Las Carceles en Mexico

Autogobierno, corrupción, venta de drogas y alcohol: Las prisiones del país huelen a podredumbre y peligro

Por: Huffpost Voces - noviembre 27 de 2012 - 7:25
Por Manuel Ek / The Huffington Post

El domingo 18 de noviembre del 2012 cinco presos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal denunciaron actos de corrupción al interior de la prisión. El director José Antonio Quintanar Rodríguez, y tres custodios fueron separados de sus cargos, después de que los “internos” subiesen a “YouTube” un video que evidenciaba, lo que ellos mismos bautizaron como un secreto a voces: la corrupción en prisión.

De acuerdo con los reclusos se les cobra cuota por el pase de lista, por llamadas telefónicas, por el derecho a la visita o a ingresar alimentos. Manifestaron que sufren agresiones por parte del personal de seguridad y custodia, y que las condiciones higiénicas de la comida que reciben en prisión no reúnen condiciones de higiene mínimas.

Además de la denuncia, y del video han iniciado una huelga de hambre que ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional. El 24 de septiembre del 2012 Raúl Plasencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señalaba que el 60% de las cárceles que conforman el sistema penitenciario tienen grados muy importantes de autogobierno. Esto repercute tanto en la falta de control por parte del estado, como en la posibilidad de reinsertar de forma efectiva a los internos en la sociedad, una vez cumplida su sentencia.

En 14 ocasiones, 521 delincuentes, la mayoría relacionados con el crimen organizado se lograron fugar de diferentes centro penitenciarios, destacando la salida de más de 130 reos del penal de Piedras Negras, en Coahuila, este mismo año. Plasencia puntualiza que el autogobierno, la corrupción, y la venta de drogas y alcohol es especialmente grave en 14 entidades federativas de México: Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Nayarit.

El sistema penitenciario mexicano está conformado por 427 centros, de los cuales 306 dependen de gobiernos estatales, 90 de autoridades municipales, 10 del Distrito Federal y 21 del Gobierno Federal. Íntimamente relacionado con la “guerra contra el narcotráfico” y con la reforma del Sistema de Seguridad Pública, uno de los propósitos gobierno del presidente Calderón se centró en mejorar la capacidad e infraestructura de los Centros de Reinserción Social Federal (CEFERESOS).

A inicios de su mandato en México se contaba con 6 Centros federales; iniciando el 2012 funcionaban 12 Centros, y al final del mismo éstos se ampliaron a 21. Este esfuerzo por fortalecer tanto la infraestructura, como la operación, y la “carrera profesional” del personal penitenciario federal, no ha sido sin embargo acompañado a nivel estatal y municipal.

Quintana Roo es uno de los Estados de la República mexicana que el titular de la CNDH señala con preocupación en relación a la condición de sus centros penitenciarios. La seguridad pública en esa entidad federativa todavía no es vista como una prioridad por las autoridades gubernamentales que no le dedican tiempo, inteligencia, ni recursos.

En su momento el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal señalaba a este estado como el más retrasado en establecer el Centro de Control de Confianza, cuestionando directamente la voluntad política de la entidad; por su parte los índices delictivos de Cancún y Playa del Carmen, como se ha mostrado en otro artículo, están aumentando de una forma alarmante, mientras las autoridades tratan de disimular la situación.

El Gobernador Roberto Borge no toma cartas en el asunto, ni asume una inversión económica importante en esta área de política. Mantiene de titular de la Secretaría de Seguridad Pública al general Villa, un militar bravucón que ha demostrado su ineficacia de forma sobresaliente; y de asesora a Isabel Arvide, una periodista arrogante que presume de buen trato con los que califica como “sus generales” y a la que no se le conocen muchos conocimientos especializados en el ámbito de la seguridad.

Sin embargo, además de gozar de la concesión del servicio de comida en las prisiones, es en cierta forma la responsable de la militarización de la seguridad pública en esta entidad federativa. Quintana Roo cuenta con dos Centros de Reinserción Social (CERESOS) estatales en Cancún y Chetumal, y cuatro cárceles municipales en Carrillo Puerto, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.

En menos de dos años en los que Roberto Borge Angulo lleva de Gobernador los problemas, la inestabilidad y la improvisación se han sucedido en los dos centros penitenciarios estatales. En el CERESO de Chetumal, se han nombrado en este periodo a tres directores que son militares retirados, y a dos interinos; y en Cancún a cuatro, tres de ellos militares retirados, y un policía de carrera, además de un interino.

La fuga de algún preso, motines y revueltas, el asesinato de internos, renuncias por falta de medios, e incluso la destitución de algún director por abuso de poder son los motivos de la falta de continuidad en esos cargos. La improvisación en los nombramientos, y la falta de capacitación para el cargo de director de un centro penitenciario se remarca y queda evidenciada especialmente en el último mes en los tres CERESOS más importantes del Estado.

El 16 de noviembre del 2012 el director del CERESO de Cancún fue destituido después de 42 días en el cargo por acudir ebrio a la cárcel, y “cortando cartucho” exigir los favores sexuales de una de las internas; el 1 de noviembre en el CERESO de Chetumal le dan una paliza de muerte al narcomenudista Rider Martínez Pech negándosele la asistencia médica en el centro penitenciario y falleciendo al día siguiente una vez es finalmente trasladado al Hospital General de la ciudad; por su parte el 20 de octubre se fuga el alcaide de la cárcel municipal de Playa del Carmen después de “supuestamente” ordenar que seis custodios propinasen una “paliza” a Manuel Méndez Hernández, que falleció posteriormente, y a Omar Lázaro y Jacinto Luna que resultaron heridos.

En los tres casos, quizás por la influencia del secretario de seguridad y los consejos de Arvide, la dirección del centro penitenciario quedó a cargo de un militar; sin explicarse de forma adecuada el porqué de la selección de este perfil profesional para dirigir la cárcel (en el caso de Chetumal el director sigue en investigación; se señala que la cercana relación del capitán retirado Jorge Alvarado Tamayo con el secretario de seguridad, le ha salvado de momento de la destitución).

En Cancún y Chetumal hay aproximadamente unos 1,300 internos en cada CERESO; hombres y mujeres. Mientras que Cancún cuenta con unos 100 custodios, en Chetumal no llegan a 40, que en turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso se turnan para atender tanto a la población interna como a sus visitas.

En Cancún parte de los custodios todavía dependen del municipio, ya que ésta era una cárcel municipal que se reconvirtió en CERESO estatal en el 2009, y parte de la entidad estatal, lo que ocasiona que el salario de unos y otros sea diferente, generándose problemas importantes entre los mismos. Buena parte de los custodios que dependen del estado no tienen una antigüedad mayor a los dos años.

En Chetumal por su parte hay oficiales que rinden sus servicios desde hace 20 años, destacando un buen grupo que llevan más de cinco años trabajando en la institución. El autogobierno es una realidad en los dos centros penitenciarios. Hubo un intento por parte de la actual administración, en sus inicios, en los que se trató de acabar con esta situación en Cancún, sin embargo después de dos motines de los presos, ocasionado por las incomodidades generadas por las medidas implantadas y por la calidad de la comida de la empresa concesionada a Isabel Arvide, se regresó al espacio de confort que comporta el autogobierno de los diferentes grupos delictivos en la prisión.

Los principales problemas que se encuentran en los centros penitenciarios del estado de Quintana Roo son comunes a Cancún y Chetumal, y probablemente a buena parte de los CERESOS mexicanos.
En el orden organizativo: sobrepoblación, autogobierno interno, falta de capacitación y orientación por parte de las autoridades, desconocimiento del reglamento y de los protocolos de operación, y un exceso de improvisación permanente.
En el orden sanitario: falta de medicinas no vencidas y de instrumental, de información para atender población con enfermedades transmisibles, de orientación psicológica, y en ocasiones de médicos capaces o motivados.
En el orden jurídico: internos sin condena, falta de traductores al maya y al inglés, y poca sensibilidad para canalizar internos con problemas psicológicos severos a instituciones más adecuadas.
En el político: falta de pensamiento estratégico, y pérdida del concepto de reinserción. Toda esta inestabilidad y falta de dirección política, abunda en la situación de autogobierno por parte de los grupos de internos.

Existe una clara falta de liderazgo y de “respeto” por la autoridad, representada formalmente por los custodios. Éstos se sienten despreciados por una sociedad que los estigmatiza, y que los considera “a priori” como potenciales delincuentes; por directores y administradores “políticos”, aunque vistan uniforme militar, que no tienen los conocimientos necesarios y les transmiten en el mejor de los casos instrucciones contradictorias, buscando preservar su interés personal de sobrevivencia; y como no por el gobierno que les da una mala paga, no les ofrece prestaciones suficientes, y les tiene abandonados a “su suerte”, mientras no existan problemas mayores.

La prisión en Quintana Roo se sigue viendo de una forma tradicional. Como un estacionamiento indefinido de personas indeseables que deben purgar condena, y sobre los que no deben de existir ni miramientos ni conmiseraciones. Los derechos humanos, y los tratados internacionales sirven para el discurso, para que de tanto en tanto el sistema se mueva de forma aparente, y que luego todo siga su curso sin cambios sustanciales.

La cárcel se ve como castigo, y se justifican las incomodidades de los internos señalándose, que el CERESO no es un hotel que deba satisface las demandas de sus clientes. Uno de los problemas más sensibles es el del agua y la comida. Quintana Roo se encuentra en zona tropical. Las altas temperaturas son constantes y eso hace que se requiera que las personas beban líquido de forma frecuente y que el trato de los alimentos sea especialmente delicado, ya que una larga exposición al sol puede llevar a que la comida se estropee.

Internos y custodios tanto en Cancún, como en Chetumal se quejan de la alimentación, y de la potabilidad del agua. De su monotonía, simpleza, falta de preparación adecuada, e incluso de falta de higiene y descomposición ocasional de la misma. En Cancún esta situación motivó un motín de los internos. En Chetumal no se ha llegado a ese punto, pero la inconformidad es grande.

En los dos CERESOS existe una planta purificadora de agua que se nutre del agua potable pública, la queja proviene en que con frecuencia se descompone el sistema, y que la misma carece de calidad.

Consultados responsables de la elaboración de los alimentos nos señalaron aspectos que deben ser tomados en cuenta en el análisis: en primer lugar que el menú es más variado y equilibrado de lo que señalan las críticas, en segundo lugar se defendió la calidad del producto entregado, afirmando que ellos entregan la comida a administrativos e internos, que cada día prueban la comida y firman de recibido, aceptando la misma (en todo caso quizás el problema radicaría en el almacenamiento y la distribución que corresponde a los internos); en tercer lugar que si la comida tuviera tantos problemas, se producirían frecuentes casos de enfermedades entre los internos y eso sería conocido por la opinión pública.

Los argumentos son válidos y por esta razón se señalan, sin embargo no debe despreciarse el hecho de una inconformidad grande en relación a este aspecto medular. Son muchos los problemas, las leyendas, las situaciones que se generan en el mundo carcelario quintanarroense, y que escapan a la extensión que deben tener estos comentarios.

El ejemplo de Quintana Roo muestra algunas de las deficiencias del sistema penitenciario mexicano. Este es un secreto a voces, como señalan los presos que se encuentran en huelga de hambre en el Distrito Federal, que no quiere ser escuchado ni por la sociedad, ni en ocasiones por la autoridades. Sólo con voluntad política, pensamiento estratégico, sentido común, liderazgo efectivo y mayor inyección presupuestaria será posible superar estas situaciones.

Publicado por The Huffington Post / Especial en México para SinEmbargo

400 cárceles del país operan con irregularidades

El coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, señaló la necesidad de modificar el sistema penitenciario
Suzzete Alcántara

diciembre 27, 2012 1:56 am

Tan sólo en el país existen más de 400 cárceles que carecen de condiciones óptimas y la gran mayoría opera con fuertes irregularidades; siendo las de mayores problemas Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit.

De acuerdo con un estudio realizado este 2012, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 60% de las prisiones tienen autogobierno, el cual ejercen grupos de la delincuencia organizada, principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco y Michoacán.

Por lo anterior y en base al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realizó la CNDH, el coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, señaló la necesidad de modificar el sistema penitenciario, luego de que se detectó severas irregularidades en los penales del país.

Añadió que estos cambios deben respeto los derechos humanos, incluir la educación, trabajo, capacitación y un combate frontal y decidido contra la corrupción a través de controles de confianza hacia el personal que ahí labora.

El coordinador perredista, habló de la necesidad de contemplar en dicho modelo que las penas privativas se establezcan de forma especial para los delitos graves y que se priorice la reparación integral del daño a la víctima.

Aseguró que la sobrepoblación es un problema persistente en las cárceles mexicanas, tan sólo en el Reclusorio Oriente de la ciudad de México, conviven más de 12 mil personas en un espacio que tiene cabida para poco más de 5 mil reos.

Caso similar, lo enfrenta el Centro de Reinserción Social de Mexicali, cuya capacidad de alojamiento es apenas de mil 780, pero actualmente tiene recluidos a más de tres mil presos, detalló.

Barbosa Huerta, apuntó que aunado al grave problema de hacinamiento, debe añadirse que en estos lugares “no existen registros de supervisión, se carece de acciones de prevención y atención de incidentes violentos; no existen procedimientos de canalización de quejas de internos en caso de violaciones a los derechos humanos y hay deficiente atención en las áreas médicas”.

Agregó que existen problemas de higiene en espacios como los dormitorios, comedores, cocinas, servicio médico; alimentos de muy baja calidad; insuficiente personal de seguridad y custodia; actividades ilícitas, y deficiente clasificación de los sentenciados, procesados, reincidentes y desatención a grupos en situación de exclusión.

El senador poblano, insistió en que es urgente realizar un adecuado replanteamiento de las estrategias para el manejo y administración de los centros penitenciarios de manera integral y articulada, con perspectiva de derechos humanos.

“Hay que diseñar un modelo de reinserción social basado en la educación, el trabajo y la capacitación, en el que las penas privativas se establezcan de forma especial para los delitos graves, todo esto acompañado de un combate frontal y decidido a la corrupción”, enfatizó.

Arriban al Cereso de Ciudad Juárez 28 presuntos Zetas
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 12

Ciudad Juárez, Chih., 27 de diciembre. La madrugada de ayer arribaron a esta ciudad 28 reos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Zetas procedentes de Gómez Palacio, Durango, a quienes internaron en el Centro Federal de Rehabilitación Social número 9 (Cefereso), informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Otro operativo similar se realizó la tarde del miércoles cuando 51 internos, de los que 38 estaban en Ciudad Juárez y 13 en Chihuahua, fueron llevados a otros penales con la coordinación de elementos de la Policía Federal, Fiscalía General del Estado y Ejército. De los 38 internos que sacaron de Juárez, 24 pertenecen al grupo La Línea, brazo operativo del cártel de Juárez, y 14, a la pandilla Artistas Asesinos, que trabajan para el cártel que dirige Joaquín Guzmán Loera, El Chapo

Trasladan a 51 reos de Chihuahua a penales federales

El operativo encabezado por la Policía Federal fueron trasladados internos de los penales estatales uno y tres a centros federales
Carlos Coria Rivas / corresponsal
2012-12-26 20:14:00

CIUDAD JUÁREZ, 26 de diciembre.- Mediante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la tarde de hoy, 51 internos de los penales estatales 1 y 3, de la Ciudad de Chihuahua, fueron trasladados a centros federales.

A primeras horas, 13 internos del Centro de Reinserción Social para Adultos número 1 ubicado en Aquiles Serdán, fueron sacados del penal y enviados vía terrestre a Ciudad Juárez, donde fueron entregados a las autoridades federales.

Simultáneamente, del Cereso 3 ubicado en Ciudad Juárez, fueron extraídos un total de 38 internos, mismos que también fueron entregados a las autoridades federales, quienes determinarían el destino de ellos.

Las acciones donde participaron alrededor de 150 elementos de la Policía Federal, Policía Ministerial así como de la Policía de Seguridad y Custodia, se llevaron a cabo sin contratiempos, de acuerdo al reporte emitido por la Fiscalía de Chihuahua.

El informe indica que para realizar los traslados se utilizaron camiones blindados tipo rino de la Policía Federal y alrededor de 60 unidades de las diversas corporaciones.

Entre los internos trasladados se encuentran varios que purgan condenas por delitos del fuero federal, así como del fuero común sentenciados por delitos de alto impacto como secuestradores, extorsionadores y sicarios del crimen organizado.

Esta operación es parte del convenio establecido entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Chihuahua, como una forma de mantener la seguridad en el sistema penitenciario federal, concluyó la Fiscalía en el comunicado oficial.

¿Cuáles son las condiciones de vida en el interior de los penales federales?

A fines de diciembre se presentaron los Resultados de la primera encuesta realizada en los centros federales de readaptación social, realizada por el CIDE, a encargo de la SSP federal de Genaro García Luna.

enero 2, 2013Omar Granados (@ogranados1)

Penal federal del Altiplano (antes Almoloya y La Palma), localizado en Almoloya de Juárez, Edomez, en una imagen de 2007. Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.Penal federal del Altiplano (antes Almoloya y La Palma), localizado en Almoloya de Juárez, Edomez, en una imagen de 2007.

A fines de diciembre se presentaron los Resultados de la primera encuesta realizada en los centros federales de readaptación social, misma que fue realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), a encargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal -aún bajo el mando de Genaro García Luna- y que no fue publicada por la dependencia en esa administración.

Dentro del largo estudio -conformado por 821 encuestas realizadas a internos en junio pasado- nos concentraremos en esta ocasión en el tercer capítulo, el cual detalla la información que los y las internas proporcionaron en relación a las condiciones en que se desarrolla su vida cotidiana al interior de los centros federales.

Las condiciones de vida de los internos se refiere a los bienes y servicios básicos que la institución provee a los internos y los programas que desarrolla para lograr su reinserción a la sociedad, información que se detalla de manera diferenciada en cada uno de los penales federales que participaron en el estudio.

Del total de 821 encuestas, se hicieron 726 a varones y 95 a mujeres, mientras que la población total de los centros federales encuestados al momento de elaborar la muestra representativa -en junio de 2012- era de 8 mil 089 internos. En algunos de los análisis se compara la situación de los centros federales con los centros penitenciarios locales del DF y Edomex, donde el CIDE ya ha realizado estudios, el último de ellos en 2009.

Los centros federales en los que se aplicó la encuesta, son: el Altiplano, en el Estado de México; el de Occidente, en Jalisco; Norponiente, en Sinaloa; y el Complejo Penitenciario de Islas Marías, que forma parte del Estado de Nayarit. Este último está integrado por cuatro centros para varones (Morelos, Laguna del Toro, Aserradero y Bugambilias) y uno para mujeres, Rehilete. Se agrupa bajo Islas Marías a los cuatro centros para varones mientras que trataremos por separado a Rehilete por ser el único centro federal femenil que existe hasta ahora en nuestro país.
El traslado de los internos

Con respecto al lugar de origen del que fueron trasladados los internos al penal en que fueron encuestados, como se aprecia la situación varía de un centro a otro, pero en la mayoría de los casos (54% en promedio), los internos fueron trasladados desde un centro estatal o desde otro centro federal (34% en promedio). Sólo en Altiplano casi la mitad de los internos fueron trasladados directamente desde alguna agencia del Ministerio Público. Asimismo, tanto en Altiplano como en Occidente una cuarta parte de los internos fueron trasladados directamente desde una casa de arraigo.

cuadro 3.1

Continuando con los traslados de los internos de un centro a otro, 100% de los internos en Altiplano, 97% en Occidente y 94% en Norponiente fueron llevados a dichos centros sin que se les consultara y lo mismo ocurrió con 73% de los internos en Isas Marías y 84% en Rehilete. El resto de los internos en Islas Marías y de las internas en Rehilete afirmó que aceptó o solicitó su traslado a cambio de reducir su condena, estar con sus familiares o disponer de mayor libertad de movimiento en la Isla. En este último caso, la mayoría de los internos fueron engañados pues ninguna de las condiciones que les ofrecieron, les habían cumplido.
Número de internos por dormitorio

Con respecto al número de internos con los que se comparte dormitorio, en Altiplano 100% comparte dormitorio con dos internos; en Occidente 94% dijo que con tres; y en Norponiente 92% respondió cuatro. En Islas la situación varía dependiendo del centro en que se encuentren ubicados, por ejemplo, 34% dijo que comparte dormitorio con entre 20 y 22 internos, 16% entre 12 internos, 9% entre cuatro, pero también hay quienes comparten dormitorio con 50, 100 o 200 internos.

Por su parte, 95% de las mujeres de Rehilete señalaron que comparten dormitorio con entre 20 y 22 internas. Tanto en Islas como en Rehilete se registraron las situaciones de mayor inconformidad por el número de internos/as con quien comparten el dormitorio, apuntando que el espacio es insuficiente y/o inadecuado para albergar a dicha población. Asimismo, en Altiplano los internos refirieron que recientemente habían incrementado a tres el número de internos en celdas originalmente equipadas para albergar a dos internos.
Ropa y otros bienes que proporciona la institución

Con respecto a bienes básicos como son sábanas, cobijas y ropa, el 100% de los y las internas señalaron que la institución se los proporciona. Prácticamente lo mismo ocurre con los zapatos, salvo un 2% de internos e internas de todos los centros que dijeron que ellos mismos o su familia se los proporcionan.

Algunos artículos de higiene personal, como papel sanitario, 93% de los internos en Altiplano y 8% de los de Occidente, dijeron que la institución no se los proporciona. En cambio, 100% de los internos e internas de Norponiente, Islas y Rehilete, dijeron que la institución se los proporciona, aunque también señalaron que la cantidad que les proporcionan es insuficiente.

Con respecto al jabón, 95% de los internos en Altiplano y 65% en Occidente dijeron que la institución no se los proporciona, mientras que el 100% de los y las internas en Norponiente, Islas y Rehilete, señalaron que la institución sí se los proporciona. La pasta dental sólo la proporciona al 100% Norponiente, en cambio, 95% en Altiplano, 85% en Occidente, 86% en Islas y 47% en Rehilete, dijeron que la institución no se las
proporciona.

De nueva cuenta, sólo Norponiente les proporciona cepillo dental en el 100% de los casos mientras que 95% de los internos en Altiplano, 9% en Occidente, 27% en Islas y 20% en Rehilete, dijeron que la institución no se los proporciona.

Cuadro 3.5
Disponibilidad de agua

Por lo que toca al agua para beber, 98% de los internos en Altiplano, 97% en Occidente, 53% en Norponiente, 13% en Islas y 26% en Rehilete, dijeron que la institución no les proporciona agua para beber. En los casos en que la institución no les proporciona agua para beber, los internos tienen que emplear sus propios recursos para comprarla o bien tomarla de las tuberías o de pipas, lo que les ocasiona problemas recurrentes de infección intestinal, pues se trata de agua insuficientemente potabilizada.

Con respecto al acceso al agua para el aseo personal, 97% de los internos en Altiplano, 92% en Occidente, 76% en Norponiente y 98% en Rehilete, dijeron que disponían de suficiente agua para su aseo personal. Sin embargo, sólo 55% de los internos en Islas consideraron que disponen de agua suficiente para su aseo personal mientras que el resto señaló que la cantidad que les proporcionan es insuficiente. Internos de Islas que señalaron que el agua no estaba suficientemente limpia o desalinizada por lo que les producía daños en la piel. Por su parte, 97% de los internos en Altiplano, 100% en Occidente, 93% en Norponiente, 85% en Islas y 90% en Rehilete dijeron que podían tomar un baño diariamente.
Los sanitarios

cuadro 3.2

Con respecto a si los sanitarios que utilizan cuentan con suficiente privacidad, 96.5% de los internos en Altiplano, 89% en Occidente y 74% en Norponiente, consideran que los sanitarios no cuentan con suficiente privacidad. En cambio, 51% de los internos en Islas y 74% de las internas en Rehilete consideran que sí cuentan con suficiente o relativa privacidad. En los tres primeros centros los sanitarios de hallan al interior de la celda que los internos han de compartir con sus compañeros.
Los alimentos

En cuanto a si consideran que los alimentos que la institución les proporciona son suficientes en cantidad: 66% de los internos en Altiplano, 70% en Occidente, 53% en Norponiente, 55% en Islas y 55% en Rehilete, consideran que los alimentos que reciben son insuficientes.

Cuadro 3.3

La mayor insatisfacción con la calidad de los alimentos se da en los centros del Complejo Penitenciario de Islas Marías. En este caso, la insatisfacción puede también deberse al gran número de comidas que cada cocina de la Isla tiene que preparar. En uno de los centros, por ejemplo, se preparan cerca de dos mil comidas 3 veces al día. Ello dificulta el control de calidad de los alimentos, incluido el control de la higiene de los mismos.

Cuadro 3.4

Existen diferencias significativas en relación con la opinión que los internos tienen respecto a la calidad de los alimentos, ya que mientras 20% de los internos en los centros federales considera que la calidad de los alimentos es buena o muy buena, sólo 9% de los internos en el DF y Edomex opina lo mismo. En cambio, mientras que 52% de los internos en los centros locales opina que la comida es mala o muy mala, 32% en los centros federales opina lo mismo.
Servicios Médicos

En lo que se refiere a la atención por parte de los servicios de salud: 93% de los internos en Altiplano, 91% de Occidente, 78% de Norponiente, 83% de Islas y 95% de las internas en Rehilete, señalaron que han recibido atención de tipo preventivo como chequeos generales o vacunas y la mayor parte de los internos/as se muestran satisfechos con la atención de tipo preventivo que reciben.

Cuadro 3.6

De acuerdo con estos datos, el centro que mejor atención médica brinda es el de Occidente mientras que el resto de los centros, y particularmente Norponiente, presentan deficiencias importantes, en este último varios internos refirieron que han tenido que acudir a un amparo para recibir atención médica.

También preocupa de manera especial el tiempo que demoran en obtener atención médica cuando la solicitan. Cabe señalar que mientras en Occidente 23% de los internos señalaron que demoran en recibir atención médica entre 2 y 4 horas así como 44% dijeron que demoran entre 2 y 5 días, en Altiplano, en cambio, 40% de los internos señalaron que demoran un mes o más en recibirla y lo mismo dijeron 51% de los internos en Norponiente, 23% en Islas y 39% en Rehilete.

Con respecto a quién les proporciona los medicamentos que requieren, 93% de los internos en Altiplano, 100% en Occidente, 85% en Norponiente, 82% en Islas y 91% en Rehilete, señalaron que se los proporciona la institución. Desafortunadamente, en los casos que la institución no se los proporciona, las más de las veces no hay quien lo haga, por lo que los internos no obtienen el medicamento que requieren.

Cuadro 3.7
Acceso a información

Con respecto a si tienen acceso a un televisor: 7% de los internos en Altiplano, 24% en Occidente, 100% en Norponiente, 61% en Islas y 99% en Rehilete no tienen acceso a un televisor. Por otra parte, 100% de los internos de todos los centros dijeron que no tienen acceso a periódicos. En cuanto a revistas, sólo dijeron tener acceso 59% de los internos en Occidente, 13% en Norponiente, 11% en Islas y 3% en Rehilete. El resto de los y las internas dijeron que no tienen acceso a revistas.

A la lectura de libros dijeron tener acceso: 91% de los internos en Altiplano, 99% en Occidente, 84% en Norponiente, 83% en Islas y 92% en Rehilete. Sin embargo, en varios de los centros, los internos señalaron que los libros estaban en mal estado, que sólo podían consultarlos dentro de las bibliotecas o que sólo de manera esporádica les permiten tener acceso a ellos.
Comunicación telefónica y visitas familiares

Cuadro 3.8

Son los internos de Altiplano y Occidente quienes tienen mayor comunicación con sus familiares, mientras que preocupa el alto porcentaje de internos que no se comunica con su familia en Norponiente. Por su parte, 93% de los internos en Altiplano, 85% en Occidente, 67% en Norponiente, 65% en Islas y 78% en Rehilete, señalaron que carecen de privacidad cuando realizan las llamadas a sus familiares.

Cuadro 3.9

Es preciso tener en cuenta que el hecho de que se les autorice la visita de sus familiares, no quiere decir que efectivamente la reciban o que sus familiares estén en condiciones de visitarlos. Las siguientes preguntas que se les formularon, dan una idea precisa de cuál es la proporción de internos que en cada centro ha recibido la visita de sus familiares así como los motivos por los cuales la gran mayoría no ha podido reunirse con su familia.

Cuadro 3.10

Preocupa especialmente la situación de 70% en Norponiente y 90% de los internos e internas en Islas Marías que, durante los últimos seis meses no han recibido la visita de sus familiares. Aun en Altiplano y Occidente poco más de 40% no han sido visitados por su familia. En la gran mayoría de los casos, el motivo principal por el cual su familia no los ha visitado, es por falta de dinero así como por las distancias que tendría que recorrer.

En el caso de los y las internas en Islas Marías, para poder visitarlos, su familia tendría que costear el traslado hasta Mazatlán y después tendría que asumir los costos de su estancia en la Isla durante una semana. El Complejo Penitenciario asume solamente el costo del traslado en barco desde Mazatlán hasta las Islas y el del regreso. Para muchos internos esto hace imposible la visita de sus familiares durante todo el tiempo que dure su condena.

Cuadro 3-11 F-tiff

Como se puede apreciar, los internos que consideran que sus familiares reciben un buen trato cuando acuden a visitarlos, son claramente una minoría (5% en promedio). Tanto en Altiplano como en Occidente, la mayoría (55% en promedio), considera que el trato que reciben es malo o muy malo.

Cuadro 3.12

En cuanto a si los familiares que visitan a los internos en centros federales tienen que pagar alojamiento para poderlos ir a visitar: 52% de los internos en Altiplano, 61% en Occidente, 73% en Norponiente, 9% en Islas y 37% en Rehilete, dijeron que sí tendrían que pagar alojamiento. Asimismo, 57% de los internos en Altiplano, 44% en Occidente, 61% en Norponiente, 30% en Islas y 37% en Rehilete dijeron que sus familiares también tendrían que pagar sus alimentos durante su visita.

En cuanto a la cantidad que cada uno de sus familiares tendría que gastar para poder irlo a visitar, aproximadamente la mitad de los internos dijo que entre mil y 5 mil pesos y la otra mitad que más de 5 mil pesos. Cuadro 3.13

Cuadro 3.14

Como puede apreciarse, en los centros federales no se permite que la familia apoye a los internos llevándoles alimentos, ropa o medicamentos, con excepción de los centros de Islas en que se permite que los familiares les envíen algunas prendas de vestir.

Cuadro 3.15

Cabe destacar que los recursos que reciben los internos a través de los giros postales son muy importantes para los internos ya que les permiten obtener artículos de higiene personal que la institución les provee de manera insuficiente, pero también los requieren para poder comprar agua potable o alguno que otro producto que les permite complementar su alimentación.

Por otro lado, sólo 19% de los internos en Altiplano, 20% en Occidente, 5% en Norponiente, 7% en Islas y 4% en Rehilete, dijeron que durante el último año han recibido, al menos alguna vez, visita conyugal. La mayoría de los internos que recibe visita conyugal en Altiplano y Occidente lo hace una vez al mes o una vez cada seis meses.

Seguridad

Con respecto a la pregunta ¿qué tan seguros se sienten en la institución en la que se hallan internos en comparación con el lugar en que vivían antes de ingresar?, 9% de los internos en Altiplano, 11% en Occidente, 8% en Norponiente, 23% en Islas y 34% en Rehilete, dijeron que en la institución para nada se sienten seguros, mientras que el resto, en proporciones casi iguales, señaló que se sienten muy seguros o relativamente seguros.

Llama la atención que los porcentajes sobre el sentimiento de inseguridad son significativamente más elevados (hasta tres veces más) tanto para los hombres como para las mujeres que se encuentran recluidos en Islas Marías.

Cuadro 3.16

Cuadro 3.17

Cuadro 3.18
Trato por parte del personal

Cuadro 3.19

Es importante señalar que una de las situaciones en las que los internos dijeron haber sido golpeados con mayor frecuencia, fue al momento de ingresar en el que, según dijeron, los custodios acostumbran golpearlos en una especie de ritual al que, de manera desafortunada, denominan “bienvenida”.

Varios internos refirieron que ahí inicia lo que ellos viven como un proceso de pérdida de identidad, pues se les hace saber que han dejado de existir como personas con un nombre y que, en adelante, sólo son un número que deberá acatar ciegamente las reglas. Sin embargo, éstas no necesariamente coinciden con el reglamento de la institución sino que son las que impone, muchas veces de manera arbitraria y discrecional, el personal de custodia.

Por otra parte, 50% de los internos en Altiplano, 64% en Occidente, 38% en Norponiente, 41% en Islas y 57% en Rehilete, refirieron haber sufrido malos tratos tales como amenazas, insultos y humillaciones en la institución donde se encuentran recluidos. Occidente y Rehilete obtienen, de nuevo, los porcentajes más altos tanto en éste como en otro tipo de malos tratos.

Considerando sólo a los internos/as que dijeron haber sido maltratados (que representan, en promedio, al 50% del total de la población encuestada), de ellos: 76% en Altiplano, 88% en Occidente, 94% en Norponiente, 83% en Islas y 80% en Rehilete, dijeron haber sufrido tales malos tratos por parte de custodios y el resto por parte de otros u otras internas. Los porcentajes en que dijeron haber sido maltratados por personal directivo en ningún caso superan 3.7%.
Castigos

Por otra parte, 74% de los internos en Altiplano, 92% en Occidente, 32% en Norponiente, 29% en Islas y 23% en Rehilete, dijeron que en alguna ocasión les han impuesto algún castigo estando internos en esa institución. La mayor parte de ellos/as, han sido castigados entre una y tres veces durante el último año.

Cuadro 3.20
Consumo de drogas

A la pregunta de si en la institución se consumen drogas, 36% de los internos en Altiplano, 46% en Occidente, 20% en Norponiente, 56% en Islas y 34% en Rehilete, señalaron que sí se consumen drogas en la institución.

Cuadro 3.21
Privilegios y corrupción

En relación a la pregunta de si los internos que tienen más recursos, obtienen privilegios, sólo 28% de los internos en Altiplano, 20% en Occidente, 14% en Norponiente, 24% en Islas y 23% en Rehilete, consideran que sí, mientras que el resto señaló que en la institución no hay privilegios para quienes tienen más recursos.

En cuanto al porcentaje de los internos que dijo conocer el reglamento de la institución, 95% en Altiplano, 83% en Occidente, 92% en Norponiente, 53% en Islas y 42% en Rehilete, señaló que sí conocen el reglamento institucional. Asimismo, 57% de los internos en Altiplano, 39% en Occidente, 35% en Norponiente, 36% en Islas y 51% en Rehilete dijo haber recibido algún tipo de asistencia jurídica durante el periodo de ejecución de su sentencia.

Al preguntarles su opinión sobre si existe o no corrupción por parte de los custodios, 41% de los internos en Altiplano, 41% en Occidente, 11% en Norponiente, 37% en Islas y 27% en Rehilete, opinaron que sí existe corrupción por parte de los custodios.

Cuadro 3.22
Trabajo, educación, capacitación

A continuación preguntamos a los internos por el tipo de actividades que llevan a cabo en la
institución. Sus respuestas fueron las siguientes:

Cuadro 3.23
La necesidad de contar con actividades laborales se puso de manifiesto al preguntarle al 62% del total de los internos30 que no realizan esta clase de actividades, si les gustaría poder hacerlo. A esta pregunta, 96% de los internos que no realizan ningún trabajo en Altiplano, 81% en Occidente, 100% en Norponiente, 76% en Islas y 83% en Rehilete, señalaron que desearían poder realizar algún trabajo. La razón por la que dijeron que no realizan ningún trabajo, es porque la institución no se los proporciona.

Ahora bien, con respecto al 38% de la población total que sí realiza algún trabajo, el porcentaje que señaló que recibe algún pago por el mismo, fue de 33% en Altiplano, 94% en Occidente, 0% en Norponiente, 39% en Islas y 20% en Rehilete. Casi la totalidad de quienes perciben algún pago por su trabajo, lo reciben ellos mismos para poder costear sus necesidades personales.

Por su parte, 61% del total de los internos entrevistados señalaron que participan en actividades educativas. El 39% que no participa señaló que la institución no les proporciona programas educativos o carece de programas para el nivel que requieren, así como que no cuentan con la documentación necesaria.

Preocupa a la CIDH escalada de violencia en penales del norte del país

Gloria Leticia Díaz
3 de enero de 2013 · Sin comentarios
Destacado
Movilización militar en el Cereso de Durango. Foto: Xinhua
Movilización militar en el Cereso de Durango.
Foto: Xinhua

MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “más profunda preocupación por los altos niveles de violencia en los centros penales del norte de México”.

Luego de que el pasado 18 de diciembre 24 personas murieran como resultado de un intento masivo de fuga del penal de Gómez Palacio, Durango, la CIDH exigió al Estado mexicano investigar y sancionar a los responsables del homicidio de 15 internos y nueve custodios que murieron durante el intento de evasión.

En un comunicado, la Comisión convocó al Estado mexicano a tomar medidas para evitar que se repitan actos de violencia en las cárceles.

El organismo regional hizo un breve recuento de los comunicados de prensa que desde 2010 ha emitido para condenar hechos de violencia en los penales mexicanos, “en los que constantemente se registran motines, enfrentamientos entre bandas criminales, fugas y otros desórdenes e irregularidades”.

La CIDH recordó que han sido “motivo de alarma” la muerte de 44 internos del penal de Apodaca, Nuevo León, el 20 de febrero de 2012; la de al menos 30 reclusos del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, Tamaulipas, el 4 de enero de 2012; la de 17 reos del Cereso de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 25 de julio de 2011; y la de 23 reclusos en el Cereso 1 de Durango, ocurrida el 20 de enero de 2010 en tres riñas simultáneas.

Esos casos, mencionó el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron motivo de tres comunicaciones, clasificadas con los números 21/2012, 79/2011 y 9/2010, mismas en las que ha reiterado las obligaciones de los estados con los prisioneros.

La CIDH hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para adoptar “medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en centros penitenciarios”.

Entre las medidas urgentes para reducir los índices de violencia en los penales, la CIDH destacó “el desarme de la población reclusa y los controles efectivos del ingreso de armas, y otros objetos ilícitos en los centros penales, así como la prevención de las actividades de las organizaciones criminales presentes en las cárceles”.

Insistió una vez más que los estados “tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles”.

Agregó que, precisamente, el “debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

Destacó que los estados “tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia”.

Dichas investigaciones, puntualizó el organismo, “no sólo deben estar orientadas establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad”.

90% de presos en penales federales no terminaron la prepa

Lo anterior se desprende de una revisión del Capítulo I de los Resultados de la Primera Encuesta realizada en los Centros Federales de Readaptación Social por parte del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

enero 4, 2013Omar Granados (@ogranados1)

Foto: Cuartoscuro.Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora.

Sabemos que 87% de los presos en penales federales no terminaron la preparatoria o el equivalente en educación técnica. Además, más de la mitad de los internos tuvieron que dejar la escuela por la necesidad de trabajar, mientras que la mayoría de ellos se dedicaba -antes de ser trasladado al penal- en el autoempleo, como chofer o comerciante. Lo anterior se de desprende de una revisión del Capítulo I de los Resultados de la Primera Encuesta realizada en los Centros Federales de Readaptación Social por parte del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a encargo de la (hoy extinta) Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, bajo la titularidad de Genaro García Luna.

Este primer capítulo resalta las características sociodemográficas de la población de internos en los penales federales, así como de las características que describen al contexto socio familiar en el que crecieron. Algunas características de la población interna que destacan en el estudio es que 90% de los internos entró a trabajar antes de los 18 años, mientras que dos terceras partes de los internos en penales federales dejó de vivir con sus padres antes de la mayoría de edad.

El estudio afirma en su análisis que es posible identificar varios de los factores de riesgo que se han propuesto en teorías criminológicas para explicar las conductas delictivas. Entre otras, podemos destacar importantes carencias en el entorno en que crecieron los internos, tales como abandono o negligencia por parte de los padres, bajo nivel de escolaridad, deserción escolar e incorporación al mercado laboral informal a temprana edad, abandono del hogar, consumo de alcohol o drogas ilícitas entre los adultos responsables, familiares en prisión, violencia o conflictos en la familia, abuso sexual, bajos ingresos, empleo inestable, formación de pareja y procreación a temprana edad.

Cabe señalar que, si bien hay teorías que encuentran en estos factores el origen de las conductas delictivas, también hay otras que señalan que son los sujetos marginalizados o los que pertenecen a los sectores sociales más bajos, los que tienen mayor probabilidad de caer en manos de la justicia en tanto que los sectores privilegiados encuentran con mayor frecuencia la forma de evadirse.

A pesar de lo anterior, no es posible desdeñar las condiciones de desventaja en las que un buen porcentaje de los internos e internas crecieron, lo que, sin duda, los ha dejado en condiciones de mayor vulnerabilidad para involucrarse en actividades delictivas. Llama también la atención y se puede dejar de destacar que, en todos los indicadores, las mujeres parecen haber enfrentado condiciones aun más adversas que los varones. Su nivel educativo es más bajo, la desprotección y la violencia que sufrieron por parte de su familia es más elevada, los empleos a los que tuvieron acceso fueron casi siempre informales y mal retribuidos además de que siendo más jóvenes formaron una pareja y tuvieron más hijos. De igual modo, proporcionalmente, las mujeres tienen diez veces más a su pareja en prisión en comparación con los varones, y sus hijos se encuentran expuestos en mayor medida al abandono.
Edad

Cuadro 1-1-tiff

Algo digno de hacer notar es que el grupo de edad mayoritario, tanto para hombres como para mujeres, es el de 31 a 40 años, que en ambos casos representa a más de la tercera parte de la población. Sin embargo, en términos proporcionales, es mayor el grupo de hombres presos entre los 31 y los 50 años (65.5%), mientras que entre las mujeres es el de 21 a 40 años (66.3%).
Lugar de origen

Con respecto al lugar de origen, 98.6% de los hombres y 95.8% de las mujeres nacieron en nuestro país, lo que significa que sólo se encontró a 10 hombres y 4 mujeres extranjeros, en su mayoría de nacionalidad estadounidense. Entre la población de origen nacional, los estados donde nació el mayor número son, entre los hombres, el DF, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Michoacán. Para las mujeres, el DF, Veracruz, Sinaloa, Sonora y Guerrero.
Composición de la familia

Mientras 78.8% de los varones dijeron tener hijos, 88.4% de las mujeres dijeron ser madres:

Cuadro 1-2-tiff

Mientras 40% de los varones dijeron haber tenido su primer hijo entre los 18 y los 22 años, 65% de las mujeres dijeron haber tenido su primogénito entre los 15 y los 19 años. El hecho de tener hijos a temprana edad puede ser uno de los factores que inducen a las mujeres a delinquir, sobre todo cuando no contaron con apoyo para hacerse cargo de la manutención de sus hijos.

También es importante destacar que, mientras 58% de los varones dijeron que sus hijos menores de 15 años se hallan bajo el cuidado de sus madres, sólo 22% de las mujeres dijeron que el padre de sus hijos se hace cargo de ellos. En el caso de las mujeres, 41% han tenido que dejar a sus hijos al cuidado de los abuelos u otros familiares, mientras que para los varones esto sólo ocurre en el 5% de los casos.

Es importante que mientras sólo 2% de los hombres dijeron que su pareja también se encuentra interna, 22% de las mujeres dijeron que su pareja se encuentra en prisión.

Con respecto al tiempo que llevan en prisión, 29% de los hombres y 35% de las mujeres lleva tres o menos años en prisión, mientras que 37% de los hombres y 47% de las mujeres lleva entre 3.1 y 6 años. Por su parte, 34% de los hombres y 18% de las mujeres tiene más de seis años en prisión.
Contexto social de la familia de origen

Sabemos también que 21% de los varones y 30% de las mujeres dejaron de vivir con su madre cuando tenían 15 o menos años de edad. Y si tomamos en cuenta que un 27% de los internos varones y un 37% de las mujeres dejaron de vivir con su madre entre los 15.1 y los 18 años de edad, tenemos que 48% de los varones internos y 67% de las mujeres, vivieron con su madre, como máximo, hasta los 18 años de edad.

Además, 25% de los varones internos y 34% de las mujeres dejaron de vivir con su padre en algún momento antes de cumplir los 15 años de edad. Asimismo, 23% de los varones y 24% de las mujeres dejaron de vivir con su padre entre los 15.1 y los 18 años de edad. Sin embargo, dado que un 11% de los varones y un 13% de las mujeres dijeron que nunca conocieron ni tuvieron la oportunidad de vivir con su padre, el porcentaje de hombres que no vivieron con su padre o que dejaron de vivir con él antes de los 18 años es de 59% mientras que para las mujeres es de 71%.

Cuadro 1-3-tiff Cuadro 1-4-tiff

Por su parte, 43% de los hombres y 41% de las mujeres dijeron que alguno de los adultos con quien vivían cuando eran niños consumía alcohol frecuentemente. Asimismo, 7% de los hombres y 6% de las mujeres dijeron que alguno de los adultos con quien vivían cuando eran niños consumía drogas frecuentemente.

Además, 18% de los hombres internos y 19% de las mujeres dijeron que alguno de los adultos con quien vivían cuando eran niños, los golpeaba frecuentemente.

Cuadro 1-5-tiff
Escolaridad

Cuadro 1-6-tiff Cuadro 1-7-tiff
Empleo

En este rubro destaca que 30% de los hombres y 28% de las mujeres empezaron a trabajar antes de los 12 años. Asimismo, 35% de los hombres y 28% de las mujeres lo hicieron entre los 12.1 y los 15 años, mientras que 25% de los hombres y 31% de las mujeres entre los 15.1 y los 18 años. En resumen, 90% de los hombres y 87% de las mujeres comenzaron a trabajar antes de los 18 años. Este dato contrasta fuertemente con la información que existe sobre la población general del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud, 36% de los jóvenes entrevistados reportó haber conseguido su primer empleo antes de los 16 años.

Cuadro 1-8-tiff

Mientras 75% de los hombres que recibían ingresos y 82% de las mujeres, dijeron que recibían entre 60 y 3,000 pesos a la semana, 8% de los hombres y 21% de las mujeres dijo que no trabajaba.

Entre los desempleados, sus principales motivos fueron no encontrar trabajo (2.3%), que se dedicaban a delinquir (2.5%) o que no necesitaban trabajar (1.1%). Por su parte, las mujeres afirmaron que no trabajaban porque se ocupaban de su familia (10.5%), no necesitaban trabajar (5.3%) o no encontraban trabajo (4.2%).

Asimismo, 14.6% de los hombres y 2.1% de las mujeres dijeron que alguna vez habían prestado servicios en la policía o las fuerzas armadas, mientras que 39% de los hombres y 23.2% de las mujeres dijeron que alguna vez habían intentado ir a trabajar a los Estados Unidos.

Por su parte, 13.8% de los hombres y 6.3% de las mujeres dijeron que en alguna ocasión habían sido detenidos en los Estados Unidos. Los hombres habían sido detenidos, en la mayoría de los casos, por: su situación migratoria (6.7%), tráfico de drogas (2.1%) y robo (1.1%), mientras que las mujeres por tráfico de drogas (4.2%) o por su situación migratoria (1.1%).

Atestan Ceferesos

El caso más grave es el del Centro Federal de Prevención y Readaptación Social (Cefereso) número 2, “Occidente”, localizado en Puente Grande Jalisco. Inaugurado en octubre de 1993, el penal registra un sobrecupo de 46 por ciento, ya que tiene capacidad para 836 reos y en él están confinados mil 220 internos, la cifra más alta que ha tenido un penal de máxima seguridad.

El Cefereso número 3, “Noreste”, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, y cuya operación data de junio del 2000, reporta una sobrepoblación de 33.3 por ciento, ya que cuenta con una capacidad para 836 personas pero tiene internadas a mil 115.
En tanto, en “El Altiplano”, el primer penal de máxima seguridad que se construyó en el País y que entró en operación en 1991 en Almoloya de Juárez, Edomex, el nivel de sobrepoblación asciende a 29.4 por ciento: tiene cupo para 836 internos pero hay mil 82 reclusos.

Esta sobrepoblación se agrava si se toma en cuenta que la recién desaparecida Secretaría de Seguridad Pública estableció en la Estrategia Penitenciaria 2008-2012 que la población recomendada en los penales de máxima seguridad debería rondar los 520 internos, para no vulnerar los controles y niveles de vigilancia que estas instalaciones requieren.

Estos centros carcelarios fueron construidos para albergar a los reos que mediante estudios psicológicos y criminológicos fueran diagnosticados como peligrosos y una de sus características, que los diferenciaban del resto de las cárceles en el país, es que utilizaban celdas unicelulares, es decir, un interno por aposento.

Sin embargo, durante el sexenio pasado, ante la captura masiva de presuntos integrantes del crimen organizado y las reticencias de alguna entidades para aceptarlos en sus cárceles, la entonces Secretaría de Seguridad Pública pasó por alto su propia recomendación de no sobrepasar los 520 reos por prisión.

La saturación comenzó a registrarse en 2008, cuando a final de ese año comenzaron a registrarse poblaciones superiores a la capacidad máxima de ese entonces de 724 internos, lo que obligó a las autoridades a hacer adecuaciones para aumentar su cupo a los 836 lugares que actualmente tienen.

No obstante, con la nueva capacidad instalada, comenzaron a registrar niveles de población cercanos al 100 por ciento que fueron gestionados para no registrar sobrecupo.

El año pasado, debido a la promesa del anterior titular de la SSP, Genaro García Luna, de que todos los reos federales del País, alrededor de 50 mil, estarían para el 30 de noviembre recluidos en Ceferesos, precipitó el crecimiento de la población.

Trasladan reos de alta peligrosidad de SLP a penales federales

Policía, Policía • 14 Enero 2013 - 5:41pm — Imelda Torres

Previamente se realizó un operativo en el penal de La Pila, donde fueron encontradas armas hechizas, droga y teléfonos celulares.

Primero se hizo un operativo al interior de La Pila.

San Luis Potosí • Esta mañana fueron trasladados 59 reos del fuero federal y de alta peligrosidad, de seis penales del estado a centros de reclusión de alta seguridad social del país.

Según lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para despresurizar las cárceles de la entidad potosina, llevados en medio de un dispositivo de seguridad que se realizó con unidades de la policía estatal y federal, así como de la milicia.

Antes se hizo una revisión al penal de La Pila, ubicado en la capital de Sn Luis Potosí, donde se encontraron puntillas hechizas, teléfonos celulares y varias dosis de marihuana.

En total, se trasladaron, incluyendo mujeres, 48 reos del penal de La Pila, uno de Ciudad Valles, seis de Rio Verde, dos de Tamazunchale, uno de Tancanhuitz uno de Matehuala, los cuales fueron llevado al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga.

Fuera de Coahuila 22 reos federales.

27 de enero del 2013
Por Reporte Coahuila

México, 27 de enero.- En los próximos días 22 reos federales de alta peligrosidad que se encuentra internos en penales del estado serán trasladados a reclusorios de Nayarit, Sonora Y Puebla mientras que en los penales de Monclova Y saltillo quedarán solamente 23 de un total de 45.

El Gobierno del Estado trata de dejar libres de reos federales los centros de readaptación que existen en la entidad mientras que los reos que se fugaron del penal de Piedras Negras el 17 de septiembre del 2012 y que han sido recapturados serán enviados en breve a otros penales de México, informó el Procurador Homero Ramos Gloria.

Con la salida de los reos de alta peligrosidad del estado se trata de mejorar la seguridad de los centros de readaptación del estado debido a que son los que mas activamente participan en la organización de motines, intentos de fuga y riñas que ocurren dentro de los centros, además de que desde el interior planean y ordenan actos delictivos.

Trasladan a 52 reos de Nuevo Laredo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas dio a conocer que el traslado se registró la tarde de este viernes, por disposición de la Secretaría de Gobernación (Segob)
por Redacción

25/Ene/2013 00:00 HRS

Tamaulipas.- Elementos del Ejército mexicano y de las policías Federal y Estatal realizaron el traslado de 52 internos del Centro de Ejecución de sanciones de Nuevo Laredo a diferentes penales federales del país.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas dio a conocer que el traslado se registró la tarde de este viernes, por disposición de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con el reporte, de los 52 reclusos, 48 son hombres y cuatro son mujeres.

Queja colectiva de familiares de reos contra autoridades de las Islas Marías

Denuncian falta de información sobre su situación luego del motín.

Irene Sánchez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de febrero de 2013, p. 11

Mazatlán, Sin., 5 de febrero. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) recibió una queja colectiva contra las autoridades de la Colonia Penal Federal Islas Marías, a quienes familiares de tres presos exigieron que proporcionen información a quienes tienen reos en ese lugar sobre la situación de sus parientes y si han sido reubicados a otros penales, dio a conocer Míriam Hernández Torres, visitadora regional de la CEDH.

Indicó que los afectados acudieron a la CEDH a interponer una queja debido a que funcionarios de la Secretaría de Gobernación –de la que depende el penal– les niegan información sobre la salud de los reos o si algunos fueron trasladados a otras cárceles, luego del motín ocurrido el sábado anterior en ese centro penitenciario.

La visitadora señaló que la queja se turnará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que, en breve, proporcione información sobre las condiciones de salud de los internos, además de que la CNDH ya empezó por oficio una queja relacionada con el motín, en la cual se solicitaron medidas cautelares para garantizar la integridad de los internos y que no existan represalias en su contra.

El padre de un preso aseguró que desde hace tres meses, cuando su hijo fue trasladado a las Islas Marías por portación de armas, no se le ha informado sobre las condiciones en que se encuentra ni recibe instrucciones para visitarlo, y teme que lo hayan llevado a otro penal sin aviso previo.

En manos del crimen organizado el 60% de las cárceles en México.



La Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI) aprobó una reforma al artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de supervisar el respeto de estos preceptos en las cárceles mediante la elaboración de un diagnóstico anual.

En el diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones de datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, cifras sobre riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federal.

La iniciativa, promovida por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano), señala que la sobrepoblación en las cárceles aniquila las posibilidades de rehabilitación, ya que 28 penales concentran 50 por ciento de los reos y cuatro de las cinco prisiones de máxima seguridad están a su máxima capacidad.

Precisa que hay alrededor de 220 mil presos en 451 reclusorios y el Estado gasta un promedio de 29 millones de pesos diarios para su manutención.

Refiere que la mayor parte de los reclusorios presentan problemas estructurales, al no reunir las condiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, respecto a las cuales se debe organizar el sistema penitenciario y que son el trabajo, la capacitación laboral y la educación.

Agrega que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2010 a la fecha se tiene el registro de 14 fugas, con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 352 internos y fueron heridos 45 y dos motines, que causaron dos decesos y 32 lesionados.

De acuerdo con el mismo diagnóstico, 60 ciento de las cárceles en México son controladas por gente del crimen organizado; es decir, se ha instaurado un autogobierno de los reos, debido a la falta de custodios en los penales, subraya.

En tales condiciones, se hace necesaria la participación activa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no sólo por lo que se refiere al desarrollo de inspecciones y visitas o a la elaboración de informes o recomendaciones. Se requiere dotarle de mayores facultades para forzar un escenario de mayor respecto y protección de los derechos humanos de los internos, puntualiza la iniciativa del diputado.

También fue aprobado un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de que se consideren discriminatorias las distinciones que en materia de apoyos se hagan a deportistas discapacitados respecto a los convencionales.

Posteriormente, la Comisión aprobó un dictamen a una minuta que reforma el artículo 19 y 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de habilitar al Consejo Consultivo de la CNDH para opinar en el proyecto presupuestario de tal órgano, así como el que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, con alguna discapacidad auditiva o de lenguaje, en los trámites que realicen ante la CNDH, se les destine gratuitamente un traductor o intérprete.

Se aprobó una reforma al artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de que se incluyan las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y puedan presentarse de forma oral y por lenguaje de señas mexicanas a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad.

Lunes 18 de marzo de 2013, p. 13

El gobierno federal promueve un programa para liberar reclusos que purgan sentencias menores o están sujetos a proceso acusados de delitos no graves.

El objetivo es “despresurizar” las cárceles en todo el país y reducir la población en éstas cerca de 20 por ciento, según el cálculo preliminar.

“Se tiene que analizar cada caso en particular. Podría beneficiarse a un porcentaje importante, posiblemente 20 por ciento, una quinta parte (del total de internos registrados hoy día)”, expresó María de los Ángeles Fromow Rangel, responsable de generar las condiciones para implementar una reforma a la justicia penal.

Esta revisión de expedientes se deberá trabajar de forma paralela a la de juicios orales.

Desde la transición gubernamental, (el equipo de Enrique Pena Nieto) valoró el plan para aplicar una revisión de los expedientes de internos, con la perspectiva de generar alternativas para los grupos vulnerables y prevenir la generación de más ilícitos.

Ahora se busca instar a los gobiernos de los estados a acelerar los trabajos rumbo a la modificación penal y, en particular, aprobar o fortalecer las leyes de ejecución de sanciones y marco legal para encauzar la liberación de reos.

Bajar la carga

El plan busca también aliviar la carga a cárceles federales y estatales, así como generar círculos virtuosos hacia una verdadera reinserción social de los sentenciados o sometidos a proceso.


La funcionaria destacó que cerca de 70 por ciento de internos están acusados de ilícitos menores o señalamientos de barandilla.

Por ello, en lugar de reinsertarlos socialmente, en las cárceles se empiezan a involucrar en círculos viciosos.

En entrevista, explicó que la reforma de justicia penal (aprobada en 2008 y con fecha límite para aplicarse en todo el país en 2016) va a despresurizar las cárceles, al reducir los casos en que un acusado es llevado ante un juez, es decir, los expedientes podrían resolverse con un proceso de conciliación y de reparación del daño.

“Debemos cambiar el chip (en torno a la justicia), porque como ciudadanos de inmediato se quiere que el responsable vaya a la cárcel y me pregunto si en ese momento se puede aceptar un proceso de conciliación”, indicó.

Lo que tendrá que ocurrir, agregó Fromow, “es el correr de dos sistemas paralelos; por un lado, concluirse lo que esté sujeto a investigación en el sistema tradicional, y los nuevos casos se tratarán con base en otros principios”.

Trasladan 32 presos de Campeche a Cefereso de Oaxaca.

11 de Junio del 2013 a las 17:06pm

Desde Campeche se ha enviado un centenar de personas a distintos centros federales de Readaptación Social en la República, y se espera trasladar otro número similar con procesos federales.




Campeche •  En Campeche, 32 internos del penal de San Francisco Kobén sentenciados a delitos federales, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social 13 en el estado de Oaxaca.

El traslado fue con base en lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del organismo administrativo descentralizado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Secretaría de Gobernación del gobierno de la República, donde los internos federales deben de purgar condenas en Ceferesos.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad llevó a los 32 internos, acusados por delincuencia organizada y contra la salud, entre otros ilícitos del fuero federal, al aeropuerto internacional de Campeche, "Ing. Alberto Acuña Ongay", donde abordaron un avión de la empresa Interjet, con matrícula XA-TWR, para ser trasladados al Cefereso 13 en Oaxaca.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad informó que este es el cuarto traslado de internos federales a otros penales en diversas partes de la República, durante la actual administración estatal.

Hasta ahora se han enviado a 100 personas a los Ceferesos, de las Islas Marías en el estado de Nayarit, el Altiplano en el Estado de México, en Perote, Veracruz y Huimanguillo, Tabasco.

De igual manera informó que aún quedan de 100 a 105 internos procesados federales, que esperan ser trasladados a otros Ceferesos.

La dependencia también informó que la semana pasada dos internos fueron llevados a los Ceferesos de Villa Aldama, en Perote, Veracruz, y al de Huimanguillo, en Tabasco.

ÉDGAR ITCHE

Reconoce CNS sobrepoblación hasta de 75% en Ceferesos


Reportan sobresaturación en el DF y tres estados


Gustavo Castillo García


Periódico La Jornada
Domingo 30 de junio de 2013, p. 12
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) registra sobrepoblación penitenciaria en seis Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), la cual oscila entre 13 y 75 por ciento.

Un total de 2 mil 400 internos comparten celdas hasta con tres personas, espacios que fueron ideados para una sola cuando se crearon en México los penales de máxima seguridad, pese a que existen 2 mil 857 espacios en otras prisiones federales.

El documento Estadísticas del sistema penitenciario federal correspondiente a mayo de este año revela que el Distrito Federal, Nayarit, el estado de México y Jalisco presentan la mayor sobrepoblación de reos en el país.

En el caso de los Ceferesos, el 5 Oriente, que se localiza en Perote, Veracruz, tiene capacidad para 2 mil 538 internos; sin embargo, en él conviven 3 mil 239, es decir, 701 más de la capacidad instalada, lo que significa 27.62 por ciento de sobrepoblación.

El Cefereso 2 Occidente –el cual también es conocido como Puente Grande– alberga a mil 466 personas, aunque su capacidad es para 836 reclusos, y de acuerdo con las estadísticas oficiales, tiene 75.36 por ciento de sobrepoblación.

El Cefereso 9 Norte, localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, que comenzó a operar como prisión federal en septiembre de 2011, cuenta con capacidad para 934 reclusos, pero resguarda a mil 399, con lo cual tiene sobrepoblación de 49.79 por ciento.
El Altiplano, también conocido como Almoloya, fue la primera prisión federal de máxima seguridad en México, comenzó a operar en 1991 y cuenta con capacidad para 836 personas, pero tiene mil 264 internos, por lo que la población extra es de 51 por ciento.

El Cefereso 11 comenzó a operar en octubre de 2012, se localiza en Sonora y se construyó para 2 mil 500 reos; no obstante, alberga a 2 mil 841, lo que se significa que tiene 13.6 por ciento más.

Asimismo, el Cefereso 3 Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, registra una sobrepoblación de 39 por ciento, ya que alberga a mil 168 internos cuando su capacidad es de 836. El Cefereso 8 Norponiente, en Guasave, Sinaloa, tiene capacidad para 656 presos, pero alberga a 833, es decir a 177 internos de más.

Finalmente, el Cefereso 7 Nornoroeste, en Guadalupe Victoria, Durango, tiene capacidad para 480 reclusos, pero atiende a 603, por lo que alberga a 25 por ciento más, según las estadísticas del Sistema Penitenciario Federal.

En México hay 244 mil 960 presos, de los cuales 195 mil 457 cometieron delitos del fuero común y 45 mil 503 en el ámbito federal.

La población que se encuentra sujeta a proceso por delitos federales es de 25 mil 618 personas; 23 mil 885 ya han recibido sentencia.

A escala federal la sobrepoblación penitenciaria es de 48 mil 218 internos, problema que afecta a 215 de las 416 prisiones que existen.

CNDH prepara informe sobre cárceles en México

Notimex Octubre 15, 2013 9:15 pm

El ombudsman nacional también habló de las desapariciones forzadas e indicó que se tiene un reporte de alrededor de 24 mil 900 casos de personas no localizadas


SALTILLO. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó que en fechas próximas se dará a conocer un informe especial sobre el estado que guardan los centros de reclusión de la República Mexicana.

Asimismo, dijo, se abordará el tema de las actuaciones que sobre el tema realizan los estados, donde se encontró por lo general que las cárceles no cuentan con espacios suficientes para albergar a la población, entre otras deficiencias.

Tras asistir como participante al “Coloquio Internacional del Derecho Humano al Agua, una Perspectiva Internacional”, realizado en la ciudad de Saltillo, Plascencia Villanueva señaló que durante 2013 se ha presentado una dinámica muy distinta de desapariciones.

Agregó que se tiene un reporte de alrededor de 24 mil 900 personas no localizadas y dos 2 mil 443 casos donde podría haber indicios de desapariciones forzadas.

El ombudsman reiteró que la más alta incidencia se sigue presentando en las entidades de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa, donde están las estadísticas y reportes documentados.

Expuso que en la mayoría de los casos se tiene el reporte de que hay un involucramiento del crimen organizado, como casos donde existe la referencia de participación de autoridades de los tres niveles de Gobierno, por lo que la CNDH ha emitido 30 recomendaciones en ese sentido.

En el caso particular de Coahuila, dijo que la Comisión tiene un reporte oficial de 400 casos de personas desparecidas.

Reconocen severa crisis en cárceles

19 de octubre del 2013

México, 19 de octubre (Reforma).- El titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, José Luis Musi Nahmías, reconoció que el sistema penitenciario mexicano atraviesa por una severa crisis.

“Esta crisis tiene dos grandes motivos: una hacia el interior del penitenciarismo mexicano, que existe, que reconocemos y no podemos ocultar y consiste y está motivada por el hacinamiento, la sobrepoblación, la debilidad, la pobreza, la incapacidad en el sentido de la capacitación”, explicó.

En México, ejemplificó, más del 60 por ciento de las prisiones registran hacinamiento que hoy alberga a 260 mil reclusos.

En segundo lugar, agregó, están las sobrecargas del sistema penitenciario.

Entrevistado en el marco de la Novena Conferencia Nacional Occidente de Centros Penitenciarios, Musi Nahmías dijo que en el País se castiga más a la pobreza que a los actos delictivos.

“En ocasiones, quien se roba un celular, quien se roba un tapón de un coche, se tiene que quedar en prisión, y es mejor lograr una amigable composición y no sancionar con la pena máxima, que es la privación de la libertad, a una gente por delitos que antes eran menores, porque si no entonces sucede que, como se procedió años atrás, estamos castigando entonces más que a los delincuentes, a la pobreza, y la cárceles están llenas de gente pobre”, advirtió.

El funcionario sostuvo que se apuesta más a la reacción que a la prevención.

Por ello, informó, se ha determinado destinar mayores recursos a la prevención del delito que a la seguridad.

Fernando Paniagua

Corrupción y autogobierno, señala diagnóstico de la CNDH

Los peores penales, en Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 24 de noviembre de 2013, p. 10
En un sistema marcado por la corrupción y el autogobierno de los reos en la mayoría de las cárceles, algunos de los centros de reclusión que tienen peores condiciones de gobernabilidad se encuentran en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, señala el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, presentado hace unos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El informe, de más de 500 páginas, detalla en qué condiciones se encuentran los penales de las 32 entidades del país, así como los problemas de hacinamiento, malos tratos, violencia y nulas oportunidades de reinserción social de la mayoría de internos, al mismo tiempo que otros pueden gozar de privilegios, como posesión de drogas y celulares.

Entre las cárceles estatales donde existen esquemas de autogobierno, señala el documento, se encuentran los reclusorios varoniles oriente, norte y sur, en el Distrito Federal; los tres penales de Nuevo León, y tres de Tamaulipas.

Este mismo fenómeno se presenta en Ciudad Obregón, Hermosillo y Nogales, en Sonora; Cieneguillas y Fresnillo, en Zacatecas; Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, y tres de Culiacán.

Con respecto a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, el organismo documentó un caso de este tipo a principios del año en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

También se registró que en los penales construidos por la iniciativa privada el costo del mantenimiento por cada interno es de alrededor de mil 600 pesos diarios, y pese a ello la calidad de los alimentos y la higiene es igualmente mala en comparación con los centros de reclusión del Estado.

Mediante depósitos bancarios, las familias de reos pagan extorsiones
El dinero va dirigido a custodios o internos del Reclusorio Oriente, acusan madres y esposas




Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada
Sábado 3 de mayo de 2014

Mediante depósitos a cuentas de Banco Azteca familiares de presos en el Reclusorio Oriente pagan a custodios e internos para evitar que sus hijos o esposos sean agredidos, golpeados o castigados. La cantidad varía, desde 80 hasta 500 pesos, como se puede constatar en los recibos presentados por un grupo de mujeres que decidió denunciar las "extorsiones".

Expresan temor porque saben que si identifican a quienes decidieron "hablar" de lo que pasa en el penal "los que llevan las de perder son ellos (los reclusos), uno está afuera, pero a ellos los tienen encerrados y ni para donde irse". Sin embargo, ante los abusos decidieron interponer una queja ante la segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde se documentan los cobros indebidos y los maltratos.

"Si no pagamos a tiempo el pase de lista, nos cobran con intereses", relataron algunas de las madres que han tenido que depositar a cuentas en Elektra. Como evidencia mostraron fichas del plan Guardadito, como una fechada el 13 abril de 2014, por 200 pesos.

El pago fue realizado para evitar que Juan, un interno sentenciado a cuatro años de cárcel por el delito de robo a transeúnte, fuera acusado de intento de homicidio, debido a que dentro del penal, al defenderse, rozó a un interno con la navaja con que éste lo amenazaba, pues no lo dejaba pasar hasta que no pagará "la cuota".

La ficha de depósito está destinada a María del Carmen Bernal Hernández y la cuenta es 31911381965770; sin embargo, los nombres y los números cambian en cada pago. Cómo y dónde depositar se lo dicen los internos, pero, de acuerdo con sus relatos, no saben de quien se trata y tampoco les dicen el nombre para evitar represalias, sólo les hablan del amago al que están sometidos en caso de no hacer el pago.

Guardadito es una cuenta de ahorros para personas físicas mayores de edad, en la que, según la promoción del banco, "puedes mantener tu dinero siempre disponible para cuando lo necesites, y lo más importante, la abres con el monto que tu quieras, no te cobra comisiones por apertura o por mantenimiento de cuenta".

Para abrir la cuenta es necesario mostrar una identificación oficial vigente; por ello las mujeres afectadas comentan que se podría dar con los responsables de quienes están extorsionando a los reclusos, porque algunos incluso han sido testigos de cómo los maltratan.

“Antes decían que sólo arriba –en los dormitorios– los regañaban los custodios, pero ahora lo hacen en cualquier momento y sin importar si es día de visita”, comentó Lourdes.

La mujer recordó que en una ocasión estaba con su marido y se quedaron dormidos, por lo que no estuvo presente a la hora del pase de lista. Después de que lo buscaron y fue voceado su nombre, él se fue corriendo.

"Tardó mucho en bajar, cuando llegó traía la cara roja y la ropa sucia, como si se hubiera caído. Le pregunté qué había pasado; me dijo que los custodios lo habían cacheteado y pateado, además de que lo querían mandar a la celda de castigo, lo acusaban de intento de fuga y eso no se vale", concluyó la mujer.

Aumenta 134% violencia en las cárceles en el primer año de Peña Nieto

Motines, homicidios, huelgas de hambre. Los hechos violentos en los penales se dispararon con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. Algunos, como los intentos de suicidio, hasta en 300%. Con este texto, Animal Político abre una serie que retrata lo que ha ocurrido con las penitenciarías de México  en el primer año de la actual administración, de acuerdo con datos obtenidos a través de la ley de transparencia.
mayo 6, 2014Dulce Ramos (@WikiRamos)


El primer año de Enrique Peña Nieto ha sido el peor para los internos de las cárceles mexicanas.

Entre 2012 y 2013, los motines, las agresiones, los homicidios y las huelgas de hambre tuvieron el aumento más significativo de los últimos ocho años, con un crecimiento de 134%. El pico más alto que se ha registrado entre el último año del gobierno de Vicente Fox, 2006, y 2013, el año de arranque de la actual administración.

En el inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, los 248 mil 920 internos que hay en las cárceles del país (dato con corte a septiembre de 2013, ofrecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), han visto cómo entre las celdas y pasillos que habitan —en cumplimento de una sentencia o a la espera— crecen aquellos hechos fuera de la norma y que ponen en riesgo la seguridad de internos y del personal que labora en ellos. Esos hechos a los que las autoridades llaman simplemente “incidencias”.

El aumento ha sido prácticamente imparable desde 2006, pero en la administración de Peña Nieto se ha generado un crecimiento notable. De Vicente Fox a Enrique Peña Nieto, ninguna administración ha podido contener de manera contundente el caos en los centros penitenciarios, como lo muestra la siguiente gráfica:



En el primer año completo que Felipe Calderón pasó en funciones, 2007, las incidencias casi se duplicaron. Posteriormente hubo una reducción del 20%, misma que desapareció al año siguiente, 2009, cuando el aumento fue de 30%. Lo siguiente fue otra reducción mínima en 2010: apenas 6%.

El penúltimo año de Calderón fue el peor de su sexenio. Ese año, las incidencias en los penales crecieron 108% y, al siguiente y último de su administración la reducción fue de 18%.

En lo referente al orden en las cárceles, el arranque de Peña Nieto ha sido catastrófico. Las irregularidades pasaron de 1042 en 2012 a 2439 en 2013. El aumento es rotundo y significa mucho más del doble: 134%

Los datos que permiten estas conclusiones se desprenden de dos solicitudes de información hechas al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, instancia responsable de los penales del país y dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad. Una, con el folio 3670000001513 y otra más con el número 3670000003914. En la primera se requirió el desglose de incidencias entre 2016 y 2012, y en la siguiente, la información referente a 2013.

Si bien, esos datos son presentados año con año por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en una presentación titulada Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional (lámina 5.1), las tablas siempre se han presentado ilegibles, por tanto, Animal Político los solicitó en formato apto para su procesamiento. Es decir, datos abiertos.

Los hechos violentos que contabiliza el Órgano Administrativo Desconcentrado están divididos en 14 categorías: agresiones a terceros, autoagresión, decesos, fugas, homicidios y huelgas de hambre son parte de la lista; así como también: intentos de fuga, intentos de homicidio, intentos de suicidio e intento de violaciones. Igualmente lleva el registro de motines, riñas, suicidios y violaciones.

Motines, intentos de suicidio y violaciones, las “incidencias” con más aumento.

En 2013 se registraron cuatro motines, mientras que en 2012 sólo hay registro de uno. En el Complejo Penitenciario Islas Marías, así como en el penal de Chetumal, Quintana Roo, y en un penal de Chiapas y otro de Colima, de cuyos nombres no hay registros hemerográficos relacionados a los hechos, ocurrieron los esas cuatro incidencias. Al sumarlas y compararlas con las ocurridas el año anterior, el aumento es de 300%

El mismo porcentaje de aumento tuvieron los intentos de suicidio, al pasar de ocho en 2012 a 32 en 2013.

Mucha menos visibilidad tienen, en cambio, las violaciones a pesar de que también aumentaron 300%. Michoacán, el Estado de México, el Distrito Federal y Baja California, contribuyeron con una cada uno, de tal manera que, comparadas con el único caso ocurrido en 2013, el aumento es exponencial.

Mañana: ¿Qué estado es el polvorín de los penales en México?

En apoyo a la cultura de datos abiertos, Animal Político pone a disposición de sus lectores las bases de datos usadas para construir la presente información.

Tabla.xlsx by http://www.animalpolitico.com

Sin sentenciar, mayoría de los 30 mil reos de las cárceles federales de alta seguridad

Riñas, motines, intentos de fuga y "suicidios", la constante en esos centros de reclusión
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

La mayoría de los casi 30 mil presos de las cárceles federales no han sido sentenciados, y los acusados por delincuencia organizada y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos representan 15 por ciento del total de los internos.

Los penales federales recibieron en 2013 a casi 50 por ciento de sus internos, año en que se registraron 690 riñas, 11 huelgas de hambre, un motín en Islas Marías que involucró a 439 internos, y en ese mismo centro carcelario se suscitó un intento de fuga en el que participaron oficialmente cuatro reos, pero la Secretaría de Marina rescató a seis personas.

Asimismo, en 2013 hubo 41 decesos en las prisiones que controla la Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 250 agresiones a internos y 11 suicidios, revelan cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadprs), de la CNS.

También en ese año se dieron a conocer mil 80 incidencias que involucraron a 2 mil 505 internos, y de los 16 centros penitenciarios que opera el gobierno federal, la única instalación que no reportó problemas fue el El Centro Federal Femenil Noreste, que se localiza en Nayarit.

En febrero de 2013, en el Complejo Penitenciario Islas Marías se registró un intento de fuga de cuatro internos (la Secretaría de Marina reportó el rescate de los internos identificados como Martín Ríos Camacho, José Roberto Romero Solís, Aurelio Amaya Aguirre, Efraín Chávez Carrasco, Hesly Carmona Alvarado y José Refugio Moreno Serrano, cuando intentaban llegar a las costas de Jalisco subidos en tablas de madera y botes de plástico).

Asimismo, en Islas Marías hubo un motín que involucró a 439 internos, en el que resultaron heridas cinco personas; se reportaron cinco riñas con 12 participantes, las cuales dejaron un saldo de dos lesionados; asimismo, se tuvo cocimiento de dos intentos de suicidio; 11 decesos que presuntamente fueron por enfermedad, y 23 internos agredieron a 12 personas.

En tanto, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como Altiplano o Almoloya, en el estado de México, se reportaron 32 riñas en las que participaron 72 presos, cuyo saldo saldo fue un lesionado; un interno se suicidó; 17 atacaron a ocho de sus compañeros y tres se "autoagredieron".

En el Cefereso 2, en Puente Grande, Jalisco, 156 reclusos participaron en 74 riñas, en las que hubo cuatro lesionados; un deceso; 42 reclusos agredieron a 20 internos y cuatro más de "autoagredieron".

En el Cefereso 3 Noreste, que se localiza en Matamoros, Tamaulipas, se registraron 125 riñas en las que intervinieron 258 presos, dos huelgas de hambre, un deceso por enfermedad, 52 agresiones a terceros con el involucramiento de 84 reclusos.

Los Ceferesos 4 (Nayarit), 5 (Villa Aldama, Veracruz), 6 (Huimanguillo, Tabasco),7 (Guadalupe Victoria, Durango), 8 (Guasave, Sinaloa), 9 (Ciudad Juárez, Chihuahua), 10 (Monclova, Coahuila), 11 (Hermosillo, Sonora), 12 (Guanajuato) y 13 (Oaxaca), así como el Centro Federal de Rehabilitación Sicosocial (Morelos), registraron en conjunto 236 riñas en las que estuvieron involucrados mil 87 internos, que dejaron un saldo de 11 heridos; nueve huelgas de hambre, nueve intentos de suicidio y 27 decesos.

OSC piden leyes para garantizar seguridad en penales

La violencia en las cárceles aumentó 134% en el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto.
junio 5, 2014


“La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la prisión imperan los abusos o los privilegios”, apunta una misiva enviada por un grupo de organizaciones y académicos a las Comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado de la República este jueves 5 de junio.

“Confiamos que, así como se superaron las dificultades para incorporar nuevas formas de hacer justicia mediante la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puedan encontrar los diseños legales que permitan que el debido proceso también se respete durante el cumplimiento de las sanciones penales y, con mayor razón, durante la imposición de la prisión a quienes están en espera de una sentencia,” apunta el oficio.

Los asociaciones firmantes, entre ellos México Evalúa, Causa en Común, el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red de Especialistas en Seguridad Pública, se dijeron en contra de los privilegios y grupos de poder en las cárceles mexicanas, pero también contra las sanciones extrajudiciales en las prisiones, descritas tanto en informes nacionales e internacionales realizadas por organismos de derechos humanos, que “lejos de servir para combatir a la delincuencia, atizan la violencia en nuestra sociedad.”

Subrayan también la urgencia de que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones necesarias para imponer la ley en los espacios en que se recluye a quienes delinquieron o a quienes se les procesa en reclusión.

Aquí la carta íntegra:

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A LAS COMISIONES DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA:

• Las organizaciones y académicos firmantes estamos conscientes de los esfuerzos que se realizan para dictaminar las iniciativas que nos permitan contar con una legislación única en materia de ejecución penal para toda la República, como lo ordena la Constitución. Saludamos particularmente la confluencia de las tres principales fuerzas políticas que permitieron la aportación de una Iniciativa común en esta materia.

• Confiamos que, así como se superaron las dificultades para incorporar nuevas formas de hacer justicia mediante la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puedan encontrar los diseños legales que permitan que el debido proceso también se respete durante el cumplimiento de las sanciones penales y, con mayor razón, durante la imposición de la prisión a quienes están en espera de una sentencia.

• Estimamos urgente que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones para imponer la ley en los espacios en que se recluye a quienes delinquieron o a quienes se les procesa en reclusión. La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la
prisión imperan los abusos o los privilegios.

• Trabajamos en contra de la impunidad, y por eso nos oponemos a los privilegios y a los grupos de poder en nuestras cárceles, pero con la misma fuerza manifestamos que las sanciones extrajudiciales en las prisiones, como las descritas en informes nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos, lejos de servir para combatir a la delincuencia, atizan la violencia en nuestra sociedad.

Atentamente,

Edna Jaime (México Evalúa)
Ma. Elena Morera (Causa en Común)
Elena Azaola (Investigadora del CIESAS)
Miguel Sarre (Profesor numerario del ITAM)
Francisco Rivas (Observatorio Nacional Ciudadano
Antonio López Ugalde (Red de Especialistas en Seguridad Pública)
Juan Francisco Torres Landa R. (México Unido Contra la Delincuencia)

Penales estatales albergan a más de 220 mil presos
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 8 de junio de 2014, p. 17

En 2013, los penales que administran los gobiernos estatales y municipales registraron 29 homicidios, 535 riñas, 20 fugas, 354 decesos, 69 suicidios y 233 casos de agresiones a terceros.

De acuerdo con estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional, el número de personas que se encuentra en cárceles del fuero común, supera las 220 mil, entre ellos, alrededor de 10 por ciento están siendo juzgados por delitos federales, pero permanecen en esas cárceles debido que han promovido amparos en contra de su traslado a los Centro Federales de Readaptación Social (Ceferesos), ya que las condiciones son de mayor disciplina y resulta más complejo que sus familiares puedan visitarlos.

En México existen 416 prisiones, 399 son operadas por autoridades locales y en ellas viven en promedio –hasta diciembre pasado– 244 mil 960 internos, una población integrada por 232 mil hombres y 12 mil mujeres.

Comparativamente, de enero a diciembre de 2013, en los penales estatales se registraron mil 350 incidencias (que van desde intentos de motín o suicidio, hasta agresiones a otros presos que pueden culminar en homicidios u otro tipo de sucesos), y en estas acciones participaron 3 mil 27 internos; en tanto, en las prisiones o Ceferesos que opera la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se registraron mil 80 incidentes en los que intervinieron 2 mil 605 reclusos.

Con tecnología frenan armas, drogas, plagios y extorsiones
Las cárceles cuentan con detectores similares a los de los aeropuertos de EU e inhibidores de señales que se utilizan en países como Colombia para proteger al presidente.


Rubén Mosso 19/06/2014 01:01 AM

Chihuahua

La adquisición de tecnología de punta, igual a la que utilizan los aeropuertos de Estados Unidos para detectar armas de fuego y explosivos, es la misma que se instala paulatinamente en cada uno de los ocho penales de Chihuahua para evitar que externos puedan armar a los reos.

Al entrar a una de estas cárceles, el visitante que acredita su relación de parentesco con el interno debe someterse, primero, al detector Morpho, que sirve para saber si alguien trae alguna droga.

Después, de manera aleatoria se determina qué visitantes pueden representar un peligro, por lo que son llevados a un cubículo, donde está un detector de cavidades, el cual se usa en los aeropuertos estadunidenses de Dallas y Los Ángeles; la imagen que emite es de la persona totalmente desnuda.

Este último detector ha permitido detener a mujeres que ingresaron al Cereso Estatal número Uno, en el municipio de Aquiles Serdán, con cañones de arma de fuego ocultos en la vagina.

A esto se suma que los movimientos de los de 7 mil 342 reos son monitoreados las 24 horas del día mediante más de 500 cámaras conectadas al Centro de Control y Comando Penitenciario (C2) en Aquiles Serdán.

Las cárceles cuentan con inhibidores de señal, bloqueadores que son similares a los que se usan para proteger al presidente de Colombia, que tienen el efecto de crear una burbuja que corta la radiofrecuencia de cualquier teléfono móvil que pueda servir para detonar una bomba.

Eduardo Guerrero Durán, director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del estado, aseguró que el equipo de vanguardia que han comprado en los tres años y medio recientes les ha permitido frenar el ingreso de armamento y droga, así como abatir los secuestros y las extorsiones que se planeaban desde las cárceles del estado.

"Tenemos tecnología para inhibición (de teléfono) celular colombiana; somos el único estado que la maneja, (ya que) por lo regular los demás (estados) manejan el sistema de inhibición de señal de origen israelita o estadunidense; es tecnología muy distinta, que se utiliza en Colombia, país que pasó por una ola de violencia, caracterizada por bombazos.

"Ellos (los colombianos) diseñaron mecanismos de defensa importantes para el cuidado de sus principales objetivos, y es una tecnología que estamos usando para inhibir señal...(ellos) son los que manejan las burbujas de los altos funcionarios cuando se manejan por tierra; hacen una señal para ir cortando cualquier radiofrecuencia de teléfono celular que pueda servir como detonador de un cochebomba", expresó.

Desde que César Duarte asumió el gobierno de Chihuahua se han realizado 803 intervenciones a los centros penitenciarios; lograron desarticular 13 bandas de extorsionadores y nueve de secuestradores que operaban desde el interior.

Asimismo, se movilizaron a mil 939 internos a centros federales, a 5 mil 302 internos entre las distintas cárceles estatales y se rotaron 852 policías de seguridad y custodia.

También se decomisaron 500 armas de fuego, entre cortas, largas y hechizas; 12 mil 639 cartuchos útiles y 32 granadas de fragmentación y sonido; mil 401 teléfonos celulares, 13 mil 920 puntas, 5 mil 682 litros de alcohol y 3 mil 588 aparatos electrodomésticos

La presente administración primero eliminó el autogobierno y luego despresurizó las cárceles.

Posteriormente, le siguió la reconstrucción de infraestructura, el fortalecimiento de estructura tecnológica, estandarización de procesos y procedimientos, capacitación y fortalecimiento de capital humano y oportunidades de reinserción social.

Otro de los éxitos que permitió retomar el control de las cárceles fue acabar con el "trato preferencial" que anteriores administraciones dieron a ciertos grupos delincuenciales, como ocurrió en la cárcel municipal de Ciudad Juárez.

EL CAMBIO

Jorge Salomé Bisuet Galarza, director del Cereso número Uno, relató que dicho penal estuvo en manos de prisioneros ligados a los cárteles de Juárez y Sinaloa, que andaban fuertemente armados y protagonizaron varias matanzas que llamaron la atención nacional.

Actualmente, comentó, la disciplina y el respeto entre los internos es lo que prevalece, aunque en todo el penal aún quedan huellas de las balas incrustadas en puertas y paredes de los edificios, de la guerra que se vivió.

En ninguna prisión del estado los internos pueden ver de manera directa a las autoridades, ni a los externos que ingresan en días que no son de visita; lo primero que hacen los reos es ponerse de frente a la pared y agachar la cabeza, hasta que reciben la orden de retirarse o esperan a que la visita se retire.

El Cereso es una de las siete prisiones modelo, la cual cuenta con un módulo especial donde se tiene a los enfermos de VIH/sida, a quienes se les da un tratamiento especial.

En ese lugar trabajan criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, especialistas en diferentes ramas de la medicina, enfermeras, además de que cuenta con su propia farmacia.

El lugar es habitado también por secuestradores, extorsionadores, homicidas e integrantes de las pandillas del Barrio Azteca y Mexicles.

Una de la aplicaciones de la reingeniería propuesta por Eduardo Guerrero en los Ceresos locales, son los centros especializados de reclusión para secuestradores y extorsionadores, por lo que en días pasados la Comisión Nacional Antisecuestro estuvo presente para constatar la restructuración del sistema que se ejecuta en la entidad para conocer y tratar de aplicar en otros estados del país.

De igual manera, con el propósito de que los hijos de internas puedan tener atención especializada para su desarrollo, se realizó la semana pasada un convenio con la asociación Pequeños Inocentes Grandes Corazones de Ciudad Juárez, para que se construya una estancia infantil dentro del Centro de Reinserción Social Femenil.

Una de la aplicaciones de la reingeniería propuesta por Eduardo Guerrero en los Ceresos locales, son los centros especializados de reclusión para secuestradores y extorsionadores, por lo que en días pasados la Comisión Nacional Antisecuestro estuvo presente para constatar la restructuración del sistema que se ejecuta en la entidad para conocer y tratar de aplicar en otros estados del país.