Derechos humanos y seguridad nacional

Derechos humanos y seguridad nacional

Cadena de mando|Juan Ibarrola

2013-01-30 • Acentos

Cuando uno se atreve a diferir de quienes se autonombran defensores de los derechos humanos se corre el riesgo de ser tildado de algo peor que “perro intolerante”, “vendido”, “chayotero”, “mal mexicano”, etcétera. Corramos el riesgo entonces.

Existe en nuestro país una combinación de tendencias muy mal entendidas. Derechos humanos, seguridad nacional y fuerzas armadas se han convertido en la bandera de lucha de grupos sociales que por fuerza las limitan a un terreno negativo. Es un hecho que en nuestro país existe la violación de los derechos de las personas —y de los perros también— y en el uso de la fuerza para combatir a la delincuencia se han cometido excesos que no pueden ni deben quedarse en el olvido. Desafortunadamente solo quienes tienen la fuerza del apellido o de la ubicación política logran resultados.

Sin intentar una defensa estéril sobre quien no necesita que lo defiendan, las fuerzas armadas han informado todo lo que se les ha cuestionado sobre su responsabilidad referente a la violación de derechos humanos. Los de tierra, aire y mar ya cumplieron con sus innumerables respuestas. Ahora les toca a los ciudadanos discernir objetivamente sobre la realidad de las cifras.

De no suceder otra cosa, hoy el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, presentará ante la Comisión Permanente su tercer informe de labores. Plascencia señalará que en 2012, 35 por ciento de las 93 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos fueron remitidas a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, también a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina Armada y de Gobernación, así como al Instituto Nacional de Migración. Las recomendaciones son por los delitos de “desaparición forzada de personas”, “tortura”, “violaciones sexuales” contra menores de edad, “cateos” y “retenciones ilegales”, “detenciones arbitrarias” e “incomunicación”.

Según trascendió, dentro de este informe, la Sedena ocupó el primer lugar en recomendaciones el año pasado, con un total de 15; en segundo lugar está la Policía Federal con nueve; le siguen 6 de Marina; Migración con dos, y por último la Secretaría de Gobernación, a la cual se le envío una. Aquí es donde comienzo a ser el “perro intolerante”, aunque espero que el ombudsman nacional pueda cruzar sus datos con el número de operaciones que las fuerzas armadas y la Policía Federal realizaron durante el mismo periodo.

Para entrar en lo objetivo y como ejemplo, actualmente más de 40 mil efectivos del Ejército mexicano se encuentran desplegados en todo el territorio nacional, quienes realizan diariamente más de 4 mil operaciones relacionadas en actividades en contra del narcotráfico, delincuencia organizada, Plan DN-III-E, labor social, etcétera. La cifra si se multiplica es enorme; solamente durante 2012 se realizaron un millón 460 mil acciones de servicio al país. Siendo generosos con quienes afirman que nuestras fuerzas armadas violan sistemáticamente los derechos humanos, restemos la mitad y dejémoslo en 730 mil operaciones en contra de la delincuencia únicamente. El contraste con las 15 recomendaciones de la CNDH, podría reducirse a una lógica elemental que nos indica que difícilmente en cualquier ejército del mundo puede lograrse un control total de los efectivos militares que participan en actividades donde se tiene interacción directa con ciudadanos.

Los marinos se encuentran en la misma realidad. Las operaciones navales en contra de la delincuencia durante el año pasado reportaron resultados exitosos para la sociedad, donde de igual manera, 6 recomendaciones dirigidas a los de blanco son poco significativas ante el universo de acciones emprendidas por ellos.

Lo que es un hecho es que quienes han cometido excesos lo están pagando caro dentro de la jurisdicción militar. Peor aún, hay militares de alto rango que viven una terrible injusticia al estar privados de su libertad, por el “simple y llano” señalamiento de delincuentes devenidos en “testigos protegidos”. Si se le pregunta al general Ángeles Dauahare sobre quienes han defendido sus derechos humanos, no encontraremos respuesta.

Cuál será el mejor de los escenarios. Una institución armada que está abierta a la inserción del respeto a los derechos humanos dentro de sus filas como parte de su ser, y que cuenta con organismos internos de observación y dirección en esta materia; o una que, en su estadística, se dé cuenta de que con sus números está muy por debajo de la media internacional y que, por ende, tendría oportunidad de cometer, ahora sí, excesos en contra de las personas, como al mejor estilo de algunos ejércitos centroamericanos de finales de los años 80.

Total, si durante el año pasado se emitieron 21 recomendaciones para las fuerzas armadas —habría que esperar para saber cuántas de éstas se convierten en procesos—, por qué no elevarlas a 42 o a 84. De todas formas, los profesionales de la “inconformidad” lo seguirán señalando como acciones sistemáticas.

Como idea solamente. ¿Por qué si algunos civiles quieren juzgar a los militares por delitos en contra de los derechos humanos, no se permite —como experimento— que los de uniforme hagan lo propio con algunos civiles que cometen delitos en contra de la seguridad nacional?

¿Verdad que no?