Aplicar la ley no es represión

Aplicar la ley no es represión

Julián Andrade

Nos cuesta aplicar la ley. Es una de las ataduras más grandes del sistema político y está anclada en el pasado.

Héctor Aguilar Camín en su ensayo “México, la ceniza y semilla” escribió: “La negociación de la ley es una de las inercias fundamentales (…) Hay que llenar de soluciones prácticas de gobierno el abismo (…) que existió siempre entre el país legal y el país real”. Por ello “la aplicación estricta de la ley significaba entonces lo que significa todavía: una severidad difícilmente tolerable para las costumbres vigentes, una supresión del pacto de ilegalidad consentida en que estaba y está fundada la vida diaria de muchos mexicanos, demasiados para proceder legalmente contra ellos sin hacer estallar el país”.

1968, un año clave para nuestro país, fue el punto de partida de una política de gobierno que luego explicará algunas de las dificultades que en la actualidad enfrentamos.

El crimen de Tlatelolco, donde murió una treintena de personas, la mayoría estudiantes, significó una acción que se extendió a los años setenta, primero con los asesinatos el 10 de junio de 1971 y posteriormente con un combate, utilizando medios ilegales, a las guerrillas rurales y urbanas.

De ahí viene uno de nuestros traumas para aplicar la ley a movimientos sociales que se extralimitan y afectan los derechos de terceros.

Se confunde, por supuesto, lo que es el ejercicio legítimo de la autoridad, con episodios que pueden calificarse con crímenes de Estado, sin justificación alguna, y de lesa humanidad.

Pero México, en todos los sentidos, ya no es el país de hace cuatro décadas y hoy contamos con uno de los sistemas de protección de derechos más dinámicos del planeta y con disposiciones constitucionales bastante claras al respecto.

Entonces, ¿por qué cuesta tanto ejercer la autoridad?

Sin duda por las heridas profundas de episodios históricos lamentables, pero también porque se parte de la premisa de que la policía actuará mal y en lugar de arreglar la situación terminará por empeorarla.

Ejemplos de ellos hay muchos, por supuesto, pero también es verdad que se cuenta con fuerzas del orden cada día mejor preparadas y que tienen protocolos de actuación para evitar daños mayores y respetar, en todo momento, los derechos humanos.

El asunto es interesante ante las protestas de la CNTE por la aprobación de la reforma educativa y de sus leyes reglamentarias.

Los integrantes de esa organización tienen el derecho de manifestarse, pero no de afectar a terceros y fue lo que hicieron cerrando los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, impidiendo el libre tránsito y causando daños económicos todavía no cuantificados.

Se optó por no desalojarlos para evitar un mal mayor y porque están comandados por grupos que pretenden escalar el conflicto y que responden a convicciones ideológicas que nada tienen que ver con la democracia.

El problema es que tienen que existir límites y ahí es donde tarde o temprano tendrá que haber un cambio de cultura, asumiendo que despejar una calle no es volver a la Plaza de las Tres Culturas, ni mucho menos.

julian.andrade@razon.com.mx
Twitter: @jandradej