Fuerzas Armadas y la estela sin luz de los Derechos Humanos

México, 29 de agosto.- Tras el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa quedó claro que la violación a los Derechos Humanos no se borrará con una estela de luz encarecida, ofrendas de flores y relicarios en encuentros para firmar pactos no cumplidos. La estela más indignante se apagó y ahora el reto es para el gobierno en turno, que en realidad es el sistema que no se ha ido: el Partido Revolucionario Institucional.

Durante los setenta años del PRI, las Fuerzas Armadas guardaron una relativa distancia por tiempos con los organismos de Derechos Humanos, sin contar el año de 1968 y 1971 cuando “comunismo” era el enemigo común a vencer en una guerra de “baja intensidad” que se minimizó aún más mediáticamente. Más que juicios a militares, los hubo a agentes de la DFS (Dirección Federal de Seguridad) y algún intento por llevar a juicio al ex presidente Luis Echeverría.

El mismísimo ex presidente Carlos Salinas de Gortari fue prudente y se negó a involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico: “Mi gobierno se opuso a que el Ejército Mexicano efectuara investigaciones y combatiera a las bandas de narcotraficantes. Era innecesario otorgarle responsabilidades que en un país de leyes competen a las policías especializadas” [1].

Corrupción de Fuerzas Armadas y violaciones a los Derechos Humanos van juntas; esto era evidente para Salinas, quien evitó la incursión de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen. Carlos Salinas se concentró en “la depuración de la nomenklatura” [2] (sic). Para el ex presidente del PRI, dicha nomenklatura[3] era el origen de toda mafia; una mezcla del peor coctel corporativo del priismo que dio lugar a la corrupción de agentes con traficantes y otros actores políticos y sociales. Para Salinas, la nomenklatura fue la oveja negra del Revolucionario Institucional. En ese entonces, la oveja pastaba en casa; nada ocurría fuera del Estado y los organismos de Derechos Humanos ni se inmutaban.

Todo cambió con la llegada de la transición política y los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente el de Felipe Calderón Hinojosa, quien puso en marcha un proceso de militarización en México para combatir el tráfico de drogas.

Amnistía Internacional reportó que en el sexenio calderonista “murieron más de 60,000 personas y 150,000 se convirtieron en desplazadas, por la violencia del narcotráfico”[4]; además esta organización no gubernamental en su informe Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo, reportó: “Miembros del ejército, la marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas” [5].

Entonces la oveja negra dejó de pastar en casa y algunos elementos del Ejército se corrompieron por servir al narcotráfico, a estos ex militares se les reclutó como Zetas, y las Fuerzas Armadas se convirtieron en caldo de cultivo de estos grupos criminales; a su alcance tuvieron todo: armas, preparación y estrategia. Se trató en gran medida de una batalla entre viejos conocidos.

Codex militar fatuo

El de Calderón no fue un sexenio caracterizado por el respeto a los Derechos Humanos, fueron seis años en los que las Fuerzas Armadas tenían encomiendas de fanatismo patriótico en el que abundaron los “abatimientos” a narcotraficantes semidesnudos que eran exhibidos ensangrentados y cubiertos por billetes, las desapariciones y torturas, los llamados “retenes de la muerte” que abrieron el debate sobre el fuero militar:

“La SCJN revisó una serie de casos para determinar los límites del sistema de justicia militar. Previamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado cuatro sentencias sobre esta cuestión, y en julio de 2011 habían entrado en vigor reformas constitucionales en materia de derechos humanos que establecían la obligación de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos” [6].

Pero aunque la SCJN falló en favor de que el sistema federal de justicia civil debía ocuparse de los casos de militares implicados en delitos comunes, incluidas violaciones de derechos humanos, que no estuviesen relacionados específicamente con la disciplina militar, las propuestas de reforma del Código de Justicia Militar quedaron bloqueadas; letra muerta. Codex militar fatuo.

Un memorial que represente la memoria superada, el reto de EPN

Después de que en la administración de Felipe Calderón los militares hicieron de agentes federales, ahora, en el gobierno de Enrique Peña Nieto los agentes hacen las veces de militares. Y aquí es donde está uno de los principales retos para mantener un Estado de Derecho, pues no se trata de substituir unos por otros, ya que el proceso de desmilitarización ha detonado nuevos focos rojos, además de los que ya había y que no se han apagado. La desmilitarización debe ir acompañada de respeto a los Derechos Humanos en su mayor extensión.

Grupos armados con el disfraz de militares, autodefensas, policías comunitarias, es el panorama que tiene que enfrentar el gobierno de Peña Nieto. Todos estos grupos controlan territorios, impiden la entrada de las fuerzas de seguridad, han perdido toda confianza en las Fuerzas Armadas, incluso han llegado a substituirlas violando también la ley. Es por eso que no se puede hacer piedra lo que aún ocurre en el día a día; no se puede construir memoria de un presente violento y de heridas que aún no cierran.

Las Fuerzas Armadas tendrían que ser garantes de los Derechos Humanos comenzando por una capacitación en materia legal; mientras que las organizaciones (ONG) tendrían que acompañar los procedimientos legales hasta el final del proceso mismo. Se requiere una coparticipación de organismos y Fuerzas Armadas en cada acción militar, en sus consecuencias y denuncias. La transparencia surge de estos contrapesos. Transparentar para cerrar el pasado, para diferenciarse de gobiernos que violaron los derechos de los civiles.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su primer mensaje ante el Ejército y la Marina, dijo garantizar la seguridad del país, mientras que “el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberanes, aseguró que ésta va a “actuar con ética, valor, además de un estricto apego a los derechos humanos, siempre en favor del desarrollo del país” [7]

La diferencia entre México y otros países de América Latina como Argentina, Chile y Brasil, es que las dictaduras militares de estas naciones se dieron no solo en el pasado, sino en pleno siglo XX, mientras que en México hasta las dictaduras militares fueron fugaces y no tan recientes, por eso tendemos a minimizar el papel del Ejército en las violaciones a los Derechos Humanos.

En casos como Argentina, Chile y Brasil, la violencia fue tan evidente, las violaciones a los derechos tan a la luz del día, tan de totalitarismo militar; que la necesidad de marcar un punto y parte de los gobiernos de transición se convirtió en una exigencia. Pero estos gobiernos han sabido responder, con algo más que mesas de diálogo y estelas de luz que a nadie iluminan; han dado respuesta esclareciendo el pasado, con la reparación del daño ─cuando el daño puede repararse─ y hasta con actos de contrición por parte de los involucrados o cómplices vivos de los delitos de lesa humanidad.

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto habrá de cuestionarse si lo que se necesita es seguir con la tradición de los sexenios panistas de ser un mandatario dependiente de las Fuerzas Armadas, pues de dejar todo como está, el Ejército y la Marina no podrán representar la salvaguarda de la nación. No se podrá superar la memoria de las vejaciones, aunque se piense que México es un pueblo de memoria corta, se debe a su inestable pasado y a su presente reflejo tembloroso.


[1] Astorga, L. (2007). Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra. (p. 19). Tusquets: México.

[2] Ibíd, p. 20.

[3] El especialista Luis Astorga se refiere al libro México: un paso difícil a la modernidad, escrito por Carlos Salinas de Gortari (Plaza y Janés , Barcelona, 2000). Salinas define a la nomenklatura como una red de actores políticos y sociales surgida en los años 30 del siglo XX, al caerse la estructura corporativa del PRI; a partir de entonces se estructuró una alianza entre populistas del Estado, los agentes del control político en los sindicatos, el campo y las burocracias. Con miembros y aliados de la policía la nomenklatura extendió su poder a lo largo y ancho del país.

[4] http://mexico.cnn.com/nacional/2013/05/22/violaciones-generalizadas-a-los-derechos-en-el-gobierno-de-calderon-ai

[5] http://amnistiainternacional.org/publicaciones/198-informe-2013-amnistia-internacional.html.

[6] Ibíd, p. 232.

[7] http://mexico.cnn.com/nacional/2012/12/01/las-fuerzas-armadas-juran-respetar-derechos-humanos-ante-pena-nieto

FUENTE:
http://estadomayor.mx/?p=32240

Ah mamadas, este articulo son mamadas. Omiten el grandilocuente detalle de mencionar a Zedillo, el Instituto Nacional contra las Drogas, al general Gutierrez Rebollo, a las operaciones Canador, Condor, las FT Marte, y que los Zetas originales se desertaron en tiempos de Zedillo.

Y claro, Salinas combatiendo la "nomenklatura"  

Que buena broma.