Autodefensas ilegales y Policias Comunitarias en Guerrero.

Hartos del narco, pobladores toman armas en Guerrero

Ezequiel Flores Contreras
9 de enero de 2013 · 17 Comentarios
Narcotráfico
Los pobladores que asumieron la seguridad de Ayutla, Guerrero. Foto: Ezequiel Flores

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Desde hace cinco días, habitantes de Ayutla de los Libres y elementos de la Policía Comunitaria (PC) asumieron la seguridad pública de este municipio ubicado en la región de la Costa Chica, con el fin de expulsar a las bandas del crimen organizado que tienen asolada la región.

Este hecho nuevamente evidencia la ausencia de autoridad y la indolencia gubernamental frente a los índices de impunidad y violencia que persisten en la entidad.

El hartazgo ciudadano ante la incesante ola de asesinatos, extorsiones y secuestros ha desatado una serie de movimientos sociales, principalmente en la región de la Montaña, donde pobladores armados han buscado encarar a bandas de la delincuencia organizada, situación que ha exhibido presuntos nexos de autoridades locales con los criminales.

El año pasado, habitantes de los municipios de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Cualac y Olinalá decidieron armarse para expulsar a los delincuentes que operaban impunemente en esa zona de la región de la Montaña.

Ahora, el mismo fenómeno se replica en Ayutla de los Libres, lugar donde el 1 de marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayutla, pronunciamiento político proclamado por Florencio Villarreal y Juan N. Álvarez para desconocer a Antonio López de Santa Anna como presidente del país.

A partir de una serie de extorsiones y secuestros que tuvo su momento más ríspido el sábado 5, cuando secuestraron a Eusebio Alberto Alvarado García, comisario del poblado de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, indican reportes oficiales.

Enseguida, cerca de 400 pobladores de tres municipios, Tecoanapa, Ayutla de los Libres y Florencio Villarreal, con el apoyo de integrantes de la PC, se movilizaron para rescatar al comisario.

Debido a que se montaron retenes sobre la carretera federal que une estos municipios de la región de la Costa Chica, Alvarado García fue liberado y los secuestradores huyeron del lugar.

No obstante, los pobladores y los miembros de la Policía Comunitaria mantuvieron el retén en Ayutla y, el domingo 6, abatieron a tiros a un taxista que se resistió a ser revisado, refiere un parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Al respecto, esa dependencia integró una averiguación previa por el homicidio del taxista Cutberto Luna Chávez, de 40 años.

No obstante, apenas el martes 8 el gobernador Ángel Aguirre justificó la acción de los pobladores de Ayutla, al señalar que las acciones de autodefensa armada “se dan a la luz de la desesperación de la ciudadanía ante el crimen organizado y la ausencia de respuesta de las autoridades”, consignaron hoy medios locales.

Hasta el momento, unos 200 civiles armados mantienen un retén en la entrada y salida de la cabecera municipal de Ayutla de los Libres y aseguran que no van a retirarse del lugar hasta que expulsen en definitiva a miembros de bandas delincuenciales que operan en la zona.

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 13 de abril de 2014, p. 13

Los pueblos de Cuetzala del Progreso, Guerrero, siguen bajo control de los grupos del narcotráfico. "El alcalde Feliciano Alvarez Mesino ya andaba de huida; sus rivales lo habían corrido del pueblo cuando el lunes lo detuvieron los federales", señalaron habitantes de poblaciones de Tierra Caliente que forman parte de ese municipio, como Tianquizolco, Apetlanca, Chilacachapa y Cuaxilotla.

“Los narcos tienen el control y cuando han llegado –o aunque sea sólo de paso– los militares o marinos, la gente no dice nada por miedo, porque ellos tienen halcones que ven y escuchan, incluso, andan por los caminos de la sierra para informar la llegada del gobierno y que sus jefes tengan tiempo de esconderse”, señalan los pobladores que en algunos casos viajaron desde Iguala a la ciudad de México para dar información.

El municipio de Cuetzala del Progreso pertenece a la región norte de Guerrero y colinda con Teloloapan, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Cocula y Apaxtla.

Los entrevistados, temerosos, pidieron el anonimato, y uno a uno contaron lo que han vivido en sus lugares de origen. Las familias son obligadas a alimentar a los delincuentes; “hay grupos que han llegado con armas y obligado a los viejos a decir que son comunitarios o autodefensas, y que están para darnos seguridad. Pero cobran comisión por la venta de animales o de cosechas.

“Algunos dicen que son templarios y luego llegan Los guerreros unidos. Estos son los que se han quedado, y el presidente municipal dicen que era templario, él tuvo que huir, ya en la presidencia municipal sólo había cuatro personas. Los guerreros los tienen amenazados.”

Afirman que los guerreros ya nos pusieron hora para estar dentro de nuestras casas, máximo a las siete de la noche se puede andar en la calle, eso pasa en Chilacachapa. Si no los obedecemos, nos tablean o nos matan”.

Hace dos semanas, cuenta otro, “iba a mi pueblo y en el camino había un retén, eran narcos; por su acento eran de Iguala, con ellos estaba un joven de mi pueblo, él tenía dos listas. A los que íbamos en el camión nos pidieron identificaciones y nos apuntaron en unas hojas; a los que iban en camionetas, en otra lista.

“Cuando llegué a mi casa ya me estaban esperando. Querían que les pagara cuota, pero no tenía dinero y me llevaron a la milpa. Decían que era gente de los templarios, que por eso me había ido, pero fue porque hace tres meses querían obligar a que mi hijo se fuera con ellos. Él tiene 17 años.”

Ezequiel Flores Contreras
13 de abril de 2014

Narcotráfico
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CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- A pesar de que la Policía Federal y estatal asumieron el control de la seguridad en la capital de la entidad desde hace poco más de un mes, habitantes de al menos tres colonias decidieron implementar mecanismos de autodefensa para proteger su vida y patrimonio ante la imparable ola delincuencial que tiene asfixiada y en psicosis a la sociedad.

Los constantes robos, secuestros y extorsiones que persisten en diferentes puntos de la ciudad, están obligando a los ciudadanos de Chilpancingo a armarse con rifles de calibre ligero, machetes, piedras y palos para enfrentar directamente a la delincuencia ante la ausencia plena de autoridad, informaron vecinos indignados entrevistados por este medio.

Los movimientos de autodefensa impulsados por habitantes de las colonias Adolfo Viguri Viguri, Emperador Cuauhtémoc y el fraccionamiento Río Azul, donde la participación de las mujeres es muy activa, comenzaron a un mes de que 800 policías federales y estatales desplazaron a las autoridades municipales y asumieron el control de la seguridad en las 500 colonias que conforman la ciudad desde el 1 de marzo.

El operativo federal denominado Juntos por Chilpancingo, se ha enfocado en desarticular la estructura del grupo delictivo Los Rojos, a quienes atribuyen la ola de asesinatos, secuestros, robos y extorsiones que colapsaron la vida de la sociedad y el sector productivo en Chilpancingo.

No obstante, la detención de los cabecillas de esta pandilla afincada en la capital de Guerrero, desató el efecto cucaracha y los líderes de las células que aún operan en la región Centro huyeron de Chilpancingo y se refugiaron en pueblos vecinos como Zumpango, Tixtla y Chilapa, donde “la delincuencia se ha institucionalizado”, denunciaron representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad que encabezan comerciantes y empresarios afiliados a la Coparmex.

Fuentes oficiales indicaron que el incremento de los secuestros, asaltos y extorsiones es consecuencia del descabezamiento de la estructura de Los Rojos, debido a que los remanentes de esta pandilla están actuando de manera desesperada para conseguir recursos económicos que les permitan subsistir.

Apenas este jueves 10, el alcalde priista de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos informó que el 70 por ciento de los 156 policías municipales que acudieron a presentar exámenes de control y confianza capitalino, reprobaron las pruebas de certificación.

Este hecho refleja el motivo por el que la ciudadanía no denuncia los delitos ante la falta de confianza en las autoridades y debido a que ninguna corporación policiaca ha revertido la situación de inseguridad que está generando terror y sicosis, los ciudadanos de la capital guerrerense han decido enfrentar directamente a la delincuencia.

El primer movimiento de autodefensa en esta capital se registró el sábado 5 en la colonia Adolfo Viguri Viguri, ubicada al Oriente de la ciudad, donde los vecinos conformaron guardias ciudadanas e implementaron recorridos en la colonia para vigilar la zona portando machetes, palos y rifles y pistolas calibre .22.

Ello debido a que en un periodo de 15 días, la inseguridad se agudizó y se registraron al menos 22 asaltos.

La indignación ciudadana se desbordó porque a pesar de que solicitaban ayuda a las autoridades, nunca hubo respuesta de las corporaciones policíacas para atender las emergencias.

El jueves 10, cinco días después del primer levantamiento ciudadano en Chilpancingo, habitantes del fraccionamiento Río Azul, que se ubica al sur de la ciudad, también decidieron tomar la seguridad en sus manos ante los constantes robos a casa habitación y de autos.

En un solo día, los delincuentes saquearon tres viviendas y durante una semana robaron en promedio, un vehículo diario.

En el colmo de la impunidad, los delincuentes utilizaron grúas para llevarse las unidades, señalaron habitantes de este asentamiento conformado por burócratas y comerciantes que no sólo sufren los embates de la delincuencia sino también de la falta de cumplimiento de la empresa constructora en obras de infraestructura como pavimentación de calles y alumbrado público.

Por ello, los habitantes de este lugar decidieron organizarse para vigilar entradas y salidas del fraccionamiento armados con piedras, palos y machetes donde revisan el ingreso de personas durante la noche y la madrugada.

A la acción de los habitantes del fraccionamiento Río Azul, se sumaron vecinos de la colonia Emperador Cuauhtémoc, quienes han reforzado la seguridad en la zona para evitar que sigan ocurriendo hechos de violencia.

Esta situación ha encendido focos rojos en la estructura gubernamental debido a que en el municipio de Chilpancingo se ha extendido el movimiento de autodefensa que comenzó en el valle de El Ocotito, zona rural de este lugar colapsado por la narcoviolencia.

Preparan en Guerrero amnistía a comunitarios
07 de mayo del 2014

México, 7 de mayo (Reforma).- El Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, alista una Ley de Amnistía para liberar a un grupo de comunitarios, vinculados con 46 casos de secuestro, advirtió la organización Alto al Secuestro.

“Lo prohíbe la ley. No permite ninguna negociación, ninguna disminución de la pena y mucho menos que el Gobernador, en un Estado donde se están dando características muy parecidas a Michoacán, pueda propiciar esta impunidad”, reprochó Isabel Miranda, presidenta de la agrupación.


Entre las personas que obtendrían su libertad, de aprobarse dicha ley, está Nestora Salgado, promotora de la Policía Comunitaria de Olinalá.

Armando Patrón, síndico de Olinalá, aseguró que Nestora Salgado lo mantuvo en cautiverio por nueve días.

“Yo fui víctima de Nestora Salgado y sus comunitarios, mi vida corre peligro si los liberan”, expuso.

Otras presuntas víctimas de Salgado acudieron a una conferencia efectuada ayer en un hotel de la Ciudad de México, entre ellas menores de edad, que de acuerdo con el síndico fueron vejadas.

“Nestora sigue en proceso a nivel federal, estamos haciendo un llamado a la presidenta del Tribunal en Guerrero para que no le dé la libertad, hasta donde sé las denuncias en su contra están sustentadas”, opinó Miranda.

Nestora Salgado se encuentra presa en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, tras ser asegurada por militares en agosto de 2013 acusada del plagio del síndico Armando Patrón.

Benito Jiménez

¿Quién es la comandante Néstora?

En Olinalá, Guerrero, ella era la ley, hasta que fue detenida y recluida en una cárcel de Nayarit. Hoy, a la líder de la policía comunitaria la defienden prestigiosos abogados y ONG, mientras sus víctimas la señalan y aseguran que el gobernador la protege


Los cautivos lo describen como campo de concentración. Lo llaman El Paraíso, pero funcionaba a la inversa, como un infierno.

Enclavado en una montaña de Guerrero, funciona como cárcel que manejan policías de comunidad y en donde internaban a decenas de secuestrados por la Policía Comunitaria.

La policía, alejada de los gobiernos formales, fue manejada por Néstora Salgado, ahora presa en un penal de alta seguridad de Nayarit y protegida por organizaciones internacionales de derechos humanos.

También, según dicen quienes fueron víctimas de sus leyes, la defiende el despacho de abogados Gómez Mont.

Quienes fueron cautivos en El Paraíso han dado su testimonio y dicen que eran vigilados 24 horas por guardias armados con R15 y escopetas.

También relatan cómo pasaban los días y meses hacinados en el lodo y obligados a defecar en botellas de plástico y comer en medio de la inmundicia.

Víctimas de este cautiverio describen las circunstancias de la cárcel de la organización al margen del gobierno que manejaba Néstora Salgado, la comandante o “Camelia la Texana”, como es conocida en el municipio de Olinalá, Guerrero, en donde hizo valer su ley y enfrentó al Ejército y a la Marina Nacional.

Ella surgió de un movimiento “legítimo ciudadano” a finales de 2012 para tomar en sus manos la seguridad de Olinalá.

Pero líderes han denunciado que Néstora fue una creación del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien con la ayuda del senador perredista Sofío Ramírez Hernández y Luisa Ayala Mondragón, exregidora de Olinalá, la empoderaron.

Juan Rendón Mancilla, del Consejo de Orden y Vigilancia por un Olinalá Seguro, atestiguó el apoyo económico que el gobernador Ángel Aguirre brindó a Salgado al entregarle, a ella y sus policías, dinero y dos camionetas para las labores de vigilancia.

La policía comunitaria surgió, según relatan los líderes, porque la comunidad de Olinalá estaba cansada de las extorsiones, secuestros y asesinatos cometidos por el grupo delictivo conocido como Los Rojos, vinculados con el Cártel de los Beltrán Leyva, que se desbocó y sembró el terror en aquella región.

El 21 de agosto del año pasado Néstora fue detenida en un operativo conjunto entre Marina, Ejército, Policía Federal y Ministerial y recluida en Tepic, Nayarit.

Actualmente ella es, para muchos, una dirigente social que con razón busca ser protegida por organismos internacionales de derechos humanos y evitar su prisión.

Sin embargo, para otros tiene un rostro diferente, el de la mujer transgresora que en base en la idea de la “reeducación”, ordenó secuestros de ciudadanos a cuyas familias les exigió el pago de un rescate.

Reporte Indigo conversó con algunas de sus víctimas, entre ellas adolescentes, hombres maduros y trabajadores del gobierno de Guerrero, secuestrados por la Policía Comunitaria al mando de la comandante Néstora.

Como presos pasaron días o meses en aquel infierno llamado El Paraíso.

Un ‘paraíso’ infernal

Los presos de El Paraíso comían una cucharada de frijoles con dos tortillas gordas de maíz, diariamente.

Las botellas de plástico de Coca Cola, partidas a la mitad, servían de inodoro.

Aún no clareaba en la montaña de Guerrero cuando eran obligados a bañarse con agua fría y secarse en su misma ropa.

Luego comenzaba una larga faena de trabajo forzado en los campos de siembra de maíz. Ni pensar en un pago.

Todo ocurría en una casa putrefacta, de adobe, techo de lámina y malla ciclónica, que servía como cárcel, como campo de concentración.

En aquellas alejadas comunidades, durante los días de cautiverio, era común que los guardias escucharan una estación de radio comunitaria en la que se debaten temas políticos y cuyos oradores conminan a sus escuchas a rebelarse contra el gobierno local y federal.

En esa misma frecuencia la voz del relator exalta las hazañas de Lucio Cabañas, el maestro rural que se erigió en líder de la Sierra de Guerrero en los 60.

Un grupo de ciudadanos víctimas de la policía comunitaria que dirigía Salgado, llegaron al Distrito Federal a denunciar las acciones de Néstora Salgado.

Con sus manos ásperas de hombre de campo, Juan Rendón Mancilla muestra una identificación que lo acredita como integrante del Consejo de Orden y Vigilancia de la asociación civil Por un Olinalá Seguro.

El hombre de pelo y bigote cano habla sin tapujos, consciente de la gravedad de sus acusaciones y de las posibles implicaciones.

Pero Rendón Mancilla explica que lo que ocurre en algunos municipios de Guerrero, fundamentalmente en Olinalá, tiene una explicación que trasciende a Néstora Salgado y a sus policías comunitarios, quienes posiblemente solo sirvieron de chivos expiatorios.

¿Nexos con el narco?

Lo suelta de golpe.

“Olinalá es el paso obligado entre la montaña de Guerrero, donde se siembra la mariguana, y los estados de Puebla y Morelos, donde se comercializa”, dice Rendón Mancilla.

Por eso es que, desde que se suscitó el levantamiento de armas ciudadano de finales de 2012, elementos del Ejército Mexicano y la Marina vigilan celosamente las entradas y salidas del municipio.

Él fue uno de los muchos que, ante el olvido de las autoridades, sacó sus pistolas para procurar justicia por su propia mano y frenar de golpe la ola de extorsiones y crímenes que por esa fecha azotaban a Olinalá y sus alrededores.

Pero cuando llegaron las fuerzas federales a Olinalá –institucional, como se describe a sí mismo– guardó sus armas y dejó la responsabilidad en los “marinos y verdes”.

Néstora y sus hermanos se negaron.


Dice que la mujer, a quien conoce de cerca, manifestó desde siempre su deseo de legalizar las policías comunitarias, de hacer valer su ley por encima de la autoridad del Estado.

Entonces se autonombró comandante de la Policía Comunitaria, pues nunca la eligió la comunidad de Olinalá, municipio que, dicho sea de paso, no forma parte de las regiones consideradas indígenas del estado de Guerrero.

Luego vino el apoyo del gobierno de Aguirre Rivero, apunta. Néstora y sus policías se sumaron y empoderaron hasta cometer excesos que están documentados en averiguaciones previas en donde se acusa a la comandante de secuestro.

Rendón Mancilla no tiene empacho en señalar que detrás de Néstora hay muchos hombres de poder y mucho dinero de por medio, intereses.

¿Cómo es que ella, Néstora, puede pagar los servicios de un despacho de abogados tan importante, que cobra en dólares, como la firma Gómez Mont?, cuestiona y se ríe.

Dice no desearle mal a Néstora porque, al fin y al cabo, todos son conocidos y originarios de Olinalá. Aunque la comandante tiene doble nacionalidad, mexicana y norteamericana.

Lo que sí, apunta Rendón Mancilla, es que el Gobierno Federal tome cartas en el asunto para frenar los excesos de los comunitarios. Dejar en claro los alcances de la Ley 701 del Estado de Guerrero y, sobre todo, que no quede en duda que por encima de todos, aplica la Constitución.

Reporte Indigo tiene en su poder documentos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a través de los cuales los comandantes regionales y de grupo de la Policía Comunitaria emiten órdenes de aprehensión en contra de agentes ministeriales por haber violado la Ley 701, que reconoce los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Néstora impuso su ley y ahora se dice víctima

¿Néstora se enfrentó a las autoridades? Claro que lo hizo.

Secuestró a Armando Patrón Jiménez, síndico procurador de municipio de Olinalá (cargo similar al de secretario de Seguridad Pública), a quien acusó de borrar evidencias en torno al crimen de dos ganaderos de la región y de robar una vaca.

Por esas fechas ocurrió el levantón del funcionario del gobierno priista de Olinalá, y Néstora Salgado anunció a los medios de la región que lo envió a “reeducarse”.

Patrón Jiménez viajó desde Olinalá para dar la versión de los hechos.

En entrevista refiere que justo porque le pidieron ayuda para esclarecer el caso de un doble homicidio, acudió a efectuar un levantamiento de datos y ayudar a los familiares a rescatar los cuerpos.

En eso estaba, explica, cuando Néstora y sus “avispas” (como se les conoce a los integrantes de la Policía Comunitaria) llegaron hasta el lugar, comenzaron a tomarle fotos y a grabarlo.

Acto seguido ordenó su detención y traslado hasta una de sus cárceles junto con su chofer, Gustavo Rodríguez Padrón, quien también fue levantado.

En poco más de una semana que el funcionario de extracción priista estuvo privado de su libertad, Néstora y los suyos les exigieron a los familiares 500 mil pesos para su liberación y 200 mil por la de su acompañante.

Estaban en negociaciones cuando, en un operativo conjunto, las fuerzas federales efectuaron el rescate de 39 personas que estaban detenidas en “El Paraíso”, además del síndico y Rodríguez Patrón.

Lo que Néstora protagonizó en la región fue el inicio de la guerrilla, recapitula el síndico procurador, quien sin duda apunta que el problema ha tomado un claro tinte partidista, pues quien financió a Néstora fue el gobernador Ángel Aguirre, del PRD, y el gobierno de Olinalá es del PRI.

También dieron su testimonio en entrevista Yesenia y Rubí, dos jovencitas que fueron levantadas por los comunitarios a pesar de que en ese momento eran menores de edad y fueron acusadas de vender droga en el centro de Olinalá.

Hoy mayores de edad, las dos jovencitas temen por la integridad de sus familiares, que no tienen la opción de salir de Olinalá. Pese a la detención y encarcelamiento de Néstora, están libres los hermanos de esta, quienes mantienen las amenazas contra todos aquellos que se atrevieron a denunciarla ante las autoridades o Derechos Humanos.

Eugenio Sánchez González, otro de los secuestrados por Néstora, dice con la voz entrecortada: “¿Víctima Néstora? ¿Y nosotros qué?”.

El hombre de oficio carnicero que estuvo dos meses y cinco días privado de su libertad, describe con la mirada perdida que nunca olvidará su estancia en El Paraíso.

También, como al resto de los denunciantes, Néstora pidió rescate a su mujer, a quien amenazó con encerrarla si no retiraba las dos denuncias que interpuso contra ella desde el primer día que fue levantado por los policías comunitarios.

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano tomar medidas cautelares para garantizar la integridad de Néstora Salgado García, quien se encontraría en riesgo debido a su encarcelamiento en la prisión federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

Habría que preguntarle a la Comisión si conoce el lado oscuro de quien llama “lideresa indígena”.

Chocan militares y autodefensas en Guerrero; un muerto y 10 detenidos
Ezequiel Flores Contreras
13 de mayo de 2014
Narcotráfico

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un miembro de la autodefensa del municipio de Apaxtla de Castrejón murió y una decena más fueron detenidos durante un enfrentamiento con miembros del Ejército en las inmediaciones de este lugar ubicado en la zona norte de la entidad.

El hecho se registró esta mañana cerca de la cabecera de ‎este municipio cuando los militares realizaban recorridos, informaron fuentes oficiales a Apro.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado las causas del enfrentamiento y sólo ha trascendido que fue abatido un miembro ‎de la autodefensa denominada Movimiento Ciudadano Apaxtlense Adrián Castrejón (MCAAC), grupo armado que fue vinculado por el diputado federal del PRD, Marino Miranda, con la banda delictiva denominada Guerreros Unidos.

Las fuentes señalaron que después de la refriega fueron detenidos al menos 10 integrantes de la autodefensa que surgió con el apoyo de autoridades municipales para confrontar directamente al grupo delictivo La Familia.

La situación de violencia que se vive en la zona norte del estado ha rebasado a las autoridades de los tres niveles y también ha exhibido nexos de los ediles con los grupos criminales que se disputan este importante corredor de droga ‎que conecta con el sur del Estado de México y la región de Tierra Caliente.
http://www.proceso.com.mx/?p=372145

Un ejército de guerreras
David Espino| El Universal
Sábado 17 de mayo de 2014

Un ejército de guerreras

BRAVURA. Angélica Romero es una autodefensa que se distingue por su valentía y su marido está orgulloso de ella, aunque "descuide la casa". (Foto: FOTOS PEDRO PARDO )




Hipólito Mora, libre; dice que se unirá a guardia rural

Unas 100 mujeres que perdieron familiares a manos del crimen se unieron a la Policía Ciudadana de Xaltianguis, un poblado cercano a Acapulco. Hoy se resisten a ser desarmadas por el gobierno

politica@eluniversal.com.mx

ACAPULCO

En Xaltianguis, el pueblo más grande del municipio de Acapulco, las historias de muerte se cuentan como anecdotario popular: la vez que mataron a cuatro chicos y a un hombre mayor en una cancha de futbol; la vez en que el Ejército se balaceó con un grupo de sicarios que vivían en el pueblo y mataron a ocho después de más de cuatro horas de tiroteo y correderas por el pueblo; la vez en que sicarios vestidos de militares fueron por un campesino luego de una pelea de gallos y éste apareció días después en un predio, muerto, en estado de descomposición; la vez que mataron a una familia completa cerca del panteón; la vez en que secuestraron al tendero, al farmacéutico, al hijo del director de la escuela...

A las siete de la mañana las mujeres de Xaltianguis se levantan a vestir a los hijos para ir a la escuela. Van al kínder o a la primaria. A los chicos de secundaria sólo los apremian para que se apuren y no lleguen tarde. Unas 100 mujeres también se visten de playera azul marino con una leyenda en la espalda que dice “Policía Ciudadana”. Se enfundan jeans o bermudas, se ponen su gorra gris y se alistan para vigilar los accesos de las escuelas. Las que tienen hijos estudiantes van rápido a dejarlos y luego a la comandancia general para pasar revista. No usan armas porque muchas no saben dispararlas. Otras ni siquiera habían agarrado una hasta antes del 18 de agosto de 2013, cuando se sumaron a la autodefensa ciudadana que surgió dos meses atrás, el 12 de junio.

—Ya aprenderán a usarlas —dice el comandante Miguel Ángel Jiménez Blanco, en la comandancia de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

La UPOEG, una organización indígena creada en 2010 por Bruno Plácido Valerio de la etnia na savi, irrumpió como autodefensa el 5 de enero de 2013 en Ayutla, y se extendió rápido. Cinco días más tarde avanzó a Tecoanapa y durante ese mes ocupó San Marcos, Cruz Grande, Copala, Marquelia y San Luis Acatlán. Luego, el 25 de marzo, entró a Tierra Colorada, un municipio importante que une tres regiones de Guerrero: Centro, Costa Chica y Acapulco. Y tres meses después, el 12 de junio, saltó a Acapulco, por medio de su población más grande: Xaltianguis. A poco más de un año de su irrupción, la autodefensa de Bruno está en 13 municipios, incluyendo la zona rural de Chilpancingo.

Dos meses después de que entró a Xaltianguis, las mujeres decidieron seguir los pasos de sus hombres y el 18 de agosto se presentaron ante el pueblo como las nuevas guardias civiles. La “policía femenina”, como ahora les dicen los varones con respeto, es un ejército de viudas, huérfanas, madres sin sus hijos, chicas sin sus primos, o sin tíos que la delincuencia les quitó. Todas tuvieron motivos de sangre para enrolarse y Amir Zapata, coordinadora de la UPOEG en el pueblo y cercana a Bruno, tuvo mucho que ver con el reclutamiento.

Antes de que se organizaran, Amir me habló del movimiento que se estaba gestando y cómo trató el asunto con el comandante. “Yo le dije a Bruno que deberíamos de andar armadas, pero él no es de esa idea. Tiene que ser porque muchas nunca hemos agarrado un arma. Él dice que el valor es la mejor de las armas, yo digo que también las armas nos ayudarán mucho”. Antes me había dicho del plan y hasta me preguntó qué opinaba.

—Estamos formando una policía comunitaria de mujeres —me dijo un 11 de agosto vía telefónica.

—A ver, platícame más.

—Claro, no con la misma responsabilidad de los hombres, pero sí con el mismo manifiesto y dándoles el apoyo total. Es para reforzar al movimiento.

—¿Y cuándo?

—A la brevedad posible. Creo que esto será algo fuerte, aunque por ahora sólo en Xaltianguis.

Las mujeres del mercado

Celsa Zarco Téllez es comandanta y cuando le pregunto qué la llevó a vestirse de policía, además de ser ama de casa y carnicera en el mercadito del pueblo, arruga la cara.

—A veces me canso de recordar —se excusa.

Está parada detrás de la barra de azulejos cochambrosa, con un mechudo de tiras de bolsas de plástico en la mano. Espanta las moscas a los trozos de carne que vende mientras conversamos. Dice que nadie se sentía seguro antes de que llegara la autodefensa a su pueblo, a unos 45 minutos de Acapulco. Dice que los secuestros y las violaciones eran recurrentes y que la Policía Municipal ni se paraba por ahí.

Antes de llegar con Celsa, cuando las otras mujeres del mercado se enteraron de que unos periodistas andaban en el lugar, salieron a nuestro encuentro para contarnos las anécdotas que los marcaron como pueblo.

El 2 de mayo de 2010 hubo cinco asesinatos. Eran cuatro chicos y un hombre de unos 50 años, de nombre Jesús Almazán, que estaban viendo una final de futbol femenil en la cancha del pueblo. Hasta allá llegaron unos hombres armados. Jesús repelió la agresión, pero las balas no le alcanzaron. Mató a dos. Los sicarios eran más y lo ejecutaron con otros cuatro. Uno de estos muertos era esposo de Brenda Castillo Hipólito, profesora de primaria y ahora jefa de una unidad de las autodefensas. La conocí en la tarde, en la comandancia, igual que a Angélica Romero, guardia que se distingue por su bravura y cuyo marido se siente orgulloso de ella “aunque descuide la casa”.

Brenda tiene apenas 28 años y cuando le pregunté qué hacía en la bola, me aclaró que era viuda y que en ese asesinato sumario del que todo mundo habla en el pueblo estuvo su esposo. Recordó que ese domingo él fue a ver el futbol y a las ocho de la noche le llevaron el aviso.

“Antes no éramos libres de salir ni al balcón. Allá en mi escuela, en el pueblo Las Marías, asaltaban la camioneta pasajera y unos muchachillos iban con pistolas a extorsionar a los maestros. Pero eso ya se acabó, fueron los comunitarios y huyeron”, dice.

Ese mismo año, nos comentaron las mujeres en el mercado, asesinaron a Asunción Pineda Almazán. Y unos días después a Ricardo Flores Bello. Luego, en 2011, mataron a Óscar Basilio Manzo, a su esposa Mariana Almazán y a Yareli, de 12 años, hija de ambos. Y en 2012 mataron al esposo de doña Mago. A él lo levantaron y pidieron rescate. La mujer pagó 80 mil pesos, pero con todo y eso se lo mataron.

En septiembre de 2012 también secuestraron a Josúe Orozco, un chico de 21 años que estudiaba Educación Física en Acapulco. Y en diciembre un sicario le disparó desde una moto a los hermanos Eduardo y Giovanni Sánchez Sandoval.

Las mujeres empiezan a hablar casi al mismo tiempo: que en febrero de 2011 asaltaron en pleno día la sucursal de Bansefi. Que mediante anónimos los ‘narcos’ mandaban a la gente para que no salieran a determinadas horas del día. Que imponían toques de queda. Que antes, como a las siete de la noche, ya no había nadie en las calle y los comercios estaban cerrados. Que los sicarios ordenaban que cuando vieran camionetas de tales características se tiraran al suelo con las manos en la nuca y no regresaran a verlos.

Celsa perdió a tres

Celsa, 43 años, robusta, de lentes y bien vestida. Suele ir con zapatillas, bermudas entalladas o jeans y, claro, un fusil de bajo calibre. Cuando habla sobre su decisión, aclara que no es por venganza, a pesar de haber perdido a manos de los narcos a tres familiares. Entre septiembre de 2010 y julio de 2011 mataron a un tío, a su hermano y a un cuñado. Al primero le cortaron la cabeza. A su hermano mayor, la única figura paterna que conoció ante el abandono de su padre, lo asesinaron el 27 de diciembre de 2010, cuando era comisario del pueblo. Y a su cuñado lo mataron en julio de 2011, luego de ser secuestrado.

—¿Y cuándo se decidió por formar parte de las autodefensas?.

—Yo decía: “Esto tiene que terminar hasta que la gente se arme de valor”, porque ya ni a los niños queríamos llevar a la escuela. Luego de que matan a mis familiares siguieron pasando cosas feas, y todo lo que pasaba me lastimaba. Entonces apareció la comunitaria de la UPOEG y pensé que era la oportunidad. Primero fueron mis hijos los mayores los que se metieron.

En realidad dije: ‘Yo voy primero, yo voy primero’. Pero no, mis dos hijos mayores y una de mis hijas son policías ciudadanas ahora.

—Es la comandante, ¿cómo la eligieron?, ¿quién lo decidió?

—La gente que asistió a la asamblea me respaldó y pues no pude decir que no.

Cerca del mercado vive Daniel Muñoz García, un cincuentón homosexual que no fue admitido —por su condición— en la autodefensa de varones, aunque sí en la de mujeres. Me lo diría por la tarde, en la reunión de su grupo en la comandancia para participar en una actividad de difusión. Dice que se metió porque le mataron a dos sobrinas y a un hermano y que aunque tiene miedo no se echa para atrás.

Banderas blancas

Son las cuatro de la tarde y las mujeres se concentran en la comandancia de la Policía Ciudadana. El comandante Miguel las llama a una reunión para alertarlas sobre un posible desarme de parte del gobierno. La reunión ocurre en la puerta del inmueble donde también están las celdas con los retenidos. Desde allí, unas 50 mujeres de la autodefensa comentan la situación.

—El gobierno tiene miedo de las autodefensas, pero no le tiene miedo al narco —dice una de las mujeres presentes en la reunión.

—Ajá. Quieren desarmarnos y luego, ¿con qué nos vamos a defender, con los sartenes? —dice otra.

Se alarman entre ellas. Temen que si las desarman haya muchos muertos por represalias de quienes han detenido.

En la escalera para subir a la zona de celdas, dos mujeres recargadas en la pared miran un anuncio: “Se busca por intento de homicidio, secuestro, violación de menores y asociación delictuosa. Alias El Takete, dice, y una foto de un chico moreno se mira más abajo.

—Ésos son los que prefiere el gobierno —dice una de las mujeres.

—Sí, los prefiere a ellos —confirma su compañera.

El comandante Miguel llama a la cordura. Pide atención, da instrucciones. Ir casa por casa para informar de la situación y pedirle a los habitantes que pongan banderas blancas “para demostrarle al gobierno que lo que queremos es la paz”. Luego las forma. Tarda en captar su atención. Daniel ríe con cierto amaneramiento. “No me quisieron en la policía de los hombres, pero yo le dije a Miguel ‘en ésta sí, en ésta sí’”, nos confiesa.

Dos mujeres de más de 50 años bajan para participar. Una se queja de reumas. Cojea. La otra dice que una uña enterrada le lastima. Con todo, se forman y marchan a varios puntos del pueblo a cumplir la última labor del día.

Autodefensas hieren a balazos a alcaldesa en Guerrero
Ezequiel Flores Contreras
18 de mayo de 2014
Narcotráfico
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La camioneta en la cual viajaba la alcaldesa. Foto: Claudio Vargas.


CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- La alcaldesa panista del municipio de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz, fue atacada a balazos esta tarde por integrantes de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG).

La agresión se registró a las 13:45 horas de este domingo en un retén instalado por la guardia comunitaria en el crucero que conecta el poblado de Tierra Colorada con el municipio de Ayutla de los Libres, refieren reportes oficiales.

Los reportes preliminares indican que la edil, quien viajaba acompañada por sus escoltas en una camioneta blanca Honda modelo Pilot con logotipos del ayuntamiento, no se detuvo en el filtro de revisión de la autodefensa.

Enseguida, los comunitarios accionaron sus armas en contra de la unidad y las balas impactaron en el medallón y lesionaron a la alcaldesa panista, quien presenta un rozón ‎en el brazo izquierdo.

Los escoltas respondieron la agresión y dispararon en contra de los guardias comunitarios, sin embargo el enfrentamiento no dejó víctimas fatales.

Gutiérrez Paz fue trasladada a la clínica particular Magallanes en el puerto de Acapulco y salió del nosocomio aproximadamente a las 16:30 horas porque la herida no pone en riesgo su integridad.

De acuerdo con la versión de la autodefensa, hace dos días la alcaldesa, quien ha sido acusada de presuntos nexos con el narco, agredió a golpes y cachazos a un miembro de la comunitaria en el poblado de Tierra Colorada.

Por ello, el sistema de seguridad de la UPOEG movilizó a guardias comunitarios ‎de Ayutla para detener a la alcaldesa de Juan R. Escudero, por lo que decidieron instalar retenes en las entradas y salidas del poblado de Tierra Colorada.

Luego del incidente violento, arribaron decenas de soldados y policías federales y estatales ‎que se mantienen en el poblado para evitar una confrontación armada entre la autodefensa y la guardia personal de la alcaldesa agredida.

Caen en Guerrero 12 'autodefensas' por el plagio de una mujer
Familiares de los detenidos señalan que los policías civiles iban a rescatar a la víctima; la joven estuvo cautiva 10 días en una casa de seguridad; exigían tres millones de pesos.


Javier Trujillo 16/06/2014 04:51 AM

México

En un operativo realizado por las policía Federal y Ministerial, además del Ejército mexicano, fueron detenidos 12 integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), acusados de secuestro.

Los policías comunitarios están agrupados en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), que lidera Bruno Plácido Valerio.

De acuerdo con informes de la policía ciudadana, testigos de los hechos y un parte ministerial dado a conocer este sábado, 11 hombres y una mujer, todos integrantes del SSJC, tenían presuntamente secuestrada a una mujer, por la que exigían 3 millones de pesos de rescate.

La tarde del viernes 13 de junio un centenar de efectivos policiacos y militares detuvieron en el poblado de Mazatlán, municipio de Chilpancingo de los Bravos, a 10 integrantes de la policía ciudadana.

Al mismo tiempo, en la comunidad de Xaltianguis, en la zona rural de Acapulco, las fuerzas de investigación y seguridad detuvieron a un hombre y una mujer en una casa de seguridad, donde mantuvieron 10 días privada de su libertad a una joven.

También se reveló que efectivos del grupo antisecuestros, adscritos a la fiscalía regional, acudieron el pasado viernes al poblado de Xaltianguis para confirmar la ubicación de la casa de seguridad.

La investigación se realizó con hermetismo por parte de las autoridades policiales que llevaron a cabo la indagatoria, pero aseguran que hay evidencias suficientes para fincarles responsabilidad a los 12 integrantes de la policía ciudadana.

En el operativo realizado en ambas comunidades (Acapulco y Chilpancingo) participaron policías federales y militares, mientras que los detenidos fueron entregados a las autoridades ministeriales de la fiscalía guerrerense.

PROTESTA

Familiares de los 12 policías civiles aseguraron que los detenidos no tenían secuestrada a la mujer, sino que la buscaban para liberarla de un grupo de presuntos plagiarios.

Desde el sábado mantienen un plantón en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para exigir la liberación del grupo de policías ciudadanos.

También amenazaron con realizar bloqueos en las carreteras hasta lograr que sus familiares sean liberados; aseguran que fueron vejados, golpeados y despojados de sus pertenencias por los agentes de la Policía Investigadora Ministerial.

Las primeras investigaciones señalan como presunto responsable al comandante de las fuerzas especiales del SSJC, Maximiliano Moreno Acuña, El Chimino.

A los 12 integrantes de la policía civil de Guerrero aprehenidos les fueron asegurados dos vehículos, siete armas y 13 celulares, entre otros objetos.

Convoca la CRAC-PC a la defensa de su sistema comunitario en Guerrero

Cumplen 18 años de preservar la justicia y la seguridad


Rosa Rojas

Periódico La Jornada
Domingo 6 de julio de 2014, p. 14
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de San Luis Acatlán, Guerrero, convocó a una marcha a realizarse este domingo en esa ciudad, en defensa de su sistema comunitario, que pretende ser destruido por el gobierno valiéndose de delincuentes como Eliseo Villar Castillo y sus seguidores. Se busca con la movilización demostrar que está de nuestro lado la razón y la experiencia de 18 años de lucha por preservar la justicia y la seguridad en manos del pueblo.

Los coordinadores de la fracción de la CRAC convocante, encabezada por Abad García y Alberto Margarito Porfirio, fueron designados por la asamblea después de que destituyeron, el pasado 29 de marzo, a Villar Castillo, debido a que éste fue acusado del desvío de 740 mil pesos de la organización para la compra ilegal de armamento.

En conversación telefónica, García indicó que el acuerdo de la asamblea microregional, llevada a cabo el día 29 de junio en la comunidad de Horcasitas, determinó que la marcha partirá de la bodega de la Luz de la Montaña hacía las instalaciones de la vieja Casa de Justicia, para reanudar ahí sus labores, dado que ellos cuentan con la participación de los 25 pueblos que integran la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

En un comunicado, la CRAC-PC subrayó que por sus ansias de poder a seudolíderes como Villar no les afecta ponerse a las órdenes y servicio del gobierno, prestándose a la división de los pueblos y a la desaparición de la CRAC PC, ya que esta representa un símbolo de dignidad y de autodeterminación de los pueblos y comunidades, pero también representa un estorbo para el gobierno y los empresarios para dejar el campo libre a las empresas mineras extranjeras y saquear los recursos minerales de nuestro territorio.

Asimismo indicó que es evidente la escalada represiva en contra de su institución comunitaria por el gobierno, como se muestra con el encarcelamiento de varios de nuestros compañeros: Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Bernardino García, entre otros, así como de Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Comunidades Opositoras a la Presa la Parota que en los meses pasados se incorporaron a la CRAC-PC y que fue detenido y llevado también a una cárcel fuera del estado de Guerrero.

600 autodefensas se unen a la búsqueda; otras caravanas llegan a Iguala mañana

Por: Shaila Rosagel - octubre 7 de 2014 - 18:55
MÉXICO, TIEMPO REAL - 14 comentarios

Los comunitarios se unieron a la búsqueda este día. Foto: Antonio Cruz, enviado, SinEmbargo

Los comunitarios se unieron a la búsqueda este día. Foto: Antonio Cruz, enviado, SinEmbargo

Iguala, 7 de octubre (SinEmbargo).– En medio de un fuerte operativo policiaco, la tarde de este martes unos 52 vehículos con 600 policías comunitarias (autodefensas) de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) arribaron a esta ciudad de Guerrero para buscar, vivos o muertos, a los normalistas desaparecidos.

Por la noche anunciaron que otras dos caravanas se unirán este miércoles.

Los comunitarios vienen de la región de Costa Chica y se dirigen hacia la zona donde se encuentran las fosas. Llegaron armados con machetes, una herramienta de trabajo tradicional del campo, también usado para su defensa.

“Venimos por ellos vivos o muertos. Si nos lastiman a uno de la comunidad, nos lastiman a todos”, dijo Simplicio Cano Mora de Tecuanapa.

De acuerdo con loa comunitarios, son 17 muchachos de los 43 desaparecidos, los que son oriundos de sus comunidades.

El Ejército, la Policía Federal o Gendarmería y la Policía Estatal revisaron a los vehículos de la caravana. Pero los dejaron pasar.

Los dirigentes de la organización han dicho que buscar coordinarse con las autoridades para sumarse a los penosos trabajos de búsqueda.

La caravana de policías comunitarias arribó en este momento a la Preparatoria 32 de Iguala, en donde realizarán una asamblea para decidir el momento para ir a la zona de las fosas.

Bruno Placido, dirigente de la UPOEG, confirmó que los comunitarios llegaron a Iguala para busca de los normalistas.

“Toda la sociedad está ofendida, lastimada con esto, el daño moral a todos es muy grande”, dijo.

Al momento de la llegada de los comunitarios había aún estudiantes saliendo de clases, que se detenían a observar con curiosidad.

“Nosotros también hemos sido golpeados y encarcelados y los entendemos, les damos nuestro apoyo, alimento”, dijo un profesor de la preparatoria a la llegada de los comunitarios.

¿NOS QUEDAMOS?

Los miembros de la policía comunitaria UPOEG anunciaron esta noche que su permanencia en Iguala, Guerrero es indefinida y que no se irán hasta encontrar a los normalistas desaparecidos.

Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOEG informó que mañana llegarán a Iguala otras dos caravas de Chilpancingo y Costa Chica.

“Venimos como movimiento civil, pero si la gente quiere que nos quedemos y les enseñemos el sistema de la policía comunitaria lo haremos, porque aquí como en Costa Chica y en La Montaña hay extorsiones y secuestros”, dijo.

El comunitario contestó a la pregunta sobre si llegaron a Iguala a expulsar al crimen organizado, como lo hicieron en varios pueblos aledaños a Acapulco y Chilpancingo, que si la población lo requiere, sí.

Manuel Vázquez Quintero, abogado de la UPOEG, informó que son alrededor de 2 mil comunitarios los que tomaron la decisión de moverse a Iguala.

Lucas Pita Flores, maestro de la Preparatoria 32, exigió a través de un comunicado que leyó a los medios, cárcel para el Gobernador Àngel Aguirre Rivero y para el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

“Pedimos cárcel y destitución para Ángel Aguirre por ser el causante de tanta desgracia,exigimos la salida de todo el tránsito y policía de Iguala porque están coludidos con el narco y también a las ratas y corruptos de este ayuntamiento”, dijo.

Los comunitarios en estos momentos realizan asambleas para decidir lo que harán mañana.

Policía comunitaria conmemora 19 años del sistema de justicia indígena
10 de noviembre del 2014México de conciencia, Mexico Violento




SAN LUIS ACATLÁN, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) conmemoró 19 años de su sistema de impartición y procuración de justicia reclamando la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, además de exigir castigo a los culpables de los asesinatos de jóvenes en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala. Después de una marcha, fueron quemados 10 kilos de opio decomisados junto con un Tsuru en territorio comunitario por policías de la Casa de Justicia de Espino Blanco.

La marcha partió de Yoloxóchitl, comunidad sede del aniversario, a la cabecera municipal de San Luis Acatlán, cuyo ayuntamiento está tomado por maestros en respaldo a los normalistas de Ayotzinapa, allí, dirigentes de la CRAC-PC exigieron al gobernador no dar respaldo a Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la Policía Comunitaria que ha usurpado funciones y dado pie a la creación de aparentes cuerpos de Policía Comunitaria que no acatan el reglamento interno.

Por otra parte, denunciaron que el grupo de comunidades fundadoras de la CRAC encabezado por Cirino Plácido Valerio en Santa Cruz del Rincón, detuvieron al consejero Armando Zavala Felipe a pesar de que la casa matriz de San Luis Acatlán ha intentado coordinarse con dicho grupo.

Marcha de Policías Comunitarios de las casas de justicia de San Luis Acatlán y Espino Blanco. Foto: Sergio Ferrer
Marcha de Policías Comunitarios de las casas de justicia de San Luis Acatlán y Espino Blanco. Foto: Sergio Ferrer
Durante dos días, policías comunitarios, habitantes de pueblos de la Montaña y Costa Chica así como representantes de diversas organizaciones sociales, se reunieron para hablar de la situación de la criminalización de la lucha social, la actualización del reglamento interno que rige a la CRAC, además de la defensa del territorio y modelos alternativos para el desarrollo comunitario y regional

La CRAC-PC demandó libertad para los presos políticos de la PC, entre estos Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Marco Suástegui, Samuel Ramírez, Bernardino García, Arturo Campos -cuya esposa aunque está enferma, se presentó en las mesas de trabajo de la comunitaria para solicitar el respaldo de la Policía Comunitaria.

En el aniversario además de estar presentes las casas de justicia de San Luis Acatlán y Espino Blanco que agrupa a indígenas na savi, me´phaa y mestizos, acudieron también policías comunitarios de Tecoanapa, de Tototepec, comunidad de Tlapa y hubo presencia de organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco.

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Guardia comunitaria detiene a 18 personas

Armas, drogas y un celular, entre lo asegurado

Nacional Lun 2 febrero 2015 3:00
El Universal

policía-ComunitariaA menos de 24 horas de que la policía comunitaria entró en Petaquillas para apoyar a la población a mantener la seguridad, 18 personas fueron detenidas, aseguraron dos armas largas, una corta, 40 kilos de mariguana, un celular, un chaleco antibalas, cartuchos útiles y un vehículo.

Desde el sábado por la noche, los integrantes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) auxiliaron a la población a instalar los retenes en las entradas principales a Petaquillas, e iniciaron los patrullajes nocturnos.

En un primer patrullaje, los comunitarios detuvieron e inspeccionaron un camión de pasajeros, donde localizaron 40 kilos de mariguana; mientras que en un automóvil decomisaron armas de grueso calibre.

Los comunitarios, junto con la población de Petaquillas, hicieron un recorrido en un cerro; al verse sorprendidos por unos hombres, los de la FUSDEG tuvieron que utilizar sus armas.

Durante el operativo 18 personas fueron detenidas y llevadas a la comisaría municipal, donde el Consejo Ciudadano determinará si son entregadas a las autoridades.

“Estamos en un cementerio”

Mujeres y hombres que no pierden la esperanza de hallar a sus familiares desaparecidos se reúnen en la Parroquia de San Gerardo, en Iguala. Ahí, el padre Prudenciano González les da la bendición antes de iniciar sus actividades.

Desde la mañana el grupo se alista para salir a la zona conocida como La Joya y El Maizal 2, donde tienen conocimiento de posibles fosas clandestinas. Otra oportunidad de localizar a sus familiares, vivos o muertos.

Elementos de la Gendarmería acompañan en la búsqueda con el propósito de protegerlos en los recorridos en la zona montañosa de Iguala.

“¡Aquí estamos en un cementerio!, dice Mario Vergara, coordinador del comité de búsqueda de los otros desaparecidos de Iguala. Dice que la PGR acudió la semana pasada y hallaron cinco cuerpos en las zonas que ellos habían marcado. “Ya tenemos señalamientos de otras ocho posibles fosas clandestinas y en la semana que inicia la PGR vendrá a hacer su trabajo”, dice.

Todos los domingos, el grupo de ciudadanos se reúne en la parroquia de Iguala con la esperanza de encontrar a los suyos.

Líder de la Policía Comunitaria burla cerco policial en Guerrero
Seguir a @EzequielFloresC
Ezequiel Flores Contreras
10 de marzo de 2015
Estados
Policías intentan detener a Eliseo Villar, líder de la CRAC en Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Policías intentan detener a Eliseo Villar, líder de la CRAC en Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Eliseo Villar Castillo, coordinador regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), burló un cerco desplegado por policías estatales y ministeriales que pretendieron detenerlo en esta capital.

El impresionante operativo fue encabezado por uniformados con equipo antimotín que cercaron al menos cuatro camionetas donde viajaba una comitiva de guardias comunitarios desarmados, presuntamente encabezada por el dirigente del grupo de autodefensa.

El hecho se registró cerca de las 13:00 horas, cuando los comunitarios fueron interceptados por los policías estatales que bloquearon el carril lateral norte-sur del bulevar Vicente Guerrero, a la altura del puente René Juárez Cisneros, al sur de esta capital.

Los antimotines “encapsularon” las unidades y enseguida arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhibiendo un documento y argumentado que se trataba de una orden de aprehensión contra Villar Castillo, por delitos del fuero común que no fueron especificados.

Los comunitarios simplemente se burlaron de las autoridades porque el dirigente de la PC-CRAC no viajaba en ninguno de los vehículos retenidos.

Ante la pifia, los ministeriales se retiraron y los antimotines se replegaron para permitir el libre tránsito de los policías comunitarios procedentes de la región de Costa Chica, quienes repudiaron la arbitrariedad gubernamental.

Al respecto, miembros de la autodefensa informaron que arribaron por la mañana a la capital para realizar trámites y gestiones ante instancias gubernamentales, pero su dirigente se percató de que eran seguidos por policías estatales.

Por ello, Eliseo Villar decidió burlar la acción de las autoridades y escapó del lugar sin que los uniformados se percataran de la evasión.

Hasta el momento, la administración que encabeza el gobernador Rogelio Ortega Martínez no ha emitido una explicación sobre el fallido operativo en contra del líder de la PC-CRAC, organismo que actualmente atraviesa por una crisis debido a la fragmentación de la estructura de autoridades comunitarias surgida en 1995 en el municipio de San Luis Acatlán y que se ha expandido a la mayoría de municipios de las regiones Montaña y Costa Chica de la entidad.

ogmios03 escribió:
Lo mejor de todo esto es que las izquierdas aquí y donde sea, sean m,ovimientos progresistas, sean de estos o lo que sea, siempre siempre se van a fagocitar entre ellos. Su peor enemigo son ellos mismos. Ya hasta prohibiciones entre grupos como transexuales trasvestis y etc hay en todos lados... para que no se molesten entre ellos... pero este es otro extremo...

Upoeg y Fusdeg realizan intercambio de ‘‘rehenes’’ en Acapulco y Chilpancingo
Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 2 de abril de 2015, p. 8

Acapulco, Gro.

El pasado martes, alrededor de las 23:35 horas, líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), encabezados por su líder, Bruno Plácido Valerio, participaron en la recepción de 32 prisioneros y rehenes de su organización que permanecían en poder del Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo Social de Guerrero (Fusdeg), luego del enfrentamiento entre ambos grupos ocurrido el lunes por la noche, en el que fallecieron seis personas.

La entrega de los retenidos, efectuada en las instalaciones de la coordinación regional de la Comisión de los Derechos Humanos (Coddehum) de de Guerrero en este puerto, fue encabezada por el encargado de despacho de la comisión, Ramón Navarrete, quien informó que horas antes, 18 prisioneros integrantes del Fusdeg fueron entregados por la Upoeg en las oficinas centrales de esa instancia en Chilpancingo.

Los 32 miembros de la Upoeg llegaron a bordo de un autobús resguardado por la Policía Federal, con presencia de elementos de la policía ministerial estatal y de la Fiscalía General del estado.

Los elementos de la Upoeg fueron conducidos a la oficina regional de la Coddehum para recabar sus datos. Navarrete Magdaleno explicó que ‘‘fue una acción simultánea en la que pidieron que la Comisión de Derechos Humanos intercediera en esta entrega de los detenidos’’.

Manifestó que ‘‘la intención es que se vaya desahogando la situación tensa que mantienen estos dos grupos en esta zona de Tierra Colorada. El Ministerio Público tendrá que hacer las diligencias que correspondan respecto de las acciones penales que tenga que seguir’’.

Navarrete comentó que de los 32 rehenes que pertenecen a la Upoeg, seis requirieron atención médica. Ruperto Álvarez, miembro de la Upoeg liberado, recordó que los de la Fusdeg ‘‘empezaron a balacear la casa de un líder en San Juan del Reparo, despedazaron la puerta y los vidrios; fue terrible’’.

Matan a comunitarios retenidos
03 de abril del 2015

México, 3 de abril (Reforma).- Dos policías comunitarios del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de Estado de Guerrero (FUSDEG) que habrían sido retenidos por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron encontrados ayer muertos, degollados y con el “tiro de gracia” en la cabeza.

Se trata de los comunitarios Norberto García Hernández, alias “El Wilbert”, de 27 años, y Ángel de Jesús Bernabé Madura, de 29, quienes fueron sepultados hoy.

La noche del miércoles, agentes de la Policía Ministerial del Estado y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) localizaron los cuerpos sin vida de ambos sujetos en las inmediaciones de Las Mesas.

Según el comandante regional de la policía comunitaria del FUSDEG, Salvador Alanís, sus dos compañeros formaban parte del grupo de personas que fueron retenidas el lunes tras un enfrentamiento a balazos contra la UPOEG en la comunidad de San Juan del Reparo.

De acuerdo con Alanís, un comando armado al servicio del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, fue el encargado de realizar las detenciones.

Otro comandante del Frente relató que la noche del lunes él estaba entre las personas retenidas por la UPOEG.

Detalló que, en el trayecto hacia la comunidad de Las Mesas, del Municipio de San Marcos, se percató de que seis de sus compañeros fueron separados del grupo, y que entre ellos iban García Hernández y Bernabé Madura.

Ayer, los dos comunitarios aparecieron sin vida en un paraje en las inmediaciones de la comunidad de Las Mesas.

“Los dos tienen heridas en el cuerpo producidas por un puñal, además fueron degollados y tienen un orificio de bala en la cabeza”, señaló Salvador Alanis.

Este viernes, entre gritos de justicia y castigo a los responsables, los dos comunitarios fueron sepultados en sus comunidades de origen.

Norberto García fue enterrado en el panteón de la comunidad de Mohoneras, mientras que Ángel de Jesús Bernabé, en El Ocotito.

Según Crescenciano Ramírez López, dirigente del FUSDEG, el número de muertos por parte de su organización subió a cinco, en tanto que tres heridos se encuentran graves en el Hospital General Donato G. Alarcón, en Acapulco.

Además, dijo que mantienen retenidos a seis policías comunitarios de la UPOEG, pero que existe el acuerdo de que cuatro de ellos sean puestos en libertad en las próximas horas.

Salvador Alanís advirtió que no liberarán a los otros dos retenidos, pues, aseguró, existen evidencias recabadas por las autoridades ministeriales que indican que participaron de forma directa en la emboscada de que fueron objeto los miembros del FUSDEG cuando salían de la comunidad de San Juan del Reparo.

“A esos dos los vamos a someter a un proceso de reeducación”, afirmó.

Por su parte, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, acusó al FUSDEG de haber perpetrado la emboscada contra los policías comunitarios de su organización.

Indicó que, derivado de estas balaceras, dos de sus compañeros cayeron muertos y hay varios heridos en el hospital de Acapulco.

Exigió a los dirigentes del FUSDEG la liberación de sus seis compañeros.

Jesús Guerrero

Integrantes de la CRAC-PC denuncian una incursión militar en La Concepción

El pretexto fue que esa organización guerrerense había detenido a un soldado, dicen

El presunto aprehendido cometió desmanes en el pueblo, pero fue liberado y debió pagar 10 mil pesos

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada

Viernes 10 de abril de 2015, p. 9
Chilpancingo, Gro.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) denunció que el Ejército Mexicano incursionó esta madrugada en el poblado La Concepción, perteneciente al ejido de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, con el pretexto de que esa organización había detenido a un soldado.

Daniel Hernández (o Misael Ramírez) fue detenido por la PC el domingo por la mañana en ese poblado porque cometió desmanes, pero fue liberado ese mismo día luego de pagar 10 mil pesos.

Felícitas Martínez, consejera de la CRAC-PC, dio lectura a un oficio que el mayor del Ejército y agente del Ministerio Público Militar Álvaro Graciano Almazán giró a Isabel Valeriano Morales, encargado de la PC en La Concepción, donde le pide que se presente junto con los policías comunitarios Gloria Valeriano Morales, Faustino Pino Guadalupe, Santos Pino Guadalupe y Nemesio Valeriano Juan.

‘‘Al policía que culpó a mi elemento de narcotráfico le suplico que se presente el día 8 de abril a las 10 de la mañana con sus elementos mencionados, ya que hubo una pérdida de las escrituras (sic) del vehículo que llevaba el oficial Daniel Hernández; si hace caso omiso cuento con varios batallones y hay bastantes quejas de ustedes, y recuerde que tiene varias órdenes de aprehensión en su contra y si no acude a esa cita me veré obligado de pedir refuerzos a (la ciudad de) México para ir a sacarte de tu corporación. Tengo la facultad de detenerte. Por el momento cúmplase y preséntese con dichos elementos’’, dice el oficio girado ayer.

Consideró que para la CRAC el documento no tiene validez oficial, porque no tiene número de oficio ni está membretado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). ‘‘El primer arribo del Ejército fue el martes después de las 23 horas y luego a la una de la mañana del miércoles, al mando de Hugo Enrique García por la Gendarmería, y Roberto Gutiérrez Cereso, por el Ejército Mexicano; fueron más de 100 vehículos en los que se transportaban.

‘‘Pedimos al gobierno federal que respete a los pueblos originarios, porque el presunto secuestrado no llevaba credencial del Ejército Mexicano, o de otra instancia’’, comentó.

Respecto de la incursión militar, Balbina Monroy Dorantes, pobladora de La Concepción, recordó: ‘‘Fui hasta donde estaba el sargento –no dijo nombre–, me encañonó y le dije: ‘jálale, porque de todos modos vamos a morir, aquí todos vamos a quedar’. Y me dijo que controlara a la gente y yo le dije lo mismo. Él venía tomado y se lo hice notar, pero ya no me respondió. Le indiqué que bajaran las armas y así no pasa nada, y luego llegaron más patrullas. ‘Si ustedes hacen algo, aquí nos vamos a quedar todos’; les hizo señas y se fueron los soldados’’.

Aseguró que vio decenas de patrullas entrar al poblado y después dialogó con sus ocupantes. ‘‘Nos trataron como delincuentes; nos dijeron que ellos iban a entrar y les respondimos que nos enseñaran las órdenes de cateo. Y nos señalaron que pusiéramos las manos arriba, pero nosotros les dijimos que nos íbamos a quedar y fue cuando se escucharon las sirenas de las patrullas; eran muchas, pero yo no les tuve miedo”.

Ciudadanos del ejido de Cacahuatepec aseguraron que el Ejército Mexicano utilizó el pretexto del presunto secuestro, pero en el fondo los militares están protegiendo a los que saquean la grava del río.