Tortura en Mexico

Con Calderón, la 'epidemia' de tortura se ha extendido en México: AI

Policía • 11 Octubre 2012 - 11:47am — Adriana Esthela Flores

En los últimos cuatro años se han triplicado las denuncias por tortura en el país, subrayó la organización en su informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y malos tratos en México”.

Amnistía Internacional señaló que en 2008 la CNDH recibió 564 quejas de tortura, pero en 2012 ésta aumentaron a mil 669.

Ciudad de México • Al destacar que durante los últimos cuatro años se han triplicado las denuncias y quejas por tortura y malos tratos en México, Amnistía Internacional sentenció que estas prácticas se han extendido como una epidemia por todo el país.

En el informe "Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y malos tratos en México", la organización reporta que, mientras que en 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 564 quejas de tortura, para 2012 aumentaron a mil 669. La mayoría de las quejas son contra policías estatales y municipales.

"La administración del Presidente Calderón se ha desentendido en la práctica de la epidemia de tortura que hemos visto extenderse por todo México", expresó Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México.

"Se ha ignorado o marginado la protección de los derechos humanos en favor de la estrategia del gobierno de lucha militarizada contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga", enfatizó.

El informe destaca que, según el INEGI, entre 2006 y 2010 hubo un solo proceso y ninguna sentencia condenatoria por tortura en la jurisdicción federal. En el mismo periodo, hubo 37 procesos y 18 sentencias condenatorias por tortura.

Además, reportes de la PGR señalan que de 2008 a 2011, se abrieron 58 investigaciones preliminares por tortura; en consecuencia, se dictaron cuatro autos de acusación formal.

"Las autoridades federales han dado muestra de una absoluta falta de liderazgo para combatir la tortura y malos tratos seriamente a escala estatal o federal. La única forma de abordar la tortura y los malos tratos es garantizar que se investiguen debidamente todos los casos", apuntó Herrera.

La presentación del informe se lleva a cabo en el Museo Franz Meyer y como expositores están Herrera, el especialista en derechos humanos Jacobo Dayán; la abogada Silvia Vázquez y la periodista Anabel Hernández.

Al final del comunicado de prensa de Amnistía, se destaca que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, les envió una carta en la que se comprometió a implementar políticas y tomar medidas para combatir la tortura.

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/5453383fece3635a7e597479e5a75c85

Tortura aumentó 425%; sí se combate: Segob

Gobernación reiteró su compromiso de garantizar el combate a la tortura, luego que Amnistía Internacional acusó ayer que como consecuencia de la estrategia de combate al crimen organizado planteada por Felipe Calderón, los casos de tortura aumentaron 425%.

octubre 13, 2012

Luego que Amnistía Internacional (AI) acusó ayer que como consecuencia de la estrategia de combate al crimen organizado planteado por Felipe Calderón, los casos de tortura aumentaron 425% durante el sexenio, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su compromiso de garantizar el combate a ese delito.

“El Gobierno Federal reitera su compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo el combate a la tortura, y mantiene una política de cumplimiento puntual de sus obligaciones internacionales, de rendir cuentas y atender las recomendaciones de órganos de vigilancia de los tratados internacionales, así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internacionales encargados de la protección de los derechos fundamentales”, se lee en un comunicado emitido por la dependencia.

En lo que respecta al informe sobre México dado a conocer ayer por Amnistía Internacional, Segob señala que “el Gobierno de México toma nota con interés de su contenido, el cual será debidamente analizado por las autoridades competentes.”

De acuerdo con el informe de AI, de 2007 a 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado 4 mil 841 denuncias, de las cuales 110 son por tortura y 4 mil 371 son por malos tratos. De ellas, sólo 114 denuncias derivaron en recomendaciones por parte de la CNDH a las autoridades competentes.

Según las cifras de la CNDH, en 2007 el total de las denuncias recibidas por tortura fue de cuatro, mientras que para 2011 el número aumentó a 42. Por otra parte, las quejas recibidas por malos tratos en 2007 fue de 388 y cinco años más tarde, en 2011, el total de denuncias recibidas por el organismo de derechos humanos aumentó a mil 1627.

En total, de 2007 a 2011 aumentó 425% el número de denuncias recibidas por la CNDH por tortura y malos tratos.

Segob emitió el comunicado de cara a su V y VI Informe que sustentará el próximo 30 de octubre y 1 de noviembre en Ginebra, Suiza, ante el Comité de las Naciones Unidas que vigila la instrumentación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En él, destacó su compromiso de atender las recomendaciones de órganos de vigilancia de los tratados internacionales, así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internacionales encargados de la protección de los derechos fundamentales.

El Estado mexicano informó que durante la sustentación, se explicarán, de manera detallada a los miembros del Comité, los avances y desafíos en esta materia.

México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes desde 1986.

En 2002 reconoció la competencia del Comité contra la Tortura para recibir comunicaciones individuales y en 2005 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención, el cual establece un mecanismo de visitas a los centros de detención por parte del Subcomité para la Prevención de la Tortura.

Además, en el ámbito interamericano, México es parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde 1987.

http://www.animalpolitico.com/2012/10/segob-le-responde-a-ai-garantizamos-los-derechos-humanos/?utm_source=home-v1&utm_medium=slideshow&utm_campaign=slideshow-v1

http://es.scribd.com/doc/109753002/Informe-sobre-la-Tortura-Amnistia-Internacional

El informe completo de AI

La tortura durante el gobierno de Felipe Calderón

Por: José Carbonell - octubre 15 de 2012 - 0:02 Carbonell en Sinembargo,

Miriam López fue detenida de forma arbitraria en Ensenada en febrero de 2011. Durante su interrogatorio –en un cuartel militar–, fue sometida a agresiones sexuales, asfixia, diversas formas de tortura y finalmente fue obligada, bajo amenaza, a firmar una confesión en la que inculpaba falsamente a otros detenidos. Una semana después fue arraigada en la Ciudad de México, sin haber declarado ante un juez. Durante este periodo no tuvo acceso a un abogado de confianza. Pasados más de dos meses y medio ingresó a prisión.
Al final la acusación en su contra resultó infundada y un juez federal ordenó su libertad, siete meses después de haber iniciado su suplicio, tortura incluida. El 27 de diciembre de 2011, Josué Manuel Esqueda y Gustavo Fuentes fueron detenidos por personal militar cerca de Nuevo Laredo, por su relación con un auto que supuestamente contenía armas. Fueron llevados a un terreno baldío, en donde fueron brutalmente golpeados por los propios militares y obligados a confesar que eran propietarios del vehículo. Josué Manuel Esqueda murió ese mismo día y Gustavo Fuentes necesitó atención hospitalaria mayor.
Estos son tan sólo dos casos de los muchos recopilados en el informe que recientemente presentó Amnistía Internacional sobre la tortura y los malos tratos en México. Dicha organización afirma –de manera contundente– que existe un uso sistemático y generalizado de la tortura y otros malos tratos en el país. El número de casos ha aumentado espectacularmente durante el gobierno del presidente Felipe Calderón; y lo más dramático es que “se ha ignorado o marginado la protección de los derechos humanos en favor de la estrategia del gobierno de lucha militarizada contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga”. Obligado por el escándalo generado por el citado informe, el Gobierno Federal reiteró tímidamente “su compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo el combate a la tortura”. En este punto resulta imposible olvidar las palabras pronunciadas hace un par de años por el propio presidente Calderón y por su entonces secretario de Gobernación –que retratan a la perfección las prioridades de este gobierno.
En una entrevista realizada en agosto de 2010, el Ejecutivo se quejó de que “a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que ya empiezan a cansar” e hizo referencia a los criminales como que “son unas bestias y están totalmente locos”. Por su parte, Fernando Gómez Mont, quien era el titular de Gobernación –durante la inauguración de una jornada para la prevención de la tortura– exhortó a los titulares de las comisiones de derechos humanos de todo el país, ahí presentes, a no ser los “tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de la autoridad”.
Sin embargo, más allá de declaraciones, contradeclaraciones y desmentidos, los datos duros son contundentes. A lo largo del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1,669 quejas sobre presuntas torturas y malos tratos realizados por integrantes de la policía federal y las fuerzas armadas. Esto significó un crecimiento exponencial respecto a las 392 quejas recibidas en el 2007. Por el contrario, según datos del INEGI, entre 2006 y 2010 hubo un solo caso que llegó a los jueces y ninguna sentencia condenatoria por tortura, en el ámbito federal. En las entidades federativas hubo escasamente treinta y siete procesamientos y dieciocho sentencias condenatorias por tortura.
Con un gobierno reacio al tema de los derechos humanos, no sorprende que el mayor problema en cuanto a la permanencia de la tortura en México sea la impunidad. De hecho, el miedo a denunciar es la norma general. Se estima que sólo uno de cada diez casos es denunciado por la víctima. Sin duda esta es una cara más de la lucha en contra del crimen organizado por la que tristemente pasará a la historia la presente administración. Twitter: @jose_carbonell http://josecarbonell.wordpress.com

http://www.sinembargo.mx/opinion/15-10-2012/10124

En México, la tortura y las detenciones arbitrarias son pan de todos los días: ONU

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de octubre de 2012, p. 14

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo que la tortura y las detenciones arbitrarias "siguen siendo el pan de cada día" en México y son además "un mecanismo de investigación al que no dejan de recurrir los cuerpos policiacos y militares" mexicanos.

Javier Hernández, representante de la ONU en México, afirmó lo anterior durante una conferencia de prensa efectuada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la que se pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso de Israel Arzate Meléndez, quien busca demostrar, con el apoyo de ese organismo defensor de los derechos humanos, que fue torturado por policías estatales y por militares.

Israel es un joven de 26 años de edad que fue detenido el 3 de febrero de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y quien durante 36 horas consecutivas fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes para que se declarara culpable de haber participado en la matanza de jóvenes ocurrida en la colonia Villas de Salvárcar, registrada en enero de ese mismo año y la cual conmocionó a la sociedad mexicana. "Hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que atraiga el caso y poner un alto a las prácticas de tortura", comentó Simón Hernández, abogado del Centro Pro, durante la rueda de medios.

De su lado, Javier Hernández refirió que un informe sobre el caso de Israel también será presentado por el Centro Pro al Comité contra la Tortura de la ONU para que sea contemplado en el examen de los informes periódicos quinto y sexto del Estado mexicano, programados para su evaluación en Ginebra en noviembre de 2012.

Ese informe, de acuerdo con el Centro Pro, se centra en el caso de Israel Arzate Meléndez, víctima de detención arbitraria y una serie de actos de tortura en instalaciones militares con el fin de obligarlo a inculparse por un crimen que no cometió.

Durante la conferencia de prensa, tanto Javier como Simón Hernández hicieron hincapié en que desde su primera declaración ante una juez local en el estado de Chihuahua, Israel denunció (en audiencia oral y pública) que su confesión había sido obtenida bajo tortura, pero la autoridad judicial lo ignoró y lo procesó sin mayores pruebas que una declaración confesional obtenida bajo tortura. Hasta el momento ninguna autoridad judicial ha admitido como prueba de descargo el hecho de que Israel haya sido torturado (el Centro Pro presentó dictámenes periciales que demuestran los daños físicos y sicológicos que sufrió el inculpado cuando fue detenido).

http://www.jornada.unam.mx/2012/10/24/politica/014n2pol

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/201239.html

Colocar la nota

México presenta a la ONU los avances y retos en el país en la lucha contra la tortura

30 de octubre del 2012
Por Angel Silva Juarez

México, 30 de octubre.- En cumplimiento de sus obligaciones internacionales, México sustentará su 5° y 6° Informe Consolidado sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CAT), los días 31 de octubre y 1 de noviembre en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Durante la sustentación, autoridades del Estado mexicano, incluyendo a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a autoridades de Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca y Puebla proporcionarán al Comité contra la Tortura de la ONU amplia información sobre las medidas adoptadas en el país en los últimos años para hacer efectivas las disposiciones de dicho instrumento internacional.

La delegación mexicana, encabezada por la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Doctora Ruth Villanueva Castilleja, y por el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador Alejandro Negrín, explicarán al Comité los avances registrados en materia legislativa, institucional y de políticas públicas en materia de prevención y sanción de la tortura en nuestro país, entre otros aspectos.

En materia de avances legislativos, se dará particular énfasis a los efectos de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo en la lucha contra la tortura. Igualmente, se explicará al Comité que, además de las disposiciones constitucionales en la materia y de las propuestas de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, diversas entidades federativas han aprobado también disposiciones legales para enfrentar ese flagelo. Tal es el caso de las realizadas recientemente por Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México y Nayarit. Asimismo, se explicarán los acuerdos para la homologación del tipo penal a nivel nacional, alcanzados en el marco de los trabajos del XII Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia.

Por lo que hace a avances jurisdiccionales, se expondrá al Comité la forma en que el Poder Judicial, a través de resoluciones y sentencias, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha protegido las garantías del debido proceso, particularmente al desacreditar las confesiones que se hayan obtenido a través de la práctica de la tortura. Igualmente, se explicará el amplio despliegue realizado por el Poder Judicial en materia de implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. También se describirá la evolución reciente de la jurisdicción militar, destacando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido importantes resoluciones para garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar sean juzgadas en el fuero civil, además de que la propia jurisdicción militar ha declinado en múltiples asuntos la competencia a favor de las autoridades del fuero civil en la investigación de delitos asociados con violaciones de derechos humanos.

En materia de perfeccionamiento de la normativa institucional, se destacarán los Protocolos para el uso de la fuerza, la preservación de la evidencia y la puesta a disposición de personas detenidas ante las autoridades competentes, que entraron en vigor el 24 de abril de 2012 y derivan del convenio firmado por las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como por la Procuraduría General de la República. Además, estas instituciones, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicarán a detalle las políticas públicas que han puesto en práctica en materia de prevención de la tortura.

En materia de capacitación de funcionarios públicos, se destacará el significativo incremento de programas para prevenir la tortura, así como la aplicación nacional del Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul).

Esta sustentación ante un órgano creado por virtud de un tratado internacional de derechos humanos, será la tercera que realiza el Estado mexicano después de la promulgación, en junio de 2011, de la importante reforma constitucional de derechos humanos, que otorga rango constitucional a tales tratados.

Además de las instituciones señaladas, la delegación mexicana está integrada por representantes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como por representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

México es parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desde 1986. Ha presentado hasta ahora seis informes al Comité que vigila esa Convención, el que se espera emitirá recomendaciones al Gobierno de México para seguir avanzando en la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país y, particularmente, en el combate a la tortura.

http://estadomayor.mx/?p=12803

Impunidad agrava la tortura: ONG

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/201400.html

Coloquen la nota

El Estado mexicano rinde informe de derechos humanos ante la ONU
De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 31 de octubre de 2012, p. 15

México sustentará su informe consolidado sobre el cumplimiento de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los días 31 de octubre y primero de noviembre en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Durante la sustentación, autoridades del Estado mexicano proporcionarán al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas amplia información sobre las medidas adoptadas en el país en los años recientes para hacer efectivas las disposiciones de dicho instrumento internacional y explicarán al comité los avances logrados en materia legislativa, institucional y de políticas públicas en materia de prevención y sanción de la tortura en el país, entre otros aspectos.

Por lo que hace a avances jurisdiccionales, se expondrá al comité la forma en que el Poder Judicial, por medio de resoluciones y sentencias, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha protegido las garantías del debido proceso, particularmente al desacreditar las confesiones que se hayan obtenido mediante la práctica de la tortura. También se describirá la evolución reciente de la jurisdicción militar, destacando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido importantes resoluciones para garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar sean juzgadas en el fuero civil.

http://www.jornada.unam.mx/2012/10/31/politica/015n2pol

Cuestionan impunidad en tortura

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/201431.html

Inexactos, señalamientos de tortura en Mexico: Poire.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/880109.html

Coloquen las notas.

Priva impunidad en casos de tortura

Sostienen que el Protocolo para la Detención y Puesta a Disposición de Personas ha contribuido a prevenir la tortura

Henia Prado

Ciudad de México (3 noviembre 2012).- El Gobierno mexicano reconoció ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas que muy pocos responsables de ese delito han sido castigados en el País.

En un documento de sustentación presentado esta semana en Ginebra, Suiza, en el marco del periodo de sesiones del organismo, atribuyó el rezago a "problemas de interpretación" legal.

Reportó que entre 2005 y 2012 se iniciaron 127 averiguaciones previas por tortura, que fueron consignados 74 servidores públicos por ese delito y sólo 6 fueron sentenciados.
"Por lo que se refiere a la jurisdicción nacional, quiero reconocer aquí, en nombre del Estado mexicano, que problemas de interpretación judicial, a partir de otros problemas de tipificación, explican que en México haya pocas sentencias firmes en materia de tortura", indicó Ruth Villanueva, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y cabeza de la delegación oficial que acudió a la reunión del CAT.
No obstante, la funcionara sostuvo que en los últimos años se ha fortalecido la capacidad del Estado para prevenir violaciones de los derechos humanos y, en su caso, juzgarlas y castigarlas.
Sostuvo que el Protocolo para la Detención y Puesta a Disposición de Personas ha contribuido a prevenir la tortura.
"(El Protocolo) establece un Informe Policial Homologado con datos detallados de la hora, el lugar, el motivo y la ubicación de las detenciones, con una explicación particular en aquellos casos en los que la persona detenida no fue puesta a disposición de la autoridad competente sin demora", apuntó.
Villanueva destacó además que, con las reformas a la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura aprobadas por el Senado en abril de este año -que aún no han sido avaladas por la Cámara de Diputados-, se establecerá un estándar de protección más alto al aumentar las sanciones contra quienes cometan ese delito.
En respuesta a cuestionamientos de los expertos del CAT sobre la figura del arraigo, indicó que se trata de una medida excepcional orientada a garantizar la eficacia del sistema de procuración de justicia y sostuvo que en todo momento se protegen los derechos de quienes son sometidos a la misma.

www.reforma.com/nacional/articulo/678/1354419

Tardío, reporte de CNDH sobre tortura: ONG

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 14

Las críticas hechas por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, por las graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el gobierno de Felipe Calderón demuestran que los señalamientos de diversos organizaciones tenían razón de ser, pero resulta extraño que las haga cuando el sexenio prácticamente ya acabó, dijeron activistas de diversos colectivos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, subrayó que el informe de la CNDH presentado el miércoles pasado al Senado –en el cual se denuncia el aumento exponencial de la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos– confirma las advertencias hechas desde la sociedad civil sobre este tema.

“Recuerdo que José Luis Soberanes (ombudsman de 1999 a 2009) y otro titulares de la CNDH planteaban como un avance que había disminuido el número de quejas por tortura, pero en este este último informe se refleja un incremento enorme, debido a una lógica de guerra donde se piensa –aunque lo nieguen– que para conseguir seguridad se vale cualquier cosa. La CNDH fue omisa en varios temas, como el del fuero militar, y eso es lamentable”, aseveró.

Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, consideró que el informe de Plascencia es importante, aunque igualmente manifestó su deseo de que la CNDH asuma con mayor fuerza la defensa de la ciudadanía ante los abusos del poder.

http://www.jornada.unam.mx/2012/11/23/politica/014n3pol

Endurecen diputados sanción por tortura

Entre los cambios aprobados por el pleno de San Lázaro está la ampliación de la definición de actos que pueden ser considerados como tortura

Henia Prado

Ciudad de México (14 diciembre 2012).- La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad modificaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, con las cuales se ordena perseguir de oficio ese delito e incrementar su penalidad.

Con 443 votos a favor y ninguno en contra, el dictamen propuesto el 29 de marzo de 2011 por el entonces senador petista Ricardo Monreal y que reforma seis artículos, fue turnado al Senado para su aprobación.

Entre los cambios aprobados por el pleno de San Lázaro está la ampliación de la definición de actos que pueden ser considerados como tortura, para lo cual se tomó como referente lo que indica al respecto la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas.

Asimismo, el Ministerio Público iniciará de oficio una investigación si tiene visos de que existe maltrato, mientras que en la actualidad debe haber una denuncia por parte de los afectados o de servidores públicos.

"Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.

"Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Los delitos se perseguirán de oficio", refiere el dictamen.

La normatividad actual establece de 3 a 12 años de prisión contra las personas que cometan tal ilícito, ahora la sanción será de 7 a 16 años.

Por otro lado, se faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para realizar visitas y supervisiones en las cárceles y en los órganos dependientes del Ejecutivo federal encargados de la procuración de justicia, con el objetivo de denunciar y evitar tales actos.


PUNTOS DE VISTA

"Esto es un avance en materia de derechos humanos para prevenir la tortura no sólo en centros de readaptación social, de detención preventiva o de arraigo, sino también en lugares que pertenecen a la procuración de justicia o donde se investigan los delitos; además se amplía la connotación de tortura.

"Le da congruencia a las modificaciones del artículo 1 constitucional, que establece una categoría muy amplia de la protección a los derechos humanos", señaló Monreal, ahora diputado de Movimiento Ciudadano.

No obstante, Javier Enríquez, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, consideró que con las modificaciones aprobadas en la Cámara baja no se observan avances que lleven a erradicar ese delito.

Afirmó que la ley continúa haciendo una separación entre la tortura y las agresiones consideradas "tratos crueles, inhumanos y degradantes", pero no define puntualmente los límites de cada una.

"Dejan la puerta abierta a la impunidad. Hay mucha controversia sobre dónde termina la tortura y dónde los malos tratos.

"Por ello la misma Convención (contra la tortura, de Naciones Unidas) decidió tomar el concepto global, porque no habría una manera específica de definirlos y para no dejar fuera cualquier elemento.

"Es común que la autoridad en vez de tortura, para no castigar, diga que un asunto de autoridad o lesiones, ahora abrirían otro elemento que sería el de 'malos tratos'.

"La cuestión no es que se aumente la penalidad, el problema real es que nunca se ha llevado a juicio a nadie por tortura en este País y, por ende, no se aplican las sanciones", criticó.

Enríquez señaló que si hubiera una verdadera voluntad por erradicar ese delito se tendrían que englobar la tortura y los "malos tratos" en un solo paquete, que quedara asentado en el Código Penal Federal y replicado en las legislaciones estatales.

Va al Senado
Entre los cambios aprobados por la Cámara baja a la ley contra la tortura se encuentran:

· La definición de tortura se amplía tomando como referencia la utilizada por la ONU.
· La tortura se perseguirá de oficio.
· En la actualidad debe haber una denuncia de los afectados o de servidores públicos.
· Aumenta la pena de cárcel de 7 a 16 años.
· La normatividad vigente establece de 3 a 12 años de prisión.
· Se faculta a la CNDH para que haga visitas a centros de detención y órganos de procuración de justicia para prevenir y denunciar esa práctica.
· Cambia el término de "detenido" por "persona bajo custodia".

http://www.reforma.com/congreso/articulo/682/1363740

Persisten desapariciones forzadas, tortura y capturas ilegales, pero hay avances: CNDH

Algunos abusos están más presentes que hace algunos años, dice Plascencia en su informe anual

Debe vencerse la impunidad para evitar la autodefensa, como en Guerrero, señala ante la Permanente
Foto

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, entrega su informe anual de labores a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Alma Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 15

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, lamentó que a pesar del avance en el respeto a las garantías fundamentales, las desapariciones forzadas, tratos inhumanos y degradantes, la tortura, cateos y detenciones ilegales, en su mayoría vinculadas con operativos de instituciones de seguridad pública, "están más presentes que hace algunos años".

Al presentar su informe anual a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional sostuvo que en México "han reaparecido violaciones que creíamos ya desterradas, lo que es urgente corregir".

Asimismo, consideró necesario vencer la impunidad para evitar que se reproduzcan acciones de autodefensa, como en Guerrero. "La única vía segura para recobrar la paz y tranquilidad es con fuerzas de seguridad pública profesionales y regidas por estrictos controles de honestidad, rectitud y ética", dijo.

En el salón Verde de la Cámara de Diputados, Plascencia expresó su reconocimiento al Congreso por la reforma constitu- cional de 2011 en materia de derechos humanos, "uno de los más grandes avances desde 1917, con un contenido que representa una expansión de su cobertura".

Afirmó que la CNDH respaldará cualquier medida para reforzar el respeto a los derechos humanos, pero "no podríamos acompañar una iniciativa que implique la limitación de garantías que ya pertenecen al pueblo de México y que no admiten retrocesos".

El pasado día 3, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), presentó una iniciativa que busca modificar el artículo primero de la Constitución para definir que, en una contradicción de principios con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, prevalezca el texto constitucional.

Plascencia Villanueva resaltó que en 2012 –el último año de gobierno de Felipe Calderón– el país sufrió, como en los años previos, el constante enfrentamiento entre cuerpos de seguridad pública y la delincuencia organizada, así como entre los propios grupos delictivos. Esa –agregó– "fue la principal causa de muertes violentas y suscitó que 34 personas ajenas a los hechos perdieran la vida, lo que impactó de manera negativa en el ejercicio de los derechos humanos".

Al desglosar los casos analizados por la CNDH, explicó que en 2012 se recibieron 41 mil 662 escritos de queja y se prestaron 371 mil 522 servicios, un aumento significativo en la atención a la ciudadanía.

Explicó que las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.

En su reporte, refirió que la población indígena continúa enfrentando actos de racismo y discriminación, así como violencia física y emocional, exclusión de los servicios de salud y educación, explotación laboral y limitaciones de acceso efectivo a la justicia, lo que vulnera gravemente su calidad de vida y posibilidades de desarrollo.

Además –indicó–, persisten las condiciones de gobernabilidad debilitada en los centros penitenciarios, pues en 60 por ciento de los penales visitados por la CNDH se constató que existe autogobierno.

http://www.jornada.unam.mx/2013/01/31/politica/015n1pol

Más de 42 mil personas de 120 países exigen a EPN combatir la tortura y garantizar los derechos de las víctimas

Por: Redacción / Sinembargo - junio 26 de 2013 - 12:01
Causas, De revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto - Sin comentarios


Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Más de 42 mil personas de 120 países instaron este día al Presidente Enrique Peña Nieto a combatir la tortura y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Amnistía Internacional resaltó el caso de Miriam López, quien fue torturada por elementos del Ejército en el Estado de Baja California en 2011.

“Miriam ha tenido la valentía de denunciar a sus torturadores, militares que la sometieron a violencia sexual y asfixia entre otros medios de tortura”, dice este día la organización en un comunicado.

“Todavía creo que fue un mal sueño, una pesadilla. Trato de vivir los días normalmente pero siempre tengo el temor hacia mí, a mi familia, a que les vayan a hacer algo, siempre estoy a la defensiva esperando cuando van a venir a hacerme algo porque nunca esperé que me pasara lo que me pasó, y me pasó”, afirmó Miriam López a Amnistía Internacional.

“A pesar de la valentía de Miriam, Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada de que la Procuraduría General de la República, luego de 18 meses con una averiguación abierta y una cantidad de pruebas sobre el lugar de los hechos y la identidad de los presuntos responsables, aún no concluye una investigación que permita procesar a los torturadores”, agrega el documento de prensa.

“En tan solo tres meses, más de 42 mil personas en todo el mundo se han sumado a esta campaña de solidaridad con Miriam” dijo Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México.

“El caso de Miriam es emblemático y pone a prueba el compromiso del Presidente de no tolerar graves abusos, como la tortura y el maltrato”, agregó.

En noviembre pasado el Comité de la ONU contra la Tortura hizo importantes recomendaciones al Estado mexicano pero hasta el momento no se han implementado de manera efectiva. Es evidente la falta de una política de Estado para combatir este flagelo.

El número de víctimas de tortura ha aumentado dramáticamente en el país desde 2006 debido a una política de seguridad pública que ha combatido la violencia del crimen organizado sin tomar acciones efectivas para proteger los derechos humanos, apunta el la organización civil.

“La impunidad en estos casos sigue siendo casi absoluta, lo cual parece enviar el mensaje de que la tortura es una práctica tolerada por las autoridades y, por tanto, pone a más personas en riesgo de sufrirla cada día” agregó Zapico.

Entre otras medidas, el Comité de la ONU contra la Tortura ha pedido que en México se elimine el arraigo, se garantice que toda persona detenida sea puesta rápidamente a disposición de un juez o Ministerio Público, se rechace como prueba cualquier testimonio obtenido bajo tortura y se investigue de forma inmediata e imparcial toda denuncia de tortura.

“A través de esta petición, decenas de miles de activistas recuerdan a las autoridades mexicanas sus obligaciones y hacen un llamado para que cumplan de forma pronta y efectiva las recomendaciones del Comité contra la Tortura. Esta será la única manera de lograr que casos como el de Miriam nunca más vuelvan a repetirse”, dijo Amnistía Internacional.

LA TORTURA AUMENTÓ 500% EN EL CALDERONISMO

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó, en 2012, que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa los casos de tortura se incrementaron en un 500% en México.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, explicó que en 2005 la CNDH recibió sólo una queja por tortura, y para 2011 la cifra, conjuntamente con los tratos crueles, inhumanos y degradantes, había ascendido a 2 mil 40.

En 2012, dicho número ascendió a 2 mil 126 quejas, según la CNDH.

Ese año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo una serie de medidas que el país debería aplicar para combatir la tortura. Hasta mayo pasado, el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU informó que gobierno mexicano no ha cumplido con ninguna de las 72 recomendaciones.

Fuente: http://www.sinembargo.mx/26-06-2013/667472

Tortura, “práctica terriblemente cotidiana en México”, acusan ONG ante relator de la ONU

GLORIA LETICIA DÍAZ
22 DE ABRIL DE 2014
DESTACADO


MÉXICO, D.F. (apro).- El incremento de hasta 500% en casos de tortura, la persistencia del arraigo, la militarización como pilar de la estrategia de seguridad pública y el uso desproporcionado de la fuerza policial contra comunicadores en cobertura de actos de protesta social, fueron algunos de los temas abordados por organizaciones civiles durante el primer encuentro con Juan Méndez, relator especial de la ONU.

La Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), Amnistía Internacional (AI), Artículo 19 y el Instituto para la Seguridad y la Democracia dieron cuenta en un comunicado de la reunión con Méndez en esta ciudad en la que expusieron “las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la práctica de la tortura en México”.

Las ONG presentaron al experto de la ONU un panorama sobre la situación en México, así como el lastre en materia de derechos humanos dejado por la administración del panista Felipe Calderón (2006-2012) y su guerra contra el narcotráfico, estrategia que no ha variado gran cosa en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

ategia que no ha variado del todo en el gobierno de Enrique Pea situaci Humanos, todos los derechos para todas y todosña Nieto.

Por ejemplo, dieron cuenta de los 7 mil 253 casos de tortura registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el sexenio pasado, así como de las 11 mil personas arraigadas de 2006 a la fecha, de las que sólo 3.2% fueron condenadas.

También resaltaron que, pese a que México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no hay cambios favorables en México.

Además, recordaron que en 1997 México tuvo la primera visita de un relator de Naciones Unidas sobre el tema, que emitió un primer informe en 2000, y que en 2012 el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) emitió otro documento recomendatorio.

Luego de resaltar que en 2012 el CAT consignó en su reporte que en materia de tortura subsiste “una realidad que no ha cambiado en México”, las organizaciones civiles puntualizaron que en ese documento los expertos de la ONU señalaron el aumento alarmante de esa práctica “mediante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad del Estado”.

En el documento también plasmaron su preocupación de que se elevara a rango constitucional la figura del arraigo, “lo cual ha provocado que se cometan actos de tortura y malos tratos en cuarteles militares”.

Las ONG resaltaron en el comunicado que en la reunión con Méndez alertaron sobre el incremento de 500% en el número de denuncias por tortura durante el sexenio pasado, práctica “relacionada con la estrategia de seguridad implementada” y, peor aún, “la continuidad y persistencia de esta práctica durante el primer año de gobierno de Peña Nieto”.

También expresaron ante el experto de la ONU su preocupación por “el uso desmesurado de la prisión preventiva y detenciones arbitrarias durante las que ocurren actos de tortura”.

Incluso cuestionaron “la militarización como estrategia de seguridad pública”, lo que “ha provocado el aumento de casos de tortura”, al tiempo que la persistencia del fuero militar “no permite que los responsables sean llevados a la justicia civil”.

Enseguida consideraron alarmante que a partir de la llegada del actual gobierno de Peña Nieto, se ha hecho un “uso desproporcionado de la fuerza policial contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones”.

Las organizaciones demandaron al relator especial que en sus recomendaciones finales considere la abolición del arraigo, así como insistir en la reforma al Código de Justicia Militar “para asegurar que ningún caso que involucre la participación de un elemento castrense en la valoración de derechos humanos sea investigado o juzgado en el sistema castrense”.

Asimismo abogaron por la puesta en marcha de “protocolos y controles de detención, para que cuando una persona sea aprehendida, se le traslade y presente inmediatamente al Ministerio público”.

Además instaron al relator de ONU a abogar por establecer “protocolos de actuación para que elementos de la policía que eviten el uso excesivo de la fuerza y se facilite la labor informativa.”

En el encuentro, las ONG pidieron a Méndez insistir en las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido con anterioridad del CAT, así como de otros organismos internacionales.

Entre los puntos que pidieron a Méndez puntualice en su informe final destaca la inadmisión de “pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura”, así como la investigación inmediata una vez que esa práctica es denunciada.

Además, que insista en la aplicación del Protocolo de Estambul, “con personal capacitado; por otro lado, debe independizarse la aplicación de peritajes de la PGR, aparte de que las autoridades judiciales y jueces deben reconocer los peritajes independientes con el mismo valor que los oficiales”.

También pidieron insistir en la creación de “mecanismos de control del uso de la fuerza para todas las fuerzas de seguridad pública e implementar un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan lo derechos humanos”, así como llamar la atención por la falta de operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo de la CNDH, y se reitere la pertinencia de consolidar un mecanismo autónomo con un marco legal conforme a los tratados internacionales”.

Los representantes de organizaciones expusieron a Méndez casos de tortura y tratos crueles e inhumanos en casos de personas en reclusión, donde son comunes “los castigos corporales y encierros prolongados (…) como medidas disciplinarias”.

Asimismo, denunciaron ante el experto de ONU los malos tratos a que son sometidas las mujeres que recurren a servicios de salud pública para la atención de partos; los abusos sufridos por personas que padecen enfermedades mentales, y la ausencia de datos confiables de la situación en que viven niñas y niños en instituciones públicas.

Aparte, fueron abordados los tratos degradantes que se dan a personas en tránsito en las estaciones migratorias, así como “la falta de investigación e impunidad en los casos de personas desaparecidas, desatención que también genera un forma de tortura psicológica para las familias de las víctimas que siguen clamando verdad y justicia”.

Las reuniones de Méndez con miembros de la sociedad civil continuarán en esta capital, Nuevo León, Chiapas y Baja California, donde “examinará las garantías para los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones de su detención, en particular de aquellos que permanecen años en detención, sea en espera de un juicio, en cumplimiento de una larga sentencia, o en el caso de personas detenidas en estaciones migratorias”.

Expondrán a relator casos emblemáticos de tortura y violencia sexual

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expondrá a Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas (ONU), dos casos de tortura y violencia sexual como ejemplos de la situación que impera en el país.

Méndez, experto argentino, lleva a cabo desde el lunes 21 una visita de trabajo en México, la cual concluirá el próximo 2 de mayo. Hasta ahora se ha reunido con miembros de la sociedad civil y funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, entre otros.

El Centro Prodh, organización que sostendrá encuentros con Méndez, destacó que la tortura –“una práctica terriblemente cotidiana” que es utilizada para la obtención de pruebas “con el fin de condenar a personas, muchas veces inocentes”– es también un delito que alcanza 98% de impunidad.

También resaltó que de 1994 a 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha conseguido dos condenas por tortura, lo que significa “una tasa de impunidad de más de 98% por la falta de adecuada investigación de delitos”.

Los casos que presentará el Centro Prodh al relator especial de ONU son los de Claudia Medina y el de Ángel Amílcar, ambos víctimas de las fuerzas armadas.

Medina Tamariz es una joven que, “además de haber sido incomunicada, fue torturada física y abusada sexualmente durante 36 horas por elementos de la Marina en Veracruz”.

Y Amílcar es un migrante afrocaribeño de Honduras quien fue torturado durante 15 horas en un cuartel militar de Tijuana, Baja California.

El Centro Prodh ha documentado otros casos de tortura institucional: el del indígena mazahua Hugo Sánchez, quien fue ilegalmente acusado de secuestro y posesión de armas, y posteriormente absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el de Israel Arzate, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, también absuelto y que fue acusado de ser uno de los perpetradores de la masacre de 16 jóvenes en Villas de Sálvarcar, en diciembre de 2010.

Ambos casos, apuntó el Centro Pro, evidencian que “por regla general los jueces cuestionan la tortura en primera instancia, en lugar de investigarla como corresponde, trasladando la responsabilidad de probar la tortura a quien fue víctima de ella”.

La organización ha documentado también los abusos cometidos contra mujeres del municipio mexiquense de San Salvador Atenco, expediente que está siendo litigado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un caso de tortura sexual.

En el comunicado, el Centro Pro hizo un llamado a la sociedad mexicana a denunciar abusos, al recordar que “si bien la responsabilidad por la tortura es claramente del Estado mexicano, una sociedad atenta y vigilante es un factor clave para impulsar la democracia y la progresividad de los derechos”.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=370323

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 24 de abril de 2014

El gobierno federal admitió ante el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura, Juan E. Méndez, el aumento de casi 40 por ciento en las quejas por violaciones a los derechos humanos en centros penitenciarios. El indicador es del año pasado, comparado con 2012.

En uno de los encuentros con el relator, los funcionarios dieron por válidos los reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de que hay una disminución de quejas de agresiones, cuya autoría se adjudica a militares, marinos y policías federales, no así de violaciones cometidas en cárceles.

El relator recibió los informes y tomó nota de las exposiciones de los funcionarios sobre la preocupación por el avance de estas prácticas en perjuicio de procesados y sentenciados.

"Hay un aumento importante (de las violaciones a los derechos humanos) en centros penitenciarios que es necesario admitir y atender. Un aporte fundamental en este renglón son los informes de la CNDH", expresó un alto funcionario de Gobernación tras el encuentro con Méndez.

A diferencia de episodios en los dos sexenios anteriores, cuando se cuestionaba de manera parcial o total informes de organismos de derechos humanos, las fuentes consultadas dijeron que no se puede descalificar el trabajo de un organismo autónomo como la CNDH.

Falta de atención médica

"Así como fue muy buena noticia la importante reducción de quejas adjudicadas a las fuerzas federales, también nos preocupa lo que ocurre en los centros penitenciarios (donde además de la tortura se han documentado maltratos como falta de atención médica y abuso de autoridad)", agregaron las fuentes consultadas.

Un reporte de la CNDH indica que en 2011 recibió 42 quejas por violaciones a los derechos humanos por fuerzas federales (relacionados con la tortura); un año después 20, y en 2013 cuatro.

"Se expuso (ante el relator) que en el caso del órgano administrativo desconcentrado de readaptación social las quejas (por violaciones a los derechos humanos) han aumentado 38 por ciento. No se trata de ninguna opinión, sino de datos concretos", indicó un asistente a la cita con el representante de la ONU.

Por la Secretaría de Gobernación entregaron informes al relator los responsables de las subsecretarías de Derechos Humanos, Lía Limón; Prevención y Atención Ciudadana, Roberto Campa, y de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Mercedes Guillén.

También informó del tema el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, así como la titular del secretariado ejecutivo para la implementación de la reforma de justicia penal, María de los Ángeles Fromow.

El encuentro con los funcionarios de la dependencia que encabeza Miguel Angel Osorio Chong duró poco más de dos horas; ahí se habló de los cambios legales de 2011 a la fecha (como el Código de Procedimientos Penales), así como la suscripción y el cumplimiento de recomendaciones relacionadas con tratados internacionales.

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/24/politica/016n1pol

Relator de la ONU recibe reporte negro de las ONGs: 500% más tortura con Calderón, y sigue igual con EPN

Por: Redacción / Sinembargo - abril 23 de 2014 - 0:02


Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– Organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, denunciaron ante el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez, el aumento del 500% en los casos de tortura durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el cual relacionaron con su estrategia de seguridad. Pero además advirtieron sobre la continuidad y persistencia de esta práctica en el primer año de Enrique Peña Nieto.

La Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Amnistía Internacional, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, entre otros, expusieron al enviado de la ONU las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la práctica de la tortura en México.

Durante la reunión integrantes de las organizaciones de la sociedad civil expresaron que del 2006 a la fecha existieron aproximadamente 11 mil personas arraigadas, de las cuales 3.2% cuentan con una condena, por lo que esta figura es violatoria de derechos humanos y da pie a la tortura, la cual se realiza principalmente en cuarteles militares; por lo que se debe de eliminar de la Constitución y promover la abolición de ésta práctica.

Denunciaron el uso de la tortura como método de investigación por parte de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de que las personas acepten confesiones bajo tortura y se autoinculpen, según informaron en un comunicado de prensa.

Asimismo, afirmaron que los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes son utilizados por la autoridad como métodos de disciplina para niños y niñas en instituciones de cuidado alternativo o educativas o como forma de criminalizar su modo de vida y de sobrevivencia en el espacio público.

Los organismos civiles dijeron que la militarización como estrategia de seguridad pública ha provocado el aumento de casos de tortura y el fuero militar no permite que los responsables sean llevados a la justicia civil. Por ello pidieron una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, fracción II, para asegurar que ningún caso que involucre la participación de un militar en la violación de los derechos humanos sea investigado o juzgado en el sistema castrense.

Informaron que el uso desproporcionado de la fuerza policial contra periodistas durante las manifestaciones y protesta social, se ha incrementado a raíz del 2 de diciembre de 2012, por lo que se deben de elaborar protocolos de actuación para elementos de la policía que eviten el uso excesivo de la fuerza y se facilite la labor informativa.

Ante este panorama exigieron que el Estado mexicano cumpla con la obligación de no admitir las pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura, e investigue inmediatamente cuando se denuncia ésta práctica.

Pidieron que se introduzcan mecanismos de control del uso de fuerzas para todas las fuerzas de seguridad pública, y se implemente un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan a los derechos humanos.

Además denunciaron que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no está operando, por lo que pidieron que se consolide un Mecanismo autónomo con un marco legal conforme a los Tratados Internacionales.

Exhortaron al Estado mexicano a generar información estadística que permita conocer y dar seguimiento a los casos de aplicación de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes a niñas, niños y adolescentes y que genere mecanismos para garantizar que estos no queden impunes.

Entre otros temas que las organizaciones expusieron se encuentran: la situación de las personas en situación de reclusión y los castigos corporales y encierros prolongados a los que son sujetos como medidas disciplinarias; los tratos crueles inhumanos y degradantes a los que son sometidas las mujeres en los servicios de salud para la atención de partos; los abusos y maltratos sufridos por personas que padecen enfermedades mentales, consideradas discapacidades psicosociales; la ausencia de datos confiables sobre niñas y niños institucionalizados por el Estado y que da lugar a muchas formas de abusos, así como lo que refiere a las y los adolescentes que que se encuentran en conflicto con la ley penal.

En materia de migrantes, destacaron los tratos inhumanos que se les dan dentro de las estaciones migratorias y se señaló que la falta de investigación e impunidad en los casos de personas desaparecidas que también generan una forma de tortura psicológica para las familias de las víctimas quienes siguen clamando verdad y justicia.

Fuente: http://www.sinembargo.mx/23-04-2014/970347

Ya hay un tema sobre la tortura, pongan esto ahi

5 víctimas de tortura sexual de militares y federales, y 11 atacadas en Atenco, lanzan campaña por un “¡nunca más!”

Por: Redacción / Sinembargo - mayo 5 de 2014 - 17:44


Foto vía Facebook

Foto: Rompiendo el Silencio, vía Facebook

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– Cinco mujeres víctimas de tortura sexual por parte de militares, marinos y federales, y otras 11 mujeres más que sobrellevaron ese mismo delito en San Salvador Atenco, en el Estado de México, en 2006, lanzaron hoy una campaña para demandar que “¡nunca más!” una ciudadana mexicana sufra este abuso.

La campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual” quiere generar lazos de solidaridad con casos similares, además de poner en evidencia la tortura y represión que utiliza el Estado como mecanismo de control.

En conferencia de prensa, las mujeres explicaron que la tortura es una estrategia de guerra y control social por parte del Estado, que pretende callar y anular a las personas, a los movimientos sociales y organizaciones.

La campaña también pretende hacer visible la violencia estructural por parte de las instituciones que deberían salvaguardar a la ciudadanía pero también de las que, se supone, son las encargadas de procurar justicia.

Las cuatro mujeres que se unieron a las víctimas de Atenco son: Claudia Medina Tamariz, torturada por marinos, las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, torturadas por militares, Miriam López, torturada por militares y Verónica Razo, torturada por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

En el evento estuvo presente Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien dijo que el país se encuentra dentro de uno de las más violentas del mundo y que, como consecuencia, muchas mujeres son víctimas de violencia de todo tipo. Declaró que en los casos de tortura sexual, son pocas o nulas las oportunidades que tienen para exigir justicia.

También dijo que “la violencia sexual no es un error, pues ninguna autoridad se equivoca cuando abusa de una mujer”, y que dicha práctica, sólo demuestra la imposición de un sistema patriarcal para disponer de las mujeres y que revela la impunidad machista con la que la sociedad y las instituciones de gobierno aceptan la violencia hacia las mujeres.

La campaña Rompiendo el silencio se estará difundiendo en redes sociales (@CentroProdh y facebook.com/prodh) las próximas acciones y culminará con un foro abierto el 25 de noviembre de 2014.
CASOS DE TORTURA

Claudia Medina Tamariz

El 7 de agosto de 2012, Claudia Medina Tamariz, veracruzana de 33 años, dedicada al hogar y madre de tres adolescentes, fue detenida en su domicilio de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Marina, y luego de 36 horas de tortura física, sexual y psicológica, incluidas amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales, ella firmó una declaración que le construyeron; para luego ser presentada ante los medios de comunicación con una versión falsa sobre su detención y acusada de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Actualmente está en libertad condicional, enfrentando acusaciones falsas. Claudia quiere que los hechos se esclarezcan, para que la justicia y la tranquilidad regresen a su familia.

Inés Fernández y Valentina Rosendo

En 2002 en dos eventos diferentes, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas me’phaa del estado de Guerrero, fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura sexual, cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas. El 1 de octubre del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificó dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, que entre otras medidas de reparación del daño y de no repetición, ordenó la investigación y subsecuente sanción de los responsables. Inés y Valentina se unen a la campaña para pedir un alto a la tortura hacia las mujeres detenidas, en donde se garanticen medidas de no repetición.

Miriam López

En febrero de 2011, Miriam López, dedicada al hogar y madre de cuatro hijos, fue injustamente detenida en Baja California por militares. Fue violada y torturada con descargas eléctricas y asfixia para que se declarara culpable, y acusara falsamente a otras personas. En septiembre de 2011 fue liberada sin cargos. Miriam ha tenido el valor de denunciar, pero hasta ahora su caso se mantiene en la impunidad. Miriam se une a la campaña y espera justicia.

Verónica Razo

El 8 de junio del 2011, Verónica Razo Casales fue detenida arbitrariamente por policías federales. Durante su detención fue víctima de violencia sexual. La trasladaron a las oficinas generales de la Agencia Federal de Investigación (AFI) donde la torturaron física, sexual y psicológicamente (con toques eléctricos en los pechos y pies, golpes y amenazas). Un día después, la llevaron a oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que se autoinculpara por el delito de secuestro.

Actualmente, se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 4 en Tepic, Nayarit; y lleva cerca de tres años en prisión preventiva. Verónica se une a la campaña y espera una resolución judicial que determine su inocencia para alcanzar la libertad y justicia.

http://www.sinembargo.mx/05-05-2014/982793

Carácter corrompido
Seguir a @DeniseDresserG
Denise Dresser
23 de mayo de 2014
Análisis


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si el carácter de un país se mide por la forma en la que trata a sus enemigos y a sus prisioneros, el carácter de México está corrompido. Corroído. Carcomido. Producto de años de autoritarismo dedicados a espiar, vigilar, perseguir, torturar. En las calles y en las cárceles y en los Ministerios Públicos y en los juzgados y en todos los sitios donde el poder debería ejercerse con prudencia pero se impone con violencia. Para castigar y romper. Para humillar y deshumanizar. Para que nadie, nunca, hable contra las autoridades. Para convertir al torturado en un ejemplo aterrorizado que nunca más volverá a alzar la voz. Para usar el efecto demostración como una medida de intimidación. Para torturar como una manera de gobernar.

Nos hemos convertido en un país en el cual la tortura no es un hecho aislado, sino una costumbre. Un país en el cual aquellos que son detenidos o se oponen al gobierno o son clasificados como presuntos culpables acaban golpeados. O insultados. O desnudados. O aislados. Sin acceso a la protección que debería ofrecer la ley, y que no está garantizada a pesar de la celebrada transición a los juicios orales. A pesar de la evolución a un sistema de justicia más transparente que –prometieron– iba a evitar todos los incidentes de tortura. Pero no ha sido así. Como lo revela el artículo de Roberto Hernández Juicio a los juicios orales, publicado en la revista Nexos, los datos exponen algo que debería alarmar pero que muchos insisten en minimizar.

El hecho de que aun con juicios orales en el Estado de México, la tortura continúa. El hecho de que aun con juicios orales, 71.2% de los reos encuestados reportó haber sido insultado, 68% dijo haber sido humillado, 67.2% declaró haber sido aislado; el hecho de que 64.8% denunció haber sido obligado a pararse frente a una pared; el hecho de que 62.4% afirmó haber sido golpeado con los puños; el hecho de que 60.8% aseguró haber recibido manotazos en el pecho; el hecho de que 60.0% planteó que lo habían pateado; el hecho de que 48.0% manifestó haber sido obligado a desvestirse; el hecho de que 43.3% expuso que lo habían esposado a una silla; el hecho de que 43.2% expresó que fue privado de alimento. Cifras que evidencian la barbarie. Cifras que encogen el corazón. Cifras que revelan lo que ocurre todos los días cuando alguien es apresado o interrogado o detenido.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona una disminución de la tortura en 30% entre 2012 y 2013. El año pasado sólo recibió mil 506 casos, comparados con 2 mil 113 en el 2012. El gobierno de Enrique Peña lo celebró. Fueron menos, se nos dijo en tono triunfalista. Las cifras bajaron, se nos informó con algarabía. El trabajo de prevención, capacitación y supervisión que desarrolló el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México funcionó, nos asegura alegremente la CNDH. Pero en realidad lo que sucede es que el número de quejas no refleja lo que ocurre a nivel nacional, ya que el organismo sólo recibe quejas que vinculan a autoridades federales, y hay múltiples casos de tortura que no son denunciados y múltiples casos que involucran a los estados y a los municipios. Las quejas presentadas no reflejan la realidad allá afuera, en los retenes y en las patrullas y en los campos vacíos, y en los montes y en los cuartos resguardados. La cantidad de denuncias ante la CNDH no sirven como instrumento de medición de la incidencia de tortura. Las cifras triunfalistas de la CNDH no coinciden con lo que advierten las organizaciones no gubernamentales –nacionales e internacionales– que demuestran un aumento en 500% de los casos de tortura en el sexenio de Felipe Calderón. Así como la continuidad y persistencia de esta práctica en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y para prevenir la tortura no bastan las visitas a instalaciones de reinserción social, a las agencias del Ministerio Público, a las cárceles municipales, a los separos de seguridad pública, a los centros de detención para adolescentes, a los albergues para víctimas del delito, a las áreas de detención de hospitales, a las instituciones psiquiátricas, a las estaciones migratorias. Mientras muchas detenciones se practiquen sin orden judicial y muchas personas sean aprehendidas sin pruebas –sobre todo en comunidades pobres y marginadas– la política de violar los derechos humanos más básicos persistirá. Mientras no haya reglas y normas y leyes que regulen la acción de la policía, el maltrato continuará. Mientras las fuerzas de seguridad actúen con la más absoluta impunidad, la tortura persistirá. Mientras el Estado mexicano siga creyendo que es legítimo manufacturar culpables para demostrar su eficacia, el abuso existirá. Mientras las cárceles puedan ser llenadas por personas que confiesan bajo tortura y se autoinculpan, los empellones y los golpes y las patadas seguirán ocurriendo. Mientras los interrogatorios no sean videograbados, la agresión por parte de la policía prevalecerá.

Por ello la importancia de tomar con seriedad las recomendaciones recientes de Amnistía Internacional e instrumentarlas. Por ello la necesidad de escuchar las críticas que formula el relator de las Naciones Unidas sobre el tema de la tortura y atenderlas. Por ello el imperativo de que el propio Estado mexicano reconozca la gravedad de la situación y el papel que las agencias de seguridad juegan en producirla. Por ello la urgencia de reaccionar ante los resultados de una encuesta reciente en la cual 64% de las personas tienen miedo a ser víctimas de tortura en caso de ser detenidas. Porque los mexicanos saben lo que suele ocurrir en ese vacío que surge entre el momento de la detención y la puesta a disposición de las autoridades. Porque temen lo que suele darse ante la prevalencia de ciertas figuras que incentivan el uso de la tortura, como el arraigo y la aplicación laxa de la detención bajo flagrancia. Porque se vuelven víctimas con demasiada frecuencia de deficiencias en la aplicación del Protocolo de Estambul para la detección de señales de tortura. El Estado mexicano lastima, y lo sigue haciendo con impunidad.

Y hay algunos que celebran las fotografías de detenidos que son golpeados por la policía o agredidos por el Ejército. Argumentan que se lo merecían. Vociferan que la violencia se vale contra los criminales aunque aún no hayan sido sometidos a un juicio que constate su condición. Insisten en que es necesario proteger los derechos de las víctimas, no de los victimarios, arbitrariamente declarados como tales. Violando con esa postura el derecho de cualquier mexicano a un debido proceso. El derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. El derecho a ser detenido sin ser golpeado. El derecho a ser interrogado sin ser pateado. El derecho a ser enjuiciado sin una confesión extraída bajo tortura. El derecho a creer que el carácter corrompido del Estado mexicano produce inquisidores, pero que el carácter democrático de sus ciudadanos los frenará.

http://www.proceso.com.mx/?p=372971

La tortura ha aumentado 500% de 2006 a la fecha
Arturo Sánchez

Periódico La Jornada
Jueves 26 de junio de 2014, p. 5

Aunque no existe la posibilidad de tener cifras exactas sobre la tortura en México, se ha calculado que desde inicios del sexenio pasado esa práctica se incrementó en casi 500 por ciento, señaló José Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio.

Indicó que aunque ‘‘no hay razón política, económica, social o estratégica que justifique la tortura’’, ésta puede considerarse institucional en nuestro país, ya que se tiene como estructura automática en diversas instituciones. Sin embargo, apuntó que la tortura no es una cultura nacional, porque los mexicanos no la tienen arraigada.

Parte de esta práctica, que afecta en mayor medida a personas de bajos recursos, con pocos medios para defenderse o seguir una denuncia, dijo Ibáñez –doctor en ciencias sociales–, se facilita por la inexistencia de peritajes independientes y por la institucionalización de la tortura, que es utilizada como una herramienta para obtener información sin que necesariamente exista una orden directa de altos mandos.

Por su parte, Sandra Salcedo, investigadora del Programa de Derechos Humanos, precisó que además de que la tortura inhibe el acceso a la justicia, desde el punto de vista jurídico sólo la aplicada por la autoridad es la que suele reconocerse como tal, aunque desde el terreno sociológico la practicada por miembros del narcotráfico a migrantes, por ejemplo, no puede desvincularse.

Ibáñez señaló que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha mostrado en diversas ocasiones su preocupación sobre este tema en México, como se ha visto en las visitas de su relator especial en 1997 y 2014, así como del Subcomité de Prevención de la Tortura y el comité contra esta práctica y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 2008 y 2012, respectivamente.

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de la ONU proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de ésta

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/005n2pol

Son los carteles y toda su bola de lacras drogadictos con 0 humanidad, los que engrosan esas cifras.

Se incumplen pesquisas en reportes de tortura a detenidos: abogados
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 15 de julio de 2014, p. 16

Aunque desde hace un mes ya es obligatorio para todos los juzgadores del país ordenar al Ministerio Público iniciar investigaciones en caso de que imputados hayan sufrido algún tipo de tortura durante su arresto, en los hechos esto no sucede, aseguraron los abogado penalistas Felipe Rosales Flores, Agustín Figueroa y Martín Millán.

Señalaron que los jueces "siguen dando mayor credibilidad a los reportes escritos de los policías que participaron en la detención" por encima de las denuncias de tortura que hacen los presuntos responsables de cometer algún delito.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estipuló, en tesis publicadas el 23 de mayo pasado, que toda autoridad que tenga conocimiento de una persona que haya sufrido tortura deberá, de inmediato y de oficio, dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación independiente, imparcial y meticulosa.

Sin embarg, esa jurisprudencia de la Suprema Corte ha pasado "sin pena ni gloria, porque simplemente no se escucha a los detenidos", dijo el abogado Rosales Flores en entrevista con La Jornada.

El defensor de oficio habló de los casos de cinco de sus defendidos que denunciaron ante el juez haber sido golpeados por policías durante su detención y sometidos a tortura sicológica en los momentos previos a haber sido puestos a disposición del Ministerio Público.

“Puedo citar, por ejemplo, el caso de Luis Montes El Chato, un adicto al alcohol en situación de calle, a quien policías preventivos en el Distrito Federal detuvieron el viernes 4 de julio (pasado), supuestamente en flagrancia”, contó Rosales Flores.

Dijo que los agentes aprehensores golpearon e insultaron a El Chato a fin de “amedrentarlo y persuadirlo. Querían que se echara la culpa, que aceptara haber robado un IPhone a un transeúnte en la zona de Tepito. Pero, como se opuso, lo golpearon en la cabeza varias veces, y los policías al final terminaron reportando que lo detuvieron con el celular en el pantalón, lo cual El Chato niega por completo.

De su lado, el también penalista egresado de la UNAM Martín Millán refirió que "los jueces penales en reiteradas ocasiones se encuentran con que los acusados alegan tortura y, por otra parte, lo único con lo que cuentan es con reportes policiacos sobre las detenciones, mal escritos, que a veces parecen copias unos de otros".

"Tesis de la Corte, letra muerta"

La tesis de la SCJN también obliga a los jueces a que cuando en un proceso penal un inculpado o testigo afirme que su declaración fue obtenida mediante torturas, se dé vista al Ministerio Público para que investigue.

El penalista Agustín Figueroa indicó que en la práctica este tipo de investigaciones son difíciles de concretar. "Si partimos de la base de que la mayoría de las denuncias son contra miembros de la Policía y el Ejército, pues naturalmente estos no van a ser imparciales ni independientes", destacó el abogado.

Añadió que en 90 por ciento de los casos de delitos patrimoniales los presuntos responsables denuncian haber sido sometidos a actos de tortura por los agentes aprehensores, pero para los jueces el dicho de los imputados tiene menos peso respecto del reporte de detención que elaboran los policías.

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/016n1pol

Teme 64% de mexicanos ser torturados al ser detenidos
Amnistía Internacional dio a conocer el informe "La Tortura fuera de control en México", en el que destaca la falta de "voluntad política para erradicar" el uso de esas prácticas.


Eugenia Jiménez 04/09/2014 02:43 PM

Ciudad de México

El uso de tortura por parte de los elementos de seguridad está fuera de control en México, reportó Amnistía Internacional (AI) en un informe.

En una encuesta realizada por Amnistía Internacional revela que 64 por ciento de los mexicanos teme sufrir tortura si son detenidos.

En el informe "La Tortura fuera de control en México", dado a conocer este jueves, la organización informó que en los últimos años se ha incrementado "vertiginosamente" la tortura en México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 7 mil 164 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y finales del 2013.

En 2013, aumentaron 600 por ciento las denuncias por esas prácticas, respecto a 2003. Las más comunes fueron por semi-asfixia, palizas, violencia sexual, amenazas de muerte y descargas eléctricas.

Según AI, la Procuraduría General de la República ha informado que aumentaron las investigaciones sobre denuncias de tortura, pero no incrementan los enjuiciamientos o condenas.

Tribunales federales habían tramitado 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013; siete desembocaron en condenas, reportó AI.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística hasta 2013 sólo se habían registrado cinco condenas por tortura en el ámbito estatal.

Desde hace tiempo las autoridades políticas, judiciales y administrativas han minimizado la importancia del uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, explicó la organización.

AI consideró que eso se debe a la ausencia de un liderazgo político claro, además de que los gobiernos han permitido que funcionarios e instituciones hagan caso omiso de su responsabilidad.

En el informe, Amnistía Internacional denuncia que la tortura desempeña un papel central en las actuaciones policiales y operativos de seguridad pública de las fuerzas policiales y militares.

Destacó que el gobierno actual no ha demostrado tener la "voluntad política de convertir la erradicación de la tortura" por lo que persiste la impunidad.

En el informe, el cual MILENIO tiene copia, se desataca que la mayoría de las víctimas son hombres de comunidades marginadas, grupos vulnerables y migrantes en situación irregular.

Aunque las denuncias por tortura y otros malos tratos de mujeres y menores son inferiores en número, estos casos no son poco habituales. Los torturadores suelen escoger a personas que tienen menos posibilidades de denunciar y pedir una reparación.

En el documento indica que la actuación de policías en las manifestaciones desemboca a menudo en uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos.

En el informe también se menciona que algunos defensores y defensoras de derechos humanos y activistas sociales han sufrido tortura y malos tratos como represalia por su activismo.

http://www.milenio.com/policia/Amnistia_internacional-La_tortura_esta_fuera_de_control_en_Mexico-autoridad_tortura_0_366563555.html

La lucha de Amílcar Colón será útil contra la tortura: AI
Sumó su caso al informe que sobre esta práctica presentó la semana pasada
Foto
Perseo Quiroz Rendón (izquierda), director de AI México; Yuly Alexandra Baltazar; los sobrevivientes Rogelio Anaya y Claudia Medina, y Rupert Knox, investigador del organismo, en el acto de presentación del informe sobre la tortura en el país, el 4 de septiembre pasadoFoto Roberto García Ortiz
Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Lunes 8 de septiembre de 2014, p. 17
Integrantes de Amnistía Internacional (AI) visitaron ayer a Ángel Amílcar Colón Quevedo, migrante hondureño afrodescendiente recluido desde hace más de cinco años en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusado de delitos relacionados con el crimen organizado y torturado por elementos policiacos para que aceptara los ilícitos que se le imputan. Por esa razón, en julio pasado el organismo internacional lo declaró preso de conciencia.

Se trató del primer encuentro entre los miembros de AI y el centroamericano, quien se mostró agradecido por la campaña emprendida por varias organizaciones para su liberación. AI sumó su caso al informe sobre la tortura en México que dio a conocer la semana pasada, en el que documentó que se trata de una práctica generalizada en el país.

En entrevista telefónica desde Tepic luego de esa visita, Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México, detalló: Encontramos a una persona digna de respeto y admiración, quien pese a haber enfrentado un sinnúmero de adversidades y de la tortura que vivió, sigue luchando para demostrar su inocencia y recuperar su libertad y su vida.

Dos horas y media de charla

Fueron dos horas y media de charla entre los integrantes de AI y Colón Quevedo, en la que se habló de casi todo: su detención y los malos tratos recibidos, las condiciones dentro del penal, la existencia de muchos otros presos que también han sido inculpados con tortura, su condición de vulnerabilidad al ser migrante y de raza negra, entre otros temas.

Él está consciente de que su caso puede ayudar para evitar que más migrantes pasen por lo mismo. No sólo lucha por su libertad, sino por ser un agente de cambio. Pese a todas las circunstancias lo vemos tranquilo, animado, confiado en que pronto estará con su familia.

La delegación que visitó a Colón Quevedo estuvo integrada por su abogada, Denisse González, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, y por cinco miembros de AI. Le mostraron las más de 900 cartas de solidaridad de ciudadanos de todo el mundo y le informaron que el organismo ha emprendido una campaña por su libertad, la cual ha recabado más de 13 mil firmas, que serán entregadas a la PGR para que se le declare inocente.

Su inocencia está plenamente demostrada; no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si las autoridades de impartición y procuración de justicia no pueden ver y evaluar correctamente las pruebas que tienen frente a sí, estaríamos muy preocupados. Sin embargo, tenemos esperanza, pues nos hemos reunido con el procurador de la República, Jesús Murillo, para detallar el caso. Independientemente de que el gobierno federal no acepte que la tortura es un mal generalizado en el país, confiamos en que en este caso concreto tomen las acciones adecuadas y reconozcan que hubo un fallo en el proceso, apuntó el director de AI México.

http://www.jornada.unam.mx/2014/09/08/politica/017n1pol

Ernesto Núñez
Cd. de México (23 noviembre 2014).- Cuando tres policías intentaron detenerlo afuera de la discoteca Mandala de Cancún, Héctor usó toda su fuerza para zafarse de ellos. Acababa de comerse un hot dog en la calle acompañado de su amigo Maximiliano, y se disponía a regresar a la fiesta.

Dentro del Mandala, Héctor se dio cuenta de que Maximiliano no había podido escapar y decidió salir a buscarlo.

-¿Por qué quieren detenernos? -preguntó a los policías.

-Es una revisión de rutina. Si no traen nada, los soltamos -respondió un agente.

Maximiliano ya estaba a bordo de una patrulla modelo Avenger y Héctor tuvo que subirse a ella.

Eran las 3:30 de la madrugada del sábado 16 de marzo de 2013. Fue la última vez que Héctor pisó la calle en libertad.

Año y medio después, Héctor Manuel Casique Fernández está en la cárcel. La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo lo acusa de pertenecer a Los Zetas y lo involucra en el asesinato de siete personas ocurrido días antes de su detención en un bar llamado La Sirenita, en la zona popular de Cancún. La prensa local lo apoda El Diablo.

Héctor cumplirá 28 años en febrero próximo. De niño fue campeón de Tae Kwon Do. A los 20 años fue policía municipal en Benito Juárez, Cancún. Se especializó en artes marciales, defensa personal y manejo de armas. Tras cinco años de servicio, se retiró de la corporación y montó su propio negocio como instructor en acondicionamiento físico y protección de personas. Eventualmente, laboraba como escolta al servicio del Gobierno estatal. En los días en que fue detenido, estaba negociando su ingreso a la Policía Judicial del estado.

Después de su arresto, Héctor sufrió todo el catálogo de castigos físicos y psicológicos contenido en la Convención de la ONU contra la Tortura: golpes, toques eléctricos, asfixia, aislamiento, abuso sexual. Fue obligado a declarar en esas condiciones para inculparse en un multihomicidio y contribuir a que las autoridades fabricaran la captura de un peligroso líder de Los Zetas.

Algunos de los policías con los que convivió, entre ellos, sus alumnos en cursos de defensa personal y manejo de armas, fueron sus torturadores.

Su caso está siendo investigado por la CNDH, Amnistía Internacional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

* * *

Héctor y Max fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Turística de Cancún, a cinco minutos del Mandala; en el trayecto, fueron vigilados por dos policías municipales que apuntaban sus armas hacia ellos.

En la Policía Turística, los colocaron detrás de la patrulla y revisaron sus bolsillos en busca de drogas.

-Ahorita se van -les dijo un policía municipal al no encontrarles nada.

Pero en ese momento llegó un agente de la Policía Judicial de Quintana Roo, quien ordenó meterlos a los separos. Antes de ingresar, los policías le quitaron a Héctor su teléfono celular, una cadena de oro, las llaves de un auto y 22 mil pesos en efectivo que le acababa de pagar una persona a la que le vendió una moto.

Estuvo 20 minutos en los separos, luego lo sacaron y lo subieron a otra patrulla, junto con su amigo Max.

El segundo traslado duró 20 minutos hasta la base de la Policía Municipal, donde les hicieron una revisión médica. Ahí, el doctor Joel Mezquita Pérez certificó, a las 5:20 horas, que ninguno de los dos presentaba lesiones. Héctor y Max fueron subidos, otra vez, a una patrulla, para regresar a las instalaciones de la Policía Turística, en la zona hotelera.

Un agente al que todos llamaban Nambo los recibió y los llevó a las oficinas del Ministerio Público que tiene ahí la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo.

Luego de dos horas fueron presentados ante el comandante Ernesto Santees Hernández y otro agente que sólo se identificó como Rafael. Los judiciales le pidieron a Héctor 40 mil pesos para dejarlo libre. Eran las 12 del día y decidió llamar a una amiga de nombre Karla, con la que había estado la noche anterior en el Mandala.

-Necesito que vengas al Ministerio Público de la zona hotelera y me traigas quince mil pesos, dos playeras y diez desayunos sencillos. Me van a sacar de aquí -le dijo Héctor, según la declaración que hizo Karla al Ministerio Público.

Después de hacer la llamada, lo llevaron a la oficina principal de la Procuraduría.

Ahí vio a varios policías judiciales a los que conocía; algunos habían sido sus alumnos en los cursos de defensa personal y manejo de armas que él daba desde 2011, cuando abandonó las filas de la Policía Municipal. Otros habían sido sus compañeros de trabajo en labores de custodia en eventos públicos del gobernador Roberto Borge. Héctor participó con ellos como ayudante del Estado Mayor Presidencial en eventos importantes, como la visita que realizó a Cancún el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en junio de 2011.

Uno de los judiciales a los que Héctor reconoció era Manuel Borges Ricalde, comandante de homicidios.

-¿Sabe qué viejo?, ya valió madre -le dijo el comandante mientras caminaban por un pasillo para entrar a las oficinas de la Procuraduría.

-¿Cómo que ya valió madre? -preguntó Héctor.

-Discúlpame, pero ahora estás bajo mis huevos -le dijo Borges.

Héctor conocía a todos los que estaban en ese cuarto y pensó que se trataba de una prueba de ingreso a la Policía Judicial.

"Yo ya sabía que ellos son unos pasados de lanza y las torturas a las que someten a la gente. Pero yo pensé que era una broma, una novatada, porque se supone que yo iba a ingresar a la Policía Judicial", recuerda Casique en una entrevista realizada en julio pasado ante personal de Amnistía Internacional.

Unos meses antes, Héctor había negociado la compra de una plaza con el director de la Policía Judicial del estado, Arturo Olivares Mendiola, a quien le adelantó 75 mil pesos de los 150 mil que le costaría la incorporación como primer comandante de la PJ.

"Yo compré una plaza, pagué la mitad. Mendiola era mi íntimo amigo, nos íbamos a comer camarones, yo le daba cursos a sus escoltas; cuando les llegó el nuevo armamento, en enero de 2012, fuimos y probamos el nuevo armamento, y dimos cursos con el nuevo armamento.

"Le di 75 mil pesos a Mendiola para que me diera la plaza de primer comandante; él me dijo que de primer comandante no se iba a poder, pero que iba a ser jefe de sus escoltas. Y yo dije 'ya está'. Pero pasó el tiempo y nunca pasó nada. Y cuando nos hicimos de palabras y lo amenacé con acusarlo con el procurador y con el subprocurador, como él sabía la relación que yo tenía con ellos, se paniqueó", relata Casique en su testimonio ante Amnistía Internacional

Casique cree que el problema que tuvo con el jefe policiaco es el origen de que lo detuvieran, de que lo involucraran en un caso de homicidio, de que lo acusaran de pertenecer a Los Zetas y del tormento al que fue sometido.

Dentro de la oficina, los judiciales colocaron a Héctor volteado a la pared, le agarraron las manos por detrás, le sujetaron las muñecas y los brazos con una venda y luego le pusieron unas esposas. Lo obligaron a hincarse y le colocaron una venda gruesa en la cabeza, tapándole los ojos. Unos minutos después, lo pararon para girarlo y quedar de frente a ellos, y le ordenaron que se volviera a hincar. Él preguntó por qué.

En ese momento comenzó la tortura.

* * *

El primer golpe que recibió fue una patada en la parte de atrás de la pierna derecha, que lo hizo caer al piso, hincado, frente a sus agresores.

-¿No que muchos huevos? -le gritó uno de los judiciales.

Después le dieron un segundo golpe, a dos manos, a manera de aplauso sobre sus oídos, que lo aturdió.

"Yo en mi cabeza decía 'es una prueba de los judiciales, es una mala broma de Mendiola, de Manuel, una novatada'; yo dije 'ahorita se acaba'. Eso era lo que me mantenía tranquilo; pensé: 'me van a meter unas cachetadas y ahí queda'; pensé que era una broma, pero la broma se empezó a poner más difícil", recuerda Héctor en su relato a Amnistía.

Seis veces se repitió ese doble golpe contra sus orejas, seco, contundente.

Aturdido, Héctor alcanzó a escuchar que le dijeron: "tenemos un problema, y tú te lo vas a comer".

-A partir de ahorita tú eres Zeta -le explicó uno de sus agresores.

Le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le golpearon la espalda y el tórax para sacarle el aire y obligarlo a tratar de inhalar dentro de la bolsa un oxígeno inexistente. La desesperación provocada por la asfixia lo hacía moverse y sacudir el cuerpo, mientras sus agresores lo sujetaban con fuerza con la bolsa apretándole el cuello. Luego lo soltaban, lo dejaban respirar unos segundos y, otra vez, el doble golpe seco sobre los oídos.

A esas horas llegó a la agencia del Ministerio Público la amiga de Héctor, con 7 mil de los 15 mil pesos que le había pedido, y los desayunos.

Mientras esperaba a ser atendida, en la recepción de la agencia, Karla escuchó la voz de Héctor, proveniente de una de las oficinas.

-¡Ay, no me peguen! -gritaba.

"Se escuchaba como si estuvieran azotando una tabla", se asienta en la declaración ministerial que rindió Karla.

Pasadas las 2 de la tarde, uno de los policías la atendió. Karla quiso darle el dinero ahí mismo, para que soltaran a Héctor, pero el agente le pidió caminar al OXXO que está cruzando la calle, le recibió los 7 mil pesos, los guardó en su bolsa, y le advirtió:

-Disculpe, no la voy a poder ayudar; no sé qué haya hecho este señor, pero sí va a ser muy difícil sacarlo.

La chica se fue.

La suerte de Héctor y Maximiliano quedó en manos de los judiciales.

De acuerdo con sus declaraciones ministeriales, Héctor fue sometido a cinco sesiones de tortura, a manos de cinco grupos distintos de policías, durante aproximadamente 30 horas.

El procedimiento se repitió: bolsa negra en la cabeza, manotazos en la espalda, aplauso en los oídos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces... A media tarde del sábado, Héctor perdió la cuenta, tenía claro que no se trataba de una novatada.

En un momento dado, sus agresores se detuvieron.

-Ahorita va a venir alguien, y tú vas a decir que tú mataste a unas personas -le dijeron.

-No me voy a echar la culpa de algo que yo no hice -contestó Héctor.

Y se reanudó la sesión de tortura: bolsa de plástico, manotazos, aplausos en los oídos. Dos, tres, cuatro veces... En la refriega, Héctor perdió la camisa.

Volvieron a interrogarlo, él volvió a negar todo y entonces las agresiones pasaron a otro nivel: le colocaron una picana eléctrica en el pecho, del lado izquierdo, unas diez veces con descargas sostenidas que él sentía primero como un pellizco, y después como un carbón incandescente que le quemaba la piel. También le dieron toques en el cuello y la espalda, y volvieron a colocarle la bolsa en la cabeza.

La picana eléctrica es un aparato que da golpes de corriente o descargas sostenidas al entrar en contacto con el cuerpo. Se cree que fue introducido como instrumento de tortura durante la época de las dictaduras militares en Sudamérica. Pero éste no es un testimonio de Chile en tiempos de Pinochet o de la Argentina de Videla. Es México en el siglo XXI, 13 años después de la alternancia, en el corazón de una de sus más importantes zonas turísticas.

Probablemente ninguno de los 3.7 millones de turistas que visitaron Cancún en 2013 podría imaginarse que en una celda, en plena zona hotelera, el tiempo se detuvo en los años setenta, la época de la Guerra Sucia y la temible Dirección Federal de Seguridad.

-Tú eres el jefe de Los Zetas -le insistieron a Héctor mientras era golpeado.

Hasta que cayó al piso, y ahí lo tundieron a patadas.

-¿No que muchos huevos?, ¿no que mucho entrenamiento? -exclamó uno de sus agresores mientras Héctor se retorcía del dolor.

A esa hora entró al cuarto el director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola.

-¿Qué te pasa? -preguntó a Héctor en tono amable.

-Estos cabrones me están rompiendo la madre, ya estuvo. Quíteme las esposas, por favor capitán, ya no aguanto más. Me duele mucho el hombro derecho -suplicó Héctor.

Olivares pidió a sus agentes que le liberaran los brazos y le colocaran las esposas al frente.

-Dime la verdad y no te va a pasar nada -dijo el policía al detenido.

-¿Me da su palabra? -preguntó Héctor.

-Te doy mi palabra. ¿Qué hiciste? -preguntó el policía, sujetándole la mano.
-Nada, sus elementos me han estado golpeando, y no sé nada de lo que me están hablando -respondió Héctor.

El capitán hizo a un lado la falsa cordialidad; le jaló la mano, le apretó las esposas anudándole los antebrazos, con todas sus fuerzas, y lo empezó a golpear con los codos en la nuca.

-¡No te hagas p*****o y di la verdad! -le gritó.

Siguió golpeándolo con los puños en la cara y el cuello.

-Vas a ser mi p$#@, Casique -le gritó.

Olivares ordenó que lo volvieran a esposar por la espalda y le puso la bolsa en la cabeza, asfixiándolo.

-Así se hace, pendejos, ahorita va a hablar -dijo a sus subordinados.

-Tú eres zeta, ¡tú los mataste! -siguió gritando el jefe de la Policía, mientras estrellaba sus manos sobre el rostro de Héctor, que no aguantó más y se desplomó.

-¿Saben qué?, para ser broma ya estuvo -alcanzó a decir Héctor.

-No es ninguna broma -le gritó Olivares.

En el piso, se acercaron a él dos agentes que le bajaron los pantalones y le dieron toques eléctricos en los testículos.

Abatido, con ardor en sus genitales y la bolsa en la cabeza, Héctor escuchó:

-Vas a hablar o a tu familia le vamos a hacer lo mismo y verás a tu madre, la güera; voy a ir por tus hermanas, por tu novia, por tus hijas, ahorita lo vas a ver.

Héctor recobró fuerzas y retó a sus agresores a que intentaran hacerle algo a su familia. Para entonces estaba molido, pero el expediente judicial consigna que encaró a los judiciales, incluso riéndose de ellos.

En ese momento vio que se acercaba la bolsa de plástico hacia su cara, sintió cómo le cubrieron la cabeza con ella, todo se oscureció mientras resentía la falta de aire. Cayó al piso y perdió el conocimiento.

* * *
Cuando despertó, Héctor estaba en una celda. Se había orinado y defecado en los pantalones.

Pudo ver que a unos metros de él estaba Maximiliano, también tirado en el piso, con las manos amarradas con vendas por la espalda.

Maximiliano también había sido sometido a tortura: lo hincaron, le sujetaron con vendas las muñecas y los brazos, lo esposaron, le vendaron la cabeza y la cara, le exigieron que se confesara culpable de haber matado a siete personas, de haber asesinado a los del bar; lo asfixiaron con la bolsa de plástico en la cabeza, tres o cuatro personas le brincaron en el estómago para sacarle el aire, y se desmayó

"Durante toda esta tortura, también escuchaba cómo Héctor Manuel Casique Fernández, desde otro cuarto, se quejaba y estaba gritando de los golpes que le daban", se lee en la declaración que hizo meses después Maximiliano ante el Ministerio Público, "cuando recuperé el conocimiento ya no me encontraba esposado, solamente estaba vendado, y no vi quién me trasladó a las celdas nuevamente y solamente escuché la voz de Héctor que estaba gritando: 'ya no me peguen', y gritos de dolor".

Dos guardias se acercaron a Héctor, a uno de ellos lo reconoció: era un policía judicial de apellido Wady. El otro usaba pasamontañas y camisa de manga larga.

Wady se acercó a él, le bajó el pantalón, le puso una mano en las nalgas y, con la otra, le introdujo un palo en el ano.

-Esto te pasa por @%$#, tienes que decir que tú los mataste y tienes que decir que eres zeta -le dijo Wady mientras hundía el palo.

Héctor gemía, negándose a confesar.

Los policías lo incorporaron, le retiraron las esposas y lo metieron a una regadera y le ordenaron que se bañara y lavara su pantalón.

Ya vestido, le volvieron a vendar los ojos y le dijeron que se preparara porque el general quería hablar con él.

Cuando el general llegó, Héctor le dijo que era inocente y le pidió que dejaran de torturarlo.

La respuesta que obtuvo fueron más golpes, en la cara, el tórax, el cuello. Sus torturadores le levantaron la venda y le dijeron: "mira, p*****o, somos nosotros". No había ningún general, sólo policías que comenzaron a intercalar golpes y amenazas.

-Ya agarramos a tu madre, nos la vamos a coger -le dijeron.

-También agarramos a tu esposa y a tus hijas -le advertían, mientras él se movía enfurecido, agitándose como un pez intentando escapar de una red fuera del agua.

Los policías le metieron la cabeza en la bolsa de plástico, echaron dentro polvo de chile habanero y la cerraron alrededor de su cuello para asfixiarlo.

Volvió a perder la conciencia y despertó hasta sentir el ardor en los testículos provocado por toques eléctricos que se alternaban entre el cuello, el ano, el pecho.

Después, el doble golpe en forma de aplauso sobre sus oídos con las palmas de dos manos grandes, callosas, sólidas como un bat que terminó por reventarle el oído izquierdo.

-Tú mataste a las personas y tú pagas a dos del gobierno -alcanzó a escuchar en medio del dolor que le provocaban los golpes, el ardor de los toques eléctricos, el cansancio tras más de 12 horas sin comer ni tomar agua.

-¿Por qué me hacen esto? -preguntó.

-Por más p*****o -le respondió una voz anónima.

Después, lo llevaron a una celda y ahí le leyeron una lista de nombres que jamás había escuchado, para que identificara a "sus cómplices" en delitos que desconocía.

Según Héctor, cuando los policías no estaban en el turno de golpearlo, grababan su tortura con teléfonos celulares.

Entre tortura y tortura, le daban Squirt para revivirlo.

"Me decían 'abre la boca' y me aventaban el refresco, me echaban chile habanero en la boca, en la garganta y me decían: 'si me muerdes, te rompo tu madre'. Me bolsearon, me echaron chile, me golpearon, me dieron toques y me asfixiaron al mismo tiempo. Perdí el control absolutamente de todo, me meé, me defequé, me volví a defecar, me volví a mear era tanta su saña, y decían 'este tiene entrenamiento, no que muy v&#!@', y me jalaban hacia atrás y me apretaban la bolsa, me soltaban y decían: 'tiene entrenamiento, dale más duro'. Y me electrocutaban... le cambiaron las pilas al aparato como seis veces, se lo acababan porque me lo dejaban así puesto truuuuuuuu".

* * *

En la celda estaba también Maximiliano, abatido y golpeado.

Sólo alcanzaron a mirarse en silencio. Ninguno de los dos tenía fuerzas para hablar.

Los policías regresaron, levantaron a Héctor, lo sacaron de la celda y lo llevaron en vilo hasta una oficina. Lo sentaron frente a una computadora, le vendaron los ojos, lo esposaron con las muñecas otra vez sobre sus nalgas, lo golpearon y le colocaron la bolsa de hule en la cabeza, esta vez sin chile habanero.

Durante una hora se repitieron los golpes, la asfixia, los insultos, las amenazas, la exigencia de que se declarara culpable y de que firmara unos papeles en los que había una lista de nombres de personas a las que no conocía para que los reconociera como sus secuaces.

Hasta que alguien llegó al lugar y los policías lo llevaron a rastras hasta la celda, a toda prisa.

Era un actuario judicial, de nombre Jesús Gallardo García, que llegó a las 23:40 horas del sábado 16 de marzo a notificarle un amparo promovido por sus familiares en contra de la incomunicación en la que se encontraba.

Ante él, Héctor denunció la tortura a la que estaba siendo sometido, mientras los policías, parados detrás del funcionario, le advertían a señas que no los acusara.

Héctor firmó la notificación y pidió asentar en el documento que estaba siendo torturado. Así lo hizo el actuario en el expediente 374-2013, que dejó constancia de que el quejoso "presenta una lesión en su ojo izquierdo, el cual se aprecia inflamado, así como diversos moretones en el antebrazo derecho".

El funcionario se fue y Héctor se quedó solo en su celda.

Cuando los policías regresaron, él les mostró una copia del amparo que le había entregado el actuario. Los policías le arrebataron el papel, se lo restregaron en la cara, lo sacaron de la celda, lo llevaron al mismo cuarto donde antes lo habían golpeado y reanudaron la tortura.

Lo esposaron, le colocaron la bolsa, volvieron a golpearlo.

Poco después regresó el actuario, con otro amparo.

-Mire para lo que sirven sus P^%!@#$ amparos, vea cómo tengo el ojo, y me siguen golpeando y torturando -le dijo Héctor.

El funcionario volvió a anotar la denuncia, ofreció notificárselo al juez que veía su caso y se fue del lugar. En el expediente 376-2013, levantado a las 00:10 del 17 de marzo, el actuario judicial Jesús Gallardo García asentó que el quejoso presentaba una lesión en su ojo izquierdo, "el cual está totalmente cerrado".

Solos otra vez con su víctima, los torturadores lo golpearon con más saña, hasta que uno de ellos interrumpió.

-A ver, cuéntame la historia completa cabrón, o te parto la madre -exclamó.

-Ya está bueno, bájenle -respondió Héctor, quebrándose en un llanto que, según lo que le declaró meses después a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no era de dolor, sino de impotencia.

-Pues cuéntame la historia completa -le espetó el policía.

-Era el año de 1986, era una tarde lluviosa -comenzó a relatar Héctor en referencia a su nacimiento, 27 años antes el comienzo de su historia completa.

La burla enfureció a sus agresores, que le embarraron chile habanero en la boca, la nariz y los ojos.

-Por chistoso y p*****o -indicó uno de ellos.

-Ahora sí, cuéntame -exigió otro.

-Pues ese día seguía lloviendo -insistió Héctor en su relato.

Y pagó cara su ironía, pues inmediatamente sintió un golpe seco en el ojo izquierdo que le reventó el párpado, le provocó una hemorragia e hizo que cayera noqueado.

Lo regresaron cargando a la celda, donde cayó dormido.

Despertó horas después; sentía hambre, sed y dolores en todo el cuerpo. Ya era media mañana del domingo, estaba cumpliendo 24 horas bajo tortura.

En esas condiciones fue llevado a una oficina, donde le pidieron firmar una confesión. Él se negó. Le dieron una pluma, con la que él sólo escribió garabatos, provocando la furia de los agentes.

Los policías lo obligaron a hincarse frente a una pared. Una hora después le vendaron los ojos, lo pararon en un pasillo y ahí lo dejaron otro rato, hasta que le temblaron las piernas.

Lo obligaron a salir al patio brincando una ventana, lo subieron a una camioneta y lo llevaron hasta la Procuraduría General de Justicia, en el centro de Cancún. Ese traslado lo hizo esposado y con los ojos vendados.

En la Procuraduría fue revisado nuevamente y se levantó un certificado de los golpes que llevaba. Nuevamente, le fueron presentados los documentos para que los firmara.

-Dice El Chino que éste es el bueno -dijo uno de los policías en referencia al agente del Ministerio Público que había tomado la declaración en la que Héctor se confesaba culpable.

Él se negó a firmar, pero fue obligado a estampar su huella digital en ellos.

"A mi me quieren hacer firmar cinco diferentes expedientes; yo creo que los iban mejorando, o rediseñando... pero no firmé absolutamente nada. Cuando me daban la pluma les rayaba yo allí y se encabronaban... las huellas al final son mías, porque me forzan a que yo las ponga... cuatro cabrones para agarrarme las manos y hacerme que yo pusiera las huellas, por eso los dedos están así, separados, no están puestos normales. El último expediente que me obligaron a huellear fue en el estacionamiento de la Policía Judicial, justo antes de presentarme a los medios. Estaba yo muy cansado. Max, mi amigo, estaba llorando, yo estaba sangrando de todas partes".

Aquel domingo, 17 de marzo de 2013, la Procuraduría de Quintana Roo presentó a los medios de comunicación quintanarroenses a Héctor Casique Fernández, alias El Diablo, Tito o Fénix, y a su chofer y "cómplice" Maximiliano Ezequiel Millán González.

* * *
Dos policías estatales vestidos de negro, encapuchados, con casco y cargando armas largas flanqueaban a dos presuntos delincuentes que fueron presentados como criminales confesos en la conferencia de prensa del procurador de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres. Uno de ellos, Maximiliano Ezequiel Millán González, vestía una camisa amarilla; el otro, Héctor Casique Fernández, vestía una polo blanca con cuello rojo, una camiseta que Héctor no usaba la noche del 16 de marzo y que le fue proporcionada en los separos de la Policía Judicial. Según sus abogados, con esa camiseta Polo se pretendía fortalecer su imagen de presunto narcotraficante. Ambos usaban pantalón de mezclilla y traían las manos esposadas por delante. Max se veía desconcertado, con moretones, pero sin manchas de sangre. Héctor mostraba las huellas de la tortura: el ojo izquierdo cerrado, la cara hinchada, el antebrazo derecho marcado con moretones.

La Procuraduría de Quintana Roo dijo a los medios que estas dos personas estaban involucradas en el homicidio de siete personas ocurrido el 14 de marzo en el bar La Sirenita, de Cancún, donde fue asesinado, entre otros, un líder de taxistas llamado Francisco de Asís Achach Castro, alias La Barbie, sobrino de la ex alcaldesa priista de Benito Juárez, Magaly Achach.

Según la versión reproducida al día siguiente en la mayoría de los medios locales, Héctor Casique tenía la encomienda de matar a La Barbie, por órdenes de su supuesto jefe inmediato, un sicario apodado El Caballo, pero se negó a hacerlo porque carecía de armamento, y fue relevado del "trabajo" por un delincuente llamado Roger Gabriel Alfaro Pacheco, alias El Humo.

El procurador afirmó, en conferencia de prensa, que Héctor Casique, alias El Diablo, había confesado pertenecer a Los Zetas, ser el encargado de cobrar las cuotas por "derecho de piso" en la zona hotelera de Cancún y de entrenar a los sicarios del cartel en el manejo de armas. El funcionario presentó como prueba de ello el teléfono celular de Héctor, que le había sido confiscado la noche de su detención, y en el que efectivamente había videos de él en los cursos de instrucción que daba a policías municipales.

El procurador dijo a los medios que Casique se había reunido con El Humo días antes del asesinato en La Sirenita, y que le había entregado las instrucciones para ejecutar a La Barbie junto con una fotografía de la víctima en un fólder amarillo. Aunque El Humo sólo debía matar a una persona, el procurador dijo que estando en La Sirenita "se alocó" y terminó matando a siete.

La Procuraduría filtró a los medios locales un expediente en el que se recogían supuestas declaraciones de Héctor Casique, donde confesaba sus vínculos con Los Zetas y con los delincuentes mencionados en la conferencia: El Apá, El Caballo, El Humo. Periódicos como Novedades de Quintana Roo, publicaron el lunes 18 de marzo extensos relatos con base en "información obtenida" en los que se describía la pertenencia de El Diablo a Los Zetas desde mediados de 2011. En las notas se entremezclaban datos biográficos reales de Héctor Casique, como su pertenencia a la Policía Municipal de Cancún durante cinco años y su ocupación posterior como instructor en técnicas de defensa personal, manejo de armas y acondicionamiento físico, con datos que, según su defensa, fueron inventados por la Policía Judicial de Quintana Roo para hacerlo pasar como un criminal. Por ejemplo, se describe en las notas de la prensa local que El Diablo, Fénix o Tito fue reclutado por El Potro; después estuvo bajo el mando de El Caritas, y finalmente llegó a trabajar con El Apá, también conocido como Gordo Sam, líder local de Los Zetas.

Los relatos periodísticos refieren que en el teléfono de Casique también se encontraron números telefónicos registrados con claves "que podrían referirse a una conexión con el Cártel del Golfo (CDG)".

En la presentación de los "peligrosos delincuentes" ante los medios locales, un reportero preguntó por qué los presentados estaban golpeados, y el procurador dio por terminada la conferencia.

* * *

Casique fue subido a una camioneta y trasladado de regreso a las oficinas de la Procuraduría. Nuevamente fue conducido hasta los separos, donde le entregaron unos papeles para que los firmara. Otra vez se negó a hacerlo, y reinició la golpiza.

Patadas, puñetazos, insultos, amenazas una nueva sesión de tortura que concluyó cuando un policía judicial se acercó a él con una pistola en la mano que llevó hasta su cabeza, la colocó cerca de la sien y le cortó cartucho.

-¡Dispara! -gritó Héctor a su agresor, quien respondió impactando la cacha de la pistola en la frente de Héctor, con un golpe seco que provocó una herida que inmediatamente sangró y pintó de rojo el rostro del detenido, que cayó al piso, inconsciente.

Cerca de las 11 de la noche llegaron a la celda unos paramédicos que le lavaron la herida, lo vendaron y, después de inspeccionarlo, sugirieron llevarlo a un hospital.

Los policías judiciales se negaron, pues tenían órdenes de trasladarlo esa misma noche a la cárcel de Cancún.

En la penitenciaría, un doctor de nombre Luis Pulido hizo una valoración del detenido, que llegó sangrando de la nariz, la boca, el ojo izquierdo y la frente, y orinando sangre. Y se negó a recibirlo.

Los policías insistieron y dos horas y media después consiguieron la admisión del presunto delincuente.

Detenido originalmente por haber cometido supuestos ultrajes contra policías municipales, Héctor Casique fue ingresado al Centro de Readaptación Social de Cancún como culpable del delito de homicidio calificado, al tomarse como válida la declaración firmada con sus huellas digitales, en la que no sólo "confesó" su participación como autor intelectual en el homicidio del bar La Sirenita, sino que asentó que las lesiones que tenía en ese momento se las habían provocado los policías municipales en el momento de su detención.

En el Cereso le hicieron la prueba de Harrison para detectar si había disparado arma de fuego recientemente, y salió negativa. No fue posible consignarlo como autor material de homicidio, pero lo encerraron acusándolo de la autoría intelectual de la matanza en La Sirenita.

Ese mismo día, la familia de Casique promovió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, que al día siguiente envió a su personal al reclusorio de Cancún, donde constató el estado en el que se encontraba el detenido: "pésimas condiciones de salud y múltiples ultrajes a su persona".

Fue hasta entonces, que Casique pudo ver a un abogado e iniciar su defensa legal.

Ante el juez, negó la declaración que "rindió" en los separos, argumentando que le fue sacada mediante tortura.

* * *

En la cárcel de Cancún continuó el tormento.

La familia de Casique fue estigmatizada. Su madre perdió el empleo, su hermana no fue recibida más en la escuela.

Al mismo tiempo, empezaron las amenazas y las extorsiones para mantenerlo vivo en prisión.

Cuatro meses después de su detención, la defensa de Héctor logró que se le practicara un examen médico para valorar su estado físico y obtener pruebas de la tortura.

En su informe, el perito médico legista David Anguiano estableció que Héctor presentaba lesiones que pusieron en peligro su vida que aún no habían sanado, cicatrices permanentes y no visibles, secuelas por las lesiones sufridas e incapacidad en ciertos movimientos. Entre las lesiones, el médico estableció aumento de volumen en el testículo derecho, una cicatriz en la región anal y pérdida de visión en el ojo izquierdo. El reporte médico establece que Héctor sufrió hipoxias (falta de oxígeno en el cerebro causada por asfixia) que provocaron pérdida de conciencia y lesiones en el tejido nervioso que, a su vez, le causaron fasciculaciones musculares (movimientos involuntarios), pérdida de equilibrio y arritmias cardiacas.

El 31 de julio, cuando su familia se negó a pagar más extorsiones, Casique fue golpeado en su celda y colocado en un área en la que se encuentran recluidos miembros de organizaciones delictivas, que recibieron la orden de acabar con él. Le rompieron las costillas, le rociaron gasolina, lo amenazaron con prenderle fuego.

La segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María José López Canto, tuvo que ir a la cárcel a rescatarlo, cambiarlo de área y tramitar su traslado al reclusorio de Chetumal.

En paralelo, comenzó el calvario del proceso judicial:

El juicio por el homicidio en el que fue involucrado avanzó a cuentagotas y en medio de irregularidades y violaciones al debido proceso. En casi un año de juicio, no tuvo audiencias ni careos con los delincuentes que supuestamente lo ubicaron como su jefe y autor intelectual de la matanza de La Sirenita.

En mayo de 2013, Héctor demandó a los 40 judiciales que participaron en su tortura, acusándolos de abuso de autoridad y violación. Al mismo tiempo, tramitó un amparo en contra del auto de formal prisión. Meses después presentó una queja ante la CNDH, que ordenó que se le practicara el Protocolo de Estambul, un manual para la investigación de tortura poco usado en México y que por primera vez se practicaba en el estado de Quintana Roo.

El Ministerio Público adscrito a la Procuraduría declaró improcedente el ejercicio de la acción penal en contra de los torturadores, y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ombudsman Harley Sosa emitió una recomendación que no tomó en cuenta los resultados del Protocolo de Estambul, negó la tortura y sólo pidió sanciones administrativas por abuso de autoridad.

La defensa de Casique mantiene impugnadas ambas resoluciones.

En marzo de 2014, un juez ordenó su liberación inmediata, pero ese mismo día, cuando se disponía a abandonar el reclusorio de Chetumal, Héctor fue reaprehendido por policías judiciales que lo trasladaron a la cárcel de Cancún sin orden de aprehensión, violando un amparo federal y sin explicación alguna a los familiares que lo esperaban en la calle.

La Procuraduría alegó que existían nuevas imputaciones de supuestos testigos en el asesinato de La Sirenita, y abrió la causa penal 98/2014.

Ante el peligro que corría su vida en el Cereso de Cancún, su familia tramitó un nuevo traslado a Chetumal, donde al día de hoy sigue preso, en espera de que se resuelva un nuevo amparo que le permita afrontar su juicio en libertad.

Amnistía Internacional investiga su caso con apoyo de la ONG mexicana Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social AC). Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya pidió información sobre el proceso al gobierno de Quintana Roo.

* * *

En el Protocolo de Estambul practicado a Casique (234 días después de su detención) se concluye que presentó lesiones provocadas por maniobras de tortura, que tiene daños médicos y secuelas psicológicas relacionadas con los tormentos que describió durante las entrevistas.

Casique contó a los psicólogos que algunas noches sueña que lo golpean, que le apuntan con una pistola. Tiene miedo de quedarse recluido para siempre, y siente vergüenza de que su familia conozca los abusos a los que fue sometido. Ha disminuido su deseo sexual y siente que le falta el aire. Alguien que ganó torneos nacionales e internacionales de Tae Kwon Do, con años de instrucción en protección de personas, hoy se siente indefenso para pelear.

Una de sus pesadillas recurrentes es sentir que por la noche, mientras duerme, un desfile de cucarachas entra por su ano.

En una parte de la entrevista con Amnistía Internacional, Héctor describe en pocas palabras qué es haber sido torturado:

"Me avergüenza mucho hablar de esto. Me siento mal. Lo que más me duele es estar preso, todo lo que ha sufrido mi familia, mi hermana, mi mamá, mi abuela, cómo ha envejecido; me siento mal de que por mí ellas estén sufriendo. Mi miedo más grande es que vayan a querer hacerle algo a ellas y que no vaya a estar yo para defenderlas. Eso me aterra. Me siento cansado, voy al baño como viejito, no veo bien del ojo izquierdo; sólo escucho del oído derecho; me cuesta trabajo orinar, me duele mucho la espalda, el hombro. Estoy mal".

fuente http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=399701&md5=2555338d635bc33bd8d057fd709eeaea&ta=b3849913c10ee04e761e11add1750758&fg=d986b5e8acb4e590e6a8c51333fd7e25

Acusan desdén sobre la tortura
24 de noviembre del 2014

México, 24 de noviembre (Reforma).- El Estado mexicano carece de un compromiso real para erradicar la tortura, declaró el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

“El problema en México es que la tortura y los tratos crueles e inhumanos no se reconocen como algo grave. Es una práctica que se utiliza para obtener información y confesiones bajo coacción”, opinó la asociación Cencos.

REFORMA publicó ayer el caso de tortura infligido por el Estado hacia Héctor Manuel Casique Fernández, quien fue detenido la madrugada del 16 de marzo de 2013 afuera de la discoteca Mandala de Cancún.

Durante 30 horas, a Héctor Casique lo golpearon, asfixiaron, violaron y atormentaron psicológicamente para que se inculpara de un múltiple homicidio y de pertenecer a los Zetas. Año y medio después, Casique está en la cárcel.

A decir de Cencos, el caso de Casique es uno de los muchos que existen en el País: procesos plagados de violaciones al debido proceso y otros derechos fundamentales, además de que la impunidad ante dichos actos son agravados por la crisis de efectividad y legitimidad que vive el sistema de justicia penal.

“El abuso de autoridad es claro. Los propios policías que le conocían son quienes le detienen y torturan. Además, muestra como muchas veces funcionarios públicos de diferentes instancias se ven involucrados en actos de corrupción sin sanción alguna”, comentó la organización de derechos humanos.

Asimismo, Cencos recordó que la carga de una prueba no podía recaer en la presunta víctima y que era necesario realizar exámenes independientes cuando se solicite, que las investigaciones sean prontas e imparciales y en especial cuando la única prueba presentada contra el acusado sea una confesión.

“Lo terrible de la tortura no es sólo que provoca efectos traumáticos permanentes que en casos extremos puede llegar a la desintegración de la personalidad y con complicaciones tan graves como el suicidio. Sino que también es un proceso muy doloroso para familiares y gente cercana”, señaló.

Amnistía Internacional asegura que la tortura es una práctica generalizada en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 7 mil 164 quejas por tortura entre 2010 y 2013 y ninguna fue procesada legalmente hasta generar condena a quienes la cometieron. Entre 2003 y 2013 crecieron en 600 por ciento las denuncias de tortura ante la CNDH.

Emily Corona

http://estadomayor.mx/49226

Tortura, “desafío para todas las autoridades”
El documento está dividido en tres capítulos, con el objetivo de que aprecien que no solo se limita a los casos de malos tratos.

Sesión en el pleno de la Suprema Corte. (Javier García)

Rubén Mosso 09/12/2014 03:05 AM

México

A pesar de los avances que México ha realizado para mejorar la situación de los derechos humanos, el estado que guarda la tortura en el país sigue siendo un desafío para todas las autoridades, señala un documento de la Suprema Corte.

En el denominado Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, se menciona que el Poder Judicial tiene la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos y, consecuentemente, le corresponde adoptar una postura asertiva para combatir la tortura.

El presidente de la Corte, Juan Silva Meza, presentará hoy el protocolo que está dividido en tres capítulos, con el objetivo de que los juzgadores aprecien que éste no solo se limita a casos de tortura, sino también considera otros delitos o malos tratos relacionados, como el encubrimiento, la intimidación o el cohecho.

Asimismo, busca ser una herramienta con un conjunto de criterios orientadores y análisis de casos específicos e hipotéticos que permitirán catalizar las acciones judiciales ante este tipo de ilícitos o violaciones a los derechos humanos.

El delito de tortura, se subraya, no se presenta en forma aislada, sino que suele ir acompañado, precedido o secundado por otros ilícitos penales y violaciones a los derechos humanos, que constituyen su campo de cultivo.

“Asimismo, en el desarrollo de los temas, se hará referencia a elementos de la teoría del delito, en la medida que la misma permite extender la acción de la justicia no solo a los delitos conexos o relacionados con la tortura, sino a conductas activas y omisivas de participación y encubridoras, imputables a agentes colaterales, subordinados o superiores jerárquicos de quienes directamente se ensucian las manos”.

De acuerdo con el protocolo, la tortura suele percibirse como un acto de otras épocas, de países muy alejados y con gobiernos antidemocráticos o como incidente en la trama de historias o películas, sin dar cuenta de su magnitud y sin ofrecer explicación de su habitualidad en nuestro país.

“Si bien se argumenta que (la tortura) es un acto desprovisto de razón o barbárico, al mismo tiempo se lleva a cabo desde la máxima expresión histórica de la organización humana: el Estado. Por tal motivo es que resulta tan impactante y contradictoria. Ello explica que se busque minimizarla, ocultarla o justificarla como un medio para fines mayores, e incluso como un instrumento para hacer justicia”, abunda.

En el capítulo dos del protocolo se mencionan las reglas de actuación dirigidas principalmente a los jueces de procesos penales para intervenir con la debida diligencia en aquellos casos en que se juzguen delitos de tortura y conexos que han llegado a su conocimiento; es decir, que han sido judicializados.

El texto

“Sabemos que, dada la enorme cifra negra o delitos no reportados, estos casos constituyen una muestra casi insignificante si se les compara con el universo de los existentes, cuya magnitud es difícil de cuantificar, y de ahí la importancia a la pregunta ¿cómo prevenir y sancionar la tortura?”, señala el documento.

El capítulo tres contiene orientaciones no solo para los jueces de procesos penales, sino también para los de ejecución penal, los de amparo y para el Poder Judicial en su conjunto, a fin de contribuir a garantizar el acceso a la verdad a víctimas de la tortura y delitos vinculados.

http://www.milenio.com/policia/Tortura-desafio-todas-autoridades_0_424157607.html

La prisión de los hermanos Razo Casales, un ejemplo: activista
"Fabricar" culpables mediante tortura, práctica común de fuerzas de seguridad
Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 26 de febrero de 2015, p. 14

La detención arbitraria y el uso de la tortura para "fabricar" culpables sigue siendo una práctica común de las fuerzas de seguridad en México, lo mismo que el encarcelamiento por tiempo indefinido para recabar pruebas contra los acusados, cuando no hay elementos suficientes para inculparlos, señaló Nancy López, coordinadora de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Un ejemplo de ello es el caso de los hermanos Verónica e Iván Razo Casales, quienes llevan más de tres años en prisión, acusados de secuestro y asociación delictuosa, en un proceso que se sostiene únicamente por las declaraciones autoinculpatorias que agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación obtuvieron mediante tortura.

Como se informó en estas páginas (La Jornada, 22/02/15), los hermanos Razo fueron detenidos el 8 de junio de 2011 por elementos de la citada agrupación e incomunicados por más de 24 horas, durante las cuales fueron torturados en espacios contiguos para obligarlos a escuchar cómo maltrataban al otro, hasta obligarlos a autoinculparse como miembros de un grupo de secuestradores.

Pese a que la misma Procuraduría General de la República documentó en junio de 2013 que ambos habían sido torturados y que los policías que los aprehendieron nunca ratificaron sus acusaciones –además de que asentaron hechos inexactos o falsos en su informe–, los dos están en prisión desde hace tres años y ocho meses –él en Veracruz y ella en Nayarit– sin tener sentencia definitiva.

"Cuando hay casos donde no hay prueba plena de la comisión de delitos, lo que hacen muchas autoridades ministeriales es prolongar el periodo de instrucción. Si fuera evidente la responsabilidad de ellos, ya estarían sentenciados, pero como hay muy poco que los tenga vinculados a proceso, la autoridad los mantiene en la cárcel", lamentó.

El caso de Verónica es todavía más delicado, pues debido a la tortura y la agresión sexual que padeció, hoy sufre problemas cardiacos y "depresión severa", para los cuales no ha recibido atención médica adecuada en el penal de Tepic.

Por todo lo anterior, la CMDPDH solicitó el pasado 9 de febrero un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, herramienta jurídica que permite a un inculpado solicitar su liberación antes de que se dicte sentencia, cuando las pruebas que lo llevaron a la cárcel ya no existen o quedaron desacreditadas.

“Sin duda este caso es un ejemplo de cómo se detiene arbitrariamente a personas para ‘fabricarlas’ como culpables, y me llama mucho la atención cómo las mantienen en reclusión, aun sin tener pruebas por esta política de combatir el secuestro”, indicó López.

www.jornada.unam.mx/2015/02/26/politica/014n2pol

Más de 3, 500 casos de tortura en dos años de gobierno de Peña

Sólo mil 884 se mantienen en investigación, según datos de la PGR
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 14

De 4 mil 55 denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal (MPF) por el delito de tortura cometido en el país de 2006 a 2014, 88 por ciento de los casos presuntamente ocurrieron en los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, según informes de la Procuraduría General de la República (PGR).

En ese contexto, de ese número de querellas sólo se mantienen en investigación mil 884, de las cuales 63 sucedieron durante la administración de Felipe Calderón y el resto al actual mandato presidencial.

Información proporcionada por las subprocuradurías de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de Investigación de Delitos Federales y la Coordinación de Planeación y Desarrollo e Innovación Institucional, la PGR recibió 4 mil 55 denuncias del primero de diciembre de 2006 al 30 de octubre de 2014.

Las bases de datos de la PGR no cuentan con información de cuántos procesos y cuántas personas han sido sancionadas por la comisión de este delito, por lo cual al dar respuesta a una solicitud de información de un particular, la dependencia señaló que esa documentación es inexistente.

Según los datos estadísticos de la PGR, en 2006 se recibieron 23 denuncias; en 2007, 11; en 2008, 15, y en 2009, 20.

En 2010 las demandas recibidas en la PGR ascendieron a 22, y desde 2011 las denuncias por presuntos casos de tortura se incrementaron exponencialmente: en 2011 fueron 109 casos; en 2012, 287; 2013, mil 165, y en 2014, 2 mil 403.

Se debe mencionar que de 2012 sólo diciembre correspondió a la gestión de Enrique Peña Nieto, lo mismo que el resto del periodo señalado en las estadísticas de la PGR.

En la gestión federal actual se han acumulado 3 mil 568 denuncias por tortura, lo que corresponde a 88 por ciento de los casos.

Respecto de las investigaciones que se encuentran en integración, la PGR sólo conserva en esa situación un caso de 2007, dos de 2009, uno de 2010, 19 de 2011 y 40 de 2012.

En cuanto a las denuncias iniciadas entre 2013 y 2014, de 3 mil 568, del primer año siguen abiertas 199, y de 2014 mil 622.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/26/politica/014n1pol

Aplicó la PGR el protocolo de Estambul en 712 casos; 71% dieron negativo

La dependencia cuenta con 159 médicos y 62 sicólogos para realizar los exámenes
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Viernes 27 de marzo de 2015, p. 13

La Procuraduría General de la República (PGR) ha aplicado en 712 ocasiones el protocolo de Estambul, mediante el cual es posible determinar si una persona ha sido víctima de torturas o tratos crueles y, de acuerdo con los resultados obtenidos de 2003 a 2014, 71 por ciento de los casos resultaron negativos.

Información de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, así como de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 2013 y 2014 fueron los años en que se recibió el mayor número de solicitudes para la aplicación de dicho protocolo, y se practicó en 381 casos.

De acuerdo con las estadísticas institucionales, en 2003 se presentaron cuatro solicitudes y al aplicar el protocolo dos casos resultaron negativos y dos positivos por la comisión de malos tratos.

En 2004 se llevaron a cabo 23 exámenes, de los cuales 15 resultaron negativos, dos positivos por tortura física, uno por tortura mixta y cinco por malos tratos.

En 2005 se contabilizaron 38 denuncias por tortura física en las que se pidió que se aplicara el Protocolo de Estambul. 27 casos resultaron negativos; sin embargo, en dos hubo tortura física, en cuatro malos tratos y en cinco tortura indeterminada por información insuficiente o sin elementos, pero catalogada como sucedida.

En 2007, de las personas detenidas que solicitaron la aplicación de la prueba, en 29 casos los resultados fueron negativos para tortura, en dos se cometió tortura física, en tres tortura sicológica, en cinco tortura mixta y en seis malos tratos.

En 2008 las quejas en las que se aplicó esa prueba sumaron 23. Catorce resultaron 14 negativas, en cuatro se incurrió en tortura física, en dos hubo tortura sicológica y en tres tortura mixta.

En 2009 también se presentaron 23 denuncias, de las cuales en 11 casos no hubo evidencia de la comisión de actos ilícitos, en uno se incurrió en tortura física, en cuatro en tortura sicológica, en dos hubo tortura mixta y en cinco se cometieron malos tratos.

Entre 2010 y 2014 se presentaron 540 casos en los que las personas detenidas afirmaron haber sido objeto de tratos crueles o degradantes. Tras la realización de los exá,emes, 403 resultaron negativos. En cuanto a los datos de las pruebas que resultaron positvas, se determinó que en 25 casos se cometieron torturas físicas, en 10 tortura sicológica, en 14 tortura mixta y en 87 se incurrió en malos tratos.

La PGR cuenta con 159 médicos y 62 sicólogos para la aplicación del protocolo de Estambul.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/27/politica/013n1pol

PGR y Ejército enfrentan 1,254 juicios por trato cruel
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2015, p. 14

Las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a civiles detenidos por miembros de las fuerzas federales (policías o militares) durante los tres sexenios pasados (dos del PAN y el actual del PRI), han provocado un auge de demandas administrativas contra la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con documentos estadísticos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), consultados por La Jornada.

Entre enero de 2012 y diciembre de 2014, de acuerdo con los registros contenidos en informes anuales del TFJFA, la procuraduría y el Ejército han litigado en ese tribunal al menos mil 254 juicios derivados de reclamaciones administrativas de indemnización presentadas por mexicanos y/o por extranjeros que exigieron pagos millonarios a ambas dependencias, por concepto de reparación de daño moral.

La mayoría de los juicios administrativos derivan de quejas de personas –algunas acusadas de tener vínculos con el crimen organizado– que fueron detenidas mediante prácticas policiacas o militares prohibidas en México, ya sea porque los elementos de las fuerzas federales violaron derechos humanos o debido a que los obligaron a confesar su culpabilidad mediante tortura física o sicológica. Dos de los casos más sonados son el de Guillermo Vélez Mendoza (quien fue detenido y asesinado bajo tortura en 2002), cuyos familiares fueron indemnizados por la PGR con poco mas de 9 millones de pesos por concepto de reparación de daño moral, y el de las indígenas queretanas Alberta, Jacinta y Teresa (acusadas de haber intentado secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación), quienes en 2013 ganaron un litigio a la dependencia federal y deberán recibir más de un millón de pesos de indemnización cada una.

Otro caso reciente es el que hizo público el abogado especialista en derecho de amparo, Alberto del Castillo del Valle, quien en diciembre pasado informó que la Sedena admitió actos de tortura en agravio de tres oficiales de la milicia acusados de proteger a Los Zetas en Coahuila y los indemnizó con una suma de 49 mil pesos a cada uno.

La Secretaría de la Defensa Nacional indemnizó al teniente de Infantería Sócrates Humberto López Escobar y los subtenientes de Infantería Alexis Ríos Cruz y Francisco Javier Soto Núñez, ya que sus abogados demostraron que los militares fueron objeto de torturas y vejaciones por parte de otros militares, cuando fueron detenidos en marzo de 2011 en Coahuila.

Del Castillo, quien asesoró legalmente al oficial Ríos, dijo en entrevista que el monto de la indemnización no es tan importante como el reconocimiento de torturas por parte de la Sedena, lo cual destacó que debiera derivar en una investigación contra los militares torturadores.

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/06/politica/014n2pol

La SRE da por terminado el diferendo sobre tortura con el relator de la ONU

Señala que lo dicho de forma pública por el experto es inconsistente con su informe final
Ciro Pérez

Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2015, p. 14

El Estado mexicano "tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos", aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al hacer "una serie de aclaraciones" en torno al informe de Juan Méndez, relator sobre el tema del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –quien aseguró que la tortura en México es "generalizada"– en ocasión de la visita que realizó en 2014, y con las cuales "da por terminado el diferendo".

En un extenso comunicado, destaca que esta disposición se acredita con el trabajo de todos los órdenes de gobierno de los años recientes enfocado a fortalecer el marco jurídico e institucional que le da respaldo y lo garantiza.

"Al mismo tiempo, México reconoce, sin la menor ambigüedad, que existen retos significativos para lograr, en los hechos, una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país. En particular, se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada."

Destaca que la SRE valora positivamente la visita y las recomendaciones del relator y por lo mismo interesa que sus diagnósticos sean objetivos. Sobre el particular la dependencia subrayó lo siguiente:

• La "plena cooperación [del gobierno] durante la visita" está reconocida por el relator en su informe.

• El Código de Conducta al que están sujetos los relatores requiere de ellos que “al expresar sus opiniones… [deben] indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate. Catalogar la posición de la SRE como presión va contra el espíritu y la letra de este código”.

• Existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido.

• Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad.

• El relator define el término "generalizado" como actos que no son "aislados". Esto contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional.

• El relator realizó visitas a centros penitenciarios, de arraigo, de readaptación para menores y estaciones migratorias. Muchas de ellas se realizaron sin previa cita.

• El relator asegura categóricamente que no recibió en ningún momento denuncias de tortura.

• Indica que, cuando se lleva a cabo, la tortura se realiza entre el momento de la detención y la puesta a disposición de la persona ante el juez. Nuevamente, todo esto no es congruente con la afirmación de que la tortura se practica en forma generalizada.

• El señor Méndez transmitió los datos sobre 14 casos de tortura. Se ha proporcionado información sobre el estado que guarda la investigación correspondiente en 12 de ellos.

• Esto último reduce innegable y significativamente el universo de casos donde se alega esa práctica.

• Otra inconsistencia radica en una de sus declaraciones, según la cual el relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención.

• Ante esta grave afirmación, la SRE transmitió al relator la preocupación de esta dependencia de que mencione tortura hacia niños sin compartir la información que lo lleva a esta conclusión.

• Esta afirmación no se sostiene en lo descrito por el relator en su informe, en el cual hace referencia únicamente a pobres condiciones de infraestructura y malos tratos, pero en ningún momento se refiere a tortura.

• El relator es inconsistente entre lo que afirma de manera pública, en los medios de comunicación y lo que refiere en su informe final.

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/06/politica/014n1pol

Presiones al relator Méndez, para ocultar la persistencia de la tortura en México: ONG

Llaman al gobierno de Peña Nieto a retirar la carta de extrañamiento

‘‘Inaceptable, que la Secretaría de Relaciones Exteriores rompa con un mecanismo de Naciones Unidas’’, consideran
Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 3 de abril de 2015, p. 4

Las ‘‘presiones’’ del gobierno mexicano hacia el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, para que cambiara el sentido de su informe, son un signo ‘‘preocupante’’ por la forma en que las autoridades buscan ocultar la persistencia de este delito para cuidar su imagen en el extranjero, señalaron organizaciones de la sociedad civil.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró ‘‘muy preocupante’’ que el gobierno de México haya tratado de modificar el documento de conclusiones del funcionario, en particular sobre el carácter ‘‘generalizado’’ de la tortura, pues dicha pretensión va más allá de sus facultades en este tipo de ejercicios.

‘‘Normalmente la práctica es que los relatores mandan su informe al gobierno en cuestión unos días antes de hacerlo público, para ver si quiere hacer comentarios o corregir imprecisiones, como estadísticas o nombres de instituciones, por ejemplo, pero no sus interpretaciones ni la calificación de los hechos. Pedirle al relator Méndez que cambie su opinión es algo inaudito’’, enfatizó.

‘‘Si el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto realmente tiene un compromiso con la Constitución, en el sentido de que la política exterior mexicana se regirá por la defensa de los derechos humanos, lo que corresponde hacer es retirar la carta de extrañamiento al relator de la ONU y aceptar de inmediato su visita en 2015 o 2016. No es aceptable que la Secretaría de Relaciones Exteriores) rompa con un mecanismo de Naciones Unidas’’, manifestó el activista.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, subrayó por su parte que el diferendo entre el gobierno y el relator Juan Méndez es una muestra de cómo la política exterior mexicana ‘‘muchas veces se preocupa más por la apariencia y la imagen del país que por la realidad que se vive’’ en fenómenos como la tortura y otras violaciones graves.

En ese contexto, aseveró que el carácter ‘‘generalizado’’ de la tortura se refiere a que existen ‘‘patrones repetitivos en el momento de la detención, antes de poner a la víctima a disposición de la autoridad y en la complicidad entre policías, agentes del Ministerio Público y peritos’’ para ocultar los hechos.

‘‘Cuando (el canciller José Antonio) Meade cuestionó la ética y la probidad de Méndez, me pareció muy desafortunado e indebido, porque eso significa desconocer su trabajo de décadas. Descalificarlo contribuye en el fondo a debilitar los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y ese es un punto muy preocupante’’, recalcó.

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/03/politica/004n1pol

Y porque no pusieron el informe? ¬¬

23 abril 2015
Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado investiga 23 denuncias por tortura sexual, sin embargo, Jesús Peña Palacios, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), considera que existe una cifra “negra” superior a la oficial de casos que no son reportados.

Sostiene que la mayoría de estas acusaciones son minimizadas y se mantienen archivadas en prácticamente todos los estados del país, donde se involucra a corporaciones policiacas, miembros del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina Armada de México.

Durante el foro “Realidades que también viven las veracruzanas” celebrado en esta ciudad, el representante adjunto en México OACNUDH, Jesús Peña, lamentó que en el sistema judicial mexicano no se dé seguimiento a las denuncias de tortura que mantiene a muchas mujeres condenadas por delitos que no cometieron pero fueron forzadas a autoinculparse.

“Yo rescataría cuando el relator (de la ONU) habla de una situación en todo el país, de una serie de autoridades y de casos que involucran a los tres niveles, que involucran tanto a autoridades policiales, militares; entonces, digamos que se hace un llamado a todos los estados más allá del registro que también es incompleto…”, puntualizó Peña Palacios.

En cuanto a los casos de tortura denunciados en Veracruz, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que existe una discrepancia entre las cifras que maneja la Fiscalía General del Estado con las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los dictámenes médicos que se emitieron por casos de tortura sexual en contra de mujeres.

A su vez, Stephanie Brewer, representante del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, también manifestó su desconfianza por las cifras que manejan las autoridades veracruzanas respecto a investigaciones por tortura, ya que no ha sido resuelto ninguno de los 23 casos que se denunciaron entre 2008 y 2014.

“Estos son datos estatales de la PGJ, del poder judicial estatal obviamente no incluyen denuncias federales…solicitamos los datos desglosados por hombre, mujer, por edad, no siempre tenían disponibles esos datos desagregados pero lo que sí tenemos en materia de investigaciones ministeriales por tortura, es que entre 2008-2014 tenemos 23 casos, de esos 23, existe el registro de una víctima mujer en 2012, lo cual para nosotros plantea preguntas acerca de qué condiciones tienen las mujeres víctimas de tortura sexual para denunciar, obviamente no creemos que sea un solo caso de tortura en contra de una mujer en Veracruz”, expuso.

Asimismo, Brewer reveló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos reporta que entre el año 2012 y 2014, se registraron 41 quejas por tortura o tratos crueles, en ocho casos las víctimas son mujeres veracruzanas que denuncian abusos. Estas cifras no coinciden con las estadísticas de la Fiscalía del General del Estado.

En su intervención, Santiago Aguirre, integrante del Centro de Pro, sostuvo que falta transparencia de las autoridades para informar de estos casos de tortura, pues en Veracruz las investigaciones ministeriales por este delito permanecen archivadas desde hace siete años.

En su intervención, Cristina Hardaga, representante de “Jass Asociadas por lo Justo”, hizo un llamado a la sociedad para denunciar cualquier acto de intimidación de parte de las autoridades y así evitar la impunidad de quienes recurren a la violencia y tortura para inculpar a otros. Con información de Comunica NETWORKS.

fuente: http://plumaslibres.com.mx/2015/04/23/en-veracruz-denuncias-de-tortura-sexual-estan-archivadas-desde-hace-siete-anos/

Piden expertos adecuar ley contra la tortura a estándares internacionales
José Antonio Román

Periódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2016, p. 6
El grave problema de la violencia, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México tiende a adquirir dimensiones de carácter humano, dado el creciente número de víctimas y personas afectadas de manera directa e indirecta, señaló la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

En entrevista, Helena Solá Martín y Fernando Mariño Menéndez, integrantes de la delegación de la OMCT de visita en México, señalaron que desde el exterior se ve con preocupación la realidad que vive el país, debido a las violaciones de derechos humanos.

Explicaron que su estancia en el país, que comenzó el pasado lunes, tiene como propósito conocer de manera directa el proceso legislativo en el que se prevé discutir y eventualmente aprobar las leyes contra la tortura y desaparición forzada, iniciativas enviadas al Senado en diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante los cinco días de su visita, la delegación de la OMCT se habrá reunido con legisladores y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la cancillería y de la Procuraduría General de la República (PGR), así como con representares de la Unión Europea acreditados en México y defensores de derechos humanos. En los próximos días enviarán al gobierno federal una serie de recomendaciones.

Ambos especialistas señalaron que la iniciativa de ley en materia de tortura representa un buen trabajo, pero aún tiene varios puntos peligrosos que deben ser corregidos con la incorporación de estándares internacionales de forma plena y eficaz, con la finalidad de superar la alarmante situación de violaciones a los derechos humanos.

Es necesario dejar atrás la cultura y las prácticas que han utilizado la tortura y el uso indebido de la fuerza en el quehacer cotidiano de los policías y de las autoridades, dijo Helena Solá, coordinadora del Programa para las Américas de la OMCT. La ley no debe tener grietas.

Junto con Fernando Mariño, ex miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y actual integrante de la OMCT, señaló que en sus encuentros con funcionarios del gobierno federal recibieron el compromiso de incidir para que la ley modifique los puntos que no satisfacen los estándares internacionales, recuperando en buena parte el borrador que se consultó con organismos civiles.

En esos encuentros insistimos en que las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, así como las opiniones y propuestas de las víctimas, sean escuchadas por el Legislativo para lograr una legislación adecuada con los estándares internacionales, dijo.

Helena Solá expresó que no debe existir ninguna diferencia entre la definición y la sanción que se da al delito de tortura con la de malos tratos, inhumanos o degradantes, como señala la iniciativa. La experiencia internacional, agrgegó, ha demostrado que la existencia de dos tipos de delito no ayuda a la erradicación de su práctica.

Además, las unidades especializadas encargadas de la investigación deben ser entidades autónomas e independientes, y ctener un órgano de control interno. Jamás se puede permitir que quienes torturen sean también la parte que investigue, destacó.

Fernando Mariño señaló que además de la ley debe existir plena voluntad política de las autoridades para investigar y sancionar delitos de este tipo. La impunidad es también un grave problema que debe atenderse para erradicar estas prácticas y violaciones a los derechos humanos.

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/22/politica/006n2pol