Casos Juan Carlos y Rocío Ejecutados. Anahuac Nuevo Leon. 03/03/2010

Juan Carlos y Rocío, un matrimonio que murió a manos de militares.
A las 12:15 de aquel día, militares y sicarios dispararon sus armas de alto calibre, ellos quedaron en el fuego cruzado, se refugiaron, fueron heridos y pidieron auxilio pero fueron ultimados por quienes deberían protegerlos

Dos de las seis personas que murieron en el enfrentamiento entre sicarios y elementos del Ejército mexicano en el municipio de Anáhuac eran inocentes y nada tenían que ver en los hechos.

Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña no tenían vínculos con el crimen organizado.

I. Todos los días laborales, al llegar las 12:00 del mediodía, Rocío y Juan Carlos suspendían su trabajo en una maquiladora de Anáhuac, Nuevo León, un municipio de 18 mil habitantes cercano a Nuevo Laredo. En la hora de descanso, el matrimonio comía y llevaba a una de sus dos hijas a la primaria vespertina. Sin embargo, un enfrentamiento entre militares y sicarios les rompió la rutina el 3 de marzo de 2010.

A las 12:15 de aquel día, un convoy de militares se encontró con uno de la delincuencia organizada justo frente a la maquiladora. Por casi 20 minutos, soldados y sicarios dispararon sus armas de alto calibre. A sólo media cuadra estaba estacionado el Chevrolet Lumina gris que el matrimonio se disponía a abordar. Antes de refugiarse en el asiento trasero del coche, una bala rozó el brazo derecho de Juan Carlos, de 30 años.

En el intercambio de balas, un par de pistoleros abrió el coche del matrimonio y se refugió en los asientos delanteros. Ni adentro ni afuera del auto Juan Carlos y Rocío estaban ya seguros.

La pareja abandonó el auto y se refugió detrás de otro. Cuando las balas cesaron, ambos salieron con las manos en alto y, según cuentan testigos, Rocío pidió ayuda a un militar que tenía a unos tres o cuatro metros.

-¡Auxilio! Mi marido se está desangrando -dicen que gritó Rocío.

Por respuesta, el matrimonio recibió una ráfaga. Rocío, operaria y estudiante de bachillerato, murió por 14 balazos. Juan Carlos, técnico y estudiante de Derecho, por seis. Los dos fueron rematados con el ‘tiro de gracia’. En casa, un par de niñas de 8 y 3 años quedaron huérfanas.

II. A poco más de un kilómetro de la maquiladora, la familia de Rocío ya tenía la mesa puesta cuando escucharon los balazos. Una compañera de trabajo llamó a la casa para saber si la pareja había llegado a salvo; pero en casa aún los esperaban con la comida caliente.

Los padres y los hermanos de Rocío se resistieron a atar cabos. No quisieron vincular la ausencia con el tiroteo;  pero la tardanza y las noticias de la tarde en la televisión, abonaron a la angustia.

El cerco del Ejército les impidió por más de seis horas  el paso a la zona del tiroteo, y además, el acceso a cualquier información certera. Fue hasta que la tarde estuvo por caer cuando el alcalde panista, Santos Javier Garza García, acompañado del gerente de la maquiladora, llevó a la familia la noticia del fallecimiento. A esas horas, los noticieros locales ya habían informado que entre los muertos había una mujer.

III. A última hora de la tarde, los medios daban una versión distinta de lo ocurrido.

“Un enfrentamiento entre elementos del Ejército y un grupo armado en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, dejó un saldo de al menos cinco muertos (…) Los militares repelieron el ataque y dieron muerte a cuatro gatilleros, entre ellos una mujer conocida como La Gata…”

La prensa local y nacional reprodujo casi a la letra un comunicado que la séptima zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional emitió aquel 3 de marzo, para dar cuenta de lo ocurrido en el cruce de la Carretera a Don Martín y la calle Margarita Maza de Juárez. En él, Rocío fue identificada como la peligrosa sicaria muerta en el tiroteo, y Juan Carlos, como un pistolero más.

Mientras en una casa se lloraba la muerte repentina de dos padres de familia, trabajadores y estudiantes, los militares los hacían pasar como criminales caídos en el combate al narcotráfico, no sólo en el papel, sino también, en la escena del crimen.

Testigos del tiroteo contaron a la organización regiomontana Ciudadanos en Acción por los Derechos Humanos (CADHAC), cómo los militares manipularon los cuerpos de Rocío y Juan Carlos para hacerlos pasar por delincuentes.

Un testigo, cuyo nombre se reserva, ha narrado ante CADHAC y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que uno de los militares puso “un arma grandota” cerca del cuerpo de Rocío. El testigo afirma que cruzó un par de palabras con un soldado.

-¿Por qué los mataste?
-¿Qué no viste las armas que traían?
-Pero si tú se las pusiste…
-Eran sicarios y tenían que pagar. Nos ‘tumbaron’ a dos compañeros.

Después de un intercambio de ‘palabrotas’, el militar zanjó la conversación diciendo que ellos se llevaban ‘entre las patas’ a quien se atravesara.

Otra de las irregularidades que descubrió la familia al ver fotografías de los hechos, fue que  las armas colocadas a Rocío y a Juan Carlos fueron colocadas cerca de la mano izquierda; sin reparar que ambos eran diestros.

La familia se negó a que los suyos murieran con el estigma de ser delincuentes. Por ello, el hermano menor de Rocío recolectó a la brevedad más de 456 firmas de vecinos y compañeros de trabajo para avalar que su hermana y su cuñada eran padres responsables, trabajadores diligentes y ciudadanos intachables.

Al día siguiente, al alcalde no le quedó más opción que aceptar en la televisión local la muerte de dos inocentes.

Más tarde, en la versión electrónica del boletín de Sedena desapareció toda referencia a la muerte de ‘La Gata’ y sólo se da cuenta de un tiroteo que no parece ser diferente de los que ocurren día a día en el país.

Lo que al día de hoy no se ha modificado en ese documento, es la cifra de ‘delincuentes muertos’. El comunicado da cuenta de ocho muertos y no de seis, que sería la cifra correcta de haber reconocido expresamente que dos de los fallecimientos fueron de civiles inocentes.

IV. Ha pasado un año y cuatro meses de las muertes de Rocío y Juan Carlos, y ahora se vislumbra la posibilidad de que los responsables del asesinato sean juzgados en el fuero ordinario y no en el militar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado martes que todos los jueces podrán conocer y resolver casos sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Con esa decisión se acota el fuero castrense, que según defensores de las garantías fundamentales, ha sido por años un coto de parcialidad que presenta vicios y asegura  la impunidad.

El pasado 30 de julio, la CNDH emitió la recomendación 42/2011 al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván. En ella se señala que el Ejército violó no sólo el derecho a la vida de Rocío y Juan Carlos; sino también el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, al trato digno y a la información.

Además, dice la Comisión, el Ejercitó obvió el derecho a la justicia y al honor,  incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública y ejerció de forma indebida la función pública en agravio no sólo de Rocío y Juan Carlos, sino también de su familia.

El rosario de violaciones no es la única vía que el caso tiene para ser juzgado en el fuero ordinario. En el punto cuatro de las recomendaciones, la CNDH pide a la Sedena que colabore con la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar para que inicie la averiguación previa de los hechos. Eso indica que el caso dista mucho de estar cerrado.

Pero los militares se han asegurado de que el acceso a la justicia no sea tan sencillo. Hace un mes, la Sedena entregó a la familia la indemnización que procede en estos casos y una serie de apoyos económicos para solventar la educación de las niñas. Sin embargo, para acceder a ellos de forma plena hay que cumplir con una condición.

“El Ejército entrega la ayuda, pero para ello hay que firmar un convenio con el que se acepta la reparación del daño y la familia renuncia a la posibilidad de denunciar ante cualquier instancia nacional e internacional”, explica la directora de CADHAC, Consuelo Morales, que ha acompañado a la familia de Rocío en todo el caso.

“El Gobierno mexicano no está preocupado por las víctimas ni por decir: ‘estamos en una situación de inseguridad que necesitamos parar’. El Gobierno está preocupado por limpiar su imagen a nivel internacional, coercionando y presionando de manera muy sutil para que la ciudadanía renuncie al derecho a la verdad y a la justicia”.

Aunque han recorrido un largo trecho, el peregrinaje de la familia de Rocío y Juan Carlos en búsqueda de justicia no ha hecho más que empezar.