Caso de Ayotzinapa doblega a Acapulco

Piden en Acapulco intervenga el Ejército; "no generaremos más violencia", responde

Advierten que realizarán una huelga de pago de impuestos, porque no tienen ni para salarios
Héctor Briseño, Sergio Ocampo y Rubicela Morelos
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 14 de noviembre de 2014, p. 10

Acapulco, Gro.

Ante mandos del Ejército, empresarios y representantes de organizaciones civiles de Acapulco manifestaron su preocupación por la crisis social y económica originada por el caso Ayotzinapa y exigieron la intervención de los militares para contrarrestar las protestas que han terminado en bloqueos a carreteras y la quema de edificios públicos.

En la tercera Jornada de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, efectuada en la novena Región Militar, que fue encabezada por Mario Lucio González Cortés, comandante de la 27 Zona Militar –que abarca las regiones de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande– algunos empresarios exigieron "terminar con la inestabilidad social".

Silvia Zapata pidió que "se restablezca la paz en el estado; tenemos que pedir estado de derecho, no a la represión ni a la injusticia, simplemente la aplicación de la ley", señaló en referencia a las manifestaciones de apoyo a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que han provocado la cancelación de miles de reservaciones y espectáculos programados en Acapulco.

El empresario César Zambrano manifestó: "Estamos sufriendo el vandalismo y la falta de derechos humanos, solicitamos a las fuerzas armadas una presencia más importante para evitar un caos que lleve a este país a una guerra civil".

El comandante González Cortés respondió que el Ejército no intervendrá. "Debemos esperar a que las fuerzas de seguridad pública se declaren incompetentes; se sigue un protocolo que los legisladores han establecido y lo tenemos que respetar. No podemos generar más violencia".

En otro punto de la ciudad, en conferencia de prensa. empresarios y prestadores de servicios turísticos de Acapulco advirtieron que no pagarán impuestos y exigieron a las autoridades aplicar la ley contra los manifestantes que han efectuado bloqueos carreteros y destruido edificios públicos, además de que tomaron el Aeropuerto Internacional Juan Álvarez el pasado lunes.

Víctor Rodríguez Escalona, restaurantero de playa Condesa, señaló que las escasas ventas que ha tenido el mes y medio anterios han provocado que “se vuelva insostenible la nómina; a nuestros trabajadores les adeudamos varias semanas de salario. Además de los pasivos con proveedores y los servicios de agua, luz e impuestos.

"No hay dinero para pagar. El próximo lunes se tienen que pagar impuestos y no lo vamos a hacer. No podemos y no estamos dispuestos a pagar. Sabemos que es nuestra obligación, siempre y cuando el gobierno cumpla las que le corresponden".

Sergio Mejía Vargas, representante de una de las asociaciones de restauranteros de playa Bonfil, cerca de Barra Vieja, explicó que en la huelga de pagos participarán pequeños empresarios, restauranteros, hoteleros y discotequeros del puerto.

En entrevista con una estación de radio de la capital del país, Jorge Camacho, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, afirmó que tras el incendio del miércoles de la sede del Poder Legislativo, lo que sigue es que se aplique la ley y que Guerrero vuelva al estado de derecho.

El presidente del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega, pidió una tregua al comité de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para evitar actos de violencia. “Hicimos una propuesta: solicitamos establecer una mesa donde estén presentes los padres de familia", dijo Ortega en entrevista con una emisora de radio local.

En Chilpancingo, los diputados estatales emitieron un comunicado en el cual condenan la quema de las instalaciones del Congreso, en una sesión efectuada ayer en el recinto legislativo.

"Muchos preguntan si el Congreso iniciará denuncias penales por los daños sufridos; a todos les respondemos que para la 60 Legislatura lo importante sigue siendo que se resuelva el conflicto, que aparezcan los (43) jóvenes y recuperemos las condiciones para el desarrollo de nuestra entidad. Los daños tendrán que repararse, pero no estamos en la búsqueda de culpables", señala el comunicado.

Además, los legisladores ofrecen instalar una mesa de diálogo que permita "el esclarecimiento de los hechos y la aparición con vida de todos aquellos que por ningún motivo pueden o deben seguir privados de su libertad".