Autodefensas ilegales y Policias Comunitarias en Guerrero.

Hartos del narco, pobladores toman armas en Guerrero

Ezequiel Flores Contreras
9 de enero de 2013 · 17 Comentarios
Narcotráfico
Los pobladores que asumieron la seguridad de Ayutla, Guerrero. Foto: Ezequiel Flores

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Desde hace cinco días, habitantes de Ayutla de los Libres y elementos de la Policía Comunitaria (PC) asumieron la seguridad pública de este municipio ubicado en la región de la Costa Chica, con el fin de expulsar a las bandas del crimen organizado que tienen asolada la región.

Este hecho nuevamente evidencia la ausencia de autoridad y la indolencia gubernamental frente a los índices de impunidad y violencia que persisten en la entidad.

El hartazgo ciudadano ante la incesante ola de asesinatos, extorsiones y secuestros ha desatado una serie de movimientos sociales, principalmente en la región de la Montaña, donde pobladores armados han buscado encarar a bandas de la delincuencia organizada, situación que ha exhibido presuntos nexos de autoridades locales con los criminales.

El año pasado, habitantes de los municipios de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Cualac y Olinalá decidieron armarse para expulsar a los delincuentes que operaban impunemente en esa zona de la región de la Montaña.

Ahora, el mismo fenómeno se replica en Ayutla de los Libres, lugar donde el 1 de marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayutla, pronunciamiento político proclamado por Florencio Villarreal y Juan N. Álvarez para desconocer a Antonio López de Santa Anna como presidente del país.

A partir de una serie de extorsiones y secuestros que tuvo su momento más ríspido el sábado 5, cuando secuestraron a Eusebio Alberto Alvarado García, comisario del poblado de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, indican reportes oficiales.

Enseguida, cerca de 400 pobladores de tres municipios, Tecoanapa, Ayutla de los Libres y Florencio Villarreal, con el apoyo de integrantes de la PC, se movilizaron para rescatar al comisario.

Debido a que se montaron retenes sobre la carretera federal que une estos municipios de la región de la Costa Chica, Alvarado García fue liberado y los secuestradores huyeron del lugar.

No obstante, los pobladores y los miembros de la Policía Comunitaria mantuvieron el retén en Ayutla y, el domingo 6, abatieron a tiros a un taxista que se resistió a ser revisado, refiere un parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Al respecto, esa dependencia integró una averiguación previa por el homicidio del taxista Cutberto Luna Chávez, de 40 años.

No obstante, apenas el martes 8 el gobernador Ángel Aguirre justificó la acción de los pobladores de Ayutla, al señalar que las acciones de autodefensa armada “se dan a la luz de la desesperación de la ciudadanía ante el crimen organizado y la ausencia de respuesta de las autoridades”, consignaron hoy medios locales.

Hasta el momento, unos 200 civiles armados mantienen un retén en la entrada y salida de la cabecera municipal de Ayutla de los Libres y aseguran que no van a retirarse del lugar hasta que expulsen en definitiva a miembros de bandas delincuenciales que operan en la zona.

Niegan narcoliga en autodefensas.


CATEO. Policías municipales revisan transportes públicos en Acapulco, como parte de las acciones para combatir la inseguridad en este destino turístico. (Foto: HERNY ROMERO REUTERS )

Lunes 04 de marzo de 2013 Juan Cervantes Corresponsal | El Universal
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CHILPANCINGO. Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG), aseguró que los grupos de autodefensa ciudadana surgieron para combatir “el crimen organizado y la ineficacia de las policías, que no hacen bien su trabajo para brindar seguridad”.

Entrevistado por teléfono, el dirigente de la UPOEG calificó de “amenaza” la declaración que hizo el comandante de la novena Región Militar, con sede en Acapulco, Genaro Lozano Espinoza, en la que señaló que en los grupos de autodefensa armada que surgieron en Ayutla, Tecoanapa y San Marcos “hay una mano que mece la cuna”, por lo que pidió a los mandos castrenses que antes de iniciar un ataque al sistema de organización de las comunidades indígenas “deben analizar muy bien lo que harán”.

Agregó que los ataques oficiales en contra de la UPOEG y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se debe a los resultados que han logrado en contra de la delincuencia organizada, porque en los municipios de la Costa Chica y la región de la Montaña, las extorsiones, secuestros, asaltos, asesinatos y violación de mujeres, han disminuido visiblemente.

“Si hay alguna ‘mano negra’, ésta se encuentra en el crimen organizado y en algunas corporaciones policiacas”, señaló. En ese sentido, dijo que han aparecido mantas “con mensajes donde se denuncian a jefes militares coludidos con la delincuencia organizada”.

Comentó que los grupos de autodefensa ciudadana armada nacieron a la luz pública, sus acciones están dentro de la legalidad, “no se mueven en la clandestinidad ni surgieron para atacar al gobierno, son un recurso de autodefensa en contra de la presencia de la delincuencia organizada”.

Indicó que toda la actividad para brindar seguridad a las comunidades se ha realizado incluso con la presencia de funcionarios del gobierno. “No tenemos nada que esconder, porque la Policía Comunitaria no depende del Ejército, ni mucho menos del narcotráfico. Somos promotores del bien común”.

Autodefensas: entre el abuso y el descontrol.

Tras la entrega de 57 detenidos por la guardia civil de Ayutla, el 19 de febrero, vecinos afirman que continúan las capturas y los retienen en casas de justicia, donde son golpeados y amenazados. La UPOEG lo niega.


Estudiosos de la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero niegan que las guardias indígenas que se extienden por el país sean anticonstitucionales, por lo que piden a la CNDH no criminalizarlas. Raúl Estrella / EL UNIVERSAL


La tarde declina afuera de la casa de la autodefensa de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ayutla. En una hora, dos señoras y un señor arriban, cada uno por su lado, para preguntar por los familiares que brigadas armadas, algunas con uniformes de "policía comunitaria", sacaron de sus comercios con destino desconocido.

Nadie les da información. Esperan en vano. El hombre, un alfabetizador de educación pública, acepta hablar con EL UNIVERSAL a condición de que no sea revelada su identidad, por miedo a alguna represalia.

Denuncia que en los últimos días su familia ya sufrió dos detenciones arbitrarias, que en el poblado de El Mezón hay decenas de detenidos no entregados al gobierno estatal, y que en las colonias Vicente Guerrero y La Villa se exige a los vecinos participar en los rondines de vigilancia nocturna.

"Antes no se podía vivir aquí, era un martirio", dice sobre la violencia vivida bajo la delincuencia organizada que se frenó tras el alzamiento de la autodefensa, el pasado 5 de enero. "Pero ahora, ¿de la autodefensa también nos tenemos que cuidar?", se pregunta.

El llamado "comandante regional", niega que tengan gente cautiva. Si detienen a algún delincuente "se entrega al gobierno del estado", dice uno de los cinco comandantes que permanecen enmascarados, según él, por seguridad.

El dirigente y fundador de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, en entrevista en Marquelia, responde sobre las acusaciones contra la autodefensa: "Si hay pruebas de que alguien de nuestra gente torturó, que nos lo digan". Y precisa: "Pero que nos lo prueben".

Detenidos en El Mezón

Un compañero del alfabetizador también aceptó hablar pero desde el anonimato. Asegura que la UPOEG tiene cautivas e incomunicadas aproximadamente a 60 personas en El Mezón.

Que es mentira que la autodefensa haya entregado al gobierno estatal a los 57 presuntos criminales concentrados en enero en dicho poblado, en el que se les sometió a juicio popular.

Dice que lo sabe porque un familiar y dos vecinos fueron liberados el pasado fin de semana: fueron detenidos el 6 de enero; los acusaron de secuestradores y descuartizadores.

Tras ser recluidos un mes y tres semanas, los tres presentan marcas de golpes. Niega la posibilidad de un encuentro con ellos; están aterrados, bajo amenaza.

"Al principio los golpearon mucho, no los dejaban ir al baño, los soltaron con la condición de que tienen que ir a firmar cada quincena. Y los tienen amordazados, pues les dijeron que si hablan, los vuelven a agarrar".

Autodefensa sin legitimidad

En los últimos cinco meses en Guerrero surgieron cinco guardias ciudadanas indígenas en los municipios de Olinalá/Cualac, Huamuxtitlán y Tixtla, en la zona baja de la Montaña; Ahuehuepan, en la zona del Río Balsas; la de Ayutla/Tecoanapa, en la Costa Chica, y una de carácter mestizo en Coyuca y Acapulco.

El antropólogo mixteco Jaime García, del Centro de Estudios y Autogestión de la Montaña, dice que las expresiones indígenas brotaron por el hartazgo ante la violencia criminal.

No obstante, observa que mientras tales autodefensas buscan crear policías ciudadanas vinculadas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la de la UPOEG, que ya pertenece a la misma, pareciera ir en sentido contrario.

La CRAC-PC se fundó hace 17 años. Posee un sistema de justicia separado de los cuerpos de seguridad, se apega a los tratados nacionales e internacionales de derechos humanos y busca "reeducar" y reintegrar a los detenidos.

"Responden a un llamado de los pueblos y a ellos les tienen que dar cuentas, y por lo que se ve esto no lo está haciendo la UPOEG", señala.

Dice que la UPOEG nació hace dos años con fines de gestoría social; su cercanía con las autoridades es cuestionada por la CRAC-PC y busca alianzas con políticos y gobierno.

Como prueba menciona la reunión entre Bruno Plácido Valerio, el gobernador Ángel Aguirre y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en el DF. Cuestiona: "¿Cómo un líder indígena local logra esa reunión cuando la CRAC no la ha tenido en 17 años?".

Rondines forzosos y detenciones

En las colonias La Villa y Vicente Guerrero de Ayutla los vecinos deben participar obligadamente en los rondines nocturnos de forma semanal. A las 20:00 horas, un comandante toca las puertas de una calle determinada para que salgan los hombres y formen la brigada.

El alfabetizador narra el suceso. Dice que el comandante amenaza a los hombres: "Que si no van a ser guardias los encerrarán por tres meses".

El rondín dura de las 20:00 a las 5:00 horas. Los vecinos salen con armas de caza o machetes. Van en camionetas. Un conserje de una escuela se niega a participar. "Se lo llevaron amarrado y así lo trajeron tres días", menciona.

En la casa de Ayutla, una señora busca a su hija. Dice que una camioneta blanca con hombres de uniforme con la leyenda "policía comunitaria" se la llevó de su comercio a las dos de la tarde, en compañía de una embarazada.

La señora va con otra de sus hijas. Preguntan por ellas. Las dos esperan. Y esperan. "No es justo que nos tengan así, queremos saber dónde está mi hermana", se queja la muchacha.

A la mujer la liberaron en la madrugada, junto con seis personas. No le hicieron daño. Los comandantes justificaron que por "razones de seguridad" no informaron a su familia dónde la tuvieron cautiva. Le advirtieron que cuidara no tener clientela "de los malos".

Esa es la nueva realidad que testifican desde el anonimato, con miedo, pobladores de Ayutla de los Libres.

Upoeg: las autodefensas "no son guerrilla".

Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 10 de marzo de 2013, p. 17

Acapulco, Gro., 9 de marzo.

El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, subrayó en este puerto que los movimientos de autodefensa ciudadana surgidos en diversos municipios de la región de la Costa Chica "¡no son guerrilla!", y exigió a voces ajenas a las comunidades que no hablen de un tema que desconocen.

Sostuvo que "ahora puede haber mucha gente que dice que estamos mal, pero no dicen cómo poner orden, sin embargo, nosotros asumimos" la seguridad de nuestros poblados. Además, durante un encuentro con la Barra de Abogados en este municipio, Plácido Valerio dijo que es imperativo que se recupere la actividad y la producción agropecuaria en sus localidades, pues los campesinos dejaron de sembrar maíz y comenzaron a cultivar droga obligados por la situación de pobreza.

Señaló que ciudadanos y campesinos que se han organizado para procurarse seguridad, no desean ser vistos como un peligro. "Queremos que el Estado nos respete, porque estamos aportando" soluciones a un problema que las autoridades no han resuelto. Apuntó que la etapa de autodefensa pasó, y sigue la fase de or­ganización y estructuración de sistemas de defensa ciudadanos.

Refuta a Naranjo

Respecto de las declaraciones del colombiano Óscar Naranjo, asesor de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, quien en días pasados declaró que los grupos de autodefensa no deben tolerarse, pues pueden crear un monstruo, el líder de la Upoeg expresó que "un gobernante debe tener el tacto y la sensibilidad de entender que este grupo de autodefensa no trata de ir contra el Estado, trata de corregir políticas públicas que el Estado implementa en perjuicio de los ciudadanos".

Y recordó la guerra contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón, donde hubo 80 mil muertos, de los que 70 por ciento eran pobres. Puntualizó que "nosotros no nos queremos confrontar porque los perdedores vamos a ser nosotros, los muertos de este país los han puesto los pobres, no los ricos".

Dio a conocer que actualmente se celebran asambleas en más de 50 comunidades de los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Florencio Villarreal, Copala, Cuautepec y Marquelia, para integrarse al sistema de policías comunitarias, en las que actualmente participan mil elementos.

Intentan Ejército desarmar a policías comunitarios; no lo logra.

El primer intento de desarmar a los policías comunitarios se dio al llegar al entronque de la carretera Chilpancingo Tlapa, cuando militar les indicó que estaban violando la ley al salir de la comunidad armados.

Rolando Aguilar/Corresponsal

14/03/2013 21:54



ACAPULCO, Gro. 14 de marzo.- Un poco más de 100 personas vecinas de la comunidad de Acatempa, perteneciente al municipio de Tixtla marcharon cerca de una hora, de su comunidad a la cabecera municipal para exigir obras que beneficien al lugar y que se reconozca a sus policías comunitarios.

El grupo era encabezado por el comisario Pastor Coctecon Plateado, unas 70 personas del pueblo, 30 policías comunitarios y 10 más de Ayutla quienes portaban rifles calibre 22 y escopetas, asimismo dos jóvenes marchaban al frente portando la bandera nacional.

Las autoridades de seguridad enterados de que se realizaría esta marcha montaron un operativo con policías federales, estatales, municipales e integrantes del Ejército para detenerlos en la carretera, sin embargo los habitantes del lugar rodearon y salieron por otro lugar diferente, tomando la carretera rumbo a Mochitlan.

En la marcha también iba el asesor de la casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, Gonzalo Molina González, quien es miembro de la CRAC y asesora a la gente de Acatempa para lograr tener su propia policía comunitaria.

El primer intento de desarmar a los policías comunitarios se dio al llegar al entronque de la carretera Chilpancingo Tlapa, ahí un militar que se identificó como el teniente coronel Hernández les cerró el paso a la marcha.

El militar les dijo que estaban violando las leyes al moverse fuera de su comunidad con armas y que no podrían entrara a Tixtla armados, a lo que el comisario Pastor Coctecon respondió, "no vamos a pelear con nadie jefe, vamos a la Presidencia Municipal porque queremos dialogar con el presidente municipal".

El elemento del Ejército, les insistió que no podían entrar a la ciudad armados a lo que el consejero de la CRAC, Molina Gonzales le contesto, "la ley 701 nos ampara y si usted nos detiene, estará violando la ley". A su vez, la gente de la comunidad les gritaba a los militares que mejor se pusieran a buscar delincuentes y a desarmarlos, pues a ellos no les hacen nada y que no se metieran con la gente de bien.

El comisario le advirtió al jefe militar que no lo iba a dejar desarmar a sus muchachos, y también le reclamó que no actúan en contra de los delincuentes a pesar de tener información. La marcha continuó, pero al llegar a la entrada de Tixtla nuevamente los militares intentaron cerrar el paso a las personas de la marcha.

Pidiendo el militar nuevamente que no entraran armados a la ciudad, a lo que Gonzalo Molina y Pastor Coctecon respondieron que lo hacían amparados en la ley 701 del estado, la cual reconoce los derechos y cultura de los pueblos indígenas y también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, después de tres intentos por detener y desarmar a los policías comunitarios de Acatempa, la marcha llegó hasta el Palacio Municipal de Tixtla donde se encontraban policías municipales custodiando el lugar.

Una comisión de Acatempan encabezada por el comisario ingresó a la sala de cabido donde fueron recibidos por el síndico y posteriormente por al alcalde Alcaraz Abarca.

Mientras tanto, los policías comunitarios armados se quedaron en las afueras del palacio. Por un rato un helicóptero militar dio vueltas sobre el Zócalo de Tixtla, una vez terminada la reunión los pobladores de Acatempa se retiraron a bordo de camionetas.

Sin embargo, en el entronque de la carretera Chilpancingo Tlapa había un retén militar, con el apoyo de policías estatales y federales, ahí se encontraba el director de Gobernación estatal Moisés Alcaraz Jiménez acompañado de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Al detenerse el vehículo donde viajaba el comisario, el director de Gobernación le pidió evitar que sus policías comunitarios salgan armados de su pueblo, le aseguró que el gobierno del estado es respetuoso de los usos y costumbres de las comunidades y respeta el derecho de crear su autodefensa para tener seguridad, pero el que salgan fuera de su comunidad armados es contra la ley.

Le pidió que los policías comunitarios no salgan armados y si lo hacen, aseguró, estarán violando la ley.

A esto, el comisario Pastor le contestó que si se habían armado era debido a que ya estaban cansados de la delincuencia y lo habían hecho amparados en una ley del estado, además de que el alcalde de Tixtla afirmaba que no había policía comunitaria en Acatempa " y ya venimos a demostrarle lo contrario".

Aclarando, que si ellos iban armados es porque son policías y le preguntó al director de Gobernación, “¿dígame, qué policía no anda armado? " agregando " si el gobierno hiciera bien su trabajo como debe de ser, no habría necesidad de este cuerpo armado".

Finalmente el grupo de Acatempa regresó hasta su población escoltados por militares y una vez que llegaron a su pueblo, los militares se retiraron.

Durante la reunión, el alcalde de Tixtla le recordó al comisario Pastor que había un acuerdo para que la policía comunitaria de Acatempan no salgan del área de su comunidad,"por que asustan a la gente", además de que eso se presta a que delincuentes se vistan igual que ellos y salgan a realizar actividades ilícitas.

jgl

Atliaca crea Policía Comunitaria amparada en la ley de Guerrero.
Policía • 15 Marzo 2013 - 8:44pm — Rogelio Agustín Esteban

Arranca con 40 elementos, tres comandantes y un coordinador; no pretende incorporarse a la CRAC ni la UPOEG, por lo que redactaron su propio sistema denominado Seguridad Indígena Autónoma


Foto: Archivo
Atliaca dejó atrás la etapa de la autodefensa y pasó a constituir su Policía Comunitaria, explicó Luis Tenero, coordinador de la Comunitaria



Guerrero • La población de Atliaca, municipio de Tixtla puso en marcha su Policía Comunitaria; cuenta con 40 elementos, tres comandantes y un coordinador, pero a diferencia de sus vecinos de Acatempa no pretenden incorporarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Luis Tenero Encarnación, coordinador de la Comunitaria de Atliaca, localidad que el 21 de enero estuvo a punto de linchar a seis presuntos extorsionadores, señaló que dicha localidad ya dejó atrás la etapa de la autodefensa y pasó a constituir su Policía Comunitaria (PC) amparada en la ley 701 del estado de Guerrero, que habla precisamente sobre la integración de dichos órganos de seguridad.

Indicó que los habitantes del lugar son mayoritariamente indígenas nahuas, de tal manera que encuadran muy bien en el esquema de usos y costumbres de los pueblos originarios.

Al no incorporarse a la CRAC ni la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), los habitantes de Atliaca se dieron a la tarea de crear su propio reglamento, razón por la que redactaron un sistema denominado Seguridad Indígena Autónoma (SIA).

A diferencia de la CRAC y la UPOEG, que reivindican el derecho de los pueblos sancionar con base al régimen de usos y costumbres a los delincuentes, el SIA creado en Atliaca limita sus acciones a prevenir el delito y realizar tareas de vigilancia.

Su Policía Comunitaria se integra con 40 elementos, tienen tres comandantes y un coordinador, las áreas sobre las que centran su trabajo de vigilancia son los jardines de niños y la primaria del lugar.

Entre los resultados que han obtenido está la detención de un hombre sospechoso que no pudo justificar su presencia en la comunidad, lo interceptaron y pasaron el reporte a la Policía Preventiva de Tixtla.

Con dicha acción dejaron de manifiesto que no tienen el interés de confrontarse con el municipio, por el contrario, reivindican la coordinación con las autoridades legalmente establecidas para que la suma de esfuerzos permita regresar a la población una vida cotidiana libre de la tensión que generan los grupos delictivos.

Explicó que ya se notificó la puesta en marcha del sistema de seguridad en Atliaca al gobierno estatal, también a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal (PF), con la certeza de que solamente van a operar en los bienes comunales de Atliaca.

La nueva Policía cuanta con reglamento propio, sello y se trabaja en el diseño de la figura legal, para evitar entrar en choque con la legislación vigente en materia de seguridad.

Secuestran a 9 de autodefensa

Jueves 21 de marzo de 2013 Redacción | El Universal
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CHILPANCINGO. El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, confirmó el secuestro de personas vinculadas con los grupos de autodefensa del estado.

Indicó que se implementó un operativo de búsqueda por la zona del municipio de Cuetzala del Progreso, para dar con el paradero de sus compañeros “levantados” el pasado 18 de marzo.

Dijo desconocer el número de personas secuestradas, sólo confirmó que se trata de miembros de la UPOEG.

El pasado lunes, Crisoforo García Rodríguez, miembro de la dirigencia de la UPOEG, confirmó que nueve militantes de su organización en el municipio de Cuetzala del Progreso fueron privados de su libertad.

Buscan legalizar CRAC

El gobierno guerrerense y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) definieron las directrices para que esta organización sea reconocida como Policía Comunitaria y que trabaje sólo en sus poblados.

Asimismo, en el documento que firmaron, se estableció que el gobierno del estado promoverá las reuniones necesarias para buscar el pleno respeto con otras organizaciones, en particular con la UPOEG.

La administración del mandatario guerrerense, Ángel Aguirre Rivero, promoverá acciones para que el nombre de la CRAC se respete, así como el de la policía comunitaria y para apoyarla en su consolidación.

En el documento, se consigna que la CRAC y el gobierno estatal promoverán, ante diversas instituciones, el fomento en la cultura de derechos humanos, capacitación en primeros auxilios, protección civil y todo tipo de actividades que coadyuven con la sociedad y en cumplimiento de sus funciones con pleno respeto a la organización. La CRAC se compromete a mantener sus códigos de comportamiento y disciplina, portando sus uniformes diseñados por la propia organización.

Nueva policía comunitaria en Guerrero incorpora a jefas de familia.
REDACCION Marzo 24, 2013 4:52 pm

El nuevo agrupamiento está adscrito a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con presencia en la costa chica.



Las comunidades de El Troncón y Tecozintla, en el municipio de Tixtla, Guerrero, presentaron un nuevo grupo de 25 elementos de Policía Comunitaria, entre ellos cuatro son mujeres.

Tixtla es la tercera localidad que se incorpora formalmente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

El promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, aseguró, al presentarlos, que los hombres y mujeres cumplieron con los requisitos necesarios para ser policías comunitarios.

El comandante de este nuevo agrupamiento es Pedro Santos Márquez, quien tiene bajo su mando a 20 varones y cuatro mujeres, todas ellas jefas de familia.

El surgimiento de policías comunitarias en Acatempa, Zacatzonapan y El Troncón ha sido impugnado por el presidente municipal Gustavo Alcaraz, quien incluso ha pedido la intervención del Ejército Nacional para desarmarlos y desmantelarlos.

1.500 civiles armados participan en la toma de un pueblo en el sur de México.

Un llamado grupo de autodefensa obliga a destituir al jefe de la comandancia de un pueblo de Guerrero tras secuestrar a varios policías a los que acusaron de proteger a narcos.

Juan Diego Quesada México 27 MAR 2013 - 01:04 CET


Hombres armados en la comunidad de Tierra Colorada (Guerrero, México). / Lenin Ocampo Torres (EFE)


Un grupo de autodefensa, ciudadanos que han tomado las armas y actúan como una policía paralela en algunas regiones de México especialmente violentas, ha sitiado un municipio del Estado de Guerrero y mantienen retenido al jefe de policía local, ocho de sus agentes y tres escoltas del ayuntamiento, a los que acusan de proteger a narcotraficantes de la zona.

Al frente de 1.500 hombres armados que irrumpieron de madrugada en el pueblo iba Bruno Plácido. “Los tengo bien puestos. Entramos con cuernos de chivo [fusiles de asalto]”, dice por teléfono. Se presentaron en el pueblo de Juan R. Escudero [Tierra Colorada] un día después del asesinato de uno de sus comandantes, Guadalupe Quiñones. Sospechan que los uniformados están detrás de ese crimen.

Eso los llevó a tomar todo un pueblo en plena noche. Los miembros del Sistema de Justicia de los Pueblos de la Costa Chica, integrados por gente de pueblos indígenas de los alrededores, tomaron el ayuntamiento y pusieron a patrullar a otro puñado de personas en busca de criminales en el municipio. En la entrada al lugar y en la carretera federal Chilpanchingo-Acapulco colocaron retenes.

El asunto pinta tan mal que hasta allí se desplazó la procuradora –fiscal- de Guerrero. La alcaldesa, a mediodía, comenzó a negociar con la autodefensa y acordó destituir al jefe de policía y abrir una investigación a cambio de que dejasen en libertad a todos los retenidos. “Es una forma de despresurizar la situación”, cuenta Juan Angulo, director de El Sur, un periódico de Acapulco.

Las autodefensas las forman grupos de ciudadanos armados que se toman la justicia por su mano. Hartos de la violencia y la corrupción policial, deciden actuar por su cuenta. Algunos de estos grupos son sospechosos de tener un nexo con el narcotráfico pero otros tienen más que ver con la tradición de guerrillas de izquierdas latinoamericanas.

Algunas de estas autodefensas, que llegan a juzgar y condenar a los detenidos en procesos judiciales más que dudosos, provienen de las policías comunitarias mexicanas, algo que existe desde hace décadas y a la que tienen derechos los pueblos por ley. Una encuesta reveló que seis de cada diez ciudadanos ve con buenos ojos su existencia. Otros en cambio creen que es el fiel reflejo de la incapacidad del estado de proteger a sus ciudadanos.

El grupo de civiles armados que comanda Plácido en Guerrero surgió en enero y fue el primero que se creó, cuando se dispararon los asesinatos y las extorsiones en el Estado sureño de Guerrero, sobre todo en su zona agrícola. El estallido de violencia se achacó a la rivalidad entre cárteles. Armados con viejos rifles y ocultando el rosto tras pasamontañas, los campesinos bloquearon entonces carreteras y detuvieron a 50 personas, que al final liberaron.

Ahora, con el rostro descubierto para parecer más amigables, trabajan para crear un sistema de seguridad eficaz que protega a la gente del campo. "Es momento de que regresen al campo a trabajar. Los ganaderos a su ganado", dijo Plácido hace una semana. Al igual que ellos, desde principios de este año han aparecido otros 14 grupos de justicieros, que se sepa, con presencia en seis municipios: Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Michoacán. El rostro de la lucha contra el narcotráfico del gobierno de Enrique Peña Nieto, Manuel Mondragon, dice tenerlos perfectamente ubicados y conoce el armamento que manejan. "Están totalmente fuera del marco legal", dijo.

El padre Mario Ocampo, un cura que alimenta el alma de los que tomaron este municipio, cree que la labor que hacen estos ciudadanos armados es admirable. “La inseguridad que se vive aquí es tremenda. Violaciones, asesinatos, robos…ahora gracias a ellos se están evitando muchas muertes”.

Otro párroco, Jesús Mendoza, dialoga como representante de la archidiócesis de Acapulco con estas organizaciones indígenas que antes tenían en su agenda el precio abusivo de la luz y las explotaciones mineras pero que ahora, acorde a los tiempos, se preocupan sobre todo por su pellejo. “Los representantes de sus pueblos fueron secuestrados. A nosotros nos interesa lo que pasa en los pueblos. Dialogamos con ellos para que esto se encauce por la vía de la paz”, sostiene Mendoza. Pero la realidad es otra: las balas se están combatiendo con más balas.

Asesinan a comandante de grupos de autodefensa en Guerrero.

Los grupos de autodefensa sitiaron el Ayuntamiento de Tierra Colorada y tienen detenido al director de Seguridad Pública, Óscar Ulises Valles y a ocho policías locales

Rolando Aguilar/Corresponsal

26/03/2013 23:31





CHILPANCINGO, 27 de marzo.— En la madrugada de este martes, un grupo de hombres armados asesinó a un comandante del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) , Guadalupe Quiñones, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada). Ante esto, policías comunitarios se trasladaron al lugar para dar con los responsables de este hecho.

El comandante Ernesto Gallardo dio a conocer que desde hace varios días, los integrantes de la SSJE habían sido amenazados por los delincuentes de la zona. Esto debido a que ellos habían iniciado la vigilancia en las colonias de Tierra Colorada.

El comandante Gallardo dio a conocer que el propósito original era ayudar a esas colonias a tener seguridad, pero ante estos hechos, esta zona se convierte en zona comunitaria. Por lo cual pidió la llegada de dos mil 600 policías comunitarios al lugar para localizar a los agresores.

Los agentes ciudadanos sitiaron el Ayuntamiento de Tierra Colorada y tienen detenido al director de Seguridad Pública, Óscar Ulises Valles, y a ocho policías locales. De acuerdo con la versión del comandante de la policía comunitaria hubo testigos de los hechos y esto servirá para dar con los responsables.

Los integrantes del Sistema de Justicia de los Pueblos de la Costa Chica pusieron retenes en las entradas del municipio, para detener a las personas que cometieron el homicidio.

Integrantes de la organización ciudadana fueron a la casa de la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz para hablar sobre el asesinato del comandante Quiñones.

Detuvieron a tres de los escoltas de la alcaldesa y posteriormente los dejaron libres.

Hasta Tierra Colorada llegó la procuradora de Justicia de Guerrero, Martha Elba Garzón, quien dialogó con la alcaldesa y el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido, sobre el crimen, finalmente los tres coincidieron en que colaborarán para encontrar a los culpables de este hecho.

Uno de los acuerdos fue entregar al jefe policiaco y a los ocho agentes a la procuradora.

Al municipio de Tierra Colorada llegaron integrantes del Ejército mexicano con el fin de dar seguridad a los habitantes y encontrar al culpable del homicidio.

Fg

Mando de Guerrero aceptó vínculos con crimen, afirma líder de 'autodefensas'.

27 de Marzo del 2013 a las 13:03pm



En su declaración, Óscar Ulises Valle García, ex director de Seguridad Pública en el municipio guerrerense de Juan R. Escudero, aceptó que participaba con un grupo de la delincuencia organizada, afirmó el dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.

El líder de la UPOEG informó que los 2 mil 500 integrantes de dicha organización, que ayer realizaron acciones para dar con los responsables del asesinato de un comandante de la policía comunitaria, se replegaron y dejaron en manos de la Procuraduría del estado la investigación del caso.

“"En la declaración que hace este señor (Óscar Ulises Valle García), reconoce abiertamente que sí tuvo participación con la delincuencia, por eso vamos a estar pendientes de lo que ocurra"”, aseguró Plácido Valerio.

Plácido Valerio señaló que si bien Valle García fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la UPOEG y el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria (SSJC), que opera en la Costa Chica, seguirá de cerca el procedimiento que se le inicie.

Reiteró que la detención del ex director de la Policía de Juan R. Escudero está relacionada con el asesinato de Guadalupe Quiñones Carbajal, comandante de la policía comunitaria en la localidad de San Juan del Reparo, perteneciente a Tierra Colorada.

Aunque todavía no se identifica ni detienen al asesino material del comandante Quiñones Carbajal, los 2 mil 600 elementos de la policía comunitaria que se movilizaron en la cabecera municipal de Tierra Colorada regresaron a sus zonas de influencia, dejando en la PGJ de Guerrero la responsabilidad de realizar las investigaciones del caso, pero con la advertencia de que van a estar pendientes de lo que ocurra.

El líder de la UPOEG afirmó que tras la agresión cometida el lunes 25 de febrero se esconde la intención de atemorizar a los integrantes del Sistema de Seguridad Comunitario, que ya tiene presencia en tres comunidades de Tierra Colorada.

Por eso, informó, este fin de semana habrá una reunión de coordinadores y comandantes de la policía comunitaria, con la intención de fortalecer las medidas de seguridad interna.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN

31/Mar/2013

Los ciudadanos de Alcozauca, en la zona de la Montaña de Guerrero, señalaron que esta nueva acción se deriva de la inseguridad que se ha registrado en el municipio
Guerrero.- Habitantes del municipio de Alcozauca, acordaron integrar un grupo de autodefensa, luego de que fueron capturados cinco sujetos que intentaron secuestrar a un comerciante de la región.

Los ciudadanos, de la zona de la Montaña de Guerrero, señalaron que esta nueva acción se deriva de la inseguridad que se ha registrado en el municipio.

Este sábado, por lo menos cinco individuos llegaron a la casa de Ángel Guadalupe Dorantes, quienes lo obligaron a subir a un automóvil.

Tras esto, la Policía Municipal logó detener a los presuntos plagiarios, y localizaron al comerciante en la cajuela del vehículo.

Los habitantes acudieron a la cárcel municipal, donde exigieron a las autoridades la entrega de los sujetos para lincharlos.

Los detenidos son: Cesáreo Robles Flores, Mario González Sánchez, ambos de 24 años; Lisaís Vivar Villarreal, de 27; Fidel Martínez Saavedra, de 26; e Iván Vivar Corro, de 24.

Los capturados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.

Política • 8 Abril 2013 - 1:14am — Adriana Esthela Flores

La Policía estatal del municipio de El Troncón arrestó a Nahum Santos Bartolo por portar arma de fuego. El comandante promotor de la CRAC, dijo que es un acto de hostigamiento del gobierno estatal porque la organización apoya al magisterio disidente.

Guerrero • El segundo comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la comunidad de El Troncón, Nahum Santos Bartolo, fue detenido por la Policía Estatal de Guerrero por portación de arma de fuego.

Santos Bartolo, de 39 años de edad, se dirigía acompañado por cuatro de sus compañeros a una reunión de la CRAC en Acatempa.

Después de las seis y media de la tarde, a la altura del poblado San Miguel, el grupo se encontró con un retén de policías estatales, quienes detuvieron a Santos Bartolo por llevar un arma Pietro Beretta 9 milímetros autorizada por la coordinadora.

A las 00:04 horas, el comandante fue trasladado a la delegación de la PGR en Chilpancingo.

El comandante Gonzalo Molina, promotor de la CRAC, consideró la detención como un acto de hostigamiento del gobierno estatal, luego de que la mañana del domingo, la organización mostró su respaldo al magisterio disidente.

"Este es un acto de violación a las instituciones. Nosotros somos una institución, que quede claro. No nos están respetando y vamos a demandarlos ante organizaciones internacionales", advirtió Molina.

"Pareciera que hay situación de hostigar a la CRAC, porque constantemente nos detienen y nos acusan de violar la ley", indicó.

Se incorporan 15 comunidades de la Costa Chica de Guerrero a la CRAC.

Mar Horacio en Ayutla de los libres | Nacional | Fecha: 2013-04-11 | Hora de creación: 02:47:39 | Ultima modificación: 02:47:39.




Al menos 15 comunidades de los municipios de Ayutla y Tecoanapa en la Costa Chica de Guerrero se incorporaron al Sistema de Justicia de la Coordinadora Regional de Comunidades Comunitarias (CRAC) y marcharon por las calles de esta localidad para conmemorar el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, así también brindaron el apoyo a los maestros de la CETEG.

Alrededor del medio día, más de 600 nuevos policías comunitarios salieron de las instalaciones de la Unidad Deportiva donde eran acompañados de los coordinadores de las cuatro casas de justicia de la CRAC en Ayutla y Tecoanapa, así como un grupo de maestros que lanzaron consigna en contra de la reforma educativa.

Durante la marcha de los contingentes de la policía comunitaria de las comunidades como El Coyul, Ocote Amarillo, Ojo de Agua, Cumbres de Yolotepec, El Piñal, Chacalapa, San José la Hacienda, Cerro Gordo Viejo, Ahuezutla, Nuevo Horizonte, Mecatepec, Tepintepec, El Carrizo, El Guayabo y El Tejuruco, eran acompañados por grupos de jóvenes que tocaban canciones de música de viento (chile frito) hasta llegar a la plaza del ayuntamiento de Ayutla, donde se les tomó protesta.

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que la toma de los más de 600 elementos pertenecientes a los 15 poblados de los municipios de Ayutla de Los Libres y Tecoanapa habían hecho peticiones a integrarse al sistema de justicia de la CRAC y aclaró que no estaban en el grupo del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que coordina la UPOEG, donde se deslindaron.

“Había confusiones con ellos, tenían información de la autodefensa, que no es lo mismo que al darse cuenta se adhieren con nosotros y si se dio el procedimiento necesario que se tiene que hacer”.

Comento que la CRAC tiene grupos de policías comunitarios en 107 comunidades en 13 municipios en la región de la Costa Chica, Montaña en la parte alta y baja, y ahora se suman 15 pueblos más de la casa de justicia de la comunidad de El Paraíso, pertenecientes al municipio de Ayutla.

Dijo que se están sumando más elementos de policías comunitarias a las casas de justicia de comunidades de Zitlaltepec y Espino Blanco pertenecientes al municipio de San Luis Acatlán.

“Más de 50 comunidades han enviado solicitudes para sumarse a la CRAC con su policía comunitaria, como los municipios de Cuajinicuilapa, Ometepec, están solicitando su incorporación a la casa de justicia de San Luis Acatlán”.

Recordó que ayer tenían programado un evento con el gobernador del estado, Ángel Aguirre, en Ayutla, el cual se canceló y se les informaría la modificación al decreto con el que se pretende legalizar a las policías ciudadanas como los del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.

Raúl de Jesús Cabrera explicó que pidieron que se quitara del decreto la referencia de policías comunitarios para precisar que la nueva ley no se aplicará para los integrantes del sistema comunitario de la CRAC.

Recordó que mil 200 elementos conforman la CRAC y al adherirse más de 15 comunidades se agregaron más policías y se estima que actualmente sean unos 2 mil que trabajen en la vigilancia de los pueblos.

Arturo Campos, coordinador de la casa de justicia del municipio de Ayutla de los Libres, dijo que el proyecto de la policía comunitaria no está en contra del proyecto y lo que buscan es justicia, desarrollo, educación y todo lo que abarca al territorio, por lo que invitaron a la sociedad a sumarse al movimiento.

Los comisarios y coordinadores de las casas de justicia de Ayutla y Tecoanapa respaldaron a la policía comunitaria de Tixtla, específicamente de las comunidades de Acatempa y El Troncón, que marcharon en Chilpancingo para exigir la liberación de uno de sus comandantes que fue detenido el domingo por la noche.

En su intervención, Pastor Coctecon Plateado, de la casa de justicia del municipio de Tixtla en la zona centro, dijo que en esa región la policía comunitaria de la CRAC se han enfrentado constantemente con el gobierno y no han parado en quererlos desarmar.

Aseguraron que la policía comunitaria sí conoce el reglamento de la CRAC y que a lo mejor es el gobierno quien no lo ha leído y donde a la CRAC se ampara la ley 701.

“El gobierno piensa que al salir armados, peleamos contra él, no señor no estamos en pleito el día que vamos a estar en pleito nos levantaremos comunidades enteras, esto es nada más una parte para liberar a nuestro compañero que fue detenido en Chilpancingo y estamos agradecidos con los profesores donde nos apoyaron y estamos unidos también con ellos”.

Gobierno de Guerrero y fuerzas federales acuerdan la medida durante una reunión de trabajo

Rolando Aguilar/Corresponsal, Jaime Contreras e Ivonne Melgar

14/04/2013 07:44


Los nuevos elementos comunitarios surgieron en el municipio de Tixtla, a principios de 2013.

ACAPULCO, 14 de abril.— Los policías comunitarios que estén fuera de su jurisdicción y porten armas serán detenidos, se anunció ayer en la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, que encabezó el gobernador Ángel Aguirre Rivero y en la que participaron el Ejército, la Armada y las policías federal y estatal.

En el encuentro, al que también acudieron los alcaldes de Acapulco, Luis Walton, y de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, se explicó que los grupos civiles de autodefensa que porten sus armas fuera de sus comunidades podrán ser detenidos por solados, marinos o policías federales y de la entidad.

De acuerdo con fuentes del estado, las autoridades de los tres niveles de gobierno decidieron poner límites a esos grupos comunitarios, debido al respaldo que han ofrecido a la disidencia magisterial que se opone a la reforma educativa y que ha bloqueado la Autopista del Sol y centros comerciales, principalmente en Chilpancingo.

Padres de familia de Guerrero protestaron ayer contra el paro de clases que mantienen los docentes integrantes de la CETEG y exigieron al gobernador solucionar el conflicto.

Acotan uso de armas a autodefensas

En la última reunión del Grupo Coordinación Guerrero, donde participan el Ejército, la Armada de México y las policías Federal, estatal y municipal —la cual fue encabezada por el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero— se analizaron los operativos que se llevan a cabo para evitar los bloqueos de los maestros de la CETEG en diferentes áreas, primordialmente en la Autopista del Sol.

En esta reunión participaron los alcaldes de Acapulco, Luis Walton, y de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, donde se dio la orden de que los policías comunitarios, de acuerdo con la ley, no deben de salir de sus comunidades armados y de hacerlo podrán ser detenidos por elementos del Ejército, Marina o policías, para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes, pues la ley marca que sólo en funciones y dentro de sus comunidades podrán estar armados.

De hecho, esta advertencia ya se ha realizado en varias ocasiones a las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Pese a que la policía comunitaria no está contemplada en la Constitución del estado, se sustentan en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el consejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión.

Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sustentan su formación en especial el 9, el cual menciona:

“En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.”

Este sistema de justicia también se ampara en los artículos 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que la soberanía radica en el pueblo, y también el mismo artículo 2º Constitucional que reconoce a los pueblos indígenas.

Sin, embargo, ante el agravamiento del conflicto magisterial en Guerrero y que grupos de autodefensa se unieron a los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), para crear el Movimiento Popular Guerrerense, las autoridades decidieron poner límites al uso de las armas de las policías comunitarias, para evitar posibles actos de violencia.

Exigencia

Por otra parte, ante la constante movilización de docentes en Guerrero, padres de familia protestaron en un acto cívico realizado en el municipio de Tecpan de Galeana y solicitaron al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, que solucione el conflicto magisterial en la entidad.

Durante un evento por el 251 aniversario del natalicio del general Hermenegildo Galeana, el mandatario estatal escuchó las protestas de los docentes y padres de familia, y les expresó que su administración no ha dejado de privilegiar el diálogo.

“Es una política de mi gobierno establecer el diálogo, antes de cualquier situación adversa y lamentable”, aseveró.

Efectos

1.- La decisión de acotar el uso de armas a policías comunitarios aumentará la tensión entre autoridades locales y federales con la CETEG y las autodefensas aliadas.

2.- Las Fuerzas Armadas deberán actuar con cautela ante una posible provocación y para cuidar que no se violen los derechos humanos de los integrantes del movimiento.

Rinden protesta 106 nuevos policías comunitarios

Ayer, en Acatempa , municipio de Tixtla, se tomó protesta a 106 nuevos policías comunitarios , mismo que ya están incorporados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Este grupo surgió como una organización de autodefensa en el municipio de Tixtla a principios del año 2013 y operaba en las comunidades de Acatempan, El Troncón, Tecolcintla y Zacazonapan, mismas que pertenecen al municipio de Tixtla.

El comisario de Acatempa, Pastor Coctecon Plateado, quien ha manifestado su apoyo total a los maestros de la CETEG, informó que este grupo de policías comunitarios surge para cuidar a los habitantes de estos pueblos.

El dirigente de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, afirmó que esta organización sigue creciendo en el estado, especialmente en la Costa Chica, donde surgió hace 17 años; La Montaña, y ahora en la Región Centro del Estado.

Eliseo Villar negó que en el ánimo de la CRAC esté confrontarse con el gobierno, pero afirmó que la inseguridad en sus comunidades provocó el surgimiento de estos grupos de autodefensa. Al acto acudió la Banda de Guerra de la Normal de Ayotzinapa y una representación del Movimiento Popular de Guerrero, donde participa la CETEG.

Demandan frenar persecución

Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, advirtió que la reforma educativa “no puede sustentarse en acciones judiciales, control policial, amenazas de despido, restricción de derechos laborales o desconocimiento de las circunstancias reales de los profesores”.

Le exigió al gobierno del presidente Peña Nieto exprese con claridad “que no es su intención sancionar o someter a los maestros” y por ende, para solucionar el conflicto magisterial, “debe frenarse cualquier acción persecutoria o intención de influir en la vida interna de los sindicatos”, abundó.

En entrevista, el dirigente de los perredistas en la Cámara alta expuso que las inconformidades contra la Ley de Educación —que aprobara el Congreso con el aval del PRD—, expresadas por el magisterio de Guerrero y Oaxaca, deben encontrar una solución pactada. “A nadie conviene la confrontación, porque se cancelarían las oportunidades de desarrollo y las posibilidades de reducir la desigualdad”, consignó Barbosa Huerta.

En este tema, dijo el legislador, “los poderes públicos estamos obligados a realizar esfuerzos excepcionales para que el conflicto entre el gobierno y la disidencia magisterial encuentren una solución pactada, que ofrezca a las nuevas generaciones de mexicanos oportunidades efectivas de mejoría”.

Llamó a “la suma de esfuerzos” para terminar con la percepción que tiene una parte del magisterio en esas entidades, en el sentido de que la reforma educativa pone en riesgo su empleo, el carácter público de la educación “o que es omisa en las diferencias sociales y pedagógicas existentes en diversas regiones de México”.

Ante una duda, Barbosa dio su respaldo a los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cué, y de Guerrero, Ángel Aguirre, para que a través del diálogo y la negociación atiendan las inconformidades magisteriales que se han expresado en el cierre de vías de comunicación y daños a edificios públicos en ambos estados.

En Acapulco, el también senador perredista Alejandro Encinas dijo que para solucionar el conflicto magisterial en el país y específicamente en Guerrero, es necesario analizar las carencias de los profesores.

Mencionó que en “un principio se debe reconocer la enorme desigualdad del sistema educativo, y es absurdo pensar que homologando acciones y dando un trato igual a desiguales, se puede resolver el problema”.

Encinas señaló que no es lo mismo una escuela en el norte del país con condiciones adecuadas para impartir clases, que una en La Montaña de Guerrero, en donde un solo maestro atiende a grupos de distintos niveles educativos.

PRD y CETEG logran acuerdo

Integrantes de la Coordinadora Estatal de la Educación de Guerrero (CETEG) concluyeron, tras seis horas de negociaciones, la presentación de propuestas ante los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con quienes se reunieron para analizar la iniciativa de la Ley Estatal de Educación, que a partir de ahora será redactada por la fracción parlamentaria.

Según el secretario de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, los diputados del PRD pidieron tiempo para crear el proyecto que será expuesto ante el Congreso el próximo martes y será votado el jueves.

La mesa de diálogo se reanudó ayer en la ciudad de Chilpancingo, luego de que el viernes se decretara un receso.

En un salón del Congreso local, el coordinador y vicecoordinador de la bancada perredista, Bernardo Ortega Jiménez y Amador Campos Aburto, respectivamente, encabezaron el encuentro con los miembros de la CETEG.

Juárez Ocampo dijo que en el encuentro con diputados locales perredistas se vieron avances para que la fracción del sol azteca presente ante el Congreso local una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación.

Explicó que ahora se busca que la iniciativa no vaya en contra de la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión, pero se mantengan aspecto como la evaluación por medio de usos y costumbre en pueblos originarios.
Los docentes han propuesto la creación de un instituto de evaluación, que no ponga en riesgo la permanencia de los trabajadores de la educación y el derecho a acceder a las plazas.

Los docentes anunciaron que continuarán las movilizaciones de forma interna.

Cabe señalar que el pasado viernes, los maestros de la CETEG bloquearon tiendas departamentales, para después dirigirse a sus campamentos, esto bloqueando la Autopista del Sol.

Diputados exhortan a privilegiar el diálogo

La Cámara de Diputados llamó ayer al magisterio disidente a privilegiar el diálogo y a participar en la definición de acciones que permitan afrontar los graves problemas educativos del país.

El vicecoordinador de la bancada del PRD, Miguel Alonso Raya, convocó a quienes se oponen a la reforma constitucional en la materia y al gobierno federal a superar los conflictos, en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos laborales.

Expuso que los cambios deben seguir en el terreno educativo, en un país con 50 millones de mexicanos analfabetas o con la primaria inconclusa y con una escasa capacidad de responder a las demandas de estudios profesionales, como se mostró esta semana cuando la UNAM sólo pudo aceptar a 10 por ciento de los 62 mil 682 aspirantes.

Alonso Raya, egresado de la Escuela Normal Luis Villarreal, de El Mexe, expuso que uno de los rezagos más lamentables es que la deficiencia de recursos de las universidades públicas no permite ampliar la cobertura educativa, “lo que provoca que sólo tres de cada diez jóvenes en edad de ir a la universidad, puedan hacerlo”.

En tanto, el jefe de los diputados del Partido Verde, Arturo Escobar, alertó que el mensaje que los maestros envían a México y al mundo “en nada ayuda al magisterio nacional”.

Se fortalece la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Este sábado rindieron protesta 106 nuevos elementos la Policía Comunitaria (PC) en el municipio de Tixtla, ubicado en la Región Centro de Guerrero.

A decir de los comisarios de la CRAC, los nuevos integrantes de la PC operan, desde hace un par de meses, en las comunidades Zacatzonapan, Acatempa, El Troncón y Tecolcintla, todas ellas pertenecientes a Tixtla.

Al respecto, Pastor Coctecón Plateado, comisario de Acatempa, explicó que estos grupos de policía comunitarios incorporan a 106 nuevos elementos, tres de ellos son mujeres que estarán participando en la vigilancia de los pueblos.

Por su parte, Eliseo Villar Castillo, coordinador general de la CRAC, sostuvo que el proyecto de seguridad y justicia comunitario se encuentra en un proceso de fortalecimiento en Guerrero, particularmente en la Costa Chica, Montaña y Región Centro.

Negó que haya un ánimo de confrontar a las autoridades legalmente establecidas, pero defendió el surgimiento de más grupos, a partir del hartazgo que existe en la población, por la forma en que se dejó crecer al crimen organizado en los últimos años.

Previo al acto principal, los policías comunitarios marcharon de la entrada principal de la localidad hacia el centro, fueron acompañados por elementos de las policías ciudadanas de Olinalá, Temalacatzingo, Cualac y Ayutla de los Libres, todas ellas incorporadas a la CRAC.

Al acto de toma de protesta acudió la banda de guerra de la Normal Rural de Ayotzinapa y una representación del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), creado el pasado 10 de abril, en el contexto de la lucha contra la reforma educativa federal.

Ezequiel Flores Contreras
21 de abril de 2013 · 8 Comentarios
Destacado


La marcha de policías comunitarios.
Foto: Ezequiel Flores.

TIERRA COLORADA, Gro. (proceso.com.mx).- Habitantes del municipio de Juan R. Escudero conformaron un grupo de 480 policías comunitarios adheridos al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, impulsado por la organización Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado Guerrero (UPOEG), y demandaron la separación del cargo de la alcaldesa panista, Elizabeth Gutiérrez Paz, porque durante su administración se recrudeció la inseguridad y violencia ligada al narcotráfico.

A las 11:00 horas, más de tres mil personas, entre mujeres, niños y hombres armados con rifles, escopetas y pistolas -procedentes de varias comunidades de este municipio de la región Centro y diversos puntos de Costa Chica y Montaña-, marcharon por las calles de la cabecera municipal, ante la mirada de soldados y policías municipales, en un hecho que refleja el hartazgo ciudadano ante la indolencia y omisión que ha caracterizado a las autoridades de los tres niveles de gobierno frente a la narcoviolencia.

El contingente fue encabezado por el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, quien afirmó que con este modelo de seguridad ciudadano paralelo al oficial, regresó “la dignidad y la paz social” a los habitantes del municipio de Juan R. Escudero, zona colapsada por la delincuencia organizada, que tenía sometida a la población a través de secuestros, asesinatos y extorsiones que se cometían al amparo de las autoridades locales.

Una hora después los manifestantes y civiles armados arribaron a un campo de futbol llanero, ubicado en la colonia San José, sobre la carretera federal que conecta el poblado de Tierra Colorada con el municipio de Tecoanapa, donde se realizó una asamblea regional bajo un radiante sol y una temperatura de 37 grados Centígrados.

Durante el mitin, al que asistieron autoridades de 16 comunidades de las 23 que conforman el municipio de Juan R. Escudero así como de ocho municipios de las regiones de Costa Chica y Montaña, el coordinador regional de la UPOEG, Ernesto Gallardo, informó que el brazo armado de esta organización surgida a principios de enero en el municipio de Ayutla de los Libres, está integrado por casi dos mil policías comunitarios divididos en grupos de 12 elementos y distribuidos en nueve de los 81 municipios de la entidad.

Durante este lapso, han detenido a más de 50 personas vinculadas presuntamente a la delincuencia organizada y que han sido entregadas en su mayoría a autoridades ministeriales.

También dijo que los policías comunitarios de la UPOEG han sostenido dos enfrentamientos armados: uno en la comunidad de El Refugio, municipio de Tecoanapa, donde fue abatido un presunto delincuente y tres más fueron detenidos, y el segundo en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, donde detuvieron a dos hombres armados con fusiles AK-47 y que portaban uniformes de la Policía Ministerial Estatal.

Por su parte, el promotor de la policía comunitaria en el municipio de Juan R. Escudero, Jorge García Hernández, señaló que autoridades comunitarias de 16 poblados han designado a 480 guardias civiles desde el 29 de marzo, fecha en que los habitantes de este lugar, cansados por la inseguridad y violencia, decidieron sumarse al proyecto de autodefensa de la UPOEG.

Enseguida, los policías comunitarios de Juan R. Escudero, adheridos a la UPOEG, se presentaron en la asamblea popular, destacando la participación activa de mujeres que, superando el miedo, decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia ante la inoperancia gubernamental.

Luego, García Hernández informó que la alcaldesa panista Elizabeth Gutiérrez canceló una sesión de Cabildo abierto contemplada para este viernes 19 y que fue solicitada por las ciudadanos que apoyan el movimiento de autodefensa en este municipio, para exigir a las autoridades municipales una explicación ante los señalamientos de sus presuntos nexos con la delincuencia y la indolencia que han mostrado frente a los crímenes que se cometen en este lugar.

Este hecho provocó una molestia generalizada de los ciudadanos y exigieron la separación del cargo de la presidenta municipal, a quien responsabilizaron por el ambiente de inseguridad. También, demandaron mayor firmeza a los cuatro comisionados e impulsores de la policía comunitaria en este municipio, ubicado en la región Centro y considerado como zona estratégica del narco porque colinda con Acapulco y la Costa Chica.

Por ello, los ciudadanos reunidos en Tierra Colorada, acordaron solicitar de nueva cuenta mediante escrito, que el Cabildo sesione públicamente para discutir el tema de la inseguridad y plantear la demanda de que la alcaldesa panista deje el cargo o sea destituida.

En entrevista, Jorge García dijo que el temor que prevalece entre los habitantes de este municipio había impedido que se manifestaran de esta forma, ya que los asesinatos, extorsiones y secuestros se cometían impunemente.

No obstante, señaló que la actitud de los ciudadanos cambió a partir de finales de marzo cuando la policía comunitaria de la UPOEG sitió la cabecera municipal, luego de la ejecución del comandante de este grupo de autodefensa en la comunidad de San Juan del Reparo Sur, Guadalupe Quiñones Carvajal.

Ello debido a que los habitantes de Juan R. Escudero decidieron denunciar los crímenes y exigir la destitución de las autoridades municipales que son responsabilizadas por permitir que la delincuencia opere impunemente en esta zona.

El 26 de marzo, en un hecho inusitado, más de dos mil policías comunitarios de la UPOEG procedentes de la Costa Chica irrumpieron en el poblado de Tierra Colorada, donde detuvieron al director de Seguridad Pública Municipal, Óscar Ulises Valle García El Junior, así como a 12 policías de esta corporación y seis civiles por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada y vinculados al asesinato de Quiñones Carvajal.

Actualmente, El Junior, los 12 agentes y los civiles se encuentran arraigados en una casa de seguridad de la Procuraduría local y se desconoce su estado jurídico.

Al respecto, el promotor de la policía comunitaria en este municipio dijo que una vez que se conformó el grupo de autodefensa en la mayoría de las comunidades de Juan R. Escudero, el siguiente paso es revisar el trabajo de las autoridades municipales para regresar la tranquilidad plena en este lugar.

“En esto ya no hay marcha atrás. Estamos ejerciendo nuestro derecho a protegernos porque las autoridades no garantizan la seguridad en este municipio”, indicó García Hernández.

Por su parte, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido anunció que la próxima semana, funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), visitarán Tierra Colorada y otras zona de la Costa Chica para recabar testimonios de víctimas de la narco violencia que persiste en esta zona de la entidad.

También, planteó que el tema de las armas fue necesario para recuperar la dignidad y la paz de los ciudadanos, y sentenció que la lucha de la UPOEG es en contra de la delincuencia que tiene secuestrada a la población, para restablecer y buscar un desarrollo integral en las comunidades.

A los políticos que han criticado desde el gobierno federal y el Senado de la República el movimiento de autodefensa de la UPOEG, les dijo que la persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico, es responsabilidad de las autoridades gubernamentales.

“Nosotros vamos por los delincuentes que secuestran, asesinan y extorsionan a la ciudadanía; los políticos deben entender que robar y enriquecerse a través del erario público, también es un crimen”, expresó el activista indígena.

Por ello, dijo que los políticos y autoridades gubernamentales tienen la obligación de revertir los efectos de la narcoviolencia a través de la generación de oportunidades de desarrollo para la población, mediante la aplicación transparente de los recursos públicos destinados a obras y programas sociales.

Se manifiestan alrededor de 3 mil en Guerrero; exhiben pistola Colt .38 y ametralladora; crean una nueva policía comunitaria

Rolando Aguilar/ Corresponsal

22/04/2013 05:07



CHILPANCINGO, 22 de abril.— Unos 300 nuevos policías comunitarios, pertenecientes al sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, rindieron protesta en Tierra Colorada, Guerrero.

El dirigente de la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido, dio a conocer que en este sistema de seguridad ciudadana ya participan más de tres mil 500 policías en el estado, y la intención es cubrir toda la Costa Chica.

Señaló que los hechos marcan que los lugares donde se ha presentado este sistema de protección ciudadana los índices delictivos bajan e indicó que en el caso de Tierra Colorada ya están a punto de dar con los asesinos del comandante de la policía comunitaria.

A los policías comunitarios de la Costa Chica y a los nuevos grupos de autodefensa que surgieron a partir de enero de 2013 en Guerrero sólo se les permite tener armas de bajo calibre, de los que utilizan para cazar, rifles calibre 22 y escopetas; sin embargo entre la gente que acudió a la toma de protesta de ayer domingo había una persona que portaba una ametralladora calibre .9mm.

Además, una mujer, que vestía con el uniforme de la policía comunitaria, guardaba en su bolsillo un revólver Colt .38.

Diferencias

A este acto no acudieron autoridades de la presidencia municipal de Tierra Colorada, quienes han tenido varios roces con los grupos de autodefensa que llegaron a controlar el municipio.

Romualdo Santiago Díaz, uno de los comandantes del grupo armado, manifestó que no están en contra de las autoridades de Tierra Colorada, pero ya que éstas no pudieron mantener el orden, la policía comunitaria decidió tratar de restablecer el control.

Entre el contingente de alrededor de tres mil policías comunitarios que marcharon en el municipio de Tierra Colorada se identificaron a grupos de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Florencio Villarreal, Coatepec, Azoyú, Juchitán y Juan R. Escudero.

Entre los asistentes a la movilización de policías comunitarios, se pudo identificar la presencia de varios integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Dan por terminado Aguirre y UPOEG etapa de autodefensas.

23 de Abril del 2013 a las 19:04pm

Con el acuerdo, el gobernador y esa organización dan inicio al Sistema de Seguridad Ciudadana, que no podrá participar en eventos de orden político, ni colocar retenes, ni utilizar capucha ni circular embozados.



Ciudad de México • Con la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno del estado de Guerrero y la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del estado dan por concluido la etapa del movimiento de autodefensas en la entidad y da inició el Sistema de Seguridad Ciudadana.

Así lo informó el mandatario del estado, Ángel Aguirre Rivero, quien reiteró que los grupos de autodefensa habrán de encaminar su participación en un marco legal, además de establecer que el Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) no podrá de ninguna manera participar en eventos de orden político, ni colocar retenes, ni utilizar capucha ni circular embozados

MILENIO.COM

Detiene Ejército a más de 50 policías comunitarios en Guerrero


Policía • 1 Mayo 2013 - 9:17pm — Rogelio Agustín Esteban

Promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias calificaron los actos como hostigamiento contra ese sistema de seguridad de poblaciones indígenas.

Guerrero • Por la mañana, elementos del Ejército mexicano detuvieron a más de 50 policías comunitarios que trasladaban a varios presuntos delincuentes hacia la Casa de Justicia ubicada en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres.

Horas antes, en la comunidad de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, un integrante de la Policía Civil y Popular fue detenido por personal de la Marina Armada, ya que no pudo acreditar la propiedad de la camioneta en que se trasladaba.

Ambos hechos fueron calificados por Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, como actos de hostigamiento contra este sistema de seguridad que opera fundamentalmente en poblaciones indígenas.

Arturo Campos encabezó un grupo de policías comunitarios que uniformados, pero sin armas de fuego, participaron en la marcha que el magisterio disidente realizó este primero de mayo en Chilpancingo.

En la plaza central, dio a conocer que la jornada del martes, los elementos de la Marina asumieron el rol de agentes de tránsito y alrededor de las 22:00 horas instalaron un puesto de revisión, en el que detuvieron al policía comunitario Julio César Pantaleón Mondragón, lo que calificó como una irregularidad.

“Se lo llevaron al Ministerio Público y ahí lo tienen resguardado, pese a que tiene credencial como policía comunitario y se acreditó como tal”, indicó Gonzalo Molina.

Respecto a las unidades interceptadas en la Costa Chica, dijo que se trata de cuatro unidades con poco más de 50 comunitarios, los que la noche del martes habían realizado un operativo y llevaban varias personas detenidas.

Esta mañana fueron interceptados por soldados del Ejército mexicano y retenidos durante varias horas, hasta que su coordinadora se comunicó con el mando castrense para solicitar su liberación.

A estos hechos se suma la denuncia penal que el ayuntamiento de Tixtla presentó en contra de Pastor Coctecón Plateado, a partir de la retención de cuatro policías preventivos a manos de la comunitaria que opera en Acatempa.

“Nosotros le pedimos al ayuntamiento de Tixtla que se sujete a lo que establece la ley, que no cometa más errores y que no ataque un sistema de seguridad que ayuda en mucho a resolver el problema de la criminalidad. El alcalde no debe ser parte de la campaña de hostigamiento que hay contra las comunitarias en el país”, manifestó Gonzalo Molina.

Supuestamente el cargo es portación de armas de uso exclusivo del Ejército

El CRAC defiende la inocencia de sus integrantes; los aprehendieron con violencia, afirma

Héctor Briseño y Sergio Ocampo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de mayo de 2013, p. 25
Acapulco, Gro., 7 de mayo.

Los seis agentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detenidos el lunes aquí por elementos militares, marinos y policías federales fueron liberados la tarde de este martes por la Procuraduría General de la República (PGR), aunque se desconoce quién pagó la fianza para impedir su encarcelamiento.

Desde la madrugada, abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se hicieron cargo de la defensa de los seis policías comunitarios detenidos en el bulevar de las Naciones, en la zona Diamante del puerto.

Su detención se debió aparentemente a la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, aunque ninguna autoridad confirmó la versión.

No obstante, en Chilpancingo el gobernador Ángel Aguirre Rivero señaló que los policías comunitarios fueron detenidos porque salieron de su jurisdicción, iban armados, con armas prohibidas (como el caso del coordinador Eliseo Villar).

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, detalló que el comandante de la CRAC, Leonel Vázquez Leal, además de los policías comunitarios Iván López González, Fermín Raymundo Martínez; y el coordinador de la CRAC, Raúl de Jesús Cabrera, fueron liberados mediante caución alrededor de las 16 horas con las reservas de ley.

Posteriormente, alrededor de las 17:30 horas, quedaron libres el dirigente de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, coordinador de la casa de justicia de Ayutla, y el policía Israel Reyes Cruz.
Rosales Sierra dijo que la postura de la CRAC era no pagar las fianzas y defender la inocencia de sus elementos y manifestó que desconocía quién o quiénes cubrieron los más de 62 mil pesos de fianza que se fijaron a los primeros cuatro policías comunitarios liberados, indicando que se estaba aún determinando los términos jurídicos que permitieron la liberación de los dos restantes. Rosales Sierra señaló que hubo violencia de parte de las fuerzas armadas hacia los comunitarios.

Reprochó que “hubo rispidez en su detención, fue violenta sin que llegara a traducirse en ninguna lesión concreta a los compañeros”. Sostuvo que no hay ley que impida a los policías comunitarios portar armas en sus desplazamientos.

Argumentó que los elementos de la CRAC están facultados por leyes estatales, que señalan que los pueblos indígenas, de acuerdo con sus sistemas de justicia, pueden realizar actividades de prevención del delito, jurisdiccionales y de readaptación social.

Antes, durante la mañana integrantes de la CRAC protestaron en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, a la altura del municipio de Tixtla, en donde exigieron la libertad de seis de sus compañeros detenidos en el puerto de Acapulco, y que permanecían en la delegación de la PGR.

Los policías comunitarios estuvieron vigilados por elementos del Ejército Mexicano, quienes les decomisaron tres escopetas, que posteriormente les fueron regresadas. Los integrantes comunitarios repartieron volantes a los automovilistas.

Busca la Segob estrategia para regular policías comunitarias

La Redacción
25 de mayo de 2013
Nacional


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, anunció que esa dependencia y las comunidades de Guerrero analizan una propuesta de seguridad para regular a las policías comunitarias en esa entidad.

El funcionario explicó que en días pasados se sostuvo una reunión con miembros de dichas comunidades y se acordó que en dos semanas se hará la propuesta concreta de una estrategia de seguridad.

Tras participar en la sexta asamblea de líderes del movimiento “Volver a empezar” que encabeza el expanista Manuel Espino, Campa dijo que se pretende aprovechar el deseo y afán de participación de la comunidad para reforzar las condiciones de seguridad.

Detalló que el gobierno federal hará una propuesta a las comunidades con el objetivo de que puedan establecerse, en el marco de la ley, las funciones de las policías comunitarias y la utilización de armas por parte de esos grupos.

Se dijo confiado en que se encontrará un camino de colaboración y comunicación en apego a la ley, ya que los grupos han planteado la necesidad de fortalecer los instrumentos de vigilancia a partir del apoyo con tecnología.

Agregó que es necesario diferenciar a las policías comunitarias, ya que en Oaxaca estos grupos existen desde el siglo 16, en Guerrero desde mediados de los 90 y las de reciente creación poseen características distintas.

“Se está trabajando e incluso en los casos extremos lo que ha sucedido es producto de la decisión del gobierno de intervenir y confiamos en que las cosas habrán que tomar el curso que permite la ley”, afirmó Campa.

ELITEMX escribió:“Hemos hecho sondeos y la ciudadanía está muy satisfecha. Y en lugares que eran muy pesados hace unos meses, la gente ya sale con sus niños. Para nosotros es una satisfacción porque es bonito devolverle la tranquilidad a las comunidades”, asegura Tomás Mayo, uno de los coordinadores regionales de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, en la localidad de Ayutla.
Desde hace año y medio la situación de inseguridad había ido de mal en peor en este municipio de la Costa Chica. Al menos dos grupos del crimen organizado, los Pelones y la Barredora, habían extendido el terror por el pueblo. “Había secuestro, extorsión, cobro de plaza, cobro a negocios…”, afirma Mayo. Por ejemplo, un ganadero tenía que pagar 500 pesos por derecho de piso, más una cuota de un peso por cada kilo de carne que vendiera.

La policía municipal, por complicidad o por temor, no hacía nada contra ellos, así que “eran los dueños del pueblo”, sostiene frente a la nueva sede del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG en Ayutla, en la calle principal de la localidad.

Hasta que el pasado 6 de enero integrantes de la UPOEG, una asociación civil que promueve el desarrollo regional, organizaron una autodefensa, instalaron retenes y, encapuchados y vestidos de civil, detuvieron a 52 personas que supuestamente pertenecían o colaboraban con los grupos del crimen organizado. Los conocía, sabían dónde estaban y lo que hacían porque Ayutla apenas cuenta con alrededor de 15 mil habitantes.
En los días siguientes, en la región de la Costa Chica se sucedieron levantamientos similares de otras autodefensas de la UPOEG.
Al principio provocaron la alarma de las autoridades, pero evolucionaron rápidamente. Se quitaron las capuchas y conformaron asambleas para legitimarse en forma de policías comunitarias, una figura reconocida por la legislación guerrerense como parte de los usos y costumbres indígenas desde 2009, año en que se aprobó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Las policías comunitarias se aglutinan ahora en Guerrero en torno a dos organizaciones: la UPOEG y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Ésta ya tenía su propio Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria desde 1995, pero debido al aumento de la inseguridad en los últimos meses ha visto aumentar vertiginosamente el número de cabeceras municipales y comunidades que se han integrado a ella o que han pedido adherirse.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido, asegura que su organización cuenta con unos 2 mil 600 policías comunitarios repartidos en 10 municipios, casi todos de la Costa Chica. Mientras que la CRAC supera los mil 500 hombres en una quincena de municipios, principalmente en la región de la Montaña.
Son sobre todo campesinos, pero también maestros, albañiles, comerciantes, ganaderos, profesionistas… y no cobran ningún sueldo, lo hacen voluntariamente. Van uniformados y portan armas reglamentarias: pistolas de 9 milímetros, escopetas, fusiles de calibre 22…
Están a la entrada de las comunidades, hacen retenes y revisan vehículos, hacen por las noches en los pueblos y sus alrededores, juzgan a quienes infringen las normas y los someten a “reeducación”. Incluso se han enfrentado ocasionalmente a tiros con integrantes del crimen organizado, aunque afirman que éstos ya casi no actúan en las zonas bajo su control.
El Sistema de Justicia y Seguridad Comunitaria de la CRAC había pasado desapercibido para el resto del país hasta que en enero comenzaron los surgimientos de grupos de autodefensa de la UPOEG.
Éstos ya llevaban un tiempo preparándose para asumir la seguridad en varios municipios de la Costa Chica ante el acoso del crimen organizado. El secuestro en enero de un comisario de la comunidad de Rancho Grande, del municipio de Ayutla, fue el detonante.
Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, la razón de fondo del surgimiento de estos grupos es la “situación precaria de la vida democrática en Guerrero”, ya que tradicionalmente el sistema político de este depauperado estado “no está cimentado en las instituciones que generan democracia” sino en “cotos de poder caciquil”.
El incremento de la violencia generada por el crimen organizado, que en Guerrero viene propiciada por una sinnúmero de cárteles, se recrudeció hace unos años. No obstante, “la gente dio un periodo de prueba” al Operativo Guerrero Seguro, lanzado en 2009 con la participación del ejército y la marina.
Pero con el tiempo, “la gente ya vio que el Operativo Guerrero (2009) es un operativo oneroso, aparatoso, fanfarrón e ineficiente. Y ya no hay otro cuerpo de seguridad del Estado que digas: ‘Ahora ¿quién?’”, por lo que resolvieron que ya el único que podía proporcionarles seguridad eran ellos mismos, explica.
Los primeros en enfrentarse con la delincuencia organizada fueron los vecinos de Huamuxtitlán, en la zona de la Cañada de la región de la Montaña, en junio del año pasado. Miguel Ángel Vitrago, coordinador del Frente Ciudadano de Seguridad de este municipio, recuerda que desde 2009 se sucedían los asesinatos, los secuestros, los robos y los asaltos ante la pasividad de las autoridades locales.
“Enfrente del ayuntamiento municipal estaban asaltando a mano armada y cuando se iba a ver a las autoridades no había nadie. Los policías no estaban, el síndico no se encontraba, ni la presidenta municipal, no había nadie. La población estaba en manos de la delincuencia”, lamenta.
“Lo más grave fue el día 2 de junio del 2012 cuando se viene el secuestro de 18 personas de diferentes familias. Cuando nos dimos cuenta la población de ese secuestro nos dio mucho coraje y nos levantamos. En toda la noche, la gente anduvo corriendo por diferentes lugares persiguiendo a los delincuentes”, rememora.
A principios de este mes el Frente Ciudadano de Seguridad de Huamuxtitlán se integró junto con otras fuerzas de seguridad civiles en la CRAC, para lo cual ha tenido que cumplir una serie de requisitos, explica Francisco Delfino Ramos, coordinador de la radio comunitaria de la CRAC en San Luis Acatlán. “Uno de los primeros es conocer muy bien el reglamento interno. Por ejemplo, no pueden andar enmascarados, ni tomando con el uniforme”.
Además, diferencia de la UPOEG, donde los miembros de la policía comunitaria se ofrecen, “en la CRAC los policías son nombrados en una asamblea”.
Por lo demás, los cuerpos de policía de ambas organizaciones son bastante similares. Los policías no cobran ningún salario por su actividad. Las dos tienen un sistema de justicia basado en la reeducación que incluye la imposición de penas basadas en el trabajos en beneficio de las comunidades (construir escuelas, arreglar carreteras…), si bien la UPOEG en los casos más graves remite a los delincuentes a la justicia “oficial”, algo que nunca hace la CRAC.
Ambas reivindican tener objetivos más amplios, como programas de desarrollo y capacitación en diversas materias. Las dos reciben ayudas estatales, desde uniformes a camionetas o ambulancias, y tanto una como otra aseveran que esto no afecta a su independencia y que no se someterán a las autoridades municipales o estatales.
En cuanto a su relación con las fuerzas federales, Tomás Mayo señala que en Ayutla han llegado a un acuerdo con los militares que se han desplegado en la zona con un nutrido número de efectivos. “Ponemos puestos de control, pero los hacemos en las comunidades, no los hacemos en la carretera federal porque en la carretera federal está operando el gobierno”, dice mientras pasan constantemente frente a su sede vehículos militares y patrullas de la comunitaria.
Esta convivencia, no obstante, no es tan cordial en las zonas donde opera la CRAC. Vitrago reconoce que con la policía estatal, la judicial y el ejército tienen “pequeñas diferencias”. “A veces sí sentimos el hostigamiento. Aunque ya nos conocen porque andamos uniformados y saben que si andamos por acá es porque estamos vigilando el pueblo, nos revisan constantemente. Como que les estamos estorbando”, reclama.
FUENTE:
http://www.animalpolitico.com/2013/06/las-policias-comunitarias-se-consolidan-en-guerrero/#axzz2W7bUyC3R

Templarios acusan de servir al narco a nuevo grupo de autodefensa de Guerrero



Ezequiel Flores Contreras
23 de junio de 2013  
Destacado  


CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- El grupo delictivo Los Caballeros Templarios acusó al activista Leopoldo Soberanis Hernández, impulsor del grupo de autodefensa conformado y avalado por el gobierno estatal esta semana en la región de la Costa Grande, de estar al servicio del narco y exigieron a las autoridades gubernamentales que se mantengan al margen de la disputa de este importante corredor de drogas en la entidad.

Lo anterior, mediante narcomantas colocadas esta mañana en los municipios de Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez, así como volantes que se distribuyeron en las comunidades de Rancho del Coyote y Los Cimientos.

El grupo delictivo afirma que Soberanis Hernández está al servicio de la pandilla conocida como Los Granados, un remanente del extinto cártel de los Beltrán Leyva que opera en las comunidades de San Luis San Pedro y La Loma del municipio de Tecpan de Galeana, lugar emblemático del narco en la entidad.

Esta banda criminal es dirigida por un delincuente identificado como Salvador Chava Granados, hermano de Rubén El Nene Granados, quien permanece preso acusado por el gobierno federal de ser operador de los Beltrán Leyva y encabezar una brutal disputa por el control de la Costa Grande, con sicarios al servicio del cacique y exalcalde priista de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, también preso y vinculado al cártel de Sinaloa que dirige Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzman, aliado de Los Caballeros Templarios.

Textualmente el mensaje advierte:

“Al gobierno federal y estatal, al pueblo en general le hacemos saber que no se dejen engañar por el movimiento que encabeza el narco Leopoldo Soberanis Hernández y Reinaldo Soria Suarez, ya que atrás de ellos está Chava Granados, y la Nueva Generación que usan al pueblo para protegerse y seguir secuestrando a maestros, turistas, ancianos, y desapareciendo a luchadores sociales y ecologistas”.

“No vamos a permitir que sigan usando al pueblo y a las autoridades, formando auto-defensa que están al servicio de Chava Granados, le pedimos al gobierno que no se metan, que nos dejen acabar con esas lacras que ya están siendo acorralados por nuestra fuerza templaria”, agrega.

Y remata: “Le pedimos al señor Bruno Placido que no asesore a esos señores, porque quieren cuidarle la zona a Chava Granados y seguir haciendo desapariciones. Vamos contra todos los que apoyen a esos lacras de San Luis. Atentamente: Los Caballeros Templarios”.

Las acusaciones en contra de Leopoldo Soberanis se dan luego de que el activista encabezó un bloqueo realizado por más de mil pobladores armados sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, el cual se prolongó por más de 24 horas para anunciar la conformación de un grupo de autodefensa que enfrentará a Los Caballeros Templarios.

La administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien se encuentra en Estados Unidos en un gira para “promover los destinos turísticos”, avaló y reconoció este viernes al grupo de autodefensa acusado de estar al servicio del grupo criminal Los Granados.

Después de 30 horas del bloqueo, el secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez -un admirador de la guerrilla colombiana- acudió junto al sobrino del mandatario, Ernesto Aguirre y el secretario de Seguridad Pública, Javier Lara, a la zona del conflicto donde anunciaron operativos policiacos para confrontar a Los Caballeros Templarios.

En el texto “Guerrero, estado sin gobierno” que se publica en la edición 1912 de Proceso de esta semana, se advierte sobre la expansión de grupos de autodefensa ante la criminal omisión e indolencia gubernamental que simplemente no pueden revertir los efectos de la narcoviolencia en la entidad.