Pueblo, política y fuerzas armadas

Percepción sí es realidad

JUAN IBARROLA
21/06/14 12:48 AM


La historia de los soldados de tierra, mar y aire de nuestro país ha estado plagada de grandes mitos. En algunos sectores de la sociedad siguen existiendo aún, a pesar de que la realidad en la cual se encuentran las fuerzas armadas hoy en día provoca que exista una relación mucho más estrecha con la población y de la que, sin duda, la percepción del pasado ya no tiene significado.

A partir de que Miguel Alemán Valdés fue presidente de México (1946-1952), comenzó para los militares un proceso de transformación total. En esos años, se decía que había que quitarles todo el poder ganado durante la posrrevolución, donde efectivamente, ocupaban cargos públicos, así como los que en ese entonces se llamaban de “elección popular”. Sin embargo, es naturaleza de cualquier fuerza armada crear poder y en el caso mexicano no necesariamente es un poder que determina la política del país; ésa sigue y seguirá en manos de civiles.

Se ha analizado mucho la presencia del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública; sin embargo, el único cuestionamiento que no se ha dado es sobre el poder que ejercen en la sociedad, o dicho en otras palabras: se ha elevado tanto la percepción del Instituto Armado entre la gente —producto de la realidad que las acciones militares han reportado—, que ni siquiera los mitos del presente (uso excesivo de la fuerza, violación de derechos humanos, etcétera) debilitan en la sociedad la confianza que tienen en sus soldados. Entender al poder solamente como un acto de imposición es anacrónico.

Hoy, generales, almirantes, jefes, capitanes y oficiales comprenden de manera clara el impacto positivo que han logrado sobre la gente. Pero que nadie se asuste; los actuales y futuros mandos militares han comenzado una profunda transformación desde sus planteles educativos hasta las bases de operaciones y, por supuesto, en su estructura administrativa. Esta transformación no necesita involucrarse en política; al contrario, no la requieren para obtener un liderazgo en la sociedad. La apertura de las fuerzas armadas hacia la población, promovida por el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón, no tiene precedente. La sociedad necesita acercarse y conocer a profundidad a soldados y marinos, en primer lugar, para saber todo lo que pueden esperar de ellos y, en segundo lugar, para saber cómo pueden ellos apoyar al fortalecimiento del instituto armado.

Ya están dadas las condiciones, el ánimo y la voluntad para materializar una cultura de fuerzas armadas en nuestro país.

Paz y tranquilidad es lo que exige la gente. A pesar de que las acciones contra la delincuencia se difunden como un esfuerzo integral del gobierno, la sociedad solamente califica de manera positiva —en los resultados— a soldados y marinos. La sociedad sabe que los niveles de violencia e inseguridad que vive el país no son causa ni consecuencia de las fuerzas armadas. En su momento, los militares alertaron sobre el efecto que produciría al país permitir que fueran los grupos criminales los que comenzaran a tener el control político, económico y social de estados y municipios. Precisamente ése es el poder que el Estado mexicano no debe permitir que exista.

No solamente son acciones contra la delincuencia lo que lleva a las fuerzas armadas a demostrar que la percepción sí es realidad. Plan DN-III-E y Plan Marina ya calientan motores para hacerle frente a la temporada de lluvias.

Ceremonias cívico-militares, campañas de sanidad, reforestación, alfabetización y prevención en protección civil son también excelentes esfuerzos para seguir ganando poder de atracción entre la sociedad.

México destina 0.49 por ciento del PIB a gasto de defensa. Brasil gasta 1.5% y Colombia 3.3%.

Cabo de Guardia

Cuando existen contingencias por desastres naturales, una unidad de cocina de apoyo militar puede preparar hasta 7 mil comidas al día.

En el mes de la Cruzada contra el Hambre, que promueve el gobierno, es importante destacar las acciones que el Ejército mexicano realiza en favor de la gente.

Sedena ha emprendido una campaña en los comedores comunitarios de los poblados más necesitados del país para enseñarles a sus pobladores a preparar con recursos propios comida nutritiva y, con ello, desarrollar las habilidades y capacidades para ser autosuficientes. Ya hay grandes resultados.

Cuando los soldados mexicanos se encuentran en campaña, ya sea contra la delincuencia o ya sea de apoyo a la sociedad, tienen los conocimientos para poder preparar sus alimentos en caso de que por alguna razón las unidades de Intendencia no se los puedan suministrar.



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@elibarrola

CADENA DE MANDO

“El aval militar”


JUAN IBARROLA
26/07/14 2:12 AM
Juan Ibarrola

Las razones por las cuales un presidente electo en México decide crear su gabinete no tienen impacto en la sociedad; sin embargo, en la oposición, se busca la manera de desprestigiar a todos y cada uno de los nuevos secretarios de Estado. Muchos “conocedores” de la política real apuestan por el tiempo que estará en su cargo el secretario de Gobernación, el de Hacienda, el de Desarrollo Social, etcétera, y comienza así la “bola de cristal”.

La designación más compleja del gabinete es la de los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, en primer lugar, porque todos los generales y almirantes con posibilidades de convertirse en los altos mandos (militar y naval) tienen grandes capacidades y habilidades para ocupar el cargo; en segundo lugar, porque la militar y la naval son las únicas designaciones que acompañarán al presidente durante todo su sexenio, apoyando —sin ningún ánimo partidista— el proyecto de gobierno, las políticas públicas, el orden constitucional y la seguridad del país, con mejores resultados que cualquier otro secretario de Estado. ¿Y por qué?

Cuando terminen su gestión Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, no ocuparán cargos públicos; se retiran de la vida pública. Los secretarios de la Defensa y de Marina no solamente deben entregar resultados positivos al presidente, sino que los deben hacer también para el país y principalmente para los generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, tropa y marinería que lideraron y que seguirán en el futuro constituyendo el instituto armado.

Cada vez que inicia un sexenio, los secretarios entrantes exhiben las malas condiciones en las que recibieron sus carteras. Lo mismo sucede con los gobernadores, alcaldes, directores de paraestatales, etcétera.

Los militares en este país no tienen aspiración política. No se debe confundir la acción militar, ya sea de tierra, de mar o aire, con ningún otro interés que no sea el colectivo. Si al gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, le explotó un petardo o una bala de goma, debe asumir plena responsabilidad. Si fue petardo, que lo demuestre con pruebas fehacientes; si fue bala de goma, entonces que lo asuma y se responsabilice no solamente del hecho, sino también demostrando, aunque sea, un poco de compasión por la muerte de un menor de 13 años.

En el documento emitido por la 25 Zona Militar con sede en Puebla, fechado el pasado 18 de julio, dirigido a Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública del estado, se informa que desde 2011 no se han encontrado antecedentes de que la Sedena haya vendido a la SSP de Puebla balas de goma. De esto, se agarró el gobierno poblano; sin embargo, en el documento también se aclara que, en 2008, la dependencia estatal adquirió armamento de cargo, con 26 lanzadores simples —de los que usan balas de goma— y 26 multilanzadores de gas lacrimógeno. Lo anterior no significa que una bala de goma haya provocado la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo. Lo que sí es que Moreno Valle y Rosas Rosas no pueden colgarle a la Sedena el aval para desligarse de la responsabilidad sobre la adquisición de equipo para el restablecimiento del orden público, a pesar de que se haya comprado en tiempos del góber precioso.

El comunicado de la zona militar también indica en su parte final que se pedirá a la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos la información que requiere la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

¡Habrá que esperar!

Y sin aspiración política.

Cabo de Guardia

El miércoles pasado se llevó a cabo la ceremonia de entrega de condecoraciones y reconocimientos a los 23 generales que pasaron a situación de retiro en el segundo semestre de este año. Para ellos, en palabras del general de división D.E.M. Mariano Jiménez Medina, “la incertidumbre de la vida militar fue superada con el ejemplo que sus superiores, compañeros y subordinados brindaron, pero sobre todo en la pasión por la carrera de las armas y el amor a México”.

Tres de Diana

Va desde aquí un merecido reconocimiento a los generales Clementina Espínola Zetina, Mariano Paulino Jiménez Medina, Roberto Octavio Torres Romero, Francisco Fernando Escalante Sánchez, Juan Roberto Redón Tavera, Jaime Cazares Larraga, Antonio Sánchez Mancilla, Gilberto Vallarta Tafolla, Marco Antonio de León Adams, Jesús Antonio Cardona Ramírez, José Félix Name Rodríguez, David Moreno Cruz, Tirso Víctor Terrazas Molina, Arturo Alberto Jheman Zetina, Edmundo Beltrán Juárez, Nicanor Torres Delgado, Armando Samayoa Salazar, Abel Llamas Zamorano, Efraín Escobar Juncos, Humberto Suárez Sánchez, Juan Antonio Barragán Núñez, José Islas González y Armando Uscanga Gil.

¡Siempre leales!



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@elibarrola

JUAN IBARROLA
09/08/14 1:38 AM

El gobierno de la República enfrenta su momento más complejo al encontrarse en la antesala de las elecciones intermedias del año entrante.

Las reformas estructurales y su aprobación no le quedan claras al grueso de la población, lo que se suma a la oposición de la izquierda, resultando en apatía e incredulidad por parte de la sociedad. Sin embargo, tanto el Presidente y su primer equipo promueven a “tambor batiente” los beneficios que traerán estos cambios, y más allá la importancia de que haya sido Enrique Peña Nieto quien haya logrado las, se supone, tan esperadas reformas.

Definitivamente este logro —haiga sido como haiga sido— se utilizará como parte integral de la fortaleza electoral que buscará venderles a los electores el PRI y sus candidatos. La pregunta es si les alcanzará con las reformas para ganar votos.

La gran demanda ciudadana sigue siendo la seguridad. “Juan pueblo” no cree en lo absoluto cuando se anuncia que todos los índices de inseguridad y delictivos van a la baja, ya que todavía ni los sienten ni los ven; y, peor aún, siguen siendo víctimas de grupos delictivos y del caos que producen. Lo anterior debe entenderse objetivamente. Existen grandes esfuerzos, por parte del gobierno, por combatir la delincuencia y sus consecuencias; sin embargo, la sociedad ya se había acostumbrado a recibir información detallada sobre la lucha contra la delincuencia, es decir, delincuentes detenidos exhibidos en televisión y prensa; imágenes de muertos y descabezados, la subcultura delictiva, como los alias, música, ropa, etcétera, y como de tajo se le quitó al público esta tendencia, más que descontaminarse de tanta información negativa, se preguntan ahora qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país, quiénes son los responsables directos de combatir el fenómeno delictivo nacional, por qué soldados y marinos no informan directamente a la sociedad sobre logros y avances.

Es una realidad que los mexicanos tienen confianza plena en las fuerzas armadas; sin embargo, cuando la gente se dé cuenta de que, ni con reformas ni con estadísticas ni con hijos de gobernadores detenidos, su realidad y condición de vida mejora, entonces comenzará a exigir a quienes más confían. Ni el Ejército ni la Marina tienen maestros para atender problemas educativos, tampoco tienen jueces civiles para registrar el nacimiento o la defunción de una persona, mucho menos tienen ministerios públicos que den fe de un hecho civil. El riesgo, entonces, es que en un futuro se le comience a exigir a las fuerzas armadas que resuelvan necesidades ciudadanas que no les competen a ellas y que, para las cuales, no tienen ni estructura ni capacidad jurídica ni recursos humanos ni presupuesto.

Soldados y marinos no pueden, ni deben ocupar el lugar que corresponde a las autoridades civiles.

Las fuerzas armadas son una institución única en el país. Sus elementos provienen del pueblo y le sirven a él; sin embargo, son parte del gobierno y es la ciudadanía la que paga sus haberes, su equipamiento, su educación e instrucción. Es el pueblo de México el que paga para que soldados y marinos tengan disciplina, lealtad y entrega al país. Por su parte, es el gobierno el que suministra los recursos para que los militares cumplan con su deber, y más allá, es quien debe apoyar para que tengan la certeza jurídica de que ese deber se cumple en total apego a la ley.

Ojalá y se entienda que la naturaleza de las fuerzas armadas no debe arriesgarse bajo ninguna circunstancia.

Ni siquiera por razones políticas.

Cabo de Guardia y de Turno

Algunos distraídos se fueron con la “finta”. Corrió como verdad que el próximo comandante de la columna del desfile del 16 de septiembre sería el general de brigada D.E.M., Anastasio García Rodríguez.

Como una muestra de unidad entre Sedena y Semar, quien encabece el desfile será un marino. Todo indica que será el almirante Joaquín Zetina Angulo, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina.

El hecho de que sea un almirante quien comande la columna del desfile no tiene otro significado que no sea el de la realidad de la inmejorable relación que ha madurado entre los militares de tierra, mar y aire. Para muchos generales y almirantes que este columnista ha consultado, ésta es una excelente oportunidad para demostrar que las fuerzas armadas son una institución que adopta y trasciende los nuevos tiempos.

Ningún general de división se dio por ofendido con la decisión del alto mando militar. Al contrario.

El general García Rodríguez será quien encabece el contingente militar el 16 de septiembre, lo que sin duda será para él, más que una responsabilidad, todo un honor.

CADENA DE MANDO

“El aval militar”


Los militares en este país no tienen aspiración política. No se debe confundir la acción militar, ya sea de tierra, de mar o aire, con ningún otro interés que no sea el colectivo.
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belze escribió:

CADENA DE MANDO

“El aval militar”


Los militares en este país no tienen aspiración política. No se debe confundir la acción militar, ya sea de tierra, de mar o aire, con ningún otro interés que no sea el colectivo.
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Seguramente solo le han dicho lo que Ibarrola quiere oir. Claro que tienen aspiraciones politicas, pero la mayoria se somete al temor de la Justicia Militar como medio de control social.

Lo que faltaba: los jefes de las Fuerzas Armadas, al rescate de Peña

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
11 DE DICIEMBRE DE 2014
ANÁLISIS


MÉXICO, D.F. (apro).- Los jefes de las Fuerzas Armadas de México están muy activos. Pero no en las funciones que le son propias, de la defensa del país, sino en la escena pública como actores políticos, defendiendo la opacidad castrense y al servicio de una facción política.

El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, y el secretario de la Marina, Armada de México, el almirante Francisco Vidal Soberón Sanz, han desplegado su autoridad castrense para defender a su alicaído comandante en jefe, el presidente Enrique Peña Nieto.

Perdida la batalla de la opinión pública a sólo dos años del gobierno de su comandante, el general Cienfuegos y el almirante Soberón están decididos a irrumpir en la escena política. No es que se hayan colocado en una posición deliberante de la autoridad civil. Más bien, se han asumido como parte de un grupo político y no como profesionales de la seguridad del país, su territorio y sus ciudadanos.

El general Cienfuegos y el almirante Soberón se han dedicado a dar titulares a la prensa, justificando lo indefendible y, en consecuencia, echando más leña al fuego.

El 10 de noviembre pasado, el jefe del Ejército fue a Monterrey a decir que él y a sus hombres no están “amedrentados por juicios injustos… erróneos… malintencionados que la institución armada nacional no se merece”.

Así respondió el divisionario a la exigencia, nacional e internacional, de que se esclarezca y castigue a los efectivos del 102 Batallón de Infantería responsables de la ejecución sumaria de un grupo de presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio pasado.

Ese hecho, que el Ejército pretendió ocultar con el argumento de que los civiles fueron “abatidos en un enfrenamiento”, fue minimizado por el propio general Cienfuegos el lunes 8, cuando dijo que el peor hecho ocurrido en México este año que termina fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Para el jefe del Ejército, si hubo graves violaciones a los derechos humanos en México en 2014, no fueron sus hombres los responsables, sino los policías municipales de Iguala y Cocula, evadiendo además las interrogantes que hay por las omisiones del 27 Batallón de Infantería, destacado en Iguala, la noche de la desaparición de los normalistas.

El almirante Soberón fue más allá este miércoles 10, cuando aseguró que los padres de los normalistas están manipulados por grupos políticos, desestimando la autenticidad de su dolor, reclamo e indignación.

A quienes acusó de manipularles, que no precisó por su nombre, les reprochó no reconocer “el profesionalismo” del gobierno federal en la búsqueda de los estudiantes, en particular del Ejército, la Marina, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Al salir en defensa de las instituciones que encabezan, que nunca han estado sometidas a una verdadera rendición de cuentas, el general Cienfuegos y el almirante Soberón velan al mismo tiempo por su comandante en jefe.

Parecería natural. Pero en el contexto de exigencia social de justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos en México, sus discursos van más allá. El mensaje para la sociedad es que no están dispuestos a la rendición de cuentas. Por eso llamó la atención su presencia, inédita, este jueves 11, en el cuarto y último informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza.

Con un comandante en jefe extraviado, los jefes militares asumen funciones propias del secretario de Gobernación, quien como encargado de la seguridad interior tiene que dar la cara a la sociedad. Pero Miguel Ángel Osorio Chong prácticamente ha estado desaparecido desde los hechos de Iguala.

Los llamados a la unidad que el general Cienfuegos ha reclamado insistentemente en sus recientes intervenciones públicas estarían más bien dirigidos al propio gabinete de Peña Nieto.

Pareciera que la Presidencia de la República ha decidido que los jefes militares salgan al rescate del presidente ante la ausencia casi total del gabinete en la crisis política y humanitaria del país.

El protagonismo de los militares está anulado en una democracia, que los acota en sus funciones y presencia pública, puesto que son los primeros y últimos defensores de la integridad física de un Estado.

La salida de los militares ya no sólo de sus cuarteles, sino a arropar al presidente y a su gobierno ante el clima de inestabilidad en el país, puede ser también que la cúpula militar ha aceptado implícitamente que éstos no son tiempos de paz y han empezado a actuar en consecuencia.

Comentarios: @jorgecarrascoa

Los mexicanos creen menos hoy en instituciones y Ejército, dice encuesta de UVM

Por Laura Cordero - diciembre 17 de 2014 - 0:02
DE REVISTA, MÉXICO, TIEMPO REAL - 5 comentarios
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Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– La sociedad del país está cansada de la corrupción. Hay una situación de hartazgo que se vincula directamente con la impunidad. Los delitos no se castigan conforme a la ley y esto conlleva a un bajo nivel de confiabilidad en las instituciones del país, según reveló un estudio del Centro de Opinión Pública (COP) de la Universidad del Valle de México.

Mercedes Poiré Romero, directora del COP, dijo que el análisis evidenció una situación de crisis en la gente. “Estamos cansados de la corrupción y de la impunidad, de no ser corregido esto, no nos va a ayudar a que el país salga adelante en muchos ámbitos”, afirmó.

Para nutrir el estudio “Justicia y Legalidad en México”, los participantes respondieron diversas cuestiones sobre el nivel de corrupción que hay en diversas instituciones. La policía, el gobierno, los partidos políticos y las cárceles recibieron la mayor calificación, arriba de 9 puntos, cuando 10 era la máxima para mayor corrupción, de acuerdo con los resultados obtenidos.

Sin embargo, los encuestados también añadieron a los medios de comunicación, las grandes empresas y las universidades como organismos corruptos.

“Se ha ido perdiendo credibilidad y cada vez le toca a las instituciones que tradicionalmente no les tocaba”, dijo Poiré.


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La maestra Poiré Romero también explicó que hay acontecimientos en el ámbito nacional que son del dominio público que probablemente están permeando la percepción, tal es el caso del Ejército, que solía ser más confiable y ahora ha perdido su credibilidad.

El Ejército está involucrado en el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y más reciente también se ha mencionado su omisión para ayudar a los jóvenes normalistas en los hechos del 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, que llevaron a la desaparición de 43 estudiantes. Los medios de comunicación también han sido juzgados por la sociedad al vincularlos directamente con el gobierno del país.

“La gente hoy en día ya no sabe en quién confiar y esto tiene que ver con que no hay nivel de credibilidad en las instituciones”, agregó.

En la encuesta se les preguntó a los ciudadanos la percepción de la situación política actual del país. El 64 por ciento la calificó como peor que el año pasado y el 28 por ciento cree que está igual de mal.

La perspectiva para 2015 no mejora mucho, pues el 37 por ciento considera que estará igual de mal y el 49 por ciento cree que estará peor.

En materia de seguridad, el 55 por ciento cree que estamos peor que el año pasado, y el 38 por ciento respondió que el país está igual de mal. Para el próximo año, 38 por ciento considera que estaremos igual de mal y el 47 por ciento incluso peor, según los resultados de esta encuesta.
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El concepto de legalidad, de acuerdo con el 33 por ciento de los encuestados, es proceder conforme a la ley; el 21 por ciento que la autoridad cumpla la ley; el 13 por ciento garantizar a los ciudadanos derechos y obligaciones y otro 13 por ciento considera que es preservar y/o mantener el Estado de Derecho, entre otras respuestas.

El 48 por ciento consideró que la situación de legalidad está peor que el año pasado y el 41 por ciento aseguró que empeorará para el próximo año.

Respecto al concepto de corrupción, el 31 por ciento considera a los sobornos como la razón central, el 27 por ciento la liga a obtener un beneficio de manera ilícita, el 13 por ciento asegura que es aceptar o pagar mordidas, el 11 por ciento consideró todas las anteriores e incluso pagar para evitar un enfrentamiento con la ley o una manera de agilizar los trámites.

La percepción de corrupción de este año muestra que para 58 por ciento de los encuestados está peor que el año pasado y el 36 por ciento opina está igual de mal. Para 2015, el 54 por ciento cree que estará peor y el 35 por ciento aseguró que se conservará igual de mal.

El principal factor por el que los encuestados consideran que se favorece a la corrupción fueron los salarios bajos (27 por ciento), seguido de los funcionarios son corruptos (16 por ciento), los políticos son corruptos (14 por ciento), falta de educación (11 por ciento), no tenemos valores (8 por ciento), otro (6 por ciento), las personas son corruptas (5 por ciento), trámites tardamos (4 por ciento), no nos gusta seguir leyes (3 por ciento), trámites costosos (3 por ciento) y trámites engorrosos (2 por ciento).

Grietas

A finales de este mes cuando los integrantes del movimiento #yosoy26 sean recibidos en la Secretaría de Gobernación.

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN | OPINIÓN | 2015-01-20 00:00:00


1.- La crisis dentro y fuera de los cuarteles militares no se detiene. El general Salvador Cienfuegos y su Comandante Supremo, Enrique Peña Nieto, ven aumentar las presiones en el país y en el extranjero en torno a dos casos clave en el discurso de credibilidad, transparencia, respeto a los derechos humanos, gobernabilidad y combate a la impunidad: Ayotzinapa y Tlatlaya.

2.- Estos dos casos tienen pendiente de un hilo la credibilidad y la confianza en las fuerzas armadas (incluida la Marina), más allá de las dudosas y oportunas encuestas oficiales y mediáticas en las que militares y marinos alternan en las preferencias de los mexicanos cuando de medir popularidad y confianza se trata.

3.- Ya no se trata solamente de limpiar los cuarteles, de sacudir un poco la casa y entregar a algunos responsables a la justicia civil, a la opinión pública y a los observadores en el extranjero.

4.- Se trata, ahora, de revisar a fondo la credibilidad, la confianza, la institucionalidad y la visión los militares tienen acerca de los que hacemos los civiles; qué tan viables y respetables nos ven, que tan confiables, honestos y defendibles o tolerables nos perciben ahora.

5.- Esta circunstancia es relevante y notable cuando uno se pone a revisar las redes sociales y descubre el desencanto que los civiles despertamos hacia los militares, ya sea por la permisividad o complicidad de los políticos en determinados momentos o bien por el doble discurso manejado cuando a los hombres de armas se les exigen dar la vida por la patria y se les recrimina y acusa cuando violan derechos humanos durante supuestas misiones u operaciones.

6.- Los militares y marinos se indignan, reclaman exigen. A veces se aguantan, pero al final muestran su coraje por las traiciones y componendas de los civiles, porque permiten a los delincuentes quedar en libertad tras ser detenidos y posibilitan así que la cadena de impunidad quede intocada. Testimonios abiertos o cerrados de soldados, marinos, jefes, oficiales y mandos, sobran.

7.- Los silencios, el ocultamiento, la tergiversación de los mandos militares en el caso Tlatlaya, por ejemplo, en nada han contribuido a aclarar las cosas.

Al contrario. Ha quedado demostrada no sólo la manipulación de la información y su ocultamiento, sino también la tortura ejercida por funcionarios del Estado de México para proteger a los militares involucrados en los hechos.

Es decir, todo un entramado de impunidad (la misma de la que se quejan constantemente en las redes sociales los militares en activo) para blindar el accionar alevoso de un grupo de soldados.

8.- Después vienen el hartazgo, el extremo, las versiones de promesas incumplidas, el extravío del general Trevilla al asegurar que el Ejército no tiene crematorios, la violencia, la provocación, el ingreso a la fuerza a instalaciones militares y oleadas de desaprobación y críticas y nuevos desencuentros entre civiles y militares.

9.- A regañadientes, el gobierno federal cede y desde Gobernación su titular anuncia que sí habrá entrada, pero sólo al cuartel de la 27 Zona Militar, para revisar si hay alguna pista de los 43 desaparecidos. El general Cienfuegos es el último en enterarse y como es plenamente institucional, obedece.

10.- Estos quiebres, estos retrocesos y avances a destiempo, crean más dudas y abren espacio a la desconfianza. ¿Hay estrategia? ¿Quién dicta la estrategia? ¿Qué se busca con la estrategia? ¿Hacia dónde nos llevan los objetivos fundamentales de una estrategia den la que no estaban previstos escenarios de ruptura y confrontación como consecuencia de comportamientos que en el pasado se mantenían ocultos y ayudaban a preservar el estado de cosas?

11.- Uno de los objetivos de reconstrucción de la agenda militar anunciado por el general Cienfuegos al inicio del sexenio era el de reconstruir las relaciones entre civiles y militares a raíz de lo sucedido durante la guerra calderonista a los cárteles de la droga.

Este objetivo se encuentra en su punto más bajo y empañado a cada momento por hechos contundentes como los de Tlatlaya y Ayotzinapa, en donde también se investiga la posible utilización de armas alemanas Heckler & Koch (fusiles HK-G36V) en ataques contra los estudiantes normalistas.

12.- La empresa alemana H&K tenía prohibido enviar ese tipo de armas de fuego a los cuerpos policiacos de ciudades o municipios de México en los que se tuviera documentada la violación a los derechos humanos por parte de instancias gubernamentales.

La recepción y entrega de los H&K adquiridos en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón era responsabilidad de la Sedena.

¿Es posible reconstruir esa parte del tejido social a partir de semejantes hechos que siguen aflorando día con día?

CENTINELA.-

Será a finales de este mes cuando los integrantes del movimiento #yosoy26, que defiende a los soldados del 102 Batallón de Infantería presos por la ejecución de al menos 8 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, sean recibidos en la Secretaría de Gobernación.

El encuentro fue solicitado desde el pasado 11 de octubre de 2014, cuando el movimiento, encabezado por Ana Lucía Zavala, logró reunir a 146 personas que marcharon un sábado hacia Los Pinos para dejar un pliego petitorio de 11 puntos.

Uno de estos era precisamente el establecimiento de una mesa de diálogo en la que se revisara no el caso de los militares de Tlatlaya, sino otros casos de integrantes del ejército y la Marina encarcelados o bajo proceso de manera injusta.

Por lo pronto en redes sociales ya existe otro movimiento, el #yosoy27, que apoya, desde la realidad virtual, a los militares de 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, cuyas instalaciones fueron atacadas por normalistas y simpatizantes de estos exigiendo les permitieran ingresar al lugar para buscar alguna pista de los jóvenes desaparecidos.


@JorgeMedellin95

¿No necesitan a los militares?

Cadena de mando
Juan Ibarrola 28/03/15

El Ejército mexicano tiene dividido al país en 12 regiones militares y 46 zonas militares; la Armada de México, lo tiene en siete regiones navales y 13 zonas navales. Para los gobernadores y alcaldes de este país, debería ser primordial la relación que se tenga tanto con los jefes de región como con los comandantes de zona; sin embargo, aquí se produce un fenómeno singular, ya que los gobernantes presumen que su relación con los militares es óptima, cuando en realidad, en muchos casos, no es así.

En los últimos 15 años, las únicas estrategias de seguridad exitosas han sido las que las fuerzas armadas han diseñado para estados y municipios. Generales y almirantes les hacen ver a los gobernantes los yerros que cometen al no generar acciones conjuntas y coordinadas contra la delincuencia y de ello, la afectación a la sociedad. Ojalá y no crean los gobernantes que, como las fuerzas armadas están ahí, entonces, no importa adentrarse en el problema de la inseguridad, ya que de todas formas soldados y marinos llegan para “apagar el fuego”.

Cuando las fuerzas armadas han devuelto espacios a los gobiernos estatales o municipales, éstos los vuelven a perder en manos de la delincuencia. ¿Por qué? Todo indica que algunos gobernadores y muchos alcaldes ya conocen la ruta donde piden el apoyo de la Federación y entonces llegan los soldados para dar soluciones a los ciudadanos, sin que nadie les reclame a los civiles nada. El problema vendrá cuando se comience a exigir a los soldados por todo lo que no hacen las autoridades civiles.

Si los gobernadores creen que se le puede prestar oídos sordos a lo que los generales y almirantes sugieren hoy, entonces los gobernados de esos estados deben salir corriendo. No valen “mandos únicos”, tampoco “fuerzas civiles”, mucho menos agencias de seguridad o cualquier otro intento de seguridad estatal o municipal, sin que exista una plena coordinación entre todas las instancias de seguridad del Estado mexicano; todas, sin excepción.

Se debe entender que los generales y almirantes que son mandos territoriales no están a las órdenes de los gobernadores o alcaldes.

Vienen elecciones intermedias y es precisamente la época donde los gobernantes no pueden demostrar debilidad ante problemas como la inseguridad, aunque ésta exista y siga siendo la principal demanda ciudadana, hoy.

Habrá que tener cuidado con los gobernadores que creen que pueden hacerle frente solos a la delincuencia. ¡Siempre fallan!

Cuando comienzan las campañas electorales, los gobernadores no pueden darse el lujo de necesitar a los militares.

Es una lástima.
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@elibarrol

¿Por qué los militares no toman el poder?

Juan Ibarrola 14/03/15 12:36 AM
Cadena de mando

Sin lugar a dudas es la pregunta que muchos sectores se hacen y se han hecho cuando se atraviesa una “crisis institucional” como la que —lo dijo el presidente en Inglaterra la semana pasada— vive nuestro país en estos momentos.

Las respuestas son complejas debido a que, en primer lugar, una fuerza armada como la mexicana, si no goza de un gran poder, entonces debilitaría al propio Estado mexicano.

La mayor preocupación de la clase política es no generar condiciones que empoderen a las fuerzas armadas.

El poder es en definitiva un valor muy difícil de administrar, de ejercer y por supuesto de tomar; de ahí que no está en el ánimo militar tomar más del que se necesita, es decir, de gobierno nada; no lo necesitan. Para los militares el verdadero poder está en el impacto que causan en la sociedad sus acciones, no en las formas de gobierno. Para los militares el verdadero poder está en lo que las autoridades civiles han dejado de hacer por la población. Para los militares el verdadero poder está en ser la institución con mayores niveles de confianza en la sociedad. Eso es poder, lo demás es lo de menos.

Para los militares el verdadero poder radica en la lealtad y en la disciplina que le tienen al país.

Han sido muchas las confusiones en torno al poder que verdaderamente tienen los militares mexicanos. Ahora surgen voces desgarrándose las vestiduras, afirmando que la llegada de Eduardo Medina Mora es únicamente para defender a los soldados por el caso Iguala. Qué poco poder les otorgan a los militares quienes en verdad creen esa “pendejada”; la realidad es que no se necesita una defensa cuando no hay delito que perseguir. En el caso de la noche del 26 de septiembre, ni siquiera existe la omisión.

Ahora surgen voces que se desagarran las vestiduras cuando se conoce que en la lista plurinominal del PRI se encuentran los ex subsecretarios de la Defensa y Marina. Qué poco valor se le da a la democracia en México, cuando se siente como amenaza la llegada al Poder Legislativo de una verdadera representación militar.

En cualquier país del mundo que se respete por democrático, existe una corriente militar en sus congresos y México es la excepción. ¿Qué se obtendrá con ello? El beneficio de los resultados será generar un equilibrio que brinde a las fuerzas armadas una representación, más que política, jurídica.

¿Por qué no toman el poder los militares?

Porque ya lo tienen.

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@elibarrol

Exige general Cienfuegos justicia en caso Tlatlaya

Lunes 29 de junio de 2015 | Carlos Benavides | El Universal | 04:10

Si soldados son culpables, que los castiguen; si no, que los exoneren. Advierte que la corrupción es un riesgo para la seguridad nacional
El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, dice que no ve esfuerzos decididos en la mayoría de los estados para fortalecer sus policías

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En el amplio despacho de uno de los hombres más poderosos del país hay tres generales, José María Morelos y Vicente Guerrero, cuyos retratos al óleo cuelgan de una de las paredes, y el actual secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien vestido con un impecable uniforme azul, que en su hombros tiene bordadas en dorado cuatro estrellas y el Escudo Nacional, deja correr con fluidez sus opiniones acerca de los riesgos que enfrenta actualmente la seguridad nacional y responde con claridad y sin regateo cada una de la preguntas de EL UNIVERSAL. No hay temas vetados.

Ante los asuntos incómodos, como Tlatlaya, las violaciones a los derechos humanos, la desaparición del fuero militar o el "alto costo" que las Fuerzas Armadas han tenido que pagar con parte de su prestigio por hacer las labores de seguridad que los cuerpos policiales han sido incapaces de cumplir, el general Cienfuegos responde de manera directa y sin buscar esconderse detrás de eufemismos, dice lo que piensa, y por los cambios en el tono de su voz y en sus expresiones corporales a leguas se pueden identificar los temas que le molestan o que le indignan.

Salvador Cienfuegos Zepeda nació en la ciudad de México y acaba de cumplir 67 años de edad el pasado día 14, 51 de los cuales ha pertenecido al Ejército Mexicano. Ingresó al Colegio Militar a los 16.

En su despacho, dentro de una vitrina descansa una condecoración que el año pasado le entregó el presidente Enrique Peña Nieto por 50 años se servicio, y tras haber pasado por todos los grados hoy tiene el reto de dirigir unas Fuerzas Armadas que todos los días tienen que poner en las calles entre 35 mil y 45 mil soldados que deben pelear una guerra para la que no fueron entrenados, una lucha contra la delincuencia en la que permanecerán al menos durante todo este sexenio pues dice que él no ve "esfuerzos decididos en la gran mayoría de los estados" del país para fortalecer a sus policías. "A nosotros nos urge que esto se dé para que sean ellos los que asuman la tarea que legalmente les corresponda".

El secretario identifica al menos media docena de riesgos de seguridad nacional que hoy enfrenta el país: los desastres naturales, la delincuencia organizada, los ciberataques, el terrorismo, el tráfico de personas y uno muy especial: la corrupción.

"Sí, es un riesgo a la seguridad nacional la corrupción y se puede convertir en una amenaza si no se pone la atención debida para que esta sea contenida, y sí, queremos la sociedad tener un gobierno legal, legítimo y que combata a la corrupción, pero esto debe ser atendido en parte por la sociedad y en parte por los gobiernos".

Asegura que el caso de Tlatlaya, en el que ocho soldados son acusados de haber asesinado a 22 civiles, presuntamente criminales, durante un enfrentamiento ha sido "muy costoso" para el Ejército.

El general Cienfuegos pide no realizar juicios anticipados y muestra su inconformidad por el hecho de que algunos medios han dado ya su veredicto y han declarado culpables a los militares sin que siquiera haya iniciado el juicio en el Poder Judicial.

"Yo creo que tenemos que esperar todos el veredicto del juez, nada más. Y si los soldados se equivocaron pues serán castigados. Pero si no se equivocaron habrá que reconocer su inocencia. Esa es mi forma de pensar.

"Y sí me gustaría saber si algún juez, en caso de que sean inocentes, así lo declara en su momento", dice.

Acerca del tema de los derechos humanos, el general hace una reflexión sobre lo que considera una incongruencia inexplicable.

"Somos, según el decir de muchos, una de las instituciones que más violan los derechos humanos, pero en todas las encuestas somos la institución más confiable. Una incongruencia en la que alguien debería decirnos dónde está el problema. No podemos ser violadores de derechos humanos y al mismo tiempo los más confiables".

Los riesgos a la seguridad Nacional

General, ¿cuál diría que es en este momento la principal amenaza a la seguridad nacional que enfrenta nuestro país?

- Yo creo que los países ahora enfrentan amenazas que antes no se veían y que fueran tan recurrentes como las que vemos en estos tiempos. No hablaría yo de una amenaza a la seguridad nacional de México, sino de riesgos a la seguridad nacional; no vemos, no prevemos una amenaza. Sí tenemos conflictos que tenemos que estar supervisando, siguiendo y analizando cómo evolucionan, pero los riesgos que vemos hoy son los desastres naturales, la delincuencia organizada, lo que hoy se conoce como ciberseguridad o ciberataques, terrorismo, el tráfico de personas, de flujos migratorios; me parece que ahí es donde podríamos estar ubicando los riesgos.

En días pasados usted llamó a romper con la desunión, la intolerancia, la impunidad y la corrupción, ¿cree que la corrupción sea una amenaza, un riesgo a la seguridad nacional?

- Sí, desde luego es un riesgo. Sobre todo al desarrollo económico. Si no se atiende este problema de la corrupción, y a la impunidad que siempre va de la mano, el desarrollo económico se ve afectado. Creo que sí tenemos algunos problemas de corrupción que están siendo atendidos. Hoy tenemos nuevas leyes, legislaciones sobre el tema, y me parece que toda la sociedad y nuestras autoridades están empeñadas en cambiar esta percepción de la corrupción. Sí es un riesgo a la seguridad nacional la corrupción y se puede convertir en una amenaza si no se pone la atención debida para que ésta sea contenida, y sí quiere la sociedad tener un gobierno legal, legítimo y que combata a la corrupción, pero esto debe ser atendido en parte por la sociedad y en parte por los gobiernos.

¿Cuáles son los costos que las Fuerzas Armadas han tenido que pagar por realizar labores de seguridad pública que deberían estar haciendo otros, como por ejemplo los estados, las policías y otros cuerpos que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas?

- Si hablamos de costos, seguramente se está refiriendo a costos que tienen que ver con el prestigio, con la forma de operar, con el desgaste que tienen las Fuerzas Armadas; bien, pues yo creo que los costos han sido altos, pero han valido la pena; no es nuestra vocación, no nos sentimos a gusto haciendo funciones de policía. Está ordenado por el comandante supremo, que es el Presidente de la República, pero estamos conscientes que de no hacerlo nosotros en este momento no hay quién lo pueda atender. Necesitamos cuerpos policiacos más capacitados, mejor preparados, mejor armados, y que se les atienda en la parte de seguridad social. Me parece que es un tema que se ha dejado a un lado y que se requiere atender a los policías no nada más en la parte de su capacitación, sino de su seguridad social. Contando con buena seguridad social los cuerpos policiacos serán mejores y podrán atender sus responsabilidades. A nosotros nos urge que esto se dé para que sean ellos los que asuman la tarea que legalmente les corresponda.

Llama la atención que dice que ha valido la pena pagar estos costos altos, ¿por qué han valido la pena, en especial cuando se habla de temas como el prestigio, que es algo muy preciado para los militares?

-Primero, porque es una orden y nosotros estamos educados para obedecer. Y segundo, porque de no haber intervenido no podríamos asegurar cuál sería la situación del país. Si algo se ha avanzado en seguridad y en la contención del crimen organizado y de los líderes de estas organizaciones criminales ha sido básicamente por la intervención de las Fuerzas Armadas. Y sí, hay un desgaste mediático, hay un desgaste de personal, de material, pero tratándose de nuestro país no es un costo que tengamos que poner en duda, habrá que seguir haciéndolo hasta el momento en que sea requerido.

¿Por cuánto tiempo calcula usted que tendrá el Ejército que seguir haciendo estas labores?

-Yo creo que es muy difícil. Yo le diría que no veo esfuerzos decididos en algunos estados, en la gran mayoría no veo esfuerzos decididos porque estas policías avancen; deben ser problemas quizá de presupuesto, pero el compromiso está y quisiéramos que esto avanzara más rápido. No puedo darle algún tiempo, seguramente en esta administración seguiremos ahí pero sí quiero dejar en claro que nosotros en cuanto se nos ordene nos vamos a hacer las actividades para las cuales nos preparamos, por lo cual llegamos a nuestras escuelas, que es para la guerra, para la defensa del país.

¿Entonces es un tipo de guerra que no deberían de estar peleando o ni siquiera hablarían de que se trata de una guerra?

-Yo no hablaría de guerra, es un conflicto que está afectando la seguridad interior del país y que las Fuerzas Armadas utilizan sus procedimientos para atenderlo, y eso nos ha hecho que tengamos algunos problemas en la atención de estas circunstancias. Sin embargo, creo que hemos ido aprendiendo cada vez más, los resultados están a la vista; nuestros problemas que tienen que ver con este roce permanente con la sociedad y han ido disminuyendo cada vez más, las quejas que teníamos de derechos humanos cada vez son menos, las recomendaciones también, el personal está más capacitado para atender estos problemas.

Los soldados reciben órdenes y las cumplen, pero, ¿usted percibe que exista enojo o molestia porque están haciendo este tipo de labores policiales?

- No, yo creo que la gente está consciente de que si no lo hacemos nosotros no hay quien lo haga en el país, por el momento. De eso la gente está convencida y hay una gran disposición, la verdad es que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha puesto una atención a las Fuerzas Armadas que no habíamos tenido antes. Creo que está muy al pendiente de cómo estamos, qué es lo que necesitamos, cómo podemos mejorar nuestra actividad, cómo podemos hacer mejor las cosas en beneficio de la sociedad y en eso yo debo reconocerle al Presidente de la República que ha tenido un empeño desde que inició su administración.

Los apátridas y ataques al Ejército

Usted el mes pasado solicitó, en uno de sus discursos, unidad contra los apátridas. ¿Quiénes son esos apátridas?

- Pues los que no tienen patria.

¿Específicamente a cuáles se refería en ese momento?

- A esos cuyo único interés, su objetivo, es lucrar con el terror, envenenando a los jóvenes, a los niños, haciendo padecer a la sociedad, poniendo en riesgo el patrimonio de ciudadanos honestos que se han dedicado a trabajar toda su vida; poniendo en el tema de la inseguridad a las madres de familia que llevan a sus hijos a la escuela. Esos no tienen patria, y por eso los llamé apátridas. No podemos pensar que son mexicanos de bien quienes se dedican a vivir del crimen, del terror de la sociedad. A esos me refiero. Esos son los apátridas.

¿En ese mismo costal metería a la clase política que se amafia con el crimen?

- Pues si hay personajes de estos que están involucrados con el crimen, pues también son apátridas, también están dañando a la sociedad nacional. Yo pienso que entrarían en la misma bolsa aquellos que estén vendidos a las organizaciones criminales.

Ha hablado de la existencia de algún tipo de ofensivas para intentar desprestigiar al Ejército y las Fuerzas Armadas del país, ¿de dónde vienen esos ataques?

- No, pues me encantaría saber de dónde vienen, pero el efecto está ahí lo vemos en algunos medios, algunas organizaciones que consideran que el Ejército no está haciendo su tarea adecuadamente, o que ha afectado a la ciudadanía. Mi percepción es que efectivamente hay quienes están interesados en desprestigiar a las Fuerzas Armadas y lo hacen a través de los medios, a través de declaraciones, muchas de ellas sin sustento, y esa no debe de ser nuestra preocupación, nosotros debemos de seguir trabajando, haciendo las cosas bien, de la mejor manera, cumpliendo y haciendo cumplir la ley.

Pero no cabe duda que usted en el país es uno de los hombres que pueden poseer mayor información sobre cierto tipo de amenazas o desafíos de seguridad, ¿no tiene ninguna idea del rostro que está detrás de esas fuerzas?

- No. Además, si los tuviera no sería mi papel estarlo haciendo. Hay autoridades responsables de esos asuntos y nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes, hemos hecho los señalamientos que se tengan que hacer en cada uno de los casos, y pues esperamos que las autoridades correspondientes hagan lo que les toca.

¿Cree que por parte del Congreso haría falta alguna reforma o algún tipo de legislación que los ayudara a tener mayores garantías ahora que ustedes están haciendo el trabajo policial que no les corresponde?

- Sí, claro. Yo no aseveraría que no nos corresponde hacerlo porque la propia Constitución lo prevé: el artículo 89, fracción sexta, habla del derecho y la obligación que tiene el Presidente de la República para garantizar la seguridad interior empleando las Fuerzas Armadas. Lo que creo que es que hay un vacío importante, pues del artículo de la Constitución hacia abajo no encontramos ninguna ley reglamentaria, no hay nada que diga cómo deben de actuar las Fuerzas Armadas, hasta dónde, en qué lugar, en qué tiempo; creo que hace falta llenar este vacío y me parece que tendría que pensarse en una ley de seguridad interior y una ley de defensa nacional, que son los dos conceptos que maneja el artículo 89, fracción sexta; creo que con eso estaríamos en condiciones de poder participar de mejor manera en apoyo de las autoridades civiles, que son las encargadas de atender los problemas que tienen que ver con la delincuencia.

Se han hecho algunos intentos en el Congreso, pero al parecer no ha prosperado

- Pues sí, porque lamentablemente en la administración pasada se trató de ampliar lo que hay de ley de seguridad nacional, pero al final de cuentas, como muchas veces suceden las cosas, hubo algunos intereses partidistas y esto quedó en la nada. La verdad es que nosotros no tenemos ninguna intención de reiniciar eso, me parece que lo conveniente sería hacer, insisto, una ley de seguridad interior y una ley de defensa nacional.

¿No le parece injusto? ¿No le parece que ese tipo de cosas no deberían de estar sometidas a fuerzas políticas, es decir, que por cuestiones de política partidista no exista una ley en esta materia?

- Pues yo creo que ha sido algo que no se ha atendido; los motivos no los tendría yo agarrados en la mano, pero me parece que a lo mejor no se quiere que las Fuerzas Armadas vayan más allá de lo que ya hacen. Sin embargo, yo soy de la opinión que si vamos a utilizar las Fuerzas Armadas las utilicemos para poner orden, no para ver si pondremos orden. Hoy nosotros estamos participando en apoyo de otras autoridades haciendo funciones de policía, y lo hacemos con la mejor de las intenciones, con toda la disposición que exista, pero no es el papel real que deba de cumplir un ejército respecto de la seguridad interior. Somos un ejército muy pequeño, proporcionalmente hablando, somos uno de los más pequeños en todo el mundo considerando la extensión territorial de nuestro país, considerando la población existente, el tipo de topografía, las vecindades que tenemos, los miles de kilómetros de costas que tenemos; creo que las Fuerzas Armadas son muy pequeñas, con un presupuesto de defensa sumamente limitado. El presupuesto de defensa de nuestro ejército no llega al 0.5 (del PIB), cuando el promedio está a 1.5 a 2.5 en el resto de América Latina. Entonces, si la idea es que sigamos participando habría que pensar en la posibilidad de hacer crecer a las Fuerzas Armadas para que tengamos mayor disponibilidad de medios y atender los problemas en todo el país; hoy estamos de un lado para otro y nuestros soldados también tienen familia y necesidades que solucionar.

¿Están bien pagados los soldados mexicanos?

- Yo no diría que estamos bien pagados; a lo mejor los generales, los jefes, tenemos sueldos que son adecuados, no aspiramos a ganar más pero el personal de tropa, que es el grueso, sí requiere que se mejoren quizá un poco sus prestaciones económicas. En cuanto a seguridad social, me parece que tenemos una excelente seguridad social que hemos construido a través de muchos años y que nos está dando una respuesta adecuada para los soldados y para sus familias, así como para los militares que ya están en situación de retiro.

El caso Tlatlaya y los Derechos Humanos

General, ¿qué tan costoso ha sido para el Ejército el tema de Tlatlaya?

- Pues muy costoso porque también, ya lo decíamos, me parece que ha sido manejado de manera superficial, sin conocimiento de las cosas. Creo que ha faltado información y, sobre todo, la sociedad a veces no está enterada de todas las limitaciones que tenemos. Por ejemplo, a mí me piden que explique lo que pasó en Tlatlaya; pues yo lo podría explicar, el asunto es que, desde hace un año, el 13 de junio del año pasado, el Congreso acotó el fuero militar y ahora nosotros estamos impedidos para investigar los hechos en que resulten afectados civiles. Por lo pronto, no tengo una información respecto a la investigación. Tenemos nuestros propios procedimientos, delitos del orden militar los atendemos con nuestro sistema de justicia. En eso vamos caminando. Respecto a Tlatlaya, yo lo que puedo decir: lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente, en contra de los soldados. Que la diferencia de fuerzas eran 22 personas armadas, con armas que son de uso exclusivo del Ejército, y de parte del personal militar era un oficial y siete de tropa, entonces se habla ahí de que hubo un sometimiento. Yo no puedo entender cómo hubo un sometimiento si eran ocho soldados, no sabían cuánta gente había en el interior del cobertizo donde sucedieron los hechos. Sabemos que todos los cuerpos resultaron positivos, es información abierta; no es que a mí me conste, que resultaron positivos al uso de armas, las armas fueron disparadas, encontraron algún consumo de drogas en algunos de estos cuerpos, todos tenían alcohol y, bueno, pues entiendo que estuvieron de fiesta hasta las 2, 3 de la mañana; los hechos se dan alrededor de las 5:30 de la mañana; bueno pues yo quisiera que pusiéramos las cosas en orden y viéramos cómo sucedió.

Nosotros tenemos al personal militar sujeto a proceso, en el fuero militar por incumplimiento oficial. Debió haber sido con un número mayor de efectivos, más vehículos, con un conocimiento del patrullaje que iba a hacer, que es una orden que tienen todos los servicios, salir en las horas de oscuridad, ya al final del día o al amanecer, con la idea de evitar esos daños colaterales, donde ha habido inocentes que han padecido consecuencias de estos enfrentamientos que se dan con los criminales. Creo que ha faltado un poquito de información pero, finalmente, creo que lamentablemente muchas personas y grupos que a lo mejor no ven bien a las Fuerzas Armadas ya sentenciaron a los soldados. Yo todavía no veo el juicio, todavía no ha empezado, todo lo tiene un juez, desconozco las razones por las cuales no hemos podido iniciar el juicio. Yo pediría a través de EL UNIVERSAL que se inicie el juicio.

Nosotros quisiéramos saber realmente qué pasó y, si nuestra gente tiene responsabilidad, que se le castigue de acuerdo con la ley. Pero si no son culpables, la propia ley lo dice: si no son culpables, son inocentes, y sí me gustaría saber si algún juez, en caso de que sean inocentes, así lo declara en su momento. Si no es así, nosotros seguiremos luchando; por la parte militar ellos cumplirán la pena que les corresponda y seguirán incorporados. La parte civil que es la que sale de mi esfera, y dadas las acotaciones que se hicieron al fuero militar el año pasado, pues tendremos que esperar. Lo que puede suceder es que resulten culpables y, bueno serán castigados de acuerdo con la ley, y el propio juez determinará lo que corresponda. Y, como le digo, si son inocentes se incorporarán y seguirán con sus actividades.

¿El Ejército no es Tlatlaya? ¿Está de acuerdo con eso?

- Claro. A ver, Tlatlaya... no tengo el número, pero fue el enfrentamiento número 800 en lo que llevamos de la administración. Ochocientas veces hemos sido agredidos. Y lo manejamos como los otros 799, por decir un número. Este se manejó de igual manera, aunque lamentablemente hubo por ahí declaraciones posteriores a los hechos; nosotros informamos que había habido un enfrentamiento, qué resultados habían habido, y seguimos con nuestras actividades. Al paso de dos o tres meses salen declaraciones que fueron retomadas por acá, salen de Estados Unidos y, bueno, pues aquí se empieza a hacer todo un desarrollo mediático que finalmente nos ha creado un desgaste importante. Yo creo que tenemos que esperar todos el veredicto del juez, nada más. Y si los soldados se equivocaron, pues serán castigados. Pero si no se equivocaron, habrá que reconocer su inocencia. Esa es mi forma de pensar.

El hecho de que tenga más de un año sigue generando un desgaste al final del día para el Ejército mientras esto no se aclare. ¿Usted no ha tratado de reunirse con el Poder Judicial, con la propia Procuraduría para tratar de acelerar la investigación?

- Bien, lo que hemos hecho a través de la defensora que tienen nuestros soldados es que se insista en que el juicio se inicie. No tiene más de un año, el año se cumplirá, de los hechos, el próximo día 30, pero de que inicia esta noticia y de que se le da toda esta importancia son como dos o tres meses después. Yo sí creo que es más que suficiente el tiempo para que ya se pueda concretar, se pueda concluir. En el sistema de justicia militar estos problemas los solucionamos muy rápido. Nuestra justicia sí es pronta y expedita. Acá desconozco los detalles de por qué no hemos podido ir a juicio.

¿Fue un error haber eliminado el fuero militar?

- Bueno, yo pienso que sí porque están poniendo al Ejército en situaciones muy sensibles, vulnerables, delicadas, en las que nuestro personal ahora piensa si lo procesan por desobediencia, por no obedecer al secretario, o lo procesan por violar derechos humanos. Creo que al soldado le conviene que lo procesen por desobediencia, pero al país no le va a convenir. ¿A quién le conviene un Ejército que no obedezca? ¿A quién le conviene un Ejército que no tenga disciplina? ¿A quién le conviene un Ejército que no esté entregado a su país, a su sociedad? Somos, según el decir de muchos, una de las instituciones que más violan los derechos humanos, pero en todas las encuestas somos la institución más confiable. Una incongruencia en la que alguien debería decirnos dónde está el problema. No podemos ser violadores de derechos humanos y al mismo tiempo los más confiables.

General, ¿es complicado desde su posición como jefe de las Fuerzas Armadas defender a algún soldado que viola los derechos humanos cuando está combatiendo a la delincuencia?

- Claro pero, a ver: los soldados saben cuando están cometiendo una violación y cuando la violación se da por la intención de hacerlo no merecen defensa de nadie; que se vayan a la cárcel, si son culpables de esa violación, cuando hay la intención. Pero hay violaciones a los derechos humanos en que no existe la intención, ahí sí tenemos que revisar y ver cómo ayudamos a quien resulta afectado y también a nuestro personal. En la noche, a las 2, 3 de la mañana, son agredidos, los soldados responden. No pueden dejar que solamente les disparen, tienen que defender su vida. Y en esos casos puede suceder que alguien pase por ahí, que no tenga que ver con el asunto, y resulte lesionado, o en el peor de los casos muerto, y le estamos violando sus derechos humanos. Ahí habrá que trabajar, atender el problema, a las víctimas, sus familias, y también atender al soldado.

¿Y no tendría también que ver el número de operaciones policiales que realiza el Ejército?

- Sí. Sería muy interesante que se hicieran las cuentas porque nosotros hablamos de más de mil 500 acciones diarias. En la geografía nacional tenemos, sólo para atender el problema de la delincuencia, entre 35 mil y 45 mil soldados, todos los días en las calles, rozándose con la sociedad, donde está la gente buena, pero donde también hay gente no tan buena. Entonces entre el número de acciones que desarrollamos con respecto al número de quejas no hay una comparación. Y aún más, si pudiéramos analizar el número de quejas que tenemos -yo hablaría de esta administración, no hablaría de las otras-, me gustaría que de esas se vieran cuántas son ciertas, cuántas se comprueban. Hoy llevamos en toda la administración cuatro recomendaciones, una es la de Tlatlaya. De las otras tres, dos ya están totalmente concluidas. Nosotros estamos trabajando, el número de quejas bajó del 2012 al 2013, 40%; del 2012 al 2014, 60%. No sé cómo salgamos en el 2015, pero hemos bajado de manera muy importante las quejas que hay en contra del personal militar.

En esta administración, debemos andar en mil 700 quejas y quizá comprobadas será el 2 o 3%; es decir, tenemos el .22% de quejas que llegan a recomendaciones y la de Tlatlaya la aceptamos porque tampoco nos vamos a poner en una situación de crearle conflictos ni a la Comisión Nacional ni al Gobierno de la República. La aceptamos porque así lo hemos venido haciendo.