue plagiado el miércoles 5 de febrero de 2014 del interior de su casa. Foto: Cuartoscuro

Amadeo Flores se convirtió en el segundo Procurador que renuncia durante la administración de Javier Duarte. En 2011, Reynaldo Escobar Pérez, dejó su cargo a días de que la Secretaría de Marina (Semar) hallara 32 cadáveres en tres casas de Boca del Río, además de los 35 que habían encontrado en una avenida en el mismo municipio.

Flores Espinosa fue Procurador de Veracruz de 2012 a 2014.

El PRI Veracruz conservó como secretaria general del partido a Regina Vázquez Saut.

Al evento de la dirigencia del PRI Veracruz, realizado en el hotel Fiesta Americana en Xalapa, acudieron funcionarios del gobierno estatal, diputados federales y locales, alcaldes, militantes y el Senador con licencia y precandidato de unidad a la gubernatura, Héctor Yunes Landa y en ausencia del presidente del Comité Directivo Nacional, Manlio Fabio Beltrones.

Ante consejeros estatales del partido y más de mil simpatizantes en Xalapa, Flores Espinosa señaló:

“Este PRI usará la verdad como bandera, no habrá promesas que no se cumplan, nuestro partido reconoce agravios cometidos (sic) y justos reclamos”.

El nuevo Presidente del CDE del PRI remarcó total importancia en que en Veracruz habrá un PRI de “inclusión” y de “oportunidades”.

PROMO-DUARTE

ASESINATOS DE PERIODISTAS

De la larga lista de acusaciones contra la administración de Duarte de Ochoa destacan las agresiones contra periodistas, los encargados de informar la realidad que acontece en el estado han sido censurados por parte del gobierno estatal y por parte de la delincuencia han sido golpeados, amenazados y asesinados.

En un intento por aminorar este problema en la entidad veracruzana, el pasado 3 de noviembre, el Gobernador priista y representantes del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo para garantizar la seguridad de los periodistas en la entidad que ocupa el primer lugar en agresiones contra la prensa en el país.

Paradójicamente, en dicho evento agredieron a algunos de los periodistas que asistieron a la conferencia. De acuerdo con medios locales y con un video publicado por e-consulta en su canal de YouTube, un grupo de periodistas fue reprimido por trabajadores de Javier Duarte cuando pretendían realizar una protestas durante la firma del convenio.

PROMO-NARVARTE

Uno de los casos que provocó indignación social a nivel nacional fue el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, el 31 de julio del año pasado en la Ciudad de México. El reportero gráfico salió huyendo de Veracruz el 9 de junio por las amenazas de las que fue víctima.

A la lista de periodistas asesinados en la gestión de Javier Duarte se suma el caso de Moisés Sánchez Cerezo, quien el 2 de enero pasado fue sacado por un grupo armado de su casa y apareció muerto 23 días después en el municipio de Medellín de Bravo. Testigos y evidencias que señalan al ahora Alcalde desaforado y prófugo Omar Cruz Reyes, como el autor intelectual del homicidio.

Armando Saldaña Morales, de 53 años, periodista y locutor en las estaciones radiofónicas La Ke Buena y Radio Max, y colaborador en medios veracruzanos como El Mundo de Córdoba, El Sol de Córdoba y La Crónica de Tierra Blanca, fue encontrado muerto el 4 de mayo de 2015 en una zona limítrofe de Veracruz con Oaxaca.

De acuerdo con la organización Artículo 19, en 2014 Veracruz se ubicó, con 41 casos, entre las cinco entidades federativas con el mayor número de agresiones a periodistas. En el cuarto año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 14 reporteros han sido asesinados (la mayoría de estos casos están irresueltos), tres reporteros están desaparecidos en la entidad, una decena exiliados por amenazas veladas de grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados, golpeados u hostigados de forma anónima por ejercer el oficio.

Ayer, un informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) reveló que en los últimos 25 años, al menos 2 mil 297 periodistas y personal de prensa han perdido la vida en su intento de informar al mundo de guerras, revoluciones, crímenes y actos de corrupción, en tanto que los responsables de esas muertes continúan impunes.

México, con su violencia ligada al narcotráfico, es tercero en número de informadores asesinados con 120, detrás de Irak (309) y Filipinas (146). México y Filipinas son los países que ponen de relieve la “conclusión recurrente en nuestros informes de que tienen más comunicadores muertos en situaciones de paz que países en guerra”, según la FIP.
http://www.sinembargo.mx/31-01-2016/1610933

México es el tercer país con más periodistas asesinados en los últimos 25 años, reporta la FIP
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Por Redacción / Sin Embargo febrero 3, 2016 - 16:52h 0 Comentarios
La FIP dice que durante 2015 las violaciones a los derechos humanos empeoraron, “particularmente en México, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Paraguay y República Dominicana” países que el año pasado contabilizaron juntos los asesinatos de veinte y cinco periodistas “por ejercer su profesión”. Hoy mismo se dio a conocer que en México, un juzgado ordenó que la PGR atraiga, un año después del asesinato, la investigación del homicidio del periodista Moisés Sánchez.

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Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– “México ha dominado la lista de los países más peligrosos de América para los periodistas luego de que el país cayera en las garras de la violencia del crimen organizado, de los barones de la droga y de su complicidad con las administraciones de los estados”, dice un informe presentado este día en Bruselas por la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

En resumen, lo que el informe dice es que México es el tercer país con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos 25 años. El país ocupa el tercer sitio entre las naciones más letales para ejercer el periodismo con 120 asesinatos ocurridos en los últimos 25 años, sólo detrás de Irak con 309 homicidios y las Filipinas con 146 casos.

El informe menciona que los asesinatos abarcan todo el mundo, “desde Pakistán a Palestina hasta Sri Lanka a Somalia y Siria, Rusia, Irak, México y las Filipinas” y aunque dice que “sería tentador atribuir estas cifras desalentadoras sólo a los conflictos armados”, lo cierto es que estos crímenes ”afectan a todo el mundo”.

Jim Boumelha, presidente de la FIP, dijo este día que la publicación investiga la trayectoria de la crisis de seguridad en el ámbito periodístico “y atestigua la larga campaña llevada a cabo por la FIP contra la impunidad que rodea la violencia perpetrada contra los profesionales de los medios”.

Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, dijo a su vez que muchos periodistas “son víctimas de los barones del crimen organizado y de oficiales corruptos”.

Bellanger destacó además el que se registraran muchos más asesinatos en situaciones de paz que en países golpeados por la guerra. De acuerdo con la FIP, esta es la conclusión que se refleja en los diez puntos clave de los países más peligrosos que han sido víctimas de la violencia de la guerra, la infracción de la Ley y el orden, además del crimen y la corrupción.

El informe menciona que en América los altos índices de violencia contra los periodistas han sido una constante en la región en los últimos 25 años, tiempo en el que más de 800 periodistas fueron asesinados.

“En estas dos décadas y media, los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo han sido México, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala”, dice el documento presentado este día.

Refiere que durante 2015 las violaciones a los derechos humanos empeoraron, “particularmente en México, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Paraguay y República Dominicana” países que el año pasado contabilizaron juntos los asesinatos de veinte y cinco periodistas “por ejercer su profesión”.

La FIP denuncia además que los gobiernos son responsables de la negligencia en la protección efectiva de los periodistas. Y en el caso de México asegura que en los últimos años, ha dominado la lista de países peligrosos para los periodistas luego de que el país cayera “en las garras de la violencia del crimen organizado”.

La Federación dijo que a lo largo de estas “décadas de violencia y asesinatos” ha trabajado con su organización regional la Federación de Periodismo de América Latina y el Caribe (FEPALC) y sus afiliados para hacer frente a la crisis de seguridad en un número de maneras.

Dijo que también se ha enfrentado al problema de la impunidad por lo que, junto con la FEPALC, puso en marcha en la Ciudad de México la campaña contra la impunidad en los delitos contra periodistas bajo el lema de “Protege al mensajero para hacer llegar el mensaje”.

Para las dos organizaciones ”la violencia contra los periodistas es también violencia contra la sociedad y debe ser confrontado en nombre de la libertad”.

El documento expone que la escalada del trabajo precario en el periodismo aumentó notablemente durante los años noventa, “una década en la que América Latina se convirtió en laboratorio del mundo para las políticas neoliberales”.

Dice que bajo el pretexto de la “flexibilidad laboral”, los gobiernos liberalizaron las relaciones laborales y debilitaron la estructura sindical en la mayor parte del continente. “Mientras tanto, también hubo un aumento en la concentración de medios con prácticas monopolísticas y una alta penetración de capitales extranjeros”, refiere el informe.

“En muchos países, esta situación iba en contra de los periodistas que son víctimas de la estrecha relación entre las élites de gobierno y los grandes propietarios de medios. Esto socava gravemente el libre ejercicio de la profesión, ya que las empresas de medios de comunicación en connivencia con el poder político y económico impulsan sus propias agendas políticas y económicas”, dice el reporte.

La FIP destacó que este tipo informes anuales sirven para activar la alarma contra la violencia ejercida contra los reporteros y para promover su protección, así como la importancia de mitigar los riesgos para su seguridad.

Este último documento subraya asimismo que la responsabilidad es compartida, lo que supone el papel activo de los propios periodistas y sus empleadores a la hora de recibir formación en misiones de riesgo, evitar conductas imprudentes y tomar todas las precauciones necesarias cuando se encuentren en situaciones peligrosas.

“Es importante comprender que todo el mundo, desde los funcionarios de los gobiernos y los oficiales militares hasta todo aquel que entre en contacto con los periodistas, debe respetar su independencia”, dijo Bellanger. ¨

Mencionó que esto requiere que los gobiernos cumplan con sus obligaciones internacionales de investigar los asesinatos de los periodistas y sentar a los autores de estos crímenes en el banquillo, disuadiendo así cualquier violencia futura.

“Es necesaria también la voluntad y la disposición de las Naciones Unidas y el conjunto de sus agencias, como guardianes de los instrumentos internacionales, para garantizar el derecho de la integridad física de todos los seres humanos, en beneficio de los periodistas y de todos los trabajadores de los medios de comunicación”, indicó.

Moisés Sánchez Cerezo, periodista secuestrado y asesinado en Veracruz. Foto: Especial.
Moisés Sánchez Cerezo, periodista secuestrado y asesinado en Veracruz. Foto: Especial.

PGR ATRAERÁ CASO MOISÉS, UN AÑO DESPUÉS DE SU MUERTE

Una jueza federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a atraer la investigación por el asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo a más de un año del homicidio. Con ello, la averiguación previa queda bajo estricta y única responsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

“La Jueza del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a la PGR emitir una resolución en la que determine atraer la investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz. Esto significa que la Fiscalía de Veracruz tendrá que dejar de conocer la averiguación previa, la cual queda bajo estricta y única responsabilidad de FEADLE”, informó hoy la organización internacional Artículo 19 en un comunicado.
La organización en defensa de la libertad de expresión criticó que tanto la FEADLE como como la agente del Ministerio Público Federal Auxiliar de la PGR, se negaron a ejercer la facultad de atracción del caso Moisés Sánchez que les fue solicitada desde el 8 de enero de 2015, ocho días después de la desaparición del periodista de Medellín del Bravo, mediante un recurso de reconsideración.

Artículo 19 detalló que de manera inédita el juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal, mediante la sentencia del 28 de enero de 2016 (amparo 871/2015) estableció que la PGR soslayó reconocer que se acreditan las circunstancias bajo las cuales está obligada a atraer la investigación del caso conforme al artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP).

“En específico, señaló que la PGR ignoró la existencia de indicios y señalamientos sobre la probable participación de autoridades en los hechos, entre otras”, destacó la organización.
El juzgado determinó que como “violatorios de los estándares de la libertad de expresión” a los argumentos utilizados por la PGR que hacían referencia a la inexistente acreditación de la labor periodística de Moisés Sánchez así como un vínculo de su profesión con su asesinato, específicamente bajo el argumento de que la víctima era taxista, labor que el director de La Unión de Medellín desempañaba para llevar el sustento a su casa y para obtener recursos para editar su diario.

“En efecto, al exigir la PGR la acreditación de la calidad de periodista, se aparta de los criterios que han emitido órganos internacionales de derechos humanos, además de ignorar su competencia que en el caso de Moisés se encuentra claramente acreditada conforme a los artículos 6 y 10 del CFPP”, precisó la organización.

La organización alertó que “la sentencia en su conjunto hace patente el problema estructural de la FEADLE para ejercer su facultad de atracción, la cual sigue utilizando de manera discrecional y arbitraria. También confirma, como lo hemos señalado, que las actuaciones alrededor del caso de Moisés Sánchez tendientes a rechazar la línea de investigación por su actividad periodística, son ociosas”.

“Hoy, esta sentencia de amparo fortalece el ámbito de garantía y protección para todas las personas que ejercen la libertad de expresión en México, en tanto se sujeta a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, de cumplimiento obligatorio para todo el Estado mexicano. Además interpreta de manera progresiva las reformas constitucional (2012) y legal (2013) en materia de persecución de delitos contra la libertad de expresión, rescatando el sentido de las mismas y obligando a la PGR a constreñirse a parámetros claros y precisos”, agregó.

http://www.sinembargo.mx/03-02-2016/1612818

En Defensa México los usuarios podemos estar en contra de uno que otro periodista idiota, pero como encarnación del derecho a la libre expresión defenderemos su profesión hasta el final y con nuestra propia vida, pues tal derecho ha sido pagado abundantemente con sangre.

Los periodistas son los guardianes de la democracia, y el derecho a libre expresión plasmado en la constitución es más que una mera formula, es un objeto sagrado.

Aquellos que maten para tapar drenajes que de todos modos olerán siempre mal no tienen cabida entre los hijos de la patria.

Este tema no es tan extenso como mereciera, pero queda como negro testamento de un periodo negro de nuestra nación.

Anabel, una vida sin interés…
De Isabel Arvide • 15 de febrero del 2016

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México, 15 de febrero.- El bebé tiene dos meses y probablemente lo amamantaba. El otro hijo, pequeñito, tenía poco de haber aprendido a caminar. Cuando una persona -¿vivía con una pareja, con sus padres, con parientes?- abrió la puerta de la casa a eso de las dos de la madrugada, Anabel dormía. De su cuarto, en improvisado pijama, la sacaron para matarla.

Pero antes -no olvidar- la vejaron, la torturaron, la violaron.

¿Por qué? Tan estúpido como simple, porque pueden. Porque para ellos no existen leyes, porque en Veracruz la impunidad rebasa cualquier calificativo, porque ya habían secuestrado y asesinado a otros periodistas. El mensaje estaba comunicado con excelencia por el Gobierno de Javier Duarte: La vida de los periodistas no tiene ningún valor.

Cómo hace años sucedió en Ciudad Juárez con tantas mujeres secuestradas, vejadas, torturadas y violadas antes de ser asesinadas.

Los criminales lo hacen porque pueden hacerlo. Porque no hay castigo. Porque las autoridades han sido omisas.

Anabel Flores era periodista. Como somos todos, o más del noventa por ciento, trabajaba “por la libre”. Escribía sobre lo que sucede todos los días en Veracruz: la violencia, la muerte, los criminales.

Escribía para El Sol de Orizaba y, también, fue su pecado en redes sociales. Cubría, fascinación en provincia porque, insisto, ese es el pan de cada día, sobre temas de “nota roja”.

Antes de ser asesinada pocos habían escuchado hablar de ella.

¿Por qué puede suceder esto?

Este es el país de la violencia y la impunidad que el papa Francisco conoce. Estas víctimas son las que no tienen voz, son los “descartados” de los que hablase en sus homilías.

El gobernador Javier Duarte se apuró primero a ligar a la periodista con los criminales. ¿Qué así no es más fácil ignorar su asesinato? Como sucedía en Ciudad Juárez donde los gobernantes en turno declaraban que “ellas se lo buscaron”, el procurador a su servicio dijo que la periodista estaba (ignoro qué quiere decir “estaba”, ¿pasaba por ahí?, ¿era una de las invitadas?, ¿la encontraron sentada en sus piernas?) presente en una reunión donde fue detenida una persona “sospechosa”.

A continuación, con el cadáver encontrado en la carretera de Puebla, el gobernador Duarte descubrió que había un autor intelectual. Un criminal que primero estuvo oficialmente “muerto” y después fue “detenido” para encarcelarlo en el penal de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

Este señor apodado “El Chichi” habría ordenado el crimen porque sí. O porque le era conveniente a Duarte tener a un “asesino” ya preso.

Porque de los asesinos “físicos”, de quienes realizaron el secuestro y la mataron, no se sabe nada. No es necesario detenerlo.

Para justificar esta “apreciación” políticamente conveniente del descubrimiento del asesino “intelectual”, el todavía gobernador de Veracruz afirmó que el motivo fue un tweet de la periodista.

Anabel tenía una cuenta de Twitter bajo el seudónimo de Mariana Contreras. Ahí “publicó” la fotografía del sucesor de este criminal, apodado “El Chichi”, de nombre Josele Márquez, que según ella es el hijo del director de la Policía de Ciudad Mendoza, y se llama Omar Escalona, a quien pedía denunciar.

¿Por qué no está detenido el jefe de la Policía? ¿Por qué no han mandado investigar, perseguir, detener a este muchacho? ¿Por qué asumir que con “descubrir” a un supuesto autor intelectual, ya preso, es suficiente para hacer justicia?

En México, espero que se lo hayan dicho al papa Francisco, existen cientos de periodistas asesinados por razones de su desempeño profesional. Cada día es más peligroso hacer periodismo de investigación y/o denuncia. Cada día los periodistas están (estamos) más vulnerables e indefensos ante el poder criminal y el poder político, que a veces son uno.

Anabel era una mujer muy joven, madre, que por alguna extraña razón pensó que era importante decir cosas. Esto, decir cosas, tendría que estar garantizado en la Constitución y en la realidad. No sucede así. Y menos todavía en Veracruz.

Cuando la doble impunidad, de los criminales y de las autoridades, que ha dejado sin castigo a los asesinos de periodistas, invita a matar a otro. Eso es responsabilidad, una más, que Javier Duarte ha incumplido.

El papa Francisco habló con energía a favor de los seres humanos “descartados”, Anabel es una ella.

En su memoria escupamos a la cara de las autoridades cómplices y exijamos una investigación al Gobierno federal que pase por encima del miasma de Veracruz.

Ni uno más.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor MX
http://www.estadomayor.mx/61197

El crimen de la Narvarte, paso a paso
Narcomenudeo, el principal móvil

Por: Redacción Letra Roja
Viernes, agosto 14, 2015. 8:43 AM
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Ciudad de México.- La historia del multihomicidio comienza la noche del jueves 30 de julio cuando el fotoperiodista Rubén Espinosa y su amigo Antonio Contreras Durán se encontraban en un bar en el primer cuadro de la ciudad de México. En ese lugar permanecieron bebiendo y departiendo hasta las 2 am, cuando los empleados del lugar, que los identificaron plenamente, les exigieron el pago de la cuenta porque el servicio había terminado.

La plática, entre otras cosas, versó sobre el desempleo de Rubén, quien le dijo a su amigo –contrario a distintas versiones periodísticas- que estaba desempleado, “tengo meses sin trabajo, apenas una que otra colaboración”.

Poco después de las 2 am abordaron un taxi que los llevó a Luz Saviñón No. 1909. Pagaron el taxi y luego de llamar por teléfono a la activista Nadia Vera y avisarle que seguirían bebiendo en ese lugar, acudieron al Oxxo que está a pocos metros y compraron diversas bebidas.

Subieron al departamento 401 y los recibió Nadia, eran poco después de las 2 am. Esbeydi, quien también vivía en el departamento y trabajaba en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), los escuchó cuando llegaron y en su declaración dijo que escuchó la plática y que seguían bebiendo.

Durante el resto de la madrugada, continuaron departiendo, consumieron alcohol, mariguana y el fotoperiodista utilizó cocaína.

Entre las 8 y las 9 de la mañana llegó la empleada doméstica, Alejandra Negrete Avilés, y poco después salió Esbeydi, quien los saludó y se despidió de ellos, y de la activista.

Al filo de las 10 am, Rubén y Antonio Contreras decidieron que era hora de retirarse, descendieron a la planta baja y desde la ventana los despidió la activista. Caminaron por Luz Saviñón hasta un puesto de vigilancia policiaca, le preguntaron a un policía de turno que si estaba más cerca el Metro, el Metrobús o algún otro sistema de transporte. El policía les dio las instrucciones y siguieron caminando.

Un par de cuadras adelante, el periodista le dijo al amigo que la estación más cercana estaba muy lejos. “¿Sabes qué? Yo mejor me regreso. No tengo sueño. Además no me caerían mal otros tragos. El video que tiene en su poder la autoridad muestra el regreso de Rubén Espinosa cerca de las 11 am a Luz Saviñón.

Desde ese momento y hasta las 14:00 horas hay un hoyo negro en el tiempo. Y no se sabe lo que pasó.

Los hechos se reanudan minutos después de las 14:00 horas, las cámaras de vigilancia del C4 registran la llegada de tres hombres a Luz Saviñón No. 1909, que permanecen unos minutos en la puerta. Los tres usan gorra, por lo que es difícil identificarlos.

Uno de ellos, que hoy se sabe responde al nombre de Abraham y se dedicaba a acomodar automóviles en un centro comercial, aparece el video con el teléfono celular en la oreja derecha. Camina en círculos, por momentos se detiene. Minutos después se abre la puerta de Luz Saviñón No. 1909. Los tres ingresan, son las 14:05 horas.

El teléfono celular encontrado en la recámara principal del departamento No. 401, presuntamente propiedad de Mile Virginia Martín registra una llamada que hoy se sabe era la de Abraham, quien le habría pedido que abriera la puerta por el interfon.

Ese mismo teléfono contiene el registro de tres números identificados con las claves de dealer 1, dealer 2 y dealer 3. Uno de los cuales corresponde al teléfono de Abraham.

De las 14:05 horas a las 15:02 tampoco se sabe que pasó. Otro hoyo negro.

Sin embargo, según la investigación de Letra Roja y de acuerdo con la mecánica de los hechos, los tres hombres habrían subido al departamento No. 401 donde la puerta habría sido abierta por Alejandra Negrete, la trabajadora doméstica.

Según la misma mecánica de hechos y de acuerdo con los peritajes forenses, Alejandra Negrete habría sido la primera en ser sometida, amordazada, introducida al baño y asesinada. La víctima mantenía su ropa casi intacta, sólo mostraba señales de forcejeo y escoriaciones.

Siguiendo la misma mecánica de los hechos y siempre de acuerdo a los peritajes, mientras uno de los tres asaltantes habría cerrado la puerta de la recámara principal, donde dormían Mile Virginia Martín y Yesenia Quiroz, los otros dos entraron a la segunda habitación, donde estaba Rubén Espinosa y Nadia Vera, estas dos víctimas fueron encontradas vestidas, tampoco mostraban violencia extrema pero sí aparecieron signos de sometimiento. Los dos cuerpos tenían un tiro en la cabeza.

Según los forenses, los criminales entraron por último a la recámara principal. En esta habitación fue donde apareció la huella digital -en el clóset- que sirvió para identificar a Daniel Gutiérrez Pacheco, a quien el día de ayer se le dictó auto de formal prisión.

En la recámara de Rubén y Nadia se encontraron varias bolsas de mariguana. Ambos estaban intoxicados.

De las cuatro mujeres, solo la colombiana, Mile, mostraba signos de abuso sexual. La mecánica de los hechos supone que a ella y a Yesenia -que compartían habitación- las sometieron y asesinaron al final.

Primero a Yesenia, la ahorcaron con un cable de teléfono y luego le dispararon en la cabeza. No se ha determinado si murió por estrangulación o por las lesiones del disparo. Su cuerpo apareció semioculto debajo de la cama.

Por alguna razón, la mayor crueldad se cometió contra la colombiana, a la que torturaron en distintas partes del cuerpo con un instrumento punzocortante. En la sala de la casa apareció un pelapapas con sangre en la punta y en la empuñadura.

Mile Virginia Martín fue abusada sexualmente en varias ocasiones tanto anal como vaginalmente. Fue estrangulada con una liga de pilates, sólo ella tenía un disparo en la cabeza producido con un cojín de por medio. Cerca de su cuerpo apareció una bolsa de mano con droga, pastillas y droga sintética.

Una fuente diplomática negó que Mile Virginia pensara regresar a su país como dijeron algunos familiares. Lo cierto es que, las autoridades mexicanas indican que la colombiana comprobó que la habían contratado como edecán y bailarina, por lo que sólo le faltaba una entrevista para darle la residencia.

Declaraciones de amigos, refieren que no tenían trabajo fijo, pero que siempre traía dinero. Más aún en las últimas semanas era la principal aportante de recursos económicos al departamento de las cuatro mujeres.

Había comprado, el multicitado Mustang rojo, semanas antes. Lo adquirió a cambio de una camioneta Escape de modelo no reciente y de 40 mil pesos en efectivo, y quedó a deber 50 mil (total 90 mil pesos).

Otras amistades de la colombiana dicen que sostenía una doble actividad, la prostitución y el narcomenudeo.

Dicen los peritajes de la escena del crimen que los presuntos responsables llegaron en busca de algo. Aún no se sabe qué trataban de encontrar, lo cierto es que se especula que Mile Virginia Martín se dedicaba al tráfico de drogas en pequeña escala, que tenía un grupo de distribuidores, dealers entre los que estaban algunos de los tres hombres que participaron en el crimen.

En su declaración, Daniel Gutiérrez Pacheco dijo que no era la primera vez que iba al departamento. Señaló que compraba droga y sexo.

Después de la huida de los tres hombres como aparece en el video, el detenido declaró que dejó el Mustang rojo en un lugar previamente determinado y que luego se fue en un automóvil verde. Cuando la policía encuentra el vehículo rojo, en su interior descubren una caja con dosis personales de mariguana.

Hasta el momento nadie sabe qué se llevaron en la maleta. Pero según declaraciones ninguna de las cuatro mujeres tenía objetos de valor en el departamento.

http://www.letraroja.com.mx/el-crimen-de-la-narvarte-paso-a-paso/

El comandante que investigó el multihomicidio en la Narvarte contaminó la escena del crimen
Huellas encontradas en el departamento de la colonia Narvarte pertenecen a Gustavo Xavier González Ángeles, "comandante en jefe" de la Policía de Investigación capitalina, una de las primeras autoridades que ingresaron a la escena del crimen y quien no garantizó la preservación de las evidencias del caso.

El comandante que investigó el multihomicidio en la Narvarte contaminó la escena del crimen
El l multihomicidio ocurrió el 31 de julio en la colonia Narvarte. // Foto: Cuartoscuro. Cuartoscuro
Paris Martínez (@paris_martinez)
enero 28 2016 08:14
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FONDEA el periodismo independiente
El l multihomicidio ocurrió el 31 de julio en la colonia Narvarte. // Foto: Cuartoscuro.
El l multihomicidio ocurrió el 31 de julio en la colonia Narvarte. // Foto: Cuartoscuro.
Según peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el departamento de la colonia Narvarte donde fueron asesinadas cinco personas, el 31 de julio de 2015, fue contaminado por el mismo “comandante en jefe” que encabezó la investigación en sus primeras etapas, y quien, al ingresar a la escena del crimen, no garantizó su correcta preservación.
Tal como consta en el dictamen de dactiloscopia realizado tres días después del multihomicidio (del que Animal Político posee una copia), en este departamento se detectaron 17 huellas dactilares que pertenecen al menos a cuatro personas distintas a las víctimas y a quienes se asumió como presuntos involucrados en el crimen.

Gracias a la base de datos de presuntos delincuentes de la Subdirección de Identificación Humana de la PGJDF, el primer grupo de huellas se pudo vincular con Daniel Pacheco Gutiérrez, quien ya contaba con antecedentes penales y quien se convirtió en el primer detenido por su presunta participación en este homicidio múltiple.

Asimismo, se confirmó la presencia de huellas de dos cómplices, que hasta la fecha no han podido ser identificados, por lo que ya fueron inscritos en la misma base de datos de la Procuraduría capitalina.

En contraste, el cuarto grupo de huellas no fue identificado con la base de datos de presuntos delincuentes, sino con los registros del personal de la misma Procuraduría: eran las huellas de Gustavo Xavier González Ángeles, “comandante en jefe” de la Policía de Investigación capitalina, una de las primeras autoridades que ingresaron a la escena del crimen.

Tal como consta en el peritaje de la PGJDF, las huellas de este funcionario fueron ubicadas al menos “en la superficie externa de la puerta de acceso principal al departamento, por encima del mecanismo de seguridad del inmueble”, lo que “evidencia que las autoridades no garantizaron la preservación de las evidencias al iniciar su investigación, contaminándolas”, y comprometiendo así la integridad de dichas pesquisas, tal como consideró la abogada Karla Michelle Salas, integrante del equipo legal que da acompañamiento a las familias de las víctimas, consultada a este respecto.

Cabe destacar que los propios registros de personal de la Procuraduría capitalina demuestran que el comandante Gustavo Xavier González Ángeles no cuenta, en realidad, con formación policial profesional, a pesar de lo cual fue el encargado de arrancar las investigaciones del multihomicidio en Narvarte.

De hecho, el currículum de este funcionario, publicado por la PGJDF en su página de internet, señala que el comandante González Ángeles no tiene estudios de licenciatura en ningún área de conocimiento, sino que únicamente cursó una “carrera técnica” (es decir, de nivel bachillerato), de la que egresó como “técnico en plásticos”.

Este funcionario es “comandante” de la Policía de Investigación desde 2009, aún cuando desde ese año rige una norma que obliga a que los agentes de esta corporación cuenten con el título de “técnico superior universitario en investigación policial”.

En 2009, se dio la oportunidad para que aquellos integrantes de la extinta Policía Judicial que no contaran con estudios universitarios, los acreditaran mediante un curso policial de un año, al cabo del cual obtendrían su título de educación superior.

Siete años después de que se estableció tal requisito obligatorio para formar parte de lo que hoy es la Policía de Investigación, el comandante González Ángeles sigue contando únicamente con formación como “técnico en plásticos” a nivel bachillerato.

Aún así, González Ángeles no sólo encabezó las pesquisas del caso Narvarte al menos durante las primeras semanas después del hecho, sino que, en la actualidad, ostenta el cargo de “director de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales” de la PGJDF.

http://www.animalpolitico.com/2016/01/el-comandante-que-investigo-el-multihomicidio-en-la-narvarte-contamino-la-escena-del-crimen/

Caso Narvarte: hacen 30 llamadas durante el crimen
Los tres implicados también intercambiaron mensajes con otras personas, dice un abogado de las víctimas

23/09/2015 08:45 FILIBERTO CRUZ MONROY

Abogados de los familiares de las víctimas del quíntuple asesinato de la calle Luz Saviñón consideran que es indispensable que la Procuraduría de Justicia del DF investigue todas las llamadas que hayan realizado días antes los detenidos.
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre.- Los tres consignados por el caso Narvarte tuvieron intercambio de al menos 30 mensajes y llamadas por celular con otras personas en su trayecto al edificio marcado con el número 1909 de la calle Luz Saviñón, y no dejaron de hacerlo durante el tiempo que permanecieron dentro del departamento 401, así como en las siguientes dos horas de haberse consumado el multihomicidio.

Las sábanas telefónicas que posee la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) revelan que Abraham Torres Tranquilino, Daniel Pacheco y César Omar Martínez Zendejas usaron constantemente sus celulares, incluso hasta después de abandonar el Mustang, robado a una de las víctimas, en Coyoacán.

David Peña, uno de los abogados de las víctimas, pidió que se investigue esas llamadas para determinar con quiénes se contactaron los implicados.

“Es importante saber si alguien ordenó los homicidios, y por eso hay que conocer con quiénes hablaron (los tres detenidos). Si se contabilizan las llamadas hechas días antes y días después del crimen, podrían ser cientos. Su análisis podría llevar a las autoridades a nuevas líneas de investigación”, consideró el litigante.

REALIZAN CATEOS

La Fiscalía de Homicidios de la PGJDF realizó cateos en los tres domicilios de los acusados de los homicidios del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera, de Alejandra Negrete, de Yesenia Quiroz y de la ciudadana colombiana Mile Virginia Martín.

En ninguna de las casas se halló droga, por lo que la hipótesis referente a que el quíntuple homicidio se cometió por un asunto de narcóticos aún no está corroborada. Hasta la fecha no hay un móvil contundente.

Excélsior informó de la existencia de cuatro nuevos videos en posesión de la PGJDF. Las videograbaciones dan seguimiento al Mustang de Mile, que le fue robado tras haber sido asesinada. En esas imágenes se observa una camioneta y dos sospechosos más que podrían haber participado en el multihomicidio.

Las cámaras del gobierno de la ciudad hicieron un seguimiento del Mustang hasta que arribó a la calle Paseo de los Abetos, colonia Paseos de Taxqueña, delegación Coyoacán.

En ese punto se pierde la imagen, aunque una cámara particular revela que los dos sujetos que viajaban en el Mustang fueron seguidos por otros dos que van a bordo de una camioneta sin identificar (posiblemente una Jeep Patriot).

Los videos fueron entregados por un supuesto testigo anónimo, quien se los llevó en una USB color rosa al comandante en jefe de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía de Homicidios, de acuerdo con la PGJDF.

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/23/1047264

La terrible historia
de la Narvarte
Salvador Camarena
La Feria
SALVADOR CAMARENA
09.09.2015
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Columnas Carteles Opinión Salvador Camarena narcotraficantes La Feria caso Narvarte ARTICULO1 Comentario A+A-


Rubén Espinosa. (Eladio Ortiz)
Les voy a contar una historia. Quizá de arranque les suene conocida. Sin embargo, les pido paciencia. Sigan el relato, creo que vale la pena.

Con apenas un año en la corporación, un joven policía es acusado por el delito de tortura luego de un operativo en Tepito, por lo que fue dado de baja del organismo más numeroso del país. En diciembre de 2011 es procesado, en octubre de 2012 es sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión, pero en diciembre de ese año, ni a la cuarta parte de su condena, se le da el beneficio de la preliberación.

El año pasado, el ahora expolicía conoció en el antro Life de la colonia Condesa a una chica, a quien el 31 de julio quiso robarle cocaína, droga que la mujer habría recogido en el aeropuerto capitalino. Para cometer el atraco, según la propia declaración del expolicía, se hizo acompañar de dos cómplices, uno de ellos supuestamente perteneciente a Los Zetas. Ocurrió que el día del robo la mujer no estaba sola. Otras cuatros personas, entre ellas una activista y un fotógrafo de prensa, estaban también en el departamento de la colonia Narvarte donde se supone que estaba “el perico”, es decir la cocaína.

El robo terminó en un quíntuple homicidio. En su huida los presuntos homicidas fueron detenidos en Tlalpan por policías capitalinos, que “mordida” de por medio los dejaron ir. Y durante las cuatro semanas posteriores al crimen el expolicía tuvo la cara dura de ir a firmar al reclusorio su libertad condicional. En una de esas ocasiones, finalmente lo detuvieron.

Hoy, al cumplirse cuarenta días de los hechos hay al menos un cómplice, el que se supone que trabaja para Los Zetas, prófugo. (Esta apretada reconstrucción de hechos se beneficia de las notas de Mario Torres de Televisa, Yáscara López de Reforma y Carlos Jiménez de La Razón).

Este cuento verdadero es una tragedia a la que hay que agregar dos ingredientes, por si hicieran falta: el dueño del antro donde el expolicía
–según su propia declaración ministerial— conoció a la que sería su víctima fue, a su vez, ejecutado afuera de su negocio un mes antes de los hechos de la Narvarte. Y dos: la semana pasada fue decomisada una tonelada de cocaína en el aeropuerto capitalino.

Insisto. Esta historia ustedes no la habían escuchado así. Es terrible la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, asesinados en ese departamento de la Narvarte. Ellos fueron también víctimas del clima de acoso a la prensa y a activistas de derechos humanos que caracteriza la administración de Javier Duarte en Veracruz.

Pero si por un momento dejamos de lado los apellidos Espinosa-Vera, y vemos los hechos incluso sin nombres, como lo redacté arriba, tenemos un ejemplo, un caso emblemático del rompecabezas de barbarie que ocurre todos los días a nuestro alrededor defeño:

Policías que se vuelven criminales, cárteles de la droga operando en la ciudad de México (leer a David Saúl Vela en EL FINANCIERO (http://bit.ly/1KAdoVI), policías que aceptan sobornos, nuestro “cucho” aeropuerto que es al mismo tiempo un efectivo centro de distribución de droga, antros donde operan narcomenudistas… y unos capitalinos que toleran declaraciones de un jefe de Gobierno que insiste en que en el DF no operan los señores del narcotráfico.

Lo de la Narvarte es terrible. Es toda una historia. Con o sin Rubén y Nadia.

Twitter: @SalCamarena

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-terrible-historia-de-la-narvarte.html

10 DATOS CLAVE SOBRE EL CASO DE MULTIHOMICIDIO EN LA COLONIA NARVARTE
¿Por qué el fotoperiodista Rubén Espinosa se fue de Veracruz? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Autoridades y ONG dieron información
Domingo, 2 de agosto de 2015 a las 5:11 PM

Ciudadanos se manifestaron este domingo para reclamar justicia por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres



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Por: /
| Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -
La muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres en la colonia Narvarte de la capital mexicana activó una investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y también protestas de periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

A continuación te presentamos 10 datos clave sobre el caso:

1.- El crimen

El multiasesinato de cuatro mujeres y un hombre se registró la noche de este viernes en un departamento ubicado en la calle Luz Saviñón de la colonia Narvarte, en el centro de la Ciudad de México.

"Los cuerpos de las víctimas, que fueron localizados en las recámaras y el baño del departamento, presentaban, cada uno, una herida de disparo de arma de fuego, calibre 9 milímetros, en la cabeza; así como algunas escoriaciones en diversas partes del cuerpo, presuntamente originadas por el forcejeo previo al sometimiento al que fueron expuestas", indicó este domingo la PGJDF.

Una fuente de la policía, citada por AFP, indicó antes que las personas estaban maniatadas con cinta adhesiva y con presumibles huellas de tortura.

2.- ¿Quiénes son las víctimas?

El fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril (31 años) es una de las víctimas del asesinato múltiple, además de cuatro mujeres. La PGJDF no ha detallado cuál es su nombre.

De acuerdo con información que dio este domingo la PGJDF, una de ellas era maquillista de 18 años de edad, proveniente de Mexicali, Baja California.

Otra mujer de 32 años era promotora de actividades culturales y era originaria de Chiapas.

La tercera era empleada doméstica, de 40 años, proveniente del Estado de México.

En el caso de una cuarta mujer se cree que es de origen colombiano, de 29 años.

3.- Las líneas de investigación

La PGJDF informó que investiga de entrada el caso por los delitos de homicidio y robo, sin descartar ninguna línea de investigación.

Además "activó inmediatamente los protocolos de Homicidio y Feminicidio, así como el de Atención a periodistas".

Por los hechos la Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se coordinará con la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, en las investigaciones del caso.

Sin embargo, Rodolfo Ríos Garza, procurador capitalino, descartó que existan indicios para que la PGR atraiga por completo el caso.

http://expansion.mx/nacional/2015/08/02/10-datos-clave-sobre-el-caso-de-multihomicidio-en-la-colonia-narvarte

El crimen de la Narvarte: repercusiones internacionales
U
n extenso grupo de escritores, artistas y periodistas de varios países reveló una misiva dirigida al presidente Enrique Peña Nieto en la que demanda el rápido y efectivo esclarecimiento de los asesinatos perpetrados el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte de esta capital, cuyas víctimas fueron el fotorreportero veracruzano Rubén Espinosa, la estilista Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín (de nacionalidad colombiana), la empleada doméstica Alejandra Negrete y la antropóloga Nadia Vera.

En la carta, firmada entre otras personalidades por los escritores estadunidenses Noam Chomsky y Paul Auster, el indo-británico Salman Rushdie, el nicaragüense Sergio Ramírez, la canadiense Margaret Atwood, los mexicanos Juan Villoro, Lorenzo Meyer y José Agustín, el director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas, Joel Simon, la periodista estadunidense Ariana Huffington y los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, se señala que las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes.

Hace énfasis en la necesidad de investigar, sin contemplaciones, a los funcionarios estatales y municipales que se puedan haber visto involucrados en ésta y otras agresiones contra informadores, y recuerda que desde la llegada al cargo del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en 2010, en esa entidad las amenazas, los maltratos y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedentes y en todos los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas. El documento señala como causas de la extrema vulnerabilidad en la que desempeñan su trabajo los informadores en el México actual a las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos.

Los reclamos son fundados, no sólo por el alto número de periodistas asesinados en el país durante el sexenio anterior y en lo que va del actual, sino también porque la gran mayoría de los crímenes correspondientes no han sido esclarecidos; al contrario, las autoridades encargadas de procurar justicia han buscado en forma regular desviar las investigaciones hacia circunstancias ajenas al trabajo informativo de las víctimas.

El caso de los cinco asesinados en la colonia Narvarte el último día del mes pasado es paradigmático a este respecto. Desde un primer momento la procuraduría capitalina buscó introducir factores poco verosímiles en la investigación –el supuesto robo como móvil del crimen, por ejemplo–, restó importancia al hecho de que dos de los ejecutados habían recibido reiteradas amenazas por su trabajo en Veracruz; proporcionó datos inexactos a la opinión pública, permitió la filtración de nombres de las víctimas y hasta de fotos denigrantes de la escena del crimen y buscó centrar la atención en la ocupación y la nacionalidad de una de las víctimas –la colombiana Martín–, en lo que la opinión pública percibió como un intento por vincular el episodio a un asunto de narcotráfico.

Lo cierto es que la Federación y los gobiernos de Veracruz y el Distrito Federal fallaron en su obligación de proteger la vida de un periodista y una activista social que habían declarado de modo reiterado que se encontraban en riesgo de muerte, y que a más de dos semanas de ocurrido el crimen múltiple la autoridad capitalina sólo ha logrado consignar ante tribunales a uno de los sospechosos y ni siquiera ha podido ofrecer una explicación convincente de lo ocurrido. En suma, los asesinatos de la calle Luz Saviñón y los extravíos en la pesquisa subsecuente han puesto en evidencia un nuevo y exasperante quebranto al estado de derecho en el país y, en, particular, en la ciudad de México, la cual, como señala la carta comentada, era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico en el territorio nacional.

Por último, el documento referido confirma que, en tanto las instituciones nacionales sigan siendo incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos, periodistas y activistas o no, y mientras las entidades encargadas de procurar justicia sigan dando muestras de falta de voluntad política y hasta de sensibilidad, es inevitable que el crimen de la Narvarte profundice la mala imagen gubernamental de México en el extranjero, como ha venido ocurriendo en los casi 11 meses transcurridos desde la agresión contra estudiantes normalistas en Iguala, que dejó saldo de seis asesinados, dos heridos graves y 43 estudiantes desaparecidos, y cuyo paradero no ha sido dilucidado en forma verosímil.

http://www.jornada.unam.mx/2015/08/17/edito

Esta es la declaración de Javier Duarte sobre los asesinatos en la colonia Narvarte
En agosto, el gobernador de Veracruz compareció ante la PGJDF por el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa y cuatro mujeres. Aquí revelamos qué declaró.

Esta es la declaración de Javier Duarte sobre los asesinatos en la colonia Narvarte
El fotorreportero Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera fueron asesinados en el DF en julio de 2015. // Foto: AP. AP
Salvador Camarena / Más por más
enero 19 2016 13:20
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FONDEA el periodismo independiente
El fotorreportero Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera fueron asesinados en el DF en julio de 2015. // Foto: AP.
El fotorreportero Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera fueron asesinados en el DF en julio de 2015. // Foto: AP.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, respondió en agosto pasado al interrogatorio ministerial en el que participó por el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México ocurrido el 31 de julio de 2015.
Entre los muertos estaban – además de tres mujeres – el fotorreportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, ambos habían denunciado agresiones a su trabajo en suelo veracruzano.

Máspormás presenta en exclusiva el contenido de esa declaración, realizada en Xalapa, Veracruz, el 11 de agosto del año pasado. El documento consta de 10 hojas tamaño oficio, y está dividido en 37 preguntas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y 42 cuestionamientos de la instancia coadyuvante del caso, la organización civil Artículo 19.

Ante las preguntas realizadas por la organización, el gobernador reitera que Veracruz es una entidad donde se puede desempeñar de manera óptima la labor periodística. Lo que contrasta con las 11 muertes violentas de informadores que han ocurrido ahí desde que él asumiera el poder el 1 de diciembre de 2010.

Según el gobernador, de ese número, ocho han sido atraídos por autoridades federales y que los restantes han sido totalmente esclarecidos por su gobierno.

Estas son algunas de las preguntas realizadas al gobernador durante su declaración por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que tiene a cargo la investigación.

Pregunta: “¿Considera que actualmente las condiciones son idóneas para ejercer actividades periodísticas en el estado de Veracruz?”

Respuesta: Sí.

Pregunta: “¿En su gobierno se ha implementado alguna política pública que garantice los derechos humanos de periodistas y reporteros con motivo de sus actividades?”

Respuesta. Sí.

Al cuestionarlo sobre si el “gobierno del estado de Veracruz ha recibido recomendaciones en materia de derechos humanos sustentadas en acoso, persecución, desaparición forzada u otros delitos cometidos en agravio de periodistas”, Duarte responde que “ni por esos motivos ni por ningún otro se ha recibido recomendación alguna en ese sentido”.

Sin embargo, sí existe una recomendación general a diversos gobernadores, conocida como número 20 y fechada en agosto 2013, en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incluyó seis casos de homicidio y dos de desaparición, además de otros agravios, durante el periodo de Duarte, detalla Rodrigo Santiago Juárez, director general del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos de la CNDH.

Sobre Rubén Espinosa y Nadia Vera, el gobernador dice que no supo de las denuncias de amenazas que ambos recibieron sino hasta que ocurrieron los asesinatos.

Del fotorreportero dice que su trabajo “me parece bueno”. Artículo 19 también formuló una pregunta sobre una foto que supuestamente habría enfadado a Duarte.

Pregunta: “Que diga el testigo cuál es su opinión sobre la fotografía en la que usted aparece, tomada por Rubén Manuel Espinosa Becerril y publicada en la portada del número 1946 mil novecientos cuarenta y seis de la revista Proceso”.

Respuesta. “Es buena foto”.

Artículo 19 también cuestionó al gobernador sobre la situación de seguridad del país para ejercer el periodismo.

Pregunta: “Que diga el testigo si sabe cuál es el estado de la República mexicana más peligroso para ejercer el periodismo?”

Respuesta. “De acuerdo al informe anual de la organización Artículo 19, el Distrito Federal es la entidad que registra mayor número de agresiones”.

Al término del interrogatorio, Duarte señaló en un comunicado que decidió declarar ante la PGJDF para evitar “linchamientos públicos” en su contra por el crimen de la Narvarte, que está por cumplir seis meses y por el que autoridades capitalinas han detenido a tres personas.

Cronología del caso

Estos son algunos de los hechos clave del homicidio múltiple cometido en la colonia Narvarte:

31 de julio de 2015. Cinco personas son asesinadas en un departamento de esa zona de la capital. Las víctimas son el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y tres mujeres más: Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Martín.
1 de agosto. Periodistas, activistas y ciudadanos se manifiestan afuera del Palacio de Gobierno de Veracruz, en Xalapa, para protestar en contra del gobierno de Javier Duarte y exigir que se esclarezca el crimen.
2 de agosto. Las protestas se extienden al DF y otros estados como Jalisco y Puebla. Organismos internacionales y ONG demandan una investigación que aclare el caso, en particular porque Espinosa y Vera habían acusado amenazas.
4 de agosto. En el DF, autoridades detienen y consignan al primer implicado del caso, Daniel Pacheco. Días después se arrestó a otros dos: Omar Martínez y Abraham Torres. Los tres están acusados de homicidio y robo y actualmente se encuentran bajo proceso penal.
11 de agosto. En Xalapa, Javier Duarte declara como testigo ante la PGJDF. En su declaración, dice desconocer si Espinosa o Vera habían sido amenazados y defiende su gobierno.
Violencia en territorio veracruzano

Rubén Espinosa, quien tenía 31 años cuando fue asesinado, dejó Veracruz tras acusar amenazas en su contra. Organizaciones civiles señalan que los periodistas que trabajan en esa entidad encaran presiones de funcionarios o del crimen organizado, pues la zona es una ruta importante para llevar droga a la frontera con Estados Unidos. Según cifras oficiales, de 2010 al 30 de noviembre de 2015 en Veracruz se registraron cuatro mil 296 homicidios dolosos. El año con la mayor cantidad de casos fue 2012, con 968.

http://www.animalpolitico.com/2016/01/esta-es-la-declaracion-de-javier-duarte-sobre-los-asesinatos-en-la-colonia-narvarte/

Periodistas de Veracruz dicen en carta abierta que el crimen infiltró el Gobierno de Duarte
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Por Redacción / Sin Embargo febrero 10, 2016 - 9:57 am • 6 Comentarios
Anabel tenía 32 años de edad. Era madre de un bebé recién nacido y de otro niño de aproximadamente cuatro años. Llevaba más de seis años ejerciendo como periodista. Formó parte del periódico El Mundo de Orizaba, después trabajó para el diario El Buen Tono. Al momento de su secuestro y asesinato laboraba en El Sol de Orizaba.

Anabel llevaba más de seis años ejerciendo como periodista. Foto: EFE.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Cuarenta y tres reporteros de Córdoba, de la región central y del estado de Veracruz, manifestaron hoy en una carta abierta su repudio a la muerte de Anabel Flores Salazar, periodista veracruzana de El Sol de Orizaba, secuestrada por hombres armados que irrumpieron en su casa. Ayer fue hallada sin vida y con señales de tortura en el estado de Puebla, a varios kilómetros de donde fue sustraída.

El gremio periodístico exigió a los gobiernos federal y de los estados de Veracruz y Puebla, así como al Congreso de la Unión y al de las dos entidades, dejar “de ser omisos” y parar “esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños y adolescentes y mujeres”.

En un dramático llamado, dijeron: “Queremos estar en paz, vivir en ambiente sano, si no es demasiado pedir”.

Los compañeros de trabajo de Anabel alertaron, mediante un posicionamiento público, que el Gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte de Ochoa, “está permeado por la delincuencia”. Dijeron que antes dudaban “que Puebla estuviera contaminada, pero ya vemos que sí”.

“Si todos ustedes, gobernantes, cobran por administrar la vida social de todos, lo están haciendo muy mal, están pudiendo muy poco. No entendemos. ¿Por qué siguen cobrando por un realizar una pésima función pública? ¿Por qué no renuncian?”, dice la carta.
Amnistía Internacional (AI) también pidió hoy al Gobierno mexicano que garantice la protección a los periodistas tras el asesinato de Anabel. La organización de defensa de los derechos humanos instó también a las autoridades a investigar exhaustivamente el “brutal asesinato” de la joven de 32 años, que pone de manifiesto “la horrorosa realidad” que afrontan los informadores en México, según un comunicado.

“Aquellos que no están dispuestos a detenerse ante nada para silenciar a los periodistas deben pagar por sus delitos”, ha declarado la directora de Amnistía para las Américas, Erica Guevara-Rosas. México debe ofrecer protección especialmente a los periodistas de sucesos, y afirma que “no proteger a quienes exponen la triste realidad de los abusos en México equivale a intentar esconder debajo de la alfombra estos abusos”, dijo Guevara-Rosas.

Los periodistas exigieron parar “esta estúpida masacre que han ejecutado en contra del periodismo en Veracruz de parte de este desgobierno”. Demandaron frenar “esta pesadilla que todos ustedes están provocando en toda la entidad veracruzana”.

“¿No quieren que escribamos tragedias? Dejen de provocar tragedias. ¿No quieren leer hechos violentos? Entonces dejen de crear las condiciones para que existan hechos violentos. La prensa solo somos un espejo de la vida real, nosotros no inventamos nada, sólo anotamos”, manifestaron.
Ayer, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) pidió a las autoridades federales de México que se hagan cargo de la investigación y persecución del delito y que se considere el ejercicio periodístico como el motivo de su asesinato.

“Las autoridades en Veracruz tienen un historial de denigrar las actividades de los periodistas locales sin proporcionar alguna prueba concreta”, dijo Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité con sede en Nueva York. “Exhortamos a las autoridades abstenerse de hacer acusaciones infundadas que podrían poner aún en mayor peligro a la prensa de Veracruz”.

La periodista de 32 años fue secuestrada por hombres armados que irrumpieron en su casa. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Sospechaba que era Flores Salazar. Después de confirmó.

El CPJ pidió a las autoridades federales de México que se hagan cargo de la investigación y persecución del delito y que se considere el ejercicio periodístico como el motivo de su asesinato. El organismo precisó que un comunicado de la oficina de la Fiscalía del Estado de Veracruz, emitido poco después del secuestro de la reportera, señaló que en agosto de 2014 Flores Salazar había estado en compañía de un presunto miembro de un grupo del crimen organizado cuando éste fue detenido. Las autoridades dijeron que están investigando la posible relación entre Flores Salazar y este individuo. El comunicado no dio más detalles.

Pero Luz Salazar, la tía de la periodista, indicó al CPJ que no estaba al tanto de ninguna amenaza contra Flores Salazar. Cuando el organismo pidió a ella hablar sobre la supuesta conexión, dijo que su sobrina había estado cenando con su familia cuando el presunto delincuente, que estaba en el mismo restaurante pero no con ellos, fue detenido.

El Buen Tono, uno de los diarios en los que ella trabajó, informó ayer en su edición impresa que Flores “fue despedida en septiembre de 2014 al constatarse que su nivel de vida, al constatarse que su nivel de vida no correspondía con el sueldo que percibía en la empresa. Manejaba una camioneta Patriot, de su propiedad, vehículo que difícilmente puede ser adquirido por un reportero, debido a su alto costo”. El Sol de Orizaba sostuvo que Flores se desempeñaba como reportera freelance desde hace seis meses.

En agosto de 2015, cinco hombres armados irrumpieron en un bar de Orizaba y asesinaron a un reportero que estaba sentado en una mesa con un conocido jefe de una banda de narcotráfico. El gobierno estatal indicó en un comunicado que las seis personas muertas “se encontraban conviviendo” cuando el grupo irrumpió en el lugar. “Testigos presenciales refieren que un comando, integrado por cinco personas, con armas de alto poder se dirigieron directamente contra las personas hoy fallecidas y dispararon en su contra”, dijo el comunicado.

El gobierno afirmó que “las autoridades encontraron armas y vehículos de los occisos”. Además del reportero Juan Heriberto Santos, de la televisora Telever, el gobierno identificó a José Márquez Balderas, “el Chichi”, como jefe de Los Zetas.

En julio del año pasado, en la Ciudad de México fue asesinado el periodista Rubén Espinosa Becerril, quien había denunciado amenazas en su contra y culpaba directamente a Javier Duarte de Ochoa de cualquier atentado en contra de su integridad física. Con él fue asesinada, en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, cuatro mujeres: la activista Nadia Vera Pérez, la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro, de Mexicali; Mile Virginia Martin, una ciudadana colombiana y Alejandra Negrete Avilés, empleada doméstica.

Los cinco mostraban marcas de tortura y habían sido asesinados a quemarropa.

Este último homicidio provocó una fuerte movilización de periodistas y activistas, que exigen hasta el día de hoy que Duarte de Ochoa sea juzgado como pregunto implicado.

PROMO-periodista-asesinada

Flores Salazar es el periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Duarte de Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19.

Anabel era madre de un bebé recién nacido y de otro niño de aproximadamente cuatro años. Llevaba más de seis años ejerciendo como periodista. Formó parte del periódico El Mundo de Orizaba, después trabajó para el diario El Buen Tono. Al momento de su secuestro y asesinato laboraba en El Sol de Orizaba.

Tenía a su cargo la cobertura de notas informativas de carácter policiaco en los municipios de Ciudad Mendoza, Acultzingo, Nogales, Maltrata, Ixtaczoquitlán, donde recogía informaciones tanto de accidentes automovilísticos como de homicidios y ejecuciones, que en los últimos días se han agudizado en esta región centro del estado de Veracruz.

El día lunes fue sacada de su domicilio el 8 de febrero en Mariano Escobedo, Veracruz, por hombres armados que alegaron tener una orden judicial para su arresto. Un día después fue encontrada muerta con señales de tortura en el estado de Puebla, a varios kilómetros de donde fue sustraída.

Así, Anabel Flores Salazar se convirtió en la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19.

Sus compañeros han cuestionado el que sujetos armados pudieran entrar a una casa sin que las autoridades de vigilancia los detectaran y que además circularan con una persona secuestrada por una ciudad, con hombres armados y con uniformes parecidos a los policiacos.

“¿Cómo se pueden burlar todos los blindajes de las Fuerzas Castrenses? ¿Cómo se puede entrar a otro estado burlando la vigilancia de ambas entidades? ¿Cómo puede haber un asesinato y abandonar un cuerpo en Puebla, sin que tampoco las autoridades poblanas que supuestamente coadyuvaban en su búsqueda, se hayan dado cuenta? ¿Cómo pueden los grupos de la delincuencia organizada cogobernar ambos estados, tirar cuerpos de un lado y del otro? ¿Cuántos reporteros más irán cayendo en la defensa de la libre expresión en ambos estados?”, preguntó el gremio en la misiva difundida desde ayer.
Exigieron que se deje de criminalizar a los periodistas asesinados y de transgredir a la libertad de expresión en Veracruz. “Criminalizar a los compañeros asesinados es una estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados en investigar y no en fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias de este mal gobierno”, manifestaron.

http://www.sinembargo.mx/10-02-2016/1618100

Cuarón, Del Toro y 400 más exigen al presidente frenar la “censura a tiros” (+carta)
Nantzin Saldaña August 16, 2015 5:45 pm
Lamentan que la Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico, pero ahora "no parece haber santuario alguno para los reporteros"

Foto: Leslie Pérez


En una carta firmada por más de 400 intelectuales, escritores, artistas creativos y periodistas a nivel mundial, entre ellos los directores de cine mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, exigen al presidente Enrique Peña Nieto investigue los asesinatos contra periodistas en el país y establezca mecanismos de protección efectivos para el gremio y así para acabar con lo que han llamado “censura a tiros”.

“Señor Presidente; no debe haber mas asesinatos: el homicidio de Espinosa, y de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Nadia Vera, y Mile Virginia Martín —las cuatro jóvenes que murieron con él— deben ser investigadas con integridad”, concuerdan a través de una carta publicada en PEN Club América.

En la misiva firmada también por Gael García Bernal, Noam Chomsky, Lydia Cacho, Denise Dresser, Ariana Huffington, Diego Luna, Sergio Aguayo, Témoris Grecko, Lorenzo Meyer, Juan Villoro, John Coetzee, Jacobo Dayana, Antonio Ortuño, entre otros, lamentan que la Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico, pero ahora “no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México”.

“Expresamos nuestra indignación con respecto a los ataques mortales contra periodistas en su país. Un atentado contra la vida de un periodista es un ataque al derecho de la sociedad a estar informada” precisa la carta firmada el 15 de agosto y a la que también se sumaron defensores de la libre expresión en el mundo, respaldados por Pen Club América y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ)

Este posicionamiento ocurre tras el homicidio múltiple ocurrido el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la ciudad de México en el que además del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, se ejecutó el feminicidio de Olivia Alejandra Negrete, Yesenia Quizoz, Mile Virginia Martin y Nadia Vera, en el departamento que tres de ellas habitaban lo que aseguran fue “un parteaguas”, y por el que Pen previamente advirtió que evidencia que falta de las protecciones más básicas para los periodistas.

“La Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico. Pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México”.

Los firmantes, entre los que también se encuentran los escritores Salman Rushdie y Paul Auster, urgen al mandatario mexicano garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y “la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él, y la investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que, en cada caso, se puedan haber visto involucrados”.

Así como la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México.

La misiva precisa que no debe haber más asesinatos como los de Narvarte y demandan que sean investigados con integridad para que los verdaderos homicidas reciban un juicio justo y condena a la brevedad.

La investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) hasta ahora ha tratado el crimen como un caso vinculado a un robo y posteriormente a la presunta relación de la víctima Mile Virginia Martín con vendedores de drogas, líneas que han sido criticadas tanto a nivel nacional como internacional.

“En su país… las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes: Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 89% de los asesinatos permanecen sin resolver. La Comisión ha denunciado que sus propias investigaciones son obstaculizadas por las autoridades. La negligencia judicial garantiza la impunidad “, señalan.

La CNDH apunta a evidencia que involucra a funcionarios públicos en varios de los ataques contra periodistas y medios de comunicación, lo que ha llamado la atención de organizaciones internacionales encargadas de vigilar la libertad de expresión en el mundo.

Desde el año 2000 decenas de reporteros han sido víctimas de homicidio y se sabe de otros 20 que continúan desaparecidos, por lo que también urgieron a una revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México.

Indican que desde que Javier Duarte llegó al poder en Veracruz en 2010, las amenazas y maltratos a periodistas han alcanzado cifras sin precedente: catorce han muerto y tres han desaparecido. En cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas.

“Hasta ahora, 37 colegas de Rubén Espinosa han tenido que abandonar sus trabajos, sus hogares y sus familias, y desplazarse a la Ciudad de México tras recibir amenazas. Rubén Espinosa fue asesinado a las pocas semanas de su llegada a la capital”.

Concluyen en que si bien hoy el periodismo en el mundo vive bajo asedio, los reporteros mexicanos en particular, viven en peligro mortal. Asegura que los grupos del crimen, funcionarios corruptos, y una impartición de justicia incapaz de determinar la responsabilidad de los asesinos son la causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros.

http://www.24-horas.mx/cuaron-del-toro-y-cientos-mas-urgen-a-pena-esclarecer-crimen-en-narvarte-carta/