Impera caos en exámenes de confianza.

Warrio escribió:El gobierno deberia de invertir mas en la educación publica. Hacer que las escuelas publicas esten a la altura de las instituciones privadas. en todo el pais, con campos deportivos, albercas, etc, que el deporte competitivo sea una parte importante de la educacion. Regular aquello de los uniformes, etc. Con ello se ahorrarian miles de pesos en corregir todo lo que no genero la educacion basica: gente confiable y responsable.

o, alguien que me diga en donde se generan ese tipo de personas, que en cualquier profesion, sera destacado aportador.

Pierden la pista de 10 mil policías dados de baja

Siguen laborando en corporaciones de seguridad casi 40 mil policías que reprobaron los procesos de control y confianza
Ramón Sevilla
agosto 16, 2012 12:58 am

Aunque deberían estar cesados y bajo investigación, en el país están en las calles o siguen laborando en corporaciones de seguridad casi 40 mil policías que reprobaron los procesos de control y confianza, establecidos por el gobierno federal y los estados para depurar a los malos uniformados.



Datos presentados en la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el jueves 2 de agosto pasado, revelan que de los 267 mil 068 policías y mandos evaluados, 38 mil 669 no aprobaron los procesos de Control y Confianza, por lo que legalmente debieron ser dados de baja.



Incluso, la ley permite investigar y procesar a aquellos policías o ex policías que estén implicados en algún delito. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho.



De 2010 a junio de 2012, de los agentes de seguridad evaluados únicamente 3 mil 326 han sido cesados y otros 6 mil 119 están en proceso de ser destituidos. Estos 9 mil 945 uniformados están en las calles del país.



Además, otros 29 mil 224 uniformados reprobados siguen en funciones, a pesar de que son considerados como “poco confiables” y no estar aptos para realizar tareas de seguridad pública.



Estos exámenes, que se aplican en centros de evaluación de la PGR, Policía Federal y algunas entidades, incluyen pruebas psicológicas, del polígrafo, médico, toxicológico y del entorno social y situación patrimonial.



De acuerdo con la Ley General de Seguridad Pública, estas evaluaciones se califican de manera global y se obtiene un solo resultado (Ampo o No Apto). El resultado es inapelable, y los aspirantes que resulten No Aptos no podrán participar en otros procesos de reclutamiento y selección de alguna corporación policial.


Poco confiables



La estadística revela que el Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Coahuila y Sonora son las entidades con mayor cantidad de policías reprobados en control y confianza. Llama la atención que en estos estados un tercio de sus policías no están aptos y en el caso de Sonora es la mitad de sus uniformados.



En estos estados los uniformados evaluados oscilan entre los 4 mil (en el caso de Sonora) y los 12 mil (Edomex).



Y por el contrario, los gobiernos que menos elementos tienen reprobados son Campeche, Quintana Roo y Yucatán, quienes únicamente han evaluado entre 100 y mil 500 elementos.



Desatacan los casos del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la PGR, pues en comparación con los elementos evaluados, los policías reprobados son bajos.



El DF ha evaluado más de 50 uniformados, de los cuales casi 2 mil han reprobado; de más de 56 mil elementos evaluados por la SSP, 4 mil 600 han tenido calificaciones negativas, al igual que mil 122 agentes federales ministeriales de un total de 19 mil 800.


¿Dónde están?



El 12 de julio, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, acusó que a pesar de que los gobiernos estatales y municipales saben que estos elementos trabajan para el crimen organizado, consumen drogas o carecen de las capacidades físicas y psicológicas para realizar cualquier labor en cuerpos de seguridad, siguen en sus puestos.



En el caso específico de los policías que se encuentran vinculados al crimen organizado, hizo un llamado a las autoridades a que además de que se les separe del cargo sean castigados conforme a derecho.



“Los casos de colusión o relación con el crimen deberán tener un seguimiento puntual, serán personas que deberán ser no sólo cesadas, sino detenidas y procesadas”, dijo el funcionario.



Para el 2 de agosto, Vega Marín emplazó a las entidades federativas a informar en los próximos 10 días (12 de agosto) sobre el destino de los agentes evaluados que resultaron no aptos. Cosa que hasta el momento no ha sucedido, según informes del SNSP.





Entidad Evaluados No Aprobados Bajas En proceso Pendientes de baja



Nuevo León 9,098 3,051 760 0 2,291

Edomex 12,953 3,038 0 0 3,038

Veracruz 7,113 2,478 13 0 2,465

Coahuila 6,105 2,265 411 0 1,854

Sonora 4,518 2,076 0 0 2,076

DF 50,455 1,847 1,170 0 677

Yucatán 1,355 26 0 9 17

Q. Roo 103 15 0 0 15

Campeche 1,568 2 0 0 2

SSPF 56,686 4,615 0 4,615 0

PGR 19,815 1,122 0 1,22 0

En 15 meses la procuraduría despidió a 132 servidores públicos de la Seido

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Sábado 20 de octubre de 2012, p. 17

De julio de 2011 a septiembre de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) despidió a 132 servidores públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo), por no haber acreditado los exámenes de confianza, independientemente de la pesquisa en curso por el presunto involucramiento de ministerios públicos y fiscales con una red de corrupción que vendía datos de averiguaciones previas a grupos criminales.

Más de 80 ex funcionarios de la Seido fueron cesados en el último semestre de este año, una vez que se reforzó el programa de fiscalización y certificación profesional, dijeron fuentes federales.

En el último año, de más de 500 personas que fueron sometidas a pruebas poligráficas, toxicológicas, de entorno social, médicas y sicológicas para ingresar a esa subprocuraduría, solamente 100 acreditaron la batería de exámenes, señalaron las fuentes consultadas.

En días pasados La Jornada informó que la Seido investiga a servidores públicos de ese organismo de la PGR por entregar información de averiguaciones previas, cateos y operativos de detención a grupos criminales como Los Zetas y el cártel de Sinaloa, y que siete personas ya fueron detenidas y se encuentran sujetas a proceso penal a raíz de una investigación iniciada el 1º de febrero de este año, y puesta a consideración de jueces federales el pasado 21 de junio.

Entre los involucrados en venta de información se encuentra el abogado José Gerardo Ortega Maya, ex yerno de Luis Ruano Angulo, segundo secretario de Marina durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; Juan Carlos de la Barrera Vite, ex empleado del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Manuel Arroyo Hernández, ex funcionario adscrito al cuerpo técnico de la subprocuraduría especializada.

Según la PGR, en los últimos 18 meses ha sido evaluado más de 50 por ciento del personal de la institución, y de diciembre de 2006 a marzo de 2011 otro 38 por ciento, y el compromiso de la procuradora es que al término de su administración todo el personal haya sido evaluado.

Sigue en activo 80% de los policías reprobados en confianza: SNSP

LA REDACCIÓN
6 DE NOVIEMBRE DE 2012 · SIN COMENTARIOS
DESTACADO
MÉXICO, D.F. (apro).- El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reveló hoy que cerca de 10 mil de los 333 mil 540 policías federales, estatales y municipales evaluados hasta ahora en el país reprobó los exámenes de control de confianza.

Aun así, dijo, 80% de ellos siguen activos en sus respectivas regiones.

Óscar Vega Marín, secretario ejecutivo del SNSP, consideró en rueda de prensa que las autoridades deben cesar a los elementos negativos de su cargo e, incluso, proceder penalmente contra quienes ya se les comprobaron nexos con el crimen organizado.

El funcionario federal sostuvo que los gobiernos locales no tienen pretexto para avanzar en la depuración que, además, subrayó, debe ser transexenal, pues está sustentada en la ley.

Destacó que desde la puesta en marcha de las pruebas, a la fecha, casi un mes antes de que concluya el sexenio, sólo seis entidades han aplicado las evaluaciones al ciento por ciento de sus mandos, si bien, admitió, ello no es sinónimo de solución a los problemas vinculados con el combate a la delincuencia.

Vega Marín comentó que las entidades que han aplicado al ciento por ciento las evaluaciones de control de confianza son Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala y Colima.

Por el contrario, las entidades con mayor retraso, curiosamente, son las que presentan mayor índice de crimen relacionado con la delincuencia organizada: Tamaulipas, con sólo un avance de 24%; Jalisco, 23%; Chihuahua, 21%, y Quintana Roo con apenas 5%.

Más adelante, el titular del SNSP defendió el trabajo del sistema de evaluaciones:

“La certificación en materia de control de confianza se ha instituido como una herramienta fundamental para la sociedad mexicana y para las autoridades en la garantía o en el camino a contar con la garantía de instituciones de seguridad pública profesionales, capacitadas y confiables”, apuntó.

Sin embargo, lamentó que la evaluación de control de confianza no se ha acompañado de manera adecuada del proceso de depuración.

“Si bien el estado de Coahuila reporta avances importantes en materia de evaluación, tenemos prácticamente 20% de elementos que al haber sido detectados como no aprobados, no han sido depurados.

“Entonces tenemos el escenario no deseable de ya saber cuáles son los policías que no deberían estar prestando sus servicios, como en el caso de Coahuila, por ejemplo, pero que lo siguen haciendo por una falta de avance, por una falta de prioridad, por una falta tal vez de compromiso con la depuración policiaca”, indicó.

Por ello, urgió a gobernadores y presidentes municipales “para que elemento evaluado que ha sido no aprobado sea cesado de inmediato del servicio de policía o de seguridad pública, ya que si bien es un avance importantísimo para la sociedad conocer quiénes son los elementos aptos y no aptos, lo fundamental es que los no aptos no estén sirviendo en las corporaciones”, enfatizó.

Óscar Vega dejó en claro que la depuración de las corporaciones es un eslabón más de una cadena que tiene que ver con equipamiento, mejora de salarios, rotación de mandos y participación ciudadana.

“O sea, tampoco podemos aspirar con un solo eslabón de la cadena, como pudiera ser la certificación, que pudiéramos todos ponernos a descansar y sentir que hemos culminado con la labor”.

La certificación es importante y fundamental, abundó, “pero también hay muchos otros elementos que hay que tener al mismo tiempo, al mismo nivel de avance para que entonces podamos contar con una sociedad más en paz”, puntualizó.

Otro elemento importante para el mejoramiento de las policías es, dijo, la rendición de cuentas de aquellos elementos que aun cuando ya han sido evaluados y tienen un salario digno y buen equipamiento, se desvíen de su camino.

Es necesario, abundó, que sepan que quienes fallen sepan que encontrarán un castigo ejemplar.

En 18 meses, Morales cesa a más de mil 500

Esta es la primera gran depuración en la dependencia, luego de que en 1995 fueron despedidos más de mil 500 agentes de la Policía Judicial Federal por falta de confianza ARTURO ÁNGEL
noviembre 21, 2012 1:15 am
Como parte de un proceso de depuración y combate a la corrupción al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), en los casi 18 meses de encabezar la dependencia, Marisela Morales Ibáñez, cesó o le pidió la renuncia a más de mil 500 funcionarios.

Entre los funcionarios destituidos se encuentran 35 altos mandos y funcionarios del sector central, entre subprocuradores, fiscales y directores generales; 45 delegados estatales; 49 jefes regionales, y más de mil 400 elementos de la Policías Federal Ministerial (antes Agencia Federal de Investigación).

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), responsable del combate contra el crimen organizado y en donde se encontraba Morales antes de ser nombrada la procuradora, es una de las áreas que más movimientos registra en su nivel directivo.

Apenas la semana pasada renunció Cuitláhuac Salinas, quien ocupó el cargo de subprocurador de la SEIDO durante un año, tras la renuncia de Patricia Bugarín, quien también renunció en octubre del año pasado a ese puesto seis meses después de haber sido nombrada.

Estos son los movimientos más visibles en una subprocuraduría en la que también se ha pedido la renuncia de otros mandos medios y superiores, como la de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, Dax García Vidal, y la del integrante del Cuerpo Técnico de Control, Manuel Arroyo Hernández, este último por nexos con el narcotráfico.

En la Subprocuraduría de Control regional, Procedimientos y Amparos, que se encuentra a cargo de todas las investigaciones por delitos federales iniciadas en el país a través de las distintas delegaciones, también se ha presentado un movimiento constante.

Morales primero nombró al frente de esa área a Dilcya Samantha García de los Monteros, quien por falta de efectividad y resultados, fue removida apenas dos meses después de ocupar el cargo. En su sustitución llegó Cuitláhuac Salinas, quien en noviembre del 2011 dejó el cargo tras irse a la SEIDO, por lo que se designó a Victoria Pacheco Jiménez.

Siguiendo con los subprocuradores, en enero de este año Morales le pidió la renuncia a Juan de Dios Castro, quien encabezaba la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y en su lugar nombró a Miguel Ontiveros Alonso, su ex maestro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Sin embargo, a finales de agosto Ontiveros renunció, por motivos que no se informaron, y Morales nombró en su lugar a Ruth Villanueva.

Esta es la primera gran depuración en la institución, luego de que en 1995 fueran despedidos más de mil 500 agentes de la extinta Policía Judicial Federal por falta de confianza.

Más cambios

Además de las subprocuradurías, Morales ha realizado también cambios constantes en otras áreas de alta responsabilidad. Por ejemplo, durante su lapso al frente de la PGR ya cambió en tres ocasiones al Oficial Mayor: primero nombró a Enrique Girón Zenil, luego a Jesús Naime Libién y finalmente a Guillermina Muñoz.

Otro ejemplo es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), donde luego de la salida de Sandra Irene Herrerías nombró a Angélica Herrera Rivero, quien duró en el cargo cerca de seis meses, para luego ser sustituida por Nelly Montealegre Díaz.

La Fiscalía Especial para Delitos Electorales, la Dirección General de Comunicación Social y las distintas unidades de investigación, adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, son otras áreas en las que se han registrado diversos cambios.

A esto se suman los 45 cambios de delegados estatales que Morales ha realizado en su tiempo al frente de la PGR. En casos como el Distrito federal, la procuradora ha cambiado en más de dos ocasiones al responsable.

Además de estos movimientos, la titular de la PGR ordenó el cese de aproximadamente mil 400 elementos de la Policía Federal Ministerial, con el argumento de que no superaron satisfactoriamente el examen de control de confianza.

En la PGR han señalado que en la semana y media que le resta en el cargo a morales, podrían aun registrarse nuevos movimientos en distintos niveles.

La guillotina de Morales en PGR

35 altos mandos (subprocuradores, fiscales y directores)
45 delegados estatales
49 jefes regionales de la PFM
1,400 agentes de la PFM

Ampliarán un año el plazo para realizar exámenes de confianza a policías

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 19 de diciembre de 2012, p. 13

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ayer una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de ampliar un año más el plazo para que se certifiquen 132 mil 127 policías estatales y municipales que faltan de pasar los exámenes de control de confianza.

Se dará trámite expedito a la reforma que ayer presentó en tribuna el senador priísta Omar Fayad, y que de inmediato fue turnada a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda para su dictamen, y horas más tarde fue presentada al pleno para que quedara de primera lectura. Este miércoles será aprobada por el pleno.

El priísta, autor de la reforma, explicó que de lo contrario, esos elementos que no han presentado el examen o no lo han aprobado, tendrían que ser despedidos el próximo 3 de enero de 2013, como lo indica la ley vigente, y con ello quedaría una fuerza pública debilitada, que lejos de otorgar mayor seguridad a la sociedad, crearía un efecto contrario.

Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que al 31 de octubre de este año, los 71 mil 614 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), tienen un avance de 100 por ciento en la certificación.

Esto, abundó el senador del PRI, significa que la totalidad de elementos de la SSP Federal y de la PGR, cuentan con al menos una evaluación en control de confianza.

Sin embargo, precisó, "en los ámbitos estatal, municipal y del Distrito Federal, al 31 de octubre de este año fueron evaluados de manera integral 293 mil 632 elementos, de un total de 426 mil 349, y se estima que al final de diciembre se logrará a escala nacional un avance de tan sólo 84 por ciento, debido a que 59 por ciento de las entidades federativas todavía no han logrado lo estipulado en el artículo tercero transitorio de la ley".

Ante esa realidad, el senador Fayad consideró necesario revisar la norma, ya que más de la mitad de las entidades se ubicarían en el supuesto de no alcanzar el propósito de certificar a 100 por ciento de sus integrantes y se deberán definir jurídicamente las líneas de atención para el personal que no cuente con este requisito en enero de 2013, específicamente, acotó, para aquellos que no han sido evaluados por la falta de capacidad de los centros de evaluación en las entidades, "en virtud de que no es un hecho imputable a los integrantes de las instituciones".

El priísta expuso ante el pleno que "con esta reforma se concretarán los esfuerzos para depurar y fortalecer las corporaciones policiacas y se garantizará a la sociedad que cuenta con personas profesionales y confiables que cuiden de su seguridad".

Abundó que hoy "estamos en una situación crítica en la que la sociedad no confía en las instituciones responsables de la seguridad pública, ya que a pesar de la suma de esfuerzos y el compromiso por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobiernos, el personal que las conforma no está debidamente capacitado ni profesionalizado".

En otro punto de la sesión, la mesa directiva informó al pleno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó este martes al Senado de dos resoluciones que declaran la inconstitucionalidad de los artículos 294 y 295 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Exámenes de confianza

Autoridad responsable deberá idear nuevos métodos porque la experiencia dice que cualquiera que caiga en manos de los inquisidores será declarado culpable de algo

Sólo para Iniciados
por Juan Bustillos el Viernes 28 de diciembre de 2012 - 07:12:47
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El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, debe felicitarse por tantos amigos que le han brotado abonando su trayectoria; ni siquiera puede imaginar cuántos y quiénes. Se sorprendería.

Pero sus supuestos problemas con los exámenes de confianza me dieron materia para matar el año. Que conste: No son historias de los Santos Inocentes.

No hace mucho, un funcionario policiaco de la mayor fama me citó en la Zona Rosa a comer; ya en la mesa pregunté por qué ahí. Cerca están las instalaciones en donde son practicados los exámenes a los funcionarios y mi amigo estaba en plena evaluación.

P^%!@#$ exámenes, no los pasa ni Calderón, me dijo.

Pero además, añadió, no se circunscriben a los últimos dos años, sino que siempre vuelven a las viejas historias.

Ignoro si ex el presidente no pasaría un examen de confianza por sus pecadillos o por lo riguroso o tontos que son, en especial el que tiene que ver con el polígrafo, mejor conocido como detector de mentiras. Lo cierto es que aquel jefe policiaco estaba seguro de que Felipe sería reprobado.

Es verdad indiscutible, en los medios policiacos, que tales exámenes de nada sirven o que sirven para lo que quiera quien los practica.

Está en la cárcel un ex funcionario de la Procuraduría General de la República al que un día se le ocurrió matar a la procuradora Marisela Morales y al general Guillermo Galván Galván. A nadie más, pero a nadie menos.

El individuo hizo varios intentos por ingresar a la PGR, pero en todos falló porque reprobaba los exámenes de confianza; un día, sin embargo, consiguió brincar el obstáculo.

Poco después, el entonces secretario de la Defensa Nacional invitó a sus instalaciones a la procuradora y le reveló los planes del individuo aquel.

Impulsada por esta experiencia, o por la acumulación de evidencias, la maestra Morales decidió cesar al examinador. El problema fue sustituirlo.

Tuvo que acudir al Cisen para practicar el examen al sustituto, pero engañar, además, a los examinadores, pues no les dijo que aspiraba, precisamente, al puesto de examinador. Al final, los resultados se concentraron en la lealtad del aspirante, y así fue como pudo ingresar.

Así que, por un lado, ni Felipe Calderón pasa los exámenes y, por el otro, el examinador los manipula a su conveniencia.

Quizás en este contexto habría que colocar al comisionado Galindo Ceballos y sus presuntos problemas con los exámenes de confianza. Los inquisidores son sus enemigos.

Lo cierto es que la autoridad responsable deberá idear nuevos métodos de examen porque la experiencia dice que cualquiera que caiga en manos de los inquisidores será declarado culpable de algo.

Ahí nadie es inocente, hasta que se arregla con alguien. Como corresponde.

Despedidos, 1,300 agentes ministeriales

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 30 de diciembre de 2012, p. 14

La Policía Federal Ministerial (PFM), (antes AFI), necesita sustituir a mil 300 agentes que fueron despedidos entre abril de 2011 y agosto de 2012, por no haber acreditado los exámenes de confianza, revelaron mandos de la corporación que dirige el comisario Vidal Díaz Leal Ochoa.

De acuerdo con información oficial, la corporación disminuyó su efectividad en el combate a la falsificación de música y películas entre enero y agosto de 2012, al pasar de 764 mil a 236 mil videos pirata decomisados como parte de la estrategia contra los delitos de derechos de autor.

Por lo que se refiere a la incautación de prendas de vestir falsificadas, la PFM comenzó en enero con 210 unidades; febrero, 65; marzo, mil 221; abril, 20 mil 161; mayo, 24 mil 905; junio, 103; julio, 26 mil 222, y en agosto mil 968 prendas.

En materia de combate a delitos contra la salud la corporación aumentó las investigaciones realizadas de 8 mil 586 a 12 mil 320 en el mismo periodo de 2012, y detuvo a más presuntos narcotraficantes, al pasar de 362 en enero a 491 en el octavo mes del año que concluye.

Impera caos en exámenes de confianza

Señalan que un problema en los exámenes es la opacidad con la que operan, en la que los examinados no tienen acceso directo a sus resultados

Rolando Herrera

Ciudad de México  (30 diciembre 2012).- Los exámenes de control de confianza con los que se pretende depurar las Policías, prisiones y procuradurías estatales y federal son un caos, de acuerdo con especialistas.

A casi cuatro años de haber sido establecidas en la ley, las evaluaciones reportan fallas en su diseño, incumplimientos en su aplicación y dudas sobre su utilidad como instrumento para medir la confiabilidad de los servidores públicos.

Bernardo Gómez del Campo, autor del libro “En Búsqueda de un Perfil Policial Mexicano”, señaló que, por ejemplo, una de las principales fallas es que se desconoce qué aptitudes, habilidades, conocimientos y capacidades deben tener los servidores públicos de acuerdo con el perfil de su puesto.

Derivado de esto, dijo, se les aplica una misma evaluación a todos.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización ciudadana que ha dado seguimiento al proceso de depuración a nivel nacional, coincidió al señalar que no ha estado bien calibrado el examen.

“Te ponían no apto cuando estabas gordo, cuando (esto) no era relevante para el perfil de tu puesto”, afirmó.

“(A) otros que tenían problemas con su manejo de estrés, en lugar de calificarlos como aprobados con restricciones y enviarlos a terapia o cambiarlos de adscripción, les ponían no apto. Ahí se nos fue mucha gente que sí valía la pena”.

Otro problema, añadió Morera, es la opacidad con la que operan las evaluaciones de control de confianza, en la que los examinados no tienen acceso directo a sus resultados ni pueden solicitar la revisión de sus pruebas, lo que puede generar actos de corrupción al interior de las corporaciones policiacas.

Morera, cuya organización le ha dado seguimiento al proceso de depuración policiaca a nivel nacional, argumentó que otra forma que tienen los mandos de presionar a sus elementos es amenazándolos con enviarlos a los exámenes, ya sea para obtener ventajas u hostigar a quienes no les caen bien.

“Están usando el control de confianza como verdugo de los policías, entonces muchos no quieren ir, muchos jefes amenazan a sus elementos con que los van a mandar al control de confianza como un método para extorsionarlos”, dijo.

Para evitar este tipo de prácticas, sugirió, los mecanismos de aplicación y los resultados deberían de transparentarse, empezando por los de los altos mandos y funcionarios de primer nivel, cuyo aprobación o no aprobación debería de hacerse del conocimiento de la sociedad.

“Los exámenes de los mandos deberían de ser públicos. Debemos saber que pasaron el examen, para no tener el riesgo de desconocer a quienes están al frente de las corporaciones; me parece que esta es la parte más importante. Y una vez que los mandos son confiables, que los policías puedan saber su mando es confiable y su compañero también es confiable”, aseguró.

Además, pese a que la evaluación entró en vigor en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública hace cuatro años, hasta el 31 de octubre pasado aún faltaba por examinar a más del 30 por ciento de un universo de 420 mil 349 servidores públicos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), mientras que en Zacatecas y Sonora la mitad de los evaluados reprueba; en Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa uno de cada tres resulta no apto. En Campeche y Yucatán, aprueban prácticamente todos los examinados.

Gómez del Campo aseveró que estos contrastes son ilógicos. Además de la falta de los perfiles-tipo que sirvan de referentes para cada función, en los resultados influye la percepción de los aplicadores de las pruebas: en aquellas entidades con mayores problemas de violencia son más estrictos y en los estados que les parecen más seguros relajan la evaluación.

“Muchos poligrafistas estigmatizan al elemento por la zona. ¿Qué sucede? Van a levantarle el polígrafo a una persona en Tamaulipas y llegan con la idea de encontrarse con un ‘zeta’.

“El poligrafista nos diría que esto no es cierto, que él no califica, que lo hace el polígrafo, que es el que va a medir las respuestas y que él sólo va a formular las preguntas; ahí está el asunto: en la forma y en el tipo de preguntas va a buscar lo que quieren encontrar”, explicó.

Cada entidad federativa evalúa a su personal a través de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, que fueron desarrollados a través de un modelo elaborado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP. Todos los procedimientos están estandarizados.

Los centros estatales operan desde 2009, en fechas distintas, y sin personal especializado para aplicar las pruebas -toxicológica, psicológica, de situación patrimonial y poligráfica-, lo que provocó la formación fast track de examinadores.

Gómez del Campo indicó que la mayoría de poligrafistas son técnicos que carecen de conocimientos de las áreas policiales y de procuración de justicia, lo que limita su trabajo y genera distorsiones en sus evaluaciones.

“Un poligrafista que vaya a examinar a un policía tiene que conocer de policía, para que sus preguntas vayan direccionadas a interpretar, independientemente de la medida tecnológica que es el polígrafo, lo que dice la persona evaluada, qué piensa y por qué lo piensa”, comentó.

Morera dijo que la prórroga de 10 meses que el Senado autorizó para que los estados puedan cumplir con la meta de certificar a la totalidad de su personal, debe de aprovecharse para revisar el modelo de evaluación y corregir todas las fallas que tiene.

“Lo que se tiene que hacer es una evaluación y un estudio de los exámenes de control de confianza y de la forma como están estructurados y operando los Centros de Evaluación”, concluyó.

Legisladores de oposición buscan se cumpla certificación de policías

Exhortan a gobiernos locales para evaluar cuerpos de seguridad a la brevedad y dar seguimiento a los agentes que den de baja.
enero 7, 2013Dulce Ramos (@WikiRamos)


Las corporaciones policiacas de todo el país tuvieron de 2009 a 2012 para someterse por entero a evaluaciones y controles de confianza. En esos tres años, apenas 44% se sometieron a las pruebas.

Ante esas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizadas al pasado junio, el Congreso de la Unión otorgó en octubre una prórroga de 10 meses a las corporaciones. Sin embargo, la implementación de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno, ha hecho que los legisladores de oposición busquen la forma de asegurar la continuidad en la certificación de los agentes pese al reordenamiento.

En la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, celebrada el jueves pasado, la senadora Gabriela Cuevas y el diputado Fernando Doval, ambos panistas, presentaron cada uno puntos de acuerdo para exhortar a los gobiernos locales a evaluar a los policías a la brevedad y para que el Ejecutivo dé a conocer el programa con el que reestructurará las áreas operativas y de inteligencia que dependían de la extinta Secretaría de Seguridad Pública.

En la misma sesión, Ricardo Mejía, diputado por Movimiento Ciudadano, calificó la evaluación como “medular” y agregó a la discusión la necesidad de que se implemente un seguimiento a los agentes que se den de baja.

“Vamos a engrosar las filas de la delincuencia organizada si no hay un seguimiento a todo este ejército de ex miembros que pasan al desempleo”, dijo el legislador a Animal Político.

¿Qué se ha evaluado?

En noviembre de 2011, 913 mil 755 policías cuidaban la seguridad del país según una solicitud de información hecha en febrero del año pasado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ellos, 511 mil 297 corresponden al ámbito municipal.

En ese nivel de gobierno, el más cercano al ciudadano, es donde se acumulan más rezagos en la evaluación. Ninguna entidad supera el 75% de sus policías municipales evaluadas, según el último informe sobre el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad cuyos datos, en este apartado, están actualizados a julio de 2011.

Sólo nueve entidades tienen entre 25 y 75% de sus corporaciones municipales evaluadas. Entre ellas se encuentran Coahuila y Nuevo León, estados que pese al avance, en todo 2012 fueron noticia constantemente por la violencia vinculada al crimen organizado. Las 13 entidades restantes no han sometido ni al 25% de sus corporaciones municipales a los controles de confianza esperados.
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En cuanto al personal en activo en las unidades estatales que combaten el secuestro, uno de los delitos de mayor impacto, todavía hay 12 entidades de la República que no han evaluado al total del personal que las integra

¿Qué sigue?

A reserva que los estados reporten sus avances en los 10 meses que tienen de prórroga, y certifiquen a sus elementos a más tardar en octubre de este año, en lo que toca a las fuerzas federales, Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong han adelantado que la Policía Federal reducirá su tamaño y estará sometida a un “mayor régimen disciplinario”.

El titular de Gobernación ha dicho que buscará hacer una corporación de élite que esté encargada de a las policías estatales.

Incumple encargado de la PF con controles de confianza

Informes oficiales revelan que no pasó las evaluaciones de control y confianza dos ocasiones; también fue sancionado por negligencia administrativa y denunciado por la CNDH por violar derechos humanos en SLP
MARÍA IDALIA GÓMEZ y RAMÓN SEVILLA
enero 21, 2013 1:15 am

Fue destituido del ISSSTE y obligado a pagar más de 50 mil pesos como sanción; dos veces se le consideró no recomendable en los exámenes de Control de Confianza de instituciones de seguridad, lo que provocó su salida, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió que se revisara la omisión en la que había incurrido cuando fue director de la Policía Ministerial, para determinar su posible responsabilidad administrativa.

Se trata de la trayectoria de Enrique Francisco Galindo Ceballos, designado el 25 de diciembre como encargado del despacho de la Policía Federal y de quien se dijo que había sido capacitado en “diversas agencias de seguridad a nivel internacional”, aunque en materia de seguridad sólo asistió a un curso, menor a tres meses, en el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y a dos en la Universidad de Salamanca.

El presidente Enrique Peña Nieto, quien como compromiso de gobierno aseguró que nombraría a los funcionarios públicos más calificados, debe enviar en los próximos días al Senado su propuesta de quien debe convertirse en el comisionado de la Policía Federal, uno de ellos podría ser Galindo Ceballos.

A partir de testimonios de primer nivel y documentos oficiales, 24 HORAS logró documentar la trayectoria de Galindo Ceballos entre 2000 y 2012. Este diario solicitó información del funcionario al área de Comunicación Social de la Policía Federal, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.


Negligencia administrativa

De acuerdo al currículum de Enrique Francisco Galindo Ceballos, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una tesis que recibió mención honorífica y obtuvo su cédula profesional en 1990. Su primer trabajo fue 1992 en la PGR, como agente del Ministerio Público, en donde permaneció poco tiempo.

Entre su declaración patrimonial y su hoja curricular hay inconsistencias sobre su segundo empleo, porque se afirma en la primera que fue asesor en la Subsecretaría de Protección Civil y Prevención Social de Gobernación, en donde estuvo entre 1995 y 1998, pero en el segundo documento sólo señala que estuvo en 1997 en esa oficina, pero como secretario auxiliar.

En 1997, dice su currículum, llegó al ISSSTE como jefe de la oficina jurídica en San Luis Potosí. Ese mismo año se convirtió en subdelegado de prestaciones de la misma dependencia, en donde permaneció hasta el año 2000.

Lo que su currículum no dice es que, dentro del expediente 49608/00 iniciado por el órgano interno de Control del ISSSTE, se le destituyó del cargo, tras concluir un procedimiento administrativo el 29 de mayo de 2000, sanción que quedó firme, por haber incurrido, durante su gestión, en “negligencia administrativa”, y debió pagar 56 mil 643 pesos. Sin embargo, para la fecha en que se emitió el fallo, Galindo Ceballos había dejado la dependencia.


Omisiones: CNDH

En 1999 Galindo Ceballos se incorporó al Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí como director general, posición que tuvo hasta 2002.

Para 2003 llegó a la Policía Ministerial de San Luis Potosí, corporación en la que se quedó prácticamente un año, hasta que fue nombrado director de Seguridad Pública Municipal hasta 2006.

Es en esos años, de acuerdo con su expediente, al que tuvo acceso este diario, presentó dos exámenes de Control de Confianza, siendo evaluado por el Centro de Control de Confianza de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal y por el CISEN. En uno de ellos se le consideró “NO RECOMENDABLE” para el puesto y en el segundo sí fue declarado apto, pero con observaciones, entre las que se establecía que debía ser evaluado nuevamente por su posible falta de probidad.

En su paso por la dirección de la Policía Ministerial de San Luis Potosí también recibió observaciones, una de ellas fue hecha por la CNDH, dentro de la Recomendación 28/2006, que al investigar el caso el organismo confirmó que agentes de la corporación, que dirigía entonces Galindo Ceballos y funcionarios de la Procuraduría del estado, cometieron violaciones a los derechos humanos de una persona.

La Comisión emitió su recomendación apenas en 2006 y entre sus conclusiones estableció que se diera “vista al Órgano de Control competente para que conozca de las omisiones en las que incurrió el entonces Director General de la Policía Ministerial del estado, Enrique Francisco Galindo Ceballos, al rendir un parte informativo que carecía de requisitos esenciales exigidos por el Reglamento Interior de la Policía Ministerial del estado y en su momento determine las responsabilidades administrativas a que haya lugar”.

En su expediente no hay registro de que se hubiera iniciado algún procedimiento administrativo contra Galindo Ceballos, para dar cumplimiento a la Recomendación, pero cuando se emitió la misma, él ya había dejado la dirección de la corporación y se había convertido en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo a las publicaciones de la época, Galindo Ceballos al frente de esa dependencia municipal anunció que las multas a los automovilistas se harían de forma electrónica, se compraron decenas de handhelds (computadoras de mano) y se hizo una presentación a los medios de comunicación, pero nunca se utilizaron.

La columnista Adriana Ochoa, de Pulso Político, recordó hace unos días que esa compra se hizo en la administración del presidente municipal de San Luis Potosí, Octavio Pedroza, ahora Senador de la Republica. Pero en 2007, su sucesor en la alcaldía, Jorge Lozano, evidenció que las handhelds nunca se usaron, porque no servían.


Un crimen

Entre 2006 y 2009 Galindo Ceballos no reportó haber tenido algún trabajo, ni en el sector público ni en el privado, sólo que se dedicó, de acuerdo a su hoja curricular, a participar en algunos cursos en México y China, y un masters en España.

Pero en septiembre de 2009, el recién nombrado gobernador Fernando Toranzo Fernández lo designó como secretario de Seguridad Pública del estado.

En ese momento, ya existía el acuerdo entre el gobierno federal y los estados de certificar a todos los policías del país y, de no hacerlo, se les retiraría una parte de los recursos federales.

Así que 10 meses después de tomar posesión, en julio de 2010, Galindo Ceballos anunció a los medios de comunicación que se someterían al examen de Control de Confianza los 9 mil agentes que tenía el estado. El funcionario calculó entonces que para fines de ese año 4 mil ya estarían evaluados. Esto no lo cumplió, de acuerdo a la cifra de agentes certificados actualmente.

La inseguridad en el estado había crecido, la explicación era que la violencia provocada por Los Zetas, procedente de Tamaulipas y Nuevo León, se estaba extendiendo. En esos momentos, las notas periodísticas daban cuenta de la exigencia de estudiantes, empresarios y presidentes municipales por una seguridad eficiente.

El 8 de septiembre de ese año, en su propia oficina, fue asesinado el presidente municipal de El Naranjo, Alexander López García. El crimen lo cometieron dos sicarios entrenados que pudieron escapar junto con otros dos encapuchados que los esperaban a bordo de una camioneta.

Ese crimen prácticamente había sido anunciado por el alcalde, porque en la zona habían ocurrido decenas de asesinatos en los días previos y sumado a que había perdido a prácticamente toda su policía municipal, sólo quedaron cinco agentes, porque algunos habían renunciado por miedo y otros más fueron detenidos al ser acusados de participar en secuestros y homicidios.

Por eso López García pidió el apoyo de Ceballos Galindo para que enviara al municipio policía estatal, esto ocurrió, pero la violencia no descendió y el día de asesinato ningún agente resguardaba el edificio municipal, ni siquiera estaban en las calles o hicieron un operativo para buscarlos, quienes lo implementaron fue el Ejército.

Ese asesinato no ha sido aclarado y tampoco las responsabilidades ante las acciones y omisiones de los funcionarios involucrados.


Reprobado

Para octubre de 2010, ante las críticas públicas por la inseguridad que crecía en el estado, Galindo Ceballos declaró que 160 funcionarios de alto nivel del gobierno estatal se someterían a las pruebas de Control de Confianza, convirtiéndose San Luis Potosí en la única entidad en hacerlo.

Enrique Galindo acudió a la Secretaría de Seguridad Pública a presentar sus exámenes toxicológicos, psicológicos, médico y de polígrafo, este último lo presentó el 4 de octubre. La conclusión de los especialistas fue que mintió, algo que confirmó en una charla posterior con los evaluadores en la que reconoció que había desviado 100 mil pesos para beneficio personal y aceptado sobornos. Se le declaró “NO RECOMENDABLE”.

De acuerdo con testimonios recabados por 24 HORAS, Galindo Ceballos regresó a San Luis Potosí y nunca dijo al gobernador que hubiera reprobado. Fue hasta que un oficio llegó directamente a su jefe, el titular del Ejecutivo estatal, Fernando Toranzo Fernández, en el que le notificaron que había reprobado el polígrafo y que, de acuerdo al expediente de su trayectoria, no era recomendable para el cargo de secretario de Seguridad Pública.

Sorprendido por la información, relataron las fuentes consultadas, lo que más molestó a Toranzo Fernández y que provocó despidiera inmediatamente a Galindo Ceballos fue el reconocimiento de éste de haber desviado recursos públicos en su administración y que antes, como secretario de Seguridad Pública municipal, había recibido sobornos por parte de empresas para que ganaran licitaciones, las cuales sí se hicieron, de acuerdo a la revisión hecha por este diario.

Las personas consultadas coincidieron en que Galindo Ceballos debió dejar sus oficinas inmediatamente en enero de 2011, apenas se enteró el gobernador de la información.


Sorpresa y enojo

Ni dos días se quedó sin trabajo y logró ascender. Encontró acomodo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como asesor directo del titular, Juan Miguel Alcántara Soria, con un salario mensual de 120 mil pesos, de acuerdo a su declaración patrimonial, emitida el 3 de mayo de 2011.

Por la posición, el salario y las prestaciones, su nuevo puesto representaba en realidad un ascenso, que incluso le permitió comprar a crédito un automóvil Mercedez Benz, valuado en más de 500 mil pesos.

Aunque en una declaración patrimonial posterior, la del 29 de mayo de 2012, asegura que ingresó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no como asesor sino como oficial mayor, percibiendo un salario mayor, que sumaba anualmente un millón 751 mil pesos.

Públicamente se dijo que era asesor personal del titular del Secretariado y saberlo causó malestar al gobernador Toranzo Fernández, porque “parecía una burla y desacreditaba todo el esfuerzo”, explicó un funcionario consultado.

El gobernador potosino hizo evidente su malestar en la siguiente reunión de la CONAGO, ocurrida en mayo de 2011, en donde cuestionó, durante una sesión privada y frente a todos los mandatarios estatales, la contratación de Galindo Ceballos, habiendo reprobado y reconocido que desvió recursos públicos y que aceptó sobornos. Fue contratado en el área encargada de entregar el presupuesto a las policías del país.

Del Secretariado Ejecutivo no hubo respuesta, Galindo Ceballos continuó en su puesto y durante las fiestas decembrinas del año pasado, en un boletín de cinco párrafos se anunció que se le designaba como encargado del despacho de la Policía Federal.

Pocos en San Luis Potosí hicieron públicas sus felicitaciones a Galindo Ceballos como encargado de la Policía Federal, nadie del gobierno estatal lo hizo, sólo su antiguo jefe, con el que compró las handhelds inservibles, el senador Octavio Pedroza.


Expediente perdido

En febrero de 2011 fue asesinado en San Luis Potosí el agente estadounidense Jaime Zapata. Las investigaciones arrojaron que el responsable del crimen era Julián Zapata Espinoza, conocido como El Piolín, quien había trabajado como policía municipal en la entidad.

Al conocerse la información se solicitó a la dependencia el expediente laboral de El Piolín, quien perteneció a la corporación hasta 2005, justo cuando Galindo Ceballos era el titular. El legajo no pudo ser entregado, de acuerdo a un oficio de la dependencia municipal enviado a la Procuraduría General de la República, porque simplemente no se localizaba en sus archivos. No se ha investigado qué ocurrió.

Lo único que se pudo confirmar entonces, es que Zapata Espinoza había sido detenido en 2009 por delitos contra la salud, pero sólo unos meses estuvo preso al ser liberado por falta de pruebas.


Sale su hermano

Ricardo Galindo Ceballos, hermano del ahora encargado de la Policía Federal, era director de Informática y Tecnologías de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí y en agosto de 2011 fue relevado de su cargo.

En un comunicado escuetamente se agradeció su trabajo y no se dijo más. La información recabada por 24 HORAS revela que se descubrió que varios proyectos vinculados a cámaras de vigilancia y a software de seguridad de la capital potosina no estaban operando, ni siquiera se habían instalado, por lo que se inició una investigación que no ha concluido.

PGR descalifica sus exámenes; los controles de confianza no funcionan

Subprocuradora afirma que los controles de confianza no funcionan; considera que la estructura de la dependencia obstaculiza que cumpla con sus funciones

Leticia Robles de la Rosa

07/02/2013 11:28

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de febrero.- Durante la comparecencia ante el Senado, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, dijo que los controles de confianza que se aplican al personal de la institución “no están funcionando”.

La funcionaria aseguró que quienes “están cumpliendo las funciones sustantivas de procuración de justicia”, no tienen “los perfiles adecuados”.

Durante una reunión con los senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales aseguró que la estructura actual de la dependencia “impide que las distintas áreas de la Procuraduría cumplan efectivamente con sus funciones”.

Al expresar la opinión de la PGR en torno al proyecto para crear el órgano nacional anticorrupción, Mariana Benítez explicó que el actual modelo de la Procuraduría “no está funcionando” y dijo que en breve el titular, Jesús Murillo Karam, entregará al Senado su plan de reforma profunda a la Procuraduría.

Mariana Benítez afirmó que la PGR fue “una de las instituciones más olvidadas y más descuidadas en los años anteriores”.

La PGR admite fracaso en control de confianza

Considera que la estructura de la dependencia obstaculiza que cumpla con sus funciones.

La subprocuradora Jurídica de la PGR, Mariana Benítez, aseguró a senadores que los controles de confianza que se aplican al personal de la institución “no están funcionando”, además de que “no son los perfiles adecuados los que están cumpliendo las funciones sustantivas de procuración de justicia”.

Además, precisó que la estructura actual de la Procuraduría General de la República “impide que las distintas áreas de la Procuraduría cumplan efectivamente con sus funciones”.

Durante una reunión con los senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde participó para expresar la opinión de la PGR en torno al proyecto para crear el órgano nacional anticorrupción, Mariana Benítez explicó que el modelo de la procuraduría “no está funcionando” y ofreció que, en breve, el procurador Jesús Murillo Karam entregará al Senado su plan de reforma profunda a la dependencia.

La funcionaria explicó que la Procuraduría está en un proceso de reestructuración, a partir de la etapa de diagnóstico.

“Nosotros sabemos y creo que los que están en esta mesa saben y podemos reconocer que la Procuraduría fue una de las instituciones más olvidadas y más descuidadas en los años anteriores, aun cuando es una pieza fundamental en cualquier estrategia de seguridad y justicia y en toda estrategia de generar Estado de derecho en cualquier país”, destacó.

Les habló de los “elementos fundamentales” en los cuales se trabaja en la Procuraduría.

“Estamos trabajando en la revisión de la estructura orgánica. La estructura, la que hoy tenemos, impide que las distintas áreas de la Procuraduría cumplan efectivamente con sus funciones. Es increíble. Si pudiera traer aquí un mapa de cómo está la estructura orgánica, es imposible, nadie podría atender las funciones, interactuar e informar a los órganos.

Un desorden institucional

“Es un desorden institucional. Estamos haciendo un análisis con una institución que goza de gran credibilidad en el país; serio, para atender el problema de la estructura de la PGR”, explicó.

Minutos antes los senadores Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas resaltaron la desconfianza generalizada que existe en torno al Ministerio Público, Mariana Benítez Tiburcio habló de las fallas en los exámenes de confianza.

“Bien dicen ustedes, ¿cómo confiar en los ministerios públicos que son los que llevan a cabo las investigaciones e integran las averiguaciones previas? Sí, ciertamente, los exámenes de control de confianza los estamos revisando y no están funcionando, un simple ejemplo”, precisó.

También explicó que “estamos revisando los programas de capacitación que se está creando. No sabemos para qué se está capacitando a los Ministerios Públicos. No sabemos qué se les está dando. No se les da seguimiento. No son los perfiles adecuados los que están cumpliendo las funciones sustantivas de procuración de justicia”.

La funcionaria aclaró: “vamos por una reforma profunda de la PGR”.

La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales pidió a los senadores que en el proceso de construcción del órgano nacional anticorrupción, no es necesario que se le diseñe un perfil que corresponde al Ministerio Público, y les pidió “no darle el tiro de gracia” a la dependencia.

“Si nosotros prevenimos muy bien, pero los delitos que se cometen no se sancionan, ahí tiene que ver la Procuraduría, porque es la que lleva a cabo esas investigaciones y persigue el delito. Si nosotros como Ministerio Público no somos capaces de sostener una investigación ante el juez simplemente ese delito quedó impune.

“Estamos muy claros en eso. Sin embargo, lo que yo los invitaría sería que no duplicar órganos vamos a solucionar. En lugar de pensar en crear otros órganos, pensemos cómo mejorar y ahí tiene el compromiso de la Procuraduría, de que ahora sí hacernos cargo de lo que tiene que hacerse para mejorarla.

“Sí celebro el ánimo de buscar soluciones y las podemos buscar juntos, pero me parece que esperamos generar la confianza suficiente y nosotros presentarles el Programa hacia dónde queremos ir.

“A todos nos conviene como mexicanos que todos tengamos instituciones más fuertes. No creo que en este caso, como estamos encontrando la Procuraduría, no creo que lo mejor fuera darle el tiro de gracia.

“Yo creo que deberíamos de pensar en una solución firme, transparente, que sea compartida por todos los actores involucrados de cómo podemos fortalecerla. Pensar a largo plazo, cómo abatir la impunidad, pero no creando nuevas instituciones y debilitando y haciendo más chicas a las otras”, les pidió subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales.

Guardaespaldas

Excélsior publicó que 88% de la Policía Ministerial se dedica a dar protección a funcionarios públicos de alto nivel y sus familiares.

La Policía Federal Ministerial (PFM) sólo tiene 495 elementos, de los 4 mil 21 en activo, para poder investigar los casos que son necesarios para los ministerios públicos federales, investigar denuncias como son casos de secuestro, cumplimentar órdenes de aprehensión o realizar algún mandamiento judicial.

Los demás elementos se encuentran designados a realizar otras tareas, entre ellas la de guardaespaldas, indica un documento de la PGR.

Esta corporación, es la única que se mantendrá sin cambios.

La imagen está desmantelada

Antes de ser ratificado por el Senado como procurador, Jesús Murillo dijo que pensaba regresar a la PGR “su función original”.

El político hidalguense definió la tarea central de su nuevo encargo: “Tenemos que darle esa fuerza, esa capacidad y, sobre todo, algo que es muy difícil y que para mí es muy importante, hacer una Procuraduría confiable para la sociedad”.

Jesús Murillo Karam respondió:

“Pues sí, y de muchas cosas más, no sólo de eso y precisamente la confiabilidad radicará en que podamos eliminar todas las razones que causan esa sensación y poder hacer una Procuraduría que, insisto, su principal característica tiene que ser, que sea confiable”.

— ¿Está muy deteriorada la imagen de la Procuraduría?—se le preguntó, el 5 de diciembre de 2012.

“Yo creo que está más bien desmantelada. Es una Procuraduría que requiere de un fortalecimiento para poder mejorar la imagen”, respondió el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

PGR gastó más de $122 millones en indemnizar a elementos.

México.- La Procuraduría General de la República (PGR) pagó en cinco años más de 122 millones de pesos por indemnizaciones y gastos por reinstalación a elementos de la Policía Federal Ministerial (antes AFI) que ganaron juicios laborales por despido injustificado.

De acuerdo con información obtenida de la Policía Federal Ministerial y la Dirección General de Programación y Presupuesto de la PGR, que dirige Jesús Murillo Karam, la corporación tiene un estado de fuerza de 3 mil 206 elementos; sin embargo, durante el año pasado mil 68 de sus integrantes resultaron no aptos tras ser sometidos a exámenes de confianza.

En lo que se refiere a los montos de las indemnizaciones pagadas por la procuraduría a elementos de la Policía Federal Ministerial, en 2007 se erogaron 179 mil 757 pesos; 2008, 50 mil 658; 2009, 53 mil 520; 2010, 198 mil 267; 2011, un millón 617 mil 814, y en 2012, 7 millones 680 mil 447 pesos, lo que dio un total de 9 millones 780 mil 465 pesos.

Asimismo, los montos pagados por reinstalación fueron de 15 millones 653 mil 690 pesos en 2007; 13 millones 562 mil 499 en 2008; en 2009, 49 millones 488 mil 615; 2010, 11 millones 126 mil 216; 2011, 18 millones 139 mil 288, y en 2012, 4 millones 893 mil 330 pesos; el total del periodo ascendió a 112 millones 823 mil 640 pesos, de acuerdo con la información institucional.

Entre 2011 y 2012, la Policía Federal Ministerial vivió la que fue considerada por los mandos de la institución como una de las etapas de mayor depuración, cuando un total de mil 68 agentes no acreditaron los exámenes de confianza, que abarcan estudios poligráficos, médicos, toxicológicos, de entorno social y sicológicos.

A pesar de que emitieron cuatro convocatorias para la contratación de nuevos elementos, en 2011 solamente ingresaron 304 agentes y 323 en 2012, por lo cual la corporación enfrenta un déficit de personal, ya que más de 60 por ciento de sus integrantes realizan labores de escolta y el resto se encarga de investigaciones de campo, de gabinete y dar cumplimiento a órdenes de presentación o captura, señalaron funcionarios de la PGR.

Reducción escalonada

El estado de fuerza de la Policía Federal Ministerial se ha reducido anualmente, ya que, según los registros oficiales, mientras en 2007 contaba con 5 mil 211 agentes, para 2008 disminuyó su plantilla a 4 mil 337; en 2009 eran 3 mil 623; en 2010, 3 mil 427; en 2011, 3 mil 284 y el año pasado el número fue de 3 mil 206 elementos.

Reprueban a policías, pero no tienen dinero para liquidarlos.

Revela el procurador de Michoacán que no hay fondos para liquidar a 360 agentes que reprobaron exámenes de control de confianza

Miguel García Tinoco / Corresponsal

17/02/2013 06:09

MORELIA, 17 de febrero.— A pesar de no haber acreditado los exámenes de control de confianza, elementos operativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) continúan trabajando para la dependencia, porque ésta no cuenta con recursos económicos para despedirlos y liquidarlos conforme a la ley.

La dependencia cuenta con mil 500 elementos operativos y 80% de ellos (mil 200) ya fueron examinados. Casi 30% de los agentes (360) no lo acreditó, según Plácido Torres Pineda, procurador de la entidad.

“No han sido despedidos, con respecto a este punto, porque falta dinero y la indemnización… va sobre 20, 30 millones de pesos”, cantidad con la cual no se cuenta debido a la crisis financiera por la que atraviesa Michoacán y la cual ha afectado en los diversos rubros, precisó el funcionario estatal.

Torres Pineda reveló que existe un déficit de personal en la Procuraduría de Justicia. Dijo que donde se agudiza la situación problemática es en la falta de agentes del Ministerio Público y de Policías Ministeriales.

“Diez por ciento por lo menos en agentes del Ministerio Público que necesitamos de más, y de Policía Ministerial casi 40 por ciento.”

Detalló que hay aproximadamente 800 policías ministeriales en activo y 370 agentes del Ministerio Público.

Torres Pineda reconoció que son pocos los aspirantes a conformar dichas corporaciones y atribuye la falta de interés a los riesgos de trabajo.

“Hemos lanzado convocatorias para nuevo ingreso y ha sido poca la respuesta de los interesados. Son varias cosas, varias circunstancias, debe ser eso: el salario bajo y el riesgo que se corre.”

El procurador detalló que el salario de la Policía Ministerial es en promedio 12 mil pesos mensuales y, en el caso de los agentes del Ministerio Público, asciende a 14 y 16 mil pesos.

Consideró necesario mejorar algunas condiciones de trabajo, como darles seguro de vida. “Se necesita tener una tranquilidad económica… no tanto el salario, también las prestaciones, atención en caso de fallecimiento de algunos agentes ministeriales; no dejar sola a la familia , eso es necesario”.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán cuenta con un total de dos mil 300 empleados entre operativos y administrativos.

Plácido Torres Pineda encabezó la entrega de reconocimientos y clausura de los cursos de capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a empleados de la Procuraduría de Justicia del Estado.

El funcionario estatal informó que durante todo el año se conformarán diversos grupos de trabajadores de la dependencia para ser habilitados en la materia.

“Esto no es de un curso nada más, en una capacitación continua durante todo el año. Vamos por regiones, la primera fue la región Morelia”, apuntó Torres Pineda.

El 94 por ciento de la Policía Ministerial fue certificada: PGR.

27 de marzo del 2013
Por Angel Silva Juarez

México, 27 de marzo.- Con el propósito de fortalecer y mejorar el trabajo y servicio ministerial, la Procuraduría General de la República informó que el 94 por ciento de los integrantes de la Policía Federal Ministerial (PFM) han sido certificados en cumplimiento a la normatividad que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre los objetivos de la Policía Federal Ministerial está el de tener un cuerpo investigador con modelos de capacitación y operación de alta especialización.

Las evaluaciones aplicadas por el Centro de Control y Confianza de la PGR son: documentales, evaluación de conocimientos; pruebas toxicológicas, psicológicas y de aptitudes, que son reconocidas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

La aprobación de todo el proceso de certificación constituye un requisito de permanencia en el servicio de carrera del personal ministerial, pericial y policial de la institución.

El seis por ciento del personal que falta por certificar, será evaluado en los próximos meses a efecto de cumplir en tiempo y forma con lo establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Angel Silva Juárez

Estado Mayor

Retroceden 7 estados en certificación de policías.
Policía • 31 Marzo 2013 - 4:31am — Lorena López

Tabasco, Yucatán, Baja California Sur, Chiapas, Durango y Guerrero habían evaluado a más de la mitad de su personal hasta noviembre pasado; QR acumula meses sin pasar de 15%.


Foto: René Soto/Archivo
Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



México • Transcurrida la cuarta parte de la prórroga de 10 meses autorizada por el Congreso en enero pasado para certificar a sus elementos policiacos, siete entidades no solo no avanzaron, sino que retrocedieron en el porcentaje de evaluación.

Al cierre del sexenio pasado seis entidades habían logrado evaluar a más la mitad de sus agentes, pero tres meses después retrocedieron a menos de 50 por ciento de efectivos.

Tabasco, Yucatán, Baja California Sur, Chiapas, Durango y Guerrero reportaron en noviembre de 2012 un avance de entre 50 y 100 por ciento en las evaluaciones; sin embargo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) hizo un corte el 28 de febrero pasado y ahí se muestra que ahora su porcentaje va de 25 y 50 por ciento.

El documento no revela si la causa de ese retroceso es que las entidades contrataron más agentes, que cesaron a parte de los que ya habían sido evaluados o si se trata de un error en las estadísticas.

En ejemplo de esta tendencia es Chihuahua, que en noviembre de 2012 reportó un avance en las certificaciones de sus policías de entre 25 y 50 por ciento, y para en febrero se ubicó entre 15 y 25 por ciento.

Solo Tamaulipas reportó avances. Mientras el año pasado se ubicaba en el grupo con avance de entre 25 y 50 por ciento, en el reporte actualizado ingresó a la lista de entidades que ya certificaron a más de la mitad de elementos de seguridad estatales y municipales.

En tanto, Quintana Roo se mantuvo como la entidad con menor avance en la evaluación del personal policíaco (municipal y estatal), pues desde noviembre no ha variado su proporción, que va de cero y 15 por ciento del total.

En su corte del 30 de noviembre de 2012 el SNSP informó que Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas se encontraban en el grupo con progresos que van de 25 y 50 por ciento en la evaluación de sus agentes.

Sin embargo, el informe actualizado al 28 de febrero revela que ese grupo ahora lo integran Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guerrero, Tabasco y Yucatán, y se mantienen ahí Estado de México, Jalisco y Oaxaca.

En diciembre de 2012, ya con el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso aprobó 10 meses de prórroga a las entidades para cumplir con la certificación de los elementos de Seguridad Pública.

De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública, el 3 de enero de 2013 vencía el plazo para que todas las corporaciones estuvieran evaluadas. Pero el 29 de diciembre de 2012 entró en vigor una modificación, con lo que el nuevo plazo se cumple el 29 de octubre de 2013.

Ese mismo apartado precisa que los agentes que no obtengan aprueben los controles de confianza serán separados del servicio.

Al corte de febrero, 21 entidades tienen más de la mitad de sus policías evaluadas, mientras en noviembre del año pasado eran 26.

Claves

“No cumplirán”

- El pasado 19 de enero la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó por unanimidad el nombramiento de Monte Alejandro Rubido García, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- El funcionario planteó entonces la necesidad de crear un protocolo que regule el uso legítimo de la fuerza para evitar excesos policiacos y que evite que los elementos queden expuestos a la delincuencia.

- Al responder cuestionamientos de los senadores, reconoció que los estados y municipios no lograrán la certificación en el tiempo estipulado, que vencerá el próximo octubre.

Reprobaron el examen de confianza 1,600 agentes de la Policía Federal

Mandos de la CNS revelan que 4 de cada 100 serán despedidos. Fallaron pruebas poligráficas y toxicológicas.

Gustavo Castillo García
Publicado: 04/04/2013 08:09

México, DF. En promedio, cuatro de cada 100 agentes de la Policía Federal (PF) han reprobado los exámenes de confianza y tendrán que ser despedidos, revelaron mandos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

La Policía Federal está integrada por más de 38 mil elementos y, en promedio, mil 600 agentes no acreditaron alguna de las pruebas a que son sometidos, entre ellas, exámenes poligráficos, toxicológicos, de entorno patrimonial, sicológicos y médicos.

Las fuentes consultadas refirieron que el pasado mes de febrero ya habían sido sometidos a estas pruebas más de 90 por ciento de los agentes, como parte del proceso de recertificación a la cual están obligados para continuar laborando en la corporación, y 96 por ciento resultó apto para realizar sus funciones.

Para determinar los procedimientos a seguir con los elementos que no acreditaron los exámenes, la Dirección General de Recursos Humanos de la PF deberá participar en ‘‘la elaboración de los nombramientos del personal de la institución y en los trámites para las designaciones, altas o promociones, incapacidades y licencias, bajas por fallecimiento o renuncia, así como ejecutar el retiro o jubilación de los integrantes de la institución’’, y ‘‘elaborar las constancias y certificaciones que se requieran’’, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 del reglamento de la corporación.

Según la información obtenida, el comisionado Manuel Mondragón y Kalb determinó que se debe depurar a todos los elementos que no acrediten las pruebas de confianza, y ha pedido a los integrantes de la Policía Federal que no incurran en actos de corrupción para no ser cesados o consignados.

Como parte de las políticas aplicadas por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, todo el personal de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) debe someterse a las pruebas de confianza, a fin de convertir a la Policía Federal en un referente nacional de honorabilidad y capacidad.

Suspende PGR exámenes de confianza a basificados.

-Sólo a personal operativo, dice sindicato

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 28 de abril de 2013, p. 9

Por decisión del procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, la dependencia suspendió la aplicación de exámenes de confianza para los trabajadores de base, y únicamente se aplicarán al personal operativo de la institución, indicaron integrantes del sindicato nacional de trabajadores de esa institución (SNTPGR).

De acuerdo con la información obtenida, como parte de la nueva estructura de la PGR se dará impulso al llamado Programa de Justicia Efectiva para Todos (JET), que incluye la construcción de bases de datos y programas de cómputo mediante los cuales se controlará la integración de averiguaciones previas, y la profesionalización de los empleados, agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial.

El JET es un programa apoyado por el gobierno de Estados Unidos en su primera etapa, la cual fue dada conocer en noviembre de 2012 por la entonces procuradora Marisela Morales Ibáñez. Actualmente continúa su aplicación para buscar que la PGR cuente con mayor tecnología y desarrolle su labor de manera eficiente y ética, en la cual se aplican mecanismos de combate a la corrupción.

Según la información proporcionada por integrantes de la dirigencia del SNTPGR, el acuerdo para que se cancele la aplicación de exámenes de confianza a los sindicalizados se logró luego de muchas sesiones de negociación con la Oficialía Mayor, ya que ello significará una reforma a la Ley Orgánica de la institución.

La legislación refiere en su artículo 13 que “Los agentes del Ministerio Público de la Federa­ción, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos, quedarán sujetos al Servicio Profesional de Carrera, salvo en los casos previstos en los artículos 37 y 38, en los términos de los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables.

“El personal de base deberá aprobar las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que establece esta ley y estará sujeto al sistema de profesiona­lización que establezcan las disposiciones aplicables. En caso de que resulten no aptos, se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.

"Las funciones del personal distinto del ministerial, policial y pericial, así como del señalado en la fracción anterior, son de con­fianza para todos los efectos legales. Dicho personal estará sujeto a la evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales y al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables; en ningún caso será considerado miembro de los servicios de carrera, y los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento".

Dan de baja a 12 mil policías por reprobar controles de confianza


Policía • 30 Junio 2013 - 3:02am — Reportaje por Lorena López

A más de dos años de comenzar la certificación de los agentes de seguridad de todo el país, el SNSP informó el cese de 9 mil elementos estatales y locales, así como el de 3 mil 833 federales


México • Unos 12 mil elementos de seguridad estatales y municipal, así como de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) fueron dados de baja en 2012 por reprobar los exámenes de control de confianza.

Mientras las corporaciones locales de seguridad habían depurado en promedio 16 por ciento de los agentes reprobados, las instancias federales iniciaron las bajas de todos los elementos que no acreditaron las evaluaciones.

De los 424 mil policías estatales y municipales que hay en el país se inició la depuración de alrededor de 9 mil, mientras que de los 71 mil agentes de la PF y de la PGR, el año pasado comenzó la depuración de 3 mil 833 que no acreditaron su idoneidad para el desempeño de las funciones de seguridad.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que 30 por ciento de los policías estatales y municipales obtuvo resultados no satisfactorios en las evaluaciones aplicadas hasta 2012, de los que 16 por ciento fueron depurados.

En el informe del año pasado, el organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que todos los elementos de la PF y la PGR han sido evaluados, por lo menos una vez, y que todo el personal que reprobó los controles de confianza “se encuentra en proceso de baja, en apego a la normatividad establecida”.

También señala que en el ámbito estatal y municipal, “al cierre de 2012 se reporta haber iniciado el procedimiento de baja en promedio de 16 por ciento del personal no aprobado en control de confianza”.

El SNSP reportó un déficit de 94 mil 793 evaluaciones que comprometieron los gobernadores en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y advirtió que ello “representa una alerta en función de los compromisos a los que se deberá dar cumplimiento en atención a la prórroga de diez meses (29 de octubre de 2013) que se estableció para que el personal de las instituciones de seguridad pública obtenga la certificación”.

El SNSP informó que entre enero de 2010 y diciembre de 2012 se evaluó a 332 mil 497 elementos policíacos estatales y municipales, que representa 78 por ciento del universo total, de los cuales aprobaron 232 mil 697 los exámenes de control de confianza, es decir 69 por ciento.

También detalló que 30 mil 948 elementos de nuevo ingreso aprobaron los exámenes y considera que si esta población se integra a la plantilla estatal y municipal, se estaría operando con 263 mil 645 policías que acreditaron sus controles de confianza.

Destaca que el año pasado, la PGR aplicó 16 mil exámenes de control de confianza a personal de nuevo ingreso, aunque no detalla cuántos de ellos aprobaron y, por tanto, se integraron a la plantilla laboral; mientras, en la SSP, que entonces manejaba a la Policía Federal, se evaluó a 121 mil 138 personas para ingresar, lo que suma 137 mil 402 posibles elementos, cuando el personal estimado en la PGR y la SSP se calculó en 71 mil elementos hasta diciembre de 2012.

La PGR y la SSP no reportaron el nivel de certificación, pues mientras habla de evaluación, la ley creó la figura del certificado como una forma de acreditar la aptitud de un servidor público para desempeñarse en funciones vinculadas a la seguridad, ya sea en el ámbito policial o de procuración de justicia. En tanto, los estados y municipios sí lo hicieron, pero reportan muy bajos porcentajes.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública define la certificación policial como el proceso mediante el cual sus elementos se someten a evaluaciones periódicas para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos para su ingreso, promoción y permanencia en las corporaciones.

Después de más de dos años de haber iniciado la certificación de los elementos de seguridad de todo el país (a partir de enero de 2010), el gobierno federal y los de las entidades federativas, en mayo de 21012, comenzaron a definir una estrategia para dar seguimiento a la depuración de quienes no aprobaron los controles de confianza.

Estos lineamientos incluyen los reportes de altas y bajas de personal, así como el estatus de quienes no aprobaron las evaluaciones para dar seguimiento a los elementos que por ley deben ser separados de sus funciones por no acreditar los exámenes.

El gobierno federal no había reportado las bajas de los elementos que no aprobaron las evaluaciones e incluso aclaró que no todos los reprobados tenían vínculos o proclividad hacia la delincuencia, sino fallaban en algún perfil o incluso en condición física.

Fue hasta 2012 cuando el gobierno federal y los estatales acordaron que deberían de aprobarse las liquidaciones del personal que requería ser depurado al no considerarlo apto. En octubre de 2011, la autoridad federal reportó que había 16 mil 373 policías reprobados y para julio de 2012 habló de 40 mil reprobados, pero no habló de bajas.

Falló el polígrafo en más de la mitad de pruebas oculares a mandos federales

La administración de Calderón adoptó un sistema estadunidense poco confiable


El gobierno vuelve a aplicar el aparato tradicional desde hace unas semanas

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 21 de julio de 2013, p. 13


El gobierno federal detectó que las pruebas poligráficas oculares recomendadas por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Felipe Calderón, presentan fallas en más del 50 por ciento de sus resultados, superando los ran­gos de ineficiencia de los polígrafos que detectan los cambios en la respiración y alteraciones nerviosas, revelaron integrantes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Las pruebas poligráficas de carácter ocular se aplicaron incialmente en Estados Unidos a funcionarios de alto nivel, como Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, los procuradores de la República y sus subprocuradores.

En agosto de 2011, La Jornada informó que los funcionarios locales que participan en las investigaciones, en el intercambio de información, y que realizan labores de inteligencia, eran sometidos a exámenes de confianza por parte de agencias estadunidenses, y que las evaluaciones aplicadas incluían pruebas de polígrafo en el iris de los sustentantes, porque se conside­raba un sistema más barato, eficaz, confiable y rápido que el polígrafo tradicional.

La PGR, durante la administración de Felipe Calderón, adoptó este mecanismo como parte de un nuevo esquema para los exámenes de confianza, ya que supuestramente las pruebas de ese tipo tenían menor margen de error para establecer el nivel de falsedad o fallas de los entrevistados en el momento de responder los cuestionamientos de los evaluadores.
En 2011 y 2012 este tipo de pruebas se aplicaron por agencias estadunidenses a funcionarios como la ex procuradora Marisela Morales y el ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), José Cuitláhuac Salinas, mientras que por la extinta SSP federal se empleó en funcionarios como Facundo Rosas, ex subsecretario de Derechos Humanos.

Presuntamente, la utilización del polígrafo en los globos oculares permitía conocer todas las reacciones que tiene un funcionario al ser interrogado, ya que su iris y su pupila sufren alteraciones cuando pretende mentir.

Los funcionarios entrevistados puntualizaron que las pruebas de confianza han sufrido modificaciones en esta administración federal, y desde hace unas semanas los exámenes poligráficos tradicionales se aplican únicamente a los altos mandos de instituciones de seguridad nacional y a funcionarios que manejan o conocen información clasificada como sensible.

Piden criterios de examen de confianza.

28 de julio del 2013
Por Administrador

México, 28 de julio (Reforma).- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar la versión íntegra de los lineamientos en los que se establecen los criterios de evaluación de control de confianza para el personal de las instituciones de seguridad pública.

Así lo instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) luego que una particular requirió los criterios de todos y cada uno de los exámenes de control de confianza (psicológico, poligráfico, médico, toxicológico, entorno social y situación patrimonial), de conocimientos generales y de aptitudes físicas, aplicados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la dependencia.

“La PGR manifestó que la solicitud constituía una consulta, ya que no se requirió documento alguno. Sin embargo, manifestó que los criterios de evaluación de cada uno de los exámenes de control de confianza, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría, son: rasgos de comportamiento, datos relevantes de su historia personal, datos relevantes de su historia laboral, y resultado de instrumentos y pruebas aplicadas”, explicó el IFAI.

“Asimismo, indicó que por lo que hace a los exámenes de conocimientos generales y de aptitudes físicas, el Centro de Evaluación y Control de Confianza no es competente para conocer de los mismos”.

Posteriormente, la PGR reconoció la existencia de los lineamientos que establecen los criterios para los exámenes de confianza, sin embargo, los clasificó como reservados.

La comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, a cargo del recurso de revisión, determinó llamar a los funcionarios de la dependencia en audiencia, quienes reiteraron la clasificación, bajo el argumento de que dar a conocer esta información se podría vulnerar la efectividad de las estrategias que, en materia de seguridad pública, ha implementado el Estado.

“La PGR indicó que los referidos lineamientos fueron elaborados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por lo que solicitó que se notificara a dicho sujeto obligado como tercero interesado, a efecto de que se manifestara sobre la reserva de los mismos”, indicó el IFAI.

De esta manera, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública puso a disposición de la particular la versión pública de los mencionados lineamientos.

En el análisis del caso, y de la lectura que hizo la comisionada Pérez-Jaén de los citados lineamientos, expuso que la normatividad que define los criterios de alto riesgo no implica información detallada ni refleja la capacidad estratégica de las instancias de seguridad nacional en el combate al crimen organizado, por lo que su conocimiento por los grupos delictivos no da información alguna respecto del proceso específico de evaluación de confianza de dichas dependencias y entidades.

“Los parámetros de dicha evaluación en concreto son información reservada, y no así la información general para llevar a cabo el proceso de evaluación de confianza, ya que no dan información detallada de cómo se aplican los exámenes, ni mucho menos los reactivos a evaluar”, apuntó.

“Dar a conocer la información solicitada no compromete de ninguna manera la seguridad pública o nacional, toda vez que dicha divulgación no causaría ningún perjuicio ni menoscabo a las actividades de inteligencia; estrategias o acciones contra la delincuencia organizada; la capacidad de las autoridades de seguridad pública para preservar y resguardar la vida o la salud de las personas; las estrategias para combatir las acciones delictivas distintas de la delincuencia organizada, ni a la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos”.