CORROMPEN CARTELES A AGENTES DE EUA

Danger escribió:no pueeeeessss!!! haci como chingaos vamos a terminar con los carteles?

ahora me pregunto
1. los gringos no le tuvieron confiansa al gobierno Mexicano
2. el informante no era de mucha confiansa
3. fueron culer0s y no quieren que Mexico se lleve la victoria

mossad escribió:

Danger escribió:no pueeeeessss!!! haci como chingaos vamos a terminar con los carteles?

ahora me pregunto
1. los gringos no le tuvieron confiansa al gobierno Mexicano
2. el informante no era de mucha confiansa
3. fueron culer0s y no quieren que Mexico se lleve la victoria

La # 1 , probablemente , como dicen : la burra no era arisca, la hicieron.Los americanos saben de que pata cojeamos o sea la corrupcion y la filtracion de inteligencia , si los americanos dan cierta informacion por ejemplo de la localizacion de un blanco y un alto mando mexicano da el pitazo no solo se salva el narco sino que probablemente deduzcan quien es el informante y lo maten.

Por eso los americanos confian mas en la SEMAR porque tienen lazos mas estrechos con ellos y mas confianza.

Lo que sorprende es que la inteligencia la tuviera la policia de Ajo que supongo yo ha de ser un pueblito rascuache y no la DEA o el FBI , lo que habla bien de dicha policia.

El narcotráfico ya infiltró a la Border Patrol

Policía • 15 Octubre 2012 - 4:27am — Reportaje por Víctor Hugo Michel

Las historias de corrupción incluyen a un agente que vendió al cártel de Sinaloa un mapa con la ubicación de sensores para detectar traficantes, mientras en Reynosa otro dejó pasar cargamentos del cártel de Golfo.

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Foto: AP

Garita de Ciudad Juárez-El Paso; a la derecha, documentos internos del gobierno de EU.
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México • Un agente policiaco que se hace de la vista gorda en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez deja pasar una camioneta repleta de cocaína y recibe un pago de miles de dólares por su cooperación. En Nogales, Yamilkar Fierros, un patrullero, revela a narcos del cártel de Sinaloa la ubicación exacta de sensores ocultos en el desierto: les entrega un mapa altamente confidencial con el que les aconseja por dónde manejar para evitar ser detectados.

En Reynosa, el policía Luis Enrique Ramírez ayuda a integrantes del cártel del Golfo a que cruce mariguana por la garita sin problemas, citándolos a la medianoche para aprovechar el descontrol del cambio de guardia. Martha Garnica, otra agente fronteriza, gana tanto dinero traficando con droga entre Chihuahua y Texas para el cártel de Juárez que se compra una mansión con alberca incluida.

El gobierno, preocupado por la creciente presencia de agentes corruptos en sus filas, inicia un súbito programa de control de confianza, practicando miles de pruebas de polígrafo en busca de elementos sucios. Decenas no aprueban los exámenes y son expulsados.

Las historias, relatos de corrupción de funcionarios públicos que han terminado en la nómina del narcotráfico, suenan similares a otras que se han repetido por México a lo largo de los últimos años.

Pero éstas tienen una diferencia: no involucran a corporaciones policiacas de México, sino a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, convertida en la última década en blanco de cada vez más recurrentes esfuerzos corruptores por parte del crimen organizado mexicano.

Cifras oficiales del inspector del Departamento de Seguridad Interna, obtenidas por MILENIO, apuntan a que en los últimos ocho años hasta 141 agentes de la Border Patrol han sido detenidos por colaborar con narcos y polleros.

“Mientras la mayoría de los agentes (fronterizos) sirve con honor y dignidad, una pequeña minoría ha traicionado la confianza del público estadunidense al involucrarse en actividades no éticas e ilegales”, detalla un reporte enviado al Congreso de ese país, apenas en mayo pasado, por Thomas Winkowsky, en ese entonces comisionado interino de Fronteras y Aduanas.

Una investigación en registros documentales del Departamento de Justicia, el FBI y la Oficina de Contraloría Interna del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) da cuenta de que al menos 30 casos de corrupción de alto perfil se registraron en la frontera con México en años recientes, entre 2009 y 2012.

Los casos, cuyos resúmenes están disponibles en la página www.milenio.com, incluyen ejemplos de agentes que aceptaron sobornos, regalos y hasta favores sexuales para lo mismo franquear el paso a embarques de droga como abrir la vía a indocumentados.

California y Texas

Focos rojos. De acuerdo con un ejercicio estadístico realizado por este diario, el grueso de las detenciones se ha suscitado en dos ciudades: El Paso, fronteriza con Ciudad Juárez, y San Diego, al otro lado de Tijuana, ambas en la zona de influencia de los cárteles de Sinaloa y de Juárez. Son seguidas de cerca por casos en Matamoros y Nuevo Laredo, controladas por el cártel del Golfo y Los Zetas, respectivamente.

Tras revisar medio centenar de comunicados de prensa del FBI, así como cuatro reportes anuales del contralor interno del DHS —que abarcan el periodo 2003-2011—, las cifras obtenidas destacan que en los últimos tres años han sido detenidos cuatro agentes en las garitas de El Paso por su involucramiento con los cárteles de la droga o por extorsionar a migrantes indocumentados.

El caso más reciente fue anunciado apenas el 5 de octubre pasado e involucra al agente fronterizo Juan Carlos Guerrero, acusado por el Departamento de Justicia de haber encabezado una célula dedicada al tráfico de migrantes, además de permitir el paso de embarques de cocaína previo el pago de un soborno.

De acuerdo con la acusación en su contra, registrada en la Corte federal del sur de Texas, Guerrero trabajaba como encargado de garita en los puertos de entrada de Pharr y Anzalduas. Desde ahí permitió durante dos años el ingreso de decenas de indocumentados, a los que cobraba entre mil y 3 mil dólares por persona para exentar de revisión vehicular.

En cuanto a San Diego y Tijuana, las garitas que registran el mayor problema de corrupción son San Ysidro y Mesa de Otay. Entre ambas cuentan con ocho agentes de CBP detenidos por su participación en actividades ilícitas en cuatro años.

En lo que se refiere a Arizona, según los registros consultados, desde 2009 hubo 10 casos repartidos entre las garitas de San Luis Río Colorado, Yuma y Nogales. Fue en esta última en la que se registró el caso que involucra a Yamilkar Fierros, integrante de la Patrulla Fronteriza.

Documentos de la Corte federal de distrito en Arizona detallan que Fierros vendió en 2009, a un operador del cártel de Sinaloa, un mapa con los registros de caminos y puntos de control de la Border Patrol en el Valle de San Fernando por mil dólares.

No fue su única colaboración con las organizaciones del crimen organizado mexicano. Ese mismo año vendió en 4 mil dólares otros dos mapas con las ubicaciones de 180 sensores subterráneos ubicados en Sonoita.

Focos rojos en Washington

La creciente penetración de los cárteles en las filas de CBP ya prendió los focos rojos en Washington: desde 2010 el Departamento de Justicia lanzó una campaña de controles internos muy similar a las que se iniciaron en México a principios del sexenio de Felipe Calderón.

Ante la preocupación de una penetración de los cárteles de la droga, se ha ordenado que todos los agentes de CBP —que incluye a la Patrulla Fronteriza y a los encargados de aduanas— pasen por una batería de pruebas de control de confianza, incluido un examen de polígrafo. Todos los oficiales tendrán que haber sido acreditados antes de 2013.

La intranquilidad por la situación es compartida en el Legislativo. “El Congreso está preocupado de que, debido a las rápidas contrataciones hechas desde 2005 en el Buró de Control y Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), así como Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hay potencial para un incremento de corrupción”, advirtió en agosto pasado el comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes.

Claves

Caza de agentes

- De los 141 agentes fronterizos detenidos desde 2004, 102 han cometido actos de corrupción, como tráfico de indocumentados y de drogas, o filtraron datos sensibles a cárteles.

- Dado el elevado riesgo de penetración de los cárteles de la droga, el FBI mantiene en la frontera con México 12 unidades anticorrupción, dedicadas a la búsqueda permanente de agentes que hayan sido cooptados por el crimen organizado.

- El Congreso de EU aprobó 3 millones de dólares para pruebas de polígrafo de cara a 2013, cuando la totalidad de los agentes fronterizos deberán haber pasado controles de confianza.

Sicarios del Chapo dicen haber comprado armas a la Border Patrol

7. noviembre, 2012 José Reyez


Un grupo de sicarios del cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín Guzmán, arropados como testigos protegidos por la Procuraduría General de la República, develan las operaciones para el trasiego de drogas y armas en medio de enfrentamientos con sus homólogos de los cárteles de Los Zetas y los Beltrán Leyva para recuperar la “plaza” de Sonora. Señalan a la policía fronteriza estadunidense como la encargada de entregarles fusiles de asalto AK-47 y explican cómo se organizaron para “arrasar” con los cárteles contrarios



Pasajes de la vida criminal de los sicarios del cártel de Sinaloa, que operan en Sonora, son puestos en relieve por “testigos protegidos”. Sus testimonios, contenidos en el expediente 49/2011 instaurado en contra de César Villagrana Salazar, alias el Placas, líder del grupo Gente Nueva en Santa Ana y Magdalena de Kino, por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego, fue capturado el 3 de mayo de 2011 y recluido en el Centro de Readaptación Social del Altiplano.

César Villagrana Salazar quedó al mando del grupo de sicarios Gente Nueva al servicio de Joaquín Guzmán Loera en Sonora, a la muerte de Édgar Resendiz Olguín, el Navajas, quien cayó abatido en un enfrentamiento en 2010, y fue señalado como el supuesto responsable de secuestros, levantones y el pago a las autoridades que colaboran con la organización delictiva en la entidad.

Villagrana recibía órdenes directas de Adán Salazar Zamorano y los hijos de éste, Adán y Alfredo, jefe de las “plazas” de Nogales, Hermosillo, Magdalena de Quino y Santa Ana, y era el responsable de combatir a los sicarios de Los Zetas y de los Beltrán Leyva, que disputaban la “plaza” de Sonora al Chapo, así como a miembros del grupo La Línea que operaban en Chihuahua, de acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/175/2010.



Habla el testigo Victoria

“Durante el tiempo que pertenecí a la organización comandada por el Chapo Guzmán, brazo armado denominado Gente Nueva, desde diciembre de 2009, como encargado de buscar información para ubicar a la gente de Los Zetas y de los Beltrán Leyva, estaba bajo las órdenes del difunto Navajas, Édgar Reséndiz Olguín”, dice el testigo colaborador con clave confidencial Victoria.

En su declaración ministerial rendida el 7 de febrero de 2011, Victoria narra cómo César Villagrana, Reséndiz Olguín y Raúl Sabori Cisneros, el Negro, en diciembre de 2009 encabezaron varios operativos para erradicar de Nogales a los sicarios de Los Zetas y los Beltrán Leyva.

“…Entre el 18 y el 20 de diciembre de 2009, salimos de Santa Ana a Nogales en 80 camionetas, con cinco o seis gentes [sic] en cada una, al mando del Negro, el Jabalí y el Yiyo, este último encargado de la gente del Mayo Zambada que estaba apoyando (…). Fuimos a reventar varias casas de gente de Los Zetas y los Beltrán. Llegando a Nogales se dispersaron las camionetas, hubo varios enfrentamientos en diferentes lugares, matando a varios Zetas y detenidos que posteriormente los ejecutaron (…). Ese día nos regresamos a Santa Ana para volver al día siguiente por la noche a buscar domicilios de los contras y nuevamente hubo enfrentamientos y muertos de Los Zetas y los Beltranes. Fueron tres días” de intensos combates en los que finalmente se retomó la “plaza”.

“Después –continúa Victoria– ya estando trabajando [sic] con el Navajas en Nogales, fuimos varias veces en marzo, abril y mayo de 2010 a Santa Ana a juntarnos con la gente del Placas, antes llamados Los Jabalíes, para ir al poblado de Saric, donde estaban escondidos gente de Los Zetas y los Beltrán. Pero en esa ocasión no pudimos entrar al pueblo porque las autoridades implementaron [sic] operativos y nos avisaban de la gente que estaba en puntos, es decir, informantes, y regresábamos incluso por el monte porque había puestos de control por las carreteras.”

El 31 de junio de 2010, César Villagrana al mando del grupo de sicarios de Gente Nueva de Santa Ana y Magdalena de Quino, junto con Raúl Sabori, el Negro, se reunieron en el poblado de La Cebolla, mientras que el grupo de Édgar Reséndiz, el Navajas, y el grupo de Los Paleteros, que operaban en el poblado de Altar, se reunieron en el ejido La Sangre. Por teléfono se coordinó el operativo para entrar a los poblados de Saric y Tubutamac.

“Nos trasladamos en 20 camionetas con cinco sicarios en cada una, intentamos entrar al pueblo de Zaric –distante a cuatro horas de Nogales– a las cinco de la mañana para buscar casas donde estaban Los Zetas, en específico buscando al Jilo, encargado del grupo, pero fuimos emboscados y se desató un enfrentamiento que duró dos horas.”

El testigo agrega que la gente del Negro y Los Paleteros, que eran cuatro hermanos de apellido Jáuregui, salieron huyendo y nos quedamos sólo la gente del Navajas y el Placas, desde un cerro repeliendo la agresión, hasta que se terminaron los cartuchos y regresamos a Santa Ana”.




Entre dos cactus y un mezquite

Desplazados de Nogales, los sicarios de Los Zetas y los Beltrán Leyva se refugiaron en Saric, donde se pertrecharon para reorganizarse. Nadie entraba ni salía del pueblo y quienes salían por víveres eran ejecutados.

En mayo de 2010, durante un operativo conjunto del Ejército y las policías federal, estatal y municipal para buscar a dos policías que habían sido levantados por Raúl Sabori Cisneros, el Negro, cuando llevaban víveres a los sicarios atrincherados en Saric, Victoria recibió la orden del Negro de trasladarse al rancho Emma, ubicado entre Santa Ana y Caborca, en el kilómetro 27, para desenterrar a los uniformados que habían sido ultimados y trabajaban para el Jilo, jefe de los sicarios de los Beltrán Leyva.

“El Negro los ejecutó; los llevó a enterrar a un rancho en Caborca. Me dijo que un guía me llevaría al rancho a desenterrarlos y llevarlos a otro lugar. Fuimos el M, el Poli, el Gordo y cinco sicarios más. El Poli tomó la pala y comenzó a cavar al filo de un cactus; a estos policías se les enterró entre dos cactus y un mezquite. Después me regresé a Nogales.”

César Villagrana, de acuerdo con el testimonio del “testigo protegido” Victoria, era el responsable en Santa Ana, Sonora, de bajar las avionetas cargadas con mariguana provenientes de Sinaloa para enviarlas a Nogales, desde donde Ernesto Bernal, el Caras, pasaba los cargamentos de droga a Arizona, Estados Unidos.

“El Placas, para hacer lo de las camionetas cargadas de mariguana y controlar Santa Ana, le pagaba a la policía municipal, la estatal, a la de caminos y al piloto del helicóptero de intercepción de la Agencia Federal de Investigación”, dice Victoria.



El 12 de febrero de 2011, de acuerdo con el parte rendido por un subteniente y el soldado de caballería del Ejército Mexicano de apellidos Moreno García, Villagrana fue capturado en el aeropuerto de Nogales, donde tomaba clases de vuelo.

El parte militar reza: “En virtud de haberse recibido una denuncia anónima, en la cual se informó que el jefe de la “plaza” de Santa Ana y de Magdalena de Kino, por parte de la organización delictiva Guzmán Loera, conocido como César Villagrana, alias el Placas, arribaría a las instalaciones del aeropuerto, para que extremara las medidas de seguridad, ya que se trataba de un importante miembro de la organización delictiva…”.

A Villagrana Salazar se le decomisaron una pistola .9 milímetros, 30 mil pesos (que ofreció a los militares para que lo dejaran en libertad), y fue puesto a disposición de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) –ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada–, según el reporte militar.

“No es cierto lo que dicen los soldados”, se defendió César Villagrana según su testimonio ante el Ministerio Público federal de la Siedo del 13 de febrero de 2012. “Llegué al aeropuerto a mis clases de aviación y los soldados me subieron a una camioneta, me llevaron al hangar del Ejército golpeándome en la cabeza varias veces (…). Lo que dicen los testigos colaboradores es totalmente falso”.

El 22 de febrero de 2010, de acuerdo con el oficio PF/JEM/SIII/DG/0693/ 2010 signado por los policías federales José Ríos Salazar y Erlay Vázquez Mendoza, se reportó la detención de José Paulino Vázquez Villagrana, el Jabalí, líder del grupo de los Villagrana.

“(…) Los suscritos, policías federales, en compañía de fuerzas federales (Ejército) nos encontrábamos realizando [un] patrullaje en la ciudad de Santa Ana cuando por la carretera Hermosillo-Caborca, a la altura de la Universidad Autónoma de Sonora, un desconocido nos reportó que había hombres armados cerca de la gasolinera de la avenida Reforma…”.

Fue ahí precisamente donde capturaron a Paulino Vázquez, quien, dice el parte oficial, “(…) nos manifestó que es el líder del grupo delictivo de los Villagrana y/o Los Jabalíes, dedicado al trasiego de cocaína y mariguana para la organización que encabeza Joaquín Guzmán Loera (…).

“Mencionó que en 2006, líderes del cártel de Sinaloa que controlaban las operaciones del trasiego de droga a través del estado de Sonora se acercaron a él, por lo que le pidieron su apoyo en el almacenamiento y traslado de la misma hacia Estados Unidos.

“Posteriormente se entrevistó con Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, en la Ciudad de México, donde éste le propuso trabajar juntos en el control de la ruta de trasiego de droga, contactándolo con su hermano Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, con quien se coordinó para establecer el control de las diferentes rutas de trasiego en su zona de operación (…).”


En 2009, tras la ruptura de los hermanos Beltrán Leyva con los líderes del cártel de Sinaloa, derivada de la detención del Mochomo, Paulino Vázquez continuó operando con el Barbas; sin embargo, surgieron diferencias entre ambos a raíz de la alianza de éste con el grupo armado de Los Zetas, lo que lo motivó a cambiarse de bando y trabajar con el Chapo Guzmán.

“En noviembre de ese año, durante una reunión de jefes de ‘plaza’ de Sonora del cártel de Sinaloa, celebrada en Ciudad Obregón y convocada por Alfredo Salazar, el Alfa o el Pelos, a través de los operadores del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, planearon limpiar la ‘plaza’ de Nogales de integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, entre ellos el M4 y el Tigre.”

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el Negro Sabori, el Nini Beltrán, Alfredo Paredes y Páez, el Cejudo, todos de Caborca; los hermanos Paredes Cardiales, de Agua Prieta, y el Gigio, de Nogales, entre otros.

Después de la reunión, el Jabalí, al mando de un grupo de sicarios fuertemente armados, entró a Nogales en un convoy de vehículos marcados con una X en las carrocerías para distinguirse del bando contrario. El saldo contra los sicarios del grupo de Beltrán Leyva fue de varios muertos y heridos. Ese mismo día se colocaron mantas en puentes peatonales de Agua Prieta y Nogales con mensajes firmados por el grupo La Plaza, como se autodenominaron.

El 15 de octubre de 2010, el testigo colaborador Victoria describe que ingresó al cártel de Sinaloa a través de José Paulino Vázquez Villagrana, como parte de su escolta personal, en noviembre de 2009, con un pago de 6 mil dólares mensuales, y 50 dólares adicionales por cada avión cargado de cocaína que llegara a México, vía Oaxaca, procedente de Colombia y Costa Rica.

Él era el responsable de recibir, descargar y dar seguridad a los cargamentos de droga. Contaba con el apoyo de los sicarios el Cabezón, el Cepi, el Compirri, el Pollo, el Caborca, el Caborquita, el Coque, el Brian y el Choco, entre muchos otros que, dice, en su mayoría fueron abatidos en los enfrentamientos de Saric, el 1 de julio de 2010, contra los Zetas, y en Magdalena de Kino en febrero y marzo de ese año.


Tráfico de armas

En su extensa relatoría ante la autoridad ministerial, Victoria describe que, además de arrasar con los sicarios de Los Zetas y Beltrán Leyva desde Santa Ana hasta Nogales –“la instrucción era matarlos a todos”– para tener el control total de la venta de cocaína, mariguana, también se hacía por “el tráfico de armas que trasladaba desde Estados Unidos la Bordel [Border] Patrol (Patrulla Fronteriza) que está en la frontera Nogales-Sonora y Nogales-Arizona”.

Los cargamentos grandes de armas ingresaban al país por la frontera Douglas-Agua Prieta, dice el testigo, y añade que: “Yo fui a recoger 30 cuernos de chivo a una casa propiedad de Macario, el Cuatro, brazo derecho de Alfredo Salazar, el mero patrón de Sonora y uno de los brazos derechos del Chapo Guzmán, según Edgar Romeo Reséndiz Olguín, el Navajas”.


La estructura

Victoria describió la estructura criminal de la célula del Chapo Guzmán en Sonora: “José Vázquez Villagrana, líder del grupo delictivo los Villagrana o Los Jabalíes; Ramón Vázquez Villagrana, segundo al mando, reside en Tucson, Arizona y es el responsable de proveer armas al grupo; César Villagrana Salazar, encargado del control del trasiego y la cooptación de autoridades de los tres niveles de gobierno; Arnulfo Echegaray, el Chóforo, responsable de recibir las armas y la droga y de resguardar los cargamentos de mariguana.

Le siguen sus lugartenientes, quienes controlan las rutas para el trasiego de drogas y armas, entre ellos Alfredo Salazar, quien recibía el dinero que mandaba el Chapo para el Jabalí, y responsable de organizar la logística de los enfrentamientos con los demás cárteles, pago de sueldos a los sicarios y “la compra de armas a la Border Patrol, de Estados Unidos”.

“Jorge Alberto Martínez Quintanar, el Coque, escolta personal del Jabalí y responsable de resguardar las armas, y esposo de Cynthia Alanís Beltrán Cabrera, a quien le aseguraron un arsenal de armas de fuego en abril de 2009. Raúl Sabori Cisneros, quien controla las rutas de tráfico de armas de fuego y drogas en Caborca, así como Adolfo Jáuregui Meza.

“Raúl Herrera Arias, Cara de Chile, exagente de la Policía Federal de Caminos, enlace con las organizaciones colombianas y responsable de recibir los cargamentos de droga de Chiapas y Oaxaca; José Ramírez Cota, el Pony, operador del grupo criminal en Jalisco; Gustavo Bojorques Quintana, el Carabinas, su escolta.”


Testigo Lucero

El testigo colaborador con nombre clave Lucero refiere: “Yo formé parte de la organización delictiva denominada cártel de los hermanos Beltrán Leyva desde principios de 2008 hasta septiembre de 2009. Conocí a varios de sus miembros en la casa de seguridad de la organización, ubicada en la colonia La Herradura, municipio de Huixquilucan, Estado de México.

“Ahí conocí al Java (José Vázquez Villagrana), uno de los que estaba a cargo del estado de Sonora, encargado de la logística del trasiego de droga por tierra y por mar desde Nayarit, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, hasta Estados Unidos, a las ciudades de Tucson, Arizona, Denver, Colorado y Los Ángeles, California, utilizando su flotilla de aviones de la que se apropió a la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo.

“Cuando detienen al Mochomo, a mediados de 2009, Arturo Beltrán Leyva, el Tío; Édgar Valdez Villarreal, la Barbie, y José Álvarez Vázquez, el Indio, se dan cuenta de que el Java les estaba fletando a Nacho Coronel y a la Familia Michoacana, concretamente al Lobo Valencia, y quería empezar a cobrar por kilo lo que se transportaba y derecho de piso por todo lo que pasaba por Sonora.

“Arturo Beltrán Leyva, la Barbie y el Indio enviaron gente a Nogales, Hermosillo, Bahía de Kino, Santa Ana, Puerto Peñasco y a la reserva del grupo étnico los celis [sic, probablemente seris], así como a unas islas en el Mar de Cortés, con la finalidad de proteger los embarques de droga de la organización que el mismo Java ya estaba robando o decomisando y exigiendo que se pagara derecho de piso por el paso de la droga por su territorio, así como para matarlo. Pero en ese tiempo había una tregua entre cárteles para no atacarse entre sí. Es cuando el Java, por temor a que lo mataran los Beltrán Leyva, se afilió con el Chapo Guzmán para que lo cobijara.

“Pero la organización de los hermanos Beltrán Leyva le hizo saber al Chapo, por medio de Nacho Coronel, que el Java era un traidor y que aunque estuviera al cobijo de ellos iban a ir por él para ejecutarlo. También les advirtió que un traidor traiciona dos veces y que eso iba a hacerles tarde o temprano al Chapo y a la Familia Michoacana. Después, se desataron los enfrentamientos en Nogales, San Luis Río Colorado, Hermosillo y otras ciudades de Sonora.”


Testigo Zenya

Zenya identificó en la Siedo al Caras, a partir de una fotografía que le mostraron los agentes federales, cuyo pie de foto identificaba al Caras como Delta Uno: “Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa, cuyo líder es Alfredo Salazar, el Pelos, en las ciudades de Obregón y Navojoa; era el encargado de introducir mariguana a Estados Unidos a través de cuadrillas de burreros. Cada cuadrilla está conformada de siete o 12 personas y un guía que sabe dónde están los senderos y caminos…”, dice el “testigo protegido”.

Cada burrero recibía 1 mil dólares por transportar desde Nogales hasta Río Chico, Estados Unidos, 25 kilogramos de mariguana, sorteando cerros y brechas escarpadas para evitar ser detectados por las autoridades, declara Zenya.

Los encargados de la “plaza”, agrega, eran Édgar Reséndiz Olguín, el Navajas; el Macario; Mario Francisco Sánchez Páez, el M, yerno del Negro Sabori, quien a su vez recibía órdenes de Alfredo Salazar; el Caras, encargado de la logística; el Gordo, responsable de custodiar la droga hasta la frontera.

El Gordo fue ascendido después como jefe de una célula de sicarios de Nogales, la misma que ubicaba y levantaba a los sicarios de los grupos contrarios. “La principal función de esta célula consistía en ubicar y levantar a los contras, si nos cerciorábamos de que pertenecían al cártel contrario, se les daba piso. Generalmente Édgar Reséndiz Olguín, el Navajas; Mario Francisco Sánchez Páez, el M, e inclusive el Caras, los interrogaban”, señala Zenya.



La DEA informa

En el expediente penal 49/2011 instaurado en contra del Placas, destaca por su importancia el oficio MX-11-0355 del 30 de marzo de 2011, signado por Joseph E Evans, director regional de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en México, Distrito Federal, que da cuenta del modus operandi de los sicarios del Chapo, Gente Nueva.

“La oficina de la DEA en México, en apoyo de las investigaciones conducidas en Estados Unidos, por medio de múltiples fuentes de información, ha identificado la identidad [sic] de organizaciones de tráfico de narcóticos y armas ilícitas. La organización ha sido identificada por el nombre de Las Jabalinas y opera con base en las ciudades de Santa Ana y Magdalena de Kino, del estado de Sonora.

“Las fuentes informativas han identificado a un líder antecesor, José Vázquez Villagrana, el Jabalí, quien después de su arresto por el gobierno de México se identificó estar asociado con la organización de narcotráfico de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

“Se ha verificado que la organización de Las Jabalinas, como parte de sus estrategias o método para proteger el contrabando de drogas, ha colocado cámaras a lo largo de la autopista Nogales-Hermosillo y alrededor de las entradas y salidas de las ciudades de Santa Ana y Magdalena de Kino (…). Se ha colocado como proveedor de un número de individuos y organizaciones que forman parte de investigaciones en Estados Unidos.

“Se han identificado positivamente a los siguientes individuos como miembros de Las Jabalinas: Ambrosio Vázquez Villagrana, César Villagrana Salazar, Carlos Villagrana Salazar, René Villagrana Salazar, Ramón Vásquez Villagrana, Wilfrido Torres, Jorge Martínez Quintanar, Cynthia Alanís Beltrán Cabrera, Gilberto Vásquez Vásquez y Eduardo García Jiménez.

“Ambrosio Vásquez es el contacto principal en Arizona; César Villagrana (preso) es quien lidera a la organización y propietario del hotel Don Ángel, en Santa Ana, centro de control y comando para el monitoreo de vigilancia; Carlos Villagrana (finado) coordinaba el equipo aéreo para el contrabando y es dueño del hotel La Villa de Santa Ana, utilizado para lavado de dinero; René Vásquez quedó al mando de la organización al ser arrestado César Villagrana; Ramón Vásquez, conduce y lleva a cabo asesinatos; Wilfrido Torres, propietario del hotel Star Inn, utilizado para lavado de dinero; Eduardo García Jiménez, propietario de varios negocios en Santa Ana para lavado de dinero como Plaza Elba; Jorge Martínez Quintanar, dueño de propiedades para almacenaje de contrabando; y Cynthia Alanís, encargada de monitorear la mercancía almacenada.”

Otro oficio, el MX-11-0362, firmado también por el director regional de la DEA en México, Joseph E Evans, del 5 de abril de 2011, da cuenta de que el 13 de abril de 2009, “la Secretaría de Seguridad Pública durante la revisión de la residencia de Jorge Martínez Quintanar y Alanís Beltrán Cabrera, ubicada en Santa Ana, encontró grandes cantidades de armamento y municiones de uso exclusivo del Ejército.

“Múltiples fuentes informativas de nuestra Agencia –agrega el oficio– han informado que el armamento confiscado fue adquirido para miembros de la organización Las Jabalinas. Esto con fines de proteger su corredor de tráfico en contra de grupos rivales y autoridades policiacas (…). Martínez Quintanar desalojó la residencia justo antes del arribo de los agentes de seguridad (…), la orden de la compra de las armas fue de César Villagrana Salazar.

“Después del arresto de César Villagrana, su hermano René tomó el control de Las Jabalinas. Dirige el contrabando de drogas, armas, extorsión y lavado de dinero. Nuestras fuentes en Sana Ana han identificado el 63231839399, como el teléfono celular de René Villagrana”, concluye el reporte de la DEA

Al menos 15 intentos de capos mexicanos por infiltrar Patrulla Fronteriza: informe

De acuerdo con un reporte del Departamento de Seguridad Interna estadunidense, son 15 incidentes de este tipo, que se han detectado por pruebas de confianza
Notimex
Febrero 2, 2013 12:10 am

DALLAS. Los cárteles mexicanos están recurriendo cada vez más a sobornar a los agentes fronterizos estadunidenses y han tratado de infiltrarse en las corporaciones policiales para eliminar obstáculos a sus contrabandos, reveló un reporte oficial.

El informe, elaborado por el Instituto de Análisis y Estudios de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Interna, describió 15 incidentes en los que personal asociado a los cárteles intentaron infiltrarse en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los intentos de infiltración han sido detectados por la agencia como parte de las pruebas de detector de mentiras a las que son sometidos los prospectos a ser contratados para formar parte de la Patrulla Fronteriza y de otros empleos dentro de la dependencia, añadió.

El reporte de 80 páginas fue obtenido tras su reciente desclasificación por el Centro para el Periodismo de Investigación (CIR), dedicado a recabar y difundir información para permitir a la ciudadanía exigir rendición de cuentas a gobiernos, empresas y otras entidades en el poder.


147 agentes acusados de corrupción desde 2004

De acuerdo con la información, un total de 147 funcionarios y agentes de la CBP han sido acusados o sentenciados por delitos de corrupción desde el 1 de octubre de 2004. Una docena de esos casos fueron descubiertos durante 2012.

“Esta es una pequeña minoría de la fuerza de trabajo, pero representa una amenaza para nuestra seguridad nacional”, escribieron los autores del reporte.

La CBP ha acusado a estos agentes de delitos como aceptar sobornos para permitir que drogas e indocumentados ingresen a Estados Unidos y el robo de documentos y traspaso de información oficial.

Según el informe, la agencia fronteriza ha dado pasos para abordar el “problema persistente” de la corrupción. En concreto, la agencia ha utilizado los datos para investigar y analizar las posibles amenazas y las debilidades de seguridad.


“Operación Puerta Lateral”

Un ejemplo de esto es la denominada “Operación Puerta Lateral”, en la que se examinan pistas y otros datos de los solicitantes de empleo que hayan admitido la participación en el contrabando de drogas para detectar posibles vínculos con actuales empleados de la agencia.

Otra estrategia, llamada “Operación de Exposición del Suroeste”, evalúa los datos sobre incautaciones para detectar posibles casos de mala conducta entre sus agentes.

Sin embargo, el informe detalla “batallas territoriales, disfunción interna y otros problemas” que han obstaculizado los esfuerzos que realiza la CBP “para controlar y detener la corrupción y la falta de conducta, dentro de sus filas”.

A pesar de sus esfuerzos, la CBP aún carece de un enfoque integral y coordinado para descubrir la corrupción, advirtió.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza constituye la mayor corporación policial federal con cerca de 60 mil empleados.

Según el CIR, la dependencia ha tenido dificultades para establecer un régimen disciplinario propio y acabar con el “código de silencio” interno que protege a los agentes corruptos, lo que incluso impide comprender plenamente lo grave que es el problema de corrupción.

Cártel de Juárez pagaba a jefe policiaco en EU

Según versiones periodísticas y policiacas, un mando de Nuevo México recibió mil 500 dólares cada vez que permitía a los traficantes utilizar vehículos municipales para el trasiego de drogas

NUEVO MÉXICO | Jueves 26 de septiembre de 2013
AP | El Universal


Un ex concejal de una población fronteriza de Nuevo México dijo que el ex jefe de policía recibía más de dos mil dólares al mes del cartel de Juárez y permitió a los narcotraficantes utilizar los coches patrulleros de la policía.

El diario The Albuquerque Journal (http://bit.ly/1929zPJ ) dijo que el ex concejal de la población de Columbus Blas "Woody" Gutiérrez declaró el miércoles que el ex jefe de policía Angelo Vega recibió mil 500 dólares cada vez que permitió a los miembros del cártel usar los vehículos municipales, incluyendo los policiales, para el contrabando de drogas y armas.

Gutiérrez encara 10 años en una prisión federal tras declararse culpable en relación con una banda dedicada al contrabando fronterizo de armas.

Vega es el testigo clave de la fiscalía en el caso de Danny Burnett, acusado de facilitar información sobre una investigación de escuchas telefónicas federales de una banda de contrabandistas de armas y drogas.

Burnett se declaró inocente, y su esposa, la fiscal federal adjunta Paula Burnett, no ha sido acusada de delito alguno.

Compran cárteles a sheriffes de EU
José Luis Pardoy Alejandra S. Inzunza| El Universal
Martes 07 de octubre de 2014
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Compran c�rteles a sheriffes de EU

REDES DEL NARCO. Tomás "El Gallo" González, un narcotraficante ligado al Cártel del Golfo, sobornaba a los policías de la Unidad Panamá para que custodiaran los tráileres cargados con droga. Aquí, una vista de la mansión que tenía el capo en el condado de Hidalgo, Texas, donde puede apreciarce un anuncio promocional del sheriff Guadalupe Treviño, ahora en prisión . (Foto: LUIS CORTÉS / EL UNIVERSAL )
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El poder corruptor de los narcotraficantes mexicanos se encuentra enquistado en las corporaciones policiacas del sur de Estados Unidos. Una investigación de EL UNIVERSAL muestra que los sobornos de los capos de la droga han alcanzado a una gran cantidad de sheriffes, patrulleros fronterizos y agentes de aduanas en Texas

politica@eluniversal.com.mx

Cuando José Pérez regresó a su casa la tarde del 26 de julio de 2012, seis policías irrumpieron en su domicilio gritando “¿Dónde están los mojados?”. Los oficiales, miembros de la Unidad Panamá, un grupo creado para combatir al narcotráfico en el condado de Hidalgo, en el sur de Texas, comenzaron a inspeccionar la casa en busca de los supuestos migrantes. Al no encontrar ninguno, empezaron a vociferar desesperados: “¿Dónde está el dinero?”. En el registro se llevaron cuatro mil dólares, así como las joyas y perfumes de la esposa de Pérez.

Pero no les pareció suficiente. Los agentes se enojaron de nuevo: “¿Dónde está la droga?”. Según el relato de Pérez, después de otra infructuosa búsqueda, lo amenazaron: “Llama a alguien que venda droga. Si no te vamos a llevar a algún sitio, ya sabes a qué me refiero”.

Pérez llamó a un contacto. “Esto es la frontera, aquí todo el mundo conoce a alguien que vende”, dice en el jardín de su casa en Pharr, una pequeña ciudad de 70 mil habitantes, muy cerca de McAllen. Unos minutos después de la llamada, el vendedor estacionó su coche frente a una tienda. Apenas abrió la cajuela, los policías lo arrestaron: cargaba dos kilos de cocaína y 50 mil dólares. Según la denuncia que Pérez interpuso ante la Corte Federal, la Unidad Panamá sólo declaró que se habían decomisado unas cuantas grapas.

La denuncia civil de Pérez fue desestimada, pero supuso el inicio de la caída de la unidad antinarcotráfico. En diciembre de 2012, el FBI arrestó a la mayor parte de sus miembros y en abril de este año fueron condenados nueve agentes por conspiración para el narcotráfico, además de tres traficantes que trabajaban con los policías. La sentencia dice que la Unidad Panamá se dedicaba a robar droga en las casas de acopio situadas en la frontera, que trabaja al servicio de grupos de traficantes y que custodiaba cargamentos que viajaban en tráileres hacia el norte. En una ocasión, los informantes del FBI siguieron a Jonathan Treviño, el líder de la unidad, mientras daban protección a un tráiler que se suponía llevaba siete kilos de cocaína. Les pagaron seis mil dólares por escoltar al camión.

Pero el caso de la Unidad Panamá no es aislado. Una investigación realizada por este diario muestra que una gran cantidad de oficiales de la ley, entre ‘sheriffes’, patrulleros fronterizos y agentes de aduanas que trabajan en el sur de Texas, han sido sobornados por el crimen organizado. Según las autoridades y estadísticas locales, en la frontera de Estados Unidos circula la droga de siete cárteles, con especial incidencia del Golfo, de Sinaloa y Los Zetas.

La mano del Golfo

La Unidad Panamá trabajaba especialmente para Tomás El Gallo González, un hombre que llevaba una doble vida como dueño de una empresa de transportes y como uno de los grandes capos de la zona, con vínculos con el Cártel del Golfo. González también fue detenido y condenado. Habían realizado muchos viajes cargando desde 360 hasta tres mil kilos de mariguana y varios cientos de kilos de cocaína. El Gallo tenía su propio narcocorrido: “Es un hombre de verdad con la sangre de un buen gallo. Su gente le admira y respeta. No le gusta la violencia; prefiere usar la cabeza, pero si lo necesita, puede usar su ametralladora”. El cantante era Chuy Quintanilla. Murió asesinado.

Un informe del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus sigas en inglés) de Estados Unidos, dado a conocer a mediados de este año, señala que unos dos mil policías, agentes y funcionarios son investigados por su relación con el crimen organizado. Dicho organismo sigue la pista a aquellos trabajadores públicos que han recibido sobornos para proteger criminales, facilitar cruces de droga, escoltar cargamentos y traficar droga de los cárteles mexicanos.

El último informe de la Oficina de Auditoría Gubernamental (GAO) indica que 144 agentes de la Patrulla Fronteriza fueron arrestados entre 2005 y 2012 por corrupción, en muchas ocasiones relacionada con drogas. 48 de ellos trabajaban en Texas. “El sur de Texas, especialmente el Valle del Río Grande, es la parte más corrupta de la frontera”, dice Guadalupe Correa, profesora la Universidad de Texas en Brownsville.

Policías malosos

Los escándalos de corrupción se han repetido en la mayoría de los 14 condados fronterizos que hay desde Brownsville hasta El Paso. Agentes fronterizos, policías locales así como jueces y políticos han llegado a aceptar dinero del narcotráfico. En Cameron, el ex sheriff Conrado Cantú cumple una condena de 24 años por liderar una banda dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y extorsión. En Starr, el ex sheriff Reymundo Rey facilitaba la entrada de droga proveniente de Tamaulipas y tenía nexos con el capo José Carlos Hinojosa y sus socios del Cártel del Golfo. Anteriormente, Eugenio Gene Falcon Jr. fue encarcelado por aceptar sobornos como sheriff de ese condado. En Maverick, el comisionado Rodolfo Bainet Heredia estuvo relacionado con una banda dedicada al turismo sexual y, según la investigación del FBI, vendió un camión al líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño. La semana pasada, Robert Maldonado, un ex agente de la oficina del sheriff en Hidalgo, fue condenado a 12 años de cárcel por lavar 40 millones de dólares para el Cártel del Golfo, según la fiscalía. El último sheriff de la zona en caer fue Guadalupe Treviño, un policía estrella en el condado de Hidalgo que contaba con más del 80% de aprobación y es padre de Jonathan Treviño, el ex jefe de la Unidad Panamá.

Guadalupe Treviño, un hombre canoso de bigote recortado, fue condenado a cinco años de prisión después de declararse culpable de lavar 10 mil dólares para su campaña para reelegirse como sheriff en 2012. Cuando detuvieron a su hijo por las operaciones ilegales de la Unidad Panamá, varios agentes empezaron a revelar cómo el sheriff los obligaba a darle una parte de las ganancias procedentes del tráfico de drogas. Su ex mano derecha, José Padilla, es uno de los principales testigos en su contra; ahora está protegido por el FBI. Él lo asocia con El Gallo, con quien supuestamente empezó a tener relación desde 2011. Todavía hoy, en la casa del capo, una mansión en medio de una barrio modesto, hay dos carteles de campaña de Treviño. El ex sheriff, que en estos momentos apela la sentencia, niega estar involucrado con el narco.

El agente que lavó 200 mil dólares

“Desde que llegó Guadalupe Treviño a las oficinas del sheriff (en 2005), sabíamos por varios informantes que recibía contribuciones ilegales en efectivo y que provenían de narcotraficantes. Estaba recibiendo dinero del cártel”, sostiene Robert Caples, ex candidato republicano a sheriff de Hidalgo y dueño de una agencia de investigación privada.

Tras varios años de denuncias, que había dado a conocer al FBI, Caples decidió lanzarse en la última campaña de 2012 contra Treviño para comprobar que recibía financiamiento del narco. “Si estaba en campaña, necesitaría recaudar dinero y pondría a sus agentes a conseguirlo a toda costa. Yo nunca quise ser sheriff, pero sabía que era la única forma de comprobar lo que hacía”, cuenta el veterano de guerra en sus oficinas en Edinburg. Según Caples, Treviño llegó a lavar entre 150 mil y 200 mil dólares.

“Lo que me molesta es que tenían mucho contra él y como se declaró culpable de lavado de dinero lo juzgan por mucho menos de lo que hizo (…) La corrupción es como cáncer, no tiene cura pero puedes tratarlo y hacer que se vaya. Si no lo tratas, regresa”, apunta.

Eddie Guerra, que trabajaba para Treviño, asumió como sheriff interino en Hidalgo y ahora busca la reelección. “La prioridad del sheriff es limpiar la basura. 90% de la gente que trabaja ahora aquí no estaba con la administración anterior”, indica el comandante Joel Rivera. En promedio, un policía en Hidalgo gana alrededor de 40 mil dólares anuales, además de contar con coche particular y seguro médico.

“La verdad es que los cárteles están haciendo lo posible para cruzar la droga y hacen lo posible para pagar a policías y políticos por esa causa”, anota Caples.

Año y medio después de la incursión de la Unidad Panamá, José Pérez cuenta que tiene que ir al psiquiatra, ha vuelto a fumar a pesar de tener bypass en el corazón y sufre episodios de paranoia. “Las cosas por su nombre. Eso fue una invasión, un robo y un secuestro”.

Narco recluta y corrompe a agentes fronterizos de EU, admite John Roth

MATHIEU TOURLIERE
15 DE ABRIL DE 2015
NARCOTRÁFICO


MÉXICO, D.F. (apro).- Mordidas, favores sexuales y “otras gratuidades” son algunos de los regalos que grupos criminales mexicanos hacen a agentes fronterizos estadunidenses a cambio de sus “servicios”, afirmó hoy el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), John Roth, ante la Cámara de Representantes.

A raíz del incremento de las medidas coercitivas que adoptó el gobierno de Estados Unidos para vigilar su frontera sur, “las organizaciones del narcotráfico se han vuelto más violentas y peligrosas, así como más astutas”, aseveró Roth al precisar que ya “empezaron a reclutar y corromper a empleados del DHS”.

Por ejemplo, dijo, en días recientes descubrieron que durante años un agente fronterizo y un guardia penitenciario ayudaron a traficantes mexicanos a ingresar al país del norte.

Los corruptos les proporcionaban información sensible, como mapas, códigos de puertas y otros accesos, además de la localización de las unidades de control fronterizo, o les advertían previamente sobre algún operativo antidrogas.

Otro agente, integrante de la unidad de inteligencia de la Patrulla Fronteriza, trató de proveer el mismo tipo de información a traficantes, sin embargo, los supuestos criminales eran en realidad agentes federales estadunidenses. El oficial corrupto fue encarcelado por tres años.

Ante legisladores estadunidenses, John Roth expuso un balance de las 16 mil 281 quejas por “mala conducta” por parte de agentes del DHS que recibió su oficina en 2014. Estas denuncias generaron 564 investigaciones, que a su vez desembocaron en 112 inculpaciones penales y 36 acciones personales, informó el funcionario.

También recordó el caso de dos agentes fronterizos que levantaron a cuatro personas caminando en el desierto con las mochilas cargadas de mariguana. Aquellos obligaron a los “traficantes” a quitarse los zapatos y sus chamarras y a comer grandes cantidades de mariguana. Luego quemaron sus pertenencias y los abandonaron en el desierto, a “kilómetros del abrigo más cercano”. Los agentes fueron sentenciados a solamente dos años de cárcel.

Roth aseveró que su oficina realizó investigaciones sobre delitos de “uso excesivo de la fuerza”, un eufemismo para definir “incidentes que resultan en heridas serias o la muerte e incluyen alegaciones de que el uso de la fuerza fue excesivo o que violó potencialmente los derechos civiles de la víctima” cometidos por agentes fronterizos.

Espías borrachos

El funcionario estadunidense destacó que si bien un “gran número” de los 240 mil empleados del DHS se desempeñan como oficiales o agentes en la frontera, la dependencia federal tiene a su cargo los servicios aduaneros, servicios secretos y la Administración de Seguridad de Transporte, cuyos funcionarios también adoptaron “malas conductas”.

En marzo pasado, “uno o más” agentes de los servicios secretos ingresaron a los sistemas de datos personales y visitaron el perfil de un individuo “quien luego se convirtió en un miembro del Congreso”.

Durante la visita oficial del presidente Barack Obama a la VI Cumbre de las Américas en abril de 2012, que se realizó en el puerto colombiano de Cartagena de Indias, 12 agentes de los servicios secretos solicitaron los servicios sexuales de mujeres colombianas.

Lo anterior recuerda las fiestas en las que participaron entre 2005 y 2008 agentes de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en misión en Colombia, con prostitutas colombianas pagadas por los cárteles del narcotráfico.

En el caso del encuentro oficial de abril de 2012, Roth explicó que “tres mujeres salieron de los cuartos sin pedir dinero, cinco pidieron su dinero y fueron pagadas y cuatro pidieron dinero pero no fueron pagadas”.

Una de ellas llevó a un policía colombiano a tocar la puerta del cuarto de hotel de un agente estadunidense, pero no contestó. Otro oficial salió y le pagó.

En su exposición ante los legisladores, Roth se mostró preocupado ante las “malas conductas” que adoptaron los agentes del DHS bajo la influencia del alcohol. Tal fue el caso de un oficial de los servicios secretos durante una visita presidencial en Tailandia. Su desaparición preocupó a los militares estadunidenses, quienes movilizaron “recursos intensivos” para localizarlo. El agente llegó finalmente al aeropuerto con cuatro horas de retraso, con aliento alcohólico. El avión militar en el que iba a regresar a Estados Unidos se había ido. Fue suspendido por siete años.

A un agente de la División de Operativos Especiales, más precisamente del Equipo de Contra Ataque, lo encontraron tirado afuera de la recámara en la que se hospedaba en La Haya, en Holanda. “No podía recordar el momento que se fue del restaurante o cómo había regresado a su hotel”, dijo Roth.