Juez de Nuevo León condena a 18 años de prisión a militar por el homicidio de una pareja en 2010

Juez de Nuevo León condena a 18 años de prisión a militar por el homicidio de una pareja en 2010

Por Redacción / Sin Embargo julio 22, 2015 - 16:58h


Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, Eustacio Salinas Wolberg, sentenció a 18 años de prisión al soldado Juan Ortiz Bermúdez por el homicidio de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, ocurrido el 3 de marzo del 2010 en el municipio de Anáhuac.

El juez Eustacio Salinas Wolberg resolvió el pasado 20 de julio que quedó plenamente comprobado el delito de violencia contra las personas causando homicidio simple intencional.

La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) consideró que con la condena “se dio un pequeño paso hacia delante en materia de justicia y derechos humanos” ya que se trata de la primera vez que se dicta sentencia en Nuevo León en contra de un militar por el asesinato de civiles.

Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, ambos de 29 años, quedaron atrapados en un tiroteo entre militares y miembros del crimen organizado al salir de su trabajo. Los hechos ocurrieron después de una persecución del Ejército contra presuntos delincuentes.

La reconstrucción de los hechos realizada por Cadhac refiere que durante la balacera dos presuntos delincuentes se introdujeron al coche de la pareja. Juan Carlos resultó lesionado en un brazo y el matrimonio se ocultó detrás de un automóvil.

La misma versión indica que Rocío salió de su resguardo para pedir ayuda para Juan Carlos. Sin embargo, como respuesta ambos fueron baleados y, ya en el suelo, rematados con el tiro de gracia.

Testimonios dijeron que Ortíz Bermúdez incluso gritó tras disparar contra la pareja: “Me eché a dos”. La misma versión indica que les sembraron armas para hacerlos pasar por delincuentes. No obstante, el Juez Eustacio Salinas Wolberg absolvió al militar Alain Josué Reyes por el delito de simulación de pruebas.

En un primer momento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que informó que resultado de un enfrentamiento entre fuerzas armas y un grupo armado cuatro personas fueron abatidas, entre ellas una mujer conocida como “La Gata”, en referencia a Rocío Elías Garza.

En 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó tras realizar una investigación que el Ejército había cometido varias violaciones graves de derechos humanos que afectaban, entre otros, el derecho a la vida, la seguridad y la integridad personal y el acceso a la justicia.

La CNDH dijo que las víctimas no eran miembros de la delincuencia organizada y no participaron en los sucesos que culminaron con su muerte, contrariamente a lo señalado en los primeros informes de la Sedena. A su vez, determinó que las pruebas en el lugar de los sucesos habían sido manipuladas por soldados para simular que las víctimas eran agresores armados.

De acuerdo con las autopsias realizadas por el Ministerio Público estatal, Elías y Peña presentaban 14 y 6 heridas de bala, respectivamente. Luego de examinar las autopsias, los peritos de la CNDH comprobaron que 12 de las 14 heridas de bala sufridas por Elías mostraban quemaduras, lo cual les permitió concluir que los disparos se habían producido a menos de 70 centímetros del cuerpo -es decir, a quemarropa.

El día de ayer, Cadhac dijo que a sentencia es una pequeña luz de justicia para Rocío y Juan Carlos, sin embargo, es necesario que se ratifique. “Estamos convencidos de que se tuvieron elementos para sentenciar por homicidio calificado en lugar de homicidio simple; al igual de que había elementos para sancionar a los otros dos militares involucrados”, dijo la organizacioón.

Mencionó que la sentencia “marca un precedente para la deficiente política de militarización que aún permanece en Nuevo León. Los militares no están capacitados para hacer labores de seguridad pública y además son puestos en una situación vulnerable. La participación de los militares en la seguridad representa un riesgo de violaciones a los derechos humanos”.

El organismo civil informó que los familiares de Rocío y Juan Carlos, y el ministerio público, analizan los recursos legales disponibles para lograr la modificación de la sentencia.