El Debido Proceso, explicado por la SCJN

Dará SG capacitación exprés a MP, policía y Ejército sobre debido proceso

Este sistema contribuirá a que fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el Poder Judicial determine culpabilidad o inocencia de personas detenidas, afirmó el subsecretario Eduardo Sánchez.

Fabiola Martínez
Publicado: 25/01/2013 13:50

México, DF. Para evitar errores en el debido proceso que alienten decisiones del Poder Judicial por esta causa, el gobierno federal aplicará un plan de capacitación exprés para el Ministerio Público Federal y la Policía Federal que incluye las acciones que deberán seguir policías y agentes ministeriales desde el momento de una detención hasta la conclusión del proceso penal. El plan incluye a los integrantes de las fuerzas armadas.

“Este sistema (reforma en materia de justicia penal, conocido como juicios orales) contribuye a que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el Poder Judicial determine culpabilidad o inocencia de una persona”, advirtió el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez, quien por ahora funge como vocero para los temas de seguridad”.

Indicó que “la delicada tarea de procuración de justicia debe realizarse con absoluta eficacia y estricto apego al marco jurídico que la regula.

Los legítimos anhelos de justicia de los mexicanos, añadió, no deben truncarse por errores o violaciones al debido proceso que las autoridades deben observar en sus acciones.

El funcionario subrayó que tal como lo dijo ayer el presidente Enrique Peña, “como país debemos trabajar para que los derechos que consagran nuestra Constitución sean una realidad para todos”.

Sin mencionar explícitamente el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez -quien fue liberada por decisión de la Suprema Corte, lo que echó abajo la sentencia judicial por secuestro-, la Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió que no se permitirán acciones arbitrarias o violaciones a los derechos humanos de los implicados, pero tampoco errores en el debido proceso.

El plan de capacitación incluye la revisión de protocolos y manuales en materia de investigación y aprehensión de presuntos delincuentes, así como la discusión de reglas que deben seguir los policías y agentes.

Por ejemplo, hacerle saber al detenido por qué está en esa situación, dejarle en claro que es considerado inocente en tanto no se le demuestre lo contrario, que tiene derecho a un abogado, a un traductor y que sus familiares tienen derecho a conocer el lugar de su custodia. Si es extranjero, informarle que tiene derecho a la inmediata protección consular.

Policías tendrán que leer “cartilla de derechos” a todos los detenidos

Los más de 37 mil elementos adscritos a la Policía Federal deberán cumplirlo.
enero 27, 2013

FOTO: Cuartoscuro

El subsecretario de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob), Manuel Mondragón y Kalb, instruyó a realizar la distribución de la Cartilla de los derechos que asisten a las personas en detención.

La distribución del documento, señaló, deberá ser aplicada por los más de 37 mil elementos operativos adscritos a la Policía Federal que están desplegados en todo el país.

En un comunicado, la Policía Federal informó que el uso de este documento se une al protocolo que deben seguir los elementos de la corporación federal cuando realizan el aseguramiento de un presunto responsable.

Por esa razón, la Policía Federal refirió que el contenido de esta cartilla deberá ser notificado al detenido, con el objeto de que conozca sus derechos durante el tiempo que demore su presentación ante la autoridad ministerial.

Entre los derechos que asisten a las personas durante la detención están:

*Informarles los motivos por los que se encuentran detenidos.

*Decirles que “son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario”.

*Recordarles que tienen derecho a declarar o guardar silencio.

*Informarles que en caso de decidir declarar, tienen derecho a no inculparse.

*Tienen derecho a un defensor de su elección. En caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita, y además, tienen derecho a un intérprete.

*Tienen derecho a que se haga del conocimiento de un familiar o persona que desee el hecho de su detención y a que se les ponga, sin demora, a disposición de la autoridad competente.

*En caso de ser extranjero, el detenido tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su arresto.

Con el propósito de garantizar que la actuación de la Policía Federal se apegue a lo que establece la Constitución y bajo el respeto de los derechos humanos, esa corporación fortalecerá el proceso de capacitación que ya desarrolla con todo su personal.

Esta capacitación, agregó, hará énfasis en la aplicación de los procedimientos de investigación y detención de presuntos delincuentes.

En breve se pondrá en marcha un Programa de Capacitación, con fundamento en un profundo análisis de los protocolos de actuación del personal operativo, destacó.

Notimex.

Violación al debido proceso, pan de todos los días; muchos de los afectados son indígenas

Pese a comprobarse el ilícito, a lo más que aspiran es a la reposición del proceso legal

"No se confundan, el caso de la francesa es aislado", no a todos se les da ese trato, dice abogado.

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de enero de 2013, p. 12

Las violaciones al debido proceso de los imputados es el pan de todos los días en México y uno los sectores que más lo padece son los indígenas que no hablan español, a quienes comúnmente se viola su derecho a contar con intérpretes y su presunción de inocencia.

Después de un recorrido por juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal (PJF) en la ciudad de México, (lo cual representa menos de 10 por ciento de los más de 700 órganos jurisdiccionales habilitados en todo el país), La Jornada pudo documentar la existencia de al menos 160 juicios penales en los cuales los procesados y/o sentenciados alegan violaciones a sus garantías constitucionales.

Los abusos policiacos, la carencia de traductores en todas las lenguas que se hablan en México y el acceso inadecuado a un defensor público calificado son los principales alegatos de los quejosos en sus demandas de amparo o en los recursos de apelación contra el auto de formal prisión.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los imputados que alegan violaciones al debido proceso sólo han obtenido amparos para reposición de procedimientos judiciales, pero no para su inmediata libertad, indicaron jueces, agentes del Ministerio Público federal y abogados de oficio entrevistados por este diario.

Los juzgadores y agentes ministeriales consultados coincidieron en que si bien están acreditadas, en muchos casos, las violaciones a los derechos de una debida defensa, presunción de inocencia y debido proceso de los inculpados, hasta el momento no existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de tribunales colegiados de circuito que obliguen a los jueces a conceder la inmediata libertad cuando se demuestren ese tipo de violaciones.

"Por ahora lo más que podemos hacer es conceder amparos para efectos de reposición de procedimientos, a fin de que si no se valoraron ciertas probanzas, o si no se respeto, por ejemplo, el derecho a un traductor de un procesado indígena, se vuelva a realizar el juicio, limpiando los vicios de forma o derivados de violaciones procesales, para que se emita una nueva sentencia", refirió un juez de amparo penal consultado por este diario.

Los abogados de oficio entrevistados –quienes al igual que jueces y agentes del Ministerio Público accedieron a hablar con La Jornada siempre que no se mencionara sus nombres– indicaron que son miles los procesos penales que se desahogan actualmente en juzgados de todo el país y en los que hubo alguna violación al debido proceso.

Explicaron que el caso de Florence Cassez, liberada la semana pasada por la SCJN por violaciones a sus derechos constitucionales de debida defensa, presunción de inocencia y derechos consulares, es un "garbanzo de a libra", el cual de ninguna manera implicará que de ahora en adelante los jueces federales resuelvan en el mismo sentido.

"No nos confundamos: el caso de esta señorita francesa (Florence Cassez) no es jurisprudencia. Es sólo un criterio aislado de tres ministros de nuestro máximo tribunal constitucional, pero de ahí a que sea obligatorio para nosotros, para nada", sostuvo uno de los jueces entrevistado.

Ya que estamos en eso de las reformas...