Francisco Javier Arellano Félix, en sus señalamientos de corrupción

Ni la PGR ni la autoridad norteamericana, han confirmado la autenticidad de una supuesta declaración que realizó la fiscalía mexicana al menor de los hermanos Arellano Félix, donde implica a tres ex funcionarios en corrupción: Francisco Castro Trenti, Víctor Zatarain y Narciso Agúndez. De ser cierta la declaración, los interrogadores se centraron más en esas personas y esa época, que en averiguar lo que llevó a una de las familias criminales más violentas a matar, ejecutar y corromper a cientos de mexicanos. El hermano del candidato del PRI al Gobierno del Estado, acepta que trabajó para la defensa de un hombre que después fue ligado al narco, pero que no era funcionario. Los contrataron para un peritaje antes que entrara a la Procuraduría

Investigaciones ZETA

Antes que se filtrara parte de una declaración presuntamente realizada a Francisco Javier Arellano Félix en la agregaduría de la PGR en el Consulado de México en San Antonio, Texas, Marisela Morales Ibarra, en su calidad de procuradora general de la República, lo entrevistó en San Diego, California.

A la fiscal general durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, le interesaba saber hasta dónde quedaban activas las redes del Cártel Arellano Félix. Le preguntó al menor de los hermanos por los lugartenientes del CAF, confirmando éste la muerte de Jorge Briseño a manos de otros del mismo cártel.

De la visita de la ex procuradora hubo testigos, aunque no se levantó acta en los Estados Unidos.

A inicios de semana apareció en el diario capitalino El Universal, parte de una declaración que sitúan en San Antonio Texas, realizada en febrero de 2012, cuando Morales aún despachaba en la Procuraduría General de la República. Pero ni ella, ni ninguno de sus subprocuradores, firman al calce de la declaración.


“El Tigrillo”, supuestamente declarado por la PGR
Sin número de averiguación previa, sin más membrete que un oficial sello del águila azteca, 13 páginas tamaño carta dan cuenta de las que se suponen declaraciones de “El Tigrillo”, y que hace a nombre “Howard”, de acuerdo al mismo documento. Ese nombre le asignaron como testigo protegido colaborador por parte del gobierno mexicano, aun cuando en los Estados Unidos ya había sido sentenciado a cadena perpetua por los delitos cometidos.

ZETA se comunicó vía telefónica con personal de la PGR que dirige Jesús Murillo Karam, para confirmar la autenticidad o no del documento. Recibieron la información, pero no la respondieron. En la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos confirmaron la existencia de los firmantes y la oficina donde se lleva a cabo el interrogatorio. Que efectivamente, Mark K. Adams es el abogado  de Javier Arellano. Carlos M. Izquierdo funciona como traductor en la agregaduría de Texas, y que los licenciados Martín Marín y Fabiola Vargas, quienes hacen las veces de testigos de asistencia en el documento, sí existen. No más.

En contenido, la declaración filtrada a los medios de comunicación -ZETA incluido- en pleno desenlace de las campañas políticas en Baja California para la elección de gobernador, alcaldes y diputados, intentaba -y así fue utilizada por el Partido Acción Nacional- desprestigiar al candidato del PRI, señalando a su hermano de nexos con el crimen organizado.

Por la delicadeza de las aseveraciones y la constitución de varios delitos de comprobarse, la información no se presenta en la sección política.



Dijo más en el acuerdo

En sí, la declaración de Javier Arellano Félix resulta extraña e insuficiente. En el acuerdo que firmó el 8 de septiembre de 2007 ante la Corte Federal del Distrito Sur de San Diego para que le fuera eliminada la pena de muerte, y en su lugar imputada la cadena perpetua, “El Tigrillo” delató a funcionarios, militares, policías y otros narcotraficantes a los que corrompió, textualmente:

“Que en repetidas ocasiones y a voluntad propia, obstruyeron e impidieron la investigación y procesamiento judicial de actividades del CAF, pagando millonarios sobornos a autoridades judiciales y militares, asesinando informantes, testigos potenciales y miembros de la autoridad judicial”.

Por eso es de extrañar que en la que se supone una ampliación de declaración, ya sentenciado y con la protección de testigo colaborador por parte de la PGR, solo denunciara a tres de haberlos corrompido. Además, suena ilógico que después que le otorgan una identidad falsa, la de “Howard” para su protección, inicie sus declaraciones diciendo que en 1991, mientras él estudiaba la carrera de Administración en Guadalajara, Jalisco, “… mis hermanos Benjamín, Eduardo y Ramón eran narcotraficantes…”, y los incrimina diciendo que se dio cuenta que “…vendían droga y traían mucho dinero”, pero de entrada, no aporta nada  para agravar o endurecer los cargos en los expedientes acusatorios contra sus hermanos.

En el contenido de 13 planas, en las cuales solo en nueve se vierten dichos del declarante -dos vienen enteramente cubiertas de tinta negra-, son pocos los temas que los investigadores de la PGR le piden tratar a uno de los capos de la droga mexicana, miembro de una de las familias más peligrosas y violentas que controló el tráfico de marihuana y cocaína durante casi 20 años.

Aunque existe la posibilidad de que haya más declaraciones y que solo esas trece páginas fueron filtradas por así convenir a los intereses de quien las posee, el hecho es que en esta versión, el traficante hace un recorrido histórico de 1985 a 2005, evadiendo hablar de muchas acciones criminales.

Únicamente menciona a tres funcionarios, hoy ex funcionarios, de haberlos corrompido:

Francisco Castro Trenti. Dice el narcotraficante que en 2003 los apoyó, siendo director de Periciales. El denunciado explica en entrevista más adelante, que Castro fue contratado por los abogados de Eduardo Delgado Ronquillo para realizar un peritaje externo en septiembre de 2001, y que él se incorporó a la PGJE hasta diciembre de ese año. Castro asegura que desconoce si su peritaje sirvió para que Delgado obtuviera su liberación, como finalmente sucedió. Por esa labor, abundó Castro Trenti, quedaron de pagarle 500 mil pesos y solo le dieron 250 mil, e ironiza: “Es hora de volver a cobrarles”.

Víctor Manuel Zatarain Cedano. Director de la Policía Municipal de Tijuana en el periodo de Jorge Hank Rhon y posterior secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, de donde salió para atender una investigación que lo involucra en crimen organizado. No se pudo contactar a Zatarain.

Narciso Agúndez Montaño. Ex gobernador de Baja California Sur, preso por malos manejos de recursos públicos y recientemente liberado; se intentó localizarlo en Los Cabos y en La Paz, pero no respondió al llamado de ZETA.

Fuera de esos tres ex funcionarios, “El Tigrillo” no menciona y sus interrogadores no le preguntan a otros, ni a dónde iban a parar los en promedio un millón de dólares mensuales que el CAF destinaba para corromper a agentes de la Ley en México.

Ni siquiera le piden ahondar en crímenes públicos que se les imputan, como la balacera del 3 de marzo de 1994, donde se enfrentaron policías municipales y ministeriales. Javier Arellano estuvo detenido y fue liberado por Francisco Fiol Santana, jefe del grupo de Homicidios de la entonces Policía Judicial del Estado.

Tampoco lo interrogaron por el homicidio de los tres agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud (FEADS) de la PGR, asesinados en La Rumorosa en abril de 2000: Luis Patiño Morales, Rafael Torres Bernal y Óscar Pompa Plaza.

Menos aún lo cuestionaron por los asesinatos del ex delegado de la PGR, Arturo Ochoa Palacios; del ex subprocurador Rogelio Delgado Neri; el del editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco; o el atentado en contra  del codirector de este Semanario, Jesús Blancornelas, donde falleció su escolta. Éstos son apenas siete de cientos de temas y expedientes pendientes que simplemente ignoraron los representantes de la SIEDO -ahora SEIDO- que en febrero de 2012 entrevistaron a “El Tigrillo” en San Antonio, Texas.

Tampoco le preguntan ni explica la participación de su hermana Enedina Arellano Félix, y cuando hace mención de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” como mano derecha en la célula criminal que él encabezaba en Tijuana, ni le preguntan ni explica su liga familiar, cómo luce, dónde reside, de quién es hijo.

Por razones no planteadas con claridad, se concentraron en tres personajes, como si se tratara de una entrevista dirigida a respaldar una investigación específica por corrupción y asociación con el crimen organizado, contra Francisco Castro Trenti y Víctor Manuel Zatarain Cedano.  La mención que el CAF apoyó con recursos del narcotráfico la campaña del ex gobernador Narciso Agúndez,  parece asunto que se toca de última hora y lo hacen muy por encima.

A partir de la página 8 del informe, siguen dos planas suprimidas en tinta negra, por las frases y la línea de tiempo en la narración del narcotraficante. Se puede inferir que lo que dejaron como información sellada, es lo que “El Tigrillo” declaró en torno al operativo criminal en el que murió el Arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993.



La novedad: Que “El Mayo” intentó matar a “El Chapo”

En medio de la carencia de información y detalles, la información novedosa radica en la complicidad de Ismael “El Mayo” Zambada en los intentos del Cártel Arellano Félix para asesinar a su actual socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán.


“El Mayo”, que quiso matar a “El Chapo”
Para empezar, Arellano asegura que el asesinato de  Armando “El Rayo” López, compadre del “El Chapo”, cometido en enero de 1989 por Ramón Arellano, fue el hecho que dio inicio a una de las guerras más sangrientas entre los cárteles de la droga, y que hasta hace pocos años enfrentó al Cártel de Sinaloa y al CAF.

Y que ese crimen lo cometió su hermano Ramón, con la anuencia verbal y personal de Zambada. Que de ahí en adelante, fraguaron cuatro intentos para asesinar a “El Chapo” Guzmán, los dos primeros con la colaboración de “El Mayo”; uno en la casa de Zambada, otro en un aeropuerto, el tercero en la discoteca Christine en Puerto Vallarta, y el cuarto -no revelado en la declaración filtrada- se supone que son los hechos donde resultó asesinado el Cardenal.

No explica posteriormente, cómo es que se dio la unión entre el Cártel de Sinaloa y el Arellano para delinquir en Baja California. Solo refiere la muerte de Ramón Arellano, la aprehensión de Benjamín y los problemas que tenían como familia.



La liga con Zatarain

Del ex subdelegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y ex director de la Policía Municipal de Tijuana, Víctor Manuel Zatarain Cedano, aseguró les brindó protección e información cuando desempeñaba ambos cargos.

Aunque no lo menciona como parte de sus lugartenientes, asegura que su contacto con el ex funcionario era Octavio Zatarain, cuya identidad se ignora y no figura en ninguno de los padrones policiacos. Se sabe que el ex director tiene un hermano en la corporación de Tijuana, pero solo comparten apellido materno.

En declaraciones de los testigos protegidos, solo hay otro sujeto con el mismo apelativo. Juan López menciona a un “Ingeniero Zatarain” como parte del grupo delictivo, encabezado por Ismael “El Mayel” Higuera.

En cuanto a la investigación seguida por la PGR contra Víctor Manuel Zatarain, hasta ahora el resto de los implicados -Jorge Hank, los hermanos Vera Ayala y Luis Javier Algorri- han obtenido el amparo de la justicia federal para no ser detenidos por las mismas imputaciones. En el caso del ex funcionario policial, el amparo está en proceso.

Francisco Castro niega la relación

Entrevistado respecto al contenido de la presunta declaración de “El Tigrillo”, Francisco Castro Trenti asegura que si en febrero de 2012  hubiera habido un elemento sólido incriminatorio, lo hubieran llamado a declarar.

Que la publicación de esa información “vieja y aclarada en el pasado hasta la saciedad”, es un recurso del PAN porque saben que van a perder y están desesperados, así que buscan desprestigiarlo para afectar a su hermano Fernando (candidato a gobernador del Estado de Baja California por el PRI).

Arellano acusa a Castro de haber recibido dinero por ayudar a liberar a Delgado Ronquillo, de recibir dinero para ayudarlos como director de Periciales primero, y después como director de la Policía Municipal de Tijuana.

A continuación, la entrevista que se hizo a Francisco Castro Trenti el 4 de julio de 2013:

— ¿Cuál fue su relación con Jorge Eduardo Delgado Ronquillo “El Niño”?

“Mi relación ninguna. Éste es un tema que se trató entonces a saciedad: yo fui un perito contratado por la defensa para rendir un dictamen en criminalística en septiembre de 2001, se rindió en ese mes, acaso al mes siguiente, obró en un proceso judicial del que yo no formé parte, y hubo una determinación de la que yo no tuve conocimiento”.

— ¿Lo contrató al defensa?

“Así es”.

— ¿Quién lo contrató?

“Felizardo Ruiz Precichi”.

— Cuando Delgado Ronquillo fue detenido por el asesinato de Alejandro Manjarrez Llanos, ¿cómo le ayudó?

“Yo no lo ayudé, a mí me queda clarísimo eso. Pero antes quiero hacer una precisión, me queda claro que la publicación es una infame mentira dentro de un proceso electoral que se está viviendo sobre hechos pasados más de una década, y que fueron aclarados en su oportunidad. Es una precisión muy oportuna decir ahora que fue cuando ejercía como particular mi profesión, y que fui contratado por un abogado nada más; entonces yo no lo ayudé,  yo rendí un dictamen pericial”.

— ¿Cuál es su relación con miembros del Cártel Arellano Félix?

“Ninguna en ningún sentido, no ha sido mi forma de vida. Me queda claro que los señalamientos que se hacen, son producto de la desesperación de quienes en esta jornada electoral sienten que han perdido prácticamente las elecciones y desesperadamente buscan hacer una imputación en mi persona, que perjudique a mi hermano”.

— ¿Cuántos clientes ligados al crimen organizado, defendió como abogado o participó en expediente como perito?

“Como perito ninguno, salvo ese asunto que me contrató la defensa, porque desde diciembre 22 de 2001 hasta la fecha, prácticamente he sido servidor público los últimos 15 años”.


Niega señalamientos de “El Tigrillo”
— Antes de eso, ¿participó como abogado de algún miembro del crimen organizado?

“No”.

— Específicamente ¿cuál es o fue su relación como Saúl Montes de Oca “El Ciego”?

“Ninguna, yo no conozco ni conocí a ninguna persona del crimen organizado. Quiero precisar una cosa muy clara: decía la publicación nacional de que fui director de Policía y Tránsito en Tijuana, ayudaba a un cártel criminal cambiando y quitando comandantes a antojo y por eso recibía una paga; eso es falso, y no lo he dicho a partir de hoy, lo dije desde 2006  cuando escribí mi libro ‘La Mano de Dios’, en la página 156 refiero cómo si bien era el director de Policía y Tránsito, no tenía ninguna facultad para remover a los mandos o colocar, y que al darme cuenta entonces que yo no tenía el mando que debía tener en la corporación para poder garantizar un servicio eficiente y eficaz, sobre todo disciplinado y honesto, entonces opté por salir de la Policía”.

— ¿Y cuál es la respuesta para quienes mencionan que Usted fue amigo de Saúl Montes de Oca y que hay imágenes donde se muestra amistad entre ustedes?

“No es cierto, eso es una infame mentira, seguramente la han inventado quienes saben que están perdiendo la elección, con el solo fin no de desprestigiarme a mí, sino de causarle un efecto negativo a mi hermano Fernando”.

— “Recuerdo también que en 2003, Francisco Castro Trenti era director de Servicios Periciales…”, declaró Javier Arellano.  ¿Cuándo se incorpora Usted a la Procuraduría General de Justicia de Baja California?

“Me incorporé el 22 de diciembre de 2001 y salí en marzo de 2006 para entrar a la Dirección de Policía y Tránsito de Tijuana”.

— Incorporado a la PGJE, ¿mantiene relación con sus ex clientes ligados al crimen organizado?

“Ninguno, primero porque no tuve ningún caso del crimen organizado, tuve algunos casos legales que los dejé desde antes de ser presidente del Colegio de Abogados en 1998”.

— Cuando refiere casos legales, se refiere a…

“Casos del ejercicio libre de mi profesión. Lo reitero y lo reafirmo, ningún asunto en el que yo profesionalmente interviniera vinculado al crimen organizado, así que al entrar a la Procuraduría, no los veo porque no los tenía”.

— Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo” dice que le pagaron a Usted primero 20 mil y después 200 mil dólares por colaborar en la liberación de Jorge Eduardo Delgado Ronquillo. ¿Cómo y en calidad de qué recibió ese dinero?

“Es absolutamente falso, lo reitero, es una mentira infame, invento de quienes están perdiendo en esta época electoral para tratar de perjudicar a mi hermano Fernando. Yo no recibí absolutamente ningún centavo de nadie vinculado con la delincuencia, cuando yo hice un trabajo profesional consistente en un trabajo de criminalística, fui contratado por el abogado defensor de un procesado”.

— ¿Y le pagaron esos 20 mil o 200 mil dólares que refieren?

“Me iban a pagar 500 y me quedaron debiendo 250, yo creo que es tiempo de volvérselos a cobrar”.

— ¿Saúl Montes de Oca “El Ciego” lo contactó para la defensa de Delgado Ronquillo?

“Yo no fui defensor, fui perito contratado”.

— ¿Y para el peritaje?

“Me contrató Felizardo Ruiz Precichi, que era el abogado de la defensa”.

— ¿Quién era el jefe de periciales que atendió el expediente de Delgado Ronquilllo?

“Lo ignoro, yo en ese momento era un abogado particular y perito criminalista ejerciendo en la vida privada”.

— ¿Fueron los resultados de periciales los que permitieron la liberación de Delgado Ronquillo?

“Lo ignoro, yo fui contratado para un dictamen pericial, ignoro cuál haya sido la razón legal que un Tribunal Federal de Justicia haya determinado una libertad, no era asunto de mi interés y, sobre todo, no era asunto de mi competencia”.

— Parte de lo que se manejó en su momento, fue que el dictamen que Usted emitió, ayudó a la liberación.

“Lo ignoro, yo elaboré un dictamen de conforme a la apreciación criminalística de esos hechos en su tiempo, ignoro si haya sido o no la causa determinante, no lo creo, porque un proceso legal deriva de múltiples pruebas que se aportan y, finalmente, una prueba pericial no es obligatoria en un juez o magistrado para acatar las conclusiones, es orientadora simplemente, peor un perito jamás se va a sustituir en el conocimiento de un juez”.

— ¿La PGR lo ha llamado a declarar en este caso de delincuencia organizada?

“Nunca, veo en el periódico que son supues


Narciso Agúndez, que financió su campaña
tas declaraciones vertidas en febrero de 2012, cuando era procuradora de la República Maricela Morales Ibáñez, y sabía el Gobierno Federal quién era yo, porque yo les descubrí la farsa del accidente cuando murió el secretario de Gobernación (Juan Camilo) Mouriño, descubrí que era una farsa porque no era un accidente, sino que al avión lo derribaron y para eso precisamente publiqué un libro, ‘La Caída’; entonces ellos sabían quién era yo y estaban bastante molestos conmigo porque incluso boicotearon, impidieron que mi libro se comercializara en librerías del país, porque descubría la teoría del accidente y mostraba criminalísticamente cómo había sido derribado.

“Si hubiera habido un elemento en febrero de 2012, estamos hablando de que todavía el gobierno de Felipe Calderón tenía ocho meses en el ejercicio de sus funciones, si hubiera habido un elemento, por mínimo que fuera incriminatorio, sólido o ligeramente sólido, me hubieran citado a declarar sin duda alguna; no lo hicieron porque seguramente es un invento, porque obviamente es una farsa, y esta farsa deriva obviamente del nerviosismo electoral que tiene el partido que siente y sabe que ya perdió”.

— ¿Lo han llamado a declarar en algún otro caso de delincuencia organizada?

“En ninguno”.

— Cuando fue director de Seguridad Pública, ¿mantenía contacto con Saúl Montes de Oca “El Ciego”?

“Absolutamente falso. Soy un hombre de leyes, soy un hombre que trabaja por la justicia en contra de la delincuencia”.

— ¿El crimen organizado le ofreció dinero cuando fue director de Policía Municipal en Tijuana?

“Nunca”.

— ¿Cuando fue director de Periciales?

“Nunca”.

— ¿Aceptó  dinero del crimen organizado cuando fue director de la Policía Municipal de Tijuana?

“Nunca”.

Gracias.

Hasta ahí las declaraciones de Francisco Castro Trenti, sobre las realizadas por Francisco Javier Arellano Félix, hoy en alguna cárcel de los Estados Unidos condenado a cadena perpetua, pero que según el documento filtrado y de supuesta autoría de la PGR, es testigo protegido colaborador mexicano.



Decomisan marihuana en retén militar

Varias toneladas de marihuana en dos acciones diferentes -pero aparentemente vinculadas entre sí-, fueron decomisadas en el retén militar instalado en la carretera Mexicali-Tijuana, en la zona de la Laguna Salada.

Extraoficialmente trascendió que el contrabando pertenecía al Cártel de Sinaloa, y una versión anota que fueron más de cinco toneladas las incautadas.

De acuerdo a datos extraoficiales, el primer decomiso se realizó poco después de la medianoche, cuando en el Puesto de Control Militar El Centinela, se localizó en un tractocamión que viajaba hacia la zona costa con cerca de 2 toneladas 700 kilos de marihuana, deteniéndose al conductor del vehículo de carga.

Pero después, cerca de las 3:00 am, en el mismo retén militar, en otro vehículo se encontró una tonelada de marihuana que también era transportada hacia Tijuana desde Sinaloa.

La droga, los vehículos y los dos choferes fueron trasladados hasta las instalaciones de la PGR en Mexicali, pero hasta el cierre de edición, no había ninguna información oficial.

Hijo de “El Changel” ordena crímenes

La afanosa búsqueda de dos adolescentes desaparecidos en Guadalajara durante 11 días terminó en tragedia. Fueron localizados sin vida, inhumados clandestinamente en una sección del bosque La Primavera. El móvil que señalan las autoridades: las víctimas se burlaron de un compañero de colegio, hijo del narcotraficante José Ángel Carrasco Coronel “El Changel”.

El mediodía del 21 de junio, Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Olivas, ambos de 15 años de edad, salieron del domicilio del segundo para dirigirse al centro comercial “Ciudadela” en Zapopan. De ahí irían a su escuela. Al no regresar por la noche a su casa, familiares se enteraron que no fueron al colegio. Denunciaron su desaparición ante la Fiscalía General de Jalisco.

Dos días después, la fiscalía informó públicamente el extravío de los muchachos, a través de la activación de Alerta Amber Jalisco, que se estrenó con estos dos casos y el de una niña de un año siete meses arrebatada de los brazos de su madre afuera de una clínica del IMSS, y que a la fecha no ha sido localizada.

La madre de Andrés Barba imprimió y colocó lonas solicitando información sobre su paradero, en la zona metropolitana de Guadalajara. El asunto estuvo permanentemente en redes sociales y cada día había un seguimiento por parte de amigos, parientes y hasta desconocidos que se sumaron al rastreo de Luis y Andrés a través del ciberespacio.

En las mismas redes sociales se señaló a otro adolescente, Andrés Vega Tovar “El Vega”, que también utiliza el nombre de Raúl Barajas, como sospechoso de haber invitado a los muchachos a reunirse con él en la plaza comercial. Cuando las autoridades lo buscaron para interrogarlo, ya no lo encontraron. Sus familiares lo ocultaron para protegerlo y proclamaron públicamente su “inocencia”.

A través de un mensaje de Facebook, “El Vega” había citado a Luis Antonio Ortiz para vincularlo en negocios del crimen organizado, situación que presuntamente Andrés Barba desconocía. La Fiscalía General obtuvo copias de los videos de seguridad del centro comercial donde se observa que los desaparecidos llegan, se reúnen y se retiran con otros dos jóvenes. Las investigaciones en el colegio rinden frutos al identificar a uno de los varones que aparece en el video con el nombre de “Isaac”, de 16 años, quien fue retenido.

Las conversaciones que sostuvo Ortiz con “El Vega” a través de mensajes privados por Facebook, condujeron a la Policía de Jalisco a sospechar que el trasfondo del caso, que incluso se investigaba como posible secuestro, era el crimen organizado.

En uno de los mensajes, Raúl Barajas, seudónimo de Andrés Vega en redes sociales, asegura a Luis Antonio que en una reunión le va a presentar al “mero bueno” para que le dé trabajo y gane unos 20 mil pesos, “pero ocupas demostrar ser leal wei” (sic), le habría advertido  “El Vega”.

Luis Antonio le contestó que no quería comprometerse demasiado, pero “lo que sí puedo hacer y distribuir por el rumbo donde vivo y soy noble y leal we”. El adolescente le expresó a su interlocutor que le gustaría tener dinero y ser poderoso, pero que también tenía “un poco de miedo”.

Con la retención de “Isaac”, las autoridades ministeriales fueron conducidas hasta el rancho “La Cebada”, en el bosque La Primavera, en Zapopan, donde los muchachos estuvieron el mismo día de su desaparición. Se levantaron indicios y muestras biológicas que efectivamente demostraron que los jóvenes habían estado en el lugar, pero seguían sin aparecer.

Al descubrirse manchas de sangre en una de las fincas visitadas por el personal, comenzó la búsqueda en distintas secciones del bosque, hasta que el martes 2 de julio se informó de la localización de los cadáveres de Luis Antonio y Andrés Barba, inhumados de manera clandestina.

“Isaac” confesó que Andrés Vega había planeado los crímenes por una venganza encargada por otro muchacho, compañero del colegio de los ahora fallecidos e hijo del narcotraficante José Ángel Carrasco Coronel “El Changel”, detenido de 2013 por el Ejército Mexicano en el Estado de Sinaloa.

El fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, expresó que el móvil del asesinato se debió, según versión del retenido, a que Ortiz Guerra y Barba Olivas “maltrataron y se burlaron” del hijo del capo. Presuntamente, víctima de bullying, el heredero de “El Changel se guardó las afrentas y decidió cobrarlas como lo describió el testigo y presunto homicida.

Mientras la Fiscalía General de Jalisco emprendió la cacería de Andrés Vega Tovar y del supuesto hijo de Carrasco Coronel, del quien solo revelaron apellidos, Carrasco Nieblas, en las redes sociales consideran la versión oficial como “poco creíble” y que “se está ocultando otro fondo seguramente más grave”.

Mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco se mostró tibia y su presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián reconoció la labor de las autoridades estatales, otros sectores manifestaron su descontento por el manejo informativo de la desaparición de los jóvenes, la comunicación oficial, la presentación de la noticia en medios y los constantes rumores que permearon a través de las redes sociales.

Oscar Benavides, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la entidad, hizo un llamado a la sociedad jalisciense para combatir la cultura de la violencia y del narcotráfico, que a muchos jóvenes les parece atractiva por sus personajes, sus lujos, forma de vestir, música y acciones criminales, que “no pueden ser el modelo que deben copiar nuestros hijos”.

Los Coronel

José Ángel Carrasco Coronel, que también utiliza el nombre de Miguel Avitia Sánchez, se encuentra preso actualmente en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Fue asegurado el 18 de enero de 2013 tras una balacera con miembros del Ejército en Sinaloa, hechos en los que el presunto capo y su lugarteniente, Jesús Manuel Meza López “El Chuy”, resultaron heridos. Ambos fueron arraigados en hospitales el 21 de enero, y posteriormente fueron consignados por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Tanto “El Changel” como “El Chuy” portaban armas al momento de su captura. También durante un cateo registrado el 24 de enero se localizaron artefactos explosivos y objetos ilícitos en el rancho “El Espinal”, en la sindicatura Sanalona, en Sinaloa. Sus abogados, Manuel Rodrigo Bolaños Gutiérrez y Jesús Alejandro Vega Valencia, promovieron diversos amparos, pero no lograron liberar a los presuntos narcotraficantes.

Caro Quintero vs. extradición

Aunque autoridades mexicanas informaron que no existen nuevas indagatorias en contra del narcotraficante Rafael Caro Quintero y su familia, el capo se adelantó y, así como promueve un amparo cada semana en contra de un posible traslado de reclusorio, ahora solicitó la protección federal en contra de su posible extradición.

La promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales por parte del legendario criminal, ocurrió dos semanas después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América incluyó en sus listas a empresas ligadas con la familia Caro Elenes (esposa e hijos de Rafael).

Desde el interior del Reclusorio Preventivo de Guadalajara de mediana seguridad, donde Caro Quintero se encuentra preso desde mayo de 2010, éste ordenó a sus abogados la presentación del escrito ante la oficialía de partes común de los Juzgados federales. El juicio de amparo fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, donde se radicó bajo el número 1319/2013.

El documento señala como autoridades responsables al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña; y al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, entre otros.

El acto reclamado por el quejoso: “Detención provisional con fines de extradición, la orden de extradición o cualquier otra medida precautoria respecto a la esfera de derechos del quejoso con motivo de esas órdenes”.

Luego de admitir la demanda de amparo el martes 2 de julio de 2013, la juez Yolanda Cecilia Chávez Montelongo envió oficios solicitando los informes justificados a las autoridades invocadas. Fijó el día 29 de julio próximo para el desahogo de la audiencia constitucional, y dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito para que conozca del asunto.

La impartidora de justicia concedió al quejoso la suspensión provisional del acto reclamado, con la finalidad de que las cosas se queden como están hasta el momento y no se consume el traslado internacional del reo hasta resuelto el amparo.

Además de los cargos contra Rafael Caro Quintero en Los Ángeles, California, por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, al capo se le requiere en Estados Unidos por delitos relacionados con la posesión con intento de distribución de marihuana y cocaína.

También es reclamado por la Corte de Distrito en el Estado de Arizona por “conducir una empresa criminal y asociación delictuosa para distribuir e importar cocaína y marihuana”, por esto, existe una orden de aprehensión desde el 14 de julio de 1988.

Desde el 15 de enero de 1997, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición de Caro Quintero, preso desde el 4 de abril de 1985.

Hace poco más de dos semanas, el gobierno norteamericano sancionó al capo y su familia para que no ingresen a su territorio, ni los ciudadanos estadounidenses establezcan relaciones comerciales con ellos o sus empresas, calificadas como producto del tráfico de drogas y lavado de dinero.

Los negocios referidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y que se atribuyen a la propiedad o gerencia de la familia Caro Elenes, siguen funcionando, a excepción de una de las tiendas de calzado Pronto Shoes, S.A. de C.V. (CX-Shoes), ubicada en la Avenida 16 de septiembre, en el Centro de Guadalajara, a dos locales de la delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República. Cerró sus puertas hace algunos meses, al igual que otras sucursales, al declararse en quiebra a finales de 2012.

FUENTE:
http://www.zetatijuana.com/ZETA/reportajez/se-quedo-corto/