El gobierno americano pide la legalidad del seguimiento por GPS

La administración de Obama ha instado a la Corte Suprema a que revise la necesidad de una autorización judicial para que las fuerzas del orden realicen seguimientos a carros sospechosos por medio de dispositivos GPS ocultos en los mismos (balizas).

El Departamento de Justicia argumenta que las personas no tienen derecho a la privacidad en sus desplazamientos y pide que la Justicia deshaga una decisión de un tribunal inferior, por la que se exigía la necesidad de mandamiento judicial para poder instalar este tipo de dispositivo en el carro de un sospechoso objeto de investigación.

En 2001 la Justicia norteamericana determinó la validez de las imágenes térmicas obtenidas para detectar los cultivos ocultos de marihuana en el interior de viviendas y, en base a esta información, solicitar un mandamiento de entrada y registro.

Ahora la administración argumenta que la decisión de la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia fue incorrecta cuando invalidó la condena de un sospechoso de tráfico de drogas, cuya condena se basó en las localizaciones y los movimientos del sospechoso que fueron obtenidos mediante este tipo de dispositivos GPS instalados en su carro.

El recurso de la administración defiende que este tipo de dispositivos se han convertido en una herramienta esencial en la lucha contra la delincuencia. Para las fuerzas del orden esta decisión resultará crítica, ya que este tipo se dispositivos son usados con frecuencia en las fases iniciales de las investigaciones. El motivar una solicitud judicial para realizar estas tareas no tendría demasiado sentido porque la autoridad judicial pediría una serie de indicios que serían muy difíciles de obtener sin realizar un seguimiento previo del sospechoso. Además, no es necesario pedir una autorización judicial para realizar un seguimiento a un sospechoso mediante medios humanos, es decir, utilizando policías que vigilen durante 24 horas los movimientos del sospechoso. El problema es que este tipo de seguimientos resultan muy costosos en tiempo y recursos.

Evidentemente, nadie se plantea grandes dudas sobre la utilidad de este tipo de seguimientos GPS en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Si siempre se hubiera utilizado esta tecnología para la investigación de estos hechos probablemente no habría las actuales dificultades legales. Pero no siempre ha sido así. En 2003 dos activistas por los derechos de los animales de Colorado encontraron sendos dispositivos instalados en sus carros por parte del FBI. Lo mismo le ocurrió en 2005 a Kathy Thomas, otra activista por los derechos de los animales. Tras descubrir el dispositivo GPS en su carro consultó a un abogado que, a su vez, habló con la fiscalía. Básicamente le dijeron que, efectivamente la baliza era del FBI y que querían que se la devolviera. Al negarse, el FBI dejó correr el caso para tratar de evitar el revuelo mediático.

¿Cuál es la situación en España? no ver, no oír, no comentar. Como en tantas otras ocasiones se adopta la táctica del avestruz. Se deja al libre albedrío de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la utilización de este tipo de dispositivos de seguimientos, prefiriendo los tribunales no saber nada al respecto. Incluso las propias instituciones policiales mantienen en la oscuridad este tipo de actuaciones, con la escusa de no promover su conocimiento por parte de los criminales, y a pesar de que la delincuencia organizada ya conoce estos dispositivos, los detecta en alguna ocasión, y en otras instala sus propios dispositivos de seguimiento sobre vehí&^%!@#$% que les interesa seguir.

Si algún día se llega a regular sobre este asunto será para limitar más las herramientas con que cuentan las fuerzas del orden para luchar contra la delincuencia y el terrorismo. Y si no, al tiempo. MundoCriminal