¿Gendarmería nacional? ¿Desaparecer la SSP?

Gendarmería nacional

CADENA DE MANDO | Juan Ibarrola

2012-10-24 • ACENTOS

La creación de un nuevo cuerpo especial como podría ser la Gendarmería nacional ya comenzó a producir rasquiña entre “las buenas conciencias” de este país.

La razón es siempre la misma: ignorancia.

Los temas castrenses, a pesar de la intensidad con la que se han presentado ante la sociedad en los últimos años, no han alcanzado a transmitir su profunda realidad. Si a lo anterior se suma que existen discursos anquilosados en ideologías “sesenteras” sobre el peligro de los militares en las calles, en la administración pública y por supuesto en el combate a la delincuencia, entonces el resultado seguirá siendo el de la inconformidad de algunos grupos y “expertos en seguridad nacional”, ávidos de espacios donde transmitir sus mensajes faltos de sustento.

El riesgo que “unos” ven sobre la creación de la gendarmería es la posibilidad de un golpe de Estado (Italia, España, Chile); por lo que habrá de recodarles que el último intento de golpe de Estado en México fue en 1871. Hasta el ascenso al poder de Victoriano Huerta, técnicamente no fue considerado como tal. Las fuerzas armadas de nuestro país no necesitan dar golpes de Estado, ya que en los hechos no es con las armas como obtienen su liderazgo; es con el ejemplo, será por eso que hoy el Ejército mexicano es la institución con el mayor nivel de confianza y aprobación de la sociedad.

La preocupación ignorante de otros es la cantidad de recursos que se van a gastar en su creación. Una Gendarmería nacional no es per se; se opera y mantiene a partir de la red logística militar de cada país, aprovechando su marco legal y la fortaleza de su ruta profesional; es decir, para crearla debe existir una estructura militar. Y más allá: en la práctica, debe ser un cuerpo especial militar o una fuerza armada que se integre a la existente —Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada— administrada por la Sedena y controlada quizá por la Segob o en su defecto por la Policía Federal.

Algunos más “avizoran” que los resultados al final del camino serán los mismos, corrupción, impunidad y empoderamiento criminal. De crearse la gendarmería, su desarrollo se basará en disciplina y valores militares, por lo que los gendarmes que cometan delitos serán castigados por los juzgados civiles y por los militares. Estos últimos contemplan delitos contra el honor militar, insubordinación, desobediencia, infracción de deberes y traición a la patria; mismos que no se sancionan en el fuero común o el federal.

También un hecho que marca diferencia, es la profesionalización a la cual estarán sujetos quienes se integren a esta fuerza, ya que no será su permanencia dependiente de los cambios en los gobiernos municipales o estatales, es decir, podrán verdaderamente realizar un servicio profesional de carrera. Un policía municipal o estatal no tiene —en la práctica— una ruta profesional definida. Como se lleva a cabo en otras partes del mundo, los gendarmes tienen desarrollo profesional y un marco legal bien definidos. En el caso de México, existe la Ley de Ascensos y Recompensas de las Fuerzas Armadas, misma que —de ser así— puede asegurar al gendarme un futuro laboral de acuerdo a sus conocimientos, experiencia y años de servicio.

MARCO LEGAL

Hoy en día, un soldado o marino no tienen facultades para cumplimentar órdenes de presentación, aprehensión o de cateo. Solo pueden detener a delincuentes, siempre y cuando sea en flagrancia —si no me creen, pregúntele a Jorge Hank—, por lo que los militares de tierra, aire y mar tienen la misma capacidad jurídica que cualquier ciudadano.

La gendarmería actuará bajo el mando de los agentes del Ministerio Público, por lo que quedarán bajo el amparo de las facultades y prerrogativas, derechos y obligaciones que, por ejemplo, tienen las policías.

Huelga decir que ante el marco legal con el que cuentan las fuerzas armadas, su acción ante la delincuencia organizada se resume, en primer lugar, en detener —y en su caso, abatir— delincuentes, y en segundo, en asegurar desde armamento hasta inmuebles. Los de uniforme afectan solamente dos fortalezas de los criminales. La tercera es la financiera, de la cual no tienen las facultades para combatirla debido a que es exclusiva de los civiles.

Todo indica que de realizarse este proyecto, la Gendarmería nacional tendrá facultades para mantener de manera reactiva la seguridad de las instituciones —municipales, estatales y en caso de requerirse también de fuerzas federales—, todo en el marco de la seguridad interior, lo que abarca desde actuar contra organizaciones criminales hasta restablecer el orden interno después de que ocurran
desastres naturales.

TRANSPARENCIA

De manera visible, con todo lo anterior pareciera una nueva modalidad de empoderar a los de uniforme. La decisión sobre quién debe administrar la gendarmería la tiene Enrique Peña Nieto. ¿Policía Federal? ¿Secretaría de Gobernación?

Invisible será para muchos que este proyecto estará al mando de civiles. Los militares solo le darán causa y efecto.

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Pero a la hora de la hora, no lo suelten.

Francia: gendarmería nacional, el modelo que desea Peña Nieto

EMILIE BARRAZA
2 DE NOVIEMBRE DE 2012 · 4 COMENTARIOS
PRISMA INTERNACIONAL

Hollande, Peña y Rivera. Protocolo presidencial.
Foto: AP
PARÍS (apro).- En septiembre 2012 concluyó la formación de los 100 alumnos de la escuela de Gendarmería de Chateaulin, en Bretaña, al oeste de Francia. El país galo cuenta con cuatro escuelas de gendarmes. De ellas salieron los 98 mil gendarmes franceses desplegados a lo largo y ancho del territorio. Un año de formación antes de dirigirse a uno de los 3 mil 600 cuarteles de Francia.

La Gendarmería Nacional francesa es una fuerza de policía con estatuto militar que cubre las zonas rurales y las ciudades de menos de 20 mil habitantes; es decir, 95% del territorio galo y 50% de la población.

Es también lo que propone el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, para su país: una gendarmería nacional, de origen militar pero con mando civil. Así lo manifestó en octubre pasado durante su visita a París.

¿Qué pensar de esa iniciativa?

Ejercito por Gendarmería

“Es la continuidad de lo que hizo el gobierno anterior”, dice Javier Enríquez Sam, coordinador general del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). “Con esa medida, Peña Nieto quiere mantener los militares en las calles”, afirma. Así, el porvenir de los 40 mil militares desplegados a través del país está en un callejón sin salida.

La reforma de la Ley de Seguridad, una de las iniciativas más importantes del mandato del presidente Felipe Calderón, justamente planteaba que, a petición de una autoridad local, se pudiera dar instrucciones a las Fuerzas Armadas para encarar “afectaciones a la seguridad interior”. Una reforma que resolvería el largo debate sobre la legalidad de los militares en las calles, que si bien logró su aprobación por el Senado en abril de 2010, no corrió la misma suerte en la Cámara de Diputados.

Por el momento, la presencia del Ejército en las calles se enfrenta a un vacío jurídico. “La propuesta de crear una gendarmería permitiría dar un marco legal a la presencia de militares en las calles”, subraya Juan Salgado, profesor del CIDE, especialista en cuestiones de seguridad.

Esta es justamente la propuesta del equipo de transición del presidente electo: integrar en esa nueva Gendarmería a “los entre 40 mil y 50 mil efectivos que pertenecen a secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina que actualmente están destinados al combate del narcotráfico y crimen organizado”, dijo el vicecoordinador de Seguridad y Justicia del equipo de transición, Jorge Carlos Ramírez Marín, en una reunión con los senadores el 18 de octubre.

“De todos modos, Peña Nieto tiene que buscar alternativas a lo que hizo Calderón, porque la política de seguridad de su predecesor fracasó, y la sociedad mexicana reclama un cambio”, señala Ernesto López Portillo, presidente de la organización Insyde, especialista en cuestiones de seguridad en México.

“Tenemos que elegir entre un modelo de seguridad civil o militar. Enrique Peña Nieto ha elegido la segunda opción, y no sé si es la mejor para México”, afirma.

El temor ante la militarización de la seguridad no es algo nuevo: los opositores a la Ley de Seguridad Nacional, entre legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya temían que la reforma implicara una mayor militarización de la estrategia anticrimen, lo que conllevaría más violencia. Un miedo compartido por numerosos activistas que observan con preocupación el incremento de los casos de tortura durante el mandato de Calderón. De 2007 a 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró un incremento de 425% en el número de denuncias por tortura.

De la misma manera un informe de Amnistía Internacional, presentado a principio de octubre pasado alertó sobre la impunidad en casos de torturas. “Aquellos que cometen actos de tortura están conscientes de que hay pocas probabilidades de que sean presentados ante la justicia”, indica el reporte.

“Entonces, que pasará con esa nueva Gendarmería?” interpela Enríquez Sam, coordinador del CCTI. “¿Dejaran de torturar a personas civiles? No lo creo.”

Muchos activistas aun recuerdan a la Policía Federal Preventiva, creada en 1999 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Muchos de sus efectivos venían directamente de las filas del Ejército. “En esa época, constatamos muchos casos de torturas y una represión aún más fuerte”, señala el activista del CCTI.

“¿Utilizar las fuerzas armadas puede ser un riesgo para los ciudadanos, ya lo sabemos; entonces tendríamos que estar muy atentos a los esquemas de formación y de supervisión de esa Gendarmería”, analiza Ernesto López Portillo.

“La formación de los gendarmes será muy importante, porque hasta ahora los militares son formados para eliminar enemigos, para combatir. No poseen una capacitación para trabajar con civiles”, añade Salgado, del CIDE.

Disciplina de hierro

El año pasado, los 100 alumnos de la escuela de Gendarmería de Chateaulin, en Bretaña, pasaron diez meses en un cuartel como verdaderos gendarmes. Les pagaban mil 400 euros al mes.

En Francia cualquier ciudadano que desee ser gendarme debe tener al menos la preparatoria terminada, superar unas pruebas físicas y aprobar un examen escrito para ingresar a la Escuela Nacional de Gendarmería.

Durante un año, los estudiantes se levantan a las cinco de la mañana todos los días para realizar los honores a la bandera. Reciben una formación divida en tres bloques: entrenamiento militar, formación jurídica y administrativa, y una formación que incluye cultura general, deontología y relaciones humanas.

“Ahí esta la fuerza de la Gendarmería”, apunta Georges Philippot, un general de Gendarmería francés: “Durante la formación les enseñamos la importancia de las tres funciones del gendarme: proteger al ciudadano –igual que la policía–, pero también salvaguardar el Estado y defenderlo militarmente, si es necesario”.

Pase lo que pase, un gendarme siempre será fiel a su Estado, hasta… lo más vergonzoso: durante la Segunda Guerra mundial, la Gendarmería constituyó, junto con la policía, el brazo encargado de la seguridad del régimen de Vichy y de su política colaboracionista, deportando familias judías y matando a resistentes.

Otra característica del gendarme: una disciplina de hierro, consolidada en los cuarteles de gendarmes, separados de los militares, donde viven con sus familias.

Para Philippot esa disciplina fuerte es necesaria para limitar los derrapes y la corrupción, que se puede constatar actualmente en la policía gala: “Francia no tiene la cultura del orden como en los países sajones, por eso creó un modelo intermedio, civil y militar, y además, perfectamente adaptado a los tiempos de crisis”.

Gendarmería… imperial mexicana

Que mejor ejemplo de crisis que el año de creación de la Gendarmería Nacional francesa: 1791, dos años después de la toma de la Bastilla y dos años antes de la ejecución del rey Luis XVI. La ley del 28 Germinal año VI, según el calendario revolucionario (17 de abril de 1798) precisa que “el cuerpo de la gendarmería nacional es una fuerza instituida para asegurar en el seno de la República el mantenimiento del orden y la ejecución de las leyes”.

Orden y legalidad, mediante la creación de 2 mil cuarteles en toda Francia. “Durante la Revolución francesa, la Gendarmería tuvo un papel muy importante en la construcción de la identidad nacional, gracias a su red de cuarteles en todo el territorio”, señala el general Philippot. Y orden y sumisión también en el poco famoso episodio de la Gendarmería Imperial, creada en México por Napoleón III en 1865, para “pacificar” y fortalecer el reino de Maximiliano I, emperador de México.

“Era una manera de tener una fuerza de seguridad fiel y leal al Imperio”, señala Adrien Kippeurt, autor de una tesis de historia sobre esa primera gendarmería mexicana que realizó en la Universidad de la Sorbona.

Después de la invasión francesa en 1861, los Rurales, la fuerza de seguridad ya existente, apoyaron a las fuerzas republicanas de Benito Juárez. Si los Rurales estaban basados en un sistema de ciudadanos voluntarios para defender su municipio, el Ejército francés quería crear una fuerza de seguridad interior más centralizada. La Gendarmería Imperial mexicana se componía de “exmilitares franceses, europeos fieles a Maximiliano, pero también mexicanos voluntarios o que provenían de la antiguas fuerzas locales”, añade el investigador galo que encontró en los archivos del Ejercito francés la mención de una decena de cuarteles de gendarmería, principalmente en el centro del país, en grandes ciudades como México o Puebla, pero también en pequeños municipios como Paso del Macho, en el estado de Veracruz.

La aventura de los gendarmes imperiales de México terminó dos años después de su creación, en 1967, con el retiro de las tropas francesas: “Era un símbolo del Imperio, por lo tanto, Benito Juárez la suprimió”, analiza Kippeurt.

“A lo largo y ancho del país”

¿Qué enseñanzas sacar de esa primera experiencia de Gendarmería en México, tomando en cuenta el contexto histórico a distancia, y sobre todo, el hecho de que la autoridad creadora ya no sería, un ejercito extranjero, sino el propio Estado mexicano?

Primero, la adaptación, o no, en México, de un modelo por esencia centralista. En 1866, el general Bazaine, al mando de las tropas francesas en México, no quiso poner en marcha la centralización administrativa del Ejército y de la Gendarmería y preconizó una descentralización, para adaptarse a la realidad de México. “Si la Gendarmería funciona muy bien en el marco de un sistema muy centralizado, como Francia, tendrá que ser adaptado a un país federal como México” advierte Salgado.

En España, país federal de facto, la Guardia Civil, creada en el siglo XIX a partir del modelo francés, siempre ha funcionado bajo mando y sistema centralizado. “El modelo de éxito para un país federal como México está en los municipios”, señala López Portillo.

“En todo caso, sería mixto: la gendarmería como estructura temporal, y el desarrollo de un modelo de policías municipales a largo plazo”, agrega.

Segunda enseñanza, la más importante: tanto durante el reino de Maximiliano I como en la propuesta de Peña Nieto, la Gendarmería constituye un instrumento de legitimación y fortalecimiento del Estado-Nación “a lo largo y ancho del país”. Esa fue justamente la expresión utilizada por el presidente electo cuando visitó la sede de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE). Ahí, declaró su voluntad de desplegar “una mayor capacidad y fuerza del estado a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente a las pequeñas poblaciones y ciudades medianas que en algunos casos es lugar y refugio para bandas delincuenciales”.

En Francia, los 3 mil 600 cuarteles repartidos en el territorio “permiten tener una fuerza de proximidad”, analiza Salgado. “Es parte de su éxito en Francia. Pero el apoyo o la aceptación de la población es muy importante”, añade.

A la vez representantes y defensores del Estado-Nación, los gendarmes encarnan también en el país galo la fuerza de seguridad de proximidad, frente a una policía considerada como más “fría”, acantonada en las grandes ciudades.

En México el objetivo sería, según el equipo de transición del PRI, utilizar “en un principio” instalaciones que el Ejército tiene en todo el país. Una promiscuidad entre efectivos militares y gendarmes que podría sembrar la duda en el seno de la población: ¿Serán realmente una nueva fuerza de seguridad efectiva, o simplemente militares con nuevo uniforme?

Preguntas sin respuestas por el momento. En cualquiera de los casos, el gobierno de Peña Nieto tendrá mucha presión para presentar una política de seguridad nueva y convincente, que supere los fallos de su predecesor. Podría no tener derecho a equivocarse

Analiza Peña Nieto desaparecer la SSP

La mayoría de las funciones que actualmente realiza serán enviadas a la Secretaría de Gobernación MARÍA IDALIA GÓMEZ Y RAMÓN SEVILLA
noviembre 8, 2012 1:15 am
La próxima administración federal desaparecerá la Secretaría de Seguridad Pública, creará un zar de inteligencia y la gendarmería se conformaría por los militares que actualmente realizan tareas de seguridad pública, de acuerdo con un documento de reorganizacion del gabinete que le fue entregado a Enrique Peña Nieto por sus asesores.

La decisión de desaparecer esa dependencia fue propuesta por los expertos en su equipo de transición y asesores extranjeros, así como la forma en que se llevará a cabo y cómo se acoplarán sus tareas en el gobierno federal. Por el momento prevalecen dos propuestas, muy similares, y se concentran en la prevención como estrategia fundamental.

La definición sobre cuál prevalecerá se concentra en el presupuesto, que significará implementar cualquiera de esos dos cambios y los recursos que se tengan disponibles para implementarlos. Peña Nieto y su equipo están por definir, en los próximos días, el proceso que seguirá para desaparecer la SSP federal e implementar los cambios.

Fuentes del equipo de transición, así como de la SSP y Marina consultadas por 24 HORAS, dijeron que se llevarán a cabo estos cambios en cuanto el mexiquense asuma la Presidencia. En la elaboración de las propuestas han participado varios especialistas mexicanos y extranjeros, entre ellos Jorge Tello Peón y el general colombiano Oscar Naranjo, sumados al equipo de transición.

LA TRANSFORMACIÓN

De acuerdo con información recabada por este diario, la mayor parte de las tareas que concentra actualmente la Secretaría de Seguridad federal se enviarán a la Secretaría de Gobernación.

Una de las primeras propuestas señala que la SSP desaparece para dar paso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que surgiría de la fusión de la mayoría de las tareas administrativas que tiene la actual con el trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En esta propuesta, dicha Secretaría Ciudadana no contará con capacidad operativa en campo; es decir, no tendrá a su disposición a la policía, la cual se trasladaría a Gobernación, junto con el área que controla el sistema penitenciario y de derechos humanos, que se constituirían, cada una, como una subsecretaría.

Uno de los puntos en que en ambas propuestas se está de acuerdo es en la creación de la gendarmería, a la cual se prevé integrar a todos los militares que actualmente realizan tareas de seguridad pública.

En la segunda propuesta, la SSPF desaparece completamente y se consolidan, dentro de Gobernación, las siguientes áreas a nivel subsecretaría: la de gendarmería, el zar de inteligencia que coordinaría al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y a todas las áreas de inteligencia desde un centro de mando, ubicado en el estado de Nuevo León; la subsecretaría en temas penitenciarios, el secretariado ejecutivo y el de derechos humanos.

En este caso el CISEN quedaría por primera vez como un órgano descentralizado, como secretario técnico del gabinete del presidente y sin capacidad reactiva. Plataforma México quedaría a cargo de la Secretaría de Gobernación.

En todos los cargos se nombraría a personas que por su trayectoria puedan fortalecer esas áreas, eliminar la burocracia, que consideran se ha acumulado y se concentren en prevención, partiendo de tareas inteligencia y capacidad operativa, pero cada subsecretaría realizando sus tareas correspondientes.

Lanceros de Toluca escribió:Que? nada? Ni una noticia sobre esto pudieron poner en mi ausencia? Chale para eso me gustaban. Creo que todos los periodicos de circulacion nacional sacaron al menos una nota al respecto...

Recortan a dos inútiles

Peña Nieto desaparecerá las secretarías de Seguridad y de la Función Pública. Una bañó de sangre a México y la otra en 12 años fue incapaz de procesar a algún corrupto mayor. Gobernación recupera la seguridad y habrá Comisión Anticorrupción

POR ARMANDO ESTROP - Jueves 15 de noviembre de 2012
13comentarios


"Que sea la Secretaría de Gobernación la que presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República”
Extracto de la propuesta
de Enrique Peña Nieto
Genaro García Luna nunca fue requerido por las acusaciones que hubo en su contra
Esta dependencia que nació en el sexenio de Miguel de la Madrid durante los gobiernos priistas tuvo el nombre de Secretaría de la Contraloría de la Federación
Edgardo Buscaglia se quedaría más tranquilo si la policía estuviese bajo la supervisión de comisiones legislativas fuertes, “con dientes”
Enrique Peña Nieto entrará a su mandato recortando dos históricas secretarías.

Históricas por sus mediocres resultados: La Secretaría de la Función Pública y Seguridad Pública.

Como parte de su proyecto de gobierno el priista evaluó que los resultados de ambas no eran los idóneos y lo mejor era borrarlas del mapa y volver a empezar.

Para lograrlo presentó dos iniciativas, una que reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal desapareciendo la SSP y otra más para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.

“Significaría tener un órgano con mayores capacidades para combatir la corrupción y nos permitiría organizar de mejor manera la administración pública federal e incluso reducir el número de secretarías que pasaría de 18 a 16”, dijo Peña Nieto en la presentación de ambos proyectos.

Estuvo acompañado de los coordinadores de las bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy a cargo de Genaro García Luna, todas sus atribuciones pasarían a ser facultad de la Secretaría de Gobernación.

Luego de un sexenio con más de 70 mil muertos por la guerra emprendida contra el narcotráfico y por las constantes infiltraciones y nexos de los mandos policíacos de esa dependencia el priista optó por acabar con ella.

Y es que fueron varios los escándalos en los que García Luna llevó a la SSP. Además de llevar a la corporación policíaca de esta Secretaría por un laberíntico cambio de identidad al pasar de ser Agencia Federal de Investigación (AFI), luego Policía Federal Preventiva (PFP) y finalmente Policía Federal.

Fue para muchos el secretario consentido del Presidente Felipe Calderón. Estuvo durante los dos sexenios panistas en el ojo del huracán pero nada logró sacudirlo. Presuntamente relacionado con el narco y dueño de una casa millonaria en la Colonia Paseos del Pedregal a este funcionario nada ni nadie lo removió en el gobierno de Acción Nacional.

En marzo del 2009, en medio de una de las peores crisis económicas internacionales Reporte Indigo publicó que García Luna se construía una lujosa casa de más de 20 millones de pesos en el fraccionamiento Jardines de la Montaña en la delegación Tlalpan, del Distrito Federal.

La respuesta del funcionario fue que la estaba haciendo con sus ahorros. Pero revisando su sueldo las cifras no coincidían. El caso nunca fue atraído por la PGR. No hubo pronunciamiento por parte del Gobierno. Permaneció en su cargo sin sospechas.

El periodista Ricardo Ravelo realizó una investigación en la que vinculaba a García Luna con el cártel de los Beltrán Leyva, con quien presuntamente existía un compromiso de protección. Tampoco ocurrió nada.

Sus funcionarios cercanos han sido acusados de vínculos con las bandas del crimen organizado. Edgar Millán, comisionado de la Policía Federal fue asesinado en 2008 en una presunta venganza del narco. Gerardo Garay Cadena otro de sus allegados fue acusado de proteger al Cártel de Sinaloa en el 2008 y fue apresado.

Lorena González, comandante de la Policía Federal estuvo involucrada en el secuestro de Fernando Martí, hijo del empresario y ahora activista Alejandro Martí.

Inmune a los ataques

Ningún ataque le hizo nada a Genaro García Luna.

Recientemente elementos de su corporación se vieron involucrados en el ataque a dos agentes estadounidenses en Tres Marías, un tramo de la carretera de México a Cuernavaca. Hasta el momento todas las investigaciones indican que los policías colaboraban con el narcotráfico.

Ante esto Enrique Peña Nieto argumenta en su iniciativa que se requiere de una mejor coordinación entre todos los niveles de gobierno e integrar una política de seguridad en la que se priorice además la seguridad interior.

“A la secretaría de Gobernación le correspondería en esta materia formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendiente a garantizar la seguridad interior de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”, explica la iniciativa que entregó a las bancadas del PRI.

Se busca además que sea el propio titular de la Segob quien presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República y que sea este órgano, integrado por todos los estados, quien delínea las estrategias de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Que sea la Secretaría de Gobernación la que presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República; la que proponga acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“La que también proponga al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial, el programa rector para la profesionalización de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; la que participe de acuerdo con la Ley de la materia, de planes, programas de profesionalización para las instituciones policiales.

“Y la que coordine las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas en términos de la Ley”, detalla la iniciativa presentada ayer en un hotel de Santa Fe en la Ciudad de México.

Como posibles titulares de la Secretaría de Gobernación se ha mencionado los es Gobernadores de Hidalgo, Miguel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam. Además se dice que otro que podría llegar a ocupar esa silla es el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.

Gran parte de las nuevas facultades y organización recaerían en las subsecretarías luego de desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública.

Para la subsecretaría del Interior se dice que podrían estar en primera fila Jorge Carlos Ramírez Marín, Roberto Campa Cifrían y nuevamente Murillo Karam, que actualmente es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En esta iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto se plantea también la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, creando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Se plantean también algunos cambios en el tema de desarrollo social así como una simplificación administrativa y un nuevo sistema de auditorías en toda la administración pública.

Una Secretaría que no funcionó

En una segunda iniciativa se propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Este fue desde su triunfo en las elecciones del pasado mes de julio, uno de los proyectos más ambiciosos del priista.

Para lograrlo se está proyectando la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Ese departamento de asuntos internos que en la era panista se convirtió en decorativa.

Desde mediados del 2009 Manlio Fabio Beltrones propuso su desaparición. Luego en septiembre de ese mismo año, el propio Felipe Calderón le tomó la palabra a Beltrones y anunció la desaparición de la SFP junto a la Secretaría de la Reforma Agraria y Turismo, pero nunca prosperó este proyecto.

A pesar de que envió una iniciativa al Congreso de la Unión jamás se dictaminó y quedó en la llamada congeladora legislativa.

El argumento era que con la abrogación de estas dependencias se generaba un ahorro al gasto del gobierno federal.

Esta dependencia que nació en el sexenio de Miguel de la Madrid durante los gobiernos priistas tuvo el nombre de Secretaría de la Contraloría de la Federación.

Su primer titular fue Francisco Rojas, quien en estos días deja de ser diputado federal y coordinador del PRI en la Cámara baja.

Fue en el sexenio de Vicente Fox cuando cambió al nombre de Secretaría de la Función Pública. Sin embargo las críticas han sido constantes por los bajos resultados.

Y es que a la llegada del panismo además del cambio de siglas , su primer titular, Francisco Barrio Terrazas aseguró que caerían “peces gordos” con la aplicación de la Ley por parte de la SFP.

Los priistas se dieron por aludidos, acababa de pasar el famoso “Pemexgate”.

Ningún pez gordo cayó, ni del PRI y menos del PAN. Hoy tiene sus días contados.

“Se propone crear la Comisión Nacional Anticorrupción como la instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por servidores públicos de la Federación, así como cualquier particular, ya sea persona física o moral. Se le dotará en la Ley la facultad de atracción para conocer casos de los estados y municipios”, expone el documento.

En un primer proyecto se quería que esta Comisión tuviera facultades de investigación como un Ministerio Público, sin embargo al ir trabajando en el documento todas estas buenas intenciones se quedaron en el tintero.

“En caso de que la Comisión encuentre actos presumiblemente constitutivos de delitos deberá dar vista al Ministerio Público, ya sea federal o estatal, y podrá actuar como instancia coadyuvante.

“También se prevé que en los casos de corrupción las responsabilidades no prescribirán en un plazo inferior a cinco años”.

En el propio cuerpo de la iniciativa se erige a esta comisión en un emisor de buena moral y comportamiento ejemplar.

“La Comisión, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, estará también facultada para impulsar, de forma prioritaria, acciones y programas de carácter preventivo; en especial de aquellos destinados a promover la ética y la honestidad en el servicio público así como el estado de derecho.

“En este sentido, podrá formular recomendaciones, ya sean particulares o de carácter general, para la mejora de los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción”, dice el texto.

Además se propone la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública, como un órgano de carácter interinstitucional encargado de promover el fortalecimiento de la ética en la sociedad.

Este consejo estaría presidido por el Presidente de la República y ciudadanos que se hayan destacado por su contribución en la rendición de cuentas y transparencia del gasto público. En la iniciativa no se determina con precisión su integración y facultades.

Las denuncias ante la Comisión Nacional Anticorrupción deberán ser hechas por los ciudadanos y serán desde incidentes menores hasta grandes casos de carácter administrativo que representen un daño al erario.

Este órgano estará integrado por cinco comisionados que serán propuestos por el Presidente de la República y el Senado deberá avalarlos. Su encargo durará siete años.

Uno de los cinco podrá aspirar a presidir la Comisión y deberá contar con el voto de los demás. El mandato del Comisionado Presidente será de un período máximo de cuatro años.

Así, luego de un sexenio convulsionado por la violencia el principio del sexenio dibuja ya lo que será una nueva estrategia de seguridad y otro más de los proyectos para acabar con la corrupción de políticos y funcionarios.

— Secretaría de Seguridad Pública

Fundada en 2000
Presupuesto: $40.5 mil millones de pesos en 2012
Subsecretarías:
> Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial
> Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos
> Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal
> Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional

Objetivo oficial

> La Secretaría de Seguridad Pública tiene por objeto preservar el orden, la libertad, la paz pública, y la integridad y derechos de las personas. Junto a la Procuraduría General de la República y los Poderes de la Unión, la SSP trabaja para prevenir delitos desarrollando política criminal y de seguridad, así como administrando el sistema penitenciario federal.

— Secretaria de la Función Pública

Fundada en 1983, como Secretaría de la Contraloría
Presupuesto: $1.6 mil millones de pesos para el 2012

Subsecretarías:
> Subsecretaría de la Función Pública
> Subsecretaría de Control y Auditoría de la Función Pública
> Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas (Reforma al reglamento interior 2011)

Función oficial

> La Secretaría de la Función Pública evalúa, coordina y vigila al gobierno federal en su ejercicio público. Desde septiembre del 2009 el presidente Felipe Calderón había anunciado la desaparición, pero no se concretó.

DE GUATEPEOR A GUATEMALA
Por Adriana Amezcua
Es un avance que la SSP retorne a la Segob pero aún falta mucho para que México se equipare en la práctica México a los países democráticos, según Edgardo Buscaglia

Se da un paso para adelante y otro para atrás. Así sintetiza Edgardo Buscaglia la propuesta de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sea absorbida por la de Gobernación.

Constituye un avance pero sólo considerando que “estábamos en Guatepeor y vamos a Guatemala”, comenta, “sin ánimo de ofender a ninguna nación”.

En su opinion, la iniciativa que el priista Enrique Peña Nieto presentó ayer ante senadores y diputados de su partido es buena frente a la situación que teníamos hasta ahora: un pequeño Estado dentro del Estado.

Es decir, una SSP que se maneja sin ningún control político y sin ningún tipo de control técnico desde hace muchos años. “Y ya vemos los resultados: la inseguridad se incrementó sin precedentes desde la Revolución Mexicana”, afirma.

Sin embargo, el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia sostiene que la propuesta del actual presidente electo no supone un aproximación a la práctica de los países democráticos. En éstos, la policía es controlada por órganos de justicia que, a su vez, se encargan de elaborar la política criminal.

“Esta supone una asignación de recursos a las diferentes áreas del sistema de administración de justicia donde la policía es solo un eslabón de ese sistema”, explica Buscaglia.

De ahí que, si bien reincoporar a la SPP a la Secretaría de Gobernación implica dar un paso adelante al mismo tiempo, alerta sobre un retorno de las tradiciones de control político del PRI.

Lo más lamentable, según el experto en temas de seguridad, es que se está perdiendo la oportunidad de desarrollar “un ámbito policial democrático, en donde las políticas criminales se valoren en una matriz donde los jueces, fiscales, policías y el sistema penitenciario estén coordinados desde el Ejecutivo”.

Esto supondría crear un espacio que permitiera fomentar la coordinación de esos cuatro eslabones a través de una política criminal adscrita a una secretaría de justicia que hoy en México no existe.

Los países democráticos normalmente cuentan con ministerios, departamentos o secretarías de justicia que se encargan de elaborar la política criminal. El nuestro no tiene ninguna institución de este tipo ni tampoco ha desarrollado una política criminal viable.

México, en palabras de Buscaglia, “es un proyecto de democracia” que no termina por desarrollarse y alberga muchos vacíos de Estado. Uno de ellos es no contar con una secretaría de justicia. Porque la PGR no lo es: “es el órgano de acusación y debería ser autónomo pero es diferente a una secretaría de justicia”.

En este sentido, la propuesta de Peña se sitúa lejos de aproximarse a esta creación.

¿Tentación autoritaria?

En México, de acuerdo con el catedrático de la Universidad de Columbia y actual profesor invitado de la UNAM, seguimos “con los espasmos del viejo control político que siempre quiere regresar. A lo Putin, como sucedió en Rusia”.

Donde un sistema que trataba de caminar hacia la democracia terminó por dar un viraje hacia atrás. “Esperemos no sea el caso con el nuevo gobierno mexicano”, comenta Buscaglia.

Al respecto precisa que al dejar Calderón un Estado tan fragmentado y caótico podría quererse volver atrás, tal y como hizo Vladimir Putin tras el gobierno de Boris Yeltsin.

Rusia entonces vivía una situación muy similar a la mexicana: con la inseguridad fuera de control, un Estado capturado por diferentes grupos criminales. La llegada de Putin supuso la instauración de mecanismos autoritarios.

“Si bien uno nunca debe de establecer paralelos porque no hay similaridades tan fuertes –matiza el doctor en Jurisprudencia y Política Social por la Universidad de Berkeley– siempre hay una tentación a volver al control político del pasado; en donde la policía era un órgano de control político hacia todos los partidos y hacia todas las fuerzas activas de la sociedad”.

Edgardo Buscaglia dice que se quedaría más tranquilo si nos encaminaramos hacia la construcción de un país democrático en el que la policía estuviese bajo la supervisión de comisiones legislativas fuertes, “con dientes”.

Comisiones que realmente controlen y vigilen desde el Congreso a la policía y que, por medio de una secretaría de justicia, se realizara un control funcional cotidiano. Pero estas comisiones y esta dependencia federal son inexistentes en México.

“Son dos déficits democráticos pendientes”. Que no avanzan con la nueva propuesta del gobierno entrante.

Las 3 claves de la ‘Súper-Segob’ que propone EPN

El próximo presidente mexicano dejó en manos de los diputados del PRI un proyecto para reestructurar las secretarías de Estado, para dotar de mayores facultades a la de Gobernación.
La Secretaría de Gobernación tendría más facultades si es aceptada la iniciativa para reestructurar las dependencias federales. (Fotos: Cuartoscuro) Redacción ANNoviembre 14, 2012 10:04 pm


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El presidente electo, Enrique Peña Nieto, explicó su plan para construir una ‘súper Secretaría de Gobernación’ (Segob) durante su sexenio.

Este miércoles, frente a diputados y senadores de su partido, presentó un proyecto de iniciativa para dotar de mayores facultades a la Segob.

Estas son tres claves del rediseño institucional que será impulsado en la Cámara de Diputados.

1- Adiós a la SSP

La Secretaría de Seguridad Pública desaparecería y sus funciones las realizaría, por completo, la Segob.

Estaría al mando de la Policía Federal y Auxiliar. Coordinará las políticas e instancias de información, de seguridad nacional y criminal; comandaría la Gendarmería Nacional, en caso de la instauren.

La Segob asumiría la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública; además, conducirá las políticas en materia de seguridad interior, prevención del delito, del sistema penitenciario y desarrollará las tareas de vigilancia fronteriza y de protección civil.

La Segob continuará con el encargo de conducir la política interior y de llevar a cabo las relaciones con los otros poderes, los distintos niveles de gobierno y actores políticos.

2- Un ‘súpersecretario’

Quien resulte secretario de Gobernación, además de la política interior y la política de seguridad, se encargaría de coordinar a los secretarios de Estado y a los titulares de entidades paraestatales para dar cumplimiento a las órdenes e instrucciones del Presidente.

Será un “súpersecretario” que tendrá a su disposición a miles de policías federales y, en caso de ser avalada, una agrupación de gendarmes.

Creará Enrique Peña Nieto tres zares para seguridad

Combate con inteligencia, contra las drogas y a la corrupción serán los ejes fundamentales de la estrategia anticrimen del próximo gobierno federal MARÍA IDALIA GÓMEZ Y RAMÓN SEVILLA
noviembre 14, 2012 1:15 am

La estrategia del nuevo gobierno para combatir de manera más efectiva a la delincuencia recaerá principalmente en tres nuevas áreas: zar antidrogas, zar anticorrupción y zar de inteligencia.

Actualmente aún se analiza si estas nuevas oficinas dependerán directamente del próximo presidente Enrique Peña Nieto o de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con el planteamiento que analiza Peña Nieto, ante la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se dará fuerza a tres zares en materia de inteligencia, antidrogas y anticorrupción (que será la Comisión Nacional Anticorrupción).

Al menos en las dos primeras el Ejército ha expresado su interés en ocupar esos cargos con generales que tengan experiencia y estén en situación de retiro, pero no se ha tomado una decisión.



Dentro de la Secretaría de Gobernación se crearán las subsecretarías para atender el sistema penitenciario federal, en la que todavía no se tiene candidato claro; la Gendarmería que se dividirá en Fuerzas Federales, que son de origen Militar, y la Policía Federal, que son civiles entrenados, y se prevé que quien la dirija provenga del Ejército o la Marina y tenga experiencia sólida en seguridad pública.

También se creará la subsecretaría de prevención y Derechos Humanos en la que se busca a una mujer para el cargo, y continuará en Gobernación el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se concentrará en el diseño e implementación de políticas públicas en la materia, particularmente en los estados y municipios.

Y aunque en el gabinete de transición de Enrique Peña Nieto los posibles candidatos a ocupar las áreas de seguridad se definirán en unos días, por ahora uno de los nombres que más fuerza toma es el de Jesús Murillo Karam para ocupar la Procuraduría General de la República.

Áreas que concentra Hoy en día la SSP

Creada como el instrumento operativo y jurídico más importante para combatir a la delincuencia en el país en los sexenios panistas, la Secretaría de Seguridad Pública federal desaparece.

Sus principales funciones, de seguridad, prevención del delito, contra el narcotráfico, de vigilancia de caminos y de inteligencia regresarán al control y supervisión de la Secretaría de Gobernación.

Entre las subsecretarías que concentra la dependencia, actualmente bajo el control de Genaro García Luna, están:

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana
Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional
Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

La dependencia cuenta con una Unidad de Información y Análisis, de Prevención y Readaptación Social y de Servicio de Protección Federal (a instalaciones estratégicas).

Además, concentra las seis principales divisiones contra la delincuencia organizada, como:

División de Inteligencia
División de Investigación
División de Seguridad Regional
División Científica
División Antidrogas
División de Fuerzas Federales

Autores intelectuales

Raymundo Rivapalacio

- PRIMER TIEMPO: La compra de una nostalgia. Político avezado, había sido el último subsecretario de Seguridad Pública en 1988, cuando la oficina era parte de la Secretaría de Gobernación en el epílogo del último gobierno del PRI. En aquellos tiempos, el encargado de esas tareas, Jesús Murillo Karam, enfrentaba una realidad donde la delincuencia del fuero común tenía la estadística en un nivel de alarma que hoy sigue siendo histórica, pero el tema de la violencia no era ni el eje del discurso presidencial, ni agenda prioritaria en los medios de comunicación. Al no existir esa percepción, no existía la guerra total en la realidad cotidiana. Murillo Karam no duró mucho tiempo en esa oficina, pues cuando su jefe Francisco Labastida saltó a la candidatura presidencial, se fue con él. Pero la construcción de un sistema de seguridad metropolitano con los gobiernos vecinos del Distrito Federal para reducir el número de secuestros y robos vehiculares, le dio muy buenos resultados. La derrota de Labastida en 2000 lo dejó fuera de la política del primer nivel, aunque nunca dejó de hacerla Murillo Karam, impulsor de una nueva generación de gobernantes hidalguenses. Regresó en 2006 como senador y por su experiencia en temas de seguridad, estableció relaciones sólidas con varios funcionarios del gobierno de Calderón que le incubaron la idea de regresar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. Con el recuerdo de cómo trabajó en Bucareli, Murillo Karam fue quizás el primero que habló del tema con el hoy presidente electo Enrique Peña Nieto, quien hace tiempo tenía esa reincorporación estratégica en la cabeza. Otro hidalguense, Miguel Ángel Osorio Chong, terminó de concretar la idea en un documento que dio pie a una iniciativa de Peña Nieto que comienza a dar algunos dolores de cabeza antes, incluso, de que llegue a la Cámara de Diputados, que preside hoy Murillo Karam, para que se discuta y, quisieran, se apruebe.

- SEGUNDO TIEMPO: No es una vendetta, pero que desaparezca. La deseada muerte de la Secretaría de Seguridad Pública para integrarla a nivel de Subsecretaría en Gobernación, tuvo el impulso hidalguense del senador Jesús Murillo Karam, pero tiene un tufo chilango. Uno de los impulsores originales de la idea fue Eduardo Medina Mora, quien fue el primer director del Cisen del presidente Vicente Fox y terminó como su último secretario de Seguridad Pública. Medina Mora no quería repetir en el gobierno de Felipe Calderón en el mismo cargo, y sugirió el nombre de Genaro García Luna cuando a quien le habían ofrecido el puesto, Jorge Tello Peón, adujo razones familiares para declinar la propuesta. García Luna era conocido, aunque no de mucho, de Medina Mora, y Calderón lo designó secretario a 13 horas de anunciar el gabinete, una decisión que lamentaría tiempo después Medina Mora, que fue nombrado procurador general. La falta de un buen secretario de Gobernación dejó sin freno el choque entre Medina Mora y García Luna, que llegó a batalla campal en el gabinete de seguridad, que si bien ganó el procurador en el primer tramo, terminó perdiendo, no por haber sido doblegado por el secretario, sino porque se negó a perseguir a gobernadores priistas en vísperas de las elecciones federales de 2009. Medina Mora vio la fortaleza de García Luna, y quizás como muchos más en el actual equipo del presidente electo Enrique Peña Nieto, pudo haber pensado que una Secretaría de Seguridad Pública tan fuerte, no le convenía a ningún gobierno. Incubó su desaparición y que recuperara Gobernación esa fuerza. Sus motivos originales no se saben, pero tampoco podría pensarse que es una vendetta contra García Luna al cierre del sexenio. Cuando destituyó Calderón al procurador y lo aisló, fue García Luna quien lo apoyó cuando se marchó a Londres como embajador en el Reino Unido, con lo que la maltrecha relación que tenían, mejoró. No hay justicia poética para Medina Mora, y se puede decir que transformar en subsecretaría lo que García Luna construyó en seis años —la plataforma tecnológica más sofisticada de América Latina, una policía federal que creció ocho veces y un sistema de prisiones federales que se triplicó en instalaciones y elevó en más de 500% su población—, no fue nada personal.

- TERCER TIEMPO: Pues ya encarrerados, que se sube. Gran litigante, duro en la negociación y fajador de barandilla por excelencia, Fernando Gómez Mont llegó a la Secretaría de Gobernación en un momento crítico para su amigo Felipe Calderón, quien había perdido a su alter ego Juan Camilo Mouriño en un accidente de aviación. Era 2008, cuando luchaba por sobrevivir Eduardo Medina Mora, quien había sufrido una implosión reciente en la PGR al descubrir que prácticamente todos aquéllos que combatían al narcotráfico, estaban en sus nóminas. La investigación y el proceso contra quienes habían sido muy cercanos de Medina Mora se llamó “Operación Limpieza”, donde se dio el quiebre real en la lucha palaciega que tenía con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y comenzó el principio del fin de su gestión como procurador. Medina Mora duró sólo unos meses más en el cargo, pero encontró en Gómez Mont, quien descubrió que no era lo mismo litigar que gobernar y que era arrasado por García Luna por su desconocimiento táctico, estratégico y doctrinario de seguridad pública, un aliado natural a la idea que esa dependencia desapareciera y regresara a Gobernación. Gómez Mont tenía en un senador, Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, un interlocutor ad hoc para que floreciera la idea. Gómez Mont no estaba peleado con García Luna, pero no podía con él. Quedó expuesto ante él cuando se paralizó por la amenaza de bomba en un avión de Aeroméxico en 2009 —que al final resultó que las bombas eran jugos—, y se expuso como débil cuando no tenía idea de lo que había detrás del secuestro de su amigo Diego Fernández de Cevallos y tuvo que pedirle consejo sobre qué hacer. Como muchos otros pensaron en el gabinete, lo veían con poder incomparable y confundieron personalidad con institución. No vio en su litigio político para que desapareciera esa Secretaría los problemas de diseño institucional. Pero si se ve cómo ahora, que todas esas fobias que se acumularon contra García Luna tuvieron una expresión, inopinada quizás, de los autores materiales de esa liquidación: si no se pudo con García Luna en su tiempo, que se acabe con su legado. Amén.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa

Tocará a Segob reconstruir el tejido social

Entre sus atribuciones posibles, la dependencia fomentaría los planes de prevención del delito y la participación ciudadana
Ivonne Melgar

2012-11-17 05:12:00

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de noviembre.- En la reforma de la administración pública federal del presidente electo Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendría la facultad de desarrollar “políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada”.

Así se detalla en la iniciativa que este jueves presentó el PRI en la Cámara de Diputados y cuyo contenido se busca desahogar y aprobar la próxima semana.

Al asumir las tareas que hasta ahora ejecuta la Secretaría de Seguridad Pública, misma que el futuro gobierno busca eliminar, Gobernación tendría bajo su responsabilidad el combate al crimen organizado,

En consecuencia, de concretarse la reforma, el nuevo titular de Gobernación conduciría la prevención del delito “en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales”.

Para ese mismo propósito, según se enumera en la iniciativa, la Segob fomentaría la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales.

Por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pasaría al mando de la Secretaría de Gobernación, conduciría además la prevención de los delitos del fuero común.

La Segob también deberá promover y facilitar la participación social para “el desarrollo de actividades de vigilancia” sobre el ejercicio de las atribuciones de la dependencia en materia de seguridad interior y pública, así como atender las denuncias y quejas ciudadanas por su desempeño en este rubro.

Para concretar todo lo anterior, Gobernación tendría que concretar convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, “en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia.

“Así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación”, se indica en la iniciativa.

Al concentrar bajo su mando la política de seguridad, Gobernación auxiliaría a la Procuraduría General de la República en la persecución de los delitos; y “dispondría de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables, en las situaciones de alteración grave del orden público”

Por lo tanto, la Policía Federal estaría adscrita a la Segob y, consecuentemente, su titular “propondría a quien pudiere ser designado por el Presidente de la República como comisionado general de la Policía Federal”.

En esta reformulación institucional, el secretario de Gobernación propondría en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, también bajo su futuro mando, tanto las políticas como las acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional.

En coordinación con la PGR, la Segob impulsaría estudios sobre los actos delictivos no denunciados.

Cuando así se requiera o estime, Gobernación reforzaría la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas y tendría la facultad de intervenir ante situaciones de peligro, en casos de amenaza por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.

Además de conducir las políticas migratoria, penitenciaria y en derechos humanos y atención a víctimas, como lo dio a conocer el miércoles el Presidente electo en un acto con sus coordinadores parlamentarios, la propuesta del PRI busca que en el próximo gobierno la Segob tendría la operación de la investigación e información en materia de seguridad nacional.

Correspondería, por lo tanto, a esa dependencia el mantenimiento del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal, así como la coordinación de los mecanismos e instancias vinculados a esa materia.

De acuerdo con la iniciativa presentada, Gobernación regularía y autorizaría la portación de armas para empleados federales, para lo cual se coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional, además de otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas, así como supervisar su funcionamiento.

En la iniciativa se resume que, para concretar los cambios enumerados, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deberá experimentar “un reordenamiento integral de las funciones” de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con la propuesta, la jerarquización sería la siguiente: “Comenzar con aquellas de carácter formal, continuar con las de política interior y gobernabilidad democrática y de derechos humanos, continuar con las de seguridad y finalizar con aquellas en materia de protección civil, población, cédula de identificación personal en términos de ley.”

Enseguida, la “jurisdicción de islas, asociaciones religiosas y culto público, juegos y sorteos, comunicación social y radio y televisión, el Archivo General de la Nación, las cívicas relacionadas con el calendario oficial, entre otras que señalen las leyes y los reglamentos” correspondientes, enlista la propuesta.

“Se abre la puerta al régimen totalitario”

Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que este instituto político está abierto al diálogo y a la discusión de todas aquellas propuestas en bien de la ciudadanía, al comentar las propuestas enviadas por el presidente electo Enrique Peña Nieto.

Indicó que no se puede estar en desacuerdo si con éstas se atiende una de las demandas más sentidas de la población, que es la seguridad pública.

No obstante, el perredista consideró que la “supersecretaría” de Gobernación, a la que Enrique Peña Nieto pretende darle vida, “no es más que para abrirle la puerta al regreso de un régimen totalitario de la década de los 70, cuando se torturaba, se desaparecía al enemigo y la impunidad campeaba”.

Crear una supersecretaría confirma regreso al autoritarismo, dice el PRD

Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Sábado 17 de noviembre de 2012, p. 10

El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, dijo ayer que la supersecretaría de Gobernación que propuso Enrique Peña Nieto no es más que la confirmación del regreso al poder del viejo PRI autoritario y represivo, mientras Juan Manuel Oliva, secretario general adjunto de elecciones del PAN, expuso que las iniciativas del mexiquense para restructurar la administración pública federal parecen transpirar el viejo centralismo del tricolor.

No obstante, en su cuenta de Twitter manifestó que espera conocer el contenido total de las iniciativas para saber si en realidad provienen de un priísmo renovado.

Sánchez Camacho expuso que devolver a la Secretaría de Gobernación (SG) el poder que tuvo en los gobiernos priístas, con el control de la seguridad pública, es un mal presagio en todos los ámbitos de la vida nacional, pero sobre todo en materia de derechos humanos.

Agregó que su partido está abierto al diálogo y a la discusión de todas las propuestas que beneficien a la ciudadanía, sobre todo si con ello se atiende una de las demandas más sentidas de la población, que es la seguridad pública.

"Pero con toda franqueza, en la iniciativa de Peña Nieto no observamos que tenga ese propósito, sino más bien abrir la puerta al regreso de un régimen totalitario de la década de los años 70, cuando se torturaba, desaparecía al enemigo y la impunidad campeaba", subrayó.

En un comunicado llamó a las fuerzas progresistas del país a cerrar filas y evitar que el viejo PRI, con Peña Nieto vestido de piel de oveja, concrete la pretensión de convertir la Secretaría de Gobernación es una supersecretaría de seguridad interior, en la que la población no tendría ninguna garantía de respeto a los derechos humanos.

A Gobernación, más de 40 modificaciones

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 18 de noviembre de 2012, p. 7

Más de 40 cambios y adiciones convertirán a la Secretaría de Gobernación (SG) en la máxima coordinadora del gabinete federal, si los legisladores aprueban el proyecto presentado en la semana que concluye por el presidente electo Enrique Peña Nieto.

Cuarenta y tres numerales del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal permitirían el retorno a Gobernación de las tareas de seguridad y estabilidad política.

El objetivo del priísta es que las enmiendas entren en vigor el primero de diciembre, día que empezará el sexenio peñista.

Según la iniciativa presentada por el PRI y el PVEM en la Cámara de Diputados, el eje sería la creación de la "subsecretaría del interior", de la cual dependería una "agencia coordinadora" de todas las corporaciones de seguridad del país, incluida la Policía Federal y la figura de la "nueva gendarmería".

Miguel Ángel Osorio, coordinador general de política y seguridad del equipo de transición, ha señalado que los cambios incluyen la coordinación del esquema de "mandos únicos estatales", los cuales, en estrecha coordinación con la Federación, regularían a todas las policías municipales.

Otra novedad en la futura operación de la SG sería la anexión de la Plataforma México, que dependería de dicha subsecretaría del interior, lo mismo que la administración del sistema penitenciario y todo lo relativo a "política criminal".

Varios enfoques delineados el miércoles pasado por el presidente electo "para fortalecer la SG" se refieren a aristas que ya están incluidas en esta dependencia, de orden directo del secretario, a través de cinco subsecretarías: Gobierno; Enlace Legislativo; Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; Población, Migración y Asuntos Religiosos, y Normatividad de Medios.

Ahí se desenvuelve actualmente el seguimiento a los temas de derechos humanos; coordinación de la política migratoria; protección civil; población; cédula de identificación personal; jurisdicción de islas y asociaciones religiosas y culto público.

Además, juegos y sorteos; comunicación social; radio y televisión; Archivo General de la Nación; administración del Diario Oficial de la Federación, y las responsabilidades cívicas.

Lo anterior, a partir de órganos desconcentrados: Instituto Nacional de Migración; Consejo Nacional de Población; Archivo General de la Nación; Centro de Investigación y Seguridad Nacional; Centro de Producción de Programas Informativos Especiales, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

A Genaro García Luna, una patada en el trasero

LA HISTORIA EN BREVE
Ciro Gómez Leyva
2012-11-15 • AL FRENTE

Ayer debió haber sido uno de los días más tristes en la carrera de Genaro García Luna. De un plumazo, el presidente electo Peña Nieto anunció que, después de hacer un diagnóstico, hay formas más inteligentes y eficaces de combatir a los criminales. Y que, por tanto, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública.

La Policía Federal (PF), la institución reconstruida con laboriosidad y pasión por García Luna, queda en entredicho. De acuerdo con el equipo de transición, pasará a formar parte de una subsecretaría del Interior de la Secretaría de Gobernación. Pero el escepticismo de los federales tiene sustento.

Primero, porque el próximo gobierno parece haber reprobado el trabajo de seis años de García Luna y la PF. Luego, porque hay grandes dudas de que en Gobernación se replique la lógica, mística y disciplina que, indiscutiblemente, imprimió García Luna. Y porque el cambio de adscripción podría dar al traste con la ingeniería administrativa, profesional, de reclutamiento y capacitación. Y porque en paralelo se anuncia la creación de una Gendarmería que, temen los federales, quedará en manos de quienes más los impugnaron.

Habrá que aguardar. Las formas y tiempos del anuncio, sin embargo, permiten conjeturar que Peña Nieto tomó el camino de la corrección política. Excelentes noticias para quienes le inventaron historias sin fin a García Luna y le gritaron asesino. Dentro y fuera.

Pero guste o no, García Luna puso a funcionar a una policía de 35 mil elementos que, con todas sus deficiencias, sigue siendo la mejor de México. En pago recibe una patada en el trasero.

Y una primera sentencia: soportar 15 días de ignominia en el cargo.

Seguridad pública, qué final
Pablo Hiriart

El espectáculo es bochornoso: la PGR exhibe las mentiras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el caso Tres Marías, y ésta acusa a la Procuraduría de montar una campaña para desprestigiar a la secretaría.

Lo peor del caso es que ambas dependencias podrían tener razón.

La secretaría de Genaro García Luna comenzó el sexenio con pleitos y termina en batalla campal con la PGR, luego de haberse peleado con todas las otras instituciones encargadas de la seguridad.

Confirma, con su actitud, que los policías no se pueden mandar solos. Afortunadamente la Secretaría de Seguridad Pública va a pasar a Gobernación, pues la política debe acotar el trabajo de las policías.

Durante el sexenio la SSP tuvo aportaciones valiosas en la profesionalización de las tareas de inteligencia, adaptación de tecnología de punta a tareas de persecución de delincuentes, y la creación de un cuerpo de seguridad compuesto por 35 mil agentes bien entrenados.

Sin embargo golpeó como ninguna otra dependencia a la credibilidad en el gobierno.

La tarea de capturar delincuentes —en casos relevantes— fue convertida en un show para la televisión y para el lucimiento de sus funcionarios.

Los medios de comunicación favorecidos por las filtraciones y la cercanía con García Luna ahora se lo agradecen y la emprenden contra la PGR.

Esos agradecimientos no ayudan a la institucionalidad de un gobierno y ponen más desorden en el escándalo en que termina el área de justicia y seguridad de esta administración.

El problema ha estado en que García Luna —un buen policía— se manda solo. Su único jefe era (es) el Presidente de la República.

Y el Presidente, con un sinfín de ocupaciones además de la seguridad, le dio manga ancha al titular de la SSP.

Por eso la lección de estos seis años debe ser imborrable, para el próximo sexenio y los que siguen: nunca más un policía sin jefe, por brillante que sea el primero.

Hace unos días se conoció el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP (La Razón, 14 de noviembre, nota de David Vela), en el que se señala que el vehículo de la embajada de Estados Unidos balaceado en Tres Marías era conducido por un marino mexicano y que éste disparó primero.

La Secretaría de Marina aclaró que el marino no manejaba la camioneta de los agentes de la CIA y que tampoco disparó.

La PGR, el domingo, también aclaró lo anterior y exhibió cinco mentiras graves de la Secretaría de Seguridad Pública en ese delicado caso, en que agentes federales quisieron matar a personal de la embajada de EU y de la Marina.

Las instituciones de seguridad mienten, se acusan y se balacean.

Qué final. La verdad tal vez nunca la lleguemos a saber, pero la lección la debemos aprender: los policías no se pueden mandar solos.

phl@razon.com.mx
Twitter: @phiriart

Aprueban en San Lázaro la desaparición de SFP y SSP

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 7

La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual desaparecen las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública (SFP), y concentra en Gobernación el uso de la fuerza para garantizar la seguridad interior, así como el control del gabinete presidencial.

Asimismo, se transfieren a la Secretaría de Hacienda las atribuciones de supervisión sobre el control interno de las dependencias de la administración pública.

El PAN intentó frenar la desaparición de la SFP con el argumento de que los secretarios designarán a los auditores, lo cual contrasta con el discurso anticorrupción del próximo gobierno.

La reforma fue avalada con 333 votos de PRI, PVEM y Panal, 50 en contra y 84 abstenciones, de éstas, la mayoría de perredistas que forman parte de la corriente Nueva Izquierda.

La abstención del sol azteca se hizo más evidente cuando el pleno desechó la propuesta del PAN para no desaparecer la SFP mientras en el Senado no se aprobara la comisión anticorrupción.

En una larga jornada para discutir el dictamen que presentaron las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública sobre la iniciativa del PRI, diputados de PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que la reforma reditará prácticas del pasado, sobre todo las relacionadas con el uso político de la policía.

No al Estado gendarme, escribieron legisladores del PT en sendas mantas que llevaron hasta la mesa directiva, mientras el presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), defendía la reforma. Los mensajes incluían una fotografía del rostro del presidente electo, Enrique Peña Nieto, fusionado con el del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Blindan protestas

Durante la discusión en lo particular, el PRI aceptó modificar las fracciones XVIII y XIX del artículo 27, porque la redacción del dictamen incluía el uso de la fuerza policiaca federal para disolver disturbios u otras situaciones y en las situaciones de alteraciones graves del orden público.

Como estaba planteada la fracción XVIII, explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno (PRD), la Secretaría de Gobernación podía intervenir contra una manifestación pública al considerar que se tratara de un disturbio.

Así podía actuar de manera discrecional contra la libre manifestación de las ideas, y de lo que se trata es de garantizar el ejercicio de las libertades y salvaguarda la manifestación pacífica y libre de las ideas, expresó.

Los diputados sólo dieron facultades a Gobernación –a la que se transfiere la Policía Federal– para “auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal competentes, que soliciten apoyo… en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente”.

La nueva redacción, explicaron diputados del PRI, suprimió el fantasma de la represión que rondó el discurso de la izquierda.

Lilia Aguilar (PT) refirió que sus padres fueron perseguidos políticos cuando ella tenía 10 años. Los persiguió un Estado policiaco que reprimió no sólo a los padres, sino a los hijos para que no creciéramos revolucionarios.

Los diputados Rubén Camarillo (PAN), Rodrigo González Barrios (PRD), Manuel Huerta (PT) y Luisa María Alcalde (MC) alertaron sobre la concentración de funciones del próximo secretario de Gobernación.

Camarillo afirmó: no puede ser posible que ahora lo viejo pretenda ser lo nuevo. Regresarle a Gobernación ejercer el control político a través de la ley del garrote, es profundamente regresivo. Lo menos que sugiere es una vuelta al pasado totalitario e intolerante.

González Barrios indicó que con las atribuciones de auxiliar con la fuerza pública a los gobiernos federal, estatal y municipal, el titular de Gobernación prácticamente será un subcomandante de las fuerzas armadas, porque le estamos dejando el mando del Ejército y la Marina en las calles.

Manuel Huerta explicó que el término seguridad interior se encuentra en diversos artículos que hablan de las facultades de Gobernación, pero también en las atribuciones del Presidente, así como en las leyes orgánicas de la Armada y del Ejército. Este concepto no se ubica en ninguna otra ley o norma. En ese caso, la atribución del secretario de Gobernación para garantizar la seguridad interior, ¿le faculta disponer de las fuerzas armadas?, preguntó.

Tanto Huerta como el coordinador de MC afirmaron que desde ayer, en el salón de sesiones, había presuntos militares del Estado Mayor Presidencial, y el presidente en turno de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), dijo que era personal de la empresa que instaló el tablero electrónico.

Luisa María Alcalde avivó el griterío en las filas de PRI y PVEM al citar 1984, de George Orwell. “Orwell se equivocó de año, porque aquí el big brother será Miguel Ángel Osorio Chong”, dijo.

Ante el descontento en las filas del centro del salón, devolvió: “estos que ahora llegan al poder, más bien me recuerdan tristemente La rebelión en la granja, pero con una diferencia: ustedes no van a gobernar borregos. Se los garantizo”.

Nuevas facultades a Gobernación, afán de perfeccionar métodos represivos: activistas

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 25 de noviembre de 2012, p. 6

El otorgamiento de nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación (SG) obedece a un afán de perfeccionar los métodos represivos que el gobierno mexicano ha puesto en marcha desde hace muchos años con distintos rostros, y aunque la Cámara de Diputados le quitó la facultad de intervenir en caso de disturbios u otras alteraciones graves del orden público, en el fondo subyace una óptica que criminaliza el descontento social, advirtieron activistas de organizaciones sociales.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que al desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y transferir sus competencias al Palacio de Cobián, el gobierno de Enrique Peña Nieto supuestamente buscaría lograr mayor coordinación en esta materia, pero sin proponer en realidad ningún enfoque nuevo.

El caso de la represión en San Salvador Atenco hace que este tipo de enmiendas de Peña Nieto carezcan de legitimidad. Podrán ser mejoras administrativas, pero darle capacidades nuevas a Gobernación y a las policías, pero sin fijarles normas claras, no resuelve nada. Sancionar a quienes han cometido abusos es la primera señal de que se quiere avanzar por otro rumbo, indicó.

En cuanto a los señalamientos de que las nuevas atribuciones de la SG significan un retorno al autoritarismo, Marroquín precisó que no necesariamente se trata de un regreso a un estado anterior, porque los abusos se han mantenido con otra cara, quizá no tan siniestra como la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, pero sí con mucha opacidad. No es que eso vaya a volver, más bien siempre hemos tenido un presente autoritario.

Por su parte, Melanie Salgado, integrante del Comité Cerezo México, consideró que las nuevas facultades de Gobernación forman parte del cambio de estructuras jurídicas y legales iniciadas en el sexenio de Felipe Calderón para perfeccionar la represión.

Vemos algo parecido a lo que ocurrió con el mando único para las policías, donde todas las fuerzas quedarían controladas por una sola cabeza. En un país como este, se trata de un refinamiento de los métodos represivos, un avance logístico para cuestiones prácticas que ya están en marcha desde hoy, sostuvo.

Asimismo, la activista indicó que aunque la Cámara de Diputados haya echado abajo la participación de la SG para actuar en caso de disturbios, queda claro que para la clase política una marcha o una manifestación de descontento puede ser un disturbio y un delito que se debe reprimir. Lo que ocultan es un intento por criminalizar la protesta social y presentar a quienes participan en ella como gente que viola la legalidad y amerita un castigo.

Desaparecer la SSP, "error garrafal": ex jefe de Naranjo

POLICÍA • 25 NOVIEMBRE 2012 - 4:16AM — IGNACIO ALZAGA
“¿A qué hora Gobernación le va a dedicar tiempo a la política anticriminal?”, cuestiona el general.

MONTENEGRO CONSIDERÓ QUE LO LÓGICO HABRÍA SIDO HACER AJUSTES EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

México • El general colombiano en retiro Luis Enrique Montenegro, quien fue mando superior de Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de Colombia y actual asesor del presidente electo, Enrique Peña Nieto, calificó de retroceso la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Desde Bogotá, el consultor internacional, con 40 años de experiencia en el control del crimen organizado y ex subdirector general de la Policía Nacional, dijo a MILENIO que la integración de la SSP y de la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación es “un manejo político y no un asunto técnico-científico”.

Entre 1989 y1990, Montenegro fue director de Investigación Criminal en Colombia; era la época “dura” de la lucha contra el capo Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín. En aquellos años el general Naranjo —entonces coronel— era su subalterno como jefe de la sección de inteligencia y posteriormente también estuvo bajo sus órdenes en la guerra con el cártel de Cali.

Ambos son considerados artífices, cada uno en sus respectivos cargos y frentes, por el desmantelamiento de las poderosas organizaciones criminales y la caída de Escobar, así como de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

En entrevista, Montenegro opinó que la desaparición de la SSP va a contracorriente de la tendencia mundial de tener una policía independiente. “Se debe construir sobre lo construido, esta decisión solo da ventaja a los delincuentes. No se puede improvisar. Para mí esto es manejo y cuestión política, no un asunto técnico ni científico”.

Señaló que en Centroamérica y Europa la tendencia es que las policías federales o nacionales dependan de un ministerio que se encargue exclusivamente de garantizar la seguridad nacional frente al crimen organizado, mediante un trabajo coordinado con fuerzas militares y otras agencias nacionales e internacionales.

“Lo lógico es construir sobre lo construido, en todo caso hacer ajustes en la SSP para lograr mayor eficiencia en el manejo de las políticas de seguridad pública, conociendo sus debilidades y fortalezas, pero no bajarle el perfil subordinándola a Gobernación. Es un error garrafal”.

Refirió que la respuesta al crimen es de carácter policial, no militar, y cuestionó si la Secretaría de Gobernación, con las múltiples encomiendas que tiene en política interior, tendrá tiempo para atender de manera adecuada el frente contra la delincuencia.

“Constituye un retroceso a todo el trabajo de la SSP y Policía Federal, porque se le quita peso al perfil de sus funciones; subordinarla a otra entidad que cumple tareas múltiples es darle ventaja a los delincuentes.

“El Ministerio de Gobernación cumplirá múltiples tareas, como coordinar el gabinete presidencial, desarrollar relaciones políticas del Ejecutivo y ahora absorberá las funciones de seguridad pública. La pregunta es a qué hora le va a dedicar tiempo suficiente al desarrollo de la política anticriminal. Es echar en saco roto todo lo ganado frente al crimen organizado”

Montenegro comentó que desconoce si el general Naranjo, por quien expresó un gran respeto y reconocimiento a su trabajo de inteligencia policial, tendrá alguna injerencia como asesor externo en la decisión de desaparecer a la SSP.

—¿La desaparición de la SSP es parte de la estrategia que realiza el general Naranjo como asesor en materia de seguridad de Peña Nieto?

—Desconozco esta situación, faltaría a la verdad si emito una opinión. Siempre durante mi gestión en la policía Naranjo realizó con éxito tareas de inteligencia. Tuve el honor de asistir como invitado a la ceremonia de imposición de condecoración que le otorgó el gobierno federal el 2 de junio de 2012 en la Ciudad de México.

—¿Cuál fue la relación de trabajo que tuvo con el general Naranjo?

—Yo me retiré en el año 2000 de la policía como subdirector, años anteriores en la época de la lucha contra el cártel de Medellín y Pablo Escobar, años 89-90, él (Naranjo) manejaba la inteligencia policial y yo la Dirección de Investigación Criminal, de la cual él dependía de mí, él era mi subordinado. Excelente trabajo de inteligencia el que realizó... porque se logró acabar con el cártel de Medellín.

—Pero no terminó ahí su contacto…

—Cuando yo estuve en la subdirección que empezamos en los años 94-95 en la lucha contra el cártel de Cali, él manejó la Dirección de Inteligencia que se creó exclusivamente para manejar inteligencia y se separó de la Dirección de Investigación Criminal.

Yo como subdirector lógicamente, él trabajaba para el director de la policía y para mí frente a la lucha contra el cártel de Cali y de verdad que era meritoria la labor. Y después que yo salí, ocupó el cargo de director de la Policía Nacional.

—¿En Colombia cómo funciona la Policía Federal o su equivalente?

—Ante el conflicto interno con guerrillas, dependemos del Ministerio de la Defensa, como Policía Nacional, a igual nivel que fuerzas militares. Al terminarse el conflicto seguramente saldremos de este ministerio y se creará un ministerio de la seguridad de quien dependeremos junto con el manejo de prisiones y seguridad privada, como es la tendencia mundial que desarrolló México y de la que ahora da marcha atrás, y que incluso puede repercutir en la desmoralización de los casi 36 mil efectivos que integran la SSP.

Claves

Al lado de García Luna

-En 2008 el gobierno de México designó al general Montenegro como miembro del Consejo Internacional de Expertos en Inteligencia, en calidad de consultor externo de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

-Además, ha fungido como asesor en países de Centroamérica. Es el único oficial al que el gobierno de Colombia ha entregado siete veces la condecoración al Mérito Policial.

-Como subdirector general de la Policía Nacional, Montenegro participó en la ofensiva contra el crimen organizado con la cooperación internacional que permitió desmantelar los cárteles de Cali y Medellín.

-En esa tarea tuvo una participación fundamental en trabajos de inteligencia el general Óscar Naranjo, actual asesor de seguridad del presidente electo, Enrique Peña Nieto.

30Romeo escribió:Tengo un mal presentimiento, espero no sea solo una desgracia para los que trabajamos ahí, sobre todo la gente de tropa, me suena a algo así: Llego y despido a miles de elementos, para que la gente, (entiéndase civiles, pueblo) "se de cuenta" de que se están "haciendo cambios" y puedan decir, no pues si mira, nada mas llegó el nuevo presidente y luego luego corrió a todos los malos elementos, hasta les desapareció la Secretaría, no pues está bien, ya ve comadre, si no estábamos tan equivocados al regresar al PRI...

No sé, espero y ser yo el equivocado.


Saludos.
30R.